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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2001-00710-01

Dictamen pericial: procedencia de nuevo dictamen pericial sobre un mismo punto

Fecha
31 de mayo de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2001-00710-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de agosto de 2011 por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. TERCERO: Abstenerse de condenar en costas por no aparecer causadas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2001-00710-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

31 de mayo de 2018

DICTAMEN PERICIAL – Procedencia de nuevo dictamen pericial sobre un mismo punto / FACULTAD DE JUEZ ADMINISTRATIVO – Para decretar prueba de oficio

[E]n principio, dentro del trámite judicial solo se admite el decreto de un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que un segundo tenga como objeto contraprobar el primero, de tal manera que si en el proceso solo existe una experticia y esta es insuficiente, corresponde al juzgador disponer de sus poderes oficiosos para declarar uno nuevo, siempre y cuando se trate de una “prueba necesaria para su decisión”. Era, en consecuencia, potestativo del juez decretar el nuevo dictamen que bien hubiera podido ser solicitado por quien objetó el primero si lo consideraba necesario para resolver, pero en el sub lite ambas partes objetaron sin considerar necesaria la práctica de un nuevo experticio. Adicionalmente, en el momento de declarar precluida la etapa probatoria y correr traslado para alegatos de conclusión, la parte demandante igualmente guardó silencio sobre este aspecto cuando bien hubiera podido elevar alguna solicitud al respecto y evitar el cierre probatorio. En el contexto procesal expuesto, resulta evidente que la procedencia de una segunda experticia estaba supeditada a que el Tribunal la encontrara necesaria para la sentencia que le correspondía proferir, lo cual no ocurrió en este caso. En ese orden, la alegación del recurrente en torno a la práctica de un nuevo dictamen no está llamada a prosperar, en la medida en que no resultaba necesario para resolver la objeción.

DICTAMEN PERICIAL APORTADO CON LA DEMANDA – Debe ser valorado como prueba documental

Al haberse relacionado el avalúo en el acápite de pruebas documentales, en la misma forma fue decretada por el Tribunal en el auto de apertura a pruebas del proceso, visible a folio 233 del cuaderno número principal, en virtud de lo cual el dictamen aportado debió ser valorado como prueba documental, de conformidad con las reglas contenidas en los artículos 251 y siguientes del Código de Comercio y se apreciarán en su conjunto con los demás medios de convicción aportados al proceso. […] En virtud de lo expuesto, el avalúo practicado por LONJANAP, debió valorarse en su conjunto con los demás medios de convicción allegados a la actuación, como prueba documental y, adicionalmente tenerse como alegaciones de la parte que lo aportó al proceso, para efectos de resolver la objeción al dictamen practicado en el mismo.

EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Indemnización y forma de pago / EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Precio de adquisición / AVALÚO DE INMUEBLE – Parámetros / AVALÚO DE INMUEBLE – Metodología para hacerlo / EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Avalúo comercial / DICTAMEN PERICIAL - Requisitos / AVALÚO COMERCIAL - Reglas / DICTAMEN PERICIAL - Deber de señalar y explicar la técnica valuatoria y el valor comercial / EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Indemnización / CARGA DE LA PRUEBA - Le corresponde a quien quiera desvirtuar el avalúo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala encuentra que no es procedente revocar la sentencia de primera instancia y decretar la nulidad parcial del acto administrativo, con fundamento en la existencia de yerros en el avalúo que sirvió de base para el precio del bien expropiado, pues correspondía a la parte demandante demostrar cuál era el precio que debió serle cancelado y el mismo no solicitó la indemnización de los perjuicios por concepto de lucro cesante ni los acreditó.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Quinta (Acuerdo 357 de 2017), de 17 de mayo de 2018, Radicación 25000-23-24-000-2007-00512-02, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; de 10 de mayo de 2018, Radicación 08001-23-31-000-2010-01020-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro; y 17 de mayo de 2018, Radicación 15001-23-31-000-2006-01363-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN – Carácter reparatorio y pleno / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a indemnización en los procedimientos de expropiación debe ser reparatoria y plena, lo que significa que no basta con que se compense al propietario del bien, el valor de éste, sino que corresponde resarcir la totalidad de los daños que se lleguen a causar con la decisión de la administración de privarle de su derecho de propiedad. Corolario de lo anotado en el párrafo precedente, la indemnización plena incluye además de la compensación por el bien expropiado, la cual debe corresponder a su valor comercial, el reconocimiento por el daño emergente y el lucro cesante que se hubiesen causado y demostrado en grado de certeza, como consecuencia directa de la ejecución de la decisión expropiatoria, esto es, previa acreditación del nexo causal. Así las cosas, la reclamación que se realiza de adecuación del monto de la indemnización por parte de quien ha sufrido los efectos de la expropiación, implica la posibilidad de reclamar tanto el justiprecio del bien, como el daño emergente y el lucro cesante que se hubiese generado por causa de la decisión del Estado.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de mayo de 2009, Radicación 05001-23-31-000-2005-03509-01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 233 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 238 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 251 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 61 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 63 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 67

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C.; treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-23-31-000-2001-00710-01

Actor: LUIS GUILLERMO HOYOS GÓMEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Referencia: Acción especial contencioso administrativa artículo 71 Ley 388 de 1997 – Fallo de Segunda instancia – Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia del 2 de agosto de 2011, proferida por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual i) se declaró que no prosperan las excepciones de caducidad, falta de integración del Litis consorcio y falta de agotamiento de la vía gubernativa, propuestas por el Municipio de Medellín; ii) se determinó que en el dictamen decretado por el Tribunal se incurrió en un error grave; y iii) se negaron las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por los señores Luis Guillermo Hoyos Gómez y otros contra el Municipio de Medellín.

ANTECEDENTES

La demanda

Pretensiones

Mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2001 en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, los señores Luis Guillermo Hoyos Gómez, Sergio Alberto Hoyos Gómez, Nora Patricia Hoyos Gómez, Himelia Gómez Viuda de Hoyos, Gloria Amparo Hoyos Gómez y María Magdalena Hoyos Gómez, por conducto de apoderada judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción especial contencioso-administrativa, establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

En la demanda, formularon las siguientes pretensiones:

“Primera: Declarar la nulidad de la Resolución No. 001234 de septiembre de 2000, por medio de la cual se expropió por vía administrativa el inmueble ubicado en la calle 52 No. 52-18 de la ciudad de Medellín, con matrícula inmobiliaria No. 01 N – 93916, de propiedad de los señores Luis Guillermo Hoyos Gómez, Sergio Alberto Hoyos Gómez, Nora Patricia Hoyos Gómez, Himelia Gómez Viuda de Hoyos, Gloria Amparo Hoyos Gómez y María Magdalena Hoyos Gómez, por falsa motivación y violación directa de la ley, por cuanto el valor del inmueble que en dicha resolución se fijó, no consultó la situación fáctica y de derecho señalada en la resolución 0762 del 23 de octubre de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en el Decreto 422 de 2000.

Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, el Municipio de Medellín pagará a los señores Luis Guillermo Hoyos Gómez, Sergio Alberto Hoyos Gómez, Nora Patricia Hoyos Gómez, Himelia Gómez Viuda de Hoyos, Gloria Amparo Hoyos Gómez y María Magdalena Hoyos Gómez, el mayor valor dejado de percibir en materia de compensación por expropiación de conformidad con lo que se pruebe en el proceso.

Tercera: Que de igual forma se reconozcan los intereses de mora sobre la diferencia que surja entre el avalúo inicial efectuado por la lonja de propiedad raíz de Medellín y el emitido al interior del presente proceso, desde la fecha en que mis poderdantes recibieron el valor del precio del inmueble, y la fecha en que se ordene y efectúe el reconocimiento de la diferencia encontrada.

Cuarto: Que se produzca el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.2.1. Los señores Luis Guillermo Hoyos Gómez, Sergio Alberto Hoyos Gómez, Nora Patricia Hoyos Gómez, Himelia Gómez Viuda de Hoyos, Gloria Amparo Hoyos Gómez y María Magdalena Hoyos Gómez, ostentaban la condición de propietarios del inmueble ubicado en la ciudad de Medellín, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 52-18 de la calle 52, identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-93916 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Zona Norte de Medellín que consiste en el local número 3 del Edificio Emialvarez.

1.2.2. El Municipio de Medellín, mediante Resolución No. 001026 del 3 de agosto de 2000, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 9ª de 1989, los artículos 58, 59 y 60 del capítulo 3º, artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997 y el Decreto Municipal 082 del 25 de enero de 2000, consideró de utilidad pública o social el inmueble referido y, en ese mismo acto, constituyó la oferta de compra, tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

1.2.3. El acto administrativo anterior fue notificado por edicto de 30 de agosto de 2000, de tal manera que, el término de treinta (30) días previsto por el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, venció el 11 de octubre de 2000, sin que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria.

1.2.4. Mediante Resolución No. 001234 del 21 de septiembre de 2000, expedida por el Alcalde de Medellín, se decretó la expropiación por vía administrativa del inmueble, fijando como valor del precio indemnizatorio la suma de ciento treinta y un millones trescientos veinte mil pesos ($131.320.000), de conformidad con el resultado del avalúo comercial número AV-024-CB del 25 de abril de 2000, practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte alegó, como causales de nulidad del acto administrativo las siguientes:

1.3.1. Falsa motivación

A juicio de la parte demandante, el valor del inmueble, contenido en la Resolución No 001234 del 21 de septiembre de 2000, no consultó la situación de hecho señalada en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

Precisó que, en relación con el precio de adquisición, la norma citada establece que el valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el bien a adquirir y, en particular, su destinación económica.

Señaló que se desconoció que, a partir del mes de octubre de 1997, los demandantes habían constituido sobre el mismo un contrato de arrendamiento para local comercial, el cual les representaba un ingreso mensual de $900.000.

1.3.2. Violación de los artículos 6º, 7º y 8º de la Resolución 0762 del 23 de octubre de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Consideró que el avalúo que sirvió de fundamento a la adquisición del predio es un informe sobre las características generales de un local determinado, sin que se haya detenido en cada uno de los aspectos que lo conforman.

Actuaciones procesales relevantes

2.1. Auto admisorio de la demanda

En auto del 4 de julio de 2001, se admitió la demanda, ordenando para el efecto i) notificar personalmente al representante del Municipio de Medellín y al agente del Ministerio Público; y ii) efectuada la notificación, fijar en lista el asunto, para que la parte accionada pudiese ejercer su derecho de defensa.

2.2. Contestación de la demanda

El Municipio de Medellín, por conducto de apoderado, contestó la demanda, en escrito radicado el 15 de agosto de 2001, en el que manifestó su oposición a las pretensiones elevadas por la parte demandante y formuló las siguientes excepciones:

2.2.1. Caducidad de la acción

Sustentó esta excepción en que la demanda se dirige contra la Resolución 001234 del 21 de septiembre de 2000, la cual fue notificada por edicto, desfijado el 30 de octubre de 2000, lo que implica que transcurrieron más de cuatro (4) meses desde la desfijación hasta su presentación, que se realizó el 6 de marzo de 2001.

2.2.2. Falta de integración del Litis consorcio

Aseveró que fue la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia la que practicó el avalúo, lo que implica que debe ser esta institución la llamada a explicar y fundamentar el mismo.

Manifestó que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 1240 de 1998 “La entidad privada que practique el avalúo y la persona que lo adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo de conformidad con la ley”.

2.2.3. Falta de agotamiento de la vía gubernativa

Precisó que contra el acto administrativo que ordenó la expropiación procedía el recurso de reposición, el cual no fue agotado por la parte demandante, como requisito previo para acceder a la jurisdicción.

2.3. Llamamiento en garantía – solicitud y admisión

2.3.1. La entidad demandada llamó en garantía a “Promotora Inmobiliaria de Medellín”, con fundamento en la existencia de un contrato interadministrativo, cuyo objeto era “la administración y ejecución de los dineros necesarios para el desarrollo del proyecto Centro Cultural Museo de Antioquia y la realización de las gestiones inmobiliarias para la adquisición de los mismos”.

2.3.2. Mediante auto del 11 de julio de 2002, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia, admitió el llamamiento en garantía y ordenó notificar a la sociedad referida, actuación que se surtió en debida forma, sin que la sociedad presentara contestación de la demanda.

Decreto y práctica de pruebas, incluido un dictamen pericial

Mediante auto del 10 de febrero de 2003, se abrió el proceso a pruebas, decretándose como pruebas las documentales aportadas por las partes, al tiempo que se ordenó la práctica de un dictamen pericial, cuyo objeto consistía en establecer el valor del bien objeto de expropiación.

En la misma providencia, se exhortó a la Promotora Inmobiliaria de Medellín, entidad que se transformó en Empresa de Desarrollo Urbano EDU, para que remitiera al proceso el avalúo practicado al inmueble objeto de expropiación que sirvió de fundamento al mismo.

2.4.1. La entidad llamada en garantía remitió el avalúo practicado al local comercial, con fundamento en el cual se realizó el proceso administrativo de expropiación, que obra a folios 234 a 270 de cuaderno principal.

2.4.2. El dictamen pericial ordenado por el Tribunal fue rendido por los auxiliares de la justicia Jhon Jairo Delgado Cadavid y Alfonso Cuellar Valencia, el 6 de julio de 2004, arrojando como valor ciento cincuenta y un millones trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos ($151.359.841).

El dictamen anterior fue objetado por error grave por las dos partes, así:

2.4.2.1. La entidad demandada, con los siguientes argumentos i) inconsistencia en el experticio, en cuanto a los metros reales del inmueble; ii) no se hizo constar cuál fue el área en metros cuadrados calculada para el mezzanine; iii) se incluyó el costo del terreno como una variable, no obstante la prohibición contenida en el artículo 12 de la Resolución número 0762 de 1998; iv) se adjuntó una promesa de compraventa que nunca se concretó y que no fue aportada al proceso, con lo cual se faltó a la lealtad procesal.

2.4.2.2. La apoderada de los demandantes, precisó que i) los peritos dicen haber empleado el método de reposición, pero no aparece ninguna memoria procedimental que permita corroborar lo afirmado; ii) los auxiliares de la justicia no pueden basarse en una promesa de compraventa firmada en el año 1997, pues en ese momento las condiciones del mercado eran diferentes; iii) no existe identificación plena y real del inmueble objeto del dictamen y no se conocen las encuestas realizadas; iv) se violó el artículo 15 de la Resolución 0762 del I.G.A.C., por no aplicar el método de renta.

Para acreditar el error grave, solicitó como pruebas que se recepcionara la declaración del ingeniero William Robledo Giraldo, con registro de avaluador profesional y se tuviera en cuenta el avalúo efectuado por la Lonja Nacional de Avaluadores Profesionales, que fue aportado con la demanda.

4.4.2.3. Mediante auto del 26 de julio de 2004 se concedió a los peritos la oportunidad para aclarar, adicionar, ampliar o modificar su experticia.

Según memorial radicado el 7 de diciembre de 2004, los auxiliares de la justicia presentaron aclaración del dictamen rendido, en el cual se dio respuesta a las objeciones presentadas por las partes y se ajustó el valor comercial de conformidad con el costo de reposición de acuerdo con el artículo 3º de la Resolución 0762 de 1978 del I.G.A.C., nuevo cálculo que arrojó como resultado el valor de ciento cuarenta y seis millones setecientos noventa mil setecientos noventa y cuatro pesos con 10/cvos ($146.790.794.10).

De la anterior aclaración se dio traslado a las partes, mediante auto del 9 de diciembre de 2004, el cual venció en silencio, por lo que en proveído del 24 de febrero de 2005, se decretó la prueba testimonial solicitada por la parte demandante encaminada a acreditar las causales de objeción presentadas.

Alegatos de conclusión

4.5.1. Alegatos presentados por la apoderada de la parte demandante

En escrito radicado el 14 de febrero de 2006, la apoderada de la parte demandante, presentó alegatos de conclusión, en los que ratificó las razones por las cuales debía declararse la nulidad parcial del acto demandado, en cuanto al precio pagado por el inmueble a título de compensación.

Afirmó que demostró con la prueba recaudada en el proceso que “el avalúo AV-024 – CB contenido en la Resolución 001234 del 21 de septiembre de 2000, elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, que sirvió de fundamento al Municipio de Medellín para la fijación del precio de adquisición del inmueble de propiedad de los demandantes ubicado en la calle 52 número 52-18 de la ciudad Medellín fue practicado con pleno desconocimiento de las normas contenidas en la Resolución 0762 del 23 de octubre de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto 422 de 2000”.

Reiteró los errores en los que considera incurrió el avalúo practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y los que, a su juicio, cometieron los peritos designados por el Tribunal, el cual en ese momento procesal estaba pendiente de decisión.

4.5.2. Alegatos de la parte demandada y de la entidad llamada en garantía

La parte demandada y la entidad llamada en garantía guardaron silencio.

Sentencia de primera instancia

En fallo del 2 de agosto de 2011, la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró que i) no prosperan las excepciones de caducidad, falta de integración del Litis consorcio y falta de agotamiento de la vía gubernativa, propuestas por el Municipio de Medellín; ii) en el dictamen decretado por el Tribunal se incurrió en un error grave por parte de los peritos y (iii) negó las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, la sentencia de primera instancia resolvió la excepción de caducidad de la acción, con fundamento en la norma especial prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, señalando que el término de cuatro (4) meses se cuenta a partir de la ejecutoria del acto que dispone la expropiación por vía administrativa.

Agregó que en el caso concreto la resolución quedó ejecutoriada el 7 de noviembre de 2000 y la el término para la presentación de la acción vencía el 8 de marzo de 2001, de tal manera que la demanda presentada el 6 de marzo de 2001 es oportuna.

En relación con el agotamiento de la vía gubernativa, precisó que únicamente procedía el recurso de reposición y que el mismo no es obligatorio.

Sobre la debida integración del contradictorio, advirtió que la entidad que expidió el acto fue el Municipio de Medellín y en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho la legitimación por pasiva la determina la autoría de los actos que se discuten y en el caso de la alegada responsabilidad solidaria, ella implica que las obligaciones se pueden reclamar de cualquiera.

Como consecuencia de la no prosperidad de las excepciones formuladas por la entidad demandada, el a quo realizó la apreciación en su conjunto de los medios de convicción allegados a la actuación, en especial el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, que sirvió de sustento a la expropiación y el practicado por los peritos designados por el despacho.

En relación con el dictamen practicado en el proceso, consideró que la objeción por error grave presentada por las partes estaba llamada a prosperar, por cuanto “no se advierte claro, preciso y detallado, ni se explican las investigaciones efectuadas ni los fundamentos técnicos de las conclusiones como lo exige el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil”.

Agregó que las conclusiones a las que llegaron los peritos no se encuentran fundamentadas y que no se advierte la razón por la cual atribuyen el valor por metro cuadrado, ni los diferentes factores que tienen incidencia en una construcción, atendiendo el método de reposición.

Precisó que los expertos no dieron cuenta de las reales dimensiones del bien, se fundamentaron en una promesa de compraventa del año 1997, sin que este documento estuviera legalmente allegado al proceso, mientras que el avalúo oficial se realizó mediante visita al inmueble en la que se tomaron fotografías del mismo, se realizaron las mediciones correspondientes y se tuvo en cuenta la naturaleza de local comercial del bien.

De lo expuesto, concluyó que “De las pruebas apreciadas en su conjunto no logra desvirtuarse la presunción de legalidad del acto administrativo atacado, puesto que no se advierte certeza de que el avalúo oficial es equivocado, lo cual era de cargo de la parte demandante, demostrando con precisión su incorrección, tal como lo señala el Consejo de Estado, en providencia del 14 de mayo de 2009”.

En relación con los perjuicios derivados del contrato de arrendamiento, que los demandantes afirmaron haber celebrado con respecto al inmueble, precisó que “no se logra convicción total respecto del bien expropiado teniendo en cuenta que ni el testigo, ni el documento que aparece a folio 87 aclara todos los extremos de la relación sustancial, esto es, sujetos, objeto y precio, pues el documento no da cuenta de las partes (sic), y el testigo no logra ser claro en cuanto a las partes que le arrendaron, el valor del canon ni la vigencia del contrato”.

Advirtió que no existe prueba que lleve a la Sala a concluir que existía contrato de arrendamiento para la fecha en que se realizó la expropiación, puesto que el mismo únicamente tiene la firma de uno de los contratantes y, adicionalmente, no se allegaron recibos, registros contables o algún otro medio de convicción que los acreditara, sin que la prueba testimonial decretada y practicada llevara al juzgador a la certeza sobre la existencia y vigencia del contrato ni sobre el valor de la renta pactada.

4.7. Recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante

La apoderada de la parte demandante, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que la misma fuera revocada, bajo la siguiente línea argumentativa.

Alegó que el dictamen practicado en el proceso fue objetado por error grave por las dos partes y que “sorprendentemente el proceso no derivó en el decreto de pruebas conducentes a demostrar el error que contenía, motivo por el cual tampoco se presentó un segundo dictamen que resolviera la objeción.”

Agregó que se desestimó el avalúo aportado con la demanda, al cual ha debido acudirse al prosperar la objeción por error grave del practicado en el proceso. Al respecto precisó que, “en vista de que dentro del proceso existe un dictamen aportado válidamente, puesto en traslado de la contraparte y no controvertido, debe producirse un fallo que de reconocimiento a las pretensiones de la demanda.”

Advirtió que el lucro cesante se encontraba demostrado con el contrato de arrendamiento allegado al proceso y la declaración que ratificó la existencia el contrato, precisando que “la ley no exige como prueba de un pago de arrendamiento una factura o recibo, de manera que si los mismos no estaban presentes en el proceso ello no era razón para negarse a considerar la prueba de su ocurrencia”.

4.7. Trámite en segunda instancia

Por auto del 1º de marzo de 2012, se admitió el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte demandante.

Mediante proveído del 1º de noviembre de 2013, se ordenó correr traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para rendir concepto.

4.7.1. Alegatos presentados por el Municipio de Medellín

La entidad, por intermedio de su apoderada, presentó escrito contentivo de sus alegaciones el 6 de octubre de 2010, en el que se refirió a los siguientes temas:

4.7.1.1. En relación con el nombramiento de otro perito, hizo relación a las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan la materia, para concluir que esa no es la regla general sino la excepción y que debió haber sido solicitado por la parte demandante, como prueba al momento de la objeción o del traslado, situación que no aconteció en el presente caso.

Recordó que la justicia administrativa es rogada y, por tanto, es a la parte a la que le corresponde demostrar los hechos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo.

4.7.2.2. Afirmó que la parte demandante pretende que la copia del avalúo que presentó con la demanda sea valorado como un dictamen pericial, cuando se trata de una prueba documental y, en el mismo libelo, se solicitó la prueba pericial con el lleno de los requisitos establecidos para el caso del trámite de expropiación.

4.7.2.3. Precisó que el avalúo presentado con la demanda no puede tenerse como prueba pericial, por cuanto fue practicado por fuera del proceso sin la audiencia del Municipio de Medellín, alegación que sustentó en lo preceptuado por el artículo 233 del C.P.C.

Agregó que la copia del documento presentado con la demanda no reúne los requisitos establecidos en el artículo 252 para ser tenido como prueba documental en el proceso.

4.7.2.4. Manifestó que, contrario a lo afirmado por la apoderada de los demandantes, el Tribunal sí se pronunció sobre el documento que contiene el avalúo aportado al proceso y al respecto advirtió que no cumple con la normatividad especial que regula el avalúo en materia de expropiación.

4.7.2.5. Sobre la solicitud de reconocimiento de los perjuicios causados advirtió que el contrato de arrendamiento allegado al proceso no tiene la firma de una de las partes y que no es cierto lo que afirma la demandante de haber sido reconocido por el testigo.

Señaló que en el auto que decretó las pruebas solicitadas por las partes no aparece una diligencia de reconocimiento del documento por parte del señor Jairo Restrepo (testigo de este extremo de la Litis) y esta declaración fue valorada en debida forma por el Tribunal, quien consideró que la declaración no era clara porque el deponente manifestó que “era dueño, luego lo vendió que después era poseedor del inmueble, lo que no permite concluir en forma clara y precisa en que calidad se encontraba dicho señor”.

4.7.2.6. Finalizó su escrito haciendo referencia a la carga de la prueba, en relación con lo cual consideró que si la parte actora pretendía que se modificara el monto del valor pagado a los propietarios por el inmueble en virtud del proceso expropiatorio, debió solicitar la práctica de todas las pruebas conducentes y pertinentes.

Sobre el dictamen precisó que, tal como lo establece el numeral 6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, que el mismo debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.

Reiteró que, en el trámite de adquisición del predio requerido para la ejecución de los proyectos, se le dio estricto cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política, la Ley 9ª de 1989, la Ley 388 de 1997, al Código de Procedimiento Civil y al Código Contencioso Administrativo.

La determinación del precio se realizó conforme al procedimiento señalado por el inciso 1º del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y no existe en este proceso una prueba idónea que desvirtúe el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.

4.7.2. Alegatos de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU (antes Promotora Inmobiliaria)

El apoderado judicial de la entidad llamada en garantía en este proceso, presentó alegatos de conclusión, según escrito radicado el 12 de diciembre de 2013, en el que precisó los términos del contrato interadministrativo celebrado con el Municipio de Medellín para la realización de los avalúos y trámites encaminados a realizar las expropiaciones de los predios que se requerían para adelantar obras de interés público.

4.7.2.1. Hizo referencia al periodo probatorio del proceso, precisando que la parte demandante tan sólo solicitó una prueba testimonial para acreditar el error grave en que incurrió el dictamen objeto de objeción y que se tuviera en cuenta el documento que contenía un avalúo presentado con la demanda.

Señaló los eventos en los cuales procede el decreto de una nueva prueba pericial, considerando que era potestad del juez decretarla, sin que este lo considerara necesario para resolver la objeción por error grave.

4.7.2.2. Aseveró que no es cierto que el Tribunal haya dejado de apreciar el avalúo presentado con la demanda y prueba de ello es la consideración consignada en los folios 9 y 10 de la sentencia en que se expusieron las razones por las cuales no podía ser tenido en cuenta.

4.7.2.3. Agregó que “El apelante olvida que el avalúo practicado por la Lonja Nacional de Avaluadores Profesionales del 29 de agosto de 2000, el cual pretende se considere como única prueba para acreditar el valor del inmueble expropiado, es un informe técnico sometido al principio de la libre valoración racional, por lo tanto no es posible sostener que el juez al momento de adoptar la decisión, deba necesariamente aceptar sus conclusiones, en tanto los elementos probatorios tienen como finalidad asistir a la formación del convencimiento del juez pero en ningún caso sustituirlo en su decisión.”

4.7.2.4. Sobre el dictamen de la Lonja de Propiedad de Avaluadores Profesionales del 29 de agosto de 2000, allegado con la demanda, observó que el valor del metro cuadrado constituye una operación matemática que desconoce aspectos jurídicos, físicos, metodológicos, económicos y territoriales para garantizar la estimación de un precio acorde con el mercado.

4.7.2.5. Advirtió que no existía prueba en el proceso sobre los perjuicios reclamados. Hizo referencia a la posición de la Corte Constitucional y de la Sección Primera del Consejo de Estado sobre el tema, para concluir que el carácter reparable del daño depende de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden dar lugar a una indemnización.

4.7.3. Alegatos de la parte demandante

La parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

4.7.4. Concepto del Ministerio Público en segunda instancia

El Ministerio Público no rindió concepto en segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1 del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia

En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.”

En consecuencia, la Sala no se pronunciará sobre la prosperidad de la objeción por error grave que formularon las dos partes, por no haber sido materia de apelación y, por tal razón, no tendrá en cuenta el referido dictamen para efectos de la decisión.

2. Acto administrativo censurado

La demanda recae sobre la Resolución No. 001234 del 21 de septiembre de 2000, expedida por el Alcalde del Municipio de Medellín, por medio de la cual se expropió por vía administrativa el inmueble ubicado en la calle 52 No. 52-18 de la ciudad de Medellín, con matrícula inmobiliaria No. 01 N – 93916, de propiedad de los señores Luis Guillermo Hoyos Gómez, Sergio Alberto Hoyos Gómez, Nora Patricia Hoyos Gómez, Himelia Gómez Viuda de Hoyos, Gloria Amparo Hoyos Gómez y María Magdalena Hoyos Gómez.

3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar si se debe modificar, confirmar o revocar la sentencia apelada, para lo cual se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

3.1. Si resultaba imperativo realizar un segundo dictamen pericial en el proceso, como consecuencia de haberse objetado por error grave el practicado en sede judicial, a efectos de resolver la objeción por error grave formulada por las dos partes;

3.2. Si se debía valorar el documento contentivo del avalúo presentado por la parte actora con el libelo introductorio;

3.3. En caso afirmativo, se deberá resolver si con fundamento únicamente en el avalúo presentado con la demanda procede el reconocimiento y pago del mayor valor dejado de percibir en materia de compensación por expropiación, como se solicitó en la pretensión segunda de la demanda.

3.4. Si en el sub examine procede el reconocimiento del lucro cesante, con fundamento en el contrato de arrendamiento aportado con la demanda y en la declaración del testigo Jairo Restrepo.

4. Razones jurídicas de la decisión

Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto, en su orden, así:

4.1. Procedencia de un segundo dictamen en el proceso judicial

La primera inconformidad de la recurrente hace referencia a la omisión en que considera incurrió el a quo al no decretar la práctica de pruebas, concretamente de un segundo dictamen pericial, para resolver las objeciones por error grave que las dos partes presentaron oportunamente.

Al respecto, la Sala destaca que el decreto del referido medio de convicción no resultaba imperativo para adoptar la decisión y que si las partes que objetaron el dictamen así lo consideraban hubieran podido solicitarlo dentro del término de traslado que para tal efecto se le concedió, en el cual la demandante solicitó únicamente la recepción de la declaración del señor William Robledo Giraldo y que se tuviera en cuenta el avalúo que como prueba documental aportó con la demanda inicial.

Lo anterior, por cuanto la prueba pericial que se decretó en el proceso, previa solicitud de la parte demandante, se rigió por lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, que frente a la procedencia de la peritación consagra la posibilidad de decretar un nuevo peritaje, siempre que el juez lo considere necesario para fallar, lo que implica que es una potestad del director del proceso más no un imperativo que pueda llegar a impactar la validez del proceso o del medio de convicción ni servir de fundamento para la revocatoria del fallo de primera instancia.

En armonía con lo argumentado en precedencia, se encuentra que el artículo 238 ejusdem establecía que el juez debía decretar las pruebas que considerara necesarias, para resolver sobre la existencia del error, y concedería el término de diez días para practicarlas y que la objeción se decidiría en la sentencia o en el auto que resolviera el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, señalando que el juez podría acoger como definitivo el realizado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo, con distintos peritos.

De las disposiciones examinadas se desprende que, en principio, dentro del trámite judicial solo se admite el decreto de un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que un segundo tenga como objeto contraprobar el primero, de tal manera que si en el proceso solo existe una experticia y esta es insuficiente, corresponde al juzgador disponer de sus poderes oficiosos para declarar uno nuevo, siempre y cuando se trate de una “prueba necesaria para su decisión”.

Era, en consecuencia, potestativo del juez decretar el nuevo dictamen que bien hubiera podido ser solicitado por quien objetó el primero si lo consideraba necesario para resolver, pero en el sub lite ambas partes objetaron sin considerar necesaria la práctica de un nuevo experticio.

Adicionalmente, en el momento de declarar precluida la etapa probatoria y correr traslado para alegatos de conclusión, la parte demandante igualmente guardó silencio sobre este aspecto cuando bien hubiera podido elevar alguna solicitud al respecto y evitar el cierre probatorio.

En el contexto procesal expuesto, resulta evidente que la procedencia de una segunda experticia estaba supeditada a que el Tribunal la encontrara necesaria para la sentencia que le correspondía proferir, lo cual no ocurrió en este caso.

En ese orden, la alegación del recurrente en torno a la práctica de un nuevo dictamen no está llamada a prosperar, en la medida en que no resultaba necesario para resolver la objeción.

4.2. Valoración del avalúo presentado con la demanda

Sobre esta alegación, la Sala encuentra que efectivamente la parte demandante presentó con el libelo introductorio –en original– el documento contentivo del avalúo comercial realizado el 29 de agosto de 2000 al predio objeto de expropiación, suscrito por el Ingeniero Carlos Alberto Peranquive Niño de la Lonja Nacional de Avaluadores Profesionales (LONJANAP), el cual relacionó en el acápite de pruebas documentales.

Por su parte, en el numeral correspondiente a prueba pericial solicitó que se designaran dos peritos “para que certificaran el precio real del inmueble al momento de la expropiación realizada por el Municipio de Medellín” –21 de septiembre de 2000–, prueba que fue practicada pero en torno a la cual prosperaron las objeciones por error grave formuladas por las partes.

Al haberse relacionado el avalúo en el acápite de pruebas documentales, en la misma forma fue decretada por el Tribunal en el auto de apertura a pruebas del proceso, visible a folio 233 del cuaderno número principal, en virtud de lo cual el dictamen aportado debió ser valorado como prueba documental, de conformidad con las reglas contenidas en los artículos 251 y siguientes del Código de Comercio y se apreciarán en su conjunto con los demás medios de convicción aportados al proceso.

Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la parte actora, en el término de traslado del dictamen practicado en el proceso, solicitó que el mismo avalúo se tuviera como prueba pericial para efectos de resolver la objeción, aspecto en torno al cual se advierte que le asistió razón al Tribunal, cuando consideró que para este efecto sólo podría tenerse en cuenta como alegaciones de la parte que lo aportó.

En efecto, sobre la solicitud de tenerlo como prueba pericial para resolver la objeción, el a quo precisó que, “Este dictamen por haberse practicado sin citación y audiencia del Municipio de Medellín y no haberse sometido a su contradicción en el proceso, no tiene valor probatorio y el efecto jurídico será el previsto en el artículo 238, numeral 7 del C.P.C., según el cual se tendrá como alegaciones de la parte que lo aportó”.

En virtud de lo expuesto, el avalúo practicado por LONJANAP, debió valorarse en su conjunto con los demás medios de convicción allegados a la actuación, como prueba documental y, adicionalmente tenerse como alegaciones de la parte que lo aportó al proceso, para efectos de resolver la objeción al dictamen practicado en el mismo.

Lo anterior, por cuanto se trató de dos momentos procesales distintos, de tal manera que corresponde al juzgador diferenciar cada uno de ellos, para otorgarle los efectos jurídicos previstos por el ordenamiento procesal, que no son otros que los precisados por esta Sala en precedencia de acuerdo con las normas jurídicas de orden público que regulan la materia.

4.3. Procedencia del reconocimiento del mayor valor, con fundamento en el avalúo presentado con la demanda

Al admitirse por la Sala la valoración del medio de convicción referido por la apelante, corresponde dilucidar si, con fundamento únicamente en el mismo, procede el reconocimiento y pago del mayor valor dejado de percibir en materia de compensación por expropiación, como se solicitó en la pretensión segunda de la demanda.

La respuesta a este problema jurídico implica establecer si el avalúo referido, por sí mismo, tiene la capacidad de desvirtuar el realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia el 25 de abril de 2000 y que determinó el precio del inmueble en la suma de $131.320.000 y en el que se consideraron las características de la propiedad horizontal, el uso del inmueble; la información completa del sector; las generalidades del local comercial; las características físicas y la “valuación” a través del método comparativo de mercado, autorizado por la reglamentación vigente en la materia.

Lo anterior, en consideración a que prosperó la objeción por error grave del dictamen practicado en el proceso y que este aspecto de la decisión no suscitó inconformidad alguna en las partes e intervinientes, motivo por el cual no puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia, en virtud del principio de limitación del ad quem.

Siendo ello así, al apreciar la prueba documental allegada se encuentra que la misma carece de soportes suficientes para desvirtuar el avalúo que sirvió de fundamento al acto administrativo censurado, el cual, contrario al aportado al proceso, se realizó con el lleno de los requisitos exigidos por legislador.

En efecto, el marco normativo que regula el procedimiento de expropiación se encuentra establecido en los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, que en su artículo 67 dispone lo concerniente a la “indemnización y forma de pago”, precisando que en el mismo acto que determine el carácter administrativo de este fenómeno jurídico se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la referida ley.

Por su parte, el artículo 61 ejusdem precisa que el precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, que en el sub examine fue la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno.

El precepto objeto de análisis en esta oportunidad establece que el valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, con su destinación económica.

Tal como ha tenido oportunidad de precisarlo esta Sala, “la determinación del valor comercial del bien a expropiar debe considerar para efectos del avalúo, las normas urbanísticas vigentes al momento del mismo, las cuales deben compaginar con las que se apliquen al momento de la oferta de compra, que es el último parámetro temporal que se tiene en cuenta para determinar el valor de la indemnización que se genera a partir de la expropiación administrativa”.

En el caso concreto, el parámetro que se tuvo en cuenta para la determinación del precio del bien expropiado venía dado por la fecha de la Resolución 1234 del 21 de septiembre de 2000, que constituye la decisión definitiva en cuanto al valor indemnizatorio del bien a expropiar.

Cabe destacar que la Resolución 762 del 23 de octubre de 1998 determinó las metodologías que se debían utilizar para realizar el avalúo de los inmuebles, incluyendo el método de comparación o de mercado; el de capitalización de rentas e ingresos; el de reposición y el de renta residual, al tiempo que estableció las etapas para la elaboración de los avalúos, que incluyen las siguientes:

Revisión de la documentación suministrada por la entidad peticionaria;

Definir y obtener la información que adicionalmente se requiere para la correcta identificación del bien.

Verificar la reglamentación urbanística vigente, haciendo especial énfasis en que ésta se encuentre debidamente publicada.

Reconocimiento en el terreno del bien objeto de avalúo.

Siempre que sea necesario se verificarán las mediciones y el inventario de los bienes objeto de la valoración. En caso de edificaciones deberán constatarse en los planos las medidas y escalas en que se presente la información.

En la visita de reconocimiento deberán tomarse fotos que permitan identificar las características más importantes del bien, las cuales posteriormente permitirán sustentar el avalúo.

La Sala destaca que los mismos parámetros y las pruebas que acrediten su estricto cumplimiento deben aparecer en el avalúo que pretenda desvirtuar las conclusiones a que arribó el que fue tenido en cuenta en sede administrativa para tomar la decisión.

Analizando el documento con estos parámetros, se puede evidenciar respecto de lo anterior lo siguiente:

El ingeniero avaluador fijó un valor por metro cuadrado de $2.890.000 por el área del local, $963.3333 por lo que denominó un mezzanine en concreto y $722.500 por el área del denominado mezzanine en madera, sin que se tenga constancia en el proceso de la existencia de los dos últimos, por cuanto en el avalúo en sede administrativa sólo se encontró uno de 18 metros cuadrados, según la escritura pública y la visita practicada al inmueble.

En consecuencia, ni en la escritura pública ni en las fotografías allegadas aparecen los dos mezzanines especificados en el dictamen, el cual carece de precisión, claridad, método y soporte argumentativo.

En el documento objeto de valoración no se explica ni se ni soporta de donde sale el valor del metro cuadrado, pues no obra ningún soporte que permita dilucidar que la misma surgió de un análisis efectuado por los métodos autorizados.

No existe determinación de cuál fue el método utilizado para la elaboración de la experticia, ni tampoco se evidencia aplicación concreta del mismo.

En virtud de lo expuesto, se encuentra que el avalúo contiene falencias, en tanto no define el método usado, no incluye las fuentes, ni soportes que permitan dilucidar los fundamentos de sus conclusiones, por lo que no cumple con los requisitos que permitan tenerla como sustento para conceder la pretensión de adecuación del precio.

Para concluir las razones por las cuales la prueba documental, no puede ser fundamento de una modificación del precio de expropiación fijado en los actos acusados, esta Sección, en sentencias 10 y 17 de mayo de 2018, ha indicado que las experticias que tengan como finalidad debatir un avalúo rendido en el trámite de un procedimiento de expropiación, deben cumplir con los requisitos mínimos exigidos para este último, los cuales de conformidad con la Resolución 0762 de 1998, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que incluyen soportar el método y las conclusiones, lo cual se echa de menos en el sub examine.

4.4. Procedencia del reconocimiento del lucro cesante

Para analizar este cargo, resulta necesario delimitar los componentes de la indemnización en el caso de la expropiación administrativa.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme en señalar que la indemnización en los procedimientos de expropiación debe ser reparatoria y plena, lo que significa que no basta con que se compense al propietario del bien, el valor de éste, sino que corresponde resarcir la totalidad de los daños que se lleguen a causar con la decisión de la administración de privarle de su derecho de propiedad.

Corolario de lo anotado en el párrafo precedente, la indemnización plena incluye además de la compensación por el bien expropiado, la cual debe corresponder a su valor comercial, el reconocimiento por el daño emergente y el lucro cesante que se hubiesen causado y demostrado en grado de certeza, como consecuencia directa de la ejecución de la decisión expropiatoria, esto es, previa acreditación del nexo causal.

Así las cosas, la reclamación que se realiza de adecuación del monto de la indemnización por parte de quien ha sufrido los efectos de la expropiación, implica la posibilidad de reclamar tanto el justiprecio del bien, como el daño emergente y el lucro cesante que se hubiese generado por causa de la decisión del Estado.

Lo anterior exige que efectivamente tales reconocimientos se soliciten en las pretensiones de la demanda, en la medida en que son independientes y autónomos con respecto al mayor valor o compensación, sin que ello hubiera ocurrido en el caso concreto.

Tal circunstancia obedece que las pretensiones presentadas por la parte actora, en punto de la indemnización se encuentran delimitadas de la siguiente manera en el libelo introductorio:

“Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, el Municipio de Medellín pagará a los señores Luis Guillermo Hoyos Gómez, Sergio Alberto Hoyos Gómez, Nora Patricia Hoyos Gómez, Himelia Gómez Viuda de Hoyos, Gloria Amparo Hoyos Gómez y María Magdalena Hoyos Gómez, el mayor valor dejado de percibir en materia de compensación por expropiación de conformidad con lo que se pruebe en el proceso.

Tercera: Que de igual forma se reconozcan los intereses de mora sobre la diferencia que surja entre el avalúo inicial efectuado por la lonja de propiedad raíz de Medellín y el emitido al interior del presente proceso, desde la fecha en que mis poderdantes recibieron el valor del precio del inmueble, y la fecha en que se orden y efectúe el reconocimiento de la diferencia encontrada”.

Las anteriores pretensiones dan cuenta de que la parte demandante únicamente incluyó peticiones relacionadas con el mayor valor a compensar por el predio, sin que solicitara el lucro cesante cuyo reconocimiento pretende en sede de apelación con fundamento en un contrato de arrendamiento aportado con la demanda, sin el lleno de los requisitos legales, y la declaración del testigo Jairo de Jesús Restrepo Salinas.

En consecuencia, esta Sala no puede pronunciarse sobre la pretensión del reconocimiento del lucro cesante, pues ello implicaría dictar un fallo extra petita.

Así las cosas, la Sala encuentra que no es procedente revocar la sentencia de primera instancia y decretar la nulidad parcial del acto administrativo, con fundamento en la existencia de yerros en el avalúo que sirvió de base para el precio del bien expropiado, pues correspondía a la parte demandante demostrar cuál era el precio que debió serle cancelado y el mismo no solicitó la indemnización de los perjuicios por concepto de lucro cesante ni los acreditó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de agosto de 2011 por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

TERCERO: Abstenerse de condenar en costas por no aparecer causadas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folios 121 a 136 cuaderno principal
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
Folio 133 del cuaderno principal
Folios 37 a 38 reverso cuaderno nro.1
El acto administrativo referido obra a folios 14 a 30 del cuaderno principal.
Folio 45 cuaderno principal
Folios 145 a 149 del cuaderno principal
Folio 213 del cuaderno principal
Folio 223 del cuaderno principal
Folios 324 del cuaderno principal
Folios 333 del cuaderno principal
Folios 379 a 383 del cuaderno principal
Folios 385 a 397 del cuaderno principal
Folio 395 del cuaderno principal
Folios 39 a 42 del cuaderno principal
Folio 400 del cuaderno principal
Folio 4 cuaderno nro.3.
Folio 25 cuaderno nro.3
Folio 50 del cuaderno número 2
De la Corte Constitucional citó la sentencia C-1074 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y del Consejo de Estado, refirió el fallo del 14 de mayo de 2009, M.P. Rafael E.Ostau de Lafont Pianeta

Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar de conclusión corrió en vigencia de tal normativa, el presente asunto se encuentra para fallo desde antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero.
“ARTÍCULO 233. PROCEDENCIA DE LA PERITACION. La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión”. (Negrillas y subrayas de la Sala)
“ARTÍCULO 238. CONTRADICCION DEL DICTAMEN. Para la contradicción de la pericia se procederá así: (…) 5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.
6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare”.

El precepto citado por el Tribunal establece: ARTÍCULO 238. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. Para la contradicción de la pericia se procederá así: … 7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas.

Item que incluyó: el desarrollo físico, los servicios comunitarios, los servicios públicos, el transporte y la valorización.
En este aspecto se valoraron:) áreas; configuración; proporción; edad de la construcción; estado de conservación; sistema constructivo y acabados.
Se encuentra definido en el artículo 1º de la Resolución 762 de 1998 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así: “Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.”
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de mayo de 2018, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 25000-23-24-000-2007-00512-02
“Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 08001-23-31-000-2010-01020-01, C.P. Roció Araujo Oñate, radicación 15001-23-31-000-2006-01363-01
Puede verse entre otras la Sentencia de la Sección Primera del 14 de mayo de 2009. C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta, Radicación2005- 03509-01

Acción especial artículo 71 de la Ley 388 de 1997-Segunda instancia- Sentencia
Demandante: Luis Guillermo Hoyos Gómez
Demandado: Municipio de Medellín
Rad. 05001-23-31-000-2001-00710-01

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