Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2002-00221-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2002-00221-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2002-00221-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-31-000-2002-00221-02 (5445-2022)
Demandante: Darío Hurtado Cuartas
Demandados: Departamento de Antioquia – Asamblea Departamental y
Contraloría General de Antioquia
Temas: Supresión del cargo de auditor de selectividad, código 34001 por
reestructuración de la planta de personal de la Contraloría
General de Antioquia. Improcedencia de emitir pronunciamiento
en vigencia del trámite procesal del CCA sobre pretensiones de
nulidad simple respecto de la Ordenanza 07 del 23 de marzo de
2001 y el Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por
el Tribunal Administrativo del Quindío en descongestión de Antioquia, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Darío Hurtado Cuartas instauró demanda1 en contra del Departamento
de Antioquia – Asamblea Departamental y Contraloría General de Antioquia, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con
el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad artículo décimo de la Ordenanza 07 del 23 de marzo
de 2001, proferida por la Asamblea Departamental de Antioquia, por medio de la
cual se delegó en el gobernador la facultad para: "fusionar dependencias, crear,
suprimir y fusionar cargos en la Contraloría General de Antioquia, con la finalidad
1 Ver el expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
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de ajustar la estructura administrativa, su planta de personal, a los requerimientos
de la Ley 617 de 2000 y su Decreto Reglamentario 192 del año 2001".
3. Igualmente, que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
del Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001, a través de la cual el gobernador de
Antioquia ajustó la estructura administrativa y la planta de personal de la Contraloría
General de Antioquia, (ii) de la Resolución 2040 del 10 de octubre de 2001 con la
que el contralor general de Antioquia en ejecución de la decisión anterior suprimió
el cargo de auditor de selectividad, código 34001 a partir del 16 de octubre de 2001,
del cual era titular; y (iii) Oficio 050697 del 11 de octubre de 2001, mediante el cual
le fue comunicada la supresión de su cargo.
4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reintegrarlo a un empleo
equivalente o superior al desempeñado hasta el 15 de octubre de 2001, sin solución
de continuidad, y que por consiguiente se le reconozcan y paguen todas las sumas
correspondientes a sueldos, primas, vacaciones, bonificaciones y demás
emolumentos dejados de percibir, con efectividad desde la fecha de la supresión de
cargo y hasta cuando sea reincorporado al servicio, incluyendo el valor de los
aumentos que se hubieren decretado con posterioridad a la separación del cargo.
5. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de ley.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que laboró para la Contraloría General de Antioquia desde el 26 de diciembre
de 1994 hasta el 15 de octubre de 2001. Inicialmente se vinculó en periodo de
prueba, esto es, en un nombramiento que es propio del sistema de carrera
administrativa.
7. Desde el año de 1999 figuraba vinculado a dicha entidad en calidad de auditor
de selectividad, código 34001, adscrito a la Dirección de Auditoría Integral
Departamental. Sin embargo, siempre se desempeñó como auditor profesional,
código 34002, cargo que para el año 2001 tenía una asignación salarial de
$1.756.033.
8. A través de la Ordenanza 07 del 23 de marzo de 2001, la Asamblea
Departamental de Antioquia modificó la estructura orgánica de la Contraloría
General de Antioquia, por lo que facultó al gobernador para fusionar dependencias,
crear, suprimir y fusionar cargos al interior del organismo de control, con la finalidad
de ajustar la estructura administrativa y su planta de personal a los requerimientos
de la Ley 617 de 2000 y su Decreto Reglamentario 192 del año 2001.
9. En cumplimiento de dicha disposición se expidió el Decreto 1771 del 31 de
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agosto de 2001 en el que, entre otras decisiones, se suprimió el cargo de auditor de
selectividad que ocupaba.
10. Mediante la Resolución 2040 del 10 de octubre de 2001, el contralor general de
Antioquia hizo efectiva la mencionada supresión con efectividad desde el 16 de
octubre de 2001. Dicha decisión le fue comunicada con el Oficio 050697 del 11 de
octubre del mismo año.
11. De igual forma, por medio de comunicación 050694 del 11 de octubre de 2001,
se le informó que por la Resolución 2037 del 10 de octubre de 2001, se dio por
terminado el encargo que venía desempeñando como auditor profesional, código
34002, adscrito a la Dirección de Auditoría Integral Regional a partir del 16 de
octubre de 2001.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
12. Consideró vulnerados: los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 122, 125, 150 numeral
10, 211, 272, 288 y 300 de la Constitución Política; 1, 2, 5 y 11 de la Ley 489 de
1998; 3.° de la Ley 330 de 1996; 1, 2, 39 y 41 de la Ley 443 de 1998; 84 del Decreto
01 de 1984; así como los Decretos 1572 de 1998 y 2504 de 1998.
13. Expresó que la supresión del cargo de auditor de selectividad en el que había
sido nombrado, pero que no ejercía desde 1999, se materializó a través del Decreto
1771 del 31 de agosto de 2001 expedido por el gobernador del departamento de
Antioquia, quien, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales que
regulan la materia, no era competente para expedir tal decisión, pues la
determinación de la estructura, planta de personal y funciones por dependencias de
las contralorías departamentales es tarea exclusiva e indelegable de las respectivas
asambleas.
14. Señaló que el parágrafo del artículo 137 del Decreto 1572 1998 advierte que:
"En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve
al pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad
presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones". Sin
embargo, la entidad primero le suprimió el cargo y luego se obtuvo la reserva
presupuestal. Como claramente se señala en la Resolución 2040 del 10 de octubre
de 2001, la eliminación del cargo se hizo mediante el Decreto 1771 del 31 de agosto
de 2001, y la reserva presupuestal que autorizaba el retiro se dio el 1 ° de octubre
de 2001, esto es, cuando ya había vencido la facultad del gobernador para tramitar
la reforma a la Contraloría General de Antioquia.
15. Aseguró que la reforma a este ente de control fiscal a través del Decreto 1771
del 31 de agosto de 2001 se sustentó en la necesidad de ajustar la institución a las
necesidades presupuestales originadas en la aplicación de la Ley 617 de 2000. Aun
así, al verificar la planta de personal a lo largo del año 2001, esta mantuvo un
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elevado número de empleados provisionales que en su mayoría corresponden a
cuotas políticas o puestos creados con requisitos previamente establecidos en los
aspirantes para responder a situaciones distintas a las necesidades del servicio o el
acatamiento de las normas de carrera administrativa, lo que constituyen causales
de nulidad por desviación de poder y falsa motivación.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
16. El 20 de febrero de 2002 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a las
entidades demandadas.
17. La Contraloría General de Antioquia manifestó3 que el accionante debió
probar que la delegación efectuada al señor gobernador fue irregular o contraria a
la ley, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el parágrafo único del
cuestionado artículo 10° de la Ordenanza 07 de 2001, el proceso de
reestructuración no fue acéfalo, siempre estuvo asistido por cinco (5) diputados
designados por la mesa directiva en representación de la asamblea departamental
y por el señor contralor general de Antioquia en representación de la institución
fiscal, lo que demuestra que el acto administrativo en cuestión no se emitió bajo el
libre albedrío del representante del departamento.
18. Argumentó que el actor no se acogió al derecho de ser incorporado ni demostró
que en la actuación se hubiesen presentado irregularidades que favorecieran a otros
por encima suyo y en perjuicio de su derecho en atención al artículo 45 del Decreto
1568 de 1998.
19. Propuso como excepciones las de: (i) falta de legitimación en la causa, (ii)
aspectos de constitucionalidad y legalidad, (iii) genérica.
20. El departamento de Antioquia4 reprodujo en su totalidad los argumentos de
defensa y excepciones formuladas por la contraloría.
21. El 27 de noviembre de 20025 se abrió la etapa probatoria y por tanto se
decretaron las pruebas solicitadas por las partes.
22. El 31 de enero de 20056 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
23. La parte demandante solicitó que se suspendiera el proceso por prejudicialidad
al encontrarse pendiente de sentencia definitiva el proceso de nulidad simple
promovido contra la Ordenanza 007 del 23 de marzo de 2001 bajo el radicado 2005-
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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5053.7
24. Pese a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia el 16
de mayo de 20128 con la que negó las pretensiones, pero al resolver el recurso de
apelación del actor, el 28 de marzo de 20149 el Consejo de Estado declaró la nulidad
de todo lo actuado por no haberse resuelto previamente la solicitud de
prejudicialidad en mención.
25. El 2 de diciembre de 201410 se resolvió dicha situación en el sentido de
suspender el proceso hasta que se dictara sentencia en el proceso 2005-5053, por
lo que el 16 de mayo de 201911 se reanudó la actuación y posteriormente se remitió
el expediente al Tribunal Administrativo del Quindío para que asumiera el asunto en
descongestión para fallo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN12
26. El Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del 24 de febrero de
2021 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
27. Expresó que se abstendría de pronunciarse sobre la legalidad del artículo 10 de
la Ordenanza 07 del 23 de marzo de 2001, ya que esta es un acto administrativo de
carácter general que no lesiona ningún interés de titularidad del actor y que por tanto
debe enjuiciarse a través de la acción de simple nulidad como se observa que
ocurrió. Adicionalmente destacó que el Oficio 050697 del 11 de octubre de 2001 es
un simple acto de ejecución no demandable.
28. Que la causal de nulidad por falta de competencia alegada por la parte actora
no está llamada a prosperar, porque no resulta contrario a la Constitución ni a la Ley
que la Asamblea del Departamento de Antioquia haya delegado en el gobernador
la potestad de reestructurar la planta de cargos de la Contraloría Departamental,
suprimiendo los empleos que resultaran necesarios para conseguir la finalidad
propuesta con la misma, más aún en la medida en que las facultades conferidas
fueron ejercidas dentro del término que se señaló en la Ordenanza No. 007 del 23
de marzo de 2001.
29. Añadió que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la iniciativa
para reformar la planta de personal de las contralorías departamentales puede
provenir tanto del respectivo contralor como de la misma asamblea. Indicó que una
vez verificado el material probatorio encontró que el proyecto de ordenanza 08 de
2001, que posteriormente terminaría por convertirse en la Ordenanza 007 de 2001,
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
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fue radicado por el contralor del departamento de Antioquia, por lo que es claro que
convergen las dos voluntades que la accionante asegura que debieron existir para
expedir un acto complejo como el aludido.
30. Sostuvo que jurisprudencialmente se ha considerado que en vigencia de la Ley
443 de 1998, la ausencia de la disponibilidad presupuestal a que se refiere el artículo
137 del Decreto 1572 de 1998 no tenía la potencialidad de viciar los actos
administrativos de supresión de cargos, toda vez que dicha exigencia no se
encontraba contenida en la ley, sino que había sido introducida en una norma de
orden reglamentario y por tanto de inferior jerarquía.
31. Frente a la causal de falsa motivación y de desviación de poder de los actos
reprochados afirmó que el ajustar el presupuesto de la Contraloría Departamental
de Antioquia a los mandatos de la Ley 617 de 2000 resulta una razón legítima de la
administración para suprimir algunos empleos y da lugar a que la reestructuración
se entienda fundada en necesidades del servicio, por lo que si la parte actora
pretendía desvirtuar dicha circunstancia y que la supresión de algunos cargos y el
mantenimiento de otros obedeció al cumplimiento de cuotas políticas o cualquier
otra razón ajena al mejoramiento del servicio público y la racionalización del gasto,
debió allegar al plenario pruebas que dieran cuenta de tal circunstancia, no
limitándose simplemente a efectuar acusaciones genéricas y sin sustento alguno.
32. Concluyó que a partir de la expedición del Decreto 2504 de 1998, no es
necesario que los estudios técnicos que sustenten la supresión de cargos de carrera
administrativa al interior de las entidades públicas cuenten con todos los requisitos
establecidos en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, pues basta que se
acredite uno o varios de ellos y que tengan relación con la causa que los originen.
33. En consecuencia, aseguró que no asiste razón a la parte actora cuando adujo
que el estudio técnico que sirvió de sustento para justificar la supresión de su cargo
no cumplía con los requisitos de ley, pues basta una simple lectura del mismo para
advertir que se efectuó un análisis sobre los procesos técnico-misionales y de apoyo
desplegados por cada una de las áreas de la entidad, así como sobre la cobertura
y efectividad del servicio y las cargas y el volumen de trabajo asignadas a cada uno
de ellas así como las medidas a implementar para corregir las deficiencias
advertidas y que en consecuencia este se ajusta a las normas en que debe
fundarse.
RECURSO DE APELACIÓN13
34. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Insistió en que uno de
los vicios de nulidad de los actos demandados radica en que la Asamblea
Departamental de Antioquia no debió delegar la función de reestructurar la
13 Ibid.
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Contraloría General de Antioquia en el gobernador del departamento. Que la función
asignada en la Constitución Política a las asambleas departamentales y a los
concejos municipales de organizar los mencionados entes de control es indelegable,
porque tal potestad está asignada directamente en la Constitución, tal como lo
reiteró la Corte Constitucional en la Sentencia C-580 del 11 de agosto de 1999.
35. Insistió en que se advierten irregularidades en la expedición de la Ordenanza
007 de 2001, pues las facultades extraordinarias para la reforma a la Contraloría
General de Antioquia las debió solicitar el gobernador y no el contralor y, en este
caso, las solicitó este último funcionario. Debe tenerse en cuenta que no existe
ninguna norma en la Constitución o en la ley que indique que un contralor tiene
iniciativa para solicitar facultades extraordinarias para el gobernador.
36. Afirmó que en la expedición del Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001 por
parte del gobernador de Antioquia no existió iniciativa del contralor, razón por la cual
el acto administrativo desconoce lo establecido en el artículo 3° de la Ley 330 de
1996, pues debió mediar obligatoriamente la propuesta del aludido funcionario para
que la asamblea departamental determinara la planta de personal del ente de
control, ya que dicha decisión corresponde a un acto administrativo complejo.
Precisó que si se delega la función de modificar la estructura funcional de una
contraloría en un gobernador, como en este caso, el acto que expida dejaría de
tener la naturaleza jurídica en mención.
37. Acerca del argumento de la falta de trámite de disponibilidad presupuestal para
el pago de las indemnizaciones, de manera previa a la expedición de la ordenanza
y del decreto, manifestó que no comparte el análisis del tribunal al sostener que
como la ley prevalece sobre el reglamento, todo lo contemplado en el Decreto 1572
de 1998 no tiene aplicabilidad porque no está contenido en la norma superior.
38. Expuso que asumir tal punto implicaría que podría considerarse que tampoco
son aplicables los montos de las indemnizaciones que estableció el artículo 137 del
citado decreto, porque estos no se establecieron en el artículo 39 de la Ley 443 de
1998, lo que no solo es abiertamente contrario a las normas de interpretación, sino
que es violatorio del derecho fundamental al debido proceso.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
39. El 1.º de noviembre de 202214 se admitió el recurso de apelación. El 19 de enero
de 202315 se corrió traslado a las partes para alegar y se dispuso que, una vez
vencido este traslado, el expediente quedaría a disposición del Ministerio Público
para emitir concepto.
14 Ver índice 4 de SAMAI.
15 Ver índice 10 de SAMAI.
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40. La parte demandante16 reiteró la totalidad de los argumentos de su recurso.
41. La Contraloría General de Antioquia17 manifestó que al ser función de las
asambleas determinar lo relativo a las contralorías según la Ley 330 de 1996, las
primeras están perfectamente facultadas constitucionalmente para delegar esta
función en el gobernador (numeral 9° del Artículo 300 de la Constitución Política),
tal como se hizo en el presente caso. Que la delegación realizada por la Asamblea
de Antioquia por medio del artículo décimo de la Ordenanza 07 del 23 de marzo de
2001 al gobernador del departamento para fusionar dependencias, crear, suprimir y
fusionar cargos en el ente de control con el fin de ajustarla a los requerimientos de
la Ley 617 de 2000 y su Decreto Reglamentario 192 de 2001, cuenta con soporte
Constitucional y Legal, lo que hace que el Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001
también se haya expedido por un funcionario competente.
42. El Ministerio Público18 solicitó que se confirme el fallo apelado. Planteó que la
reestructuración de la Contraloría Departamental de Antioquia fue delegada por la
asamblea departamental al gobernador en ejercicio de las facultades que le confirió
el numeral 7 del artículo 300 constitucional, esto en el entendido de que de acuerdo
con el artículo 3.º de la Ley 330 de 1996, la determinación de la estructura y planta
de personal de las contralorías departamentales es atribución de las asambleas por
medio de ordenanzas a iniciativa del respectivo contralor.
43. Indicó que el demandante en su apelación sostuvo que no existió iniciativa del
contralor, lo que desconocía lo establecido en el artículo 3° de la Ley 330 de 1996,
afirmación que no es acorde con la realidad ya que dentro del expediente reposa el
documento que evidencia dicha propuesta por parte del contralor, tal como el Oficio
029468 del 11 de febrero de 2001, en el cual dicho funcionario radicó ante la
Asamblea Departamental de Antioquia el proyecto de ordenanza “por medio de la
cual se modifica la Estructura Orgánica de la Contraloría Departamental de
Antioquia, y se dictan otras disposiciones” acompañada con la debida Exposición
de motivos.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
44. Deberá resolver la Subsección si los actos demandados están viciados de
nulidad por falta de competencia, infracción de las normas en que debían fundarse
o expedición irregular bajo el planteamiento de la parte apelante relacionado con
que la Asamblea Departamental del Antioquia no debió delegar en el gobernador la
función de reestructurar la contraloría general de dicha entidad territorial, y que, en
todo caso, tal reforma tuvo que derivarse de la iniciativa del contralor y con previa
16 Ver índice 16 de SAMAI.
17 Ver índice 15 de SAMAI.
18 Ver índice 17 de SAMAI.
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disponibilidad presupuestal para el pago de indemnizaciones por supresiones de
cargos.
45. En caso afirmativo se determinará si el actor debe ser reintegrado a la planta de
personal de la Contraloría General de Antioquia, sin solución de continuidad, en un
cargo igual o superior al que ocupaba en 2001 como auditor de selectividad, código
34001, junto con el pago de los emolumentos dejados de percibir desde su
desvinculación.
Marco normativo y jurisprudencial
Acerca de la reestructuración de plantas de personal en vigencia de la Ley 443
de 1998
46. La carrera administrativa es un sistema de administración del personal de
servidores públicos, basado en el mérito como principio rector de la función pública,
en virtud del cual se contemplan tanto las formas de ingreso, permanencia,
evaluación y eventualmente de retiro del servicio. Esta regulación para la época de
los hechos de la demanda estaba contenida en la Ley 443 de 1998.19
47. Según esta norma, en los cargos de carrera administrativa puede haber
empleados nombrados en propiedad con derechos derivados de haber superado un
concurso de méritos, o bien en provisionalidad con el fin de cubrir la vacancia
temporal de la respectiva plaza.
48. En cualquiera de las dos clases de nombramiento, se goza de cierta estabilidad
propia de la vinculación, esto es, sometida a las causales de retiro o supresión del
empleo, solo que en el primer caso esta es indefinida o sólida, mientras que, en el
segundo, aquella es precaria porque necesariamente debe ser temporal o transitoria
con el objetivo de que la vacante pueda ser ocupada en propiedad de manera
definitiva por quien obtenga los correspondientes derechos de carrera.
49. Ahora bien, es claro que el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que un
servidor público nombrado en propiedad o en provisionalidad en un cargo de carrera
19 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.» «[…] ARTÍCULO
5º.- De la clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente
Ley son de carrera, con excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo conforme a la Constitución y la Ley, aquellos cuyas funciones,
deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación y los de trabajadores oficiales.
2. Los empleos de libre nombramiento y remoción que correspondan a los siguientes criterios: […]
[…] ARTÍCULO 7º.- Provisión de los empleos de carrera. La provisión de los empleos de carrera se hará, previo
concurso, por nombramiento en período de prueba, o por ascenso. […]».
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administrativa pueda ser retirado del servicio legalmente, tal como lo ratificó la Corte
Constitucional.20
50. Ahora, dado que el artículo 125 de la Constitución Política consagró que le
correspondería a la ley fijar las causales de retiro de un servidor de la carrera
administrativa, se observa que, además de aquellas, los artículos 39 y 41 de la
mencionada Ley 443 de 1998 previeron lo propio en caso de supresión del
empleo.21
51. Sobre el punto se destaca que la Corte Constitucional en Sentencia C-954 del
6 de septiembre de 2001 al declarar exequible el referido artículo 39 planteó que:
20 Sentencia C-954 de 6 de septiembre de 2001. En esta providencia se precisó lo siguiente: «[…] Según lo
anterior, la estabilidad con la que están protegidos los empleados de carrera no puede ser concebida como
una inamovilidad absoluta ya que, si se presentan una de las causales señaladas en el artículo 125 de la Carta,
su retiro no sólo es legítimo, sino necesario para alcanzar los fines del Estado bajo los principios de eficacia,
eficiencia, moralidad, entre otros, pues se han perdido los méritos y las calidades morales que justifican su
permanencia en el cargo. En consecuencia, tal estabilidad es apenas relativa.
En síntesis, el derecho a la estabilidad laboral de los empleados de carrera no es absoluto y encuentra su
principal restricción en la misma Constitución, que establece en su artículo 125 las causales en que procede el
retiro de dichos empleados, en armonía con el artículo 58, que consagra la prevalencia del interés público sobre
el particular. [...]». (Subrayado fuera de texto).
21 «[…] ARTÍCULO 39.- Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los
empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como
consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones
de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes
o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
[…] PARÁGRAFO 1º.- Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de un organismo o entidad
y los empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban
la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de remuneración, aquellos cargos
no podrán tener requisitos superiores para su desempeño y los titulares con derechos de carrera de los
anteriores empleos, deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión efectiva de éstos.
PARÁGRAFO 2º.- En el evento de que el empleado opte por la indemnización o la reciba, el acto administrativo
en que ésta conste prestará mérito ejecutivo y tendrá los mismos efectos jurídicos de una conciliación. Los
términos de caducidad establecidos en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho se contarán a partir de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que
originó la supresión del empleo.
[…] ARTÍCULO 41.- Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos
de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la Rama ejecutiva de los
órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera deberán motivarse expresamente;
fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en
estudios técnicos que así lo demuestren elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de
Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en Administración Pública u otras
profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.
Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidos sin excepción los
establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, y las plantas de personal de empleos
públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el
Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública
llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades
nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden
presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las
necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto.
[…]».
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Radicado: 05001-23-31-000-2002-00221-02 (5445-2022)
«[…] 3. La supresión de cargos de carrera administrativa como consecuencia de los
procesos de reestructuración de la administración pública frente a los derechos de
los trabajadores.
[…] Tales reajustes pueden conducir a la supresión de cargos de carrera,
concretamente como consecuencia de reestructuraciones administrativas que
impliquen reformar las plantas de personal, lo cual podría afectar los derechos de
los empleados, especialmente los de carrera, que en principio gozan de cierta
estabilidad laboral. Con fundamento en ello, el legislador, en procura de la
protección de estos derechos, exige que la supresión de tales cargos no pueda ser
caprichosa, arbitraria o subjetiva.
Por lo anterior, la expresión acusada, contrariamente a lo que considera el actor, no
desampara al empleado de carrera ante la supresión de su cargo sino que lo
protege a través de los mecanismos anotados. No en vano el artículo 39,
demandado parcialmente, se titula: ‘Derechos del empleado de carrera
administrativa en caso de supresión del cargo.
Así pues, la norma es respetuosa del artículo 53 de la Carta, que consagra, entre
otros, los derechos de los trabajadores a la igualdad, la estabilidad en el empleo y
la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales, en armonía con el artículo 25 superior, que consagra el
derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas. […]».
52. El Consejo de Estado22 también se ha pronunciado de la siguiente manera:
«[…] Cuando las reformas de las plantas de personal conllevan la supresión de
empleos, se erigen en criterios y condiciones relacionados con las necesidades del
servicio o modernización de la Administración, siendo objetivas las razones que
justifican la reforma. La decisión de retirar a un empleado de la planta de cargos,
como consecuencia de una supresión, puede originarse bien porque todos los
cargos de su categoría fueron suprimidos por el acto general, o bien porque en la
nueva planta de personal no se creen cargos con funciones iguales o equivalentes
en uno de los cuales pudiera incorporarse.
[…] El artículo 39 de la Ley 443 de 19986, prevé que la supresión de un cargo de
Carrera Administrativa puede ocurrir por diferentes razones, verbi gracia fusión o
liquidación de una Entidad Pública; la reestructuración; por modificación de la planta
de personal; por reclasificación de los empleos; traslado de funciones de una
entidad a otra; o simplemente por políticas de modernización del Estado con el fin
de hacer más eficaz la prestación del servicio público, que trae consigo las
consecuencias jurídicas que de ella se derivan, como son la opción de ser
incorporado a un empleo equivalente o ser indemnizado en los términos y
condiciones que establezca el Gobierno Nacional. […]». (Líneas de la Sala).
53. En conclusión, la estabilidad laboral que se predica de los empleados que
ocupen cargos de carrera administrativa, bien sea de manera indefinida para los
nombrados en propiedad, o relativa para los designados en provisionalidad, no
impide que el Estado por razones de interés general, propias de la eficacia y
eficiencia de la función pública, pueda reestructurar las plantas de personal de sus
22 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de octubre de 2011 Radicación número: 25000-23-25-000-
2003-01392-01(2429-10).
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entidades a fin de suprimir determinados cargos, incluso dándole prevalencia a esta
decisión sobre las garantías de aquellos con derechos de carrera, quienes tendrán
otras opciones legales para ser resarcidos.
Resolución del caso concreto
54. Una vez verificados los 3 específicos reparos de impugnación del accionante
sobre los cuales debe centrarse el estudio en segunda instancia, la Sala advierte la
imposibilidad de abordar el problema jurídico como fue planteado inicialmente dado
que, sobre el primero de ellos (relacionado con la supuesta falta de competencia del
gobernador de Antioquia para haber reformado la planta de personal de la
contraloría general de dicha entidad territorial), se concluye que no es procedente
emitir ningún tipo de pronunciamiento de fondo.
55. Lo anterior por cuanto al verificar el expediente se advierte que, a través de
sentencia del 12 de octubre de 2017 proferida por esta misma corporación, 23 se
resolvió en segunda instancia dentro del proceso de nulidad simple con número
interno 0843-2014, confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que había negado las pretensiones anulatorias contra la Ordenanza 007
del 23 de marzo de 2001 y el Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001, precisamente
al descartar la prosperidad de la causal de nulidad de falta de competencia alegada
con idénticos argumentos a los expuestos en esta oportunidad por el actor.
56. Por tal motivo, frente a este cargo de nulidad deberá estarse a lo resuelto en
dicha providencia que se profirió con efectos generales y que hizo tránsito a cosa
juzgada respecto de estos mismos supuestos, tal como lo prevé el artículo 175 del
CCA (Decreto 01 de 1984).
57. Ahora, sobre los otros dos planteamientos de oposición contra la sentencia
recurrida, relativos a la necesidad de que la reestructuración de la Contraloría
General de Antioquia se hubiese derivado de la iniciativa del contralor conforme lo
dispuesto en el artículo 3.º de la Ley 330 de 1996, y que en el trámite de la supresión
de cargos debió haberse probado que previo a esta decisión se había obtenido la
disponibilidad presupuestal para el pago de indemnizaciones, la Sala también
deberá abstenerse de resolver lo propio.
58. Esto por cuanto al revisar el sustento jurídico de ambos puntos, lo que en
realidad pretende el accionante es alegar e insistir en la nulidad de la Ordenanza
007 del 23 de marzo de 2001 y del Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001 por
desconocimiento de las normas en que debían fundarse o expedición irregular,
basado en discusiones generales y abstractas en relación con la forma en que
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
12 de octubre de 2017. Radicado: 05001 23 31 000 2005 05053 01 (0343-2014). C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas. Demandante: Gloria Patricia Molina Zapata. (Esta providencia se encuentra aportada con la demanda
en el expediente digital obrante en el índice 3 de SAMAI.
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Radicado: 05001-23-31-000-2002-00221-02 (5445-2022)
debieron proferirse estas decisiones, pero sin exponer un solo planteamiento en
relación con su situación particular y cómo la supuesta ilegalidad de tales actos le
afectaban directamente un derecho subjetivo.
59. En realidad, en ningún aparte de su recurso de alzada el demandante cuestiona
o debate la legalidad de la Resolución 2040 del 10 de octubre de 2001 que fue la
decisión concreta y específica que lo desvinculó de la Contraloría General de
Antioquia. En la alzada no se aprecia un solo argumento dirigido a reprochar las
razones por las cuales en virtud de la reestructuración de la entidad se eliminó
específicamente su plaza y se determinó que de todos los demás servidores, este
tendría que ser retirado del servicio.
60. Por el contrario, el recurrente únicamente enfocó su fundamentación en la
presunta ilegalidad de los referidos actos generales por irregularidades en cuanto al
desconocimiento de algunos requisitos previos para su expedición.24
61. Bajo tal contexto, la Sala recuerda que el propio tribunal de origen estableció en
la sentencia recurrida25 que la Ordenanza 007 del 23 de marzo de 2001 no sería
objeto de control judicial a través de la presente acción de nulidad y restablecimiento
del derecho por tratarse de un acto general susceptible de enjuiciamiento solo a
través de la acción de nulidad simple prevista en el artículo 84 del CCA.
62. Por lo mismo, al haberse excluido del litigio dicho acto, mal podría el accionante
mantener su postura jurídica de dirigir sus pretensiones hacia la declaratoria de
nulidad de tal ordenanza en el marco de esta actuación judicial, pues si consideraba
24 Al respecto ver el recurso en el que solo sostiene lo siguiente: «[…] En este caso, se evidencia irregularidades
en la expedición de la ordenanza 007 de 2001, una de ellas que ignoró el tribunal, es decir, no se respondió en
la sentencia y es la relativa a que las facultades extraordinarias para la reforma a la Contraloría General de
Antioquia, las debió solicitar el gobernador y no el contralor y, en este caso, las solicitó este último funcionario.
No existe ninguna norma en la Constitución o en la ley que indique que un contralor tiene iniciativa para solicitar
facultades extraordinarias para el gobernador. […] En la expedición del Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001,
por parte del gobernador de Antioquia, no existió iniciativa del contralor, razón por la cual el acto administrativo
desconoce lo establecido en el artículo 3° de la Ley 330 de 1996, pues si debe mediar la iniciativa del respectivo
contralor para que las asambleas departamentales determinen las plantas de personal de las contralorías, a la
luz de la ley son actos administrativos complejos, esto es, que en su formación concurren dos voluntades, la
iniciativa de los contralores y la adopción del acto por parte de la corporación administrativa. […] El Tribunal,
apoyado en una jurisprudencia de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, en la cual se dijo que
“como la Ley 443 de 1998 no contempló como requisito para la supresión de cargos la disponibilidad
presupuestal para el pago de las indemnizaciones, y la ley prima sobre su reglamentación, se concluye que la
disponibilidad presupuestal no es requisito para la supresión de cargos y su inexistencia al momento de la
supresión no puede acarrear la nulidad del acto por expedición irregular”, concluyó en la inaplicabilidad del
parágrafo del artículo 137 del Decreto 1572 de 1998, que establecía que “En todo caso, no podrá efectuarse
supresión de empleos de carrera que conlleve pago de la indemnización sin que previamente exista la
disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones” . […]»
25 Al respecto el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia apelada señaló expresamente lo siguiente:
«[…] Ahora bien, en este punto se observa que en el sub examine la parte actora está cuestionando la legalidad
de actos administrativos de carácter general y de carácter particular y concreto por lo que debe en principio
determinarse si todos estos son susceptibles de enjuiciarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho. […] Lo anterior, implica que la Sala se abstendrá de Pronunciarse sobre la legalidad del articulo
décimo de la Ordenanza 07 del 23 de marzo de 2001, comoquiera que se trata de un acto administrativo de
carácter general que no lesiona ningún interés de titularidad del actor y que debe enjuiciarse a través de la
acción de simple nulidad como se observa en el expediente que efectivamente ocurrió y que el Oficio No. 050697
del 11 de octubre de 2001 es un mero acto de ejecución. […]»
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Radicado: 05001-23-31-000-2002-00221-02 (5445-2022)
que existían otros presupuestos distintos a los de la competencia que desvirtuaban
su presunción de legalidad, debió plantearlos a través de una demanda distinta a la
que es objeto de examen.
63. Lo propio debe afirmarse acerca del Decreto 1771 del 31 de agosto de 2001
“Por el cual se ajusta la estructura administrativa y la planta de personal de la
Contraloría General de Antioquia”, ya que este al haber sido expedido por el
gobernador en cumplimiento de la referida decisión de la Asamblea Departamental
de Antioquia y de manera abstracta en cuanto al cambio del esquema funcional del
mencionado ente de control, sin determinar específicamente los empleados sobre
los que recaerían los efectos, también constituye un acto general e impersonal26 del
que la parte actora en su recurso de apelación no endilgó ni expuso ningún
fundamento jurídico relativo a la situación jurídica particular que le fue creada.
64. De hecho, como el apelante reiteró que el mencionado acto está viciado de
nulidad, únicamente por haberse obviado la iniciativa del contralor sobre la
reestructuración de la entidad y por no haberse tramitado con anterioridad la
disponibilidad presupuestal, se concluye que tales reparos solo podrían haber sido
analizados bajo una acción de nulidad conforme al artículo 84 del CCA, mas no de
una de nulidad y restablecimiento del derecho como lo hizo en esta oportunidad.
65. La Sala recuerda que, en vigencia del Decreto 01 de 1984 con el que inició y
debe terminar esta actuación, no estaba prevista la acumulación de pretensiones
por fuente del daño en cuanto a los medios de control. Esto es, no estaba
contemplada la posibilidad de que con una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho también se pretenda la nulidad simple de un acto general como sí es
viable actualmente en virtud del artículo 165 del CPACA.27
66. En consecuencia, al resultar improcedente el examen de legalidad de las dos
decisiones cuestionadas sobre las que recae el recurso de apelación, dado los
argumentos generales y de trámite administrativo en los que se enfoca la
impugnación, deberá confirmarse el fallo apelado.
Condena en costas de segunda instancia
67. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe
de la parte apelante, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA (vigente para este
proceso), que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
26 Incluso, la calidad de acto general de este decreto se ratifica en la medida en que este también fue estudiado
desde la causal de falta de competencia en sede de nulidad simple en el mencionado proceso con radicado
05001 23 31 000 2005 05053 01 (0343-2014) en el que esta corporación expidió la sentencia del 12 de octubre
de 2017.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto 11001032600020130016700 (49160), jun. 20/14, C. P. Ramiro
Pazos Guerrero)
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Radicado: 05001-23-31-000-2002-00221-02 (5445-2022)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos
mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Quindío en descongestión de
Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.
Tercero. Reconocer personería como apoderados del departamento de Antioquia y
de la Contraloría General de Antioquia a los abogados Mónica Adriana Ramírez
Estrada, portadora de la tarjeta profesional 170.967, y Sergio Andrés Velásquez
Correa, portador de la tarjeta profesional 134.030; de conformidad con los poderes
que les fueron conferidos mediante memoriales que obran en los índices 21 y 15 de
SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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