Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2001-03864-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de repetición: de Policía Nacional contra uno de sus ex agentes
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2001-03864-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2001-03864-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
23 de marzo de 2017
ACCIÓN DE REPETICIÓN - De Policía Nacional contra uno de sus ex agentes / ACUERDO CONCILIATORIO - Aprobado por Tribunal Administrativo de Antioquia en acción de reparación directa / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Por acuerdo conciliatorio celebrado entre la Policía Nacional y víctimas de accidente de tránsito ocasionado por uno de sus uniformados
La Policía Nacional formuló demanda de repetición el 6 de noviembre de 2001 en contra del señor Jhon Jairo Arango Velásquez, para que se lo condenara a reintegrar la suma de $ 4’325.020, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de una conciliación judicial. Como fundamento fáctico de las pretensiones, se expuso que el señor Jhon Jairo Arango Velásquez, en su condición de agente de policía, conducía un camión el 11 de noviembre de 1995, en Medellín, cuando perdió el control del automotor y sufrió un accidente de tránsito en el cual resultaron lesionadas y muertas varias personas. (…) Dentro de este proceso la demanda de repetición se formuló el 20 de marzo de 2002 en contra del señor Jhon Jairo Arango Velásquez, para que se lo condenara a reintegrar a la Policía Nacional la suma de $ 74’897.565, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de una conciliación judicial. Este otro proceso tuvo como fundamentos fácticos los mismos del identificado con el número 2001-03864-01. Es decir, la condena cuyo pago se pretende recuperar surgió como consecuencia una conciliación judicial a la que llegó la Policía Nacional con los familiares de una de las víctimas mortales del mencionado accidente de tránsito, en desarrollo de un proceso de reparación directa.
COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - En acciones de repetición, se da aplicación exclusiva al principio de conexidad / PRINCIPIO DE CONEXIDAD - Juez o tribunal ante el que se haya aprobado conciliación conoce acción de repetición
[S]e cuenta con competencia para conocer en segunda instancia del presente litigio, porque la acción de repetición se inició ante el mismo Tribunal Administrativo que aprobó la conciliación, esto es, el del Antioquia, en aplicación del principio de conexidad, según la jurisprudencia consolidada de esta Corporación.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - Contabilizada a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses contados desde la ejecutoria de la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Presentada dentro del término establecido en la ley
Los dos años del término de caducidad se contabilizarán a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses contados desde la ejecutoria de la providencia que aprobó el acuerdo que conciliatorio, por medio del cual la Policía Nacional se obligó a pagar unas indemnizaciones, dentro del proceso No. 2001-03864-01. Según certificación expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, el auto que aprobó la conciliación cobró ejecutoria el 18 de febrero de 1999. Así entonces, 18 meses luego de su firmeza se cumplieron el 18 de agosto de 2000 y el término de caducidad se agotaba el 19 de agosto del 2002. Como la demanda se presentó el 6 de noviembre de 2001, se concluye que se formuló dentro del término de caducidad.
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Presupuesto de procedencia / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Marco normativo aplicable / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Procedente contra servidor o ex servidor público cuando su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar al pago de una condena indemnizatoria por parte del Estado
[L]a acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo –declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000– como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. (…) el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. La mencionada ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 78 / LEY 678 DE 2001
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Aspectos sustanciales y procesales / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Desarrollada in extenso por Ley 678 de 2001 / LEY 678 DE 2001 - Reglamenta la responsabilidad de agentes del Estado a través de acción de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición / ACCIÓN DE REPETICIÓN CON CARÁCTER PATRIMONIAL - Debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, o el particular que investido de una función pública
La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso. En relación con los aspectos procesales de la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y a la competencia, a la legitimación, al desistimiento, al procedimiento, al término de caducidad, a la oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, a la cuantificación de la condena y a su ejecución, lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y a las medidas cautelares.
FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY - Norma rige hacia el futuro. Opera a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación / DETERMINACIÓN DE DOLO Y CULPA GRAVE DE AGENTE PUBLICO - Para hechos ocurridos antes de la Ley 678 de 2001, se aplica normatividad del Código Civil
[P]ara resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general, según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el dolo o la culpa grave del demandado, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 de 2001 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). En tanto que si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la norma sustancial aplicable para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo es el Código Civil en lo atinente a ese tema.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 124 / LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Presupuestos de procedencia
La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; b) su pago efectivo; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y e) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica.
EXISTENCIA DE CONDENA JUDICIAL O ACUERDO CONCILIATORIO - Primer presupuesto de procedencia de la acción de repetición / ACUERDO CONCILIATORIO - Celebrado entre la Policía Nacional y lesionado en accidente de tránsito. Se acreditó que fue aprobado a través de auto fechado el 18 de febrero de 1999 por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Se acreditó en el expediente del proceso No. 2001-03864-01, que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto fechado el 18 de febrero de 1999, aprobó un acuerdo conciliatorio celebrado entre la Policía Nacional y el señor Jesús Horacio Marín Lopera, ciudadano que resultó lesionado en el accidente de tránsito al que se ha hecho referencia. Como consecuencia de dicho arreglo, se terminó el proceso de reparación directa que cursaba entre ellos. Según se observa del acuerdo conciliatorio, la Policía Nacional se obligó a pagar al mencionado ciudadano, a título de indemnización de perjuicios morales, el equivalente a 200 gramos de oro. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, la cantidad de $ 490.000. Por lo antes dicho, se encuentra demostrada en el expediente la existencia del acuerdo conciliatorio que impuso a la Policía Nacional la obligación de pagar las sumas de dinero que ahora pretende recuperar a través de esta acción de repetición.
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR ENTIDAD PÚBLICA - Segundo presupuesto de procedencia de la acción de repetición / ACCIÓN DE REPETICIÓN - No constituye prueba del pago de la condena la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen. Este criterio procede para los procesos de repetición cuyo régimen normativo no es la Ley 1437 de 2011 / PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR POLICÍA NACIONAL - No acreditado
En aplicación del precedente judicial, se concluye que los documentos aportados a los proceso No. 2001-03864-01, para demostrar el pago de la condena impuesta no constituyen prueba de ello, toda vez que de su contenido no es posible deducirlo en los términos que lo exige la jurisprudencia. No constituye prueba del pago de una condena la existencia de documentos emitidos por la entidad que así lo indiquen, pues se requiere, además, la evidencia de que el beneficiario lo recibió a satisfacción, aspecto del cual carece el expediente, criterio que debe entenderse aplica para las demandas de repetición cuyo régimen normativo no corresponde a la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-. Ciertamente, no obra constancia en el expediente acerca de que los beneficiarios de los acuerdos conciliatorios recibieron el dinero por algún medio transaccional. La documentación que se arrimó a la actuación no deja duda de que se adelantaron los trámites para efectuar su desembolso, pero esto no es, en sí mismo, sinónimo de que los acreedores se hicieron a él. Circunstancia que, según la jurisprudencia de esta Corporación, no se demuestra con la mera afirmación documental del deudor, estrategia a la cual acudió la Policía Nacional, a través de las mencionadas resoluciones y unos comprobantes de egreso. (…) No puede la Sala tener por demostrado el pago de la suma de dinero aquí discutida, cuando no existe certeza en el expediente si quien lo recibió lo hacía a nombre de los beneficiarios de la conciliación. Por lo antes dicho, no se cuenta en el expediente del proceso 2001-03864-01, con pruebas que demuestren el pago de la suma de dinero por la cual se demandó en repetición, motivo por el cual la Sala debe confirmar la sentencia apelada, con fecha de 15 de febrero de 2012.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 05001-23-31-000-2001-03864-01(45038) y 05001-23-31-000-2002-01544-01(44759) (acumulados)
Actor: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: JHON JAIRO ARANGO VELÁSQUEZ
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPETICIÓN
Tema: ACCIÓN DE REPETICIÓN / No constituye prueba del pago de la condena la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen, a no ser que de ellos se establezca que los beneficiarios sí recibieron el dinero. Este criterio procede para los procesos de repetición cuyo régimen normativo no es la Ley 1437 de 2011.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la Policía Nacional, en contra de las sentencias que el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió el 2 de agosto de 2011 y el 15 de febrero de 2012. Estas providencias negaron las pretensiones que, en ejercicio de la acción de repetición, dicha entidad pública formuló en contra del señor Jhon Jairo Arango Velásquez dentro de dos procesos que se acumularon en desarrollo de la segunda instancia.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Las demandas
Proceso 2001-03864-01
La Policía Nacional formuló demanda de repetición el 6 de noviembre de 2001 en contra del señor Jhon Jairo Arango Velásquez, para que se lo condenara a reintegrar la suma de $ 4’325.020, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de una conciliación judicial.
Como fundamento fáctico de las pretensiones, se expuso que el señor Jhon Jairo Arango Velásquez, en su condición de agente de policía, conducía un camión el 11 de noviembre de 1995, en Medellín, cuando perdió el control del automotor y sufrió un accidente de tránsito en el cual resultaron lesionadas y muertas varias personas.
Se indicó en el libelo que una de las personas lesionadas demandó en reparación directa a la Policía Nacional la indemnización de perjuicios. Se añadió que en desarrollo del pleito las partes celebraron un acuerdo conciliatorio, en virtud del cual la institución se obligó a pagar una compensación por valor de $ 4’325.020.
Se acusó al demandado de haber actuado con culpa grave, pues no estaba habilitado para conducir un camión -vehículo que causó el accidente-, al punto de que contaba con una licencia de conducción para manejar otra clase de automotores.
Proceso 2002-01544-01
Dentro de este proceso la demanda de repetición se formuló el 20 de marzo de 2002 en contra del señor Jhon Jairo Arango Velásquez, para que se lo condenara a reintegrar a la Policía Nacional la suma de $ 74’897.565, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de una conciliación judicial.
Este otro proceso tuvo como fundamentos fácticos los mismos del identificado con el número 2001-03864-01. Es decir, la condena cuyo pago se pretende recuperar surgió como consecuencia una conciliación judicial a la que llegó la Policía Nacional con los familiares de una de las víctimas mortales del mencionado accidente de tránsito, en desarrollo de un proceso de reparación directa.
2. Trámite en primera instancia
Proceso 2001-03864-01
La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de noviembre de 2001 y fue admitida mediante auto fechado el 22 de marzo de 2002, el cual se notificó al Ministerio Público y al demandado.
Proceso 2002-01544-01
La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de marzo de 2002 y fue admitida mediante auto fechado el 11 de febrero de 2003, el cual se notificó al Ministerio Público y al demandado.
La contestación de la demanda en ambos casos
El demandado contestó las demandas para señalar que condujo el camión por órdenes de su superior, de ahí que no tuvo opción de actuar de otra manera. Con base en esta afirmación llamó en garantía a la persona que lo obligó a conducir.
De los llamamientos en garantía
Proceso 2001-03864-01
Mediante auto fechado el 25 de marzo de 2003 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó el llamamiento en garantía.
Proceso 2002-01544-01
Mediante auto proferido el 7 de noviembre de 2003, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el llamamiento en garantía, sin embargo, no fue posible notificar al tercero de esta providencia, por lo que se reanudó el trámite del proceso.
3. Los alegatos de conclusión
Proceso 2001-03864-01
Concluido el período probatorio, mediante providencia fechada el 8 de noviembre de 2005, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo. Las partes guardaron silencio.
Proceso 2002-01544-01
Mediante auto fechado el 24 de febrero de 2006, el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió el proceso a pruebas. Entre las decretadas se encontraba la documental, consistente en el traslado del proceso de reparación directa que se adelantó en contra de la Policía Nacional y que terminó con la conciliación por la cual esta se obligó a pagar la suma de dinero que ahora demanda en repetición.
En desarrollo del período probatorio, el Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, por considerar que este era el competente para conocerlo, en atención a la cuantía de las pretensiones.
Así las cosas, el mencionado juzgado continuó con el recaudo de las pruebas decretadas. Como del proceso de reparación directa en el que se celebró la conciliación conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia, este dirigió una comunicación al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín informándole que en su Secretaría se encontraba el expediente para que la Policía Nacional pagara la expedición de las copias que estimara pertinentes y, de esta manera, trasladarlo al de repetición.
Concluido el período probatorio, el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, mediante providencia fechada el 11 de marzo de 2008, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo. La Policía Nacional alegó de conclusión, para señalar que la razón por la cual no había aportado la prueba documental decretada, era porque el Tribunal Administrativo de Antioquia no había des-archivado el expediente con el objeto de obtener las copias pertinentes.
Adicionalmente, el 16 de abril de 2008 el expediente ingresó al despacho del juez para proferir la sentencia y, posteriormente, el 18 de ese mes y año, se agregó al proceso la copia auténtica del de reparación directa en el que se llevó a cabo la conciliación. Hacía parte de esta prueba documental el acuerdo conciliatorio, así como el auto fechado el 28 de octubre de 1998, por medio del cual se aprobó.
Luego, a través de providencia fechada el 14 de octubre de 2008, el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín resolvió que el competente para decidir la primera instancia de este proceso era el Tribunal Administrativo de Antioquia. La razón de esta decisión la constituyó el criterio de conexidad, es decir, de la demanda de repetición conoce el tribunal o juzgado ante el cual se celebró la conciliación que impuso la obligación de pago.
Señaló el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín que como el Tribunal Administrativo de Antioquia fue la Corporación que aprobó la conciliación que impuso a la Policía, la obligación de pagar la suma de dinero por la que demandó en repetición, él debía reasumir el conocimiento del proceso. Por estas razones, así lo dispuso:
“DECLARAR la falta de competencia para conocer de la presente acción de repetición, conforme a la motivación de esta providencia.
“DISPONER el envío de este proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, Corporación competente para seguir adelantando el presente proceso de repetición”.
Según se desprende del expediente, una vez el proceso llegó al Tribunal Administrativo de Antioquia, este profirió la providencia fechada el 22 de enero de 2009 en la que decidió “avoca conocimiento – ordena continuar con el trámite”.
4. Las sentencias de primera instancia
Proceso 2001-03864-01
Mediante sentencia proferida el 15 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de esta decisión indicó que no se encontraba demostrado en el expediente que el demandado hubiere actuado con culpa grave o dolo.
Sostuvo el Tribunal que se demostró en el proceso que el demandado, cuando se accidentó, se encontraba prestando el servicio como agente de policía. Agregó que la decisión de conducir el camión devino de una orden dada por su superior, de ahí que no tenía opción distinta que cumplirla.
Con base en las razones que llevaron al demandado a conducir el camión, aun cuando no tuviera una licencia de conducción que lo habilitara para manejar esa clase de automotores, el Tribunal no calificó su conducta como dolosa o gravemente culposa. Consideró que obedeció una orden.
El recurso de apelación presentado por la Policía Nacional
Insistió en que el demandado actuó con culpa grave al conducir un vehículo para lo cual no estaba habilitado, dada la categoría de licencia de tránsito que tenía, en franca transgresión del Código de Tránsito.
Añadió que el demandado no estaba obligado a obedecer una orden cuando violaba el ordenamiento jurídico. En este sentido, adujo que “debió abstenerse de conducir dicho vehículo”, porque se trataba de “una orden contraria a las normas vigentes”.
Además, solicitó que se acumulara el proceso de repetición No. 2002-01544-01, en el cual el señor “Jhon Jairo Arango Velásquez es demandado por los mismos hechos, pero con distinto actor, el cual se remitió el 6/3/2012 al Consejo de Estado en apelación contra sentencia de fecha 2/8/2011”.
Proceso 2002-01544-01
Mediante sentencia proferida el 2 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Como razones de esta decisión señaló que no se demostró en el proceso la existencia de algún acuerdo conciliatorio que hubiere impuesto a la Policía Nacional la obligación de pagar la suma de dinero por la cual demandó en repetición.
Agregó que no resultaba posible otorgar valor probatorio al auto fechado el 28 de octubre de 1998, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia habría aprobado una conciliación. La razón de esta determinación consistió en que se trató de una prueba documental que se allegó al proceso cuando el expediente ya se encontraba a despacho del Juez Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, para que profiriera la sentencia. De esta manera se justificó la no valoración de la mencionada providencia:
“En cuanto a la valoración de esta prueba, debe decir esta Sala de Decisión que no puede ser tenida en cuenta en esta instancia, de conformidad con el artículo 183, inciso 4, el cual preceptúa que cuando el proceso haya pasado al despacho del juez para sentencia y se alleguen ‘pruebas documentales cuyos originales o copias se hayan solicitado a otras oficinas, el juez de primera instancia no las tendrá en cuenta’, toda vez que la misma fue arrimada al plenario el día dieciocho (18) de abril de 2008, tal y como consta a folio 61, cuando el proceso ya había ingresado a despacho para sentencia, desde el día dieciséis (16) de abril de la misma anualidad”. (Negrilla por la Sala).
Adicionalmente, el Tribunal de primera instancia indicó que, en todo caso, no se demostró en el proceso el pago de la suma de dinero que se pretendía recuperar. Expuso que era necesaria alguna prueba de que los destinatarios lo recibieron a satisfacción, aspecto del cual carecía el expediente, pues no bastaban manifestaciones documentales del deudor afirmando que se cumplió con la obligación.
El recurso de apelación presentado por la Policía Nacional
La Policía Nacional indicó que debía valorarse la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación, toda vez que se allegó al proceso antes de que este ingresara al despacho para que elaborara la sentencia. Por esta razón, no se trató de una prueba extemporánea, máxime que constituía una evidencia documental decretada en primera instancia.
En relación con la prueba del pago de las sumas de dinero consignadas en la conciliación, sostuvo que era prueba de ello la copia auténtica de la resolución que las liquidó y ordenó el desembolso, así como el comprobante de egreso. Agregó que eran documentos que obraban en el proceso y que fueron expedidos por la propia Policía Nacional.
5. El trámite de segunda instancia, etapa en la que ocurrió la acumulación de los procesos
El recurso de apelación presentado dentro del proceso No. 2001-03864-01 fue admitido por auto calendado el 24 de septiembre de 2012.
A su vez, la apelación que se presentó dentro del proceso No. 2002-01544-01 se admitió mediante auto fechado el 21 de agosto de 2012.
Posteriormente, como consecuencia de la petición de acumulación que la Policía Nacional efectuó en el escrito de apelación dentro del proceso No. 2001-03864-01, el magistrado sustanciador profirió el auto fechado el 19 de octubre de 2012, en el cual dispuso lo siguiente:
“Con fundamento en los artículos 157 y 159 del C.P.C., requiérase a la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación para que expida, con destino a este proceso, certificación en relación con el expediente radicado con el número 2002-01544-01, actor la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional, demandado Jhon Jairo Arango Velásquez, el cual cursa en el Despacho del señor consejero de estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, para efectos de una posible acumulación de procesos”.
Luego de que la Secretaría de la Sección Tercera expidiera la referida certificación, el magistrado sustanciador del proceso No. 2001-03864-01, a través de auto fechado el 30 de noviembre de 2012, decretó que el proceso No. 2002-01544-01 se acumulaba a aquel.
Después, mediante auto proferido el 16 de abril de 2013, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo.
La Policía Nacional reiteró lo expuesto a lo largo del proceso.
El Ministerio Público rindió concepto, en el sentido de que se debía acceder a la pretensión de la demanda de repetición. Sostuvo que se encontraban demostrados los presupuestos para el éxito de esta clase de procesos, especialmente que el demandado actuó con culpa grave al conducir un camión, a pesar de que su licencia de tránsito no se lo permitía.
En relación con la afirmación de que el demandado actuó en cumplimiento de una orden proveniente de un superior jerárquico, sostuvo que “el cumplimiento de disposiciones de los superiores no le obligaba a pretermitir la ley, en este caso los dispositivos de circulación y tránsito que le permitían o no el manejo de vehículos de conformidad con la licencia de tránsito que ostentaba”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) consideración probatoria previa respecto del proceso 2002-01544-01: se confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, contenida en la sentencia fechada el 2 de agosto de 2011: no se demostró en el expediente la existencia de la condena impuesta a la Policía, pues se intentó a través de unos documentos extemporáneos que carecen de valor probatorio; 2) competencia: el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir por el pago de una condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) generalidades de la acción de repetición: se debe acudir al Código Civil para determinar la culpa grave o el dolo si la conducta que habría dado lugar a la condena ocurrió antes de que entrara en vigencia la Ley 678 de 2001. En lo atinente al aspecto procesal de la acción de repetición se deben emplear siempre las disposiciones normativas de la mencionada ley, por ser regulación de orden público y de aplicación inmediata; 5) verificación de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición para el caso concreto: no se demostró en el proceso el pago de la condena: no constituye prueba de ello la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen, a no ser que de ellos se desprenda que los beneficiarios recibieron el dinero.
1. Consideración probatoria previa respecto del proceso 2002-01544-01
Según se expuso en una sección anterior de esta providencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones del proceso No. 2002-01544-01, porque consideró que no se demostró en el expediente la existencia del acuerdo conciliatorio que impuso a la Policía Nacional la obligación de pagar la suma de $ 74’897.565.
Reitérese que el fundamento de la anterior decisión consistió en que la copia del acuerdo conciliatorio, así como del auto fechado el 28 de octubre de 1998, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación, se aportaron al expediente de manera extemporánea. En criterio del a quo, se trató de unas pruebas documentales trasladadas que se recaudaron cuando el proceso ya se encontraba el despacho para que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín profiriera la sentencia.
Resulta importante recordar que, aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia fue el que profirió la sentencia apelada del proceso No. 2002-01544-01, para el momento en que se desarrolló el período probatorio, el expediente se encontraba en el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, hasta vencido el término para alegar de conclusión y, por tanto, cuando se encontraba al despacho para fallo.
Por lo anterior, como el Tribunal Administrativo de Antioquia adelantó el proceso originario de reparación directa, en virtud del cual se celebró la conciliación que impuso la obligación de pago, le correspondía expedir las copias de tales documentos para que se agregaran al expediente que, para el momento procesal correspondiente a su recaudo, se encontraba en el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín.
Tras revisar el expediente, se comparten las razones que tuvo el Tribunal Administrativo de Antioquia para concluir como lo hizo. Ciertamente, los mencionados documentos se agregaron al proceso el 18 de abril de 2008, pero el expediente se encontraba el despacho del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín para fallo desde el 16 de ese mes y año, por lo que claramente sucedió vencido el período probatorio.
No solo se tiene constancia de que se trató de documentos extemporáneos, sino que el Tribunal Administrativo de Antioquia informó que, a través de su Secretaría, ponía a disposición los originales de los referidos documentos para que la Policía pagara la expedición de las copias que necesitaba.
En efecto, obra prueba en el expediente de que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto de fecha 4 de diciembre de 2007, que se notificó por estado del 6 de diciembre de 2007, dio a conocer la comunicación del Tribunal Administrativo de Antioquia en el sentido de que se debía pagar la expedición de las copias.
No obstante lo anterior, no se tiene prueba en el proceso de que la Policía hubiere pagado suma alguna de dinero. Tan solo allegaron, de manera extemporánea, los mencionados documentos.
Añádase que la Policía, en su alegato de conclusión rendido ante el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, expuso lo siguiente:
“No obstante que se ha solicitado en varias oportunidades al Tribunal Administrativo de Antioquia el desarchivo del expediente que dio lugar al pago a cargo de la Policía Nacional, con el fin de asumir las expensas por las copias de la prueba trasladada, no ha sido posible acceder al mismo y, por tanto, una vez se logre la consecución del proceso, se hará llegar al despacho”.
A pesar de que en primera instancia la Policía manifestó una razón por la que no pudo allegar, oportunamente, los documentos decretados como pruebas, lo cierto es que no se tiene evidencia de ello. Solo se cuenta con la manifestación del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de que esperaba el dinero para expedir las copias.
Con base en los hechos respecto de los cuales se cuenta con pruebas, se concluye que la Policía no pagó al Tribunal Administrativo de Antioquia -de manera oportuna, la expedición de los documentos referidos, motivo por el cual se allegaron al proceso de manera tardía.
De esta manera, la extemporaneidad en su recaudo impidió al demandado controvertirlos y, con razón, el Tribunal Administrativo de Antioquia se abstuvo de valorarlos. Por este motivo no pudo concluir acerca de la existencia de la condena impuesta a la Policía.
En definitiva, se confirmará la sentencia fechada el 2 de agosto de 2011 –relativa al proceso No. 2002-01544-01-, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se demostró la existencia de la condena impuesta a la Policía Nacional.
Dada la conclusión expuesta en el párrafo anterior, las consideraciones que siguen son solo respecto del proceso No. 2001-03864-01.
2. Competencia
En relación con la competencia para conocer de la acción de repetición –interpuesta dentro del proceso No. 2001-03864-01-, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera:
“…conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial.
“Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma Ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad” (Negrillas y subrayas de la Subsección).
En el proceso 2001-03864-01 se demostró que la condena por cuyo pago repite la parte actora se originó en el acuerdo conciliatorio que la Policía Nacional celebró con una persona que sufrió lesiones, tras el mencionado accidente de tránsito. Dicha conciliación fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de auto fechado el 18 de febrero de 1999, y, de esa manera, se puso fin a la demanda de reparación directa que cursaba entre ellos.
Así las cosas, se cuenta con competencia para conocer en segunda instancia del presente litigio, porque la acción de repetición se inició ante el mismo Tribunal Administrativo que aprobó la conciliación, esto es, el del Antioquia, en aplicación del principio de conexidad, según la jurisprudencia consolidada de esta Corporación.
3. El ejercicio oportuno de la acción
En cuanto a la caducidad de la acción de repetición, la Sección Tercera de esta Corporación ha expresado lo siguiente :
“Como se observa, para resolver el asunto de la caducidad de la acción resulta necesario establecer cuándo se produjo el pago por cuyo reembolso se demanda, el cual es determinante para acreditar el daño y para señalar la oportunidad para formular la demanda de repetición. Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del C. C. A” (Negrilla por la Sala).
Los dos años del término de caducidad se contabilizarán a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses contados desde la ejecutoria de la providencia que aprobó el acuerdo que conciliatorio, por medio del cual la Policía Nacional se obligó a pagar unas indemnizaciones, dentro del proceso No. 2001-03864-01.
Según certificación expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, el auto que aprobó la conciliación cobró ejecutoria el 18 de febrero de 1999. Así entonces, 18 meses luego de su firmeza se cumplieron el 18 de agosto de 2000 y el término de caducidad se agotaba el 19 de agosto del 2002.
Como la demanda se presentó el 6 de noviembre de 2001, se concluye que se formuló dentro del término de caducidad.
4. La acción de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.
En tal sentido, la acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo –declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000– como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.
Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.
De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
La mencionada ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.
La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso.
En relación con los aspectos procesales de la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y a la competencia, a la legitimación, al desistimiento, al procedimiento, al término de caducidad, a la oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, a la cuantificación de la condena y a su ejecución, lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y a las medidas cautelares.
Ahora bien, para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general, según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.
De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el dolo o la culpa grave del demandado, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 de 2001 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).
En tanto que si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la norma sustancial aplicable para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo es el Código Civil en lo atinente a ese tema.
Finalmente, en cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001 inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
5. Presupuestos de procedencia de la acción de repetición
La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; b) su pago efectivo; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y e) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica.
La Subsección se referirá al cumplimiento de los presupuestos para acceder a la pretensión de la acción de repetición que ejerció la entidad demandante, dentro del proceso No. 2001-03864-01.
Se precisa que en caso de que alguno de los anteriores requisitos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás.
5.1. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso una obligación a cargo de la Policía Nacional
Se acreditó en el expediente del proceso No. 2001-03864-01, que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto fechado el 18 de febrero de 1999, aprobó un acuerdo conciliatorio celebrado entre la Policía Nacional y el señor Jesús Horacio Marín Lopera, ciudadano que resultó lesionado en el accidente de tránsito al que se ha hecho referencia. Como consecuencia de dicho arreglo, se terminó el proceso de reparación directa que cursaba entre ellos.
Según se observa del acuerdo conciliatorio, la Policía Nacional se obligó a pagar al mencionado ciudadano, a título de indemnización de perjuicios morales, el equivalente a 200 gramos de oro. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, la cantidad de $ 490.000.
Por lo antes dicho, se encuentra demostrada en el expediente la existencia del acuerdo conciliatorio que impuso a la Policía Nacional la obligación de pagar las sumas de dinero que ahora pretende recuperar a través de esta acción de repetición.
5.2. El pago de las indemnizaciones por parte de la Policía Nacional
Al proceso No. 2001-03864-01 se allegó la copia auténtica de la Resolución No. 4774, expedida el 31 de diciembre de 1999, por medio de la cual se dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio logrado dentro del proceso de reparación directa por las lesiones que un ciudadano sufrió, tras el referido accidente de tránsito. Según se precisó en este acto administrativo, el dinero se pagaría al apoderado de los beneficiaros. Así mismo, se señaló que se verificaría “que el beneficiario o apoderado otorguen el paz y salvo correspondiente a la Nación –Policía Nacional por el pago efectuado”.
Además de lo anterior, se allegó al expediente el comprobante de egreso No. 1628, en el cual aparecen discriminados los valores a pagar al señor apoderado de los beneficiarios. Este documento contiene una casilla que dice “recibido por – firma y cc o nit”, espacio en el que aparece una firma y un número de cédula distintos al del apoderado que se individualizó en la Resolución No. 4774.
Expuestas las pruebas cuyo objeto lo constituye demostrar el pago de las sumas de dinero consignadas en los acuerdos conciliatorios, es conveniente hacer referencia a la postura de esta Corporación frente al tema, para lo cual se trae a colación el siguiente fragmento jurisprudencial de esta Subsección:
“Bajo esa misma línea de pensamiento, la Sala se ha referido a la falta de mérito probatorio con que cuentan, para efectos de acreditar el pago, las constancias o certificaciones emitidas por la propia entidad demandante, en los siguientes términos:
‘(…) la Sala resalta el hecho de que la Nación tampoco probó el pago efectuado a los familiares de la víctima dentro del proceso de reparación directa, pues sólo aportó copia autenticada de la Resolución 3371 del 9 de septiembre de 1994 por la cual reconoció y ordenó el pago de $38’084.285,oo y de la certificación expedida por el Jefe de la División de Pagaduría del Ministerio de Hacienda sobre el referido pago, sin constancia de recibido por parte de los beneficiarios (fols. 75 y 76 a 81 c. 1).
‘A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes para demostrar su cumplimiento efectivo. En efecto, la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario.
‘No basta que la entidad pública aporte documentos de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación’ (Se destaca).
“Asimismo, se ha considerado que:
‘(…) la mera certificación, constancia o manifestación que expide el deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor, o la declaración o manifestación de éste respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma” (Subrayas del original, negrillas adicionadas).
La postura reseñada ha sido sostenida por esta Subsección en reiterados pronunciamientos, entre los cuales pueden consultarse las sentencias de 27 de enero de 2016, proferidas en los procesos con números internos de radicación 35.894 y 39.655; y de 18 de abril de 2016, expediente número 40.694.
En aplicación del precedente judicial, se concluye que los documentos aportados a los proceso No. 2001-03864-01, para demostrar el pago de la condena impuesta no constituyen prueba de ello, toda vez que de su contenido no es posible deducirlo en los términos que lo exige la jurisprudencia.
No constituye prueba del pago de una condena la existencia de documentos emitidos por la entidad que así lo indiquen, pues se requiere, además, la evidencia de que el beneficiario lo recibió a satisfacción, aspecto del cual carece el expediente, criterio que debe entenderse aplica para las demandas de repetición cuyo régimen normativo no corresponde a la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-.
Ciertamente, no obra constancia en el expediente acerca de que los beneficiarios de los acuerdos conciliatorios recibieron el dinero por algún medio transaccional. La documentación que se arrimó a la actuación no deja duda de que se adelantaron los trámites para efectuar su desembolso, pero esto no es, en sí mismo, sinónimo de que los acreedores se hicieron a él. Circunstancia que, según la jurisprudencia de esta Corporación, no se demuestra con la mera afirmación documental del deudor, estrategia a la cual acudió la Policía Nacional, a través de las mencionadas resoluciones y unos comprobantes de egreso.
Añádase que no se allegó al proceso No. 2001-03864-01 el paz y salvo que debía tramitarse una vez se efectuara el pago del dinero, tal y como se ordenó en la Resolución No. 4774, como medio de prueba que la propia Policía estableció para demostrar la extinción de su obligación.
Además, el número de cédula que aparece en el comprobante de egreso en la casilla “recibido por – firma y cc o nit”, no coincide con el del apoderado de los beneficiarios, identificado en la Resolución No. 4774.
No obra en el expediente sustitución del poder efectuada por el abogado identificado como el apoderado de los acreedores, para efectos de concluir que el signatario del comprobante de egreso actuaba en representación de los beneficiaros.
No puede la Sala tener por demostrado el pago de la suma de dinero aquí discutida, cuando no existe certeza en el expediente si quien lo recibió lo hacía a nombre de los beneficiarios de la conciliación.
Por lo antes dicho, no se cuenta en el expediente del proceso 2001-03864-01, con pruebas que demuestren el pago de la suma de dinero por la cual se demandó en repetición, motivo por el cual la Sala debe confirmar la sentencia apelada, con fecha de 15 de febrero de 2012.
Finalmente, no resulta procedente examinar los demás presupuestos para la prosperidad de esta acción de repetición, como lo son la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, su conducta gravemente culposa o dolosa y si esta fue determinante para que Policía Nacional conciliara el pago de una indemnización.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, las sentencias proferidas el 2 de agosto de 2011 y el 15 de febrero de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: SIN condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER los expedientes al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
HERNÁN ANDRADE RINCÓN
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 149-155 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2002-01544.
Folios 149-155 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2001-03864.
Folio 25 del cuaderno principal.
Folios 27-28 del cuaderno principal.
Folio 28 del cuaderno principal.
Folio 29 del cuaderno principal.
Folio 17 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Folio 26 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Folio 26 del cuaderno principal 2002-01544-01.
Folio 27 del cuaderno principal 2002-01544-01.
Folios 30-32 del cuaderno principal proceso 2001-03864 y folios 28-30 cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Folios 35-36 del cuaderno principal proceso 2001-03864-01.
Folios 37-39 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
El auto por el cual se corrió traslado para alegar de conclusión obra en el folio 50 del cuaderno principal proceso 2001-03864-01.
Folio 53 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Esta comunicación expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia obra en el folio 57 del cuaderno principal del proceso 2002-01544-01.
El auto por el cual se corrió traslado para alegar de conclusión obra en el folio 60 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Esta fecha se obtuvo del sello secretarial que obra en el folio 60 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Esta fecha se obtuvo del folio 61 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
El acuerdo conciliatorio obra en los folios 166-167 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Esta providencia obra en los folios 168-170 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Folio 196 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Folio 199 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01.
Folios 158-163 del cuaderno del Consejo de Estado, proceso 2001-03864-01. Folio 163 del cuaderno del Consejo de Estado, perteneciente al recurso de apelación, proceso 2001-03864-01. Folio 207 del cuaderno del Consejo de Estado del proceso 2002-01544-01. Folios 213-226 del cuaderno del Consejo de Estado proceso del 2002-01544-01. Folios 175-179 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2001-03864-01. Folio 235 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2002-01544-01. Folio 181 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2001-03864-01. Folios 199-203 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2001-03864-01. Folio 207 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2001-03864-01. Folios 208-216 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2001-03864-01. Folio 224 del cuaderno del Consejo de Estado proceso 2001-03864-01. Folio 61 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01. Folio 60 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01. Folio 59 del cuaderno principal proceso 2002-01544-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, exp.11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Dr. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, exp. 42.354, entre muchas otras providencias. Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, Exp. 2007 00433 00, C.P. doctor Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, Exp. 2001 02061 01, C.P. doctor Mauricio Fajardo Gómez”. Original de la cita: “Cfr. autos citados”. Folios 145-147 del cuaderno principal del proceso 2001-03864-01. Sentencia fechada el 8 de julio de 2009, expediente 22.120, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Folio 148 del cuaderno principal proceso 2001-03864-01. Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en sentencia fechada el 16 de julio de 2008, expediente 29.291, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias. Artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Folios 145-147 del cuaderno principal del proceso 2001-03864-01. El acta que contiene el acuerdo conciliatorio obra en los folios 136-137 del cuaderno principal del proceso 2001-03864-01. Este acto administrativo obra en los folios 8-11 del cuaderno principal de este proceso. Folio 49 del cuaderno principal de este proceso. Sentencia fechada el 26 de mayo de 2016 proferida por esta Subsección, dentro del expediente 25000-23-26-000-2004-02031-01 (39.795). Original de la cita: “El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia de todas las personas que acostumbran utilizar en sus relaciones jurídicas”. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 25.749; M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra”. Original de la cita: “A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total -no solo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad-, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente: 16.887. M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 46.162; M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”. Magistrado ponente: doctor Hernán Andrade Rincón. Magistrado ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. Magistrado ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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