Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2000-01877-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Sistema de intercambios y comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2000-01877-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2000-01877-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
5 de julio de 2018
SISTEMA DE INTERCAMBIOS Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MERCADO MAYORISTA / FRONTERAS COMERCIALES – Objeto / FRONTERAS COMERCIALES – Inscripción o registro: etapas
Las fronteras comerciales permiten determinar los puntos de entrega de energía eléctrica en el sistema entre los agentes que participan en el mercado de energía, para lo cual en dichos puntos se deben instalar los equipos que cumplan las características establecidas en el código de medida que incluyen medidores y transformadores de corriente y voltaje. El objetivo del registro de fronteras comerciales consiste en informar al administrador del mercado de energía la existencia de los puntos de entrega y el titular del derecho sobre los mismos, para determinar los consumos de energía de los agentes que participan en el mercado. […] Según la reglamentación vigente para la época de los hechos, el procedimiento para el registro de fronteras comerciales, comprendía las siguientes etapas: 1. Solicitud de Registro: Las solicitudes para el registro de Fronteras Comerciales deberán hacerse al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la entrada en operación comercial de la respectiva frontera. 2. Estudio de la Solicitud de Registro: hecha la solicitud de registro, el ASIC la estudiará y hará pública toda la información en un plazo no inferior a tres (3) días hábiles antes de la entrada en operación comercial de la respectiva frontera. 3. Información del Registro: La información que publicará el ASIC deberá incluir todos los datos necesarios para la revisión por parte del agente que realizó la solicitud y de terceros interesados. 4. Registro de la Frontera: Se entenderá por fecha de inicio o fecha de registro de la frontera, la fecha en que entrará en operación comercial. 5. Revisión y Aclaraciones a la Solicitud: A partir de la fecha en que se publique la información, el agente y los terceros interesados tendrán un plazo de dos (2) días hábiles para su revisión, responder las aclaraciones solicitadas por el ASIC o manifestar y sustentar su desacuerdo con la inscripción.
ACTO DE REGISTRO DE FRONTERAS COMERCIALES – Naturaleza jurídica
La Sala destaca que la inscripción de fronteras comerciales genera un acto de registro que constituye un instrumento de publicidad, cuyo objeto es en el caso concreto establecer la existencia de los puntos de entrega de energía y el titular del derecho sobre los mismos, para determinar y liquidar los consumos de energía de los agentes que participan en el mercado mayorista. La regla general en cuanto a actos de registro se refiere es que a estos se les reconoce carácter meramente declarativo, en cuanto constituyen un mecanismo de publicidad de ciertos hechos o actos relevantes. Sin embargo, los de inscripción de fronteras comerciales, según las normas que los rigen, se erigen como una condición necesaria para la ejecución del contrato de compraventa de energía y para la liquidación de los valores por tal concepto, de tal manera que constituyen una condición sine qua non para la producción de los efectos jurídicos del acto inscrito, es decir, condicionan su eficacia jurídica. Cabe destacar que cuando el acto de registro tiene esta connotación se erige en un acto constitutivo, tal como lo destacó la Corte Constitucional en la Sentencia C-621 de 2003, en la medida en que se trata de aquellos “cuya omisión impide de manera absoluta la producción de efectos jurídicos”.
ACTO QUE NIEGA REGISTRO DE FRONTERAS COMERCIALES – Es de carácter definitivo
El Administrador del SIC, mediante Oficios números 000743-1 del 13 de enero de 1999 y 002661-1 del 3 de febrero de 1999, informó sobre la decisión de no inscribir dichas fronteras comerciales, hasta tanto no se cumpliera con el Código de Medida, contenido en la Resolución 025 de 1995, que obligaba a los comercializadores a actualizar tanto los equipos de medida como los transformadores decisiones que en su oportunidad cobraron firmeza por no haber sido controvertidas en sede administrativa ni judicial. Cabe destacar que estos actos administrativos, que negaron el registro solicitado, fueron expedidos antes de la entrada en vigencia de la Resolución 019 de 1999, que amplió el plazo para adecuar los equipos referidos hasta el 31 de diciembre de la citada anualidad. Sobre este trámite, la Sala destaca que los actos que en su oportunidad negaron el registro, con fundamento en la normatividad vigente, constituyen actos definitivos en cuanto crearon una situación jurídica y con esta decisión de la administración se terminó la actuación. Ahora bien, la circunstancia destacada por el recurrente de que en las comunicaciones referidas se le expuso que la imposibilidad del registro iría hasta tanto cumpliera con el Código de Medida, no convierte el acto en uno de trámite o preparatorio, por cuanto, en el evento de cumplirse la condición impuesta se inicia un nuevo trámite administrativo de registro, independiente y autónomo del anterior que culminó con la negativa de realizar el registro. Lo anterior se corrobora al revisar las pruebas documentales que forman parte del acervo probatorio en el sub examine, que dan cuenta que allí terminó el trámite administrativo, sin que E.P.M. acreditara el cumplimiento del Código de Medida y/o solicitara la continuación del trámite.
REGISTRO DE FRONTERAS COMERCIALES – No puede hacerse de manera retroactiva
[S]iendo la naturaleza de los actos de registro de fronteras comerciales un mecanismo para dar publicidad ante los demás operadores del mercado mayorista de energía, así como para definir las obligaciones y acreencias de los generadores, los comercializadores y los transportadores por concepto de los actos o contratos de energía en la bolsa y el establecimiento de las responsabilidades por los usuarios de los consumos, riesgos y operaciones inherentes a su red interna, no era posible que la inscripción se hiciera con efectos jurídicos anteriores. Realizar un registro en forma retroactiva contraría la naturaleza de esta figura jurídica y las finalidades y objetivos que se pretende lograr con ella.
FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 167 / RESOLUCIÓN 025 DE 1995 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 50
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 05001-23-31-000-2000-01877-01
Actor: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Demandado: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – I.S.A. y NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia – Confirma decisión que negó las pretensiones de la demanda – Análisis de la naturaleza jurídica de los actos administrativos expedidos por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la empresa demandante contra la sentencia dictada el 20 de junio de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó i) las pretensiones de la demanda; ii) la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG; y iii) declaró que no prospera la objeción por error grave presentada por el apoderado de la parte “demandada”, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Empresas Públicas de Medellín E.P.S. contra Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – I.S.A. y la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
Según escrito presentado el 24 de abril de 2000, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante E.P.M.), mediante apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – I.S.A. y de la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“Primera: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Acto de inscripción de frontera comercial Siderúrgica del Muña y Bavaria Techo. Comunicación 016217-1 fecha del 8 de julio de 1999, suscrita por el Gerente de Mercado de Energía Mayorista de I.S.A.
Resolución número 883 del 18 de agosto de 1999, por medio de la cual ISA en su calidad de administrador del SIC, rechaza el recurso de reposición y concede recurso de apelación interpuesto por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Resolución Nro. 065 del 25 de noviembre de 1999, notificada el 20 de diciembre de 1999, por medio de la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas se pronuncia sobre la improcedencia de un recurso de apelación.
Segunda: Como consecuencia de la nulidad anterior, solicito al H. Tribunal, disponer el restablecimiento del derecho, por valor de Novecientos cuarenta y seis millones seiscientos setenta mil cuatrocientos pesos ($946.670.400), correspondiente a los perjuicios causados a la Entidad que represento con la actuación administrativa que se demanda.
Tercera: Que la suma citada anteriormente, se pague debidamente indexada según el índice de precios al consumidor, al momento de la ejecutoria de la sentencia. Art. 178 del C.C.A.
Cuarta: Que se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A.
Quinta: Que se condene en costas a las entidades demandadas.”
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. Mediante Resolución 025 del 13 de julio de 1995, expedida por la CREG, se adoptó el Código de Redes, como parte integral del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional, normatividad que regula el mercado mayorista de la energía eléctrica, el régimen de las transacciones comerciales realizadas entre los agentes que participan en el mercado y, específicamente, los contratos de energía a largo plazo en la bolsa, la prestación de servicios asociados de energía eléctrica en la bolsa de energía y su cumplimiento.
2.2. El Código de Redes, aprobado según la resolución referida, confirió a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. I.S.A., a través del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC o ASIC), específicamente del Gerente de Mercado de Energía Mayorista, la competencia para efectuar la inscripción de las fronteras comerciales que los distintos comercializadores de energía colocan o se comprometen a colocar en el mercado energético colombiano.
2.3. E.P.M., mediante comunicaciones radicadas bajo los números 000163-3 y 002682-3 del 5 y 29 de enero de 1999, solicitaron ante el Administrador del SIC o ASIC, la inscripción de dos fronteras comerciales, a saber:
i) Siderúrgica de Boyacá S.A. Planta del Muña, código de instalación 80001000000000000, desde el 12 de enero de 1999.
ii) Bavaria S.A. Planta Techo, código de instalación 82001600900020000, a partir del 1º de febrero de 1999.
2.4. El Administrador del SIC, mediante comunicaciones números 000743-1 del 13 de enero de 1999 y 002661-1 del 3 de febrero de 1999, informó sobre la imposibilidad de inscribir dichas fronteras comerciales, hasta tanto no se cumpliera con el Código de Medida (Resolución 025 de 1995), “el cual exige para los niveles de tensión mayores o iguales a 110 KV que la clase del CT y del PT sea como mínimo 0.2.”
2.5. Con posterioridad, E.P.M., mediante comunicación radicada en I.S.A. bajo el número 019723-3 del 30 de junio de 1999, solicitó nuevamente la inscripción en su mercado no regulado de las fronteras comerciales Siderúrgica del Muña y Bavaria Techo, a partir del 1º de julio de 1999, aportando para el efecto, los paz y salvos expedidos por el comercializador anterior.
En dicha comunicación manifestó que, de acuerdo con la Resolución CREG-019 de 1999, es posible la inscripción de las fronteras comerciales, a partir de las fechas inicialmente solicitadas.
2.6. El Gerente de Mercado de Energía Minorista de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. dio respuesta a la solicitud de inscripción de fronteras comerciales, referida en el numeral anterior, según Oficio 016217-1 del 8 de julio de 1999, en el que certificó que inscribió las fronteras a partir del 1º de julio de 1999 y no desde la fecha en que se suscribieron los contratos de compraventa de energía, con fundamento en las siguientes razones:
“1. El Código de Medida, contenido en la Resolución CREG 025 de 1995, definió las características de los Sistemas de Medición de Energía en las Fronteras Comerciales de Mercado Mayorista.
2. Según lo señalado en el anexo CM-1, numeral A.1, del Código (Resolución CREG 025 de 1995) el sistema de medición de energía activa y reactiva de las fronteras; comprende los transformadores de corriente (CT’s) y los transformadores de voltaje (PT’s) y los contadores de energía. (El subrayado es de la CREG).
3. De acuerdo con lo señalado en el numeral A.2.3. “Disposiciones para los equipos existentes” ibídem “Los CT’s y los PT’s actualmente instalados se admiten con carácter de excepción. Solamente se exigirá su reemplazo cuando sea necesario hacerlo por deterioro, pérdida de clase, para lo cual se deberán cumplir las características especificadas en el numeral A.2.1’. Y en el numeral A.2.3 “los equipos nuevos o sustituciones deberán cumplir las características especificadas en el numeral A.2.1… “Los contadores que no cumplan los requisitos establecidos en la numeral A.2.1. deben ser reemplazados antes de la fecha establecida por la CREG.
4. La Resolución CREG 002 de 1994, artículo 4º, numeral 2º, estableció un plazo de un año, contado a partir de la vigencia de la misma, para que los comercializadores tomaran las medidas necesarias para que los contadores de sus usuarios cumplieran con los requisitos del respectivo Código.
5. El artículo 6º de la Resolución CREG-066 de 1995 manifiesta que ‘Los comercializadores tomarán las medidas necesarias para disponer de los equipos de medición o telemedida de las entregas horarias, según lo contemplan los códigos respectivos, en un plazo no mayor a seis meses después de entrar en vigencia la Resolución…’
6. Del contenido del anterior artículo, se colige que el término allí establecido regirá para todo lo que se entienda por equipos de medición o telemedida. Los Ct’s y los PT’s y los contadores de energía están incluidos en dicho concepto.
7. Teniendo en cuenta el carácter de Actos Administrativos de las Resoluciones expedidas por las Comisiones de Regulación, éstas se encuentran amparadas por el principio de legalidad, razón por la cual están llamadas a producir efectos jurídicos una vez se encuentren debidamente ejecutoriadas, a menos que medie una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria, de las consagradas en el Código Contencioso Administrativo.
8. La Resolución CREG-066 de 1995 produjo efectos jurídicos desde su ejecutoria, luego el término para que los comercializadores tomaran las medidas necesarias para que los equipos de medición o telemedida cumplieran los requisitos del Código de Medida se venció el día 2 de julio de 1996, plazo que estuvo en firme hasta la entrada en vigencia de la Resolución CREG-019 de 1999, Resolución cuyos efectos, por las razones anteriormente esbozadas, no son retroactivos, sino que rigen solo hacia el futuro.”
2.7. Contra la decisión anterior E.P.M., el 28 de julio de 1999, por intermedio de la Subgerente de Grandes Clientes de la Gerencia Comercial –Inés Helena Vélez Pérez–, interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, con el fin de que la inscripción de las fronteras comerciales se realizara desde el 12 de enero y 1º de febrero de 1999, respectivamente, con fundamento en los contratos de suministro de energía celebrados con Siderúrgica de Boyacá S.A. y Bavaria S.A. y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Medidas.
En el escrito por medio del cual interpuso los referidos recursos, afirmó que el cumplimiento del Código de Medida se encuentra acreditado, por cuanto los sistemas de medición de energía activa y reactiva de las contratistas “se encontraban instalados al momento de iniciar su vigencia la resolución CREG 25 de 1995 y disponen los equipos de telemedición o telemedida de las entregas horarias de energía, y a la fecha no se encuentran deteriorados ni han perdido clase. Esta situación coloca a estos usuarios no regulados dentro de las circunstancias de hecho contempladas en el numeral A.2.3 del Anexo CM-1 del código de medida incluido en la Resolución CREG 025 de 1995, necesarios para ser beneficiarios de la excepción.”
2.8. El Administrador del SIC, mediante comunicación 018505-1 del 4 de agosto de 1999, le solicitó a la firmante del recurso que acreditara su calidad de representante legal de la empresa o, en su defecto, el poder que la facultó para interponer el recurso.
2.9. En respuesta al requerimiento anterior, E.P.M. allegó la comunicación del 6 de agosto de 1999, mediante la cual el representante legal “ratifica en su totalidad el contenido del escrito mediante el cual la doctora Inés Helena Vélez Pérez, Subgerente Grandes Clientes de la Gerencia Comercial, interpuso contra la decisión del asunto, recurso de reposición y en subsidio de apelación”. En el mismo escrito, le confirió poder al doctor Luis Fernando Arteaga Vélez para continuar el trámite de agotamiento de la vía gubernativa.
2.10. El Gerente de Mercado de Energía Mayorista de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., mediante la Resolución No. 883 del 18 de agosto de 1999, rechazó el recurso de reposición y concedió el de apelación.
Para arribar a la citada resolutiva, consideró, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, que el recurso debía interponerse por el interesado o su representante debidamente constituido y que sólo los abogados en ejercicio podían ser apoderados.
Agregó que, quien presentó el recurso no acreditó la calidad de representante legal ni de apoderada ni su condición de profesional del derecho.
En relación la ratificación de la actuación, precisó que ésta procede cuando el recurrente actúa como agente oficioso y, para obrar como tal, se necesita acreditar la calidad de abogado en ejercicio.
2.11. Por su parte, la CREG, por intermedio del Presidente – Viceministro de Energía, Delegado por el Ministro de Minas y Energía– y el Director Ejecutivo, mediante Resolución No. 065 del 25 de noviembre de 1999, se pronunció sobre el recurso de apelación, interpuesto en forma subsidiaria, en el sentido de no admitirlo por improcedente.
Lo anterior, por considerar que administrativamente no existe una relación jerárquica entre la CREG y el ASIC, “así como tampoco existe norma jurídica alguna que faculte a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, para controlar en virtud del llamado control funcional al que se refiere la sentencia anteriormente señalada, los actos mediante los cuales el ASIC efectúa el registro de fronteras comerciales.”
2.12. E.P.M. acreditó que reembolsó a Siderúrgica de Boyacá S.A., mediante el sistema de cruce de cuentas, la diferencia presentada entre la facturación realizada por Condensa, durante los meses de enero a julio de 1999 y la factura que habría hecho durante dicho período.
La suma asumida por E.P.M., por este concepto, asciende a $62.155.069, al tiempo que manifestó haber dejado de percibir recursos económicos por la venta de la energía a sus contratistas.
3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
3.1. A juicio de la parte actora, la decisión de inscribir las fronteras comerciales únicamente a partir del 1º de julio de 1999 y no desde las fechas en que fue solicitada con fundamento en los contratos de contraventa de energía que celebró, desconoce las disposiciones que establecieron las condiciones bajo las cuales se entiende que los usuarios del mercado no regulado de energía cumplen con lo dispuesto en el Código de Medida, en materia de sistemas de medición de energía activa y reactiva en sus fronteras comerciales.
3.2. Precisó que, en el Código de Medidas, parte integrante del Código de Redes, en el aparte A.2.1. del Anexo CM-1, se fijaron disposiciones para los equipos existentes, en el sentido de que los “CTs y PTs actualmente instalados se admiten con carácter de excepción. Solamente se puede exigir su reemplazo cuando sea necesario hacerlo por deterioro, pérdida de clase, para lo cual se deberán cumplir las características especificadas en el numeral A.2.1. Los equipos nuevos o sustituciones deberán cumplir las características especificadas en el numeral A.2.1.”
Agregó que, en la misma Resolución CREG - 025 de 1995, se establece un período de transición para adecuar la medida y, en particular, los contadores, para poder efectuar los registros horarios de la energía y también para la transmisión de la información correspondiente.
3.3. Como causales de nulidad, expuso las siguientes:
3.3.1. Infracción de normas de superior jerarquía en que debían fundarse los actos censurados
La parte demandante señaló como normas violadas, las siguientes disposiciones:
Resolución 025 del 13 de julio de 1995, expedida por la CREG, “Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.”;
Resolución 066 de 1995, expedida por la CREG, “Por la cual se actualizan los cargos por uso de los sistemas de transmisión de energía eléctrica, aplicables a los generadores y comercializadores durante el año de 1996, se actualizan los porcentajes de distribución entre empresas de los ingresos correspondientes, se modifica el procedimiento para su liquidación y se dictan otras disposiciones.”
Resolución 019 del 13 de mayo de 1999, proferida por la CREG “Por la cual se establece el plazo máximo para adecuar los Transformadores de Corriente (CTs) y los Transformadores de Voltaje (PTs) de los Sistemas de Medición de Energía que se encontraban instalados en la fecha de entrada en vigencia de la Resolución CREG-025 de 1995, a los requisitos establecidos en el Código de Medida contenido en esa Resolución, y se establecen características técnicas de los equipos de medición para afrontar el problema informático relacionado con el cambio de milenio.”
Afirmó que las fronteras comerciales han debido ser inscritas en las fechas inicialmente solicitadas, toda vez que los equipos existentes se adecuaban perfectamente al supuesto contenido en la excepción consagrada en la Resolución 025 de 1995.
Precisó que el órgano regulador del sector eléctrico, al expedir la Resolución 019 del 13 de mayo de 1999, mediante la cual determinó un límite temporal a la aplicación de la excepción contenida en el numeral A.2.3. del Anexo C.M.1. del Código de Medida (31 de diciembre de 1999), reconoce que la misma ha estado vigente, en forma ininterrumpida desde la expedición del código de redes, por lo que correspondía retrotraer la actuación.
3.3.2. Violación de la regla de derecho de fondo
La parte demandante argumentó que le asistía el derecho de solicitar el registro de las fronteras comerciales a partir de las fechas mencionadas en los fundamentos de hecho, sin que se pudiera esgrimir como argumento para soportar la negativa, la irretroactividad de la Resolución 019 de 1999, “porque esta en ningún momento se aplicaría retroactivamente en caso de aceptarse la legítima petición de inscribir las fronteras comerciales a partir del 12 de enero y 1º de febrero de 1999…”
3.4. Procedencia del recurso de apelación
Con respecto la pretensión de anulación de la Resolución No. 065 de 1999, por medio de la cual la CREG consideró que el recurso de apelación era improcedente, argumentó que “el mencionado recurso se ha debido tramitar, toda vez que el acto de registro de una frontera comercial incide directamente en las liquidaciones que se efectúen a los agentes del mercado, y de conformidad con la Resolución 024 de 1995, que hace parte del Reglamento de Operación, son objeto de apelación ante la CREG, las liquidaciones que efectúe el ASIC, procediendo en nuestro concepto también el recurso contra los actos que negaron la inscripción de fronteras desde la fecha solicitada toda que los mismos incidieron en una liquidación desfavorable para las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.”
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Auto admisorio de la demanda
Mediante auto del 16 de agosto de 2001, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y dispuso la integración del contradictorio.
4.3. Contestaciones de la demanda
4.3.1. De la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG
Por intermedio de apoderado judicial, la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG contestó la demanda, según escrito radicado el 9 de julio de 2001, en el que se opuso a la prosperidad de la pretensión de la demanda referida a la nulidad de la Resolución 065 del 25 de noviembre de 1999, por cuanto no participó en la expedición de los demás actos, solicitud que sustentó en los siguientes argumentos:
4.3.1.1. Improcedencia de los cargos de la demandante
Afirmó que el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional no dedica ninguna de sus disposiciones a regular la procedencia del recurso de apelación contra el registro de fronteras por parte de I.S.A. y tan solo se le ha atribuido la función de “Decidir los recursos que se interpongan contra sus actos, o los de otras entidades, en los casos que disponga la ley en lo que se refiere a materias de su competencia.” (Subrayas incluidas por la entidad)
Precisó que, ninguna de las demás disposiciones señaladas como violadas corresponde al tema decidido en la resolución demandada, por lo que no se cumplió con el requisito de exponer el concepto de violación respecto del único acto administrativo que fue expedido por esa entidad.
4.3.1.2. Incompetencia funcional de la CREG
Aseveró que la CREG no es superior jerárquico de I.S.A., en su condición de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
Agregó que, en los casos dispuestos por la ley en que las Comisiones de Regulación, específicamente la CREG, ejercen una competencia funcional, se limitan al conocimiento por apelación de i) los actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción u operación de redes (Artículo 28, inc. 3º de la Ley 142 de 1994); y ii) las decisiones del Consejo Nacional de Operación (Artículo 172 inciso 2º de la Ley 142 de 1994).
4.3.1.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia del nexo de causalidad
Para sustentar esta excepción, afirmó que las pretensiones de nulidad e indemnizatorias de E.P.M. se fundan en la lesión patrimonial que le irroga la inscripción tardía de las fronteras comerciales, aspecto sobre el cual no se ha pronunciado ni se pronunciará, pues carece de competencia funcional para hacerlo, por lo que los hechos de la demanda le son ajenos.
4.3.1.4. Inepta demanda por falta de concepto de violación
Afirmó que, en el acápite de la demanda que se dedicó al concepto de violación no incluyó ni una sola frase a explicar las razones por las cuales se consideran violadas las disposiciones señaladas con ocasión de la expedición de la Resolución CREG 065 de 1999 y ello ocurre por razón de que las normas que se citaron no tienen una relación siquiera indirecta con lo que se decidió por la entidad.
4.3.1.5. Inepta demanda por indebida representación del actor
Sustentó esta excepción en el hecho de que, de las copias allegadas para la notificación del auto admisorio de la demanda, no se evidencia que el señor Ramiro Valencia Cossio fuera para la fecha de presentación de la demanda, el representante legal de E.P.M., toda vez que la representación estaba siendo ejercida por Jesús Arturo Aristizabal Guevara.
4.3.2. Contestación de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
La entidad contestó en forma extemporánea la demanda.
4.4. Alegatos de conclusión
Surtida la etapa probatoria, por medio de proveído del 8 de septiembre de 2004, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto, lo cual realizaron en los siguientes términos:
4.4.1. Alegatos de la parte demandada
4.4.1.1. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – I.S.A.
Mediante escrito radicado el 13 de octubre de 2004, el apoderado judicial de la entidad demandada, expuso las razones por las cuales las pretensiones de la demanda no tienen posibilidad de prosperar, así:
4.4.1.1.1. Consideró que en el caso concreto operó la figura jurídica de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la notificación de la Resolución 065 del 25 de noviembre de 1999, proferida por la CREG, se produjo el 20 de diciembre de 1999, por lo que el término de caducidad, establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, comenzó a correr a partir del día siguiente, por lo que la caducidad operó el 21 de abril de 2000 y la demanda fue presentada el 24 de abril de 2000, por lo que la demanda ha debido rechazarse y, como ello no se hizo, el proceso está viciado de nulidad absoluta e insaneable.
4.4.1.1.2. Falta de legitimación de la demandante
Afirmó que, para tratar de demostrar la representación legal de la entidad, se allegó una certificación del Secretario General de E.P.M. de la cual se desprende que el cargo de Gerente General lo ejercía, entre el 14 y el 25 de abril de 2000, el señor Jesús Arturo Aristizabal Guevara, en ausencia del titular Ramiro Valencia Cossio.
A pesar de esa certificación, quien finalmente confirió el poder, estando ausente y no habiendo demostrado que es el representante legal, es el señor Valencia Cossio, quien no hizo presentación personal del poder.
Precisó que para acreditar que el uno o el otro contaban con la facultad legal de representar a la compañía, debieron allegar copia del respectivo decreto de nombramiento, expedido por el Alcalde Municipal de Medellín y su correspondiente acta de posesión, que es la manera de demostrar que actúa como funcionario del orden municipal.
4.4.1.1.2. E.P.M. omitió cumplir las Resoluciones 002 de 1994 y 066 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
En relación con esta alegación, manifestó que la actora no ajustó sus equipos de medición y contadores a las disposiciones del Código de Medida, de tal manera que las eventuales perdidas que haya sufrido le son atribuibles, máxime cuando su obligación de ajuste a dicha normatividad había vencido desde el 2 de junio de 1996 y su petición para inscripción de fronteras se presentó ante ASIC, el 5 de enero de 1999, para Siderúrgica del Muña y el 29 de enero de 1999 para Bavaria Techo.
Aseveró que E.P.M. “… pretendió aprovechar la expedición de la Resolución 019 de 1999 para lograr la inscripción de sus fronteras comerciales, incumpliendo aún con los términos establecidos en el Código de Medida, lo que le fue denegado en razón a que los efectos de la misma son hacía el futuro y no retroactivos, motivo por el cual los actos anteriores a la expedición de dicha resolución están cobijados por la reglamentación hasta ese entonces vigente.”
4.4.1.1.3. Inexistencia de relación causal entre los actos expedidos y los perjuicios económicos alegados por la demandante
En relación con este argumento, solicitó que se tuviera en cuenta que los perjuicios referidos por la actora corresponden al período que oscila entre enero y julio de 1999, mientras que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos en fecha posterior “a saber: julio 8 de 1999 (ver comunicación 016217), agosto 18 de 1999 (Resolución 065 de 1999), que fuera notificada el 20 de diciembre del mismo año.”
Concluyó afirmando que si los actos administrativos cuestionados se expidieron con posterioridad al período dentro del cual se alega el perjuicio, no es posible invocar de ellos una presunta afectación a los intereses patrimoniales de la accionada, toda vez que dichos actos no tienen efectos retroactivos.
4.4.1.1.4. Falta de demostración de los perjuicios
La entidad demandante aseveró en el libelo introductorio que para demostrar los perjuicios debía acudirse a especialistas en mercado de energía mayorista, para lo cual solicitó el decreto y práctica de una prueba pericial que no se pudo practicar por la falta de interés de la actora.
Argumentó que no fue posible establecer ni el daño ni la cuantía, por carencia absoluta de pruebas para demostrarlo, aseverando que como mínimo debió aportar copia auténtica de los contratos de suministro de energía, lo mismo que copia de las actas de cruce de cuentas.
4.4.2. Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
La parte demandante solicitó que se revocara el auto de traslado para alegatos de conclusión para que, se su lugar, se recaudara la prueba pericial decretada.
4.5. Auto de revocatoria de la decisión de preclusión de la etapa probatoria
Mediante auto del 20 de mayo de 2005, se dejó sin efectos la providencia que corrió traslado para alegatos de conclusión y se incorporó al proceso la prueba pericial presentada por los expertos Hernando Díaz Martínez y Ricardo Agustín Smith Quintero, visible a folios 576 a 598 del expediente, de la cual se corrió traslado a las partes, quienes contradijeron el dictamen, a lo cual se le impartió el trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil.
4.6. Preclusión etapa probatoria y traslado para alegatos de conclusión
Mediante auto del 16 de diciembre de 2010, se corrió traslado para alegatos de conclusión.
4.6.1. Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG
4.6.1.1. En escrito radicado el 4 de febrero de 2011 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en que ninguna de las normas citadas por el actor como transgredidas por la Resolución 065 de 1999, regulan lo relativo a la procedencia del recurso de apelación contra el registro de fronteras comerciales por parte de I.S.A.
4.6.1.2. Precisó que las Resoluciones 025 de 1995, 066 de 1995 y 19 de 1999, expedidas por la CREG, se refieren a exigencias técnicas para la operación del sistema interconectado nacional, específicamente lo relacionado con la medición y no regulan la procedencia de recursos, tema que constituye reserva de ley, desarrollada en relación con los actos de la administración en los artículos 49 y ss del C.C.A. y en las leyes especiales, conforme al artículo 1º, inciso 2º que regulan los procedimientos administrativos.
Con ocasión de lo expuesto, estimó que la demanda incumplió la exigencia del artículo 137 numeral 4º del C.C.A. que, de manera expresa, establece que deberán indicarse las normas violadas y el concepto de violación.
4.6.1.3. Agregó que, en el caso concreto existe falta de poder suficiente y, adicionalmente, operó la caducidad de la acción, por cuanto transcurrieron más de cuatro (4) meses, entre la fecha de notificación de la Resolución CREG 065 de 1999 –20 de diciembre de 1999– y la presentación de la demanda –24 de abril de 2000–.
4.6.1.4. Aclaró que el registro de fronteras comerciales por parte de I.S.A., en su calidad de ASIC, no es una liquidación de cuentas y difiere sustancialmente de ella, como para que pueda permitirse la interpretación de la entidad demandante.
4.6.1.5. Alegó la inexistencia de nexo causal entre el acto que profirió la CREG que desestimó el recurso de apelación y los daños que la actora dice soportar.
Al respectó, advirtió que la lesión patrimonial cuyo reconocimiento reclama el actor, proviene de fecha anterior a la de los actos cuya nulidad se reclama, pues ellos se concretan a la diferencia entre la facturación realizada por Codensa, durante los meses de enero a julio de 1999 y el cobro por concepto de venta de energía que habría efectuado E.P.M..
Concluyó afirmando que el perjuicio económico, que dice haber sufrido la actora, se causó durante los meses comprendidos entre enero y junio de 1999 y los actos cuya nulidad solicita datan de fechas posteriores al 8 de julio de 1999.
Lo anterior lo llevó, igualmente, a concluir que la entidad demandante equivocó la acción y ha debido interponer reparación directa.
4.6.1.6. Explicó in extenso el alcance de las normas técnicas regulatorias vigentes para la fecha de celebración de los contratos de suministro de energía, con respecto a las cuales advirtió que E.P.M. había dejado vencer el término para realizar las adecuaciones técnicas, de tal manera que las pérdidas económicas que dice haber sufrido se deben a su propia negligencia y no a la actuación o abstención de las demandadas que no tienen la disposición sobre los equipos.
4.6.2. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. I.S.A.
4.6.2.1. En escrito radicado el 31 de enero de 2011, la entidad ratificó el contenido de los alegatos presentados con ocasión del auto que fue revocado, explicando en esta oportunidad en forma amplia el alcance de las normas regulatorias.
4.6.2.2. Insistió en que lo que se ha probado en el proceso hacer referencia a que, para la época de la solicitud por parte de la accionante de la inscripción de fronteras comerciales, sus equipos no cumplían los requisitos exigidos por el Código de Medida.
4.6.2.3. Aseveró que se demostró, con la prueba pericial practicada en el proceso, que “en razón a que los equipos de la accionante no cumplían con la normatividad y regulación vigente a esa fecha, no le causó perjuicio a E.P.M. pues el pago que dicha empresa le hizo a sus clientes fue con base en una consideración comercial y por ende mucho menos puede imputársele un daño a ISA.”
4.6.2.4. Los contratos celebrados por E.P.M. estaban sujetos a una condición para su inicio, que era el registro de la frontera comercial, de tal manera que, al no obtener este, no nacieron a la vida jurídica y, por ende, no puede predicarse incumplimiento alguno.
4.6.3. Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
4.6.3.1. En escrito radicado el 3 de febrero de 2011, el apoderado judicial de la entidad demandante reiteró las pretensiones de la demanda, así como los fundamentos fácticos y jurídicos que le sirvieron de sustento y la causal de nulidad invocada, referida a la violación de normas de superior jerarquía.
4.6.3.2. Refirió las pruebas practicadas en el proceso y realizó un recuento de las normas regulatorias expedidas por la CREG y la interpretación que a su juicio debía dárseles.
4.7. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
4.8. Sentencia de primera instancia
4.8.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 20 de junio de 2012, negó i) las pretensiones de la demanda; ii) la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG; y iii) declaró que no prospera la objeción por error grave presentada por el apoderado de la parte “demandada”.
4.8.2. La primera instancia, para comenzar, analizó el marco normativo de la regulación y las competencias de la CREG en esta materia, precisando que correspondía en el caso concreto pronunciarse sobre los siguientes aspectos i) competencia de la CREG para resolver la apelación del acto de inscripción de las fronteras comerciales; ii) regulación del período de transición para los equipos de medida que estuvieran instalados antes de la entrada en vigencia del Código de Medida; y iii) análisis de los perjuicios causados por la no inscripción de fronteras comerciales.
4.8.2.1. Consideró que las funciones que ejercía I.S.A., como Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, son de autoregulación, la CREG es superior funcional. Lo anterior, con fundamento en la Resolución 024 de 1995, toda vez que debe existir una función de coordinación entre el administrador del SIC y la Comisión.
Agregó que, existe una competencia de la Comisión para resolver las apelaciones que interpongan las empresas contra los actos administrativos expedidos por ASIC, según lo establece el artículo 28 ejusdem.
Señaló que esa regulación no se refiere únicamente a las liquidaciones sino a todas sus funciones, por cuanto en lo referente a la liquidación de cuentas, el parágrafo 4º del artículo 12 regula, de manera especial, los recursos de reposición y apelación.
Concluyó afirmando que “No son de recibo, por tanto, las razones que expone la CREG, en cuando no es superior jerárquico de ISA como administrador del SIC, puesto que, como se observa, para ser competente para resolver de un recurso de apelación no se requiere que sea jerárquicamente superior, más si debe haber una relación de funcionalidad, pues el asunto se enmarca dentro de la autoregulación regulada.”
Con fundamento en lo anterior, negó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
4.8.2.2. En relación con la regulación del periodo de transición para los equipos de medida que estuvieran instalados antes de la entrada en vigencia del Código de Medida, consideró que existió un vacío o laguna en la regulación durante el período de expedición de la Resolución 025 de 1995 y la 019 de 1999, respecto de la aplicación de un régimen excepcional para los transformadores (CT y PT) que se encontraban instalados antes de la entrada en vigencia de la primera resolución.
Aseveró que la Resolución 019 de 1999 se expidió precisamente porque no había claridad acerca del plazo para el cambio de transformadores de voltaje y transformadores de corriente, tal como se relacionó en la parte motiva del acto administrativo.
Advirtió que esta resolución no reguló los procesos específicos de inscripción de una frontera comercial, en la cual ya se encontraban instalados CT’s y PT’s, por lo tanto, esta omisión llevaba a la conclusión de que en esos casos también se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 1999.
No obstante lo anterior, al examinar el caso concreto, resaltó “existen tres diferentes actos administrativos, no demandados, que están estrechamente vinculados con la inscripción de las fronteras comerciales, ellos son: la Comunicación 000743 del 13 de enero de 1999, en esta niegan la inscripción de la frontera comercial de Siderúrgica del Muña, la Comunicación 002661-1 del 3 de febrero de 1999 que niega la inscripción de la planta Bavaria Techo y la Comunicación 015599-1 del 30 de junio de 1999, mediante la cual se inscriben en el mercado de energía mayorista al usuario no regulado: Siderúrgica Muña S.A. y Bavaria S.A. Planta Techo.”
Siendo esta la actuación administrativa, el reproche de E.P.M. ha debido hacerse frente a las comunicaciones 000743 y 002661-1 del 13 de enero y 3 de febrero de 1999, respectivamente, por ser estos los actos administrativos que negaron la inscripción de la frontera y es frente a ellos que operaría eventualmente el fenómeno del decaimiento del acto, debido a que la regulación fue modificada por la Resolución 019 de 1999, desde el 13 de mayo de dicha anualidad.
En relación con la resolución demandada, por medio de la cual se inscribieron las fronteras comerciales, la encontró ajustada a la reglamentación de la CREG que estableció un plazo superior.
Consideró, en consecuencia, que debían negarse las pretensiones de la demanda, por cuanto “hasta antes de la expedición del acto administrativo (contenido en la comunicación 016217-1) los efectos jurídicos fueron producidos por los actos administrativos contenidos en las comunicaciones 000743 y 002661-1, frente a los cuales no existió un reproche (pues no hay prueba de que se haya iniciado una actuación en vía gubernativa y no fueron demandados) lo que ocurrió fue que E.P.M. inició una nueva actuación administrativa, la cual no puede revivir términos, como se pretende con la demanda, al considerar que las fronteras se debieron inscribir desde la fecha de la solicitud de inscripción (12 de enero y 1º de febrero de 1999).
4.8.2.3. En relación con el problema jurídico referido a los perjuicios causados por la no inscripción de las fronteras comerciales, consideró que se perdía el objeto de análisis del daño.
4.8.2.4. Finalmente, se pronunció sobre la objeción por error grave que interpuso la parte demandada en relación con el dictamen pericial, para considerar que no se presentó y que más que un error grave lo que ocurrió en el presente caso es una impertinencia de la prueba que no tiene la capacidad de contribuir al juicio del fallador para dirimir la controversia.
Lo anterior por cuanto no se presentó un error en el objeto de la prueba que pueda ser calificado como grave y que la alegación de la entidad hace referencia a las conclusiones a las que llegaron los auxiliares de la justicia, las cuales no comparte.
4.9. Recurso de apelación interpuesto por E.P.M.
Dentro del término legal, el apoderado judicial de la empresa demandante interpuso el recurso de apelación, en el que presentó los siguientes argumentos:
4.9.1. E.P.M. no podía demandar los actos administrativos contenidos en los oficios 000743-1 y 002661-1, expedidos por I.S.A. como administrador del SIC, que negaron la inscripción inicial de las fronteras comerciales, por cuanto éstos eran actos preparatorios o de mero trámite que no finalizaban la actuación administrativa.
Al respecto, aseveró que, de conformidad con el artículo 49 del C.C.A. no se pueden presentar recursos contra los actos de carácter general, ni contra los actos preparatorios o de trámite y, por ende, tampoco se pueden demandar.
Consideró que las dos comunicaciones por medio de las cuales se negó la inscripción de las fronteras comerciales, en relación con cada uno de los contratos de comercialización de energía que celebró, le indicaron que no era posible la inscripción, hasta tanto no se cumpla con el Código de Medida.
4.9.2. El a quo desconoció que los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, estaban encaminados a que las fronteras comerciales se inscribieran a partir del 12 de enero y del 1º de febrero de 1999 y no a partir del 1º de julio de 1999.
Sobre este argumento, consideró que el a quo puso a generar efectos a actos preparatorios o de mero trámite que hacían parte de la decisión definitiva y desvió el sentido general de los recursos que estaban encaminados a que la inscripción se realizara desde la fecha en que fue inicialmente solicitada.
4.9.3. El Tribunal de primera instancia se equivocó al concluir que E.P.M. pretendía revivir términos, respecto de los actos administrativos que le habían negado la inscripción de las fronteras comerciales.
Sustentó esta alegación en la naturaleza de actos de trámite o preparatorios que le asignó a las decisiones de negar la inscripción de las fronteras comerciales.
4.9.4. Se interpretó de manera indebida la Resolución 019 de 1999, por cuanto esta lo que hizo fue ratificar la ilegalidad en la que se encontraban los actos administrativos expedidos por I.S.A. como administrador del SIC, al haber negado la inscripción de las fronteras comerciales.
4.9.4. Omitió declarar la objeción por error grave del dictamen solicitado por Empresas Públicas de Medellín, cuando este se encontraba demostrado en el plenario.
La parte recurrente afirmó que los peritos omitieron responder las preguntas formuladas e incurrieron en error en los cálculos realizados, por cuanto tuvieron en cuenta únicamente la utilidad para el comercializador, cuando en el negocio de venta de energía interviene E.P.M., como empresa generadora y comercializadora y, por lo tanto, el perjuicio fue en las dos líneas del negocio.
Afirmó que en este caso se perdió la oportunidad de venta de energía, no solamente de la ganancia esperada en el negocio, sino también las posibilidades para que la entidad recibiera unos ingresos.
4.10. Trámite en segunda instancia
Por auto del 26 de julio de 2013, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante.
Según auto del 1º de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes para presentar alegaciones en segunda instancia y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
4.9.1. Alegatos presentados por la parte demandada – Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG
El apoderado de la entidad, mediante escrito radicado el 3 de diciembre de 2012, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia. Insistió en los argumentos expuestos en sus anteriores intervenciones procesales.
4.10.2. Alegatos de la parte demandante
En escrito radicado el 6 de diciembre de 2013, la parte actora presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos que ha expuesto a lo largo del proceso judicial.
Insistió en que, la decisión de inscribir las fronteras comerciales desde el 1º de julio de 1999 carece de fundamento legal, en sustento de lo cual hizo referencia a la normatividad que regula la materia.
En esta oportunidad insistió en los perjuicios que le fueron ocasionados y, adicionalmente, en la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en los argumentos que fueron expuestos en el líbelo introductorio.
4.9.3. Concepto del Ministerio Público en el trámite del recurso de apelación
Al Ministerio Público no rindió concepto en el trámite de la segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.”
La Sección advierte que no se pronunciará sobre la decisión de negar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, por cuanto tal decisión no fue recurrida en apelación, habiendo cobrado firmeza.
2. Sobre la caducidad de la acción
En consideración a que en la sentencia de primera instancia no se realizó pronunciamiento alguno sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante tratarse de un presupuesto procesal de la acción y que fue objeto de alegación por la parte demandada, la Sala destaca en esta oportunidad que la demanda fue presentada en tiempo, por lo que no operó el referido fenómeno.
En efecto, la notificación del último acto administrativo, que corresponde al que negó el trámite del recurso de apelación en sede administrativa, se realizó el 20 de diciembre del año 1999 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue ejercida mediante demanda presentada el 24 de abril de 2000, fecha que corresponde al primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de cuatro meses consagrado en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la semana inmediatamente anterior correspondía a vacancia judicial por semana santa del año 2000.
En consecuencia, corresponde estudiar el fondo del asunto con limitación a los argumentos de apelación.
3. Actos administrativos acusados
Corresponden a los siguientes:
3.1. Acto de inscripción de frontera comercial Siderúrgica del Muña y Bavaria Techo. Comunicación 016217-1 del 8 de julio de 1999, suscrita por el Gerente de Mercado de Energía Mayorista de I.S.A.
3.2. Resolución número 883 del 18 de agosto de 1999, por medio de la cual ISA en su calidad de administrador del SIC, rechaza el recurso de reposición y concede recurso de apelación interpuesto por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
3.3. Resolución Nro. 065 del 25 de noviembre de 1999, notificada el 20 de diciembre de 1999, por medio de la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG se pronunció sobre la improcedencia de un recurso de apelación.
4. Problema jurídico
4.1. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia apelada, para lo cual estudiará el problema jurídico referido a si los actos administrativos demandados se encuentran incursos en causal de nulidad por infracción de infracción de normas de superior jerarquía.
4.2. Para tal efecto, la Sala resolverán los siguientes subproblemas jurídicos
4.2.1. Si los actos administrativos expedidos por el Administrador del SIC, contenidos en las comunicaciones números 000743-1 del 13 de enero de 1999 y 002661-1 del 3 de febrero de 1999, por medio de los cuales decidió negar la inscripción de las fronteras comerciales solicitada por E.P.M., hasta tanto no se cumpliera con el Código de Medida (Resolución 025 de 1995), son actos administrativos de trámite, preparatorios o definitivos.
Lo anterior, con el fin de determinar si trata de actos controlables en sede contencioso administrativa.
4.2.2. Si con fundamento en la expedición de la Resolución 019 de 1999, era posible realizar la inscripción de las fronteras comerciales con retroactividad al 1o de enero y 1º de febrero de 1999, respectivamente.
4.2.3. Si los perjuicios cuyo reconocimiento y pago solicita E.P.M. fueron ocasionados por los actos administrativos demandados o con la decisión inicial de negar la inscripción, lo que implica estudiar el nexo causal.
4.2.4. Si debía prosperar la objeción por error grave formulada por E.P.M. en relación con el dictamen pericial practicado en el proceso.
5. Razones jurídicas de la decisión
Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve el problema jurídicos que subyace al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, incluirá un marco teórico sobre la figura de la inscripción de fronteras comerciales y el trámite previsto para ellas y a continuación resolverá el caso concreto.
5.1. Inscripción de fronteras comerciales
5.1.1. El parágrafo 1º del artículo 167 de la Ley 142 de 1994, encomendó a la empresa encargada del servicio de interconexión nacional, organizar el Centro Nacional de Despacho, como una de sus dependencias internas, responsable, entre otras funciones, de administrar el sistema de intercambios y comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista, con sujeción a las normas del reglamento de operación, cuya expedición es competencia de la CREG, y a los acuerdos del Consejo Nacional de Operación.
5.1.2. Mediante Resolución 025 del 13 de julio de 1995, expedida por la CREG, se adoptó el Código de Redes, como parte integral del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional, normatividad que regula el mercado mayorista de la energía eléctrica, el régimen de las transacciones comerciales realizadas entre los agentes que participan en el mercado y, específicamente, los contratos de energía a largo plazo, los contratos de energía en la bolsa, la prestación de servicios asociados de energía eléctrica en la bolsa de energía y su cumplimiento.
El Código de Redes, aprobado según la resolución referida, confirió a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., a través del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC o ASIC), específicamente del Gerente de Mercado de Energía Mayorista, la competencia para efectuar la inscripción de las fronteras comerciales que los distintos comercializadores de energía colocan o se comprometen a colocar en el mercado energético colombiano.
5.1.3. Las fronteras comerciales permiten determinar los puntos de entrega de energía eléctrica en el sistema entre los agentes que participan en el mercado de energía, para lo cual en dichos puntos se deben instalar los equipos que cumplan las características establecidas en el código de medida que incluyen medidores y transformadores de corriente y voltaje.
El objetivo del registro de fronteras comerciales consiste en informar al administrador del mercado de energía la existencia de los puntos de entrega y el titular del derecho sobre los mismos, para determinar los consumos de energía de los agentes que participan en el mercado.
La normatividad vigente para la época en que E.P.M. solicitó el registro de las fronteras comerciales –enero de 1999– era la Resolución No. 003 del 13 de enero de 1998, en virtud del cual “Los contratos de compraventa de energía deberán registrarse ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales en un plazo no inferior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de su ejecución comercial, ya sea que se trate de un nuevo contrato o de la modificación de uno existente.”
Según la reglamentación vigente para la época de los hechos, el procedimiento para el registro de fronteras comerciales, comprendía las siguientes etapas:
1. Solicitud de Registro: Las solicitudes para el registro de Fronteras Comerciales deberán hacerse al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la entrada en operación comercial de la respectiva frontera.
2. Estudio de la Solicitud de Registro: hecha la solicitud de registro, el ASIC la estudiará y hará pública toda la información en un plazo no inferior a tres (3) días hábiles antes de la entrada en operación comercial de la respectiva frontera.
3. Información del Registro: La información que publicará el ASIC deberá incluir todos los datos necesarios para la revisión por parte del agente que realizó la solicitud y de terceros interesados.
4. Registro de la Frontera: Se entenderá por fecha de inicio o fecha de registro de la frontera, la fecha en que entrará en operación comercial.
5. Revisión y Aclaraciones a la Solicitud: A partir de la fecha en que se publique la información, el agente y los terceros interesados tendrán un plazo de dos (2) días hábiles para su revisión, responder las aclaraciones solicitadas por el ASIC o manifestar y sustentar su desacuerdo con la inscripción.
5.2. Naturaleza jurídica de los actos de registro de fronteras comerciales
La Sala destaca que la inscripción de fronteras comerciales genera un acto de registro que constituye un instrumento de publicidad, cuyo objeto es en el caso concreto establecer la existencia de los puntos de entrega de energía y el titular del derecho sobre los mismos, para determinar y liquidar los consumos de energía de los agentes que participan en el mercado mayorista.
La regla general en cuanto a actos de registro se refiere es que a estos se les reconoce carácter meramente declarativo, en cuanto constituyen un mecanismo de publicidad de ciertos hechos o actos relevantes.
Sin embargo, los de inscripción de fronteras comerciales, según las normas que los rigen, se erigen como una condición necesaria para la ejecución del contrato de compraventa de energía y para la liquidación de los valores por tal concepto, de tal manera que constituyen una condición sine qua non para la producción de los efectos jurídicos del acto inscrito, es decir, condicionan su eficacia jurídica.
Cabe destacar que cuando el acto de registro tiene esta connotación se erige en un acto constitutivo, tal como lo destacó la Corte Constitucional en la Sentencia C-621 de 2003, en la medida en que se trata de aquellos “cuya omisión impide de manera absoluta la producción de efectos jurídicos”.
5.3. Actos de trámite, preparatorios o definitivos
Desde el punto de vista de su relación con la decisión, los actos administrativos se pueden clasificar en preparatorios, de trámite, definitivos y de ejecución.
Los actos de trámite son aquellos que se profieren en el curso de un procedimiento administrativo, en consecuencia se “encargan de dar impulso a la actuación o disponen organizar los elementos de juicio que se requieren para que la administración pueda adoptar la decisión de fondo sobre el asunto mediante el acto definitivo y, salvo contadas excepciones, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.”
Lo anterior implica que “no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el llamado acto definitivo”.
la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que aunque tanto los actos de trámite como los preparatorios son previos e instrumentales para la decisión que se tome de fondo, tienen diferencias que impiden equipararlos. Al respecto, consideró que “los de trámite son los que meramente dan impulso a la actuación, los preparatorios, según la academia, son aquellos previos, pero necesarios, para adoptar una decisión de fondo”.
Por su parte, los actos definitivos son los que contienen la decisión de la administración sobre el asunto sometido a su consideración o como lo establece el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo “Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla.”
Esta calificación del acto administrativo resulta indispensable para determinar si es susceptible de control jurisdiccional contencioso administrativo, pues sólo los actos definitivos, en cuanto contienen una decisión, son susceptibles de control, salvo que se trate de un acto de trámite que haga imposible la continuación de la actuación administrativa y, por tanto, tenga la virtualidad de convertirse en definitivo.
5.4. Análisis del caso concreto
5.4.1. Determinación de la naturaleza de los actos que inicialmente negaron el registro de las fronteras comerciales
De conformidad con los medios de convicción allegados a la actuación, se encuentra demostrado que E.P.M., según comunicaciones radicadas bajo los números 000163-3 y 002682-3 del 5 y 29 de enero de 1999, solicitó ante el Administrador del SIC, la inscripción de dos fronteras comerciales, a saber:
i) Siderúrgica de Boyacá S.A. Planta del Muña, código de instalación 80001000000000000, desde el 12 de enero de 1999.
ii) Bavaria S.A. Planta Techo, código de instalación 82001600900020000, a partir del 1º de febrero de 1999.
El Administrador del SIC, mediante Oficios números 000743-1 del 13 de enero de 1999 y 002661-1 del 3 de febrero de 1999, informó sobre la decisión de no inscribir dichas fronteras comerciales, hasta tanto no se cumpliera con el Código de Medida, contenido en la Resolución 025 de 1995, que obligaba a los comercializadores a actualizar tanto los equipos de medida como los transformadores decisiones que en su oportunidad cobraron firmeza por no haber sido controvertidas en sede administrativa ni judicial.
Cabe destacar que estos actos administrativos, que negaron el registro solicitado, fueron expedidos antes de la entrada en vigencia de la Resolución 019 de 1999, que amplió el plazo para adecuar los equipos referidos hasta el 31 de diciembre de la citada anualidad.
Sobre este trámite, la Sala destaca que los actos que en su oportunidad negaron el registro, con fundamento en la normatividad vigente, constituyen actos definitivos en cuanto crearon una situación jurídica y con esta decisión de la administración se terminó la actuación.
Ahora bien, la circunstancia destacada por el recurrente de que en las comunicaciones referidas se le expuso que la imposibilidad del registro iría hasta tanto cumpliera con el Código de Medida, no convierte el acto en uno de trámite o preparatorio, por cuanto, en el evento de cumplirse la condición impuesta se inicia un nuevo trámite administrativo de registro, independiente y autónomo del anterior que culminó con la negativa de realizar el registro.
Lo anterior se corrobora al revisar las pruebas documentales que forman parte del acervo probatorio en el sub examine, que dan cuenta que allí terminó el trámite administrativo, sin que E.P.M. acreditara el cumplimiento del Código de Medida y/o solicitara la continuación del trámite.
En efecto, fue únicamente con el procedimiento, por parte de la CREG de la Resolución 019 de 1999, en virtud de la cual “Los Transformadores de Corriente (CT’s) y los Transformadores de Voltaje (PT’s) de las Fronteras Comerciales en el Mercado Mayorista, que se encontraban instalados a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución CREG-025 de 1995, deberán cumplir los requisitos exigidos en el Numeral A.2.1 del Anexo CM-1 del Código de Medida contenido en esa Resolución, a más tardar el 31 de diciembre de 1999.”, que E.P.M. solicitó nuevamente el registro, según comunicación radicada en I.S.A. bajo el número 1019723-3 del 30 de junio de 1999.
En la referida comunicación, expresamente solicitó que cumplía los requisitos para inscribirse en el mercado no regulado “a partir del 1º de julio de 1999”.
Esta comunicación, se reitera, dio lugar a un trámite de registro independiente que terminó con la inscripción a partir de la fecha solicitada en el oficio radicado por E.P.M., en relación con la cual se interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación por quien carecía de la representación legal de la entidad y adicionalmente no cumplía con el requisito de ser abogado en ejercicio, lo que impidió que, por lo menos el primero de ellos, fueron rechazado por improcedente.
Las pruebas analizadas en precedencia permiten concluir que las primeras decisiones de la administración fueron definitivas y eran susceptibles de ser demandadas en sede judicial, por lo que no le asiste razón a la parte actora al pretender desvirtuar las conclusiones a las que llegó el Tribunal para negar las pretensiones de la demanda.
5.4.2. Imposibilidad de registrar las fronteras comerciales con retroactividad
Sobre este aspecto del recurso, la Sala precisa que, siendo la naturaleza de los actos de registro de fronteras comerciales un mecanismo para dar publicidad ante los demás operadores del mercado mayorista de energía, así como para definir las obligaciones y acreencias de los generadores, los comercializadores y los transportadores por concepto de los actos o contratos de energía en la bolsa y el establecimiento de las responsabilidades por los usuarios de los consumos, riesgos y operaciones inherentes a su red interna, no era posible que la inscripción se hiciera con efectos jurídicos anteriores.
Realizar un registro en forma retroactiva contraría la naturaleza de esta figura jurídica y las finalidades y objetivos que se pretende lograr con ella.
4.2.3. Examen del nexo causal en el caso concreto
En virtud de la lógica que subyace a la estructura de las acciones contenciosas consagrada por nuestro ordenamiento jurídico, es claro que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho implica que los perjuicios cuyo reconocimiento y pago se solicita deben haber sido ocasionados directamente, –causa adecuada– por el acto o actos administrativos cuya declaratoria de nulidad se solicita y no pueden tener origen ni en otros actos ni en hechos u omisiones de la administración.
En el caso concreto, resulta evidente que los perjuicios cuyo reconocimiento y pago solicita la parte demandante corresponden a la decisión de la Administración de no inscribir las fronteras comerciales desde los meses de enero y febrero de 1999, relacionando las sumas de dinero causadas entre enero y junio de 1999, según se aprecia en los cuadros visibles a folios 243 y 244 cuaderno número 1, por los siguientes conceptos:
Cruce de cuentas realizado con Codenas de enero a junio de 1999.
Pérdidas en venta de energía en la Siderúrgica de Boyacá – Planta Muña, entre enero de 1999 y junio del mismo año.
Facturación dejada de realizar a Bavaria – Techo entre febrero de 1999 y junio del mismo año.
Resulta evidente que la causa de los perjuicios irrogados la constituyen los actos administrativos definitivos que negaron la inscripción en las fechas inicialmente solicitadas por E.P.M., y no el acto demandado y menos aquellos que por no haber sido correctamente interpuestos por la parte demandante fueron rechazados al agotar la vía gubernativa.
Corrobora lo anterior el hecho de que los cargos de nulidad expuestos por la parte actora, estuvieron encaminados a desvirtuar la exigencia que realizó el ASIC en los actos iniciales, en relación con la actualización de los equipos de medición y los transformadores, más a cuestionar el acto de registro que finalmente se realizó con fundamento en la Resolución que expidió la CREG el 19 de 1999.
El hecho de que la demandante hubiera encaminado los recursos en sede administrativa a pedir que los efectos del acto de registro fueran retroactivos –hasta las fechas de las solicitudes iniciales– no desvirtúa esta conclusión, toda vez que como se analizó en precedencia, tal pretensión con fundamento en una norma de carácter general que produce efectos hacia el futuro, iría en contra de la naturaleza jurídica misma del acto en cuestión.
En consecuencia, la pretensión de restablecimiento del derecho no se fundamenta en la nulidad de los actos administrativos censurados, sino en aquellos que no fueron objeto de demanda, por lo que el argumento de apelación no está llamado a prosperar.
4.2.4. Objeción por error grave
En consideración a que prospera la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso concreto, realmente no hay lugar analizar el posible error en que haya podido incurrir el dictamen pues este constituiría el sustento para calcular los perjuicios reclamados, sin que su valoración tenga incidencia alguna en la decisión que se adopta.
No obstante lo cual, sobre este tema, la Sala considera necesario reiterar su criterio en el sentido de que para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así mismo, que éste se contrapone a la verdad cuando se presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos.
Sin embargo, no constituye error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos, como lo concluyó el Tribunal en el caso concreto, al advertir que no es que exista error grave en el dictamen practicado en el proceso, sino que el mismo no tiene la capacidad de sustentar la decisión del operador judicial.
En el caso concreto la entidad demandante había objetado el dictamen por considerar que en el peritaje se tomaron precios de referencia y no los de la bolsa de energía y que en la valoración de los perjuicios no se tuvo a EPM como una entidad global, es decir los impactos en los negocios de generación y comercialización, aspectos éstos que guardan relación con las conclusiones de los peritos y no con el objeto mismo de la prueba.
En esa medida la objeción por error grave no tenía posibilidad de prosperar.
5. Costas
No hay lugar a condenar en costas en esta instancia, por cuanto no se encuentra acreditada una inadecuada conducta de alguna de las partes que dé lugar a condenarla por este concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 20 de junio de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Empresas Públicas de Medellín E.P.S. contra Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia, por no aparecer causadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
Notifíquese y Cúmplase.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ausente con permiso
La objeción por error grave que se resolvió en la sentencia fue presentada por el apoderado judicial de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., parte demandante en el presente proceso. Folios 236 a 262 del cuaderno número 1
“Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resoluci%C3%B3n-1995-CRG95025. Conjunto de reglas y procedimientos establecidos en el reglamento de operación que permiten definir las obligaciones y acreencias de los generadores, los comercializadores y los transportadores por concepto de los actos o contratos de energía en la bolsa conforme al despacho central. El SIC incluye el proceso de liquidación del valor de los intercambios, la preparación y actualización del estado de cuenta de cada generador, transportador y comercializador que participa en la Bolsa de Energía, la facturación, pago y recaudo del valor de las transacciones realizadas en la misma bolsa.
Se define como frontera comercial entre el OR, o el Comercializador y el Usuario los puntos de conexión del equipo de medida, a partir del cual este último se responsabiliza por los usuarios de los consumos, riesgos y operaciones inherentes a su Red Interna. Resolución CREG. 070 de 1998.
“Por la cual se establece el plazo máximo para adecuar los Transformadores de Corriente (CTs) y los Transformadores de Voltaje (PTs) de los Sistemas de Medición de Energía que se encontraban instalados en la fecha de entrada en vigencia de la Resolución CREG-025 de 1995, a los requisitos establecidos en el Código de Medida contenido en esa Resolución, y se establecen características técnicas de los equipos de medición para afrontar el problema informático relacionado con el cambio de milenio.”
El acto administrativo aparece a folios 20 a 21 del cuaderno principal
Según documento obrante a folios 22 a 32 del cuaderno número 1
Expresamente indicó que el recurso de apelación lo presentaba ante la CREG
“A.2.3 Disposiciones para los equipos existentes
Los CTs y PTs actualmente instalados se admiten con carácter de excepción. Solamente se exigir su reemplazo cuando sea necesario hacerlo por deterioro, pérdida de clase, para lo cual se deberán cumplir las características especificadas en el numeral A.2.1. Los equipos nuevos o sustituciones deberán cumplir las características especificadas en el numeral A.2.1. El sistema de medición comercial podrá compartir los bobinados de los transformadores de medición con el equipo de medición existente, siempre y cuando la carga total no supere su potencia de exactitud, definida según las normas indicadas anteriormente. Esta situación es válida hasta tanto se requiera el reemplazo de los mismos en virtud de lo expresado en el párrafo anterior. Los contadores que no cumplan los requisitos establecidos en el numeral A.2.1. deben ser reemplazados antes de la fecha establecida por la CREG.”
Folio 36 del cuaderno número 1
“ARTÍCULO 52. Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 2304 de 1989 Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente. 2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio, y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.”
El acto administrativo obra a folios 40 a 44 del expediente. Folio 256 del cuaderno número 1
Folio 258 del cuaderno número 1
Folio 275 del cuaderno número 2
Folio 552 del cuaderno número 3
Folio 558 del cuaderno número 3
Folio 171 del cuaderno número 5
Folios 172 a 190 del cuaderno número 5
Folio 195 del cuaderno número 5
La objeción por error grave que se resolvió fue presentada por el apoderado de la parte demandante. Folio 242 vuelto del cuaderno número 5
Folio 4 del cuaderno número 6
Folios 28 a 42105 del cuaderno número 8
Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar de conclusión en segunda instancia corrió entre el 27 de noviembre de 2013 y el 27 de diciembre de la misma anualidad (folio 7 reverso cuaderno número 6), el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero.
https://www.calendariodecolombia.com/calendario-2000.html, consulta realizada el 28 de junio de 2018
Según el artículo 23. Lit. i de la Ley 143 de 1994.
“Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resoluci%C3%B3n-1995-CRG95025.
“Por la cual se modifica el plazo para el registro de contratos de compraventa de energía ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), establecido en la Resolución CREG 132 de 1996”
Corte Constitucional, Sentencia C-621 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Sentencia T-088 de febrero 03 de 2005 de la Corte Constitucional, M.P Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-945 de Diciembre 16 de 2009 de la Corte Constitucional, M.P Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 18 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-28-000-2015-00011-00 CP. Alberto Yepes Barreiro. En el acto administrativo que obra a folio 358 del cuaderno número 2 se indicó que el Código de Medida exige para niveles de tensión mayores o iguales a 110 KV que la clase del CT y del PT sean como mínimo del 02. Negrillas fuera de texto
La copia de la solicitud obra a folio 363 del cuaderno número 2
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