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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-03607-01

Administrativa: actos susceptibles de control judicial

Fecha
18 de marzo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-03607-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se DISPONE: SEGUNDO: DECLARAR la indebida escogencia de la acción y, en consecuencia, INHIBIRSE para resolver de fondo las pretensiones atinentes a la reparación de los perjuicios derivados de la ausencia de reconocimiento de la afectación al establecimiento de comercio en el precio fijado en la enajenación voluntaria del inmueble. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2002-03607-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: MARIA DOLORES MOLINA DE GARCÉS
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN
ADMINISTRATIVA – Actos susceptibles de control judicial / INDEBIDA ESCOGENCIA DE
LA ACCIÓN – la escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del
demandante, sino el origen del daño alegado.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014, por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la declaratoria de responsabilidad de las entidades accionadas por los
perjuicios ocasionados con la falta de reconocimiento de las afectaciones a un
establecimiento de comercio en el procedimiento de enajenación voluntaria de un
bien inmueble, y por la indebida injerencia que la administración ejerció en el
traslado de ese establecimiento.

II. ANTECEDENTES

1.- La demanda

Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2002 (fls. 7 a 15 c. ppal.), la señora
Maria Dolores Molina de Garcés, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 c. ppal.),
interpuso demanda de reparación directa contra el municipio de Medellín y contra la

Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Medellín (hoy Empresa de Desarrollo
Urbano - EDU)1, con el fin de que se efectuaran las siguientes declaraciones y
condenas (fl. 7 c. ppal.):

Primera: Que con base en las razones que se exponen en el capítulo
correspondiente a los fundamentos de derecho, se declare que el Municipio de
Medellín, y la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Medellín, son
responsables solidariamente por los perjuicios ocasionados a Maria Dolores
(Dolly) Molina Vda de Garcés en su calidad de propietaria del establecimiento
de comercio denominado Estudios Fotográficos Garcés, derivados de la
ejecución del proyecto urbanístico conocido como Ciudad Botero ubicado en la
Calle 53 No. 41-49 identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-38952, donde
funcionaba el establecimiento de comercio de propiedad de la demandante.

Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al
Municipio de Medellín a la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Medellín, a
pagar solidariamente la totalidad de los perjuicios materiales ocasionados a
Maria Dolores (Dolly) Molina Vda de Garcés, los cuales tasamos en la suma de
$214.538.863 aproximadamente, de acuerdo con la estimación razonada de la
cuantía que se hace en el capítulo correspondiente sin perjuicio de que la
condena sea por una suma mayor, en caso de que se demuestren perjuicios
mayores en el proceso. Debe advertirse que el lucro cesante pasado y el daño
emergente deberán ser actualizados a valor presente entre el momento de
ocurrir el perjuicio y el momento de la ejecutoria de la sentencia, teniendo en
cuenta la variación del índice de precios al consumidor.

Tercera: Que se condene al Municipio de Medellín y a la Promotora Inmobiliaria
del Municipio de Medellín, a pagar solidariamente la totalidad de los perjuicios
Morales ocasionados a Maria Dolores (Dolly) Molina Vda de Garcés, los cuales
tasamos en 2000 gramos oro o en 100 salarios mínimos legales vigentes.

Cuarta: Que las sumas de dinero que deben pagar el Municipio de Medellín y la
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Medellín a favor de Maria Dolores
(Dolly) Molina Vda de Garcés, sean actualizadas hasta la fecha de ejecutoria
de la sentencia, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo, momento a partir del cual comenzarán a generarse
los intereses moratorios comerciales previstos en el artículo 177 de la misma
obra.

Quinto: Que se ordene a los demandados dar cumplimiento de la sentencia en
las condiciones ordenadas por los artículos 176 y 177 del CCA.

Sexto: Que se condene al Municipio de Medellín y a la Promotora Inmobiliaria
del Municipio de Medellín, a pagar las agencias en derecho y las costas del
proceso, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que
establece la obligación del Estado de pagar la totalidad de los perjuicios
ocasionados a los particulares por daños antijurídicos. Para el efecto deberán
inaplicarse por inconstitucionales las normas que eximan de esta obligación a
las entidades estatales, pues están en contravía de la mencionada norma
superior.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se adujo lo siguiente:

Los señores “Maria Dolores Molina de Garcés, Adelaida Maria, Gloria Elena,
Margarita Rosa, Luz Mercedes, Maria Dolores, Clara Inés, Juan Fernando, Jorge

1
Mediante Decreto 158 de 2002, el alcalde municipal de Medellín modificó los estatutos de la entidad,
en el sentido de establecer que “la Empresa Industrial y Comercial del Estado Promotora Inmobiliaria
creada mediante el Acuerdo 43 de 1993 como Parque San Antonio se seguirá llamando Empresa de
Desarrollo Urbano EDU” (fl. 44 c ppal.).
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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Alberto y Antonio José Garcés Molina eran los propietarios en comunidad y
proindivisión de un inmueble ubicado en la ciudad de Medellín, en la calle 53 No.
51-49(51-49) (sic), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 01N-38952”
(fl. 8 c. ppal.).

En el mencionado inmueble funcionaba el establecimiento de comercio denominado
Foto Garcés, cuya propietaria era la señora Maria Dolores Molina de Garcés.

Mediante Resolución 0501 del 14 de abril de 2000, el municipio de Medellín efectuó
una declaratoria de utilidad pública e hizo una oferta de compra del bien inmueble
a sus propietarios, para lo cual concedió un término de 30 días para que
manifestaran su voluntad de realizar la enajenación voluntaria, so pena de la
expedición del acto de expropiación administrativa.

El acto administrativo en comento fue expedido con base en “la declaración de
urgencia decretada por el secretario de Planeación Municipal por medio de la
Resolución No. 084 de 22 de marzo de 2.000”, en “el Plan de Desarrollo Municipal
de Medellín 1998-2000 contenido en el Acuerdo No. 14 de 1.998” y en el “Plan
Trienal de Inversiones aprobado mediante acuerdo 14 de 1.998” (fl. 9 c. ppal.),
instrumentos mediante los cuales se determinó la necesidad de hacer una
intervención urbanística en la zona aledaña al Museo de Antioquia, localizada en el
centro de Medellín.

El 28 de agosto del 2000, los propietarios recibieron del municipio la orden de
entregar el inmueble bajo la advertencia de que al otro día se comenzarían las
labores de demolición de los locales de la zona para iniciar con las obras de
intervención. Esto ocurrió en un contexto de presión por parte de la administración
municipal, que permitió que se aumentara la presencia de recicladores que
ingresaron a varios inmuebles aledaños a tomar parte de los enseres de los locales
allí ubicados, razón por la cual, los accionantes no solamente se vieron obligados a
contratar vigilancia privada para salvaguardar los bienes de su establecimiento
comercial, sino que tuvieron que trasladar todo el mobiliario intempestivamente,
desde esa misma noche.

“Los propietarios del inmueble no tuvieron otra opción que aceptar las condiciones
fijadas por el Municipio de Medellín y procedieron a perfeccionar la venta a través
de la escritura pública No. 3.238 del 31 de agosto de 2000 de la Notaría 20 de
Medellín” (fl. 9 c. ppal.), luego de que el establecimiento de comercio de su
propiedad tuvo que ser reubicado de urgencia en una dirección diferente que implicó

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Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

la disminución de su clientela y el deterioro y pérdida de algunos de los bienes
muebles con que se realizaba la actividad comercial.

“En la negociación realizada entre el Municipio de Medellín y los propietarios del
inmueble no se incluyeron los perjuicios derivados del cierre del establecimiento de
comercio y en ningún momento se le ofreció algún tipo de reconocimiento que
cubriera los costos derivados del traslado, el lucro cesante derivado del cierre
temporal del mismo, los gastos para la recuperación de la clientela, etc. pues la
negociación se limitó al precio” (fl. 9 c. ppal.) del inmueble, pero no incluyó lo
correspondiente al establecimiento de comercio.

2.- Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 28 de noviembre de 2002 (fl. 17 c. ppal.) el Tribunal
Administrativo de Antioquia admitió la demanda y dispuso su notificación a las
entidades accionadas, diligencia que se surtió en debida forma (fls. 18 a 20 c. ppal.).

2.2. El municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda, por
considerar que el daño antijurídico alegado no se encontraba probado, pues “el
hecho de que un establecimiento de comercio deba mudarse por razones de interés
general a un nuevo local, no significa que este no pueda desarrollar su actividad
mercantil en otro local dentro de la respectiva sede o municipio” (fl. 25 c. ppal.).
Además, a la hoy accionante, mediante escrito remitido por la Promotora
Inmobiliaria el 14 de julio del 2000, se le “ofreció un local en arrendamiento en el
antiguo Palacio Municipal” (fl. 24 c. ppal.), el cual no fue tomado por ella.

También propuso las excepciones de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, puesto que no se adelantó la audiencia de conciliación extrajudicial
exigida en el artículo 30 de la Ley 640 de 2001; y de falta de legitimación en la causa
por pasiva, en atención a que, en virtud de lo previsto en el Convenio
Interadministrativo 194 de 1999, correspondía a la Promotora Inmobiliaria de
Medellín -hoy Empresa de Desarrollo Urbano-, “realizar todos los trámites de tipo
precontractual, contractual y judiciales necesarios para la adquisición de los
inmuebles en desarrollo del proyecto Centro Cultural Museo de Antioquia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, en la Ley 388 de 1997 y demás
normas vigentes y concordantes” (fl. 26 c. ppal.).

Finalmente formuló la excepción de mala fe, “que se constituye al pretender derivar
una indemnización económica ante una enajenación voluntaria” (fl. 26 c. ppal.).

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Referencia: Acción de Reparación Directa

2.3. La Promotora Inmobiliaria de Medellín también se opuso a las pretensiones.
Para el efecto enunció las excepciones de “inexistencia de la obligación de
indemnizar”, “inexistencia de perjuicios morales”, “inexistencia de daños
materiales”, “inexistencia de daño emergente” e “inexistencia de lucro cesante”, las
cuales no sustentó.

La Promotora Inmobiliaria también adujo que la accionante tuvo conocimiento del
procedimiento que se estaba adelantando sobre su bien inmueble con la antelación
suficiente para que pudiera gestionar el traslado de su establecimiento de comercio,
para lo cual se le hizo una oferta de arrendamiento de un local comercial que no fue
aceptada. Además, como fueron los mismos propietarios quienes suscribieron el
acta de entrega del bien inmueble, no puede decirse que su salida haya sido
intempestiva, ni producto de presión alguna por parte de las demandadas.
Específicamente, en la contestación de la demanda se adujo (fl. 37 c. ppal.):

El día 14 de julio de 2000 se le envió oficio a la señora María Dolores Molina de
Garcés y otros en la cual se les hacía una oferta a los demandantes para
entregarles en arriendo un local dentro del proyecto del museo de Antioquia con
fecha de Julio 07 se envía oficio en el cual agradecen la oferta de un local dentro
del proyecto Ciudadela Botero.

Con fecha 14 de julio se envían los oficios del 000084 al 000093 por medio de
los cuales los demandantes aceptan voluntariamente la oferta de venta que les
hace el municipio de Medellín a través de la Promotora Inmobiliaria. El día 23
de Agosto de 2000 a través del oficio 00175, el señor Jorge Alberto Garcés, uno
de los demandantes le solicita a la Promotora Inmobiliaria de Medellín un plazo
de 20 días para desocupar el local.

Todo lo anterior nos lleva a demostrar que efectivamente en el proceso se
cumplieron todos los requisitos de la ley 388 del 97 y que los demandantes
sabían con mucha anticipación que el proceso de desalojo se iba a llevar a cabo
el 23 de agosto por eso no entendemos cómo se puede ahora alegar que fueron
sacados abruptamente sin darles tiempo a sacar sus equipos y a tener algunos
daños en los mismos e igualmente a perder su clientela que como bien es
sabido de acuerdo al prestigio que tenía la empresa, se había tenido el
suficiente tiempo para informar la nueva dirección donde iban a trabajar, toda
vez que cuando se llegó al acuerdo, en cuanto a la venta, se suponía que se
debía haber tenido otro local, puesto que al parecer el que les fue ofrecido por
parte de la inmobiliaria nunca se aceptó y a pesar de que los demandantes
habían solicitado un plazo más amplio para desocupar, el día 25 de agosto de
2000 a las 4 p.m. se hizo la entrega del local en donde aparece firmando sin
ninguna oposición el abogado de la parte demandante Doctor Pablo Edgar
Gómez.

2.4. Mediante auto del 22 de septiembre de 2003 (fl. 76 c. ppal.), el a quo abrió a
pruebas el proceso. Posteriormente, en proveído del 7 de octubre de 2013 se dio
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera su concepto (fl. 932 c. ppal.).

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2.5. La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU alegó de conclusión para solicitar que
se negaran las súplicas de la demanda. Para el efecto, señaló que el procedimiento
que derivó en la enajenación voluntaria del inmueble se sujetó a las normas
aplicables y que a los dueños del inmueble en cuestión se les concedió un plazo
prudencial para el desalojo del bien, además de que se les hizo una oferta de
arrendamiento de otro local para que trasladaran su establecimiento de comercio,
el cual no fue aceptado.

Adujo también que ni “en el Acta de entrega del inmueble ni en las observaciones
del inventario que se anexa al acta, quedó plasmada ninguna inconformidad ni queja
por parte de los demandantes, tampoco fue hecha ninguna denuncia al respecto
que acredite los hechos y los daños que alegan y que pretenden les sean
reconocidos” (fl. 933 c. ppal.).

Finalmente, efectuó un recuento de lo señalado por los testigos y por el perito, para
concluir que no se encuentran acreditados los perjuicios alegados, en tanto los
testimonios únicamente dan cuenta de hechos vagos que no brindan convicción
sobre el objeto para el cual fueron decretados, y porque el dictamen pericial es muy
claro en establecer que en el establecimiento de comercio no se llevaban
adecuadamente los libros contables y que para el año 2001, posterior al supuesto
acaecimiento del daño antijurídico, en realidad las ventas del establecimiento de
marras ascendieron a $39.407.000 (fl. 933 c. ppal.).

2.6. La parte actora alegó de conclusión y solicitó que se concedieran las
pretensiones. Para fundamentar su solicitud, citó en extenso algunas
consideraciones de doctrina española sobre casos análogos y efectuó un recuento
de las pruebas obrantes en plenario para señalar que se encuentran probados los
elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado (fl. 935 c. ppal.).

Los demás sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa.

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2014 (fl. 449 c. ppal.), el Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
así (fls. 469 vto. c. C. de E.):

PRIMERO: DECLARAR la improsperidad de la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la codemandada MUNICIPIO
DE MEDELLÍN.

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SEGUNDO: ABSOLVER de toda responsabilidad a la codemandada
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, por las
razones indicadas en esta providencia.

TERCERO: DECLARAR administrativamente responsable al MUNICIPIO DE
MEDELLÍN, por el daño antijurídico causado a la demandante MARÍA
DOLORES (DOLLY) MOLINA VIUDA DE GARCÉS en su calidad de propietaria
del establecimiento de comercio denominado ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS
GARCÉS, según hechos ocurridos en agosto de 2001 derivados de la ejecución
del proyecto urbanístico conocido como CIUDAD BOTERO.

CUARTO. CONDENAR al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, a pagar en favor de la
señora MARÍA DOLORES (DOLLY) MOLINA VIUDA DE GARCÉS, los valores
por concepto de los perjuicios causados así:

Por perjuicios morales el equivalente a VEINTE SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Por perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente la cantidad de
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($54.294.360).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Para arribar a esa decisión, el a quo consideró que, de acuerdo con las pruebas
obrantes en el plenario, se encuentra plenamente acreditado que la accionante era
propietaria de un establecimiento de comercio, cuyo local comercial estaba ubicado
en la Calle 53 No. 54 – 59 de Medellín; que ese local fue objeto de una enajenación
voluntaria en la que nunca se discutió el valor a indemnizar por el establecimiento
de comercio, razón por la cual se encontró acreditado el daño antijurídico alegado;
que le era imputable al municipio de Medellín, por ser la entidad que adelantó todos
los trámites de expropiación (fl. 463 vto. c. C. de E.):

En efecto, la demandante era propietaria de un local ubicado en la Calle 53 No.
54 49 cuya área fue declarada de interés general, razón por la cual frente a
dicho inmueble se hizo oferta de compra que fue aceptada por la señora MARIA
DOLORES (DOLLY) MOLINA VDA DE GARCÉS.

El objeto de la oferta de compra contenida en la Resolución 501 de 2000, era la
"adquisición mediante enajenación voluntaria directa de un lote de terreno, junto
con su construcción, ubicado en el Municipio de Medellín", de lo cual se deduce
claramente que la oferta en cuantía de $ 193.792.500, de manera alguna incluía
perjuicio alguno u otro concepto referido el Establecimiento Comercial
denominado ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS GARCÉS.

Luego, es dable concluir que con el proyecto de recuperación del Centro de la
ciudad en el sector de la Veracruz, la señora María Dolores Molina vio frustrada
la continuidad de su negocio que tenía establecido allí desde hace más de 40
años, ante la declaratoria de utilidad pública del terreno y edificio donde siempre
había funcionado, el cual tuvo que ser desalojado y trasladarse a otro sitio en
este caso la Calle 52 No. 45 22 (…).

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Es evidente que la causa del daño es una actividad lícita de la Administración y
a pesar de su legalidad, lo cierto es que el demandante se vio obligado a
soportar una carga excepcional o un mayor sacrificio que rompió la igualdad
ante las cargas públicas.

Por lo anterior considera la Sala que están demostrados los daños ocasionados
y el nexo causal de éstos con el actuar legal de la Administración, en
consecuencia habrá lugar a declarar administrativamente responsable al
MUNICIPIO DE MEDELLÍN por los daños causados al Establecimiento
Comercial en cita, pues fue el ente territorial quien en virtud de los actos
administrativos adelantó todo el trámite de expropiación para adquirir los
inmuebles ubicados dentro del área declarada de utilidad pública en la ciudad
de Medellín y concretamente entre las manzanas delimitadas por las calles 53
(Calibio) y 53 (Avenida de Greiff) y Carreras 51 (Bolívar) y 52 Carabobo).

No así frente a la PROMOTORA INMOBILIARIA DE MEDELLÍN, quien
solamente actuó en virtud del Convenio Interadministrativo No. 194 de 1999 y
entre sus obligaciones solamente tenía la de realizar los trámites de tipo
precontractual, contractual y judiciales, necesarios para la adquisición de los
inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Centro Cultural Museo de
Antioquia y adquiridos los inmuebles debían ser entregados al Municipio de
Medellín como efectivamente ocurrió en este caso.

4.- Los recursos de apelación

4.1. De manera oportuna, el municipio de Medellín interpuso recurso de apelación
en el que adujo que no estaban acreditados los elementos de la responsabilidad
extracontractual.

Al respecto, precisó que no podía atribuirse a esa entidad los perjuicios
supuestamente sufridos por la accionante con ocasión del traslado del
establecimiento de comercio, toda vez que las entidades accionadas expresamente
le ofrecieron opción para reubicar su negocio en el lugar en el que se realizaría la
intervención urbanística, solo que la accionante no aceptó y decidió ubicarse en otro
lugar.

En ese contexto, todos los gastos en que tuvo que incurrir la accionante para la
relocalización de su establecimiento de comercio son de su exclusivo resorte, pues
fueron consecuencia directa de sus propias decisiones y no de la actuación de la
administración. Lo anterior se señaló en los siguientes términos (fl. 472 c. C. de E.):

[A] folio 60 del expediente, existe comunicación del 14 de julio de 2000 donde
la Promotora Inmobiliaria le informa a la señora Maria Dolores Molina de
Garcés, entre otros, que con motivo de la notificación de la Resolución 501 de
2000, por medio de la cual se busca adquirir mediante enajenación voluntaria,
el inmueble de su propiedad, con el objeto de darle una solución de
“autorelocalización” que le permita continuar desarrollando la actividad en la

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cual se ha desempeñado, le ofrece en arriendo un local ubicado en la futura
sede del Museo de Antioquia (…).

De otro lado, tampoco existe imputación al municipio de Medellín, debido a que
desde el momento de la aceptación de la oferta, 14 de junio de 2000, tanto los
propietarios como la dueña del establecimiento, hoy demandante, que también
era propietaria del inmueble, manifestó a la administración que renunciaba a
términos de ejecutoria, motivo por el cual era conocedora de que debía entregar
el inmueble. Es así como el 14 de julio de 2000 aparece comunicación dirigida
al alcalde de Medellín y al secretario de hacienda, en la que los propietarios del
inmueble (…) manifiestan que aceptan en todas sus partes la oferta de compra
contenida en la Resolución No. 501 del 14 de abril de 2000, y que renuncia a
términos de notificación, traslado y ejecutoria (…).

El hecho de que los demandantes no hayan sido previsivos al trasladarse a otro
sitio con la debida antelación, y no hayan sido cuidadosos en el transporte de
sus equipos, no puede imputarse este año a la administración, sino la
demandante, que no actuó en forma diligente y cuidadosa, además de que
incumplió con su obligación de entrega del inmueble.

En el recurso de apelación también se indicó que los perjuicios materiales no se
probaron, por cuanto las utilidades del establecimiento de comercio en el lugar en
el que se reubicó no descendieron, sino que ascendieron, porque los gastos de
traslado y de adecuación del nuevo local en que incurrió la accionante provinieron
de una indebida elección del local que no es atribuible al municipio. Asimismo, se
precisó que los perjuicios morales alegados en la demanda tampoco se encuentran
acreditados.

4.2. La parte actora interpuso recurso de apelación adhesiva, al considerar que la
tasación de perjuicios efectuada en la sentencia de primera instancia fue muy baja.
Al respecto se señaló (fl. 482 c. C. de E.):

Pese a que la sentencia proferida en primera instancia fue favorable
parcialmente al demandante, consideramos que la condena es baja en relación
con los perjuicios demostrados en el proceso y que efectivamente se
concretizaron en los hechos por los cuales se demandó al municipio de Medellín
y a la EDU.

Además de los perjuicios morales reconocidos, esto es el equivalente a 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes, son muy bajos teniendo en
cuenta la preocupación y angustia que la situación generó en la demandante
debido entre otros aspectos a su edad avanzada. Como en la sentencia se
reconoce que efectivamente sí hubo perjuicios de esta naturaleza y los mismos
se tasaron, pedimos al superior que revisando los hechos narrados y probados
aumente la condena de manera sustancial y real, de tal manera que se satisfaga
el principio de reparación integral del daño ocasionado.

Mediante auto del 13 de enero de 2015 el Tribunal Administrativo de Antioquia
concedió los recursos de apelación (fl. 489 c. C. de E.).

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5.- Trámite en segunda instancia

5.1. La impugnación fue admitida por esta Corporación mediante auto del 23 de abril
de 2015 (fl. 488 c. C. de E.). Luego, en providencia del 15 de mayo siguiente se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera su concepto (fl. 491 c. C. de E.).

5.2. El municipio de Medellín y la parte actora alegaron de conclusión e insistieron
en los argumentos fácticos y jurídicos expresados a lo largo del proceso (fls. 506 a
519 c. C. de E.).

Los demás sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa.

5.3. El 4 de septiembre de 2020 la Doctora Marta Nubia Velásquez Rico manifestó
su impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en el numeral
1 del artículo 141 del Código General del Proceso, toda vez que su cónyuge ostenta
la condición de asesor de la entidad demandada (fl. 564 c. C. de E.).

Mediante auto del 18 de noviembre de 2020, la Subsección declaró fundado
el impedimento manifestado y separó a la Magistrada del conocimiento del presente
asunto (fl. 565 c. C de E.).

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

De acuerdo con lo previsto en el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en la medida en que se resuelve un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en un proceso que tiene vocación de doble instancia.

2.- Causa petendi e idoneidad de la acción incoada

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que el juez de
lo Contencioso Administrativo carece por completo de facultades para variar la
causa petendi contenida en la demanda. Esto implica que en los procesos
conocidos por esta Jurisdicción la sentencia está ineludiblemente destinada a
resolver las pretensiones con base en los fundamentos fácticos y jurídicos descritos

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

en la demanda y en los medios de convicción regular y oportunamente agregados
al plenario2.

De este modo, cualquier variación o modificación de los límites trazados por las
partes implicaría un desconocimiento de la regla de la congruencia y, de contera,
una transgresión del derecho al debido proceso. Esto, por cuanto se sorprendería a
la entidad pública demandada cuya defensa y medios exceptivos estuvieron
enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra, en atención
a que ésta jamás tendría opción de ejercer su derecho a controvertir y aportar
pruebas tendientes a resistir los renovados planteamientos del extremo activo. Por
esta razón, el juez debe resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus
fundamentos fácticos y jurídicos, y sobre la prueba regular y oportunamente
aportada al proceso, tal como lo dispone el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil3.

A la luz de los anteriores argumentos conviene memorar que la jurisprudencia de
esta Corporación también ha precisado que existen algunos requisitos
indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es que la acción
contenciosa administrativa se ejerza con sujeción a los requisitos que prevé la ley
para su procedencia4, sin perjuicio de que, como lo explica la doctrina, el juez
cumpla con la obligación «de declarar la razón por la cual no puede proveer»5.

Para el caso concreto, la Sala estima pertinente hacer un recuento del contenido de
la demanda, a efectos de verificar si con ella lo que se busca es poner bajo escrutinio
judicial una controversia contractual, o si en realidad se formulan pretensiones de
reparación directa.

Como quedó reseñado en precedencia, en el presente asunto se interpuso la acción
de reparación directa con el propósito de obtener el resarcimiento de los perjuicios

2
Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, expediente 34.357, M.P. Hernán
Andrade Rincón.
3
«Artículo 305. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo
probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre
el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio».
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de julio
de 2002, expediente 20.746, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
5
José Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, Editorial Reus S.A., Madrid. 1977; tomo I,
Págs. 125 y 126.
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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

sufridos como consecuencia de la enajenación voluntaria de un local comercial y el
traslado intempestivo del establecimiento de comercio que allí funcionaba.

En primer lugar, en la demanda se señala que la oferta contenida en la Resolución
501 del 2000 fue errada, en tanto no incluyó el valor correspondiente a las
afectaciones causadas al establecimiento de comercio de propiedad de la
accionante. Esto se señaló en los siguientes términos (fls. 9 y 12 c. ppal.):

En la negociación realizada entre el municipio de Medellín y los propietarios del
inmueble no se incluyeron los perjuicios derivados del cierre del establecimiento
de Comercio y en ningún momento se les ofreció algún tipo de reconocimiento
que cubriera los costos derivados del traslado, el lucro cesante derivado del
cierre temporal del mismo, los gastos para la recuperación de la clientela, etc.
pues la negociación se limitó al precio del inmueble, que entre otras cosas no
correspondía al valor comercial del mismo (…).

También cabe destacar que de acuerdo con [el] capítulo I del título I del libro
tercero del Código de Comercio, el establecimiento de comercio merece una
especial protección del Estado, que incluso confiere derechos a los
arrendatarios por encima de los derechos de los arrendadores quienes ven
limitadas sus posibilidades de recuperar la tenencia del inmueble frente al
arrendatario que ha adquirido el derecho a la estabilidad.

Es por este motivo que no resulta razonable que el Municipio de Medellín
desconozca los derechos de los propietarios de los establecimientos de
comercio y únicamente se preocupe de proteger los derechos de los
propietarios del inmueble, cuando ambos gozan de protección constitucional y
legal.

En segundo lugar, adujo que la administración presionó indebidamente a la
accionante para que trasladara el establecimiento de comercio que se encontraba
en el local comercial, al dejar que la zona en que se encontraba ubicado quedara
desprovista de protección policial y al permitir que recicladores demolieran y
saquearan predios aledaños, lo cual implicó que tuvieran que trasladar
intempestivamente el mobiliario de dicho establecimiento (fl. 10 c. ppal.). Esto se
argumentó así (fl. 10 c. ppal.):

El día 28 de agosto se recibió de parte del municipio la orden de entregar el
inmueble bajo amenaza de que al otro día se comenzarían las labores de
demolición.

La forma como el municipio de Medellín presionó a los ocupantes de locales
comerciales de la zona, incluyendo a mi poderdante Maria Dolores (Dolly)
Molina Vda de Garcés, fue completamente anormal, abusiva y arbitraria: la zona
quedó completamente desprovista de protección policial y se autorizó a los
recicladores en general para que procedieran a demoler las edificaciones del
sector y a apropiarse de los elementos reciclables y reutilizables de las

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
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diferentes construcciones (tales como puertas, ventanas, sanitarios, techos,
etc.).

De esta manera, el municipio de Medellín y la Promotora Inmobiliaria
convirtieron a las personas que viven del reciclaje de materiales en los agentes
encargados del desalojo de los locales, pretermitiendo en consecuencia los
trámites administrativos y procesales previstos en la ley para la entrega de
inmuebles por parte de sus ocupantes (…).

Esta circunstancia provocó que mi representada Maria Dolores (…) a través de
sus empleados pidiera protección a las autoridades de policía frente a los
recicladores que amenazaban con comenzar a demoler el inmueble, pues
según ellos, los materiales de construcción que conformaban el inmueble, ya
tenían dueño. La protección policial fue desatendida.

Ante tal omisión, fue necesario contratar vigilantes particulares armados
quienes durante la noche del 28 de agosto permanecieron protegiendo a los
trabajadores de la señora Maria Dolores (…) mientras éstos de manera
apresurada desinstalaban los equipos de fotografía para ser trasladados a un
lugar seguro. Estos vigilantes incluso se veían en la necesidad de hacer
disparos al aire para amedrentar a los recicladores que pretendían comenzar a
demoler el techo e ingresar al inmueble, pues tal como le expresaban sin temor
alguno, ya los materiales del local, tenían dueño.

La noche que vivieron las personas que se dedicaron a desocupar el local
comercial, fue una noche llena de angustia, desazón, temor e incertidumbre. El
sentimiento de desamparo y abandono que creó el municipio de Medellín para
lograr el rápido desalojo de los inmuebles comprados, fue realmente efectivo
pues logró el objetivo buscado (…).

La situación descrita fue causa de que los equipos no pudieran ser
desinstalados y trasladados con los debidos cuidados y precauciones
generándose daños en muchos de ellos cuya reparación tuvo que ser asumida
por la propietaria del establecimiento (…).

La celeridad de la entrega también les impidió avisar oportunamente a su
clientela sobre el traslado a futuro, lo que provocó una sensible disminución de
la clientela y obviamente los ingresos durante un largo período de tiempo.

En relación con las pretensiones atinentes a la ausencia de reconocimiento de las
afectaciones al establecimiento de comercio, la Sala precisa que no podían
tramitarse por la vía de la responsabilidad extracontractual, toda vez que el bien
inmueble de propiedad de la accionante fue enajenado voluntariamente -contrato
de compraventa- (fl. 135 c. ppal.), luego de que se aceptara incondicionalmente la
oferta de compra (fls. 63 a 72 c. ppal.) efectuada por la administración mediante la
Resolución 501 de 2000 (fl. 80 c. ppal.), lo cual sitúa el actual debate en el escenario
de un conflicto eminentemente contractual en el que se discuten aspectos
relacionados con el precio pagado por la administración por un bien inmueble.

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De acuerdo con lo previsto en los artículos 136 y 147 de la Ley 9ª de 1989, la oferta
de compra realizada mediante la Resolución 501 de 2000 no era de forzosa
aceptación para la accionante. De hecho, dicha oferta constituía el “precio base de
la negociación” que podían adelantar las partes, luego de lo cual, y únicamente
sobre la base de un “acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la
oferta con el propietario”, habría lugar a celebrar el respectivo contrato de
compraventa, como en efecto fue celebrado mediante la escritura pública No. 3.238
del 31 de agosto de 2000 de la Notaría 20 del Círculo Notarial de Medellín (fl. 135
c. ppal.).

En este punto, la Sala advierte que no desconoce que un debate sobre los aspectos
inherentes a un contrato de compraventa de bien inmueble celebrado por el
municipio de Medellín bien puede ser conocido por esta jurisdicción. Sin embargo,
en el caso particular las pretensiones y fundamentos fácticos y jurídicos de la
demanda fueron expresados en clave de reparación directa, y por esta razón las
entidades demandadas ejercieron su derecho de defensa para controvertir las
imputaciones específicas de responsabilidad extracontractual, pero no para debatir
aspectos sustanciales relacionados con el precio del contrato.

En efecto, en su contestación de la demanda, el municipio de Medellín señaló que
el deber de adelantar la gestión predial correspondía a la Promotora Inmobiliaria, de
manera que es a esa entidad quien debe reclamarse por los supuestos yerros en el
procedimiento previo a la enajenación voluntaria del inmueble -falta de legitimación-
y que “el hecho de que un establecimiento de comercio deba mudarse por razones
de interés general a un nuevo local, no significa que este no pueda desarrollar su
actividad Mercantil en otro local dentro de la respectiva sede o municipio”.

Por su parte la Promotora Inmobiliaria -hoy Empresa de Desarrollo Urbano- adujo
que la administración no ejerció presión alguna a los comerciantes y que la
accionante tuvo conocimiento con suficiente antelación del procedimiento que se
adelantaba en la zona. Además, efectuó un recuento de las actuaciones
desplegadas por la entidad, para señalar que se adelantaron con estricta sujeción

6
“Artículo 13. Corresponderá al Representante Legal de la entidad adquirente, previa las
autorizaciones estatutarias o legales respectivas expedir el oficio por medio del cual se disponga la
adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta de
compra, la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación,
la identificación precisa del inmueble, y el precio base de la negociación. Al oficio se anexará la
certificación de que trata el artículo anterior. Este oficio no será susceptible de recurso o acción
contencioso administrativa (…)”.
7
“Artículo 14. Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el
propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa, según el caso.
A la promesa de compraventa y a la escritura de compraventa se acompañarán un folio de matrícula
inmobiliaria actualizado (…)”.
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Referencia: Acción de Reparación Directa

a las normas aplicables a ese procedimiento, lo cual se señaló en los siguientes
términos (fl. 36 c. ppal.):

Todo lo anterior nos lleva a demostrar que efectivamente en el proceso se
cumplieron todos los requisitos de la ley 388 del 97 y que los demandantes
sabían con mucha anticipación que el proceso de desalojo se iba a llevar a cabo
el 23 de agosto por eso no entendemos cómo se puede ahora alegar que fueron
sacados abruptamente sin darles tiempo a sacar sus equipos y a tener algunos
daños en los mismos e igualmente a perder su clientela que como bien es
sabido de acuerdo al prestigio que tenía la empresa, se había tenido el
suficiente tiempo para informar la nueva dirección donde iban a trabajar, toda
vez que cuando se llegó al acuerdo, en cuanto a la venta, se suponía que se
debía haber tenido otro local, puesto que al parecer el que les fue ofrecido por
parte de la inmobiliaria nunca se aceptó y a pesar de que los demandantes
habían solicitado un plazo más amplio para desocupar, el día 25 de agosto de
2000 a las 4 p.m. se hizo la entrega del local en donde aparece firmando sin
ninguna oposición el abogado de la parte demandante Doctor Pablo Edgar
Gómez.

Así las cosas, dado que las entidades accionadas ejercieron su derecho de defensa
únicamente para controvertir los fundamentos de una supuesta responsabilidad
extracontractual, una adecuación de la controversia a la acción contractual en la
segunda instancia, esto es, al final del proceso y sin permitir el correcto ejercicio del
derecho de defensa, no solamente comportaría una injustificada variación en la
causa petendi por parte de esta Corporación, sino que implicaría una franca
vulneración del derecho al debido proceso -derecho de defensa- de las entidades
demandadas.

En consecuencia, la Sala se inhibirá de estudiar las pretensiones atinentes a la
reparación de los perjuicios derivados de la ausencia de reconocimiento de la
afectación al establecimiento de comercio en el precio fijado en la enajenación
voluntaria del inmueble, toda vez que, por tratarse de un conflicto de naturaleza
contractual -cuestionamientos sobre el precio fijado en la compraventa-, no podía
tramitarse por la vía de la reparación directa, situación que constituye una indebida
escogencia de la acción y conlleva una decisión inhibitoria en relación con tales
pretensiones.

En lo que respecta a la pretensión relacionada con la reparación de los perjuicios
ocasionados con la presión indebida que supuestamente infligió la administración
sobre la accionante para que reubicara el establecimiento de comercio, al dejar que
la zona en que se encontraba ubicado quedara desprovista de protección policial y
al permitir que recicladores demolieran y saquearan predios aledaños, lo cual
implicó que tuvieran que trasladar intempestivamente el mobiliario del
establecimiento de comercio, la Sala precisa que, por tratarse de un debate propio
del objeto de la acción de reparación directa, sí se efectuará un estudio de fondo a
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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
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efectos de verificar si hubo tal actuación irregular de la administración que justifique
la declaratoria de responsabilidad deprecada.

Esta conclusión se refuerza con el hecho que las imputaciones efectuadas se
refieren a actuaciones supuestamente desplegadas por la administración antes de
la celebración del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 3.238
del 31 de agosto de 2000 de la Notaría 20 del Círculo Notarial de Medellín, pues lo
que se aduce en la demanda es que la administración ejerció presión indebida para
el traslado del establecimiento de comercio, lo cual solo pudo haber ocurrido antes
de la entrega material del bien practicada el 25 de agosto de 2000, tal como consta
en el Acta de Entrega No. 3 y su Inventario Anexo (fls. 4 y 6 c. ppal.), así como en
la cláusula quinta del contrato de compraventa8, lo que sitúa la conducta de la
administración en un escenario puramente extracontractual.

En consecuencia, la presente decisión se centrará en verificar si existe
responsabilidad extracontractual de las entidades accionadas por la presión
indebida que supuestamente ejercieron para el traslado del establecimiento de
comercio Foto Garcés.

3.- Ejercicio oportuno de la acción

El numeral 8º del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446
de 19989, reguló lo concerniente a la caducidad de las acciones, en el sentido de
señalar que, en materia de reparación directa, este término debía computarse “a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente asunto se demanda la responsabilidad extracontractual del Estado
por los perjuicios materiales e inmateriales causados con el traslado del
establecimiento de comercio Foto Garcés, de propiedad de la accionante. De

8
Específicamente, en la Cláusula Quinta del contrato de compraventa se pactó: “Entrega material
del bien: Que los vendedores harán la entrega real y material del inmueble al municipio de Medellín,
el día 25 de agosto del año 2000, a más tardar, libre de ocupantes a cualquier título, con sus mejoras
y a necesidades, por los linderos que se dejaron expresados y con sus usos, costumbres y
servidumbres, tanto activas como pasivas que tenga legalmente constituidas o que consten en títulos
anteriores, mediante acta suscrita por ambas partes, de la cual hacen parte una certificación de las
empresas públicas de Medellín donde consta la desconexión de los servicios públicos de agua, luz,
teléfono, y el paz y salvo por todo concepto expedido por las Empresas Públicas de Medellín, y paz
y salvo por los demás impuestos tasas y contribuciones municipales”.
9
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
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acuerdo con la demanda, esta situación ocurrió por el traslado intempestivo de
dicho establecimiento, causado por la presión indebida ejercida por la
administración.

Mediante escritura pública No. 3.238 del 31 de agosto de 2000, se celebró contrato
de compraventa -enajenación voluntaria- del bien identificado con matrícula
inmobiliaria No. 01N-38952, en el que se encontraba localizado el establecimiento
de comercio Foto Garcés (fl. 135 c. ppal.). Esto se hizo luego de que el 25 de agosto
anterior, los propietarios del inmueble hicieran la entrega material del mismo a las
entidades accionadas (fls. 4 y 6 c. ppal.), como resultado de la aceptación
incondicional de la oferta de enajenación voluntaria efectuada por la administración.

En ese contexto, la Sala advierte que, aunque en el plenario no obra prueba de la
fecha en que se registró la escritura pública de compraventa, el término de
caducidad en el presente asunto bien puede computarse desde el 1 de septiembre
del 2000 -día siguiente a la celebración de la compraventa-, puesto que en esa
fecha ya se había trasladado el establecimiento de comercio para dejar vacío el
local comercial; hecho a partir del cual se erigen las pretensiones resarcitorias.

Así las cosas, como la oportunidad para ejercer del derecho de acción corría hasta
el 1 de septiembre de 2002, se entiende que la demanda presentada el 21 de
agosto de 2002 se formuló oportunamente.

4.- Legitimación en la causa

La señora Maria Dolores Molina de Garcés se encuentra legitimada en la causa por
activa, toda vez que se encuentra plenamente acreditada su condición de
propietaria del establecimiento de comercio Foto Garcés (fl. 3 c. ppal.), respecto del
cual se alegaron las afectaciones en la demanda.

En lo que respecta a la legitimación material en la causa por pasiva, la Sala
efectuará el correspondiente análisis páginas más adelante.

5.- El caso concreto

Corresponde a la Sala verificar si las entidades accionadas deben responder
patrimonialmente por los supuestos perjuicios materiales e inmateriales causados a
la señora Maria Dolores Molina de Garcés como consecuencia del traslado
intempestivo del establecimiento de comercio Foto Garcés, causado por la indebida
presión ejercida por la administración.

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A juicio de la parte actora, la anterior situación devino de la conducta irregular
desplegada por las demandadas, quienes presionaron indebidamente a la
accionante para que desalojara el local comercial, al dejar que la zona en que se
encontraba ubicado quedara desprovista de protección policial y al permitir que
recicladores demolieran y saquearan predios aledaños, lo cual implicó que tuvieran
que trasladar intempestivamente el mobiliario del establecimiento de comercio (fl.
10 c. ppal.). Esto se argumentó así (fl. 10 c. ppal.):

El día 28 de agosto se recibió de parte del municipio la orden de entregar el
inmueble bajo amenaza de que al otro día se comenzarían las labores de
demolición.

La forma como el municipio de Medellín presionó a los ocupantes de locales
comerciales de la zona, incluyendo a mi poderdante Maria Dolores (Dolly)
Molina Vda de Garcés, fue completamente anormal, abusiva y arbitraria: la zona
quedó completamente desprovista de protección policial y se autorizó a los
recicladores en general para que procedieran a demoler las edificaciones del
sector y a apropiarse de los elementos reciclables y reutilizables de las
diferentes construcciones (tales como puertas, ventanas, sanitarios, techos,
etc.).

De esta manera, el municipio de Medellín y la Promotora Inmobiliaria
convirtieron a las personas que viven del reciclaje de materiales en los agentes
encargados del desalojo de los locales, pretermitiendo en consecuencia los
trámites administrativos y procesales previstos en la ley para la entrega de
inmuebles por parte de sus ocupantes (…).

Esta circunstancia provocó que mi representada Maria Dolores (…) a través de
sus empleados pidiera protección a las autoridades de policía frente a los
recicladores que amenazaban con comenzar a demoler el inmueble, pues
según ellos, los materiales de construcción que conformaban el inmueble, ya
tenían dueño. La protección policial fue desatendida.

Ante tal omisión, fue necesario contratar vigilantes particulares armados
quienes durante la noche del 28 de agosto permanecieron protegiendo a los
trabajadores de la señora Maria Dolores (…) mientras éstos de manera
apresurada desinstalaban los equipos de fotografía para ser trasladados a un
lugar seguro. Estos vigilantes incluso se veían en la necesidad de hacer
disparos al aire para amedrentar a los recicladores que pretendían comenzar a
demoler el techo e ingresar al inmueble, pues tal como le expresaban sin temor
alguno, ya los materiales del local, tenían dueño.

La noche que vivieron las personas que se dedicaron a desocupar el local
comercial, fue una noche llena de angustia, desazón, temor e incertidumbre. El
sentimiento de desamparo y abandono que creó el municipio de Medellín para
lograr el rápido desalojo de los inmuebles comprados, fue realmente efectivo
pues logró el objetivo buscado (…).

La situación descrita fue causa de que los equipos no pudieran ser
desinstalados y trasladados con los debidos cuidados y precauciones
generándose daños en muchos de ellos cuya reparación tuvo que ser asumida
por la propietaria del establecimiento (…).

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Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

La celeridad de la entrega también les impidió avisar oportunamente a su
clientela sobre el traslado a futuro, lo que provocó una sensible disminución de
la clientela y obviamente los ingresos durante un largo período de tiempo.

Para abordar la cuestión planteada, se hará un recuento crítico del procedimiento y
de las actuaciones de parte que antecedieron la enajenación voluntaria sobre el
inmueble de la accionante, a efectos de verificar si hay lugar a establecer
responsabilidad extracontractual de las demandadas por la indebida injerencia que
supuestamente tuvieron en el traslado del establecimiento de comercio Foto
Garcés.

Mediante la Resolución 501 del 14 de abril de 2000, el entonces alcalde de Medellín
declaró como de utilidad pública el bien inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 01N-38952 y formuló oferta para la enajenación voluntaria del
mismo, en los siguientes términos (fl. 80 c. ppal.):

Artículo Primero. Considerar de utilidad pública o de interés social la adquisición
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-38952, cuyos
titulares del derecho de dominio son: Molina Garcés Maria Dolores, Garcés
Molina Maria Dolores, Garcés Molina Clara Inés, Garcés Molina Jorge Alberto,
Garcés Molina Adelaida María, Garcés Molina Gloria Elena, Garcés Molina Luz
Mercedes, Garcés Molina Antonio José, Garcés Molina Juan Fernando, Garcés
Molina Margarita María, ubicado en la ciudad de Medellín, distinguido en la
nomenclatura urbana con el No. 41-49 de la Calle 53, determinado con los
siguientes linderos (…).

Artículo Segundo. Determinar que la adquisición del inmueble identificado en el
artículo anterior se hará atendiendo al procedimiento establecido por los
artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997 que regula la expropiación por
vía administrativa y será destinado al proyecto de intervención urbana en el
sector de la Veracruz (…).

Artículo Tercero. Iniciar las diligencias tendientes a lograr la adquisición del
inmueble a que se refiere el artículo primero de la presente resolución por
negociación voluntaria, advirtiendo al propietario que si dentro del término de
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución no ha sido
posible llegar a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, el cual debe
ser entregado libre de ocupantes a cualquier título, se procederá a la
expropiación por la vía administrativa mediante acto administrativo, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 388 de 1997.

Artículo Cuarto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley
388 de 1997, el presente acto administrativo constituye oferta de compra
tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

Artículo Quinto. Por tratarse de una decisión que no pone término a una
actuación administrativa, la presente resolución no es susceptible de recurso
alguno ni de acciones posteriores contencioso -administrativas, al tenor de lo
dispuesto por los artículos (sic) 13 de la Ley 9ª de 1989 (…).

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De acuerdo con la parte motiva del acto en comento, la oferta de compra se hizo
por valor de $193.792.500, con fundamento en el avalúo comercial AV024-A del 8
de marzo de 2000 practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia
(fl. 128 c. ppal.).

La anterior actuación se notificó en debida forma a los propietarios del predio (fls.
106 y 107 c. ppal.), quienes individualmente enviaron comunicaciones fechadas el
14 de julio de 2000 en las que aceptaron incondicionalmente la oferta de compra
efectuada por el municipio de Medellín mediante la Resolución 501 de esa anualidad
(fls. 63 a 72 c. ppal.). En las misivas de aceptación de la oferta, los entonces
propietarios del inmueble manifestaron:

Cordial saludo:

Me permito manifestarles que ACEPTO en todas sus partes la oferta de compra
contenida en la resolución 000501 del 14 de abril, que me fue notificada en esta
fecha y en la que se me hace oferta de compra por (…), matrícula inmobiliaria
Nro. 01N-38952.

Manifiesto además que renunció a términos de notificación, traslados y
ejecutoria.

En los documentos en cita se efectuó una aceptación incondicional de la oferta de
compra realizada por la administración y no se dejó salvedad u observación alguna
en torno al supuesto menor valor pagado por la entidad que implicara la inexistencia
de una indemnización justa por el inmueble de su propiedad.

El mismo 14 de julio de 2000, la Subgerencia de Planeación de la entonces
Promotora Inmobiliaria de Medellín le ofreció a los propietarios un local comercial
en arriendo para que trasladaran el establecimiento de comercio que venía
funcionando en el predio de matrícula inmobiliaria 01N-38952, así (fl. 60 c. ppal.):

El municipio de Medellín, por medio de la Promotora Inmobiliaria de Medellín,
le ha notificado la resolución número 501 del 14 de abril de 2000, por medio de
la cual se busca adquirir mediante enajenación voluntaria, el inmueble de su
propiedad (…) distinguido con la matrícula inmobiliaria número 01N-38952.

En concordancia con las conversaciones sostenidas con ustedes, el municipio
de Medellín por medio de la Promotora Inmobiliaria de Medellín, con el objetivo
de darles una solución de autorelocalización que les permita continuar
desarrollando la excelente actividad en la cual se han desempeñado durante
muchos años, logró el ofrecimiento en arriendo por parte del Proyecto Cultural
Museo de Antioquia, de un local dentro de la futura sede del Museo de Antioquia
(…).

El proyecto ha aceptado arrendarles el local por ustedes escogido, mediante la
visita al proyecto en compañía de funcionarios de la promotora el día miércoles

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

12 de julio de 2000. Este local corresponde al ubicado en la esquina
noroccidental del edificio, es decir, la esquina correspondiente al cruce de la
Carrera 53 Cundinamarca con la Calle 53 Avenida de Greiff.

El plazo del contrato será de diez (10) años prorrogables. Los incrementos
anuales serán iguales al (…) (IPC) establecido para cada vigencia. El valor del
canon mensual de arrendamiento para el primer año, será de $1,500,000. La
fecha estimada de entrega del local a ustedes será el 15 de octubre del año
2000, a más tardar (…).

Esperamos de parte del proyecto, que esta solución a ustedes presentada sea
de su agrado y aceptación por escrito mediante la suscripción de la misma por
parte de todos los propietarios del inmueble.

La anterior oferta no tuvo pronunciamiento directo de los propietarios, pero mediante
escrito del 23 de agosto del 2000 solicitaron la ampliación del plazo convenido con
la entidad para la entrega del inmueble porque se encontraban adelantando
gestiones para trasladar su establecimiento de comercio a un lugar diferente al
ofrecido por la entidad (fl. 59 c. ppal.).

Agotado todo el trámite antes descrito, mediante escritura pública No. 3.238 del 31
de agosto de 2000 de la Notaría 20 del Círculo Notarial de Medellín, se celebró
contrato de compraventa sobre el inmueble identificado con matrícula No. 01N-
38952. En ese negocio jurídico se pactó un precio de $193.792.500 y se estipuló
como fecha de entrega material del inmueble el 25 de agosto de 200010 -fecha
anterior a la celebración del contrato- (fl. 135 c. ppal.).

Como quedó reconocido en el contrato, la entrega material del inmueble fue
realizada previamente, el 25 de agosto del 2000, de lo cual se dejó constancia en el
Acta de Entrega No. 3 y su Inventario Anexo, sin que en ella se plasmara
observación u objeción alguna por parte de los propietarios, en el sentido de indicar
que debía incluirse el valor concerniente a las afectaciones causadas al
establecimiento de comercio Foto Garcés (fls. 4 y 6 c. ppal.).

Mediante Acta de Entrega del 26 de septiembre de 2000, la Subgerencia de
Promoción y Proyectos de la Promotora Inmobiliaria de Medellín le entregó el
inmueble a la Secretaría de Hacienda Municipal, en cumplimiento de lo estipulado
en el Convenio Interadministrativo 199 de 1999, en virtud del cual la primera entidad

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Específicamente, en la Cláusula Quinta del contrato de compraventa se pactó: “Entrega material
del bien: Que los vendedores harán la entrega real y material del inmueble al municipio de Medellín,
el día 25 de agosto del año 2000, a más tardar, libre de ocupantes a cualquier título, con sus mejoras
y a necesidades, por los linderos que se dejaron expresados y con sus usos, costumbres y
servidumbres, tanto activas como pasivas que tenga legalmente constituidas o que consten en títulos
anteriores, mediante acta suscrita por ambas partes, de la cual hacen parte una certificación de las
empresas públicas de Medellín donde consta la desconexión de los servicios públicos de agua, luz,
teléfono, y el paz y salvo por todo concepto expedido por las Empresas Públicas de Medellín, y paz
y salvo por los demás impuestos tasas y contribuciones municipales”.
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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

se obligó a adelantar la gestión predial del Proyecto Cultural Museo de Antioquia,
con cargo a los recursos que para efecto giraría el municipio (fl. 172 c. ppal.).

En el testimonio del señor Jorge Arturo Hoyos Briceño, quien para le época de los
hechos se desempañaba como mensajero del establecimiento Foto Garcés, se
señaló que el traslado del establecimiento obedeció a la inminencia de un atraco,
razón por la cual tuvieron que desocupar el local comercial, así (fl. 201 c. ppal.):

De que tuvimos que salir, los empleados, nuestra jefe que estaba ese día que
nos tuvimos que ir a la carrera, el otro local de Luna Park ya estaba desocupado,
nosotros estábamos cerrando el local a las 7 de la noche, cuando nos avisaron
del frente que miráramos que llamáramos a la policía, porque los ladrones ya
estaban en nuestros techos de trabajo, estaban desenterrando todo. Tuvimos
que empacar lo que más pudimos se dañaron muchas cosas, porque ya
estábamos rodeados, no nos dio tiempo de empacar bien las cosas, sacar la
maquinaria debidamente sin que se dañen, todo tuvo que ser a las carreras
porque estábamos acechados por los ladrones que si no desocupa vamos ellos
entraban a llevarse todo; eran muchas cosas y no teníamos dónde guardarlas
porque la fotografía era muy grande era de dos plantas. Todos sufriendo porque
se nos iban a entrar a llevar todo.

Por su parte, la señora Gloria Esther Ríos Rúa, secretaria de Foto Garcés, explicó
que la salida del establecimiento de comercio obedeció al hecho de que recibieron
aviso de que debían desocupar el inmueble y porque ya se estaban adelantando las
labores inherentes a la obra civil en los bienes aledaños (fl. 207 c. ppal.):

Eso fue en agosto de 2000, ese viernes antes, no recuerdo las fechas, nos
dijeron que teníamos que desocupar y al sábado ya estaban ellos con las
máquinas demoliendo las edificaciones, no nos dieron tiempo de nada, ellos los
que estaban demoliendo las edificaciones. Preguntada: Dígale al despacho,
quién les dio a ustedes la orden de desocupar Contesto: A mí por ejemplo ese
día que llegué a trabajar un sábado por la mañana, y ya los jefes míos que era
en ese tiempo doña Gloria Garcés, que teníamos que empezar a empacar para
irnos, porque ya estaban destruyendo los edificios de la esquina hacia donde
quedaba Foto Garcés.

A su vez, el señor Jorge Alberto Garcés Molina, hijo de la demandante, precisó que
no estaba a cargo del establecimiento de comercio, ni trabajaba en él, pero que tuvo
conocimiento de lo sucedido por el apoyo personal que le brindó a su madre durante
la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presente acción. El señor Garcés
Molina indicó que el traslado del establecimiento se hizo por la situación de orden
público y porque la administración así lo requirió. Esto lo indicó en los siguientes
términos (fl. 381 c. ppal.):

[E]l municipio desalojó el establecimiento comercial estudio fotográfico “Garcés”
la negociación empezó llegó una citación para la compra de un lote baldío y que
teníamos 30 días para el desalojo que si no lo desaloja vamos en ese tiempo,

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
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Referencia: Acción de Reparación Directa

sacarían todas las cosas del negocio y lo meterían a una bodega y que el pago
del local comercial lo harían en un periodo de 20 años, en cuotas no recuerdo
en qué cuotas, entonces el negociador del municipio de Medellín, nos decía que
firmáramos y que si no estábamos de acuerdo que demandaran al municipio,
pero que de ahí nos teníamos que ir. Como no se estaba de acuerdo por no
haber indemnización por el establecimiento de Comercio, ya que el local
comercial venía desempeñándose en ese lugar por más de 40 años, con una
clientela de todo en Medellín y Antioquia, además de ser referente geográfico
por llevar tantos años en el mismo punto, luego el abogado del municipio o el
que compraba decía que era un lote baldío que no había nada, luego nos tocó
salir corriendo porque empezaron los saqueos en la zona, no había policía, no
había seguridad, no recogían basuras, nos tocó contratar vigilancia por la noche
porque se roban todo y amanece (sic) en el local comercial y salir a conseguir
un local a la carrera para poder seguir funcionando (…). Preguntado: Recuerda
usted cuando se le informó a la señora María Dolores Molina, la fecha, el local
del que hace referencia esta demanda. Contesto: La fecha exacta no recuerdo,
pero la que sí me acuerdo es que daban 30 días para desalojar. Preguntado:
Sabe usted si se ofreció a la señora María Dolores Molina algún local en
arrendamiento por parte del municipio de Medellín o la promotora inmobiliaria.
Contesto: Sí, se le ofreció un local en las instalaciones del museo Botero, que
no se había empezado a construir todavía, eso lo hizo la Promotora Inmobiliaria,
pero uno no se puede quedar 2 años esperando un local para montar un local
comercial, que ya viene funcionando (…). Preguntado: Sabe usted, si se pactó
en las escrituras de transferencia del inmueble una fecha de entrega del
inmueble y si la misma se le informó al establecimiento Foto Garcés. Contesto:
No me acuerdo, lo único que me remito fue a la carta que mandó la inmobiliaria
de que decía que teníamos 30 días para el desalojo y había que firmar las
escrituras para el pago, o sea que eso estaba implícito en los 30 días, y claro
eso se pagó fueron ciento ochenta millones de pesos fue de contado, salieron
cheque a nombre de cada uno de los propietarios y a todos se les pagó.

El testigo León Jaime Gutiérrez Uribe, quien para la época de los hechos se
desempeñaba como subgerente jurídico de la Promotora Inmobiliaria de Medellín,
precisó que para llevar a cabo la intervención urbanística se socializó con suficiente
antelación el proyecto con los comerciantes, se les ofrecieron alternativas de
reubicación de sus establecimientos de comercio en el mismo sector y se les
concedió el plazo correspondiente determinado en la Ley. También indicó que en el
presente asunto hubo una enajenación voluntaria de la accionante y que no se
concedió permiso o autorización alguna a los recicladores de la zona para que
sacaran material de la obra (fl. 387 c. ppal.).

Visto lo anterior, la Sala recuerda que la imputación efectuada en la demanda es
muy específica en señalar que las entidades accionadas deben responder
patrimonialmente por haber efectuado una presión indebida sobre la accionante,
situación que causó el traslado intempestivo del establecimiento de Comercio con
los efectos perjudiciales cuya reparación se pretende.

Al respecto, debe precisarse que por tratarse de una obra declarada como de
utilidad pública, el procedimiento de enajenación voluntaria o expropiación

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
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Referencia: Acción de Reparación Directa

administrativa tiene como rasgo esencial el hecho de que en algún momento el bien
enajenado o expropiado deba ser desalojado por sus propietarios u ocupantes, con
el fin de que pueda ejecutarse la obra pública.

Lo que se debate en el presente asunto, es si el traslado del establecimiento Foto
Garcés, correspondió a una situación anormal derivada de una injerencia irregular
por parte de la administración, al autorizar a los recicladores de la zona para que se
apropiaran del mobiliario de los locales o al fallar en la prestación correcta del
servicio de seguridad.

Frente a esta cuestión, la Sala lo único que advierte es una inconformidad con la
forma en que se adelantó el procedimiento por parte de la accionante, pero que no
tiene la entidad jurídica de configurar la responsabilidad extracontractual pretendida,
puesto que, de la valoración conjunta de los testimonios a que se acaba de hacer
alusión y de los demás medios de convicción obrantes en el plenario, se observa
que el traslado del establecimiento de comercio obedeció al normal transcurso del
procedimiento de enajenación voluntaria, sin que se encuentre acreditada la presión
indebida alegada en la demanda.

Así las cosas, como no se encuentra probado que las entidades accionadas hayan
injerido indebidamente en el traslado de el establecimiento de comercio Foto
Garcés, y en aplicación de lo previsto en el artículo 177 del CPC, según el cual
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”, se revoca la sentencia apelada y, en su lugar,
se niegan las pretensiones.

8.- Condena en costas

Como en el presente asunto no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 05001-23-31-000-2002-03607-01 (53548)
Actor: María Dolores Molina de Garcés
Demandado: Municipio de Medellín y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se DISPONE:

SEGUNDO: DECLARAR la indebida escogencia de la acción y, en consecuencia,
INHIBIRSE para resolver de fondo las pretensiones atinentes a la reparación de los
perjuicios derivados de la ausencia de reconocimiento de la afectación al
establecimiento de comercio en el precio fijado en la enajenación voluntaria del
inmueble.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para su cumplimiento.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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