Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-1998-00444-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-1998-00444-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-1998-00444-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
16 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 05001233100019980044401
Demandante: Edatel S.A. E.S.P.
Demandados: Contraloría General de Antioquia
Tema: Cobro cuota de auditaje
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 28 de octubre de 2009, por la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. EDATEL S.A. E.S.P., en adelante la parte demandante 1, presentó
demanda2 contra la Contraloría General de Antioquia, en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
1
Por intermedio de apoderado judicial.
2
Folios 10 a 19 del cuaderno principal.
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prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 3, en adelante,
Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad del acto
administrativo de 30 de octubre de 19974, expedido por la Contraloría General de
Antioquia.
La pretensión
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:
"[…] PRIMERA: Se inaplique la Ordenanza No. 142 de 1 de diciembre de 1995, por
su ilegalidad manifiesta.
SEGUNDA: Se declare la nulidad del acto administrativo expedido el día 30 de
octubre de 1997 por la Contraloría General de Antioquia, firmado por el Contralor
General de Antioquia, el Tesoro y el Subdirector del Presupuesto, Contabilidad y
Tesorería, por medio de la cual se efectúa el cobro a ADATEL S.A. E.S.P. (antes
EDA) de la cuota de Auditaje correspondiente al año 1996.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la devolución por
parte de la Contraloría General de Antioquia a EDATEL S.A. E.S.P., de los
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS
($491.203.000), cifra debidamente actualizada, más los intereses corrientes
producidos […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4. El 30 de octubre de 1997, la Contraloría General de Antioquia expidió una
factura a cargo de EDATEL S.A. E.S.P., por valor de cuatrocientos noventa y un
millones doscientos tres mil pesos ($491.203.000) por concepto de cuota de
auditaje correspondiente al año 1996.
3
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4
Por medio del cual se efectúa el cobro a EDATEL S.A. E.S.P. de la cuota de auditaje correspondiente al año
de 1996.
5
Folio 5 del cuaderno principal.
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5. La Contraloría General de Antioquia invocó como fundamento por para la
expedición de dicha factura la Ordenanza núm. 45 E del 12 de diciembre de 1995,
la cual no corresponde a ningún acto administrativo expedido por la Asamblea de
Antioquia.
6. El 5 de diciembre de 1997, la parte demandante pese a que consideró el
cobro ilegal, procedió a cancelar el valor de la factura, mediante el cheque núm.
0265821 del Banco Selfín, según consta en la orden de pago No. 27154 y en el
comprobante de ingreso de la Contraloría núm. 2037.
Normas violadas
7. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
Artículos 121, 122 y 338 de la Constitución Política de Colombia.
Artículo 13 de la Ley 330 de 11 de diciembre de 19966.
Artículo 27 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 7.
Concepto de Violación
8. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:
Primer cargo: Violación a los artículos 121, 122 y 338 de la Constitución
Política
9. Este motivo de censura lo fundamentó en los siguientes términos:
6
“[…] Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales. […]”
7
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones
[…]”.
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10. Adujo que: “[…] cuando se analizan las funciones encomendadas a las
Asambleas Departamentales, en especial las enunciadas en los numerales 4 y 9,
se puede concluir que en el orden Departamental no existe autonomía fiscal, por
cuanto dichas funciones están supeditadas a lo establecido en la Constitución y en
la Ley. […] Así las cosas, tal y como se expuso en el hecho número dos (2), en el
acto por medio del cual se hace el cobro de la cuota de auditaje a EDATEL, se
menciona como fundamento jurídico una ordenanza inexistente […]”.
11. Manifestó que la Ordenanza núm. 42 de 1.° de diciembre de 19958,
expedida por la Asamblea del Departamento de Antioquia es ilegal, debido a que a
la fecha no existía una ley que autorizará el cobro de la cuota de auditaje, razón
por la cual debe darse cumplimiento al artículo 4 de la Constitución Política,
inaplicando la ordenanza.
Segundo cargo: Violación al artículo 13 de la Ley 330 y al artículo 27 de la Ley
142
12. Manifestó que: “[…] Aun cuando a la fecha de la presentación de la
demanda ya existe norma legal que establece la obligatoriedad de la cuota de
auditaje, conforme a la Ley 330 de 1996, ella tan solo fue expedida el 11 de
diciembre y su aplicación no podría ser en forma retroactiva, es decir para todo el
año de 1996, que es el cobro efectuado por el acusado. Mucho menos podía
aplicarse al tipo de empresa que represento, dado que ella no es una entidad
descentralizada del orden departamental, a la que se refiere el artículo 13 de la
mencionada ley […]”.
13. Adujo que el 9 de diciembre de 1996, antes de la expedición de la Ley 330,
la parte demandante pasó a ser una empresa de servicios públicos a la cual no le
corresponde cancelar cuota de auditaje, dado que el artículo 27 de la Ley 142,
preceptúa que los aportes oficiales son bienes de cada una de las entidades que
8
“[…] Por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento […]”
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los efectuaron, ya sea de la Nación, de las entidades territoriales o de las entidades
descentralizadas.
14. Concluyó que: “[…] son a estos bienes (aportes) a los que en forma directa,
expresa y exclusiva se les aplica el Control Fiscal y por ende, corresponde el pago
de la cuota de auditaje a sus propietarios (Nación, entidades territoriales o
entidades descentralizadas) y no a terceras personas, como lo serían los socios
privados de EDATEL o la empresa misma, dado que no es una entidad
descentralizada del orden departamental […]”.
Contestación de la demanda
15. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a la pretensión
formulada, así9:
16. Señaló que: “[…] Efectivamente se realizó el pago de la suma indicada con
el cheque No. 0265821 del Banco Selfín, con fecha 05-12-97, tal y como aparece
consignado en el recibo de caja 2037 de la Contraloría General de Antioquia.
Como podrá observarse la fecha del cheque, 05-12-97 B […] genera confusión al
momento de expedir el recibo de caja, ya que en esta fecha, diciembre del 97, se
está cancelando la cuota que corresponde al año 96 […]”.
17. Adujo que en el acto acusado se incurrió en un error de transcripción al citar
la Ordenanza núm. 45 E de 12 de diciembre de 1995, toda vez que el fundamento
del cobro son las Ordenanzas núm. 45 y 42 de 1995.
18. Manifestó que: “[…] no existe violación del artículo 338 de la Constitución
Política debido a que la tarifa de control fiscal no constituye una contribución fiscal
o parafiscal, la misma constituye una apropiación para el presupuesto de la
Contraloría General de Antioquia, producto de la gestión de control fiscal que la
misma realiza en el Departamento y sus entidades descentralizadas del orden
departamental […]”.
9
Cfr. Folios 58 a 64 del cuaderno principal de primera instancia.
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19. Indicó que no existió vulneración de los artículos 121 y 122 de la
Constitución Política, por cuanto el cobro de la cuota de auditaje se encuentra
previsto en la Ordenanza núm. 42 de 1.º de diciembre de 1995, expedida por la
Asamblea Departamental de Antioquia y se establece dentro del presupuesto de
ingresos de la vigencia fiscal de 199610.
20. Precisó que: “[…] la citada Ordenanza 42 de 199511, si tenía respaldo legal,
de conformidad con lo establecido en la Ley 179 de 1994, que modificaba la Ley 38
de 1989, Orgánica del Presupuesto y, que contempla como secciones del
presupuesto general de la Nación, el que corresponde a la Contraloría General de
la República, circunstancia por la cual, consideramos que no debe inaplicarse la
Ordenanza 42 de 1995 dado cumplimiento a lo consagrado en el artículo 4° de la
Constitución Política, por no ser manifiestamente ilegal […]”.
21. Argumentó que la parte demandante es sujeto de control fiscal por parte de
la Contraloría General de Antioquia según lo previsto en los artículos 2, 3 y 4 de la
Ley 42 de 26 de enero de 199312.
22. Afirmó sobre la Ley 142 que: “[…] no determina el alcance a la función fiscal
sobre las sociedades de economía mixta y sobre sociedades diferentes a éstas […]
En ese sentido los resultados del control fiscal solo se encuentran limitados a la
participación estatal, de manera que la ley tiene en cuenta la conformación de una
persona jurídica independiente de los aportantes, comoquiera que los fines de la
vigilancia fiscal no pueden proyectarse sobre la sociedad con participación estatal
sino, se reitera, sobre el aporte entregado […]”.
23. Expuso que la parte demandante es una entidad descentralizada de orden
departamental, prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que le
corresponde la vigilancia fiscal a la Contraloría General de Antioquia.
10
Ordenanza núm. 45 de 1996
11
“[…] Por medio de la cual se Expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento […]”
12
“[…] Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen […]”
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Alegatos de conclusión
24. El Despacho sustanciador13, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido el 16 de julio de 200114, resolvió correr traslado común a las partes por el
término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al Agente
del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.
25. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
26. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.
Concepto del Ministerio Público
27. El Procurador Delegado no emitió concepto.
Sentencia proferida, en primera instancia
28. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia proferida el 28 de octubre de 200915, resolvió lo siguiente:
“[…] 1° INAPLÍQUESE por inconstitucional el artículo 40 del Capítulo III que hace
referencia a la Preparación del Proyecto del Presupuesto General del Departamento
descrito en la Ordenanza No. 042 de 1995, por medio de la cual, la Asamblea del
Departamento de Antioquia, expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto del
Departamento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
2° Se declara la NULIDAD del acto administrativo expedido el día 30 de octubre de
1997 por la Contraloría General de Antioquia, firmado por el Contralor General de
Antioquia, el Tesorero y el Subdirector de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, por
13
El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, doctor Jairo
Jiménez Aristizabal.
14
Cfr. Folio 91 del cuaderno principal de primera instancia.
15
Cfr. Folios 104 a 118 del cuaderno principal de primera instancia.
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medio del cual se efectúa el cobro a EDATEL S.A. E.S.P. (Antes EDA) de la cuota de
auditaje correspondiente al año 1996.
3° Como consecuencia de las decisiones anteriores, la entidad demandada
Contraloría General del Departamento de Antioquia, hará la devolución a favor de
EDATEL S.A. E.S.P. de la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS TRES MIL PESOS ($491.203.000) cifra que deberá actualizar en los
términos del artículo 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
4° No se condena en costas, toda vez que la conducta desplegada por las partes
dentro del proceso no lo amerita, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de
1998. […]”.
Consideraciones del Tribunal
29. El Tribunal fundamentó su decisión con base en lo siguiente:
30. Adujo que la Ley 42 y la Ley 106 de 30 de diciembre de 1993 16 facultaron a
la Contraloría General de la República y no a la Contralorías Departamentales para
ejercer el cobro de las tarifas de control fiscal a las entidades que manejan bienes
o recursos de la Nación.
31. Manifestó que: “[…] con posterioridad a la expedición de las leyes citadas,
se expidió “el 11 de diciembre de 1996 la Ley 330”, por medio de la cual se
desarrolló parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política […],
específicamente en el artículo 13 […] se reglamentó lo relativo al cobro de la cuota
de auditaje para las Contralorías Departamentales, toda vez que las disposiciones
que anteceden […] reglamentaban el referido cobro a favor de la Contraloría
General de la República, lo que permite concluir a la Sala que solo con
posterioridad a la Ley 330 de 1996 era posible efectuar el citado cobro para las
Contralorías de los Departamentos […]”.
32. Señaló que el cobro de la cuota de auditaje efectuado por la Contraloría
Departamental de Antioquia a la parte demandante, no podía aplicarse de forma
16
“[…] Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría
Externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el Sistema de Personal, se desarrolla la
Carrera Administrativa Especial y se dictan otras disposiciones […]”.
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retroactiva, dado que la disposición legal que ampara dicho cobro, solo comenzó a
regir con posterioridad al 11 de diciembre de 1996, es decir, con la expedición de la
Ley 330 de ese año.
33. Precisó que: “[…] la Asamblea Departamental de Antioquia reglamentó en
su artículo 40 de la Ordenanza núm. 42 de 1995, el presupuesto de ingresos de la
Contraloría General de Antioquia, determinando el tope y el mecanismo para el
recaudo de la tarifa de control fiscal, sin embargo, […] solo hasta la expedición de
la […] Ley 330 de 1996, podía la Asamblea Departamental de Antioquia,
reglamentar el cobro a favor de la Contraloría General del Departamento con
fundamento en la referida Ley, ya que las disposiciones anteriores a la Ley 330 de
1996, reglamentaban el cobro de la tarifa de auditaje, pero a favor de la Contraloría
General de la República y no para las Contralorías Departamentales […]”.
34. Consideró que es procedente inaplicar por inconstitucional el artículo 40 del
Capítulo III de la Ordenanza núm. 42 de 1995, sobre la preparación del proyecto
del Presupuesto General del Departamento de Antioquia, por cuanto no existía
normatividad vigente que facultara el cobro de la tarifa de control fiscal a favor de la
Contraloría General de Antioquia.
35. Indicó que: “[…] se declarará la nulidad del acto administrativo expedido el
30 de octubre de 1997 por la Contraloría General de Antioquia, el Tesoro y el
Subdirector del Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, por medio del cual se
efectúa el cobro a ADATEL S.A. E.S.P. (Antes EDA) de la cuota de Auditaje
correspondiente al año 1996 […]”.
Recurso de apelación
36. La parte demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación17 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:
17
Cfr. Folios 11 a 22 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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37. Indicó que: “[…] el análisis efectuado por a quo es parcializado […] se
evidencia que no se realizó un análisis integral, de donde fuera posible deducir un
actuar en pro del interés general de la administración pública […] no se configura la
causal de inaplicación de la Ordenanza núm. 42 de 1995 ni la nulidad del acto
demandado, máxime cuando dejó claro que existe competencia por parte la
Contraloría para ejercer control fiscal sobre la entidad demandante […] nada dijo
en la sentencia sobre la posible violación de la norma sustento para el cobro de la
tarifa de control de la cuota de vigilancia fiscal – Ley 179 de 1994 - en el
planteamiento del problema, punto de partida para decidir sobre lo solicitado en la
demanda, en la segunda parte objeto del recurso, solo se hizo referencia a la Ley
330 de 1996 invocada por la parte demandante, pero no se hizo análisis sobre
otras normas que otorgaban la competencia para el cobro, tales como la citada Ley
179 de 2004 sobre presupuesto, o la Ley 103 de 1993 […]”
38. Sostuvo que: “[…] el procedimiento de cobro se llevó a cabo de forma
ajustada a la ley, fundamentado en el cumplimiento de los mandatos de interés
general, con el objetivo de garantizar el pronto y efectivo pago de los recursos que
de manera legal le correspondía efectuar a la entidad demandante […]”.
39. Manifestó que: “[…] la prevalencia del interés general sobre el particular se
refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo
individual, es por ello, que frente a la propia eficacia y eficiencia de la función
pública, no puede ser aceptable que un punto de vista de interpretación, se
convierta en una causal de inaplicabilidad de una ordenanza y consecuencialmente
de nulidad, pues es claro que la Contraloría General de Antioquia poseía la
competencia para realizar el cobro, pues es lógico que si se admite que EDATEL
S.A. E.S.P. era sujeto de control fiscal, no existe razón para discutir que de igual
forma no sea sujeto pasivo del cobro de la cuota de vigilancia fiscal, al tenor de lo
establecido, entre otras sentencias, en la del 6 de diciembre de 2007, número de
radicación 25000-23-27-000-2002-00292-01 Magistrado Ponente, doctor Marco
Antonio Velilla Moreno […]”.
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40. Adujo sobre el enriquecimiento sin justa causa que: “[…] Si en gracia de
discusión se admitiera, y la segunda instancia así lo confirmara, que no era posible
efectuar el cobro de la cuota de vigilancia fiscal, debe la Señora Magistrada
Ponente, considerar que todo lo antes señalado, implicaría incurrir en la figura
jurídica del enriquecimiento sin causa, a través de la cual se pretende recuperar
algo que una persona obtiene sin motivo alguno (Cuando EDATEL S.A. E.S.P. se
sustrae al cumplimiento de una obligación legal), y que se puede decir que le
pertenece a otra (Contraloría General de Antioquia, entidad debidamente facultada
para el cobro de la cuota de vigilancia fiscal), pues establece la normatividad legal
vigente, que "nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas del otro […]”.
41. Afirmó que: “[…] De confirmarse la sentencia, en los términos en que se falló
en primera instancia, esto es, inaplicando una Ordenanza y excluyendo del mundo
jurídico un acto administrativo que cumplió con lo normado en la legislación
vigente, se estaría liberando de la responsabilidad de pago del tributo especial A
EDATEL S.A. E.S.P.-, ocasionando una grave lesión al patrimonio del Estado,
representado en la Contraloría General de Antioquia; dicho en otras palabras, con
la confirmación de la sentencia, se estaría premiando la evasión de un pago,
afectando la misión del órgano de control, y atentando en contra de los postulados
del Estado Social de Derecho. La Contraloría General de Antioquia se apoyó tanto
en las normas jurídicas vigentes, como era su deber, las cuales gozaban de
presunción de legalidad, así como en la Ordenanza, la cual a su vez, en nuestro
criterio sí tenía fundamento legal tal y como se ha expresado: Las Leyes 106 de
1993 y la 179 de 1994, en concordancia con inciso sexto del artículo 272 de la
Constitución Política de Colombia, que textualmente consagra: “Los contralores
departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción
las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 (...)”
En ese orden de ideas, conforme al citado artículo constitucional si el Contralor
General de la República se encuentra facultado para realizar el cobro de la cuota
de vigilancia fiscal a las entidades sujetas de vigilancia, de igual forma gozan de
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dicha facultad los contralores departamentales, entre los que se incluye el
Departamento de Antioquia […]”.
42. Precisó que: “[…] al momento de la expedición de la Ordenanza 42 de 1995,
se encontraba vigente la Ley 179 de 1994, por la cual se introdujeron algunas
modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto, por lo que se
reitera, dicha Ordenanza si contaba con respaldo legal, al contemplar como
secciones del presupuesto general de la Nación, el que corresponde a la
Contraloría General de la República […]”.
43. Argumentó que: “[…] la sentencia omitió la existencia de la Ordenanza 27 de
1993, Estatuto Fiscal de Antioquia, citada en el alegato de conclusión de la
Agencia Fiscal que represento, que […] estatuyó en el parágrafo del artículo 65
(Título IV): "(...) De conformidad con la Constitución Nacional y la Ley, la
Contraloría General de Antioquia podrá cobrar los servicios de fiscalización […]”.
Actuaciones en segunda instancia
44. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de agosto de 201618,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 28 de octubre de 2009 por la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquía.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
45. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
sustanciador, mediante auto proferido el 4 de septiembre de 201719, corrió
traslado20 a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera el concepto.
46. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.
18
Cfr. Folio 51 del cuaderno principal de segunda instancia.
19
Cfr. Folio 54 del cuaderno principal de segunda instancia.
20
Cfr. Folio 54 ibidem
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47. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Concepto del Ministerio Público
48. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES
49. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) los
problemas jurídicos; iii) marco normativo y jurisprudencial de la cuota de auditaje;
v) marco normativo de la facultad de las Contralorías Departamentales para cobrar
la cuota de auditaje; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la
autonomía fiscal de las Asambleas Departamentales; vii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial de la excepción de inconstitucionalidad; viii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del principio de irretroactividad de la ley
tributaria; ix) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del enriquecimiento sin
causa y, x) el caso concreto.
Competencia de la Sala
50. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo21, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30822 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201123, sobre el
21
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
conceda el extraordinario de revisión. […]”.
22
[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
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régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.
51. Visto el artículo 328 del Código General del Proceso24, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 el Acuerdo núm. PSAA15-
10392 de 1 de octubre de 201525, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la Sala procederá a examinar las argumentaciones
expuestas por la parte demandada en el recurso de apelación, interpuesto contra la
sentencia proferida el 28 de octubre de 2009 por la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia y se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, puesto que los mismos, en el
caso de apelante único, definen el marco de la decisión que habrá de adoptarse en
la segunda instancia.
52. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.
Acto administrativo acusado
53. El acto administrativo acusado26 es el siguiente:
54. El acto administrativo de 30 de octubre de 199727, expedido por la
Contraloría General de Antioquia, en su parte considerativa y resolutiva señaló:
23
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
24
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella […]”.
25
“[…] ARTÍCULO 1º.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso
entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente
[…]”.
26
Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada
uno de los cargos.
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“[…] Medellin, 30 OCT 1997
EDATEL S.A. E.S.P.
DEBE A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
La suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES
MIL PESOS M.C. ($491.203.000.oo) por concepto de cuotas de auditaje del año
1996, según Ordenanza 45 E del 12 de diciembre de 1995, cuando su razón social
era EDA.
HUMBERTO BUSTOS AGUILAR JUAN DIEGO NARANJO PEREZ
Subdirector Presupuesto Contabilidad y Tesorero
Tesorería
JAIME HIDALGO BALLESTEROS
Contralor General de Antioquia […]”
55. Además, la parte demandante solicita se inaplique el artículo 40 de la
Ordenanza núm. 42 de 1.º de diciembre de 199528, sobre el nuevo presupuesto
de ingreso de la Contraloría General de Antioquia, que establece:
“[…] El presupuesto de ingresos de la Contraloría General de Antioquia se
conformará por los siguientes conceptos:
Hasta el dos por ciento (2%) del presupuesto de nivel central del Departamento.
Por la tarifa de control fiscal que se cobrará a las entidades descentralizadas del
orden departamental (establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales
y sociedades de economía mixta) equivalente a la de aplicar el factor resultante de la
fórmula de dividir el presupuesto faltante de la Contraloría, luego de restar el aporte a
nivel central, sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de cada entidad
vigilada, tal como lo consagra el artículo 388 de la Constitución Nacional.
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada entidad vigilada
mediante resolución del Contralor General de Antioquia. El valor total del recaudo por
este concepto no podrá superar el valor restante del presupuesto de la Contraloría,
luego de restar el aporte hecho por el nivel central del departamento.
• El producto de las multas impuestas por la Contraloría General de Antioquia.
27
Por medio del cual se efectúa el cobro a EDATEL S.A. E.S.P. de la cuota de auditaje correspondiente al año
de 1996.
28
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DEL
DEPARTAMENTO”
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• Ingresos por la prestación de servicios de fotocopia.
• Ingresos por asesorías.
• Ingresos por tarifa de control fiscal a entidades no pertenecientes al orden
departamental.
• Aprovechamiento y otros […]”.
Problemas jurídicos
56. Corresponde a la Sala, con fundamento en el contenido de la decisión del a
quo y el recurso de apelación, determinar: i) si la parte demandada tenía
competencia para realizar el cobro de la cuota de auditaje a la parte demandante
correspondiente a la vigencia fiscal del año 1996; ii) si es procedente aplicar la
excepción de inconstitucionalidad al artículo 40 de la Ordenanza núm. 42 de 1995
y, iii) si se cumplen con los presupuestos del enriquecimiento sin causa como
consecuencia del no pagó de la cuota de auditaje correspondiente a la vigencia
fiscal del año 1996.
57. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o a confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la cuota de auditaje
58. Visto el artículo 11329 de la Constitución Política, sobre la estructura del
Estado, establece que el poder público está integrado por tres ramas: i) ejecutiva;
ii) legislativa; iii) judicial; y iv) por los órganos autónomos e independientes,
encargados de garantizar el cumplimiento de las demás funciones del Estado.
59. Vistos los artículos 11730 y 11931 de la Constitución Política, prevén la
existencia de los órganos de control; tal es el caso del Ministerio Público y la
29
“[…] ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de
las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero
colaboran armónicamente para la realización de sus fines. […]”.
30
“[…] ARTICULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.
[…]”
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Contraloría General de la República. Así, a la Contraloría General de la República
se le otorgó la función de vigilancia de la gestión fiscal y control de resultados de
la administración.
60. Visto el artículo 267 de la Constitución Política, sobre el ejercicio del control
fiscal y el Contralor General de la República, establece que la Contraloría General
de la República se le asigna el ejercicio de la función pública de control fiscal, la
cual comprende la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y también de
los particulares que tengan a su cargo el manejo de fondos o bienes de la Nación.
61. La Ley 42, regula la función de control fiscal a cargo de la Contraloría
General de la República e identifica los sujetos que son objeto de este control, es
decir, las entidades estatales y los particulares que desempeñan funciones
públicas.
62. Visto el artículo 4 de la Ley 106, sobre autonomía presupuestaria, prevé la
potestad que se le confiere a la Contraloría General de la República para que
implemente respecto de los sujetos de control una tarifa de control fiscal, cuya
finalidad es servir de fuente de financiación, en retribución por el control fiscal que
realiza:
63. La Corte Constitucional32 se ha referido al control fiscal, como esa función
pública de carácter especializada, por cuanto constituye el examen sobre el
manejo del patrimonio público y la observancia de las normas de contabilidad
aceptadas en la gestión pública.
64. La tarifa de control fiscal se fija a cada organismo o entidad vigilada
mediante resolución expedida por el Contralor General de la República, teniendo
en cuenta que el valor total del recaudo por este concepto no supere el valor total
de los gastos de funcionamiento.
31
“[…] ARTICULO 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión
fiscal y el control de resultado de la administración. […]”
32
“[…] Corte Constitucional; sentencia C-529 de 11 de noviembre de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz […]”.
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65. La Corte Constitucional33, declaró exequible el artículo 4 de la Ley 106 y
frente a la naturaleza de la tarifa de control fiscal consideró:
“[…] la tarifa de control fiscal no está enmarcada dentro de los conceptos de
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen (inciso 2 del artículo 338 de la Constitución), sino que corresponde a
un tributo especial, derivado de la facultad impositiva del Estado (arts. 150,
numeral 12, y 338 de la Carta). Y que es fijada a las entidades de la
administración y a los particulares o entidades que manejen bienes o fondos de la
Nación (art. 267, inciso 1o de la Carta).
5.3 Tampoco prospera el cargo de que como la Contraloría desarrolla una función
pública, como ejercicio del poder del Estado, y que, en consecuencia, sus
recursos sólo pueden provenir de recursos presupuestarios comunes, y que
al no ser así, se violan los artículos 119 y 267 de la Carta, pues, en ninguna parte
de la Constitución así se consagra, y el tributo especial que creó el legislador en
el artículo acusado, deriva de su facultad impositiva, como ya se dijo, contemplada
en los artículos 150, numeral 12, y 338 de la Constitución. Además, el legislador
desarrolló adecuadamente el mandato constitucional de garantizar al ente
fiscalizador la existencia de recursos suficientes para su ejercicio. Y, al
mismo tiempo, cumplió la Constitución en cuanto a que sólo el Congreso, las
asambleas y los concejos, en tiempo de paz, tienen competencia para
imponer tributos, como el objeto de esta demanda, y en virtud de esta atribución,
el legislador expidió el artículo 4 de la Ley 106 de 1993.
En otras palabras, el tributo especial creado por la disposición acusada no riñe con
la función pública fiscalizadora que desarrolla la Contraloría General de la
República […]” (Destacado de la Sala).
66. En ese orden, la tarifa de control fiscal tiene como finalidad cubrir los
gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República para el
desarrollo de sus funciones, razón por la cual sus vigilados contribuyen para que
este recaudo se cumpla a partir de la liquidación particular que realice el ente de
control a fin de determinar su valor en consideración al monto del presupuesto de
gastos ejecutado por el sujeto vigilado.
Marco normativo de la facultad de las Contralorías Departamentales para
cobrar tarifas de control fiscal o cuota de auditaje
67. Visto el artículo 267 de la Constitución Política, ordena el control fiscal de
las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación y establece que dicho
33
“[…] Corte Constitucional; sentencia C-1148 de 31 de octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[…]”.
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control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos,
sistemas y principios que establezca la Ley.
68. Visto el artículo 134 de la Ley 42, el cual prevé que la citada Ley regula los
principios, sistemas y procedimientos del control fiscal financiero y los organismos
que lo ejercen en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.
69. Visto el artículo 54 de la Ley 42, establece que la Contraloría General de la
República, en ejercicio de la autonomía presupuestal, elaborará cada año su
proyecto de presupuesto de gastos o de apropiaciones. El referido artículo 54 se
aplica a las Contralorías Departamentales por expreso mandado del artículo 65 35
ejusdem:
“[…] ARTÍCULO 54. En ejercicio de la autonomía presupuestal la Contraloría
General de la República elaborará cada año su proyecto de presupuesto de gastos
o de apropiaciones para ser presentado a la Dirección General de Presupuesto,
quien lo incorporará al respectivo proyecto de ley de presupuesto que se someterá
a la consideración del Congreso de la República.
PARÁGRAFO. La Contraloría General de la República presentará el proyecto de su
presupuesto dos (2) meses antes de iniciarse la correspondiente legislatura.
[…] ARTÍCULO 65. Las contralorías departamentales, distritales y municipales
realizan la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los
principios, sistemas y procedimientos establecidos en la presente Ley.
Les corresponde a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y
municipales la organización y funcionamiento de las contralorías que haya
autorizado la ley […]”.
70. Visto el artículo 4 de la Ley 106, sobre autonomía presupuestaria, prevé
que la tarifa de control fiscal la cobrará la Contraloría General de la República a
los organismos y entidades fiscalizadas, la cual será fijada mediante resolución
del Contralor General de la República.
34
“[…] ARTÍCULO 1o. La presente Ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios,
sistemas y procedimientos de control fiscal financiero, de los organismos que lo ejercen en los niveles
nacional, departamental y municipal y de los procedimientos jurídicos aplicables […]”.
35
“[…] ARTÍCULO 65. Las contralorías departamentales, distritales y municipales realizan la vigilancia de la
gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la
presente Ley.Les corresponde a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales la
organización y funcionamiento de las contralorías que haya autorizado la ley […]”.
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“[…] ARTÍCULO 4o. AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA. La Contraloría General de
la República tendrá autonomía para el manejo, administración y fijación de su
presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de presupuesto.
Con el fin de desarrollar el presente artículo la Contraloría General de la
República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades
fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de
dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria
del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al
valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada.
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o
entidad vigilada mediante resolución del Contralor General de la República.
El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el
valor total de los gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la
República. […]” (Destacado de la Sala)
71. Visto el artículo 13 de la Ley 330, sobre recaudo de la cuota de vigilancia
fiscal, establece que se extendió la cuota de control fiscal a los departamentos,
entidades descentralizadas y en general a los sujetos de control fiscal por parte
de las Contralorías Departamentales, así: “[...] ARTÍCULO 13. Los
departamentos, sus entidades descentralizadas y en general los sujetos de
control fiscal girarán dentro de los cinco primeros días después de
aprobado el PAC, directamente a las Contralorías las partidas asignadas en
sus respectivos presupuestos. La violación sin justa causa de lo preceptuado
en este artículo, será considerada como falta grave para efectos de la aplicación
de las normas disciplinaria. […]” (Destacado de la Sala).
72. Considerando lo anterior, las Contralorías Departamentales a partir de la
Ley 330, tienen la facultad de establecer la cuota de vigilancia fiscal, toda vez
que, aunque su enunciado es recaudo de la cuota de control fiscal dicha norma
se refiere a la obligación de las entidades allí citadas para girar a las contralorías
“[…] las partidas asignadas en sus respectivos presupuestos […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la autonomía fiscal de las
Asambleas Departamentales
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73. Visto el numeral 4.° del artículo 30036 de la Constitución Política, sobre
funciones de las Asambleas Departamentales, prevé que estas por medio de
ordenanzas, decretaran, de conformidad con la ley: i) los tributos y ii) las
contribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones
departamentales.
74. Visto el numeral 4.° del artículo 30537 de la Constitución Política, sobre las
funciones del gobernador, establece que el gobernador presentará a la asamblea
departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de
desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y
gastos.
75. Visto el artículo 338 de la Constitución Política, prevé que no pueden
crearse tributos en el orden nacional y territorial, sin que una ley que lo
establezca:
“[…] ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables,
y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base
sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo […]”.
36
“[…] ARTICULO 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: […] 4.
Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las
funciones departamentales […]”.
37
“[…] ARTICULO 305. Son atribuciones del gobernador: […] 4. Presentar oportunamente a la asamblea
departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos […]”
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76. La Corte Constitucional38, sobre la autonomía fiscal de las entidades
territoriales, señaló que esta no es ilimitada, para lo cual consideró:
“[…] En conclusión, es claro que la autonomía de las entidades territoriales está
protegida por la Constitución, pero no es absoluta (CP arts. 1º y 287). De ahí que,
aunque en principio está prohibido al legislador establecer exenciones a los tributos
de las entidades territoriales (CP art. 294), ello no significa que el legislador
quede excluido de potestad de configuración normativa con miras a definir y
precisar el alcance de los tributos territoriales y, en especial, para delimitar
sus elementos esenciales, como ocurre con la definición de los hechos y
bases gravables (CP arts. 287.3, 338, 300.4 y 313.4) […]” (Destacado de la Sala).
77. Por su parte, la Sección Cuarta de esta Corporación39 ha definido las
situaciones en las que la norma local modificó alguno de los elementos del hecho
generador de la obligación tributaria40, para lo cual consideró:
“[…] Las normas de los entes territoriales que regulan los elementos de la
obligación tributaria no pueden ser contrarias a la Ley ni a la Constitución. Si
un departamento, municipio o distrito adopta un tributo podrá establecer aquellos
elementos del mismo que no hayan sido fijados por el Congreso de la República;
pero si la Ley determinó los sujetos de la obligación tributaria, el hecho
generador, bases gravables o tarifas, las ordenanzas y acuerdos deberán
estar conformes con la norma superior.
De lo anterior se deduce que si la Ley modifica los elementos de la obligación
tributaria, se derogan también aquellas disposiciones locales que regulen el
impuesto, tasa o contribución […]” (Destacado de la Sala).
78. Lo anterior, permite advertir que la autonomía de los entes territoriales para
modificar los elementos de los tributos, sólo lo podrán realizar con los tributos de
su propiedad.
79. Asimismo las Asambleas Departamentales, en materia de tributos y
contribuciones, tienen una competencia subordinada a las disposiciones de la
Constitución y de la ley. La autonomía administrativa de los departamentos se
refiere al manejo de los bienes de su pertenencia; la competencia impositiva es
38
Corte Constitucional. Sentencia C-187 de 13 de agosto de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de
2019; C.P. Milton Chaves García; número único de radicación 25000232700020080008601.
40
Sujeto activo, sujeto pasivo, el objeto (prestación pecuniaria) y el presupuesto de hecho (que es el hecho
imponible).
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una función cuyo ejercicio requiere ley que la autorice. No puede hablarse
entonces, en sentido estricto, de autonomía impositiva de los departamentos.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la excepción de
constitucionalidad
80. Visto el artículo 4 de la Constitución Política, establece lo siguiente:
“[…] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales […]” (Destacado de la Sala).
81. La Corte Constitucional41, sobre la excepción de inconstitucionalidad
consideró:
“[…] la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se
quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser
alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un
deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos
en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso
concreto y las normas constitucionales […]”.
82. La Sección Primera de esta Corporación42, tuvo la oportunidad de
establecer el alcance de la excepción de inconstitucionalidad, de la siguiente
manera:
“[…] Es así como, entre las numerosos y repetidos pronunciamientos que en ese
sentido ha proferida esta jurisdicción, la Sala43 tiene señalado que “La excepción de
inconstitucionalidad consiste en dejar de aplicar en un caso concreto una norma
jurídica por ser contraria a la Constitución Política,” y que “Ello supone
necesariamente que la norma en cuestión sea la aplicable al caso controvertido y
se busca precisamente a través de tal excepción que la autoridad judicial o
administrativa deje de aplicarla, en aras de salvaguardar la supremacía de la
Constitución y el orden jurídico”. (Subrayado fuera de texto)
[…] “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico
colombiano la existencia de un sistema mixto de control de constitucionalidad, pues
41
Corte Constitucional. Sentencia T-389 de 28 de mayo de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
42
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1.° de
noviembre de 2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación
11001032600019990000401[…]”.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de noviembre
de 1998, C.P. Ernesto Rafael Ariza; número único de radicación 4860.
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mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado
se les confía el control de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237,
numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad concreto
tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de
aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla
advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.
En efecto, el fundamento de la llamada excepción de inconstitucionalidad, se
encuentra en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual "En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales". Y se le califica como control de constitucionalidad
concreto porque carece de la nota de generalidad que es propia del control en
abstracto, puesto que la definición acerca de si existe o no incompatibilidad entre la
norma inferior y las constitucionales debe producirse en el caso específico, singular,
concreto, y en relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda
exceder ese marco jurídico preciso. Se habla, por tanto, en este caso de un efecto
inter partes, o circunscrito a quienes tienen interés en el caso”44 (subrayas no son
del texto).
La Corte Constitucional también lo ha puesto de presente, v. gr. en sentencia C-
600 de 1998 al decir que "El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor
amplitud que el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación
preferente de las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello
tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando
quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la
preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general
acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la
providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado
como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de
otro orden a un caso singular […]”45.
83. En ese orden de ideas, la excepción por inconstitucionalidad: i) puede ser
ejercida a solicitud de parte o ex officio por la autoridad judicial; ii) es informal,
dado que no se requieren requisitos para su configuración, en donde basta que
se demuestre que la norma jurídica aplicable al caso sea manifiestamente
contraria a la Constitución Política; y iii) tiene efectos inter partes46.
44
Sentencia de 14 de diciembre de 2006, Sección Quinta, expediente núm. 3975-4032, consejero ponente
doctor Darío Quiñónez.
45
Corte Constitucional; sentencia C-600 de 21 de octubre de 1998; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
46
Excepcionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad al caso concreto, puede tener efectos inter pares. En el auto 071 de 27 de febrero de
2001, la Corte Constitucional consideró que: “[…] Dentro de las diversas alternativas disponibles para
determinar los efectos de las providencias - efectos inter partes, efectos erga omnes, efectos inter pares, etc.-
, la que mejor protege en este caso los derechos constitucionales fundamentales y respeta las atribuciones
del Consejo de Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, es la de los
efectos inter pares, es decir, entre los casos semejantes. La doctrina convencional según la cual la
excepción de inconstitucionalidad sólo tiene efectos inter partes, es decir, en el proceso concreto
dentro del cual fue inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para proteger
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84. En consecuencia, esta herramienta tiene como propósito, proteger y
garantizar el ejercicio, en un caso concreto y con efecto inter partes, de los
derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de
inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas
contenidas dentro de la Constitución Política.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del principio de
irretroactividad de la ley tributaria
85. Vistos los artículos 338 y 36347 de la Constitución Política, establecen la
irretroactividad de la ley tributaria, en concreto, señalan que las normas que
regulen impuestos no pueden aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo:
“[…] ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y
las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado,
no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar
la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. […]” (Destacado de la
Sala).
86. La Corte Constitucional48 sobre el principio de irretroactividad de la ley
tributaria consideró:
los derechos constitucionales fundamentales como para asegurar la efectividad de los principios
fundamentales […]”.
47
“[…] ARTICULO 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad […]”
48
Corte Constitucional; sentencia C-119 de 14 de noviembre de 2018; M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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“[…] En lo que respecta a la regulación del principio de irretroactividad de la ley
tributaria, se tiene que, la Constitución en el artículo 363 Superior establece, con
toda claridad, que las leyes tributarias no pueden ser aplicadas de manera
retroactiva. Así mismo, el artículo 338 Superior, prescribe que “las leyes que
regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, sólo pueden aplicarse a partir del período que
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o
acuerdo.”; con lo cual se proscribe de manera categórica cualquier efecto hacia el
pasado de las leyes […]”.
87. La Sección Cuarta de esta Corporación49, tuvo la oportunidad de
establecer el alcance de la irretroactividad de la ley tributaria, de la siguiente
manera:
“[…] Los artículos 338 y 363 de la Constitución Política consagran la irretroactividad
de la ley tributaria y, específicamente, disponen que las normas que regulen los
impuestos no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de
iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
Sobre este punto, la Sala ha señalado que, entre los principios fundamentales del
sistema tributario, se encuentra el principio de irretroactividad, que junto con el
principio de legalidad, enseñan que la ley tributaria debe ser preexistente al hecho
imponible y, así mismo, las normas tributarias se aplican hacía el futuro, es decir,
cobijan hechos económicos o jurídicos que tales normas definan como generadores
del tributo […]”.
88. De conformidad con lo anterior la ley tributaria debe ser preexistente al
nacimiento de la obligación tributaria y su aplicación en manera alguna puede ser
retroactiva, en virtud de los principios de legalidad e irretroactividad que forman
parte del ordenamiento.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del enriquecimiento sin causa
89. Visto el artículo 1494 del Código Civil, sobre fuente de las obligaciones,
prevé que las obligaciones son originadas en tres (3) fuentes distintas: i) la Ley,
es decir, la imposición de una norma legal establece la obligación en cabeza de
una persona en favor de otra; ii) el contrato y el cuasi-contrato, o aquella que
49
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 18 de julio
de 2018; C.P. Milton Chaves García; número único de radicación 25000233700020120038101[…]”.
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nace del acuerdo de voluntades entre dos o más personas; iii) el delito o cuasi-
delito, es decir, las obligaciones que emanan de la conducta punible.
90. Visto el artículo 831 del Código de Comercio50, prevé que “[…] Nadie podrá
enriquecerse sin justa causa a expensas de otro […]”.
91. El enriquecimiento sin causa o injusto, ha sido definido por la Sección
Tercera51 de esta Corporación en los siguientes términos:
“[…]la teoría del “enriquecimiento sin causa” parte de la concepción de justicia
como el fundamento de las relaciones reguladas por el Derecho, noción bajo la cual
no se concibe un traslado patrimonial entre dos o más personas, sin que exista una
causa eficiente y justa para ello. Por lo tanto, el equilibrio patrimonial existente en
una determinada relación jurídica, debe afectarse-para que una persona se
enriquezca, y otra se empobrezca-mediante una causa que se considere ajustada a
derecho. Con base en lo anterior se advierte que para la configuración del
“enriquecimiento sin causa”, resulta esencial no advertir una razón que justifique un
traslado patrimonial, es decir, se debe percibir un enriquecimiento correlativo a un
empobrecimiento, sin que dicha situación tenga un sustento fáctico o jurídico que
permita considerarla ajustada a derecho […]”.
92. De lo anterior puede concluirse que el enriquecimiento sin causa es aquella
figura, que jurídicamente es fuente de obligaciones y se configura en eventos en
los que dos personas se ven, la una aumentado su patrimonio y la otra disminuido
de manera proporcional, sin que se exista una causa legal que justifique esa
situación.
93. La Sección Tercera52 de esta Corporación ha indicado que en derecho
administrativo el enriquecimiento sin causa es fuente de obligaciones a condición
de que se cumplan los siguientes requisitos: i) que exista un enriquecimiento, es
decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, es decir, no solo en
el sentido de adición de algo (ventaja positiva), sino también en el de evitar el
50
Decreto 410 de 27 de marzo de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”.
51
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 30 de
marzo de 2006; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; número único de radicación
25000232600019990196801[…]”.
52
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 30 de
noviembre de 2016; C.P. Danilo Rojas Betancourth; número único de radicación 000233100020050019601
[…]”
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menoscabo de un patrimonio (ventaja negativa); ii) que haya un empobrecimiento
correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya
costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el
enriquecimiento; y iii) que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como
consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, es decir, que el
desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica.
94. Asimismo la Sección Tercera53 de esta Corporación ha señalado que esta
figura no puede tener por objeto eludir la ley:
“[…] la Sala considera que la improcedencia de la acción por enriquecimiento
injusto “cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de
la ley”, dice relación con la pretensión en sí misma considerada, es decir, que bajo
la aducción del enriquecimiento injusto no es posible pretender la compensación del
patrimonio por una prestación que adolece, por vía de ejemplo, de objeto o causa
ilícitas o que ha estado precedida de mala fe, o que se pretenda eludir los términos
de caducidad o prescripción extintiva para ejercer una acción o reclamar un
derecho que ha prescrito, es decir, que el supuesto mismo del enriquecimiento sea
contrario a ley imperativa o que con la acción se pretenda infringir la ley imperativa,
pero no hace referencia a que el desequilibrio patrimonial se haya producido por el
desconocimiento de un precepto legal o que la causa del enriquecimiento radique
en la omisión frente a un precepto imperativo, porque de ser así, en el primer caso,
se dejaría vacía la verdadera condictio sine causa, pues precisamente uno de los
supuestos de enriquecimiento injusto es el concerniente al dar o entregar algo en
razón de un vínculo jurídico inexistente, como sucede en el asunto sub – lite, que
en la mayoría de los casos se genera por la omisión de un precepto legal. O. cómo
el ordenamiento jurídico permite por razones de equidad y de justicia aplicar el
principio general del no enriquecimiento sin causa, sin señalarlo expresamente, en
algunos eventos donde el mismo se genera por el desconocimiento de normas
positivas, como sucede en el evento contemplado por el artículo 1747 del C.C y
más claramente en el supuesto contenido por el artículo 2243 ibídem , o en el del
artículo 2343 del mismo ordenamiento , e incluso del artículo 2315 y en el segundo
evento, esto es cuando la causa del enriquecimiento radica en la vulneración
de un precepto no se estaría hablando de enriquecimiento injusto, sino de
responsabilidad extracontractual, pues quien quebranta una norma jurídica y
con ello causa un daño es responsable por los perjuicios causados, de suerte
que en estos eventos la causa será la infracción al orden jurídico que se erige
como fuente formal de obligaciones[…]” (Destacado de la Sala).
95. Lo anterior significa que ni la administración ni el particular pueden
establecer relaciones de hecho, para eludir la ley, con la intención que
53
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 26 de mayo
de 2010; C.P. Gladys Agudelo Ordoñez; número único de radicación 25000232600020030061601[…]”.
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posteriormente se solicitará a la justicia el reconocimiento económico
correspondiente.
Acervo y análisis probatorio
96. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
97. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de
la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada.
98. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte demandada en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.
Análisis del caso concreto
99. La Sala, por razones de metodología, analizará los argumentos del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, como se indica a continuación: i)
competencia de la parte demandada para realizar el cobro de la cuota de auditaje
para 1996; ii) si se configura un enriquecimiento sin justa causa como
consecuencia del no pago de la cuota de auditaje y, iii) si es procedente aplicar la
excepción de inconstitucionalidad al artículo 40 de la Ordenanza núm. 42 de 1995.
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De la competencia de la parte demandada para realizar el cobro de la cuota
de auditaje
100. La parte demandada adujo en el recurso de apelación que tenía competencia
legal para realizar el cobro de auditaje de la parte demandante para la vigencia de
1996, por cuanto estas funciones están sujetas a lo establecido en la Ordenanza
núm. 42 de 1995, la Ley 179 de 2004, la Ley 330, la Ley 106 de 1993 y la
Ordenanza núm. 27 de 199354 y el inciso 6.º del artículo 272 de la Constitución
Política.
101. Sobre el particular, del contenido del acto administrativo acusado, el
fundamento invocado por la parte demandada, fue la atribución conferida en el
artículo 40 de la Ordenanza núm. 42 de 1995 de la Asamblea Departamental de
Antioquia. El acto acusado señaló el monto de la cuota por concepto de la
recuperación de los costos del servicio de control fiscal a cargo de la parte
demandada, por la vigencia fiscal del año 1996.
102. En este punto, la Sala advierte que si bien en el cuerpo del acto
administrativo acusado se señaló que la cuota de control fiscal o auditaje del año
1996 se efectuaba “[…] según Ordenanza 45 E del 12 de diciembre de 1995 […]”55,
la parte demandada indicó en la contestación de la demanda que “[…] se trató de
un error en la citación de la ordenanza, toda vez que se actuó de conformidad con
lo estipulado en las Ordenanzas 45 y 42 de 1995 […]”56.
103. El a quo en la sentencia apelada consideró que sólo hasta la expedición de
la Ley 33057 se fijó lo relativo al cobro de la cuota de auditaje para las Contralorías
Departamentales, toda vez que las disposiciones que anteceden, reglamentaron el
referido cobro a favor de la Contraloría General de la República, lo que permite
concluir que sólo con posterioridad a dicha ley era posible efectuar el cobro para
las Contralorías Departamentales. Además, señaló que lo procedente era inaplicar
54
Estatuto Fiscal de Antioquia
55
Cfr. Folio 2 del cuaderno principal de primera instancia.
56
Cfr. Folio 58 del cuaderno principal de primera instancia.
57
“[…] por medio de la cual se desarrolló parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política […]”
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por inconstitucional el artículo 40 del Capítulo III de la Ordenanza núm. 42 de 1995,
sobre la preparación del proyecto del presupuesto General del Departamento de
Antioquia, por cuanto no existía normatividad vigente que facultara el cobro de la
tarifa de control fiscal a favor de la Contraloría General de Antioquia.
104. El problema jurídico que se plantea con la demanda y la apelación en este
aspecto, se relaciona, de forma directa, con un conflicto ocasionado por la vigencia
de las normas que regulan el cobro de las cuotas de control fiscal o de auditaje.
105. Al respecto, el 26 de enero de 1993 fue expedida la Ley 42, sobre la
organización del sistema de control fiscal financiero y organismos que lo ejercen.
En su artículo 54, prevé que la Contraloría General de la República, en ejercicio de
la autonomía presupuestal, elaborará cada año su proyecto de presupuesto de
gastos y apropiaciones. Esta ley no estableció presupuesto de ingresos; sin
embargo, las Contralorías pueden imponer multas, no siendo este un ingreso de
carácter tributario.
106. El 30 de diciembre de 1993 fue expedida la Ley 10658, en su artículo 4,
sobre autonomía presupuestaria, estableció que la Contraloría General de la
República tendrá autonomía para el manejo, administración y fijación de su
presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de presupuesto; Y que la
Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los
organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante
de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la entidad sobre la
sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al
valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada.
107. El 11 de diciembre de 1996 fue expedida la Ley 33059 en su artículo 13,
sobre recaudo de la cuota fiscal, señaló que los departamentos, sus entidades
58
Su artículo 151 señala: “[…] La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas
disposiciones que le sean contrarias […]”.
59
Su artículo 16 señala: “[…] La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias, en especial el artículo 6o. de la ley 6a. de 1958, el inciso 3o. del artículo 244 y los
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descentralizadas y en general los sujetos de control fiscal girarán dentro de los
cinco primeros días después de aprobado el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC), directamente a las Contralorías las partidas asignadas en sus
respectivos presupuestos. Esta Ley amplió la cuota de control fiscal a los
departamentos, entidades descentralizadas y en general a los sujetos de control
fiscal por parte de las Contralorías Departamentales. El artículo 16 ibidem, sobre
vigencia y derogatorias, señaló que la citada ley rige a partir de su promulgación; la
ley fue publicada en el Diario Oficial núm. 42.938 de 12 de diciembre de 1996.
108. Por ello, para determinar la normativa aplicable al momento que la parte
demandada realizó el cobro de la cuota de control fiscal correspondiente al año
1996 a la parte demandante es necesario acudir al principio de irretroactividad de
la ley tributaria, que conforme a lo previsto en el artículo 338 de la Constitución
Política, establece la prohibición que las leyes tributarias se apliquen a hechos
generadores ocurridos con anterioridad a su vigencia.
109. Ahora bien, para determinar a partir de qué periodo gravable podía aplicarse
la Ley 330, debe acudirse a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 338 de la
Constitución Política, que prevé las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen
contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un
período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
110. La Sección Cuarta de la Corporación60 en sentencia de 6 de marzo de 2014,
precisó sobre el artículo transcrito y, en especial, respecto del principio de
irretroactividad en materia tributaria:
“[…] La anterior norma [se refiere al art. 338 CP], en concordancia con el artículo 363 de la
Constitución, consagra la irretroactividad de la ley tributaria y, específicamente, para los
artículos 245, 246 y 248 del Decreto-ley 1222 de 1986, así como las demás disposiciones que le sean
contrarias […]”.
60
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de marzo
de 2014; C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; número único de radicación
76001233100020100142801[…]”.
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impuestos de período, dispuso que las normas que los regulen no pueden aplicarse sino a
partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley61.
Sobre el alcance del artículo y en particular de las normas que regulen contribuciones a
que en él se hace referencia, esta Sala ha señalado62 que tales normas son aquellas
que modifiquen alguno de los elementos estructurales del tributo, por lo que si se trata
de un impuesto de periodo, sólo podrán aplicarse para el que comience después de su
entrada en vigencia.
La Sección también ha indicado63 que el constituyente, con el artículo 338, quiso
prohibir la aplicación retroactiva de la norma tributaria, entendida por ésta no sólo como
las leyes, ordenanzas y acuerdos, sino cualquier otra norma que regule contribuciones
en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo
determinado.
De otra parte, se ha precisado que las disposiciones que establecen los elementos
esenciales de los tributos, es decir, sujetos activo y pasivo, hechos generadores,
bases gravables y tarifa, tienen el carácter de “ley sustantiva”; por tanto, deben ser
preexistentes al nacimiento de la obligación tributaria y su aplicación en manera
alguna puede ser retroactiva, en virtud de los principios de legalidad e irretroactividad
que forman parte del ordenamiento positivo […]”.
111. Esta Sección64 de la Corporación en relación con la aplicación de las leyes
en el tiempo ha considerado:
“[…] Constituye regla general aquella según la cual la ley rige desde la fecha en que
se expide y hasta el momento en que se deroga y que, en consecuencia, la misma
se profiere para regular situaciones hacia el futuro; es decir, que la ley solamente rige
y produce los efectos para los cuales fue expedida frente a aquellos actos, hechos o
situaciones que se constituyen con posterioridad a su entrada en vigencia.
En este sentido, en relación con los efectos de la ley en el tiempo, la regla general es
la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva solo rige
todos los actos y hechos que se produzcan a partir de su vigencia. De esta forma,
por razón de su efecto general inmediato, la ley nueva regula inmediatamente las
situaciones jurídicas constituidas después de su promulgación.
El principio de que las leyes rigen a partir de su promulgación, hacia el futuro y
hasta su derogatoria, según lo ha precisado la Corte Constitucional65, tiene
íntima vinculación con la protección de los derechos adquiridos, expresamente
consagrada en el artículo 58 de la Carta Política, según el cual, “se garantizan
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de octubre de
1993; C.P. Consuelo Sarria Olcos; número único de radicación 17146.
62
Ibidem
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de julio de
1998; C.P. Delio Gómez Leyva; número único de radicación 8730.
64
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de febrero
de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020120006100[…]”.
65
Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 2002.
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pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”; esta disposición
constitucional busca la protección del ciudadano frente a la expedición de normas
que, a posteriori, podrían modificar el contenido de sus derechos subjetivos.
No obstante, de manera excepcional, las leyes son aplicadas en el tiempo de
forma diferente a la antes mencionada. En algunos casos la norma proyecta
sus efectos hacia el pasado, para regular actos cumplidos con antelación a su
vigencia, lo cual se conoce como la retroactividad de la ley, figura que, por su
carácter excepcional, requiere de disposición expresa que lo autorice […]
(Destacado de la Sala).
112. De acuerdo con lo anterior, el artículo 13 de la Ley 330, al ampliar el sujeto
activo de cuota de control fiscal o de auditaje a las Contralorías Departamentales,
es aplicable a partir del periodo siguiente de su expedición, es decir, en el año
gravable 1997.
113. Resulta necesario resaltar que, en la cuota de control fiscal o de auditaje, se
deben distinguir los conceptos de “año gravable” que sirve de base para cuantificar
el impuesto, y el de “vigencia fiscal” que corresponde al periodo en que se cumplen
las obligaciones formales y sustanciales de declarar y pagar el tributo 66. En esas
condiciones, los obligados a pagar la cuota de control fiscal del año 1996 en el
Departamento de Antioquia debían declarar y pagar el tributo ante la Contraloría
General de la República.
114. Así, el 12 de diciembre de 1996 cuando entró en vigencia la Ley 330, se
facultó a las Contralorías Departamentales para cobrar las cuotas de control fiscal
o de auditaje, según el artículo 13 ejusdem, por cuanto se extendió dicha cuota al
Departamento de Antioquia, entidades descentralizadas y en general a los sujetos
de control fiscal por parte de las Contralorías Departamentales.
115. En el caso sub examine, la cuota de auditaje cobrada por la parte
demandada era la correspondiente a la vigencia fiscal del año 1996,
necesariamente corresponde al pago a la cuota de control fiscal o de auditaje
66
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12 de
diciembre de 2014; C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; número único de radicación
76001233100020100183301[…]”.
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cursado durante el año gravable 1995, toda vez que, así lo establece el artículo 4
de la Ley 106, que prevé que la base gravable o valor sobre el que se aplica la
tarifa, es el presupuesto ejecutado por los organismos y entidades vigiladas por la
Contraloría General de la República, correspondientes a la vigencia fiscal del año
anterior.
116. Por lo anterior, la parte demandada violó el principio de irretroactividad de la
ley tributaria y, como consecuencia, el debido proceso, dado que aplicó
retroactivamente el artículo 13 de la Ley 330.
De la aplicación del artículo 40 de la Ordenanza núm. 42 de 1995
117. Visto el artículo 4 de la Constitución Política, sobre la inaplicación de una
norma por inconstitucional, es una situación que puede ser declara oficiosamente
por el juez, debido a la incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, prevalece la primera.
118. La Corte Constitucional67 ha indicado las características de la excepción de
inconstitucionalidad, así:
“[…] 2.1 La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por
vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la
Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales…”68. Esta norma hace que nuestro
sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un
67
Corte Constitucional; sentencia C-122 de 1.° de marzo de 2011; M.P. Juan Carlos Henao Pérez
68
“Los antecedentes de la excepción de inconstitucionalidad se remontan al artículo 40 del Acto Legislativo
No 3 de 1910, en donde se disponía que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley
debían aplicarse preferentemente las disposiciones constitucionales. También debe tenerse en cuenta el
artículo 215 de la Constitución de 1886 en donde se estableció que, “En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”. Posteriormente en el
artículo 5 de la Ley 57 de 1887 se estableció que, “Cuando haya incompatibilidad entre una disposición
constitucional y una norma legal, preferirá aquella”. Ver sobre el tema el libro de Alexei Julio Estrada, Las
ramas ejecutiva y judicial del poder público en la Constitución colombiana de 1991, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 1991, pp. 283 - 288. Igualmente el libro de Natalia Bernal Cano titulado, La
excepción de inconstitucionalidad y su aplicación en Colombia, Bogotá, Gustavo Ibáñez, 2002. También el
artículo de Gilberto Augusto Blanco Zuñiga titulado “Comentarios a la excepción de inconstitucionalidad y la
excepción de ilegalidad en Colombia”, en: Revista de Derecho de la Universidad del Norte, No 16, V. 1 2001,
pp. 268 - 279.”
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sistema mixto69 ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte
Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier
autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la
Constitución70.
2.2 De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo
puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que
tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto71. Este tipo de control se
realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la
autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre
contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o
reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del
sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de
excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en
forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución […]”72.
119. Al respecto, resulta necesario señalar que la Corte Constitucional 73, declaró
exequible el artículo 20 de la Ley 393 de 1997 y frente a la incompatibilidad como
elemento esencial consideró:
“[…] Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento
esencial para que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, el
funcionario llamado a aplicar la ley no puede argumentar la inconstitucionalidad de
la norma para evadir su cumplimiento.
69
“Por ejemplo Allan R. Brewer - Carias, en el “Sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en
Colombia y Venezuela”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Temas de Derecho Público, No 39,
1995”.
70
“Es decir que combina la idea de Kelsen de control de constitucionalidad concentrado en una instancia
jurídica especializada - Corte Constitucional - y un sistema propio del common law de control difuso en
donde cualquier autoridad judicial puede en un caso concreto dejar de aplicar una norma. Kelsen propuso el
control de constitucionalidad concentrado en su obra ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución?
También se debe tener en cuenta el control de los actos normativos no legales que se establece en cabeza
del Consejo de Estado en Colombia de conformidad con el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, que
establece que corresponde a dicha Corporación conocer de las acciones de inconstitucionalidad de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional,
atribuyendo a esta entidad el control de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional”.
71
“ Desde las sentencias de los años sesenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se empieza a
tener en cuenta esta tesis. Se dice que los funcionarios competentes para aplicar dicha norma son los que
tienen jurisdicción. Al respecto dijo la Sentencia del 2 de marzo de 1961 (M.P. Julio Roncallo Acosta), que, “El
artículo 215 de la Constitución simplemente autoriza oponer, en un caso concreto, la excepción de
inconstitucionalidad. El fallo que decide sobre la acción de inexequibilidad sólo puede ser pronunciado por la
Corte en pleno y tiene efectos erga omnes; en cambio, para decidir sobre la excepción referida es
competente cualquier funcionario con jurisdicción, que deba aplicar la ley, y solo tiene efectos en relación
con el caso concreto en donde el conflicto surge” (Negrillas fuera del texto). También hay que tener en cuenta
los fallos de la Sala de Casación Penal de 14 de marzo de 1961, en donde se convalida por vez primera la
vía de excepción y se declara inaplicable una ley en un caso concreto, y la sentencia del 26 de abril del
mismo año, en donde se definen los alcances generales de la excepción y se establece que cualquier
funcionario con jurisdicción es competente para inaplicar una ley contraria a la Constitución (Sobre el
particular ver el libro de Julio Estrada, Alexei, Op. cit., p. 284)”.
72
Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 1º de marzo de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
73
Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 21 de octubre de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la incompatibilidad en
términos generales como “repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o
de dos o más personas entre sí”.
En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos normas que,
dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo,
razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal
concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior
jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en
forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la
proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete,
haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o
demostrar que existe […]” (Destacado de la Sala).
120. Visto el artículo 338 de la Constitución Política, sobre tributación, prevé que:
i) son los órganos de elección popular los que de manera directa señalan los
sujetos activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de la
obligación tributaria, es decir, los elementos esenciales del tributo y ii) autoriza que
se atribuya la competencia de fijarla a las autoridades administrativas, siempre que
en la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo se fije el sistema y el método para
determinarla.
121. Ahora bien, la Sección Cuarta de esta Corporación74, se ha referido a la
autonomía impositiva de las entidades territoriales en los siguientes términos:
“[…] en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de
los elementos objetos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por
parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el
artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley,
la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales
de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar
“directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores,
las bases gravables y las tarifas de los impuestos[ …]”
[…] creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento
de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del
gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de
identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas
corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular […]”
74
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 15 de octubre
de 1999; C.P. Julio Enrique Correa Restrepo; úmero único de radicación 50422232400094262202[…]”.
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122. De este modo, existe una autonomía limitada para las entidades territoriales
en materia tributaria, en el sentido de que debe existir un tributo creado o cuya
creación sea autorizada por la ley, para que las entidades territoriales lo adopten y
establezcan los elementos que no fueron definidos por la ley habilitante.
123. A partir de las anteriores consideraciones, se tiene que en efecto el artículo
40 de la Ordenanza núm. 42 de 1995, por medio de la cual se expidió el Estatuto
Orgánico del Presupuesto del Departamento, facultó a la Contraloría General de
Antioquia para el cobro de la tarifa de control fiscal del año 1996, sin que contará
con la autorización legal para determinar los elementos del tributo, por cuanto la ley
para el año 1996, como se vio, no había extendido la cuota de control fiscal a los
departamentos, entidades descentralizadas y en general a los sujetos de control
fiscal por parte de las Contralorías Departamentales.
124. La Sala advierte entonces que como el tributo especial fue creado o
autorizada su implantación por el artículo 4 de la Ley 106, donde se ocupó de
definir todos los presupuestos objetivos del gravamen, por ende, la Asamblea
Departamental de Antioquia no podía efectuar previsiones sobre el particular.
125. En ese orden, la Asamblea del Departamento de Antioquia al expedir el
artículo 40 de la Ordenanza núm. 42 de 1995, por medio de la cual se expidió el
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento, facultó a la Contraloría
General de Antioquia para el cobro de la tarifa de control fiscal, sin que existiera
voluntad del legislador para que dicha entidad cobrará el referido tributo especial,
por lo que se advierte incompatibilidad entre la ley y la ordenanza.
126. Para la Sala al evidenciarse la violación de la Constitución y la ley, de
conformidad con lo señalado en el numeral anterior, era procedente hacer uso de
manera oficiosa de la excepción de inconstitucionalidad y, como consecuencia,
inaplicar el artículo 40 del Capítulo III de la Ordenanza núm. 42 de 1995, sobre
nuevo presupuesto de ingresos de la Contraloría General de Antioquia.
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127. Ahora bien, la parte demandada manifestó en el recurso de apelación que
en la sentencia de primera instancia “[…] nada se dijo en la sentencia sobre la
norma sustento para el cobro de la cuota de vigilancia fiscal – Ley 179 de 1994-
[…]”.
128. Al respecto, el artículo 1 de la Ley 179 de 30 de diciembre de 199475, señala
que el presupuesto nacional comprende las Ramas Legislativa y Judicial, el
Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Organización
Electoral, y la Rama Ejecutiva el nivel nacional, con excepción de los
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y
las Sociedades de Economía Mixta.
129. El artículo 347 de la Constitución Política, sobre elementos del proyecto de
apropiaciones y ii) el inciso 2.º del artículo 2476 de la Ley 179, establecen que si los
ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos
proyectados, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un
proyecto de ley propondrá los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la
modificación de las existentes que financien el monto de los gastos contemplados.
En dicho proyecto se harán los ajustes al proyecto de presupuesto de rentas hasta
por el monto de los gastos desfinanciados.
130. Por su parte, los artículos 3077 y 3478 de la Ley 179, establecen que mientras
se mantenga el desequilibrio entre los ingresos y las apropiaciones, el Gobierno
75
“[…] Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto […]”
76
"[…] ARTÍCULO 24. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos
proyectados, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un Proyecto de Ley propondrá los
mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto de
los gastos contemplados.En dicho proyecto se habrán los ajustes al proyecto de presupuesto de rentas hasta
por el monto de los gastos desfinanciados […]”.
77
“[…] ARTÍCULO 30. Si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de ley sobre
los recursos adicionales a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política, el Gobierno suspenderá
mediante decreto, las apropiaciones que no cuenten con financiación, hasta tanto se produzca una decisión
final de Congreso […]".
78
“[…] ARTÍCULO 34. En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de
Ministros, podrá reducir a aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir
uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del
año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a
tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren
insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; o que no se
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Nacional está facultado para suspender mediante decreto las apropiaciones que no
cuenten con financiación; igualmente está facultado para, en cualquier mes del año
fiscal, reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales
cuando estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos
que con ellos han de pagarse, o que no fueren aprobados los nuevos recursos
propuestos, o que los aprobados fueren insuficientes, o que no se perfeccionen los
recursos del crédito autorizados.
131. A su turno, el artículo 51 ibidem, señala que los órganos que son una
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar
y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo
que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política
y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá
delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces y serán
ejercidas teniendo en cuenta las normas del Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública y las disposiciones legales vigentes.
132. Por último, el artículo el artículo 68 ibidem, establece que para garantizar la
independencia que el ejercicio del control fiscal requiere, la Contraloría General de
la República gozará de autonomía presupuestal para administrar sus asuntos
según lo dispuesto por la Constitución y esta Ley.
133. De este modo, la Ley 179 no autoriza el cobro de la cuota de auditaje a la
parte demandada para la vigencia de 1996 y según la norma es claro que la
autonomía presupuestal de la Contraloría General debería cumplirse conforme a la
Constitución y la Ley.
134. Por otra parte, el artículo 479 de la Ley 106, sobre autonomía
presupuestaria, prevé la potestad que se le confiere a la Contraloría General de la
perfeccionen los recursos del crédito autorizados; o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales
casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y
obligaciones […]".
79
“[…] ARTÍCULO 4o. La Contraloría General de la República tendrá autonomía para el manejo,
administración y fijación de su presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de presupuesto.
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República para que implemente respecto de los sujetos de control una tarifa de
control fiscal, cuya finalidad es servir de fuente de financiación, en retribución por
el control fiscal que realiza sin que dicha ley faculte a las Contralorías
Departamentales a implementar dicha tarifa de control para el año 1996.
135. Ahora bien, el artículo 272 de la Constitución Política señala que: i) la
vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde
haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y
selectiva y, ii) los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán,
en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la
República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con
empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.
136. El artículo 268 de la Constitución Política dispone dentro de las atribuciones
del Contralor General de la República las siguientes: “[…] 5. Establecer la
responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva
sobre los alcances deducidos de la misma […]; 8. Promover ante las autoridades
competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o
disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales
del Estado. 9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a
la organización y funcionamiento de la Contraloría General […]; 12. Dictar normas
generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades
públicas del orden nacional y territorial; 13. Las demás que señale la ley”.
137. De este modo, le corresponde a los contralores departamentales, distritales
y municipales la vigilancia de la gestión fiscal y ejercerán, en el ámbito de su
Con el fin de desarrollar el presente artículo la Contraloría General de la República cobrará una tarifa de
control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor,
resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la
sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos
de cada organismo o entidad vigilada.
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad vigilada mediante
resolución del Contralor General de la República.
El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el valor total de los gastos de
funcionamiento de la Contraloría General de la República […]”. (Destacado de la Sala).
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jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el
artículo 268, entre ellas, establecer la responsabilidad en el marco de la
responsabilidad fiscal, presentar proyectos de ley relativos al régimen de control
fiscal de la Contraloría General y dictar normas generales para armonizar los
sistemas de control fiscal de las entidades públicas del orden nacional y territorial,
sin que en dichas disposiciones se faculte a las contralorías departamentales para
cobrar una cuota de auditaje.
138. Por último, la parte demandante señaló que la Ordenanza núm. 27 de 1997
facultó a la parte demandada para cobrar los servicios de fiscalización discutidos
en el presente asunto. Al respecto, la Sala advierte que dicho acto administrativo
no fue allegado al expediente, por lo que no existe prueba de su existencia y de
que haya facultado a la parte demandada a realizar dicho cobro.
139. Por las razones expuestas, la Sala concluye que no existía para el año 1996
norma en la Constitución Política o en la ley, autorización para que las Asambleas
Departamentales pudieran establecer o autorizar a las Contralorías
Departamentales el cobro de cuotas de control fiscal o de auditaje, por cuanto esa
competencia se encontraba en cabeza de la Contraloría General de la República y
la autonomía administrativa de los departamentos se refiere al manejo de los
bienes de su pertenencia.
Del enriquecimiento sin justa causa
140. La parte demandante manifestó en el recurso de apelación que de no ser
posible el cobro de la cuota de control fiscal o de auditaje, se estaría frente a un
enriquecimiento sin causa, por cuanto la parte demandante no cumpliría con una
obligación legal.
141. Adujo que se configuró un enriquecimiento sin justa causa, por cuanto la
parte demandante omitió dar cumplimiento a un deber legal de pagar la cuota de
auditaje, obtuvo el dinero sin motivo alguno y la suma de dinero le pertenece a la
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parte demandada, entidad facultada para realizar el cobro, de modo que aumentó
su patrimonio sin justa causa a expensas de otro.
142. Con el propósito de determinar, en el caso sub examine, si se configura o no
los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, es pertinente analizar si
en realidad se presentan los elementos integrantes de la citada institución, toda
vez que lo manifestado por la parte demandada en el recurso de apelación se
dirige a que existe obligación de la parte demandante del pago de la cuota de
control fiscal, en el entendido que se encontraba debidamente facultada para el
cobro del referido tributo especial.
143. Con el objeto de determinar si los argumentos de la parte demandada en
relación con la existencia de un supuesto enriquecimiento sin causa de la parte
demandante resultan atendibles, la Sala pone de presente los elementos que, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación 80, han de
concurrir forzosamente, para que se pueda aplicar dicha teoría como fuente de las
obligaciones, los cuales son: i) el enriquecimiento de un patrimonio; ii) un
empobrecimiento correlativo de otro patrimonio y, iii) que tal situación de
desequilibrio adolezca de causa jurídica, es decir, que ese enriquecimiento no
tenga justificación de ninguna naturaleza.
144. En el presente asunto, la Sala considera que no se configuró un
enriquecimiento sin justa causa, por cuanto, se reitera, la parte demandada no se
encontraba facultada para cobrar la cuota de auditaje correspondiente al año 1996
a la parte demandante, aspecto analizado en los cargos anteriores, razón por la
cual no puede afirmarse válidamente que la parte demandante omitió el
cumplimiento de un deber legal (pago del impuesto) respecto de la Contraloría
General de Antioquia y que la suma de dinero cancelada le pertenece a dicha
entidad, es decir, el dinero pagado no debió salir de su patrimonio con destino a
esta entidad al no existir fundamento legal para ello.
80
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 22 de julio de
2009; C.P. Enrique Gil Botero; número único de radicación 85001233100020030003501[…]”.
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145. En otras palabras, la Sala advierte que el presunto enriquecimiento sin justa
causa de la parte demandante no adolece de causa jurídica81, es decir, tiene
justificación, por cuanto la Contraloría Departamental de Antioquia no contaba con
atribuciones legales para haber adelantado el cobro de la cuota de auditaje, en
consecuencia, no se evidencia un aumento del patrimonio de la parte demandante
sin justa causa a expensas de otro y se encuentra plenamente justificado que se
restituya el dinero cancelado.
146. Al respecto, la Sala evidencia que la consecuencia de la declaratoria de
nulidad del acto acusado por falta de competencia es el restablecimiento del
derecho que consiste en la devolución de la suma pagada sin justificación legal,
situación que obliga a la administración a devolver los recursos recibidos por una
obligación inexistente, sin causa u origen legal.
147. Como puede observarse, el enriquecimiento sin causa alegado por la parte
demandada resulta improcedente, dado que el cobro realizado no tiene
fundamento legal, de modo que al no existir causa u origen legal, que obligará a la
parte demandante a realizar el pago, la parte demandada tiene el deber de hacer
la respectiva restitución.
148. Así las cosas, el hecho de que se devuelva el dinero pagado por concepto
de cuota de auditaje no constituye, en ningún modo, un enriquecimiento sin justa
causa, por cuanto no es válido afirmar que por el hecho de imponer el pago del
impuesto especial sin justificación legal y que deba devolverse la suma pagada al
contribuyente, la parte demandante esté reportando un provecho injustificado,
ilícito o indebido a expensas del Estado, puesto que dicha autoridad no contaba
con la atribución legal para realizar ese cobro.
149. En suma, la Sala confirmará la sentencia apelada al no haberse desvirtuado
los argumentos que declararon la nulidad del acto acusado, debido a que se
81
Entendiendo por falta de causa la ausencia de una razón jurídica o de un título justificativo de ese
acrecimiento patrimonial.
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estableció que la parte demandada, no estaba facultada para cobrar la tarifa de
control fiscal a Edatel S.A. E.S.P. del año 1996.
Del restablecimiento del derecho
150. La parte demandante solicitó que, a título de restablecimiento del derecho,
se declarara que “[…] se ordene la devolución por parte de la Contraloría General
de Antioquia a EDATEL S.A. E.S.P., de los CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS ($491’203.000), cifra debidamente
actualizada, más los intereses corrientes producidos [...]”.
151. Vistos los artículos 162582, 162683 y 175784 del Código Civil85, sobre el modo
de extinción de las obligaciones, definición de pago y persona con carga de la
prueba, establecen que el documento para probar el pago debe provenir del
deudor, correspondiendo acreditar al acreedor o beneficiario recibió a satisfacción
el monto total de la obligación, para ello, se ha dicho, que es necesario allegar al
proceso un paz y salvo firmado por éste, una carta de satisfacción u otro medio
que permita a la Sala afirmar con plena certeza que la obligación fue efectivamente
recibida por el acreedor.
82
“[…] ARTÍCULO 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen
además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.
5o.) Por la compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción.
De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición resolutoria se ha
tratado en el título De las obligaciones condicionales. […]”
83
“[…] ARTÍCULO 1626. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.[…]”
84
“[…] ARTÍCULO 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta
[…]”
85
Ley 84 de 26 de mayo de 1983
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152. Conforme a lo anterior, advierte la Sala que los documentos aportados por
la parte demandante son suficientes para acreditar el pago de la suma
correspondiente a la tarifa de control fiscal para el año de 1996, debido a que obra
en el expediente el comprobante de egreso núm. 2037 86 expedido por la parte
demandada, donde existe manifestación expresa de que recibió por concepto de
cuota de auditaje la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
DOS CIENTOS TRES MIL PESOS ($491.203.000,00), lo que constituye una
prueba idónea del pago efectivo de la de la suma referida y brinda certeza acerca
de la extinción de la obligación.
153. La Sala precisa que si bien el comprobante de egreso núm. 2037, en el
aparte denominado “CONCEPTO DEL INGRESO” se señaló “[…] CUOTAS DE
AUDITAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 1997 […]”, en realidad corresponde a la
cuota de control fiscal o de auditaje al año 1996, por cuanto la parte demandada al
contestar la demanda dio por cierto el hecho tercero de la misma, para lo cual
señaló:
“[…] 3. Es cierto. Efectivamente se realizó el pago de la suma indicada con el cheque
N° 0265821 del Banco Selfín, con fecha 15-1-97, tal como aparece consignado en el
recibo de caja 2037 de la Contraloría General de Antioquia. Como puede observarse
la fecha del cheque, 15-12-97 es la que lógicamente genera confusión al
momento de expedir el recibo de caja, ya que en esta fecha, diciembre del 97,
se está cancelando la cuota correspondiente al año 96 […]”87 (Destacado de la
Sala).
154. Así las cosas, como la parte demandante cumplió con la carga procesal de
probar los supuestos de hecho referidos al pago, lo procedente es la confirmación
del fallo de primera instancia frente a este aspecto.
155. Comoquiera que las anteriores son las cuestiones centrales del recurso de
apelación, la Sala encuentra que la decisión acusada se ajusta a la normativa
aquí analizada, luego la sentencia apelada será confirmada por las razones
expuestas, como en efecto se dispone en la parte resolutiva de esta providencia.
86
Cfr. Folio 5 del cuaderno principal de primera instancia.
87
Cfr. Folios 59 y 60 del cuaderno principal de primera instancia.
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Conclusión de la Sala
156. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación no están llamados a prosperar, por cuanto
en el caso sub examine se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.
Condena en costas
157. La Sala considera que no hay lugar a condenar en costas en segunda
instancia en razón a que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo
establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el
comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.
158. Bajo ese panorama, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandada no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó
en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, de 28 de octubre de
2009, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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