Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2000-00488-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2000-00488-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2000-00488-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
Tema: Insubsistencia de personero delegado. Reiteración de
jurisprudencia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de
marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión –
Subsección Laboral mediante la cual se negaron sus pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Rodimiro Cañas Valencia demandó la nulidad de la Resolución 054 del 8 de octubre de
1999, por medio de la cual el personero municipal en encargo de Rionegro, Antioquia,
declaró la insubsistencia de su nombramiento en el empleo de personero delegado de la
Personería Municipal. Sostuvo que, si bien el referido empleo era de libre nombramiento
y remoción, la decisión de retiro fue adoptada con desvío de poder porque no obedeció
a razones del buen servicio, sino a una retaliación política y burocrática, ya que junto con
los otros 2 personeros delegados, reclamó a través de una acción de tutela, el derecho
preferente de ser encargado como personero municipal, y además, presentó una
demanda de nulidad electoral contra la designación del personero municipal en encargo.
La sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 14 de marzo de 2012, negó las pretensiones. El a quo concluyó que (i) el cargo de
personero delegado en un municipio de segunda categoría como Rionegro, es de libre
nombramiento y remoción según el artículo 5 de la Ley 443 de 1998, (ii) la insubsistencia
no requería motivación expresa y (iii) no se probó la desviación de poder alegada.
El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, en primer lugar porque
se acreditó que el empleo de personero delegado es de libre nombramiento y remoción,
lo cual faculta al nominador para declarar la insubsistencia sin motivación expresa, con
la presunción de legalidad que ampara este tipo de actos. En segundo lugar, porque el
accionante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía para acreditar la
alegada desviación de poder, ya que los testimonios trasladados del expediente de
tutela, si bien evidencian un contexto político particular en la designación del personero
encargado, no constituyen prueba suficiente para demostrar que la insubsistencia del
actor obedeció a una finalidad distinta al mejoramiento del servicio.
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El 8 de febrero de 2000, Rodimirio Cañas Valencia presentó1 demanda2 de nulidad y
restablecimiento del derecho3 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se expresan.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 054 del 8 de octubre de 1999,
expedida por el Personero Municipal encargado de Rionegro, mediante la cual se declaró
insubsistente su nombramiento en el empleo de personero delegado de la Personería
Municipal.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la parte
demandada a: (i) reintegrarlo, sin solución de continuidad, al empleo de personero
delegado que desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía; (ii) pagarle de manera
indexada y con los intereses a que hubiere lugar, los salarios, prestaciones y demás
emolumentos que ha dejado de percibir desde que fue desvinculado; y (iii) pagarle las
costas procesales.
2.1.2. Hechos
4.Rodimiro Cañas Valencia fue nombrado como personero delegado el 3 de julio de
1999 y tomó posesión el 6 de julio de 1999.
5.El 31 de agosto de 1999, el Concejo Municipal de Rionegro expidió la Resolución 176
suspendiendo en el ejercicio del cargo a la personera titular, Magnolia Vásquez Ospina,
en cumplimiento de una providencia de la Fiscalía Delegada 124 proferida el 24 de
agosto de 1999, en la cual se le imputaron los delitos de peculado y falsedad en
documento público.
6. Ante la vacancia temporal, los tres personeros delegados, incluido el demandante,
solicitaron al alcalde de Rionegro que aplicara lo previsto en el artículo 172 de la Ley 136
de 1994, esto es, que la falta se supliera por quien siguiera en jerarquía dentro de la
entidad.
7.No obstante, el 1 de septiembre de 1999, mediante Decreto 599 de 1999, el alcalde
designó como personero municipal encargado a Rodrigo Alberto García Cardona, quien
no trabajaba en la entidad.
8. Tal designación fue objeto de acción de nulidad electoral, en virtud de la cual, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de sentencia del 22 de noviembre de 1999,
declaró la nulidad del acto de designación en encargo, decisión que fue confirmada por
el Consejo de Estado en sentencia del 9 de marzo de 2000.
9.El 6 de septiembre de 1999 los personeros delegados interpusieron acción de tutela
en contra de la designación del personero encargado, la cual fue negada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Antioquia mediante sentencia del 16 de septiembre de
1999.
1
Según el «acta individual de reparto», visible a f. 23 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-01, remitido
a esta corporación por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2
La cual obra a ff. 1 a 22 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-01, remitido a esta corporación por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
3
En virtud de la acción prevista en el artículo 85 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso–Administrativo, en
adelante CCA.
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
10. El mismo día en que se interpuso la tutela, el personero encargado declaró
insubsistentes a las personeras delegadas Flor Eugenia García Zuluaga y Ana Patricia
Patiño Atehortúa, mediante las resoluciones 046 y 047. Posteriormente, el 8 de octubre
de 1999, mediante la Resolución 054, declaró la insubsistencia del nombramiento del
actor.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. El demandante citó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 12, 13, 15, 28, 29, 83,
121, 122 y 123 de la Constitución Política; el artículo 172 de la Ley 136 de 1994; la Ley
446 de 1998; y el CCA.
12. En el concepto de violación sostuvo que la insubsistencia fue expedida con fines
distintos a los que la ley prevé, al haberse utilizado la facultad discrecional no para el
mejoramiento del servicio público, sino para castigarlo por ejercer las acciones judiciales
señaladas, vulnerando así el principio de legalidad y los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo y al debido proceso.
13. Sostuvo que el acto acusado obedeció a una retaliación política y burocrática, en
atención a que él y los demás delegados reclamaron su derecho a suplir a la titular
suspendida, y no al mejoramiento del servicio, configurándose así la causal de
desviación de poder.
2.2. Contestación de la demanda
14. El municipio de Rionegro contestó la demanda, por conducto de apoderado, y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones. Manifestó que algunos de los hechos
narrados eran ciertos, como el nombramiento y posesión del actor, pero que otros
correspondían a simples apreciaciones del apoderado del demandante, en especial lo
relativo a las supuestas retaliaciones políticas. Como excepciones propuso: «legalidad
del acto acusado», «retiro por razones del buen servicio» y «falta de legitimación en la
causa por pasiva»4.
2.3. Sentencia de primera instancia
15. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión – Subsección
Laboral5, mediante sentencia del 14 de marzo de 20126 resolvió declarar no probadas
las excepciones, negar las pretensiones de la demanda, y no condenar en costas.
16. En resumen, el Tribunal argumentó lo siguiente: (i) el cargo de personero delegado en
un municipio de segunda categoría es de libre nombramiento y remoción, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 443 de 1998; (ii) en virtud de dicha naturaleza,
el nominador podía declarar la insubsistencia sin necesidad de motivación, conforme al
artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, norma aplicable a este tipo de empleos; (iii) si bien
la facultad discrecional no es absoluta y debe ejercerse en aras del mejoramiento del
servicio, correspondía al demandante desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo acusado y acreditar la alegada desviación de poder; (iv) en el proceso no
se aportaron pruebas suficientes que demostraran que la insubsistencia obedeció a
retaliación por la interposición de la acción de tutela o por motivos políticos, en particular,
observó que entre la presentación de la tutela (6 de septiembre de 1999) y la expedición
de la Resolución 054 del 8 de octubre de 1999, había transcurrido un mes, lo que impedía
establecer un nexo causal directo entre ambos hechos; y (v) respecto de los testimonios
4
Ff. 35 a 42 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
5
En Sala integrada por los magistrados Juan Carlos Hermosa Rojas (ponente), María Nancy García García y Juan
Carlos Hincapié Mejía.
6
Ff. 615 a 622 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
trasladados con ocasión de la acción de tutela, el Tribunal consideró que no eran
suficientes para demostrar la retaliación alegada, pues no guardaban relación directa con
el acto de insubsistencia demandado.
2.4. Recurso de apelación
17. Rodimiro Cañas Valencia interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia para reiterar los argumentos de su demanda. De manera puntual
precisó que, aunque el cargo de personero delegado era de libre nombramiento y
remoción, la facultad discrecional no puede ejercerse de manera arbitraria sino en
beneficio del servicio. Alegó que en el caso concreto se configuró desviación de poder,
probada por indicios.
18. Como fundamentos de su inconformidad señaló: (i) su buen desempeño, reconocido
incluso por concejales cuando rindieron declaración ante el juez de tutela, (ii) la
designación irregular de una persona que no trabaja en la entidad como personero
encargado, acto que fue anulado en nulidad electoral y cuya nulidad fue confirmada por
el Consejo de Estado, (iii) testimonios recaudados en la acción de tutela, como los de
concejales y veedores ciudadanos, que daban cuenta de presiones políticas y acuerdos
burocráticos, así como de la retaliación sufrida por los personeros delegados, y (iv) el
desmejoramiento del servicio público, pues la desvinculación simultánea de los
personeros delegados produjo parálisis en la atención de la Personería7.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
19. El municipio de Rionegro presentó alegatos de conclusión, en los que se ratificó en
las excepciones propuestas en la contestación de la demanda. Reiteró que el cargo de
personero delegado es de libre nombramiento y remoción, por lo que la insubsistencia
se encontraba ajustada a derecho y amparada por la presunción de legalidad. Sostuvo
que el retiro obedeció a razones del buen servicio y que no se probó la alegada
desviación de poder, por lo que solicitó la confirmación de la sentencia de primera
instancia8.
20. La parte demandante guardó silencio.
2.6. Concepto del Ministerio Público
21. El Ministerio Público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 38 de la Ley 446 de
1998, vigente al momento de presentación de la demanda, según el cual, el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución
23. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del siguiente
problema jurídico: ¿la Resolución 054 del 8 de octubre de 1999, expedida por el
personero municipal encargado de Rionegro, Antioquia, mediante la cual se declaró la
7
Ff. 624 a 640 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
8
Samai Consejo de Estado, expediente 05001-23-31-000-2000-00488-01, índice 20.
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Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
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insubsistencia del nombramiento de Rodimiro Cañas Valencia como personero delegado
de la Personería Municipal, se encuentra viciada de nulidad por haber sido proferida con
desviación de poder y con fines distintos a los previstos por la Constitución y la ley, o,
por el contrario, se trató del ejercicio válido de la facultad discrecional inherente a los
empleos de libre nombramiento y remoción, con plena presunción de legalidad?
3.3. Empleos de libre nombramiento y remoción
24. El artículo 125 de la Carta Política prescribe que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección popular,
de libre nombramiento y remoción, de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.
25. Esa misma disposición regula la designación por concurso público, cuando el sistema
de nombramiento no se provea como de libre nombramiento y remoción.
26. Así mismo, el artículo 5 de la Ley 443 de 1998, norma vigente para la época de
expedición del acto demandado, en similares condiciones a como lo establece el artículo
5 de la Ley 909 de 2004, señaló como uno de los empleos en los organismos y entidades
de la administración pública, los cargos de libre nombramiento y remoción:
«Artículo 5.- De la clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente Ley son de carrera, con excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo conforme a la Constitución y la Ley, aquellos
cuyas funciones, deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su
legislación y los de trabajadores oficiales.
2. Los empleos de libre nombramiento y remoción que correspondan a los siguientes
criterios:
a. Los de dirección, conducción y orientación institucionales, que adelante se indican,
cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices, así:
En la Administración Central del Nivel Nacional:
Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación;
Subcontador General de la Nación, Superintendente, Superintendente Delegado e
Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario General
y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de Academia
Diplomática; Director de Protocolo; Director General Administrativo y/o Financiero,
Técnico u Operativo; Director de Gestión; Jefe de Control Interno; Jefe de Oficinas
Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador
Internacional; Experto de Comisión; Interventor de Petróleos; Juez de Instrucción Penal
Militar, Auditor de Guerra, Secretario de Tribunal Superior Militar y Capitán de Puerto.
En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil además los siguientes:
Agregado para Asuntos Aéreos, Administrador Aeropuerto; Gerente
Aeroportuario; Director Aeronáutico Regional; Director Aeronáutico de Área y Jefe de
Oficina Aeronáutica.
En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:
Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente, Subdirector o Subgerente; Secretario
General; Director o Gerente Territorial, Regional, Seccional o Local; Rector, Vicerrector y
Decano de Institución de Educación Superior distinta a los Entes Universitarios
Autónomos; Director de Unidad Hospitalaria; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de
Planeación, de Prensa o Comunicaciones; y Jefe de Control Interno.
En la Administración Central y Órganos de Control del Nivel Territorial:
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Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Distrital; Director y
Subdirector de Departamento Administrativo; Director y Subdirector Ejecutivo de
Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Área Metropolitana; Subcontralor,
Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe de Control Interno; Jefe de Oficinas Asesoras de
Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor
e Inspector de Tránsito y Transporte o el que haga sus veces, y Personero Delegado de
los Municipios de categoría especial y categorías uno, dos y tres.
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:
Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario
General, Rector, Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior distinta a los
Entes Universitarios Autónomos; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación,
de Prensa o de Comunicaciones y Jefe de Control Interno.
b. Los empleos de cualquier nivel jerárquico cuyo ejercicio implica confianza que tengan
asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al
servicio director inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos
se encuentren adscritos a sus respectivos despachos:
En la Administración Central del Nivel Nacional:
Ministro y Viceministro; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director
y Subdirector de la Policía Nacional; Superintendente; y Director de Unidad Administrativa
Especial.
En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y sus entidades
adscritas, todos los empleos, por la necesaria confianza que requiere el Presidente de la
República en quienes los ejerzan, por cuanto se toman decisiones relacionadas con su
calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa.
En las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los empleos adscritos a las oficinas de
comando, de las unidades y reparticiones de inteligencia y de comunicaciones, en razón
de la necesaria confianza intuitu-personae requeridas en quienes lo ejerzan, dado el
manejo que debe dársele a los asuntos sometidos al exclusivo ámbito de la reserva, del
orden público y de la seguridad nacional.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores los del Servicio Administrativo en el exterior.
En el Congreso de la República, los previstos en la Ley 5 de 1992.
En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:
Presidente; Director o Gerente; Rector de Institución de Educación Superior distinta a los
Entes Universitarios Autónomos.
En la Administración Central y Órganos de Control del Nivel Territorial:
Gobernador, Alcalde Distrital, Municipal y Local; Contralor y Personero.
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:
Presidente; Director o Gerente; Rector de Institución de Educación Superior distinta a los
Entes Universitarios Autónomos.
c. Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes,
dineros y/o valores del Estado.
Parágrafo 1º.- . También se consideran de libre nombramiento y remoción aquellos
empleos que posteriormente sean creados y señalados en la nomenclatura con una
denominación distinta pero que pertenezcan al ámbito de dirección y conducción
institucional, manejo o de confianza.
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
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Parágrafo 2º.- El empleo de Comisario de Familia es de carrera administrativa.
Parágrafo 3º.- Aquellos empleos que no pertenezcan a los organismos de seguridad del
Estado, cuyas funciones, como las de escolta, consistan en la protección y seguridad
personales de los servidores públicos, también son de libre nombramiento y remoción».
27. Visto lo anterior, se tiene que la legislación previó una excepción al sistema de la
carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un
proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con
funciones de manejo y dirección institucional, para lo cual, se requiere el más alto grado
de confianza para su desempeño.
28. Así las cosas, resulta razonable que para la provisión de empleos que impliquen tal
condición, no se requiera superar un proceso de selección por méritos toda vez que, el
factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica
directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.
29. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para considerar que un
empleo es de libre nombramiento y remoción deben concurrir tres requisitos: (i) que
tenga fundamento legal, esto es, que se encuentre expresamente previsto como
excepción a la carrera; (ii) que las funciones asignadas sean de dirección, conducción,
manejo u orientación institucional; y (iii) que tales funciones demanden un nivel de
confianza superior al exigible a cualquier otro servidor9.
30. De igual manera, dentro de los empleos de libre nombramiento y remoción, además
de los casos expresamente previstos en la Constitución (ministros, directores de
departamento administrativo, procurador, contralor, fiscal general, entre otros), el
legislador de la Ley 443 de 1998 incluyó secretarios de despacho, jefes de oficina
jurídica, asesores de nivel directivo y el personal de apoyo inmediato a gobernadores y
alcaldes.
31. Como se observa, para el desempeño de los cargos de libre nombramiento y
remoción, la confianza juega un rol preponderante, lo que le permite al nominador
disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los
motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión, tal como lo han dispuesto por ejemplo,
los artículos 26 del Decreto 2400 de 1968, 107 del Decreto 1950 de 1973, y 41 (parágrafo
2, inciso 2) de la Ley 909 de 2004.
32. La Corte Constitucional ha advertido, además, que el legislador no puede abusar de
la figura de libre nombramiento para desnaturalizar el sistema de carrera, pues ello
vulneraría el principio de mérito y el derecho de acceso a la función pública en
condiciones de igualdad10.
33. El Consejo de Estado, por su parte, ha reiterado que si bien los empleos de libre
nombramiento y remoción otorgan al nominador una facultad discrecional para la
designación y remoción, ello no significa que la administración pueda actuar de manera
arbitraria, pues la discrecionalidad debe ejercerse siempre orientada al buen servicio y
bajo control judicial en caso de alegarse desviación de poder11.
34. En conclusión, los empleos de libre nombramiento y remoción constituyen una
categoría excepcional que busca garantizar la confianza y unidad de acción
administrativa, pero cuyo alcance debe interpretarse de manera estricta, de acuerdo con
los parámetros fijados por la Constitución y la ley.
9
Corte Constitucional, sentencia C-514 de 1994.
10
Ver sentencias C-195 de 1994, C-1177 de 2001 y C-1003 de 2003.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2017, exp. 73001-23-33-000-
2013-00447-01.
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Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
3.4. La facultad discrecional para retirar a los empleados de libre nombramiento y
remoción
35. El ordenamiento jurídico: artículos 26 del Decreto 2400 de 1968, 107 del Decreto 1950
de 1973 y 41 de la Ley 909 de 2004, entre otras, reconoce que en ciertos casos la
administración cuenta con un margen de discrecionalidad para la provisión y remoción
de empleos de libre nombramiento y remoción. Esta facultad, sin embargo, no es
absoluta, sino que se encuentra limitada por los principios constitucionales de la función
pública y por el control judicial de legalidad12.
36. La potestad discrecional es una herramienta jurídica necesaria en ciertas situaciones
para obtener mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines de la
administración pública. Entonces, la discrecionalidad «surge cuando el ordenamiento
jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar en un supuesto dado lo que
sea de interés público»13.
37. La existencia de facultades discrecionales no es incompatible con la vigencia de un
Estado Social y Constitucional en la medida en que se ejerzan como un poder en
derecho, cuya regla y medida es la razonabilidad. En ese sentido, la Corte Constitucional
ha indicado que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier momento a los
servidores públicos de libre nombramiento y remoción no contraría la Constitución, pues
la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva con el
nominador, quien requiere siempre plena confianza de sus colaboradores14.
38. La Corte Constitucional ha sostenido que la discrecionalidad debe entenderse como
la posibilidad que tiene el nominador de actuar dentro de un ámbito de opciones
igualmente válidas, pero siempre conforme a los fines de la Constitución y la ley, en
procura del interés general15. En tal sentido, la discrecionalidad se diferencia de la
arbitrariedad, puesto que mientras la primera se encuentra delimitada por parámetros
jurídicos, la segunda desconoce cualquier límite normativo y se traduce en un uso
abusivo del poder16.
39. El Consejo de Estado, por su parte, ha precisado que el ejercicio de la facultad
discrecional en materia de insubsistencia de empleos de libre nombramiento y remoción
goza de presunción de legalidad, lo cual implica que corresponde al demandante
desvirtuarla demostrando que el acto administrativo fue expedido con fines distintos al
buen servicio17.
40. En este punto cobra relevancia la figura de la desviación de poder, definida como la
expedición de un acto administrativo con una finalidad diferente a la prevista en la norma
que lo autoriza, como se explicará en el apartado siguiente18. El Consejo de Estado ha
reiterado que la desviación de poder constituye una causal autónoma de nulidad del acto
administrativo, y que su acreditación puede hacerse mediante prueba directa o por medio
12
Constitución Política de 1991, artículos 2, 6, 123 y 209.
13
García de Enterría, Eduardo. Democracia, Jueces y Control de la Administración., 5ª edición, 2000, página 143.
14
En este sentido, la Sentencia C-443 de 1997, señaló: «(…)la estabilidad “entendida como la certidumbre que debe
asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las condiciones fijadas por la ley
en relación con su desempeño, no será removido del empleo”, es plena para los empleos de carrera pero restringida
o precaria para los de libre nombramiento y remoción, “pues para éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus
cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre
estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder. (...) frente a la estabilidad existen
variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso de
los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de
discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el
derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta».
15
Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.
16
Corte Constitucional, sentencia C-525 de 1995.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2012, exp. 11001-03-25-000-
2009-00013-00.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2014, exp. 11001-03-25-000-
2009-00014-00.
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
de indicios graves, precisos y concordantes19, como lo establece el artículo 84 del
Decreto 01 de 1984, hoy artículo 137 de la ley 1437 de 2011:
«Artículo 84. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los
actos de certificación y registro».
41. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que, aunque el
nominador no está obligado a motivar la insubsistencia de un cargo de libre
nombramiento y remoción, ello no significa que el acto se sustraiga del control judicial20.
En efecto, el juez contencioso administrativo está habilitado para verificar, a partir de las
pruebas allegadas al proceso, si la medida obedeció a una finalidad legítima de buen
servicio o si, por el contrario, fue el resultado de consideraciones extrañas a la
administración, como retaliaciones políticas, persecuciones personales o acuerdos
burocráticos.
42. De esta forma, la discrecionalidad en materia de insubsistencia se encuentra limitada
por los principios de legalidad, igualdad, moralidad administrativa y finalidad pública, de
manera que su uso indebido compromete la validez del acto administrativo y habilita al
juez para declarar su nulidad.
3.5. La desviación de poder
43. La desviación de poder constituye una causal autónoma de nulidad de los actos
administrativos, prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984 y en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Consiste en
expedir un acto administrativo con una finalidad distinta a la señalada por la Constitución
o la ley como fundamento de la decisión21.
44. El Consejo de Estado ha precisado que se configura cuando la autoridad utiliza la
competencia formalmente atribuida para fines ajenos a los previstos en el ordenamiento,
como ocurre cuando la insubsistencia de un funcionario no obedece al mejoramiento del
servicio, sino a retaliaciones personales, presiones políticas o intereses burocráticos22.
45. Por su naturaleza, la desviación de poder es difícil de probar, razón por la cual la
jurisprudencia ha admitido que puede acreditarse no solo mediante prueba directa, sino
también a través de indicios graves, precisos y concordantes, que permitan al juez inferir
razonablemente la finalidad desviada del acto23.
46. La Corte Constitucional, en armonía con esta doctrina, ha resaltado que la facultad
discrecional de la administración no es ilimitada y que el juez contencioso administrativo
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, exp. 11001-03-25-000-
1999-00528-01.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de abril de 2009, exp. 05001-23-31-000-
2001-02422-01.
21
Decreto 01 de 1984, artículo 84; Ley 1437 de 2011, artículo 137.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2002, exp. 11001-03-25-000-
1999-00236-01.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, exp. 11001-03-25-000-
1999-00528-01.
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está llamado a controlar su ejercicio, anulando los actos que, pese a su presunción de
legalidad, se expidieron con fines contrarios al interés general24.
47. En consecuencia, aunque los actos de insubsistencia en cargos de libre nombramiento
y remoción no requieren motivación, no por ello quedan exentos del control judicial, pues
el juez puede determinar, a partir del acervo probatorio, si la medida fue consecuencia
del buen servicio o si respondió a propósitos distintos que configuran la desviación de
poder.
3.6. Estudio del caso concreto
3.6.1. Hechos probados
48. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:
49. Por medio de Resolución 041 del 3 de julio de 199925, Rodimiro Cañas Valencia fue
nombrado en el empleo de personero delegado de la Personería Municipal de Rionegro,
y tomó posesión el 6 de julio de 1999.26
50. Mediante providencia de la Fiscalía Delegada 124 del 24 de agosto de 1999, se
dispuso medida de aseguramiento en contra de la personera titular Magnolia Vásquez
Ospina, y en cumplimiento de dicha decisión el Concejo Municipal de Rionegro, mediante
Resolución 176 del 31 de agosto de 1999, ordenó su suspensión27.
51. El 1 de septiembre de 1999 el alcalde expidió el Decreto 59928, en el cual designó
como personero encargado a Rodrigo Alberto García Cardona.
52. Acto que posteriormente fue declarado nulo en proceso de nulidad electoral a través
de sentencia del 22 de noviembre de 1999, por el Tribunal Administrativo de Antioquia;
decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante fallo del 9 de marzo de
200029.
53. El 6 de septiembre de 1999 los personeros delegados, Flor Eugenia García Zuluaga,
Ana Patricia Patiño Atehortúa y Rodimiro Cañas Valencia, promovieron acción de tutela
contra la designación del personero encargado, la cual fue negada por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Antioquia mediante sentencia del 16 de septiembre de 1999;
decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de
septiembre de 199930.
54. Ese mismo 6 de septiembre de 1999, el personero encargado declaró insubsistentes
los nombramientos de Flor Eugenia García Zuluaga y Ana Patricia Patiño Atehortúa,
mediante las Resoluciones 046 y 04731.
24
Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.
25
F. 6 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
26
F. 7 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
27
Ff. 61 y 62 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
28
F. 4 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
29
Ff. 158 a 327 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
30
Ff. 48 a 152 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
31
Ff. 84 y 85 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
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55. Posteriormente, el 8 de octubre de 1999, expidió la Resolución 054, declarando
insubsistente el nombramiento de Rodimiro Cañas Valencia como personero delegado32.
56. En el expediente obran declaraciones rendidas dentro de la acción de tutela, las cuales
fueron trasladadas a este proceso33, y que resultan relevantes para el análisis del caso
en concreto. A continuación, se transcriben íntegramente dichas declaraciones:
57. Declaración de Hernán Darío Álvarez Suárez, presidente de la Asociación de Veeduría
Ciudadana del Oriente Antioqueño y de la Veeduría Ciudadana de Rionegro34.
«(…)
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento que tiene prestado, dígale al Despacho
si conoce a Flor Eugenia García Zuluaga, Rodimiro Cañas Valencia y Ana Patricia Patiño
Atehortúa; en caso cierto, cuánto hace, en razón de qué y si son de su familia.
CONSTESTÓ: Sí los conozco; a Flor Eugenia desde el año 1990, a Rodimiro desde la
misma fecha, los conozco en razón de que estudiamos los tres en la Universidad de
Antioquia; a Ana Patricia la conozco desde 1997, en razón de que vive en el municipio de
Rionegro. No son de mi familia.
PREGUNTADO: ¿Conoce al Dr. Rodrigo Alberto García Cardona? En caso positivo,
cuánto hace, en razón de qué y si es de su familia.
CONSTESTÓ: Sí lo conozco, desde hace varios años, en razón de que se desempeñaba
como personero delegado en lo penal y me correspondió junto con él adelantar
numerosos procesos penales. No es de mi familia.
PREGUNTADO: ¿Sabe qué cargo ejerce en la actualidad el Dr. Rodrigo Alberto García
Cardona?
CONSTESTÓ: Fue nombrado por decreto del señor alcalde de Rionegro como personero
provisional de Rionegro mientras durara la suspensión en el cargo de la personera
Magnolia Vásquez, en razón a que la misma fue suspendida por decisión de la Fiscalía
Seccional de Rionegro.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted si las citadas personas anteriormente mencionadas han
instaurado alguna acción de tutela contra el Dr. Rodrigo Alberto García Cardona? En caso
positivo, nos dirá si sabe los motivos.
CONSTESTÓ: Tuve conocimiento que a raíz de la suspensión de la Dra. Magnolia se
desarrollaron por parte del presidente del Concejo Municipal de Rionegro y el señor
alcalde, negociaciones y presiones políticas que llevaron a que se instaurara una acción
de tutela por parte de los personeros delegados, en defensa de sus derechos
fundamentales, frente a la designación irregular de un personero encargado externo y las
medidas de insubsistencia posteriores.
(…)».
58. Declaración de Álvaro Hernán Arias González, concejal de Rionegro, Antioquia35:
«(…)
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento que tiene prestado, dígale al despacho
si conoce a Flor Eugenia García Zuluaga, Rodimiro Cañas Valencia y Ana Patricia Patiño
Atehortúa; en caso positivo, cuánto hace, en razón de qué y si son de su familia.
CONSTESTÓ: Sí los conozco, hace a Flor María y a Ana Patricia tres años
aproximadamente y al Dr. Rodimiro hace que se desempeña como personero delegado,
hace aproximadamente dos o tres meses.
32
F. 7 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal Administrativo
de Antioquia
33
F 24 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
34
Ff. 104 a 106 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
35
Ff. 107 y 108 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
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PREGUNTADO: ¿Conoce usted al Dr. Rodrigo Alberto García Cardona? En caso
positivo, cuánto hace, en razón de qué y si es de su familia.
CONSTESTÓ: Sí lo conozco, hace varios años; lo conozco en razón de que primero fue
inspector de trabajo y posteriormente personero delegado en la Personería Municipal de
Rionegro, no es de mi familia.
PREGUNTADO: ¿Sabe en la actualidad qué cargo ejerce dentro del Municipio el Dr.
Rodrigo Alberto García Cardona?
CONSTESTÓ: En la actualidad es personero municipal.
PREGUNTADO: ¿Se ha dado usted cuenta de una acción de tutela instaurada contra el
Dr. Rodrigo Alberto García Cardona, por Flor Eugenia García Zuluaga, Rodimiro Cañas
Valencia y Ana Patricia Patiño Atehortúa? En caso positivo, díganos si sabe los motivos.
CONSTESTÓ: Me enteré por esta diligencia y presumo que se han vulnerado sus
derechos fundamentales, desde el principio como son: el derecho al trabajo, al buen
nombre y a partir de la suspensión de la Dra. Magnolia Vásquez Ospina, personera
municipal, con base en el artículo 172 de la Ley 136, el procedimiento señalado allí para
designar su reemplazo era que debía ser aquel funcionario de la Personería que le
siguiera en jerarquía, siempre y cuando reuniera los mismos requisitos que el titular.
Como es sabido, la Personería Municipal de Rionegro tiene tres delegados en diferentes
áreas, es decir: en lo penal, en lo civil y en los derechos administrativos y para los
derechos humanos.
Se supone entonces que es de estos tres delegados de donde se debe definir la elección
o designación del personero municipal, mientras dure la vacancia temporal de su titular.
El procedimiento que obviamente no comparto, al ser violatorio de la Ley 136, fue
designar un personero municipal por fuera de los funcionarios de la Personería, que
llenasen los mismos requisitos; y además, recayó este nombramiento en funcionario
inhabilitado para desempeñar dicho cargo, como quiera que la Ley 136 prescribe que no
podrá ser personero municipal quien esté en las inhabilidades previstas para la elección
de alcalde municipal, una de las cuales es que no podrá ser alcalde quien se haya
desempeñado como funcionario del municipio dentro de los tres meses anteriores a su
elección. Es decir, estamos ante una típica inhabilidad para desempeñar el cargo de
personero, además de lo previsto en el mismo artículo que habla de las inhabilidades
para ser personero.
Igualmente, se presentó irregularidad en la toma de posesión del señor personero
municipal encargado, por cuanto establece también la Ley que debe tomar posesión ante
el Concejo Municipal y, si este no estuviere reunido, lo hará ante un juez civil municipal;
solo en caso de que no existiese ninguno de los anteriores, podría hacerse ante el alcalde
municipal, como se hizo en el cargo que hoy ocupa.
Es de anotar que igualmente la Ley prescribe que para llenar las vacancias temporales
de los personeros municipales lo hará el Concejo Municipal y si este no estuviere reunido,
lo hará el alcalde municipal, pero siempre cumpliendo los requisitos contemplados por la
ley, es decir, definir o nombrar dentro de los funcionarios de la Personería Municipal a
quien ostente las mismas calidades, y no por fuera de ella.
En base en todo lo anterior y regresando al tema de discusión sobre los derechos
fundamentales, se ha vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad y más aún
el derecho al buen nombre, como quiera que se han tomado decisiones de suspender del
cargo a las personeras delegadas con el argumento de que no le sirven al personero
nombrado, y que no cumplen eficazmente las labores de la Personería.
Igualmente grave es que se haya manifestado –y he tenido conocimiento de ello– que el
personero municipal tenía instrucciones precisas del señor alcalde municipal para que
destituyera de sus cargos a los personeros delegados.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted por qué estas personas, desempeñando sus funciones
como personeros delegados, van a ser sustituidas por otras personas, tal como lo ha
señalado usted, por instrucciones del señor alcalde municipal al personero municipal
encargado?
CONSTESTÓ: Por razones de tipo político, por cuanto existen serias discrepancias entre
la Personería Municipal y el alcalde municipal, en razón de sus funciones, el uno como
ente de control y el otro como ente administrador.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted concretamente quién nombró al señor personero titular
encargado, Dr. Rodrigo García Cardona?
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
CONSTESTÓ: Fue nombrado por decreto del señor alcalde municipal de Rionegro.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted si efectivamente el señor personero titular encargado, para
efectos de cumplir con las instrucciones del señor alcalde, procedió a destituir a los
personeros delegados?
CONSTESTÓ: Tengo conocimiento que destituyó a la Dra. Ana Patricia Patiño y a la Dra.
Flor Eugenia García Zuluaga, y ya nombraron reemplazo a la Dra. Laura Emilse
Marulanda, no sé si han nombrado más.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted por qué, o si al Dr. Rodimiro Cañas Valencia también,
recibió instrucciones del señor alcalde el señor personero Dr. Rodrigo García para
destituir a éste; en caso positivo, por qué no lo ha hecho?
CONSTESTÓ: No tengo conocimiento; en un principio se habló de los tres, tal y como se
lo expresó el mismo personero a los funcionarios en mención. Por lo que he podido
escuchar de parte de los personeros delegados, éste les expresó que “es una decisión
muy dura la que tengo que tomar pero lamentablemente son las instrucciones del alcalde
y tengo que destituirlos”.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted qué perjuicios se les causa a estas personas por sus
destituciones?
CONSTESTÓ: Primero, que quedan sin empleo; segundo, su prestigio y buen nombre se
ven lesionados porque el común de la gente no entiende de circunstancias políticas, sino
que, por el contrario, se pensaría que con la salida de ellos mejoraría la calidad del
servicio.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted qué perjuicios se causa a la comunidad por tener a otras
personas desempeñando las funciones de personeros delegados en reemplazo de estas?
CONSTESTÓ: Podría presentarse algún inconformismo y desgano de los usuarios de las
personerías delegadas, por ver afectada la continuidad de algunos procesos y, más aún,
si tenemos en cuenta que algunos miembros de la comunidad han expresado satisfacción
por la atención prestada por los personeros delegados de quienes aquí nos hemos venido
refiriendo.
PREGUNTADO: ¿Desea agregar algo más a esta declaración?
CONSTESTÓ: Como lo expresé en la primera pregunta de este interrogatorio, sobre la
inhabilidad que recae sobre el personero Rodrigo García, quiero ampliar que esta se da
como quiera que el funcionario desempeñó funciones como personero delegado hasta el
día 6 de julio del año en curso, lo que quiere decir menos de tres meses, como lo consagra
la Ley para estar inhabilitado
El declarante reveló mente sana, leyó lo expuesto, lo encontró corriente y en constancia
firma. (…)».[Sic]
59. Declaración de Diego Alfonso Ospina Arbeláez concejal y representante de una
empresa de transportes36.
«(…)
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento que tiene prestado, dígale al despacho
si conoce a Flor Eugenia García Zuluaga, Rodimiro Cañas Valencia y Ana Patricia Patiño
Atehortúa; en caso positivo, cuánto hace, en razón de qué y si son de su familia.
CONSTESTÓ: Sí los conozco, hace unos seis u ocho meses en razón de las calidades
de personeros delegados del municipio de Rionegro. No son de mi familia.
PREGUNTADO: ¿Conoce al Dr. Rodrigo Alberto García Cardona? En caso positivo,
cuánto hace, en razón de qué y si es de su familia.
CONSTESTÓ: Sí lo conozco, hace unos seis años; lo conozco en razón de que fue
concejal, no es de mi familia.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted en la actualidad qué cargo ejerce dentro del Municipio el
Dr. Rodrigo Alberto García Cardona?
36
F. 109 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
CONSTESTÓ: Fue recientemente nombrado como personero municipal encargado,
reemplazando a la Dra. Magnolia Vásquez Ospina, a quien suspendió el Concejo
Municipal a raíz de un acto motivado de la Fiscalía de Rionegro.
PREGUNTADO: ¿Tiene usted conocimiento de una acción de tutela instaurada por Flor
Eugenia, Rodimiro y Ana Patricia contra el Dr. Rodrigo Alberto García Cardona?
CONSTESTÓ: Sí, la tutelaron. Me comentaron que iban a interponer una acción de tutela
contra el Dr. Rodrigo porque, según el doctor Rodrigo, había recibido un compromiso del
señor alcalde, Dr. Hugo Alberto, de nombrarlo como personero titular encargado, pero
con la condición de declarar insubsistentes a las dos personeras delegadas o a los tres
personeros delegados. Y efectivamente, que yo conozca, se produjo el despido de la Dra.
Flor y de la Dra. Patricia en septiembre.
PREGUNTADO: ¿Cuál era el procedimiento legal para la elección de personero titular
encargado?
CONSTESTÓ: Según la Ley 136, debe nombrarse a quien reúna los requisitos de la
personera titular, dentro de la misma escala jerárquica de la Personería Municipal, es
decir, a uno de los tres personeros delegados, porque estos cargos, al igual que el de la
personera, deben ser ocupados por profesionales titulados en derecho. En este caso, no
se procedió así, pues se nombró a alguien que no estaba en la planta de cargos de la
Personería.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted qué motivó al señor alcalde para condicionar al Dr. Rodrigo
en su nombramiento a la destitución de los personeros delegados?
CONSTESTÓ: Sí. Creo que hubo razones políticas, que venían desde la personera titular
suspendida, pues la coalición que hoy acompaña al señor alcalde fue la misma que la
eligió en el Concejo Municipal. De las intervenciones de los concejales de esa coalición
se deducía que no estaban de acuerdo con algunas de sus actuaciones, y se deja
entrever que eran más exigencias de tipo burocrático que por el cumplimiento de las
funciones del cargo. Al no estar la Dra. Magnolia Vásquez, quien fue la que la nombró,
se da a entender que con la actitud del Dr. Rodrigo al destituirlos, estaba cumpliendo lo
solicitado por el señor alcalde.
PREGUNTADO: Se aclara, tal como se lo hizo saber el Dr. Rodrigo a la Dra. Flor, que el
compromiso para ser nombrado como personero era sacar a los personeros delegados,
y que no lo hacía inmediatamente porque estaba en espera de que la Secretaría de
Hacienda le hiciera la respectiva reseña presupuestal para el pago de sus prestaciones.
¿Qué puede decir al respecto?
CONSTESTÓ: Sí, tengo conocimiento de ello.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted qué perjuicio se causa con la destitución de que fueron
objeto los Personeros Delegados?
CONSTESTÓ: Me parece que se les está vulnerando el derecho al trabajo, pues no se
dio el trámite legal para nombrar al personero encargado entre ellos, y que precisamente
se nombró por parte del señor alcalde a quien fuera personero delegado hasta el mes de
agosto, como lo fue el Dr. Rodrigo García.
PREGUNTADO: ¿Desea agregar algo más a esta declaración?
CONSTESTÓ: Me extraña que el señor alcalde, después de haber enviado un escrito al
presidente del Concejo, Dr. José Castro, poniéndose a su disposición para citar a
sesiones extras si fuere necesario para nombrar al personero encargado, lo que
igualmente manifestó en un medio local, terminara nombrando y posesionando en la
misma fecha al Dr. Rodrigo García, cuando la Ley 136 de 1994 es clara en expresar que
el personero debe posesionarse ante el Concejo Municipal o, en su defecto, ante un juez
municipal.
No es más. El declarante reveló mente sana, leyó lo expuesto, lo encontró conforme y en
constancia firma. (…)». [Sic]
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
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Demandado: Municipio de Rionegro
60. Declaración de José Jesús Castro Castro concejal y médico veterinario.37
«(…)
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento que tiene prestado, dígale al Despacho
si conoce a Flor Eugenia García Zuluaga, Rodimiro Cañas Valencia y Ana Patricia Patiño
Atehortúa; en caso positivo, cuánto hace, en razón de qué y si son de su familia.
CONSTESTÓ: Sí los conozco hace unos dos meses, por ser personeros delegados. No
son de mi familia.
PREGUNTADO: ¿Conoce al Dr. Rodrigo Alberto García Cardona? En caso positivo,
cuánto hace, en razón de qué y si es de su familia.
CONSTESTÓ: Sí lo conozco, hace más o menos un año, lo conocí porque era uno de los
personeros delegados. No es de mi familia.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted en la actualidad qué cargo está desempeñando el Dr.
Rodrigo Alberto García Cardona?
CONSTESTÓ: Fue nombrado por el señor alcalde como personero municipal, y está
reemplazando a la Dra. Magnolia Vásquez, quien está cumpliendo una medida de
aseguramiento en su residencia.
PREGUNTADO: ¿Se enteró usted de una acción de tutela propuesta por Flor Eugenia,
Rodimiro y Ana Patricia contra el Dr. Rodrigo Alberto García Cardona? En caso positivo,
nos dirá si conoce los motivos.
CONSTESTÓ: Sí tenía conocimiento que iban a presentar una tutela contra el Dr. Rodrigo
García. No sé si sería contra este o contra quién, pero sí sé que iban a proponer una
acción de tutela, y el motivo fue la destitución del cargo de personeros delegados.
PREGUNTADO: Dígale al Despacho quién destituyó a estas personas del cargo de
personeros delegados.
CONSTESTÓ: Yo me imagino que fue el Dr. Rodrigo, como cabeza de la Oficina de
Personería; y la razón por la cual fueron destituidos, no sé por qué se procedió de dicha
forma.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted si era correcto nombrar un personero por fuera de los
delegados?
CONSTESTÓ: Ya que lo correcto era nombrar un personero delegado, y así lo reconoce
el señor alcalde mediante un oficio enviado al Concejo el día 31 de agosto de 1999, a las
9 de la mañana, en el cual expuso que citaría al Concejo para nombrar personero.
PREGUNTADO: ¿Qué sucedió con ese oficio?
CONSTESTÓ: El oficio que yo le mandé en respuesta fue de fecha 1 de septiembre de
1999. Esa noche, sin esperar la convocatoria del Concejo, el señor alcalde nombró
personero mediante el Decreto 599. La Ley 136 es muy clara en que en caso de
reemplazar al personero en forma regular se debe escoger un personero de los
delegados, lo que no ocurrió en este caso.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted si el señor alcalde condicionó el nombramiento del Dr.
Rodrigo García a que este destituyera de sus cargos a los personeros delegados?
CONSTESTÓ: De eso no tengo conocimiento. No tengo conocimiento tampoco de por
qué fueron separados o suspendidos de sus cargos.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted qué derechos fundamentales se estaban vulnerando con
dichas decisiones?
CONSTESTÓ: Que la Ley es muy clara en que, en caso de ser reemplazado el personero
titular, se debe escoger entre uno de los personeros delegados que reúna las mismas
condiciones del titular, y en este caso, al no ser nombrado uno de los tres delegados, se
está violando la Ley.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted qué perjuicios se les causó a estas personas por ser
destituidas de sus cargos?
37
F. 110 y 111 del expediente físico 05001-23-31-000-2000-00488-00 remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
CONSTESTÓ: Todos los perjuicios que conlleva un despido, económico, social y familiar.
[…]
El declarante reveló mente sana, leyó lo expuesto, lo encontró corriente y en constancia
firma. (…)». [Sic].
3.6.2. Análisis sustancial de la Sala
61. Como viene expuesto, en su recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, el accionante reiteró los argumentos de su demanda, que en resumen se
orientan a alegar que la insubsistencia obedeció a una retaliación política derivada de la
acción de tutela que junto con sus compañeros de trabajo presentó en septiembre de
1999, y no a razones de buen servicio. Para tal efecto, resaltó las declaraciones
allegadas en el trámite de la mencionada tutela, en las cuales concejales y veedores
ciudadanos manifestaron que el nombramiento del personero encargado y la
desvinculación de los personeros delegados respondieron a instrucciones del alcalde
municipal, a retaliaciones y a acuerdos de carácter burocrático.
62. Atendiendo al marco normativo y jurisprudencial expuesto, y el material probatorio
obrante en el plenario, la Sala concluye que se debe desestimar el recurso de apelación
y confirmar la sentencia de primera instancia, conforme a los siguientes argumentos:
63. Está acreditado que el cargo de personero delegado corresponde a un empleo de
libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley
443 de 1998, vigente para la época de los hechos, y la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado. Ello implica que la administración podía declarar la insubsistencia
del nombramiento sin motivación expresa, en ejercicio de una facultad discrecional que
goza de presunción de legalidad.
64. Ahora bien, aunque la discrecionalidad en la insubsistencia no exige motivación, no
por ello queda exenta de control judicial. Tal como lo ha señalado el Consejo de Estado,
el juez contencioso administrativo puede anular el acto cuando se demuestra que la
decisión obedeció a fines distintos del servicio público, configurándose la causal de
desviación de poder.
65. En ese sentido, en el expediente de la referencia obran las declaraciones trasladadas
de la acción de tutela promovida en septiembre de 1999, en las que distintos concejales
y veedores ciudadanos afirmaron que la designación del personero encargado y las
insubsistencias de los delegados respondieron a presiones políticas y acuerdos
burocráticos.
66. Sin embargo, la Sala observa que esas declaraciones, si bien permiten inferir la
posible existencia de tensiones políticas entre los personeros delegados, el alcalde y los
concejales, no son suficientes para demostrar de manera fehaciente que la
insubsistencia del demandante obedeció a tales fines y no al ejercicio legítimo de la
facultad discrecional. Además, se trata de apreciaciones de terceros que no acreditan de
manera directa el nexo causal entre la tutela interpuesta y la decisión de desvinculación.
En ese sentido, tales declaraciones no permiten tener certeza de la fuente de la
información sino que se trata más de pruebas de referencia sin el suficiente poder
persuasivo o de convicción.
67. En este sentido, resulta aplicable la jurisprudencia del Consejo de Estado
referenciada en el acápite 3.5. de esta providencia, según la cual la carga de la prueba
de la desviación de poder corresponde al demandante, quien debe aportar elementos
idóneos que permitan desvirtuar la presunción de legalidad del acto. En el presente caso,
esa carga no fue satisfecha.
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
68. En consecuencia, la Sala concluye que, aunque en el expediente obran indicios de
un contexto político complejo, no se acreditó de manera plena la desviación de poder,
razón por la cual el acto demandado conserva su presunción de legalidad.
3.7. Conclusión
69. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
la Resolución 054 del 8 de octubre de 1999, mediante la cual el personero municipal
encargado de Rionegro declaró la insubsistencia del nombramiento de Rodimiro Cañas
Valencia como personero delegado, no adolece de desviación de poder, toda vez que en
el proceso no se acreditaron pruebas suficientes que permitieran desvirtuar la presunción
de legalidad que ampara el acto acusado.
3.8. Costas
70. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario38 de la Subsección
sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone la causación
automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es necesario realizar
un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal asumida
por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de
manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en
costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 14 de marzo de 2012
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión – Subsección Laboral
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo: No condenar en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
38
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
Radicación: 05001-23-31-000-2000-00488-01 (1723-2023)
Demandante: Rodimiro Cañas Valencia
Demandado: Municipio de Rionegro
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
Samai. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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