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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-02776-01

Fecha
22 de mayo de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-02776-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2002-02776-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

22 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. Vivienda y Construcción y otro
Demandado: Corporación Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia y
otro
Proceso: Reparación directa

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN-Régimen aplicable. FALLA DEL SERVICIO POR
OMISIÓN-Elementos. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN-Debe acreditarse que, de haberse realizado la
conducta debida, se habría interrumpido el proceso causal. Funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales-Art. 31 Ley 99 de 1993. DOCUMENTO PÚBLICO-Valoración probatoria. DOCUMENTO
PRIVADO-Valoración probatoria. PERITACIÓN-Elementos de este medio de prueba. DICTAMEN PERICIAL-
Eficacia probatoria. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega
aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 7 de febrero de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En el año 1995, en el municipio de Envigado, sector “Loma de Las Brujas”, la
constructora Óptima S.A. y la promotora de proyectos Promotora Escodia S.A.,
desarrollaron un proyecto de casas denominado “Sendero del Brujo”. La
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia les
concedió licencia ambiental y el proyecto se ejecutó. En el año 1996, las
sociedades idearon otro proyecto denominado “Canto del Bosque” e iniciaron el
trámite de licencia ambiental. En 1999, Corantioquia otorgó el permiso ambiental,
previa ejecución de unas medidas de impacto y de drenaje de terreno. A finales de
1999, algunas casas de “Sendero del Brujo” se agrietaron y hubo levantamiento de
lozas. Un sector del proyecto “Canto del Bosque” sufrió inestabilidad por presencia

Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

de aguas. En julio de 2000, luego de un estudio geológico e hídrico, se
identificaron las posibles causas de la inestabilidad del terreno.

Alegan falla del servicio de Corantioquia porque omitió su deber de regulación de
cauces y corrientes de agua, y falla del servicio de las Empresas Públicas de
Medellín-EPM ESP porque incumplieron su deber de mantenimiento de tuberías
en terrenos de su propiedad.

ANTECEDENTES

La demanda

El 30 de mayo de 2002, Óptima S.A. Construcción y Vivienda y Promotora Escodia
S.A. solicitaron declarar patrimonialmente responsables a la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia –en adelante, Corantioquia– y a las
Empresas Públicas de Medellín-EPM ESP –en adelante, EPM–, por los daños a
terrenos de un proyecto de construcción, en los siguientes términos:

«3.1. Que Corantioquia y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. son solidaria y
administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios, patrimoniales y
extrapatrimoniales, ocasionados a Óptima S.A. Construcción y Vivienda y Promotora
Escodia S.A., como consecuencia del incumplimiento del deber de cuidado, prevención,
protección, mantenimiento, recuperación y demás acciones que garantizaban el equilibrio y
desarrollo sostenible del medio ambiente en la cuenca Las Brujas, Loma de Las Brujas y
Cuenca del Ayurá en el municipio de Envigado, así como la falta de cuidado , protección y
vigilancia de los vienes a su cargo, conforme a Ley.

3.2. Que, en consecuencia, Corantioquia, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. están
obligados a reparar integralmente a mis mandantes en forma solidaria o independiente,
total o parcial, los perjuicios que a continuación se enumeran:

3.2.1. Los valores de los daños y perjuicios patrimoniales en su manifestación de daño
emergente y lucro cesante, pasados y futuros sufridos como consecuencia del daño
antijurídico causado por los demandados, solicitados en esta demanda y verificados
probatoriamente dentro del proceso (…)»1.

Hechos

Los demandantes afirmaron que en 1994, en el municipio de Envigado, la
constructora Óptima S.A. y la promotora y gerente de proyectos inmobiliarios
Promotora Escodia S.A. adquirieron un lote de terreno en el sector “Loma de Las
Brujas” denominado “Finca La Granja”, con área de 50.000 m2, con el fin de
desarrollar diferentes proyectos urbanísticos. En 1995, en una porción de ese

1 Folios 216-217 c. 1.

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

terreno, las sociedades constructora y promotora desarrollaron un proyecto de
casas denominado “Sendero del Brujo”. El proyecto contó con estudio de suelos.
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia les
concedió licencia ambiental y el proyecto se ejecutó.

En 1996, en otra porción del mismo terreno de su propiedad, las sociedades
proyectaron la construcción de “Canto del Bosque”. Inicialmente, el proyecto iba
dirigido a la construcción de un edificio con 5 bloques de apartamentos. Las
sociedades solicitaron licencia ambiental y Corantioquia les concedió el permiso
luego de unos ajustes de impacto ambiental y de estado de la tierra.
Posteriormente, en 1999, modificaron el proyecto a 37 casas de varias plantas,
solicitaron la modificación de la licencia y Corantioquia otorgó el permiso, previa
ejecución de unas medidas de impacto ambiental, de drenaje de terreno y de
ajuste a quebradas en predios internos y colindantes.

A finales de 1999, algunas casas de “Sendero del Brujo” se agrietaron y hubo
levantamiento de lozas. Un sector del segundo proyecto, “Canto del Bosque”,
sufrió inestabilidad por presencia de aguas. En julio de 2000, luego de un estudio
geológico e hídrico, se identificaron como posibles causas de la inestabilidad del
terreno la presencia de aguas subsuperficiales y degradación de cuencas
hidrográficas. Los problemas evidenciados en la tierra incidieron en los daños a
viviendas construidas y obligaron a las sociedades demandantes a modificar el
segundo proyecto; por ello, trasladaron y redujeron el número de casas a
construir.

Alegan falla del servicio de Corantioquia porque omitió su deber de vigilancia y
preservación de recursos naturales, deber que comprendía, puntualmente: (i) la
regulación de cauces y corrientes de agua; (ii) la recuperación y mitigación de los
factores nocivos que alteran el medio ambiente en la zona del daño y (iii) las
medidas de prevención para evitar el daño. Según la demanda, Corantioquia
omitió, además, labores de control y vigilancia, otorgamiento de permisos de
ocupación de cauces (D 2811 de 1974 y D 1541 de 1978) y labores de planeación
ambiental.

Alegan, además, la falla del servicio de las Empresas Públicas de Medellín-EPM

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

ESP, porque incumplieron su deber de mantenimiento de tuberías en terrenos de
su propiedad2.

Contestaciones de la demanda

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, al
oponerse a las pretensiones, señaló que no estaba probada la falla del servicio ni
el nexo causal con el daño. Agregó que la omisión alegada no tuvo lugar, pues
dentro de las obligaciones de la entidad como autoridad ambiental no estaba la de
garantizar el estado de los terrenos en propiedad privada. Tampoco estaba
probado si la entidad tenía una obligación específica de prevenir el daño, o si, de
actuar bajo alguna directriz, el curso causal hubiera sido distinto y se hubiera
evitado el daño ambiental y material en el terreno de las constructoras.

En cuanto a la licencia ambiental otorgada para los proyectos, la entidad explicó
que esta se limitaba y limita a una viabilidad del proyecto en cuanto a sus posibles
impactos ambientales por la zona de ejecución. Sin embargo, esta no abarcó los
diseños estructurales, circunstancia que sí comprendía la licencia de construcción.
Por otro lado, agregó que los daños en los terrenos e inmuebles de los
demandantes no ocurrieron por el estado de las cuencas y desvíos de quebradas,
sino a factores externos (especiales condiciones geológicas e hídricas de la zona)
que afectaron la estabilidad del suelo. Estos eran riesgos propios de quienes
desarrollaron el proyecto de construcción, quienes tenían que conocer el estado
del suelo en el que desarrollarían las obras y, además, contar con estudios
geológicos3.

La Empresa de Servicios Públicos de Medellín EPM, por su parte, afirmó que no
tenía a su cargo arreglos en el cauce de la quebrada que pasaba por predios de
su propiedad. Las sociedades demandantes, por el contrario, eran quienes tenían
interés en esas adecuaciones porque la autoridad ambiental se las había exigido
para otorgar la licencia ambiental del proyecto “Canto del Bosque” que colindaba
con el predio de EPM. Por otro lado, EPM no incidió ni causó el desvío de forma
artificial del cauce de la quebrada “Las Brujas”. Este fue un proceso natural que
ocurrió antes de que la empresa adquiriera el predio.

2 Folios 217-247 c. 1.
3 F. 352-369 c. 1.

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

Agregó que la constructora, antes de empezar las obras, conocía el estado del
terreno y la inestabilidad de la zona, pues Corantioquia siempre advirtió los
inconvenientes del terreno y la necesidad de medidas de impacto y correctivas. De
modo que las demandantes debieron suspender las obras y hacer obras
correctivas en el terreno. El movimiento de tierra en la ejecución de las obras
también incidió en la inestabilidad del terreno y estas circunstancias debían ser
asumidas por las sociedades a cargo del proyecto. Conforme a varios informes
técnicos, también hubo filtraciones de agua provenientes de las partes altas de la
“Loma de Las Brujas”, circunstancia que incidió en el estado del predio de los
demandantes y en una porción del predio de EPM que también se vio afectado.
Por otro lado, en cuanto a la falla por indebido mantenimiento de redes del
acueducto, el daño en las redes de la empresa fue un hecho originado en
movimientos de terreno y fue intervenido y solucionado4.

Sentencia de primera instancia

El 7 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la demanda porque no se probó la falla del
servicio de las entidades demandadas. Consideró que la zona en la que se
desarrollaron los proyectos de construcción tenía una particularidad en la
composición del suelo, es decir, en sus materiales geológicos, y una alteración del
mismo por la presencia de aguas subterráneas de diferentes fuentes y por las
fuertes precipitaciones. Estas circunstancias en la zona –conocidas por las
demandantes desde que solicitaron licencias ambientales– explicaban la
inestabilidad en el terreno y obligaban a quienes pretendían construir a hacer
estudios especializados geotécnicos que les permitieran identificar las condiciones
del suelo y tomar medidas técnicas previas y constructivas idóneas.

En cuanto a la omisión de Corantioquia, el Tribunal estimó que esa entidad, al
otorgar la licencia, no garantizaba el estado del terreno o la viabilidad del mismo
para la construcción. Y, además, no era la encargada de hacer labores de
estabilización en predio privado. Frente a EPM, sostuvo que la empresa de
servicios, una vez detectó la fuga en su predio, estableció su dimensión y la
arregló. Y, aunque hubo una filtración en tuberías de EPM, no se probó que esa
fuera la causa única y directa del estado del terreno de los demandantes, es decir,

4 F. 383-431 c. 2.

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

de su inestabilidad y humedad.

Por último, el tribunal se apartó de las conclusiones del dictamen pericial porque el
estudio no abarcó la realidad concreta de la zona antes del inicio de los proyectos
de construcción, y porque el perito llegó a conclusiones sobre las obligaciones de
las entidades demandadas sin fundamento legal y probatorio.

Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y sostuvo
que estaba probada la falla del servicio por omisión y el nexo causal con el daño.
Sostuvo que la inestabilidad del sector ocurrió en 1999, dos años después de
entregadas las casas del primer proyecto “Sendero del Brujo” y esta se originó en
la desatención de la cuenca “Las Brujas” a cargo de Corantioquia y por el
rompimiento de las de tuberías e indebido manejo a cauce desviado colindante a
los proyectos a cargo de EPM. Según el recurso, la falta de seguimiento a los
cauces de las quebradas en la “Loma de Las Brujas” y la falta de mantenimiento
de tuberías de EPM fue la causa directa de la inestabilidad del terreno –daño
ambiental– y del daño a los proyectos de construcción.

Agregó que el tribunal impuso a la constructora una exigencia que no tenía que
cumplir en la fecha de los hechos: la realización de un estudio geotécnico de
estabilidad de laderas en la zona de los proyectos. Este estudio geotécnico
especial, según la legislación sismorresistente vigente (Decreto 33 de 1998), era
optativo y no obligatorio, era conveniente sólo en algunos casos. Los dos
proyectos contaron con un estudio de suelos que concluyó la viabilidad de las
obras; sugirió unas medidas de drenaje y factores de inestabilidad y estas fueron
atendidas por la constructora. La posterior inestabilidad era, entonces, “un asunto
materialmente imposible de prever” y el estudio de suelos previo no lo contempló.

Según el recurso, la sentencia de primera instancia fue incongruente porque
valoró las pruebas de manera aislada y no en conjunto, desconoció las pruebas
que acreditaban la negligencia y descuido de las entidades demandadas, cuyas
omisiones fueron los agentes detonantes de las afectaciones en el terreno y los
daños. Sostiene que concluyó erróneamente que las construcciones no se
ajustaron a la técnica de la ingeniería, cuando estas contaron con licencia de

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
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Proceso: Reparación directa

construcción y se ejecutaron conforme al POT y demás normas urbanísticas.
Insistió en que Corantionquia, al otorgar las licencias ambientales, debía tener un
estudio de estabilidad o inestabilidad en la zona y no trasladarle esa carga a los
particulares, quienes no podían ingresar a propiedades ajenas a hacer esos
estudios5.

Trámite de segunda instancia

El 26 de abril de 2018, el tribunal concedió el recurso de apelación6 y el Despacho
lo admitió el 6 de octubre de 20187. El 28 de junio de 2019 se corrió traslado para
alegar de conclusión en segunda instancia8 y las partes reiteraron lo expuesto.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 30 de mayo de 2002; así, el régimen aplicable es el
Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266
del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los
recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones
en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su
parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –que empezó a regir el 2 de julio de 2012–prevé que
las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia
de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico
anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los
aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante,
CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las
controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una

5 Folios 2193-2227 c. principal.
6 Folios 2241 c. principal.
7 Folio 2245 c. principal.
8 Folio 2295 c. principal.

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
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Proceso: Reparación directa

acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado
por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en
segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129
CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el
artículo 20.2 CPC, modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, el valor de
la suma de todas las pretensiones acumuladas supera los 500 SMLMV exigidos
por el artículo 132.6 CCA, esto es, $154.500.0009.

Acción procedente

3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo10, en este caso por omisiones
imputables a dos entidades públicas.

Demanda en tiempo

El término para formular pretensiones en reparación directa, según el artículo
136.8 CCA, es de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento
del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal
o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo –30 de mayo de 2002–
porque la parte demandante conoció el daño ambiental y en sus proyectos de
construcción el 7 de julio de 2000 –fecha en la que un informe geotécnico
identificó los daños en el terreno de las demandantes y estableció las posibles
causas–.

Legitimación en la causa

9 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2002, $309.000, por 500.
10 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.

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Proceso: Reparación directa

4. Óptima S.A. Construcción y Vivienda y Promotora Escodia S.A. son las
personas sobre las cuales recae el interés jurídico que se debate en este proceso,
ya que son los propietarios del inmueble en el que se identificó la inestabilidad del
terreno y desarrollaron los proyectos de construcción que se vieron afectados por
el daño ambiental.

La Corporación Autónoma Regional-Corantioquia está legitimada en la causa por
pasiva, pues tiene a su cargo administrar –dentro del área de su jurisdicción– el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible (artículos 23 de la Ley 99 de 1993). Tiene, además, la función de
promover y ejecutar obras de regulación de cauces y corrientes de agua, y de
manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción (artículo 31.19
de la Ley 99 de 1993). Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios-EPM,
por su parte, están legitimada en la causa por pasiva por tener a su cargo los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de la zona donde se
desarrolló el proyecto de construcción y es la propietaria del conjunto de redes o
tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público.

Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio por (i)
omisión de regulación de cauces y mantenimiento de cuencas hidrográficas y (ii)
por omisión de mantenimiento de red de tuberías de acueducto, y si estas fueron
la causa adecuada de los daños.

Análisis de la Sala

6. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto,
de conformidad con el artículo 357 CPC, es decir, en los puntos del recurso de la
demandante y, sobre todo, en los que tiene interés para recurrir. Este último
aspecto es importante porque en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Antioquia encontró probado el daño en los proyectos de construcción de las
demandantes y la apelación solo se centró en el estudio de falla del servicio por
omisión. De manera que será este y no otro el alcance del juez de segunda
instancia, pues la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante.

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
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Proceso: Reparación directa

Responsabilidad del Estado por omisión

7. La falla del servicio se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento
normal del servicio11, el desconocimiento de una obligación a cargo del Estado12 o,
en términos generales, por la violación de la ley13. Bajo este régimen de
responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii)
una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad
entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio debe ser tardía,
irregular, ineficiente o ausente14.

Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen
las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como
causa del daño15. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación
entre los deberes del Estado frente a una función determinada –marco normativo–
y la conducta –por acción u omisión– asumida en cada evento. Sin embargo, el
Estado no puede considerarse un «asegurador universal» o que de presentarse
una omisión se configura la responsabilidad extracontractual de manera
automática. El deber de intervención o iniciativa del Estado no es absoluto, pues
está condicionado a la disponibilidad de recursos económicos y humanos, a la
capacidad institucional y al complejo funcionamiento del aparato estatal.

Tratándose, entonces, de la responsabilidad del Estado por omisión, la
jurisprudencia ha establecido que el juez debe determinar si están acreditados los
siguientes elementos: (i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a
cargo de la entidad demandada, de realizar la acción con la cual se habrían
evitado los daños; (ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de los
que disponía la entidad para el adecuado cumplimiento del deber legal –conforme
a las circunstancias del caso–; (iii) un daño antijurídico y (iv) la relación causal
entre la omisión y el daño16. Frente a este último elemento, esta Sección ha

11 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de agosto de 1939 [fundamento jurídico párrafo 4], en Gaceta

n°. XLVIII p. 63, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 1960, Rad.
[fundamento jurídico 2], en Gaceta n°. LXIII de 1961 pp. 392-395, y sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad.
1482 [fundamento jurídico p. 743].
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento

jurídico 3].
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 1975, Rad. 1389.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de marzo de 1990, Rad. 3510 [fundamento

jurídico 2 y 3].
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. 2001-00213-01 (AG)

[fundamento jurídico página 34].

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indicado que lo decisivo no es la existencia efectiva de la relación causal entre la
omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse
realizado habría interrumpido el proceso causal, impidiendo la producción del
daño17. Por ello, el juez debe establecer el daño, la causa del mismo, si el Estado
estaba en posibilidad de interrumpir ese proceso causal y si tenía el deber jurídico
de hacerlo.

Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales

8. Las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR son entes corporativos
especiales del orden nacional, con autonomía administrativa, presupuestal y
financiera, dotadas de personería jurídica. Estas entidades estatales están sujetas
a un régimen especial (art. 40 Ley 489 de 1998, en consonancia con los arts. 113
inciso 2° y 150.7 y 371 CN18). Las CAR son entes de carácter público integrados
por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica. Las CAR están encargadas por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales y propender el desarrollo sostenible (art. 23 Ley 99 de 1993).

Las Corporaciones Autónomas Regionales están facultadas para (i) ejercer como
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción; (ii) otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; (iii) otorgar permisos
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas; (iv) ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos a las aguas en cualquiera de sus formas,
al aire o a los suelos; (v) análisis, seguimiento, prevención y control de desastres;
(vi) promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de

17 Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Rad. 12.789.
18 Aunque no fueron concebidos por la Constitución como entes autónomos y originalmente se les dio el
tratamiento de establecimiento público (Corte Constitucional, sentencia C-423 de 1994, [fundamento jurídico
5]), la jurisprudencia terminó por tratarlas como tales (Corte Constitucional, sentencia C-578 de 1999,
[fundamento jurídico 3.4]).

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes, y (vii) planeación con las administraciones municipales de
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo (núm. 2, 9,
12, 19 y 23 del art. 31 Ley 19 de 1993).

Dentro del esquema jerárquico ambiental, los municipios, a su turno, tienen la
función de colaborar con las CAR en la elaboración de los planes regionales y en
la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables. Así mismo, los municipios
tienen la atribución de promover, cofinanciar o ejecutar obras y proyectos de
irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y
regulación de cauces o corrientes de agua para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas (art. 65 Ley 99 de
1993).

9. Según la demanda y el recurso de apelación, la inestabilidad en la “Loma de
Las Brujas” y en el predio de las demandantes era un asunto imposible de prever
por la constructora y la promotora. El terreno era uno antes de la compra y otro
luego de los proyectos, y antes del inicio de las obras se contó con un estudio de
suelos que concluyó la viabilidad de la construcción.

La inestabilidad del terreno, entonces, tuvo lugar en 1999 –dos años después de
entregadas las casas del proyecto “Sendero del Brujo”– y se originó en (i) la
desatención de la cuenca “Las Brujas” y de las quebradas del sector –a cargo de
Corantioquia– y (ii) la rotura de tuberías e indebido manejo a cauce desviado en
predio colindante –a cargo de EPM–. Estas omisiones fueron la causa adecuada
del daño en el terreno y en el proyecto de construcción.

10. Está acreditado que las sociedades Óptima S.A. y Promotora Escodia S.A.
desarrollaron un proyecto de construcción en el municipio de Envigado, sector
“Loma de Las Brujas”. El proyecto fue dividido por etapas y urbanizaciones
autónomas y solicitaron a Corantioquia licencias y permisos ambientales por cada
etapa y en diferentes años: en 1996 solicitaron la primera licencia ambiental para

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

la construcción de la urbanización “Sendero del Brujo” etapa 1. Solicitaron,
además, permiso para ocupación del cauce quebrada Ayurá, que atravesaba el
predio objeto de construcción. Antes de otorgar la licencia y el permiso, la
autoridad hizo varias visitas, rindió conceptos y recomendó medidas de impacto
ambiental. El 7 de junio de 1996, Corantioquia otorgó licencia ambiental para la
primera etapa de “Sendero del Brujo”, y el 23 de octubre de 1996 dio concepto
favorable para la ocupación de cauce dirigido a la canalización de la quebrada
Ayurá en un tramo de 241 metros y la construcción de un puente sobre ella19.

En 1997, las sociedades solicitaron renovación de licencia y ampliación de la
misma para la segunda etapa de “Sendero del Brujo”, que se llamaría “Tierra
Prometida”. Inicialmente, Corantioquia condicionó la ampliación de la licencia a
unos ajustes en la quebrada Ayurá –modificaciones a losas construidas en el
fondo del cauce–, pero luego de constatar que la segunda etapa sería ejecutada
en otro sector y no comprometía la quebrada, otorgó la licencia para esta segunda
etapa20.

En ese año, Óptima S.A. y Promotora Escodia S.A. solicitaron licencia para la
tercera etapa de “Sendero del Brujo” –posteriormente denominada “Canto del
Bosque”–. Inicialmente el tercer proyecto estaba ideado para un complejo de
edificios, pero luego se modificó a una urbanización de casas.

Según el informe técnico n°. 97-02233 emitido por Corantioquia el 28 de enero de
1997, rendido antes de la expedición de la licencia, el área a intervenir en la
tercera etapa tenía “una morfología abrupta donde se evidenciaban cicatrices de
antiguos deslizamientos y disectada por una quebrada de buen caudal”. Esta
quebrada, conforme se especificó, presentaba un cambio de régimen torrencial a
turbulento inducido por una morfología modelada en la parte terminal de un
antiguo depósito de vertiente que cubría toda la zona. Había sido intervenida
manualmente para profundizar su cauce y evitar inundación21. Conforme a otro
informe técnico, la autoridad ambiental sugirió tener en cuenta la composición del
suelo con presencia de aguas de infiltración en forma de niveles freáticos;
recomendó dragados a la quebrada que transita por el predio privado a fin de

19 Folios 148-154 y 163-170.
20 Folios 163-170.
21 F284-285 c. 1.

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prevenir sedimentación e inundación; advirtió el comportamiento de la corriente
con dinámica erosiva; y sugirió especificar el manejo de aguas subterráneas
intervenidas22. El 17 de septiembre de 1998, Corantioquia otorgó licencia
ambiental única para la construcción de la tercera etapa –esta licencia fue
independiente a las etapas 1 y 2, contenidas en una sola licencia–23. El 20 de
mayo de 1999 Corantioquia modificó la licencia por el cambio en el proyecto
“Sendero del Brujo Tercera Etapa” a “Canto del Bosque Primera Etapa”24 de
construcción de edificios a 20 viviendas unifamiliares”25.

Ese año, las sociedades demandantes solicitaron licencia para la segunda etapa
de Canto del Bosque. Durante ese trámite, por la zona a intervenir y por el estado
del terreno con mayor infiltración de agua, Corantioquia sugirió a la constructora la
corrección del cauce de la quebrada “sin nombre”, que atravesaba el predio
privado colindante al proyecto de propiedad de EPM. Según un informe de la
autoridad ambiental, el cauce a intervenir había sido desviado en el pasado y parte
de las aguas del canal artificial se infiltraba en el predio del proyecto. Ese cauce
alterado generó, un meandro en una porción de la parte alta del terreno del
proyecto que dificultaba el tránsito del agua y podía afectar la composición de la
tierra, su nivel freático y la posterior construcción de viviendas en la parte baja del
talud26. Finalmente, el 13 de octubre de 1999, Corantioquia concedió licencia
ambiental para el proyecto urbanizado “Canto del Bosque Segunda Etapa”.

Está acreditado que Óptima S.A. y Promotora Escodia S.A. contrataron estudios
geológicos y de suelos para sus proyectos. Estos conceptuaron la viabilidad de los
proyectos; sin embargo, hicieron recomendaciones y medidas por “la mala calidad
de los suelos superficiales y su composición heterogénea” y flujo incontrolado de
aguas superficiales y subterráneas infiltradas27.

Está acreditado que en octubre de 1999, Óptima S.A. informó a la Secretaría de
Obras Públicas del Municipio de Envigado y a la Empresas Públicas de Medellín-
EPM el proceso de desestabilización en un lote de uno de los proyectos de
construcción a su cargo. Según los documentos, la desestabilización ocurrió por la

22 Folios 275-283 c. 1
23 Folios 303-319 c. 1.
24 Folios 320-329 c. 1.
25 Folios 320-329 c. 1.
26 Folios 265-274 y 295-302 c. 1.
27 Folios 4-66 y 98-113 c. exhorto n°. 228.

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acción de dos quebradas –una de ellas que atraviesa el predio de EPM y fue
desviada artificialmente– y solicitó una visita para identificar el fenómeno y evitar el
incremento de los efectos en todas las urbanizaciones28.

El 21 noviembre de 1999, operarios de EPM detectaron una fuga en un tubo
dentro del predio de su propiedad –colindante a uno de los proyectos de las
demandantes–, cerraron el consumo e intervinieron el escape. Antes de esa fecha,
el 18 de noviembre, hubo una inspección a las instalaciones y no se encontraron
novedades29.

En enero de 2000, representantes de EPM, del Municipio de Envigado y de
algunos propietarios de predios en el sector “Loma de Las Brujas” –incluidos la
constructora Óptima S.A. y la promotora Escodia S.A.– practicaron una visita al
sector e identificaron signos de inestabilidad en el terreno, deterioros en algunas
viviendas, fisuras en la quebrada que atraviesa el convento de las Hermanas
Catequistas, procesos erosivos y deslizamiento del terreno en algunas partes.
Luego de una reunión, los intervinientes concluyeron la necesidad de contratar un
estudio geotécnico e hídrico para identificar las causas del fenómeno y las
medidas a tomar30. En julio siguiente, la consultora Solingral, firma contratada por
el Municipio de Envigado, presentó el estudio geotécnico denominado
“Inestabilidad Loma de Las Brujas”31, identificó la naturaleza del terreno, causa e
hizo recomendaciones para mitigar los efectos.

El 12 de septiembre de 2000, por condiciones de inestabilidad, Óptima S.A.
solicitó a Corantioquia modificación a las licencias ambientales de la urbanización
“Canto del Bosque”, en sus dos etapas, por disminución de casas a construir, que
de 39 pasaron a 28; el 19 de diciembre siguiente, Corantioquia modificó las
licencias conforme a lo solicitado y pidió un informe de avance de obras32.
11. Obra en el expediente un documento titulado “Inestabilidad Loma de Las
Brujas”, elaborado en julio de 2000 por la firma geotécnica Solingral –contratada
por el Municipio de Envigado–33. Conforme al documento, la zona de estudio se
encuentra afectada por movimientos en masa y tiene una “macrounidad de

28 Folios 48 y 49 c. 1.
29 Folios 482-488 y 489-494 c. 2.
30 Folios 42-43 c. 1.
31 Folios 52-88 c. 1. Como el contenido del informe abarca puntos en discusión de esta instancia, el
documento será valorado en el acápite de valoración a documento privado.
32 Folios 155-161 c. 1.
33 Folios 53-88 c. 1.

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vertientes moderadas moldeadas en depósitos de vertientes”. Al momento del
estudio, es decir, entre enero y julio de 2000, se identificó que la cuenca de la
quebrada “Las Brujas”, que atraviesa toda la loma, tenía una condición anómala
desde el punto de vista geomorfológico en la desembocadura en la quebrada
Ayurá: a la altura del predio de EPM la quebrada cambiaba abruptamente su
sentido predominante. Ese giro brusco hace que la zona tenga condiciones
geomorfológicas apropiadas para la acumulación de aguas subterráneas.

La “Loma de Las Brujas”, según el estudio, es una zona con procesos erosivos
relacionados con la dinámica de las quebradas Ayurá y “Las Brujas” por
profundización de cauces y socavación de orillas. El sector, según el informe, tiene
una característica que la hace propia: la tubificación que presentan los depósitos
de la zona en donde las aguas que circulan por toda el área se infiltran para
formar cauces interiores que se traducen en fenómenos de agrietamiento y
reptación, desplazamiento que afecta la masa arcillosa saturada. Esta última, es
decir, la saturación de la parte arcillosa pudo originarse por la infiltración de aguas
y por la elevación de los niveles freáticos. Este fenómeno incide también en la
capa de suelo vegetal, que, al romperse y agrietarse, deja escapar chorros de
agua convirtiendo los terrenos en cenagosos y húmedos.

Conforme al documento, se identificaron varios predios con rasgos de
inestabilidad, dentro de los que se encontraban el de EPM, el de las Hermanas
Misioneras Catequistas y el de la constructora Óptima S.A. Frente al predio de los
proyectos de la constructora, el informe identificó rasgos de inestabilidad por
grietas, fisuras en el terreno, cicatrices antiguas y coronas de nuevos movimientos
de tierra que generaron una masa inestable –incrementada esa inestabilidad por
aguas que irrigan el sector desde varias fuentes y fuertes precipitaciones–. Luego,
se hicieron unas recomendaciones para contrarrestar el fenómeno y disminuir el
nivel freático y se finalizó reiterando la dinámica fluvial del sector, tanto superficial
como profunda y la predisposición de los suelos de la “Loma de Las Brujas” a ser
removidos.

El artículo 277 CPC prevé que los documentos privados emanados de terceros
solo se estimarán por el juez (i) cuando sean auténticos de conformidad con el
artículo 252, si se trata de documentos de naturaleza dispositiva o simplemente
representativa y (ii) cuando sean documentos de contenido declarativo, se

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apreciarán sin necesidad de ratificación, salvo que la parte contraria la solicite. El
estudio referido es un documento de carácter declarativo, porque contiene
afirmaciones sobre las causas de los procesos erosivos y de movimientos de
masas en la “Loma de Las Brujas”. Se tiene certeza de quiénes lo suscribieron, no
fue tachado y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas del proceso.

12. Obra en el expediente el documento titulado “Algunas consideraciones
técnicas del proceso de recuperación de la estabilidad de la Loma de Las Brujas”,
elaborado en noviembre de 2003 por un ingeniero geólogo de la Subdirección
Territorial de Corantioquia34. Conforme al documento, los movimientos geológicos
–como fenómenos naturales– se originan en procesos geológicos y climáticos. En
ese orden de ideas, antes de emprender un proyecto de infraestructura es
condición necesaria identificar las características y particularidades del terreno a
intervenir y, en especial, del movimiento en masa de esa área: tipos de
inestabilidad, factores que controlan el movimiento y la causa de los mismos.

En casos de construcciones en laderas, según el documento, existían y existen
factores que controlan el movimiento y que hacen que se modifiquen las fuerzas
internas y externas que actúan sobre el terreno a saber: condicionantes pasivos y
desencadenantes activos. Los primeros aluden a composiciones del suelo y
propiedades geomecánicas y los segundos a precipitaciones, aportes de agua de
laderas superiores y modificaciones al terreno por procesos de urbanización y
desvíos de cauces. Conforme a este documento, en el caso de la “Loma de Las
Brujas” siempre ha existido una complejidad geológica –heterogeneidad de rocas
formaciones geológicas con depósitos gravitacionales– y un flujo de aguas
subsuperficiales que exigían y exigen a manera de previsión para quienes
pretendían y pretendan hacer un proyecto constructivo, un estudio de
estabilización de laderas.

Este informe titulado “Algunas consideraciones técnicas del proceso de
recuperación de la estabilidad de la Loma de Las Brujas” es un documento
público, que da cuenta del estado geológico de la “Loma de Las Brujas”; los
fenómenos de inestabilidad y de deslizamientos en el sector; los factores internos
y externos que condicionan y son detonantes de la inestabilidad del terreno. Este
informe no fue tachado de falso en el proceso y su contenido no fue desvirtuado

34 Folios 398-406 c. 1.

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por otras pruebas del proceso.

Este documento, además, es coincidente con el informe elaborado tres años antes
por la firma consultora Solingral en cuanto a (i) la circunstancia del suelo en la
“Loma de Las Brujas”, lugar en el que las sociedades demandantes desarrollaron
sus proyectos de construcción y (ii) que el tránsito de aguas subsuperficiales en
esa área es un asunto connatural al sector y anterior a los proyectos de
construcción de las demandantes.

13. En el proceso se practicó un dictamen pericial para que conceptuara sobre la
situación geológica del sector, la topografía, señales de inestabilidad y causas, y si
las obras de los demandantes se ajustaron a los requerimientos de los estudios de
suelos previos.

13.1. El perito ingeniero civil Gustavo Alfonso Araque reseñó las características
del sector objeto de estudio, los documentos que sirvieron de soporte para su
estudio y conclusiones –POT del Municipio de Envigado del año 2000, planos del
terreno de los demandantes y los proyectos e informes de Solingral y del ingeniero
Norman Santander– y las visitas que hizo al lugar como inspección ocular. Explicó
que la “Loma de Las Brujas” tenía amenaza media de movimiento en masa y que
en el proceso de degradación de la loma existían y existen dos factores que
controlan el fenómeno: un factor condicionante pasivo, que dependía y depende
de la propia naturaleza del sector geología y geomorfología y un detonante activo
que provoca o desencadena la inestabilidad pluviosidad, aportes de agua de
viviendas en partes altas, infiltración de aguas a causa de daño de tubería no
controladas a tiempo, según el perito; modificaciones antrópicas procesos de
urbanización y cambios al ecosistema por el hombre no controladas por entidades
competentes y desviación de cauces naturales desde épocas pasadas.

El perito explicó que ese sector del Valle de Aburrá tenía una macrozona
geológica compleja que alteraron y alteran suelos residuales, brechas tectónicas y
depósitos gravitacionales, en algunos casos con presencia de cenizas volcánicas
y paleontopográficas “(formación de paleocorrientes de abanicos aluviales)”. Esta
circunstancia obligaba hacer un estudio diferente para cada subsector específico.
Con fundamento en el informe de la firma Solingral, el perito concluyó que la
degradación de la “Loma de Las Brujas” y su proceso erosivo era un fenómeno

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progresivo, con cambios desde 1943 y que aún continuaron en 1999 –época de
los hechos de la demanda–. Los drenajes que irrigan el sector habían sufrido
modificaciones desde el pasado y fueron y son una de las causas de la
inestabilidad en la loma. El perito conceptuó que otro factor de incidencia en la
inestabilidad era la ejecución de llenos y obras no controladas para desviar el
drenaje, pues generó una alteración en la geomorfología natural de la loma.

En cuanto al cumplimiento de funciones de Corantioquia como autoridad
ambiental, concluyó que esta entidad fue creada en 1993 y entró en
funcionamiento en 1995 y no hay prueba de una política concreta de manejo de
cauces en las décadas de los 80, 90 y 2000, en especial, desviación de cauces,
atención a daños en tuberías, manejo de aguas residuales y empozamiento de
aguas lluvias en propiedad privada. Agregó que desconoció las funciones
contenidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Por otro lado, en cuanto a las
funciones de las Empresas Públicas de Medellín-EPM, como dueño del predio
colindante al proyecto de las demandantes, concluyó el perito que no había
certeza de un seguimiento de la empresa al desvió del cauce en predio de su
propiedad y seguimiento al estado de las tuberías del mismo.

Frente a la existencia de estudios de suelos previos a los proyectos de
construcción de Óptima S.A., dictaminó que sí existieron y fueron acordes a la
técnica de la ingeniería. A su vez, la constructora efectuó arreglos y medidas de
contención para darle viabilidad a sus proyectos conforme a las especificaciones
recomendadas en esos estudios. Sin embargo, el perito reconoció que los
estudios solo abarcaron el terreno a construir y no se analizó todo el sector de la
“Loma de Las Brujas” y a las circunstancias que presentaba en general. Explicó,
además, que las afectaciones en algunas casas de “Sendero del Brujo” y en un
sector de “Canto del Bosque” obedecían a problemas de inestabilidad general de
la “Loma de Las Brujas” ocasionadas por infiltración de aguas de las partes más
altas, el perfil litológico de depósitos gravitacionales y llenos artificiales; aguas de
urbanizaciones o construcciones que debían ser vertidas a otras vertientes
hídricas o a sectores diferentes; aguas lluvias y servidas; desvíos de cauces de
microcuencas y, según el perito, a la fuga del rompimiento de conducciones de
EPM en el lote de su propiedad35.

35 Folios 1792-1825 y 1856-1882 c. 4.

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13.2. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes
relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. El primero
supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados,
exigencia lógica que implica brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los
instrumentos, materias y sustancias empleadas, que constituyen el soporte y
garantía de credibilidad de sus conclusiones. El segundo, impone que tales
conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y
respondan de forma concreta, clara, ordenada y sin ambigüedades a todos los
puntos sometidos a su consideración por las partes. Las conclusiones del
dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto, sino en
soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan firmeza al
dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones que le permitan
elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el artículo 237.6 CPC.

Antes de analizar la eficacia probatoria del dictamen, la Sala advierte que de todos
los puntos abordados en el mismo, hubo dos conclusiones que obedecieron más a
puntos de derecho -de órbita del juez- y a la opinión o percepción del experto y no
contaron con soporte que ofrecieran respaldo a las mismas, a saber: el
incumplimiento de deberes legales de Corantioquia en el manejo de cauces y
procesos de urbanización y deberes de mantenimiento de tuberías por parte de las
Empresas Públicas de Medellín. En este aspecto, el perito no contó con
documentos, exámenes, visitas a las entidades o informes de las mismas que
ofrecieran firmeza puntual a esas conclusiones. Así las cosas, en estos dos
aspectos la Sala le restará eficacia probatoria al dictamen porque versa sobre
asuntos jurídicos y no sobre elementos constatados y constatables.

Definido lo anterior, la Sala advierte que, en cuanto al panorama geológico e
hídrico de la “Loma de Las Brujas”, el dictamen cuenta con fundamentos técnicos,
su contenido es claro y preciso y el perito es experto en la materia analizada. En
efecto, el perito (i) identificó el problema en estudio y fundamentó sus
conclusiones en varias visitas al inmueble de las demandantes y al sector general
en el que se ubica el terreno; (ii) se fundamentó en informes y documentos
técnicos que obran en el expediente; (iii) describió los instrumentos, materias y
sustancias que empleó: inspección ocular, documentos de construcción del
inmueble afectado (planos y licencia), informes públicos y privados y (iv) con
fundamento en esos instrumentos y con los conocimientos en el tema, identificó la

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naturaleza geológica e hídrica del sector; el comportamiento de las aguas
subsuperficiales; los factores internos y externos que inciden en la inestabilidad
del terreno y la circunstancia de que ese ha sido un proceso progresivo desde el
pasado.

Además, sus conclusiones son coincidentes con las pruebas documentales que
obran en el expediente, en especial, con los informes de Solingral y de
Corantioquia. No hay duda sobre la imparcialidad del perito, el tribunal permitió la
contradicción del dictamen y no obran en el expediente pruebas que desvirtúen
sus conclusiones. En consecuencia, tiene eficacia probatoria según los artículos
233, 237 y 241 CPC.

14. Conforme a lo probado en el proceso, las sociedades Óptima S.A. y Promotora
Escodia S.A. desarrollaron un proyecto de construcción en el municipio de
Envigado, sector “Loma de Las Brujas”. El proyecto fue dividido por etapas y
urbanizaciones autónomas y solicitaron a Corantioquia licencias y permisos
ambientales por cada etapa y en diferentes años. La autoridad ambiental concedió
las licencias a todos los proyectos de las demandantes. Y, antes de otorgar los
permisos ambientales, advirtió aspectos del terreno y de los cauces que debían
tenerse en cuenta para sus futuras construcciones e hizo recomendaciones para
contrarrestar el impacto ambiental.

Está probado que en septiembre y octubre de 1999, Óptima S.A. identificó signos
de desestabilización en un lote de uno de los proyectos de construcción a su cargo
e informó esa circunstancia al municipio, a Corantioquia y a la empresa de
servicios públicos del sector. Posteriormente hubo una fuga en una tubería de
EPM que fue intervenida una vez fue detectada.

En enero de 2000, representantes de EPM, del Municipio de Envigado y de
algunos propietarios de predios en el sector “Loma de Las Brujas” –incluidos la
constructora Óptima S.A. y la promotora Escodia S.A.– practicaron una visita al
sector, identificaron signos de inestabilidad en el terreno, deterioros en algunas
viviendas, procesos erosivos y deslizamiento del terreno en algunas partes. Y
concluyeron la necesidad de contratar un estudio geotécnico e hídrico para
identificar las causas del fenómeno y las medidas a tomar. En julio siguiente, la
consultora Solingral –firma contratada por el Municipio de Envigado– presentó el

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estudio geotécnico denominado “Inestabilidad Loma de Las Brujas”, identificó la
naturaleza del terreno, causa e hizo recomendaciones para mitigar los efectos.

15. Conforme al artículo 50 de la ley 99 de 1993, se entiende por licencia
ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la
licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la
obra o actividad autorizada. Este permiso solo abarca, entonces, las posibilidades
de impacto ambiental y ecológico en un área de terminada por la ejecución de la
obra o la actividad y su concesión no garantiza el estado del terreno a construir ni
los efectos que este genere en la futura construcción.

Conforme a las funciones de Corantioquia, esta entidad tiene el deber legal de
regulación y mantenimiento de cauces. Sin embargo, en el proceso no se
demostró si esta entidad tenía a su cargo la intervención de cauces en predios
privados; sobre todo, si los cambios en los cauces no fueron provocados por la
autoridad ambiental y se originaron en el pasado por cambios del curso de la
naturaleza y de la intervención del hombre, antes de que existiera la entidad
pública-. Está demostrado que la entidad, antes de conceder las licencias
ambientales a las demandantes, advirtió los cambios antiguos en el cauce de
las quebradas que atravesaban predios privados y sugirió adecuaciones y
medidas de impacto ambiental.

Bajo esta óptica, Corantioquia solo tenía la obligación de expedir la licencia
ambiental solicitada por la demandante, sin que ello comportara la obligación
legal de regular el cauce y hacer el mantenimiento de cuencas hidrográficas y, se
reitera, la concesión de la licencia ambiental no garantiza el estado del terreno en
donde se construirían las edificaciones planeadas por la sociedad constructora.
Por lo anterior, en este caso no estamos frente a una omisión en el cumplimiento
de los deberes de Corantioquia, toda vez que la ley no asignó a las corporaciones
autónomas regionales las obligaciones exigidas en la demanda.

16. Frente a la alegada falla de las Empresas Pública de Medellín-EPM por
indebido mantenimiento de red de tuberías del predio de su propiedad, no se
demostró la omisión en el cumplimiento de sus funciones. En el proceso quedó

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acreditado que el 21 noviembre de 1999, operarios de EPM detectaron una fuga
en un tubo de su predio colindante con el proyecto “Canto del Bosque”, de las
demandantes; cerraron el consumo, intervinieron el escape y arreglaron la tubería.
Antes de esa fecha, el 18 de noviembre, hubo una inspección a las instalaciones y
no se encontraron novedades. Y luego de ese incidente en la red, no se volvieron
a detectar fugas.

17. Conforme al acervo probatorio, el sector de la “Loma de Las Brujas” del
municipio de Envigado ha sido una zona sometida a procesos de urbanización,
que de tiempo atrás generaron y continúan generando un impacto en su
composición natural, ya de por sí particular. Este sector ha tenido y tiene unas
particularidades internas y externas que lo hacen distinto a otros lugares y que,
además, incidieron en la estabilidad de su terreno: es una zona con procesos
erosivos relacionados con la dinámica de las quebradas la Ayurá y “Las Brujas”
por profundización de cauces y socavación de orillas. En el sector circulan,
además, aguas por toda el área subterránea provenientes de viviendas ubicadas
en partes altas, aguas lluvias o de otras fuentes y estas se han infiltrado para
formar cauces interiores que han generado fenómenos de agrietamiento y
reptación –desplazamiento que afecta la masa arcillosa saturada–. Este fenómeno
ha incidido en que existan terrenos cenagosos y húmedos con consecuencias en
los terrenos.

De modo que el fenómeno de inestabilidad del sector se originó en muchas
causas (condicionantes y detonantes) que explican la situación en el sector en el
que las demandantes idearon y ejecutaron sus proyectos de construcción y que
impiden concluir una causa única, adecuada y determinante de un daño ambiental
y del daño ocasionado al proyecto de construcción de la demandante.

18. Según el artículo 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos
168 y 267 CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por tanto, quien alega un hecho
debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido, ya que la
sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo. Como no obra
prueba que demuestre la falla del servicio por omisión o si una conducta debida y
omitida hubiera interrumpido el curso causal de los daños alegados, no se acreditó
la falla del servicio alegada ni el nexo de causalidad entre la conducta de las

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

entidades demandadas y los daños sufridos por las demandantes. Por ello, la Sala
confirmará la sentencia apelada.

19. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la
parte demandante haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-02776-01 (61890)
Demandante: Óptima S.A. y otro
Demandado: Corantioquia y otro
Proceso: Reparación directa

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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