Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1998-04063-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1998-04063-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-1998-04063-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
18 de mayo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LESIONES A PARTICULAR CON ARMA DE FUEGO DE DOTACIÓN OFICIAL / ENUCLEACIÓN DE OJO POR DISPARO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / FALLA DEL SERVICIO - Configurada / CONCURRENCIA DE CULPAS / REDUCCIÓN DEL QUANTUM INDEMNIZATORIO
El 28 de octubre de 1997, el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona se encontraba ingiriendo licor y departiendo junto con sus padres, en el restaurante Rancho Rico ubicado en el sector de Copacabana, cuando al escuchar a los perros ladrar, procedió a realizar tres disparos al aire (…) Posteriormente, se movilizaba en el vehículo de marca Chevrolet Trooper de placas BWU-643 junto con la señora Hermencia García de López, y luego de dejar a sus padres en su casa de habitación, accionó nuevamente su arma de fuego en dos ocasiones, para ensayar el arma, pero antes de llegar a su destino varios alumnos de la escuela Carlos E. Restrepo de la Policía Nacional dispararon contra el señor Fabián Adolfo Sierra (…) Los disparos recibidos por el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona le causaron “enucleación de ojo derecho, cicatriz en parpado inferior” lo cual corresponde a un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 37.09% -deficiencia 19.99, discapacidad 2.60, minusvalía 14.50- (…) En el sub lite, se encontró demostrado, que el señor Sierra Cardona no detuvo el vehículo ante la solicitud de detención de los alumnos de Policía, y en cambio respondió, emprendiendo la huida disparando contra estos, lo que, conforme a lo ya expuesto, los habilitaba al ataque, además que, acorde al artículo 30 del Código Nacional de policía, el señor Sierra Cardona se constituía en un fugitivo pues usó su arma para proteger la fuga. Pese a lo anterior, no puede pasar por alto la Sala, que el uso de las armas de fuego además de ser excepcional, debe ser proporcional a la agresión recibida y se encuentra que los alumnos de policía, respondieron disparando en 21 oportunidades (…) [L]a Sala tiene por acreditado que en el caso concreto se incurrió en una falla del servicio por exceso de la fuerza pública, como quiera que la actuación desplegada por los alumnos de policía, fue a todas luces desproporcionada e indiscriminada, desatendiendo el deber de salvaguarda de la integridad de las personas. Así las cosas, se declarará la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por las lesiones sufridas por el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona en hechos ocurridos el 27 de octubre de 1997, sin embargo, como se expresó con anterioridad, dado que la víctima participó causalmente en la producción de su daño la condena será reducida en un 50% (…) [L]a condena deberá disminuirse proporcionalmente a la culpa de la víctima quien, como se señaló, participó culposamente en el resultado dañoso (…) Sobre el particular esta Corporación considera, que se puede reducir el quantum indemnizatorio en los eventos en que, pese a no ser única, la víctima participó en la producción del daño que solicita sea reparado. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la reducción del quantum indemnizatorio por participación de la víctima en la producción del daño, cita sentencia de 2 de mayo de 2002. Exp. 13050, M.P. María Elena Giraldo.
DAÑOS CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL - Régimen de responsabilidad aplicable / TITULO DE IMPUTACIÓN DE FALLA DEL SERVICIO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RIESGO EXCEPCIONAL
En primer lugar, es importante precisar que la imputación de los daños derivados del uso de arma de dotación oficial, puede realizarse a través de un régimen subjetivo de falla del servicio o por medio de un régimen objetivo de riesgo excepcional. En efecto, serán imputables los daños a título de falla del servicio, cuando exista responsabilidad subjetiva por parte del Estado en el manejo de las mismas, es decir, que el daño sea producto de un desconocimiento de las normas y procedimientos que regulan el uso de las armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública. Por otro lado, se encuentra el régimen objetivo de riesgo excepcional, el cual se configura cuando, pese al respeto de la normatividad relativa al uso de las armas de fuego por parte de la Fuerza Pública, se concretó el riesgo propio de una actividad peligrosa – uso de armas de fuego- el cual debe ser reparado. Es decir, la obligación de reparar no surge por un reproche de la conducta estatal, sino por la concreción de un riesgo legítimamente creado. Igualmente, debe recordarse que la falla del servicio, es el título de imputación de responsabilidad estatal por excelencia, por lo que el estudio de la responsabilidad estatal debe comenzar por este y en caso de encontrarse configurado así debe declararse, circunstancia que contribuye al correcto funcionamiento del Estado, además sirve para el efectivo ejercicio de la acción de repetición.
USO DE ARMA DE FUEGO DE DOTACIÓN OFICIAL - Excepcionalidad / PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EMPLEO DE LA FUERZA PÚBLICA - Proporcionalidad y moderación / USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL PARA LEGÍTIMA DEFENSA
El principio básico que rige el empleo de las armas de fuego, por parte de los miembros de la policía Nacional es el que señala que su uso será de forma extraordinaria y como medida coercitiva de última instancia, para asegurar el cumplimiento de sus funciones. Las Naciones Unidas adoptaron en el octavo congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado entre agosto y septiembre de 1990, en la Habana, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (…) [E]l empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública es una medida extrema y de última instancia, además su uso deberá hacerse de manera moderada y proporcional a la gravedad de la amenaza, siempre velando por proteger la vida humana y buscando causar los mínimos daños posibles (…) [L]a fuerza y las armas de fuego pueden usarse por parte de miembros de la Policía Nacional, de forma excepcional, cuando se presente una legítima defensa o contra fugitivos, siempre y cuando se emplee arma de fuego para facilitar su fuga. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el principio de proporcional en el uso de las armas de fuego por la fuerza pública cita sentencia de julio 14 de 2004, exp. 14902.
PERJUICIOS MORALES POR LESIONES PERSONALES - Tasación / DAÑO A LA SALUD - Tasación / PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / REDUCCIÓN DEL QUANTUM INDEMNIZATORIO POR CONCURRENCIA DE CULPAS
En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de lesiones es determinable en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el porcentaje de gravedad de la lesión (…) el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona presenta un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 37.09%, además que quienes demandan probaron la calidad de víctima directa, cónyuge, hijos, padres y hermanos de la primera, conforme a lo arriba expuesto, por lo que la indemnización por perjuicios morales será de la siguiente manera, teniendo en cuenta la disminución del 50% de la condena por concurrencia de culpas (…) Junto con el daño moral, los perjuicios inmateriales indemnizables en esta Jurisdicción serían el daño a la salud y la afectación grave a bienes constitucional y convencionalmente protegidos (…) En relación con el daño a la salud, se reiteraron los criterios contenidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, en la cual se desecharon las categorías de perjuicios inmateriales conocidas como daño a la vida de relación y/o alteraciones a las condiciones de existencia, y además se definió el daño a la salud como la alteración a la integridad psicofísica de la persona (daño corporal, daño sexual, daño psicológico, alteración o pérdidas anatómicas o funcionales) (…) La Sección señaló que la indemnización por daño a la salud es únicamente a favor de la víctima directa, en cuantía que no podría exceder de los 100 salarios mínimos de acuerdo con la gravedad de la lesión (…) En el caso concreto se tiene que las secuelas que presenta el señor Sierra Cardona por el ataque, consisten en la “enucleación de ojo derecho, cicatriz en parpado inferior” lo cual constituye un 37.09% de merma de capacidad laboral, por lo que se reconocerá la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud, en atención a la concurrencia de culpas (…) [S]e concederá el lucro cesante desde la fecha del accidente hasta que cumpla la vida probable (…) Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor (…), suma que será reducida en un 50% debido a la participación culposa de la víctima en el daño causado. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el reconocimiento de daño a la salud, cita Sentencia de unificación de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 05001-23-31-000-1998-04063-01 (38021)
Actor: FABIÁN ADOLFO SIERRA CARDONA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: Falla del servicio
Subtema 1. Uso excesivo armas de fuego
Subtema 2. Concurrencia de culpas
Sentencia. Revoca
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia el 2 de junio de 2009, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Fabián Adolfo Sierra Cardona resultó herido por impacto de arma de fuego el 28 de octubre de 1997 por parte de alumnos de la Policía Nacional. Se discute la responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por el supuesto exceso en el uso de la fuerza pública o si por el contrario el ataque fue justificado en razón al ataque de quien fuese lesionado.
ANTECEDENTES
La demanda
En escrito presentado el 15 de diciembre de 1998 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, los señores Fabián Adolfo Sierra Cardona y Sandra Yasmith Lopera García, actuando en nombre propio y representación de Michel Adolfo y Jhonatan Steeven Sierra Lopera, y el primero igualmente actuando en representación de Adolfo Rodrigo Sierra Hernández; Carmen Emilia Cardona Castro, Pedro Nel Sierra Ortiz, Maria Nancy, Dori Luz, Yamille Eugenia, Olga Elena y Adriana Patricia Sierra Cardona, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“1. LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL- es responsable de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes con la fractura del maxilar izquierdo y pérdida del ojo derecho del doctor FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA, ocurrida el 28 de Octubre de 1997, a manos de varios uniformados de la Policía Nacional, que de manera innecesaria, arbitraria y en exceso usaron sus armas de dotación en contra del galeno que en compañía de su suegra transitaba por el Barrio La América de la ciudad de Medellín. Los demandantes reclaman en calidad de esposa, hijos, padres y hermanos del doctor FABIAN ADOLFO, quien reclama en calidad de víctima.
Condénase a LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL-, a pagar a cada uno de los demandantes:
Daños morales subjetivos
Con el equivalente en pesos a la fecha de ejecutoria de la sentencia de 1.000 gramos de oro puso, para cada uno de los demandantes, máximo valor permitido por el artículo 106 del C.Penal.
Daños morales fisiológicos y/o estéticos.
A; FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA, debido al atentado contra su integridad física y psíquica, los ha sufrido y los soportará por el resto de sus días por su condición de limitado, se disminuye su capacidad de goce y disfrute de la vida, genera sentimientos de inferioridad ante los demás y dificulta el ejercicio de la vida social y profesional.
(…)
Por la gravedad de las secuelas físicas y psíquicas que padece y padecerá el doctor FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA, que trastornaran su evolución normal en esta vida que de por si es difícil y mayor cuando se tienen estigmas. Por la gravedad de los perjuicios fisiológicos y estéticos causados al doctor FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA se estiman en 5.000 gramos de oro-fino al precio que tenga este metal a la fecha de ejecutoria de la sentencia, su equivalente en pesos; con lo que se pretende se compense un poco el traumatismo en su vida presente y futura
Daño materiales
Lucro cesante
A; FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA, por el valor del capital representativo del dinero dejado de percibir a raíz de su lesionamiento, su incapacidad y la merma de su capacidad laboral, según el artículo 1615 del C. Civil, desde la fecha de su exigibilidad sustancial, fecha del infortunio, por el monto que resulte de las bases probadas en el curso del proceso y en pesos de valor constante del 28 de octubre de 1.997.
Daño emergente
No se reclaman perjuicios por este concepto con la presente demanda.
LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL-, dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177, 178 del C.C. Administrativo.
Costas y agencias en derecho
Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, teniendo en cuenta la tarifa que se establece por los diferentes colegios de abogados para este tipo de procesos a cuota Litis.
Todo pago, así lo ordenará expresamente el fallo, se imputará primero a intereses. Las cifras que se reconozcan deberán ser actualizadas al momento del fallo. (…)”
La parte demandante sostuvo como fundamentos de hecho de sus pretensiones, en síntesis, lo siguiente:
El 28 de octubre de 1997, el médico cirujano Fabián Adolfo Sierra Cardona en el restaurante “Rancho Rico” de su propiedad y ubicado en zona rural del Municipio de Copacabana, accionó hacia el aire en “tres o cuatro oportunidades” el revolver que portaba, ante el continúo ladrar de los perros, por si se trataba de delincuentes que estuvieran merodeando.
Luego de dejar a sus padres en su casa de habitación, accionó nuevamente el arma de fuego en dos oportunidades, pero cuando se trasladaba hacia su domicilio fue arremetido a tiros el vehículo en el que se movilizaba por parte de miembros de la Policía Nacional, quienes alegaron actuar en legítima defensa.
Como resultado del ataque el señor Sierra Cardona fue trasladado a la Clínica León XIII donde se confirmó la pérdida del ojo derecho y la fractura del maxilar superior izquierdo.
A juicio de los demandantes, la actuación de los agentes de la Policía Nacional constituye una falla del servicio, pues usaron sus armas de dotación de forma innecesaria y en exceso.
Trámite procesal relevante
Luego de inadmitida y subsanada la demanda, a través de providencia del 29 de septiembre de 1999, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación al representante legal de la entidad demandada y al agente del Ministerio Público.
La Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó escrito de contestación, en el cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima pues, a su juicio, fue el actuar del demandante el que produjo el resultado dañoso.
Luego, en auto del 15 de septiembre del 2000, se abrió a pruebas el proceso, y una vez fenecida dicha etapa, en decisión del 22 de mayo de 2007, se corrió traslado para alegar de conclusión.
Dentro del término para alegar de conclusión en primera instancia, intervino la parte demandada quien arguyó que el accionar de los agentes de Policía “fue en legítima defensa ante una agresión actual, injusta e inminente, frente al actuar al margen de la ley del señor FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA, lo que obligo (sic) a los agentes de policía a esgrimir sus armas, ante el inminente peligro que corrían sus vidas (…)”
Igualmente, la parte demandante alegó de conclusión, en su escrito solicitó el despacho favorable de las suplicas de la demanda, pues en ningún momento el señor Sierra Cardona atacó a los Policías; además que los agentes nunca hicieron señal de “pare” y que el ataque fue injusto y desproporcionado.
La sentencia apelada
La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia el 2 de junio de 2009, mediante la cual resolvió:
“NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA”.
Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal razonó así:
“Para la Sala las pruebas recogidas, son insuficientes para demostrar la responsabilidad alegada. Los testimonios transcritos, rendidos por quienes presenciaron los hechos (no son de oídas) demuestran que el Sr. SIERRA CARDONA usó su arma en forma negligente, pues no es aceptable que por escuchar los perros ladrar cuando estaba saliendo del restaurante de su propiedad, proceda a disparar su revolver en varias oportunidades; menos plausible es desplegar la misma acción al interior de un barrio (La América del Municipio de Medellín), simplemente porque “.. venia inconforme con lo que me había sucedido en el restaurante…”, sin dejar pasar por alto que el Laboratorio Regional de Criminisalistica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, dictaminó que el arma en estaba en perfecto estado, así como el hecho de no detener el vehículo hasta encontrarse frente a la casa de sus padres y aceptar haber ingerido licor. Así las declaraciones del Sr. SIERRA CARDONA y de la Sra. GARCIA DE LOPERA, merecen serios reparos, como se observa en los apartes transcritos, llevando a la conclusión de que el Sr. SIERRA CARDONA hacía uso de su arma de fuego sin el suficiente cuidado y responsabilidad que tal actividad amerita
En cuanto a la versión suministrada por los uniformados involucrados en los hechos, estos son coherentes respecto a la reacción que tuvieron y el motivo de proceder a disparar sus armas de dotación.
Para el Tribunal no existe prueba que haga pensar, tal como se afirma en el libelo de la demanda, que miembros de la Policía Nacional, alumnos de la Escuela Nacional de Policía “General Santander” – Escuela “Carlos E. Restrepo”, actuaron en forma irresponsable, sin el cuidado y la diligencia necesarios al disparar sus armas de dotación oficial contra el vehículo conducido por FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA. (…)”
La sentencia fue notificada mediante edicto fijado en lugar público de la secretaría el 19 de junio de 2009, y desfijado el 24 de dicho mes y año.
El recurso de apelación
El 3 de julio de 2009 la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación contra la anterior decisión, con el propósito de que se revoque y en su lugar se accedan a las pretensiones de la demanda
El recurrente realizó un estudio del régimen de responsabilidad por el uso de armas de fuego por la fuerza pública. Al respecto indicó que el uso de armas de fuego debe ser el último medio defensivo; además que la fuerza pública únicamente está autorizada para su uso, cuando otros medios resulten ineficaces y su uso debe ser proporcionado a la gravedad del delito.
Con posterioridad señaló que “obra dentro del expediente abundante material probatorio, que da cuenta de la agresión injustificada que sufrió el ciudadano Fabián Adolfo Sierra Cardona, por lo que se echa de menos una valoración juiciosa del material probatorio en conjunto, lo que sin lugar a dudas hubiera dado un resultado distinto, es decir, una condena a la Policía Nacional de (sic) por los hechos desproporcionados que lesionaron la integralidad física del señor Fabián”.
Trámite en segunda instancia.
Mediante auto del 15 de febrero de 2010 esta Corporación admitió el recurso interpuesto, y con posterioridad mediante proveído del 8 de abril de 2010 se corrió traslado para alegar de conclusión.
Dentro del término para alegar de conclusión en segunda instancia intervino únicamente el Ministerio Público a través del concepto 10-110, en el cual solicitó la revocatoria de la sentencia apelada, para que en su lugar se declare la responsabilidad administrativa de la parte demandada, toda vez que “la valoración conjunta de la prueba existente en el plenario conduce a concluir que, (…) los uniformados que integraban la patrulla que dispararon en contra del vehículo ocupado por el señor Fabián Alonso Sierra Castaño (sic) actuaron con exceso en el uso de sus armas de dotación oficial”.
CONSIDERACIONES
Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para el efecto.
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”
En este asunto el término de dos años, empezó a contarse a partir del día siguiente de que el señor Sierra Cardona fuese lesionado, es decir desde el 29 de octubre de 1999 y dado que la demanda se interpuso el 15 de diciembre de 1998, se tiene que la acción de reparación directa estaba vigente
En cuanto a la legitimación en la causa, encuentra la Sala que el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona esta legitimado en la causa por activa para reclamar los perjuicios derivados de las lesiones sufridas por ser la víctima directa de las mismas.
Adicionalmente, se encuentran legitimados para realizar tales reclamaciones en calidad de víctimas indirectas: Sandra Yasmith Lopera García; Michel Adolfo Sierra Lopera, Jhonatan Steeven Sierra Lopera, Adolfo Rodrigo Sierra Hernández; Carmen Emilia Cardona Castro, Pedro Nel Sierra Ortiz; y Maria Nancy, Dori Luz, Yamille Eugenia, Olga Elena y Adriana Patricia Sierra Cardona, pues conforme a los registros civiles aportados con la demanda, se encuentra demostrado que son la cónyuge, hijos, padres y hermanos de la víctima directa respectivamente
Igualmente, existe legitimación en la causa por pasiva a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pues es contra esta entidad, que se formulan las pretensiones indemnizatorias en este asunto, aunado a que se encuentra demostrado, que fueron alumnos de la escuela Carlos E. Restrepo de la Policía Nacional quienes dispararon contra el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona.
Sobre la prueba de los hechos
A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.
La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.
3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño
El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la afrenta que padeció Fabián Adolfo Sierra Cardona en su salud, en la afectación y congoja, y patrimonial a consecuencia de la lesión sufrida; y en el agravio soportado por su esposa, hijos, padres y hermanos tanto en la afectación y congoja.
Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:
3.2.1.1. La afrenta a la salud de Fabián Adolfo Sierra Cardona, con los siguientes documentos:
Según dictamen de junta regional de calificación de Invalidez de Antioquia del 3 de junio de 2003, debido al disparo recibido, el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona presenta “enucleación de ojo derecho, cicatriz en parpado inferior” lo cual corresponde a un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 37.09% -deficiencia 19.99, discapacidad 2.60, minusvalía 14.50.
3.2.1.2. Sobre el daño moral
Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual, plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce como daño moral.
Este daño, como colofón de una elemental regla de experiencia, se presume en la víctima directa de la lesión en un derecho inherente a su condición humana en eventos de muerte, lesión y privación de la libertad. Con apelación a la misma regla, se presume respecto de cónyuges, compañeros permanentes, padres, hijos, y hermanos en atención a los vínculos naturales de afecto y solidaridad que se crean entre estos. Así lo ha entendido en forma reiterada la jurisprudencia de la Sección Tercera desde el año 1992.
La Sala encuentra probado este daño a partir de las pruebas de parentesco que obran en el expediente y que fueron referidas con ocasión del análisis de la legitimación por activa.
3.2.1.3. Sobre el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante
Como prueba de este perjuicio, dentro del trámite de la primera instancia, fue practicado un dictamen pericial, en el cual se determinaron los perjuicios económicos sufridos por el señor Sierra Cardona con ocasión de la lesión sufrida. La Sala tendrá por acreditado este daño, sin embargo al momento de liquidar los perjuicios, en caso de acceder a las pretensiones de la demanda, estudiará el valor probatorio de este dictamen.
3.2.2. Sobre la imputación.
Al plenario fueron allegadas, mediante oficio 0041 CODIS-SERES del 18 de marzo de 2004, varias piezas procesales que integran el expediente disciplinario 022/98 seguido contra Edwin Suarez Calle, Jorge Saldarriaga Carmona, Cesar León Velásquez Duque y Edison Uribe Castaño, además en respuesta al exhorto 272, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín allegó copias de los procesos penales Nros. 158.704 y 1999-0076, seguidos contra los señores Fabián Adolfo Sierra Cardona y Pedro Nel Sierra Ortiz.
Para la valoración de las pruebas trasladadas, por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, es necesario, en principio, el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 185 del C.P.C., el cual exige que las pruebas trasladadas, se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella, y en lo que se relaciona con la prueba testimonial, que el mismo sea ratificado según lo dispone el artículo 229 Ibídem.
Sin embargo, esta Corporación ha sido más laxa en la aplicación de los requisitos para la valoración de la prueba trasladada, por lo que mediante sentencia del 11 de septiembre de 2013, la Sección Tercera de esta Corporación unificó los fundamentos para la valoración.
Conforme al criterio adoptado en la anterior sentencia, la prueba documental puede valorarse siempre y cuando los intervinientes del proceso hayan conocido los mismos pues “resultaría contrario a la lealtad procesal que las partes utilizaran unas pruebas como fundamento de sus alegaciones y que luego, al ver que su contenido puede resultar desfavorable a sus intereses, predicaran su ilegalidad, pretextando que en el traslado de los documentos no se cumplió con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil”, mientras que en relación con la prueba testimonial, indicó la Sala que es “viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes –avalado por el juez- se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil –verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación-, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso”.
Basándose en los criterios antes expuestos, la Sala valorará las pruebas trasladadas arrimadas a este proceso, toda vez que las piezas han obrado a lo largo del plenario, permitiéndose su contradicción; además en relación con las pruebas testimoniales no es necesario su ratificación toda vez que la parte demandante en el libelo introductorio y en la corrección del mismo, solicitó el traslado de las piezas procesales arriba referenciadas, solicitud que fue adherida por la parte demandada en la contestación de la demanda, por lo que se prescindió de la ratificación.
Sin embargo, no podrán valorarse las indagatorias rendidas en dichos procesos, debido a que se trata de versiones que se obtuvieron sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúnen las características necesarias para que pueda considerárselas como testimonios, además de los testimonios de quienes ahora fungen como demandantes en este proceso.
De acuerdo a lo anterior, se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental allegada al expediente, algunas en copias simples, que:
El 28 de octubre de 1997, el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona se encontraba ingiriendo licor y departiendo junto con sus padres, en el restaurante Rancho Rico ubicado en el sector de Copacabana, cuando al escuchar a los perros ladrar, procedió a realizar tres disparos al aire.
Posteriormente, se movilizaba en el vehículo de marca Chevrolet Trooper de placas BWU-643 junto con la señora Hermencia García de López, y luego de dejar a sus padres en su casa de habitación, accionó nuevamente su arma de fuego en dos ocasiones, para ensayar el arma, pero antes de llegar a su destino varios alumnos de la escuela Carlos E. Restrepo de la Policía Nacional dispararon contra el señor Fabián Adolfo Sierra (Hechos: 5 y 5.1 de la demanda); Testimonio de Antonio José Caro Ortiz f. 4-5 c.2; testimonio de Samuel Alberto Echeverri Vélez f. 114-116 c.1; Testimonio de Jhon Jairo Zapata Sepúlveda f. 121 -124 c.1; Testimonio de la señora Hermencia García de Lopera –f. 118 c. 1 y f. 352-355 c.2.–).
En el sitio de los hechos, la policía incautó dos armas de fuego; un revolver Llama Escorpio 38 largo, Nro. externo IM5325R, Nro. interno 7783 con capacidad para 6 cartuchos y un revolver Smith & Wesson calibre 38 largo, Nro. externo C20313 y Nro. interno 17294 con capacidad para 6 cartuchos portados por Fabián Adolfo Sierra Cardona y Pedro Nel Sierra Ortiz respectivamente; 12 cartuchos, 6 vainillas, y un vehículo Marca Chevrolet Trooper de placa BWU 684. (Informe de Policía del Distrito de Policía Nro. 2 de Zona Occidental - Estación de Policía de Laureles – del 29 de octubre de 1997, dirigido a las Unidades investigativas Sijin Meval – Guarnición- f. 241-242 C.2.)
Los disparos recibidos por el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona le causaron “enucleación de ojo derecho, cicatriz en parpado inferior” lo cual corresponde a un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 37.09% -deficiencia 19.99, discapacidad 2.60, minusvalía 14.50- (Dictamen de junta regional de calificación de Invalidez de Antioquia del 3 de junio de 2003 –f. 183, 184 y 193 y 194 c.1.)
Por los hechos ocurridos el 28 de octubre de 1997, se inició investigación disciplinaria en contra de Edwin Suarez Calle, Jorge Saldarriaga Carmona, Cesar León Velásquez Duque y Edison Uribe Castaño la cual culminó mediante decisión del 9 de julio de 1999, en la cual se declaró extinguida por muerte la acción disciplinaria en contra del primero y se absolvió de responsabilidad disciplinaria a los demás. (Providencia del 9 de julio de 1999 expedida por el Director Seccional de la Policía Nacional – Escuela Carlos E. Restrepo –f. 325-331 c.3.)
En contra del señor Fabián Adolfo Sierra Cardona se inició proceso penal Nro. 158.704, por el delito de Violencia contra empleado oficial, el cual culminó a través de resolución del 14 de abril de 1999, en la que se plecluyó la investigación a su favor (Resolución expedida por el Fiscal Cuarto de la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín f. 179 -194 c.3.).
Problema jurídico
Corresponde a la Sala dilucidar como problema jurídico, si existe responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones ocasionadas en la humanidad de Fabián Adolfo Sierra Cardona o si por el contrario dicho daño es imputable a éste al configurarse la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad.
Análisis de la Sala sobre la responsabilidad
En primer lugar, es importante precisar que la imputación de los daños derivados del uso de arma de dotación oficial, puede realizarse a través de un régimen subjetivo de falla del servicio o por medio de un régimen objetivo de riesgo excepcional.
En efecto, serán imputables los daños a título de falla del servicio, cuando exista responsabilidad subjetiva por parte del Estado en el manejo de las mismas, es decir, que el daño sea producto de un desconocimiento de las normas y procedimientos que regulan el uso de las armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública.
Por otro lado, se encuentra el régimen objetivo de riesgo excepcional, el cual se configura cuando, pese al respeto de la normatividad relativa al uso de las armas de fuego por parte de la Fuerza Pública, se concretó el riesgo propio de una actividad peligrosa – uso de armas de fuego- el cual debe ser reparado. Es decir, la obligación de reparar no surge por un reproche de la conducta estatal, sino por la concreción de un riesgo legítimamente creado.
Igualmente, debe recordarse que la falla del servicio, es el título de imputación de responsabilidad estatal por excelencia, por lo que el estudio de la responsabilidad estatal debe comenzar por este y en caso de encontrarse configurado así debe declararse, circunstancia que contribuye al correcto funcionamiento del Estado, además sirve para el efectivo ejercicio de la acción de repetición.
En el sub lite se tiene por acreditado, que la lesión del señor Fabián Adolfo Sierra Cardona fue causada por quienes, en la época, eran alumnos de la escuela Carlos E. Restrepo de la Policía Nacional, en actos propios del servicio y durante un operativo.
Sin embargo, por un lado, la parte actora sostiene la tesis, de que la lesión se produjo por una agresión desmedida por parte de los alumnos de policía, quienes confundieron el vehículo en el que se transportaba con otro que fue reportado como robado; mientras que la entidad demandada plantea la tesis, de que la agresión fue resultado de una legítima defensa de los alumnos, ante el ataque efectuado por el señor Sierra Cardona, luego de omitir las señales de detención que le hicieron.
Dado que existen dos versiones de los hechos contrarias entre sí, y soportadas con distintos medios de prueba, procederá la Sala a esclarecer las circunstancias en las que se produjo la lesión del señor Sierra Cardona valorando las pruebas conforme a las reglas de la sana critica definidas como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”
En el plenario obra la declaración de la señora Hermencia García De Lopera, acompañante del señor Sierra Cardona el día de los hechos, quien manifiesta que el ataque fue indiscriminado por parte de los alumnos de la Policía nacional, sin que mediara agresión de quien resultó lesionado, además que nunca realizaron señales de “pare” al vehículo.
Por otro lado, soportan la tesis de la entidad demandada las declaraciones de los alumnos Edwin Alberto Suarez Calle, Jorge Augusto Saldarriaga Carmona, Edisson Alonso Uribe Castaño, Cesar León Velásquez Duque, rendidas dentro del proceso disciplinario y penal trasladados a este proceso.
La anterior contradicción será resuelta por la Sala a favor de la última de las tesis, es decir, se le otorga credibilidad a lo expresado por la entidad demandada, cuando señala que el señor Sierra Cardona hizo caso omiso a los llamados de detención de los alumnos de policía, y además que disparó contra ellos, por las siguientes razones:
El comportamiento desplegado por el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona fue imprudente el día de los hechos. En efecto, en los hechos de la demanda se acepta, que accionó su arma de fuego de forma negligente en dos oportunidades, la primera en el restaurante Rancho Rico debido a que los “perros ladraban” y la segunda luego de dejar a sus padres en su casa para ensayar su arma, pues presentaba fallas, sumado a que el mismo, se encontraba en estado de alicoramiento de acuerdo al dicho de la señora García De Lopera.
Según el oficio 2130 BALISTICA-LAREG-C/772 del 20 de noviembre de 1997, el revolver Marca Llama, Calibre 38, Modelo Scorpio Nro. 5325R – 7783 que portaba el señor Sierra Cardona y que fue incautada el día de los hechos se encontraba “APTO para producir disparos”.
Además, en el informe de balística oficio 2130 BALISTICA-LAREG-C/772 del 20 de noviembre de 1997 se analizaron 6 vainillas incautadas el día de los hechos, concluyéndose que:
“B. COTEJO DE VAINILLAS
En el microscopio de comparación para balística el cual permite la observación simultanea de dos vainillas a través de dos lentes unidos en un solo ocular, se cotejaron las vainillas incriminadas recibidas para estudio con tres vainillas de prueba obtenidas del revolver recibido para estudio e identificado con el número externo IM 5325R, marca LLAMA SCORPIO, se comprobó (sic) la presencia de características identificativas y continuidad en su microrayado comunes en el fondo de percusión y culote de las vainillas, lo que nos permite establecer que las vainillas objeto de análisis y las obtenidas como patrón fueron percutidas por el revolver LLAMA SCORPIO, CALIBRE 38, largo, Nº externo IM 5325R, se envía la correspondiente fotografía del cotejo realizado”.
Según lo anterior, las 6 vainillas incautadas el día de los hechos, fueron disparadas por el arma del señor Sierra Cardona.
La parte demandante indicó, que la agresión se originó debido a que los agentes de policía habían confundido el carro en el que se movilizaba el señor Sierra Cardona con otro que había sido reportado como robado.
Al respecto, se encuentra la declaración de Yamid Eliecer Castañeda Castrillón rendida dentro de este proceso (f. 132 c.1) y ante la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración y Delitos Financieros – de la Fiscalía General de la Nación el 24 de noviembre de 1998 (f. 129-131 c.2.), según la cual compartió habitación de hospital con el señor Sierra Cardona y uno de los policía “le pidió excusas que porque lo habían confundido”.
Sin embargo, su dicho se contradice con el de los alumnos de policía, quienes expresan, que en ningún momento la noche del 28 de octubre de 1997, fue reportado como hurtado un vehículo rojo. Además no se demostró, con la hoja de minuta de guardia que el día de los hechos se hubiese reportado el hurto de algún vehículo, con lo cual cobraría convicción la supuesta confusión de vehículos.
Finalmente, la sala otorga mayor credibilidad a las declaraciones de los alumnos de policía y no al dicho de la señora Hermencia García de Lopera, dado que entre sus declaraciones existen contradicciones.
En efecto, el 8 de enero de 1998, ante la Unidad de Delitos contra la Administración y Delitos Financieros de la Fiscalía General de la Nación se le preguntó: “Al ustedes voltiar (sic) sobre la 84, en algún momento vieron antes de los disparos a los policiales?”, ante lo cual absolvió “yo no los vi, tampoco escuche que me dijeran nada, nosotros ya íbamos para la casa que queda en la calle 48c No. 76ª-44 por el Estadio”.
Sin embargo, en declaración rendida el 22 de mayo de 2001, dentro de este proceso, contrario a lo anteriormente expresado manifestó “yo alcance a ver como dos [Policías] en toda la esquina y ya cuando estábamos de regreso que Adolfo pidió ayuda habían bastantes, no sé cuantos (…)”.
Se observa entonces la contradicción, pues en la declaración inicial manifestó no haber visto a ningún agente, mientras que posteriormente indicó que si observó a dos policías.
Igualmente en la declaración del 8 de enero de 1998, se le preguntó: “Tiene usted conocimiento si alguno de los policías fue a la clínica al otro día donde Adolfo Leon (sic) a conversar con él, en caso cierto que le dijeron”, ante lo cual su respuesta fue “No se”.
Sin embargo, nuevamente su dicho cambió, en la declaración rendida el 22 de mayo de 2001 pues en esta ocasión expresó “(…) después cuando fui a visitarlo uno de los policías le dijo a él que lo habían confundido porque en ese momento habían robado un carro rojo, casualmente el de él era rojo, entonces por eso le dispararon (…)”.
Por lo anterior, la Sala le otorga credibilidad a lo manifestado por la entidad demandada, en relación a que el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona no detuvo su vehículo ante las señales de los alumnos de policía, además que disparó contra estos.
Lo anterior, esto es, que el señor Sierra Cardona disparó contra los alumnos de Policía, se comprueba con las declaraciones de los patrulleros Edinson Ávila y Orlando Amado Silva quienes se encontraban presentes al momento en que el señor Sierra Cardona descendió de su vehículo frente a la casa de sus padres al solicitar ayuda, coincidiendo que este portaba un revolver en la mano.
Por ende, en caso de declararse la responsabilidad a cargo de la entidad pública demandada, la condena deberá disminuirse proporcionalmente a la culpa de la víctima quien, como se señaló, participó culposamente en el resultado dañoso.
Ahora bien, en cuanto a la reacción de los alumnos de policía, quienes ante la arremetida del señor Sierra Cardona reaccionaron disparando contra el vehículo, dando como resultado que uno de los proyectiles impactara al demandante, es necesario precisar la normatividad vigente, en la época respecto del uso de armas por la Policía Nacional.
El principio básico que rige el empleo de las armas de fuego, por parte de los miembros de la policía Nacional es el que señala que su uso será de forma extraordinaria y como medida coercitiva de última instancia, para asegurar el cumplimiento de sus funciones.
Las Naciones Unidas adoptaron en el octavo congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado entre agosto y septiembre de 1990, en la Habana, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dentro de los cuales se señala:
“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.
Igualmente en dicho decálogo de principios, se establecen varios parámetros para el uso de las armas de fuego, en caso de que eso sea necesario, a saber:
“9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Así las cosas, el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública es una medida extrema y de última instancia, además su uso deberá hacerse de manera moderada y proporcional a la gravedad de la amenaza, siempre velando por proteger la vida humana y buscando causar los mínimos daños posibles.
En cuanto al uso de la fuerza y las armas de fuego el Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970) establece:
“ARTICULO 29. - Solo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo.
Así, podrán los funcionarios de policía utilizar la fuerza:
a) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades;
b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía;
c) Para asegurar la captura de la que deber ser conducido ante la autoridad;
d) Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente;
e) Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública;
f) Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y sus bienes;
g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves.
ARTICULO 30. - HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6944" \l "109" Modificado por el art. 109, Decreto Nacional 522 de 1971- Para preservar el orden público la policía empleará sólo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.
Salvo lo dispuesto en la ley sobre el régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use para facilitar o proteger la fuga”. (Negrita fuera de texto)
De lo anterior se deduce, que la fuerza y las armas de fuego pueden usarse por parte de miembros de la Policía Nacional, de forma excepcional, cuando se presente una legítima defensa o contra fugitivos, siempre y cuando se emplee arma de fuego para facilitar su fuga.
Conforme a lo expuesto, para determinar si en el presente caso existió un excesivo uso de lar armas de dotación por parte de los alumnos de policía, “resulta imperativo precisar que ese uso debe someterse a un juicio de razonabilidad, de necesidad y de proporcionalidad, para determinar si se ajustó o no a los parámetros legales y constitucionales, a fin de establecer si la reacción de los miembros de la fuerza fue adecuada respecto de la situación o la posible agresión”.
En el sub lite, se encontró demostrado, que el señor Sierra Cardona no detuvo el vehículo ante la solicitud de detención de los alumnos de Policía, y en cambio respondió, emprendiendo la huida disparando contra estos, lo que, conforme a lo ya expuesto, los habilitaba al ataque, además que, acorde al artículo 30 del Código Nacional de policía, el señor Sierra Cardona se constituía en un fugitivo pues usó su arma para proteger la fuga.
Pese a lo anterior, no puede pasar por alto la Sala, que el uso de las armas de fuego además de ser excepcional, debe ser proporcional a la agresión recibida y se encuentra que los alumnos de policía, respondieron disparando en 21 oportunidades, acorde a los testimonios de estos y al oficio # 01877 del 26 de diciembre de 1997 suscrito por el director de la Escuela E. Restrepo, quien certificó que los alumnos Edwin Suarez Calle, Jorge Saldarriaga Carmona, Edison Uribe Castaño y Cesar León Velásquez Duque usaron un total de 21 municiones de sus armas de dotación (los tres primeros vaciaron sus armas mientras que el ultimo solo gastó 3 municiones).
En contraste con esta reacción, y pese a que no se demostró con exactitud cuántas veces percutió su arma el señor Sierra Cardona, lo cierto es, que no pudo ser más de 6 disparos, en razón a que era la capacidad máxima del revolver que portaba.
En relación con la proporcionalidad en el uso de las armas de fuego por la fuerza pública esta Jurisprudencia ha señalado:
“La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración; sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha prestado especial atención a los casos en que la ley permite el uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones. El examen de la proporcionalidad que debe existir entre, la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en éste tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no exista otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada, y que exista coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la fuerza pública.
De acuerdo a lo expuesto, la Sala tiene por acreditado que en el caso concreto se incurrió en una falla del servicio por exceso de la fuerza pública, como quiera que la actuación desplegada por los alumnos de policía, fue a todas luces desproporcionada e indiscriminada, desatendiendo el deber de salvaguarda de la integridad de las personas.
Así las cosas, se declarará la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones sufridas por el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona en hechos ocurridos el 27 de octubre de 1997, sin embargo, como se expresó con anterioridad, dado que la víctima participó causalmente en la producción de su daño la condena será reducida en un 50%.
Sobre el particular esta Corporación considera, que se puede reducir el quantum indemnizatorio en los eventos en que, pese a no ser única, la víctima participó en la producción del daño que solicita sea reparado. Al respecto se indicó:
(…)Como para el Tribunal la conducta de la víctima tuvo participación eficiente, más no única, en la producción y para los demandantes ello no es así jurídicamente, se estudiará con mayor precisión ese punto, porque de ser así como lo concluyó el a quo habría lugar a que en la apreciación del daño éste estuviera sujeto a reducción. Al respecto el Código Civil enseña: “Artículo 2.357. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.
Sobre este particular la Sala precisa que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio, como lo señala el citado artículo 2.357 Código Civil, es el que contribuye en la producción del hecho dañino (concausa); es decir, cuando la conducta de la persona dañada participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado fatal. Se hace esta afirmación en atención a que no es de recibo a términos del artículo 90 de la Constitución Política, reducir los alcances de la cláusula general de cobertura de responsabilidad, so pretexto de meras conductas culposas, que no tienen incidencia causal en la producción del daño, pues por esa vía se reduciría el sentido y el alcance del valor normativo, contenido en dicho precepto constitucional. Téngase en cuenta que tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales de ésta - daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal -, la conducta del dañado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del quantum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento tenga las notas características para configurar una co causación del daño. En esta dirección puede sostenerse que no es de recibo el análisis aislado o meramente conjetural de una eventual imprudencia achacable a la víctima, si la misma no aparece ligada co - causalmente en la producción de la cadena causal.
Bien se ha dicho sobre el particular que la reducción del daño resarcible, con fundamento en el concurso del hecho de la víctima, responde a una razón de ser específica, cual es que la víctima haya contribuido realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte de perjuicio no deviene antijurídico y por ende no tiene la virtud de poder ser reconducido al patrimonio de quien se califica de responsable. Por consiguiente, cuando hay derecho a la disminución, ésta ha de analizarse en función de la relación de causalidad, que es el ámbito propio en donde tiene operancia dicho elemento co causal y no en el denominado plano de la compensación de culpas”.
Liquidación de Perjuicios.
3.5.1. Perjuicios Morales
En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de lesiones es determinable en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el porcentaje de gravedad de la lesión, así:
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN
Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno- filiales
Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)
Relación afectiva del 3° de consanguinidad o civil
Relación del 4° de consanguinidad o civil
Relaciones afectivas no familiares – terceros damnificados
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%
100
50
35
25
15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%
80
40
28
20
12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%
60
30
21
15
9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%
40
20
14
10
6
Igual o superior al 10% e inferior al 20 %
20
10
7
5
3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%
10
5
3,5
2,5
1,5
Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.
En el caso concreto, el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona presenta un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 37.09%, además que quienes demandan probaron la calidad de víctima directa, cónyuge, hijos, padres y hermanos de la primera, conforme a lo arriba expuesto, por lo que la indemnización por perjuicios morales será de la siguiente manera, teniendo en cuenta la disminución del 50% de la condena por concurrencia de culpas:
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
Fabián Adolfo Sierra Cardona
Víctima directa
30 S.M.L.M.V.
Sandra Yasmith Lopera García
Cónyuge
30 S.M.L.M.V.
Michel Adolfo Sierra Lopera
hijo
30 S.M.L.M.V.
Jhonatan Steeven Sierra Lopera
hijo
30 S.M.L.M.V.
Adolfo Rodrigo Sierra Hernández
hijo
30 S.M.L.M.V.
Carmen Emilia Cardona Castro
madre
30 S.M.L.M.V.
Pedro Nel Sierra Ortiz
padre
30 S.M.L.M.V.
Maria Nancy Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Dori Luz Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Yamille Eugenia Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Olga Elena Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Adriana Patricia Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
3.5.2. Daño a la salud
En el líbelo de la demanda, se solicita a favor del señor Fabián Adolfo Sierra Cardona reconocimiento e indemnización por el perjuicio que denominó fisiológico y/o estéticos.
Sobre el particular, es necesario aclarar, que en las sentencias de unificación referenciadas en el punto anterior, igualmente se estableció que junto con el daño moral, los perjuicios inmateriales indemnizables en esta Jurisdicción serían el daño a la salud y la afectación grave a bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
En relación con el daño a la salud, se reiteraron los criterios contenidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, en la cual se desecharon las categorías de perjuicios inmateriales conocidas como daño a la vida de relación y/o alteraciones a las condiciones de existencia, y además se definió el daño a la salud como la alteración a la integridad psicofísica de la persona (daño corporal, daño sexual, daño psicológico, alteración o pérdidas anatómicas o funcionales).
La Sección señaló que la indemnización por daño a la salud es únicamente a favor de la víctima directa, en cuantía que no podría exceder de los 100 salarios mínimos de acuerdo con la gravedad de la lesión, conforme a la siguiente tabla:
GRAVEDAD DE LA LESIÓN
Víctima directa
S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%
100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%
80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%
60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%
40
Igual o superior al 10% e inferior al 20 %
20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%
10
Sin embargo, excepcionalmente, es decir, cuando existan eventos debidamente acreditados de una mayor intensidad y gravedad del perjuicio a la salud, se podrá otorgar una indemnización mayor a la fijada en la tabla, sin que el total del monto total de la indemnización supere los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quantum que deberá motivarse debidamente por el juez.
En el caso concreto se tiene que las secuelas que presenta el señor Sierra Cardona por el ataque, consisten en la “enucleación de ojo derecho, cicatriz en parpado inferior” lo cual constituye un 37.09% de merma de capacidad laboral, por lo que se reconocerá la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud, en atención a la concurrencia de culpas.
3.5.3. Perjuicios materiales
Se solicitó en la demanda reconocimiento e indemnización por concepto de lucro cesante debido a “la merma de los ingresos económicos” del señor Fabián Adolfo Sierra Cardona.
En el plenario fue practicado un dictamen pericial (f. 201 – 212; 223 – 252 c.1.) para determinar los perjuicios económicos sufridos por el señor Sierra Cardona con ocasión de la lesión sufrida. En este se liquidan los perjuicios tomando como salario base de la liquidación un total de $3.302.584, en el cual se incluyeron $1.500.000 como ingresos mensuales del restaurante Rancho Rico y $1.802.584 como ingreso mensual en su calidad de médico cirujano.
La Sala no le otorgará validez al anterior dictamen, toda vez que no puede reconocerse monto alguno por los supuestos montos dejados de percibir como ingreso mensual del restaurante Rancho Rico, pues este establecimiento de comercio es independiente de quien fue su propietario, además que el mismo conforme al certificado de la Cámara de Comercio (f. 246 c.1) fue vendido el 30 de junio de 2000.
Además, si bien el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona demostró que se graduó como médico cirujano y partero en el Instituto Politécnico Nacional de México, no demostró que tuviese permiso para ejercer la profesión en Colombia. En efecto, a folio 178 del c.1. obra el oficio 5373 remitido al Tribunal de origen el 24 de enero de 2003, por parte del Coordinador de Servicios Generales del Ministerio de Salud en el cual manifiesta que “revisados los documentos que reposan en el Archivo Central no se encontró ni Tarjeta ni Resolución a nombre del Doctor FABIAN ADOLFO SIERRA CARDONA”, de lo que se concluye que el demandante no se encontraba habilitado para ejercer la profesión de medicina en el territorio colombiano.
Por lo anterior, el salario base que se tomará para la indemnización a título de lucro cesante a favor del señor Sierra Cardona será el salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2017 equivale a $737.717, monto que será incrementado en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales $184.429; por lo que la suma a tener en cuenta será de $922.146.
A esta cifra se le calcula el 37.09%, que corresponde al porcentaje de incapacidad que se le diagnosticó al lesionado en el dictamen pericial que obra dentro del expediente. De esta forma se obtiene que la cifra para hacer el cálculo del lucro cesante será de $342.024.
Según el registro civil de nacimiento allegado, el lesionado Fabián Adolfo Sierra Cardona, nació el 12 de enero de 1961, así las cosas, la vida probable del lesionado, conforme a las proyecciones anuales de población por sexo y edad, previstas en la Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997, eran de 40.53 años, esto es, 486.36. Teniendo en cuenta lo anterior, se concederá el lucro cesante desde la fecha del accidente hasta que cumpla la vida probable.
Lucro cesante consolidado
Periodo consolidado desde la fecha de las lesiones (27 de octubre de 1993) hasta la fecha de esta sentencia 18 de mayo de 2017 (286.8 meses), que se calcula según la siguiente fórmula:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $342.024.x (1+ 0.004867)286,8 - 1
0.004867
S = $212.563.527,48
Lucro cesante futuro
Se liquidará este periodo desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida del señor Fabián Adolfo Sierra Cardona.
Periodo futuro (n): 199,56 que se deriva de la resta entre los meses de la expectativa total de vida del señor Fabián Adolfo Sierra Cardona (486.36 meses) y el periodo consolidado (286.8 meses)
S = Ra (1+ i)n - 1
i (1+ i) n
S = $342.024. (1+ 0.004867)199.56- 1
0.004867 (1+ 0.004867) 199.56
S = $43.605.124,59
Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $256.168.651, suma que será reducida en un 50% debido a la participación culposa de la víctima en el daño causado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, el 2 de junio de 2009 para en su lugar:
PRIMERO: Declarar responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional del daño sufrido por el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona el día 28 de octubre de 1997.
SEGUNDO: En consecuencia, condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago de las siguientes sumas por concepto de daño moral.
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
Fabián Adolfo Sierra Cardona
Víctima directa
30 S.M.L.M.V.
Sandra Yasmith Lopera García
Cónyuge
30 S.M.L.M.V.
Michel Adolfo Sierra Lopera
hijo
30 S.M.L.M.V.
Jhonatan Steeven Sierra Lopera
hijo
30 S.M.L.M.V.
Adolfo Rodrigo Sierra Hernández
hijo
30 S.M.L.M.V.
Carmen Emilia Cardona Castro
madre
30 S.M.L.M.V.
Pedro Nel Sierra Ortiz
padre
30 S.M.L.M.V.
Maria Nancy Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Dori Luz Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Yamille Eugenia Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Olga Elena Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
Adriana Patricia Sierra Cardona
hermana
15 S.M.L.M.V.
TERCERO: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago de 30 salarios mínimos mensuales legales a favor del señor Fabián Adolfo Sierra Cardona a título de daño a la salud.
CUARTO: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago de la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($128.084.325) por concepto de lucro cesante.
QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: La presente sentencia se deberá cumplir dentro del término señalado en los artículos 176 y conforme el 177 del Código Contencioso Administrativo.
SEPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente de Sala
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
F. 26-40 c.1.
Fl. 46 c.1.
fl. 53-54 c.1
Fl. 59 – 60 c.1.
Fl. 261 c.1.
fl. 262-265 c.1
fl. 266 - 310 c.1
311- 317 c. ppl.
fl. 320 - 348 c. ppal.
Fl. 357 c. ppal.
Fl. 361 c. ppal
f. 363- 371 c. ppl.
La pretensión mayor – lucro cesante- asciende a $1`418.883.530 monto que supera la cuantía requerida por el artículo 132 del C.C.A., para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación.
f. 7, 8, 10, 12, 14, 16 - 18 c.1.
Fl.. 183, 184 y 193 y 194 c.1.
Sentencia de 17 de julio de 1992. Radicación No. 6750.Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Actor Luis Maria Calderón Sánchez y otros. C. P. Daniel Suárez Hernández.
fl. 201 – 212; 223 – 252 c.1.
f. 1 c.3.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 11 de septiembre de 2013. Radicación: 41001233100019940765401 (20601).
F. 54 C.1. “me adhiero a las que se aportaron y solicitaron en debida forma por la parte actora, por considerarlas suficientes para desvirtuar los hechos de la demanda”
al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 18 de febrero de 2015. Exp 25000232600019980272502(29794)
La Sala le otorgará valor a los documentos allegados en copia simple, reiterando el criterio adoptado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp Nro. 05001233100019960065901) por la Sección Tercera de esta Corporación, según el cual es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas al derecho de contradicción y defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.
Al respecto se pueden ver las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de junio de 2016. Exp. 52001-23-31-000-2002-00016-01(34315); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de mayo de 2016. Exp. 76001-23-31-000-2008-00142-01(39020). Al respecto se pueden ver las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de junio de 2008. Exp. 76001-23-31-000-1994-00736-01(15263); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de abril del 2011. Exp. 52001-23-31-000-1999-00518-01(20750)
Código de Procedimiento Civil. “Artículo 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, exp. 8661. Citado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 2 de mayo de 2016. Exp. 15001-23-31-000-2004-03184-01(38826)
Declaración rendida ante el despacho de la oficina de asuntos disciplinarios de la Estación de Laureles el 11 de febrero de 1998: “PREGUNTADO_/ Para el día 28 de octubre de 1.997, siendo las 23:45 horas usted se trasladaba con el señor FABIAN SIERRA CARDONA, cuando se tuvo un altercado con unos Policías, en caso positivo háganos un recuento de los hechos. CONTESTO_. Si, acabavamos (sic) de dejar los padres de él en lacasa (sic) de ellos, entonces al voltiar (sic) él señor Fabián hizo dos disparos al aire y volvimos a voltiar (sic) y al salir sobre la 34 fue cuando sentimos los disparos yo me hagache (sic) pues no supe quien estaba disparando, cuando volví a levantarme fue para mirar que le habia pasado al yerno mió o sea a Fabián, entonces él volvió a donde los padres, entonces se bajo como loco para que lo llevarán (sic) a la clínica, cuando en ese momento llego la Policía para ofrecernos alluda (sic) nos llevaron al yerno para la clinica, al papá de él y a mí para aca (sic)”. (f. 51 c.3.) En igual sentido declaró ante el juez segundo civil del circuito de Bello (comisionado para su práctica dentro del proceso contencioso), el 22 de mayo de 2001: “(…) PREGUNTADO: Informe si antes de que la policía les disparara a ud. y al Dr. Fabián hubo alguna voz de alerta, alguna señal de pare por parte de los miembros de esta institución. CONTESTO: No, nada, yo no vi nada ni escuche nada, cuando escuche fueron los disparos. PREGGUNTADO: informe si había alguna señalización o reten por parte de los miembros de la policía en el sitio donde fueron agredidos. CONTESTO: no había nada (…)” (f. 118 -120 c.1.). En igual sentido declaró ante la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración y Delitos Financieros – de la Fiscalía General de la Nación el 8 de enero de 1998 (f. 352 -355 c.2.) y ante el Juzgado Noventa y Uno de Instrucción Penal Militar el 9 de enero de 1998 (f. 60 y 61 c.2.)
Declaración rendida ante el despacho de la oficina de asuntos disciplinarios de la Estación de Laureles el 4 de diciembre de 1997: "PREGUNTADO. - Ya que manifieste (sic) saber el motivo por el cual ha sido llamado a rendir la presente diligencia sírvase hacer un relato claro breve y ceñido a los hechos que son materia de investigación por parte de esta Unidad.
CONTESTO. - El día 28 de Octubre del presente año nos encontrábamos en servicio nos reunimos en frente de la Iglesia de la América donde se encontraba la patrulla PX 2 y PX 4, estuvimos dialogando un rato con ellos cuando nos dirigíamos ya para la estación a eso de la (sic) 23:45 horas oímos un tiro salimos arecacionar (sic) a ver que era lo que pasaba y del fondo de la cuadra venía un vehículo le hicimos la voz de pare y el vehículo no hizo caso sino que acereró (sic) cuando se nos estaba acercando comenzó a dispararnos y nosotros tomamos posición y reaccionamos y el vehículo se fue y las patrullas PX2 y PX4 salieron empersecución (sic) del vehículo ya nosotros nos quedamos en el lugar y el vehículo se perdió y las patrulla (sic) ya mencionadas fueron las que retuvieron el vehículo. (…)(f. 23-24 c.3). En igual sentido declaró el señor Suarez Calle ante la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración y Delitos Financieros – de la Fiscalía General de la Nación el 5 de enero de 1998 (f. 345 – 347 c.2.). Declaración rendida ante el despacho de la oficina de asuntos disciplinarios de la Estación de Laureles el 4 de diciembre de 1997: “PREGUNTADO. - Ya que manifiesta saber el motivo por el cual ha sido llamado a rendir la presente diligencia sírvase hacer un relato claro, breve y ceñido a los hechos que son materia de investigación por parte de esta Unidad. CONTESTO.- El día 28 10 97, a eso de las 23:45 - horas nos encontrábamos patrullando a pie por el barrio de la América cuando sonó un disparo como a una cuadra bajamos a ver que era lo que sucedía (sic) y vimo (sic) cuando el vehículo se aproximaba haciendo el giro a donde nosotros estavamos (sic) le hicimos el pare como a unos diez metros pero este hizo caso omiso a esto y aceleró el vehículo y comenso (sic) a disparar hacia nosotros y fue donde yo tome posición al lado izquierdo del vehículo detrás de un poste, el vehículo emprendió la huida y luego fue capturado por la (sic) patrullas Px2 y Px4 y le decomisaron un arma de fuego al señor que iba en el vehículo y luego en ese mismo momento bajo el padre del sujeto capturado con otra arma de fuego, las patrullas llevaron al sujeto a el hospital y no me di cuenta de más (…)(f. 25-26 c.3). En igual sentido declaró el señor Saldarriaga Carmona ante la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración y Delitos Financieros – de la Fiscalía General de la Nación el 5 de enero de 1998 (f. 343 - 345 c.2.)
Declaración rendida ante el despacho de la oficina de asuntos disciplinarios de la Estación de Laureles el 4 de diciembre de 1997: "PREGUNTADO. - Ya que manifiesta saber el motivo por el cual ha sido llamado a rendir la presente diligencia sírvase hacer un relato claro, breve y ceñido a los hechos que son materia de Investigación.- CONTESTO:
El día 28 10 97, nos estavamos (sic) prestando un servicio de Vigilancia en la estación Laureles, en el Barrio la América estavamos (sic) hablando con con (sic) un Sargento al mando de de la Patrulla PX2 y PX4 dejamos de hablar con ellos y nos dirigíamos a la estación porque ya se iba a terminar el turno de Vigilancia ya siendo las 23:45 horas, escuchamos un disparo media cuadra más abajo donde estavamos (sic) y bajamos a ver que había sucedido y vimos que un vehículo venia por la calle y le hicimo (sic) la señal de pare pero el vehículo aumento (sic) la velocidad y comenso (sic) a dispararnos y nosotros tomamos posición el alumno Saldarriaga carmona (sic) y yo nos hicimos al lado izquierdo del conductor y el alumno Suarez Calle y Velásquez Duque se hicieron al lado derecho del conductor y repelimos el ataque el agente Arias pidió refuerzo por radio y el carro siguió ha (sic) alta velocidad emprendiendo la huida, las patrullas PX2 y PX4 salieron empersecución (sic) del vehículo y después nos encontramos con el Agente Arias y nos manifestó que el carro había sido capturado con los ocupantes y después nos dirigimos a la Estación (…) PREGUNTADO. - Manifieste al despacho cual fue el motivo para usted dispar (sic) su arma en dicho ataque.- CONTESTO.- yo dispare mi arma fue porque nos estaban atacando y reaccioné en una legítima defensa ya que me vi en la obligación de defenderme y defender a mis compañeros ya que nos iba era a matar.- (…)" (f. 33-34 c.3.). En igual sentido declaró el señor Uribe Castaño ante la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración y Delitos Financieros – de la Fiscalía General de la Nación el 5 de enero de 1998 (f. 338 -340 c.2.)
Declaración rendida ante el despacho de la oficina de asuntos disciplinarios de la Estación de Laureles el 4 de diciembre de 1997: “PREGUNTADO. - Ya que manifiesta saber el motivo por el cual ha sido llamado a rendir la presente diligencia sírvase hacer un relato claro, breve y ceñido a los hechos que son materia de Investigación por parte de esta Unidad.-CONTESTO: El día 28 10 97, nos encontrábamos (sic) apoyando el servicio en la estación Laureles ... estavamos (sic) andando a pie al mando del Agente Arias Londoño y eran aproximadamente las 23:45 horas , nos encontrábamos (sic) al frente de la Iglesia de la America el agente Arias y mis otros tres compañeros de repente escuchamos un disparo y salimos a la calle principal a ver qué pasaba y cuando estavamos (sic) en la esquina vimos aparecer un vehículo y le hicimos la señal de pare y el vehículo hizo caso omiso a la orden de pare y aumento la velocidad y desde el comensaron (sic) a dispararnos y nosotros tomamos posición y respondimos a la agresión del vehículo, pero el vehículo emprendió (sic) la huida” (f. 35 -36 c.3.). En igual sentido declaró ante la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración y Delitos Financieros – de la Fiscalía General de la Nación el 5 de enero de 1998 (f. 341 y 342 c.2.)
“PREGUNTADO_/ Sírvase manifestar cual era el estado anímico del señor Fabián en el momento que sucedieron los hechos. CONTESTO_. En el estadero él se había tomado unos traguitos (…)” f. 51 c.3. F. 307 – 311 c.2. Declaraciones rendidas ante el Juzgado Noventa y Uno de Instrucción Penal Militar los días 19 de enero y 16 de junio de 1998, respectivamente (fls. 72-73; 78-80 c.2.)
“Entiéndase por fugitivo cualquier persona que huye del requerimiento de la autoridad, con o sin señalamiento de haber participado en una conducta contravencional o penal” Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia 17 de marzo de 2011. Exp. 284-08
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de mayo de 2016. Exp. 76001-23-31-000-2008-00142-01(39020).
F. 47 c.2.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, sentencia de julio 14 de 2004, Exp. 14902.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Expediente: 13050. MP: María Elena Giraldo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, radicación nro. 05001-23-25-000-1994-00020-01, nro. Interno 19031.
Se deberán considerar las siguientes variables: i) la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica; ii) la anomalía, defecto o pérdida producida en un órgano, miembro, tejido y otra estructura corporal o mental; iii) la exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel del órgano; iv) la reversibilidad o irreversibilidad de la patología; v) la ausencia o restricción de la capacidad para efectuar una actividad rutinaria o normal; vi) excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria; vii) las limitaciones o impedimentos para desempeñar un rol determinado; viii) los factores culturales, sociales u ocupacionales; ix) el sexo; x) la edad; xi) las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima; xii) las demás que se demuestren dentro del proceso. Al respecto ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Exp. 31172
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