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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-01625-01

Fecha
30 de marzo de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-01625-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Revócase la sentencia de 8 de julio de 2013 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone lo siguiente: “PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente”. 2º) Abstiénese de condenar en costas. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2003-01625-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

30 de marzo de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Demandante: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SA (CONYTRAC
COBACO SA)
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES –
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA

Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a la discusión sobre los incumplimientos en
el pago de los imprevistos en las obras extras y adicionales durante la ejecución del contrato
no. 005-DAV-96 suscrito por el departamento de Antioquia y el consorcio Conytrac-Cobaco;
adicionalmente, la actora solicita la declaratoria de desequilibrio económico por cuenta del
no reconocimiento de los mayores costos de administración, mayor permanencia en obra y
equipo disponible durante los tiempos de suspensión del contrato, las cuales siempre se
dieron por falta de recursos del departamento.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 8 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y se inhibió para
pronunciarse sobre el fondo de la controversia (fls. 3859 a 3871 vlto. cdno. ppal.),
en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de CADUCIDAD de la
acción, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, INHIBIRSE para proferir decisión de
fondo.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme esta providencia archívese el expediente” (fl. 3871 vlto
ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

Mediante escrito radicado el 22 de mayo de 2003 en la secretaría del Tribunal

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

Administrativo de Antioquia las sociedades Construcciones y Tractores SA
(CONYTRAC) y Cobaco SA actuando por intermedio de apoderada judicial
interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales (fls. 3408 a 3439 cdno. no. 1) con las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que el Departamento de Antioquia incumplió el contrato No
96-CO-21-005 (antes No 005-DAV-96) cuyo objeto era la ampliación,
rectificación y pavimentación de la Carretera Puente Gavino Gómez Plata
Carolina, suscrito con la firma CONYTRAC S.A.(Antes CONYTRAC
LTDA) y COBACO S.A. (Antes COBACO LTDA), firmas las cuales se
asociaron en CONSORCIO conformando el CONSORCIO CONYTRAC –
COBACO, incumplimiento basado en las siguientes razones:-

a) Por no haber reconocido y pagado a las convocantes en su calidad de
consorciadas a partir del Acta No. 28 de fecha julio de 1998 el valor
de los imprevistos respecto de la obra extra pactada en su cantidad y
precio en las Actas de Fijación de Precios no previstos suscrita entre
las partes, determinándose el pago de un AIU del (33%). Obras las
cuales fueron incorporadas al contrato.

b) Por no haber reconocido y pagado a las convocantes en su calidad de
consorciadas el valor correspondiente al equipo cesante durante el
tiempo que duró suspendido el contrato No 96-CO-21-005 (Antes No
005-DAV-96) como también el no cancelar el valor la administración
en que incurrió el Consorcio Conytrac-Cobaco durante las
suspensiones.

c) Por no cancelar la mayor permanencia en obra de la planta trituradora
y de asfalto y por los equipos de riego y compactación.

d) Por no haber cancelado a la fecha de presentación de esta demanda
la suma de $4.426.000.00 correspondiente al Acta No 58B por ajustes
la cual fue presentada al Departamento de Antioquia para su pago en
fecha el 23 de mayo de 2001.

e) Por no haber liquidado el contrato a la fecha de la presentación de la
presente demanda.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se
ordene el restablecimiento del derecho de nuestras representadas y se
condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a pagar a las sociedades
CONYTRAC S.A. (Antes CONYTRAC LTDA) y COBACO S.A. (Antes
COBACO LTDA) integrantes del CONSORCIO CONYTRAC-COBACO,
en razón de la ejecución del contrato No. 96-CO-21-056 (antes No. 005-
DAV-96) de fecha 15 de febrero de 1996 las siguientes sumas:

a) Por concepto de imprevistos causados desde el acta No 28 de julio de
1998 la suma de $25.808.156.00.

b) Por concepto del equipo cesante durante el tiempo de las
suspensiones la suma de $1.921.999.128.

c) Por mayor administración durante las suspensiones $587.001.547.00.

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

d) Por la mayor permanencia en obra de la planta trituradora la suma de
$99.597.600.

e) Por la mayor permanencia en obra de la planta de asfalto y el equipo
de riego y compactación la suma de $346.981.152.

f) El saldo de $4.426.000.00 correspondiente al Acta No 58B por ajustes
la cual fue presentada al Departamento de Antioquia para su pago en
fecha el 23 de mayo de 2001.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración y para
restablecimiento de manera integral el equilibrio financiero afectado por el
incumplimiento del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA al no pagar las
sumas indicadas en la petición anterior, se ordene además, con el
indicado fin y a título de restablecimiento del derecho de nuestras
poderdantes, que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA cancelen (sic)
además a nuestras poderdantes, el valor de actualización que se cause
entre la fecha en que se hicieron exigibles las referidas sumas hasta la
fecha de pago de las mismas tal como lo ordena el artículo 4º numeral 8º
de la Ley 80 de 1993 y la Ley 598 de 2000.

CUARTA: Que como consecuencia de la anterior declaración y para
restablecer la descompensación del equilibrio financiero generada por el
incumplimiento del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA al no pagar las
sumas indicadas en la petición anterior, se ordene además, para el
restablecimiento del derecho de nuestras poderdantes el valor de los
intereses establecidos en el artículo 4º numeral 8º de la Ley 80 de 1993 y
en el Decreto 679 del 28 de marzo de 1994 en su artículo 1º y la Ley 598
de 2000 desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta la
fecha de pago efectivo de las sumas reclamadas.

QUINTA: En caso de prosperar el pago de cualquier suma a favor de las
firmas consorciadas convocantes CONYTRAC S.A. (Antes CONYTRAC
LTDA) y COBACO S.A. (Antes COBACO LTDA), se ordene el pago por
parte del DEPARTAMENTO DE ANQIOQUIA de las costas y agencias en
derecho.

SEXTA: Las demás que queden demostradas en el transcurso del
proceso.” (fls. 324 a 326 cdno. no. 1 - negrillas y mayúsculas sostenidas
del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico, la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda (fls. 3408 a 3439 cdno. no. 1), en síntesis, lo siguiente:

1) El 15 de febrero de 1996 el Departamento de Antioquia y el consorcio Conytrac-
Cobaco suscribieron el contrato no. 005-DAV-96, luego identificado como contrato
no. 95-CO-21-005, por un valor de $10.800`121.968, a precios reajustables con un
plazo de 24 meses.

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Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

2) Durante la ejecución del contrato las partes pactaron obras adicionales sobre las
que el departamento canceló lo correspondiente a administración y utilidad, pero no
los imprevistos, específicamente en las actas de acuerdo de precios números 28,
50 y 51, pues, en las demás actas suscritas el departamento reconoció el AUI
competo sobre un 33% e incluso en el acta de 4 de abril de 2000 el AUI fue del
36,68%.

3) Se presentaron varios retrasos en el cronograma de obra por cuenta de las
demoras en la entrega de las franjas de terreno en donde se desarrollaría el
proyecto.

4) El contrato fue suspendido en varias oportunidades por razón de falta de recursos
económicos para poder ejecutar las obras, lo cual conllevó a que el plazo final de la
obra culminara hasta el 24 de enero de 2001, fecha en la que la obra fue recibida a
satisfacción.

5) Durante tales suspensiones el consorcio incurrió en gastos administrativos,
mayor cantidad de obra, mayor permanencia de equipos y falta de pago de
imprevistos en las obras extras, sin que el departamento reconociera tales dineros.

6) Entre las partes no se logró una liquidación bilateral ni el departamento adelantó
la liquidación unilateral.

3. Posición de la parte demandada

Mediante escrito radicado el 30 de noviembre de 2004 presentó contestación de la
demanda donde se opuso a las pretensiones y solicitó que estas fueran negadas
(fls. 3456 a 3466 cdno. no. 1), con los siguientes argumentos:

1) El contrato se duplicó tanto en valor como en plazo, por lo que no tiene sustento
el reclamo de la actora por concepto de una mayor permanencia, tanto es así que
el valor inicial del contrato era de $10.818.121.968 y, finalmente, la contratista
recibió la suma de $20.716.972.643.

2) El contrato fue suspendido 4 veces por falta de recursos para continuar con la

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Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

obra, situación que está claramente expuesta en cada acta de suspensión.

3) Desde la suscripción del contrato adicional las partes establecieron que la
remuneración de las obras extras solo cubría costos directos, administración y
utilidad, sin que en modo alguno se incluyeran los imprevistos, razón por la que
carece de fundamento el pedimento del consorcio.

4) Propuso la excepción denominada “[g]enérica”, en virtud de la cual el juez declara
las excepciones que de oficio encuentre probadas.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en providencia de
8 de julio de 2013 (fls. 3859 a 3871 vlto. cdno. ppal.) declaró probada la excepción
de caducidad de la acción y se inhibió para resolver el fondo de la controversia, con
base en el siguiente razonamiento:

1) El contrato no. 005-DAV-96 inició el 3 de abril de 1996 y finalizó, luego de las
suspensiones y adición el 24 de enero de 2001, en tanto que la demanda se formuló
el 22 de mayo de 2003.

2) El literal d) del artículo 136 del CCA modificado por el artículo 44 de la Ley 446
de 1998, en materia de caducidad determina que la acción de controversias
contractuales deberá ejercerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia
del hecho que sirva de fundamento.

El cómputo de los 2 años para formular la demanda, en los casos en los que no se
acude con la pretensión de liquidar judicialmente el contrato, debe contarse desde
la fecha del hecho o derecho que sirvió de fundamento, y como en el presente
asunto solo se solicita la declaratoria de incumplimiento del departamento, el
término comienza a contarse desde la finalización del contrato, es decir, la demanda
debió radicarse a más tardar el 24 de enero de 2003 y como finalmente fue
presentada el 22 de mayo de 2003 la acción se encuentra caducada.

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Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
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5. El recurso de apelación

El consorcio actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 3873 a 3882 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 23 de agosto de 2013 (fl. 3883 ibidem), impugnación que fue sustentada en
los siguientes términos:

1) La demanda fue presentada con observancia de los términos con los que contaba
el departamento de Antioquia para liquidar el contrato, esto es, 4 meses para
intentar la liquidación bilateral y 2 meses para la unilateral, en ese sentido, la
demanda fue radicada con el suficiente tiempo, conforme lo prevé el artículo 136
del CCA.

2) Si bien en las pretensiones de la demanda no se invocó en forma expresa la
solicitud de liquidar el contrato, no es menos cierto que en la relación de hechos de
la demanda se indicó que al momento de presentar la demanda el contrato no había
sido liquidado, por lo que en aras de no sacrificar lo sustancial sobre lo formal, se
solicita integrar la demanda de manera tal que no se impida el logro de los objetivos
del derecho sustancial.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 10 de febrero de 2016 (fl. 3887 cdno. ppal.) se admitió el recurso de
apelación y, posteriormente, el 13 de abril de 2016 (fl. 3889 ibidem) se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días, y vencido
este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo
concepto.

2) En dicho término las partes presentaron sendos escritos con alegatos de
conclusión (fls. 3894 a 3896 y 3897 a 3912 cdno. ppal.); el Ministerio Público guardó
silencio (fl. 3892 ibidem).

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Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El objeto de la controversia planteada consiste en la discusión sobre los
incumplimientos en el pago de los imprevistos en las obras extras y adicionales
durante la ejecución del contrato no. 005-DAV-96 suscrito por el Departamento de
Antioquia y el consorcio Conytrac-Cobaco, adicionalmente, la actora solicita la
declaratoria de desequilibrio económico por razón del no reconocimiento de los
mayores costos de administración, mayor permanencia en obra y equipo disponible
durante los tiempos de suspensión del contrato, los cuales siempre se dieron por
falta de recursos del departamento.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada de oficio, la excepción de
caducidad de la acción y se inhibió de resolver el fondo de la litis.

En el presente caso la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia por cuanto a su juicio, la demanda fue formulada
dentro del plazo establecido en el artículo 136 del CCA, contando dentro del plazo
los 6 meses de liquidación del contrato; adicionalmente, solicita que la demanda se
analice integralmente pues, si bien no se solicitó dentro de las pretensiones la
liquidación del contrato, sí se especificó en los hechos que el contrato no había sido
liquidado, por tanto debió aplicarse el principio constitucional de la prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal.

La Sala encuentra que la decisión de primera instancia de declarar probada de oficio
la excepción de caducidad de la acción no es conforme con lo expresamente
dispuesto en el literal d) del artículo 136 del CCA, por lo tanto, la revocará para en
su lugar negar las súplicas de la demanda.

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Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
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2. Análisis de la impugnación

En esa directriz, estudiadas las pruebas obrantes en el proceso se tiene acreditado
lo siguiente:

1) El 15 de febrero de 1996 el Departamento de Antioquia suscribió con el consocio
CONYTRAC-COBACO el contrato no. 005-DAV-96 con el objeto de “ejecutar por el
sistema de precios unitarios todas las obras necesarias para la Ampliación,
rectificación y pavimentación de la carretera `Puente Gavino – Gómez Plata -
Carolina” (fl. 3467 cdno. no. 1), en un plazo de 24 meses y por un valor de
$10.818`121.968.

2) En la cláusula décima primera del negocio jurídico en comento, las partes
estipularon expresamente que “[s]on obras adicionales, aquellas cuya descripción
figura en la lista de cantidades y precios, pero exceden las allí previstas. Son obras
extras, aquellas que no figuran en la lista de cantidades y precios, pero que siendo
de la naturaleza de la obra contratada, su ejecución, se requiere para la completa
terminación, adecuado funcionamiento y entrega de la obra” (fl. 3476 ibidem).

3) En la cláusula vigésima cuarta del contrato las partes acordaron que el contrato
se liquidaría “de común acuerdo (…), a más tardar dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalización del contrato, o a la expedición del acto administrativo que
ordene la terminación o a la fecha del acto que la disponga (…). Si EL
CONTRATISTA no concurriere a la liquidación o no allegare los documentos
requeridos, o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la
liquidación, esta será practicada directa y unilateralmente por EL
DEPARTAMENTO-VALORIZACIÓN y se adoptará por resolución motivada, contra
la cual procederá el recurso de reposición” (fl.s 3484 y 3485 cdno. no. 1).

4) El 9 de febrero de 1998 las partes acordaron suspender el plazo del contrato,
porque era necesaria su adición y “hasta tanto no se perfeccione la adición en valor”
(fl. 3507 ibidem) no podía continuarse con la ejecución, máxime si se tiene en cuenta
que el plazo general del contrato iba hasta el 3 de abril de 1998.

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
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5) El 1º de junio de 1998 se adicionó el contrato no. 96-CO-21-05 en $3.727`200.000
y en 6 meses el plazo de ejecución y se reanudó la ejecución del contrato, con una
redefinición del plazo hasta el 23 de enero de 1999.

6) El 15 de octubre de 1998 el Departamento de Antioquia manifestó adelantar las
gestiones necesarias para disponer del dinero para la continuación de la obra; sin
embargo, hasta tanto se lograra las partes convinieron lo siguiente:

“Suspender el plazo del contrato Nº 96-CO-21-005, para la ampliación,
rectificación y pavimentación de la carretera `Puente Gavino – Gómez
Plata – Carolina`, a partir del 15 de octubre de 1998, y hasta tanto no se
perfeccione la adición en valor.

Que el contratista podrá disponer de los recursos técnicos, humanos y
administrativos utilizados en la obra con un fin diferente a ésta en el
periodo de suspensión.

Que el Departamento De (sic) Antioquia – Valorización dará un tiempo
prudencial al Consorcio Constructor para su nueva instalación una vez
reanudado el plazo del contrato, en caso de ser necesario.

Para efectos específicos de esta suspensión, efectuada de común
acuerdo, no habrá motivo para reclamaciones posteriores” (fl. 3512 cdno.
no. 1).

7) El contrato se reanudó el 1 de julio de 1999; luego, el 19 de marzo de 1999 las
partes suscribieron el adicional al contrato no. 96-CO-21-052, con el fin de
acrecentar al valor del contrato la suma de $615`000.000 y alcance de obra al
mismo.

8) El 29 de julio de 1999 las partes suspendieron el contrato hasta el
perfeccionamiento de una nueva adición en valor y plazo, con la manifestación
expresa de que “[p]ara efectos específicos de esta suspensión, efectuada de común
acuerdo, no habrá motivo para reclamaciones posteriores” (fl. 3518 cdno. no. 1).

9) El 1º de septiembre las partes adicionaron el contrato no. 96-CO-21-05 en
$918.699.360 y en 3 meses el plazo del mismo, y el 6 de septiembre siguiente
reanudaron la ejecución del contrato.

10) Posteriormente, adicionaron únicamente el plazo en 22 y 45 días mediante
adicionales de 9 de diciembre de 1999 y 24 de noviembre de 2000.

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11) Las partes suspendieron nuevamente el contrato el 29 de diciembre de 1999,
hasta 8 de mayo de 2000.

12) El 4 de abril de 2000 las partes suscribieron el acta de acuerdo debido a que
para esa fecha el contratista había ejecutado la suma de $15.926`399.905 y se le
había pagado efectivamente la suma de $15.926`399.905, lo cual fue definido en
los siguientes términos:

“4. Que el contratista ha presentado a la fecha reclamaciones por la suma
total de $691.592.278,oo, mediante los escritos radicados con los
números 128673 y 134690, por concepto de cantidades que
sobrepasaron el 125% en la suma de $433.763.339 y por concepto de
intereses moratorios en la suma de $257.828.939,oo.

5. Que el Departamento de Antioquia-Valorización revisó las
reclamaciones y tuvo en cuenta los precios unitarios hasta el acta Nº 45,
considerando un porcentaje de administración real presentada por el
contratista del veintinueve por ciento (29%), generada durante la
ejecución del contrato y AIU del treinta y siete por ciento (37%), que se
aplicó a los ítems que sobrepasaron el 125%, obteniendo un resultado
actualizado a la fecha en favor del contratista por la suma de
$136.041.244,oo, y con respecto a los intereses de mora se consideró la
renuncia del contratista a los intereses generados por las actas que tenían
hasta 11 días de mora, según acta de acuerdo del 29 de marzo de 2000
suscrita entre las partes, obteniendo un valor total actualizado a la fecha
de $128.467.162,oo, obteniendo como resultado la suma de
“264.508.406.

6. Que en consecuencia con lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Adicionar el contrato Nº 96-CO-21-005, suscrito con el
Consorcio ConytracLtda – Cobaco Ltda en la suma de $4.568.951.315 y
prorrogar su plazo en siete (7) meses más.

SEGUNDO: Reconocer al contratista la suma de doscientos sesenta y
cuatro millones quinientos ocho mil cuatrocientos seis pesos
($264.508.406), por concepto de las reclamaciones presentadas a la
fecha relacionadas con el pago de intereses de mora generados a la fecha
de suscripción de la presente acta y por reconocimiento de las cantidades
que sobrepasaron el 125% (…).

QUINTO: Los precios unitarios de las cantidades a ejecutar en la adición,
tendrán un AIU del 39.68%, aplicado al costo directo de cada uno de los
ítems de la propuesta original”. (fls. 3553 y 3554 cdno. no. 1 – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).

13) Mediante oficios números 098478 de 25 de julio de 2001 y 158250 de 31 de
octubre de 2001 el Departamento de Antioquia negó el reconocimiento de mayor

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

permanencia, pago de imprevistos en obras extras, equipos y administración
disponibles durante las suspensiones, pues precisamente con el acuerdo de 4 de
abril de 2000 “se equilibró el contrato” (fl. 3531 ibidem).

14) Obra en el expediente un dictamen pericial financiero, el cual, luego de la
solicitud de aclaración y complementación, determinó que el valor total de la
reclamación de la parte actora correspondía a la suma total de $10.964.485.680,27
(fls. 3627 a 3657 y 3801 a 3814 cdno. no.1).

2.1 La caducidad de la acción

En un primer escenario, es preciso señalar que la figura de la caducidad es de orden
público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio
por el juez competente cuando la encuentre probada.

En relación con la oportunidad para el ejercicio de la acción de controversias
contractuales, en la que se ventilen las pretensiones encaminadas a la declaratoria
de incumplimiento se aplica lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo
136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

La normatividad en comento es del siguiente tenor:

“d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada
unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2)
años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la
administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes
al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto
del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción
para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de
liquidar” (resalta la Sala).

En el presente asunto, luego de las suspensiones y adiciones en valor y plazo, el
contrato culminó el 24 de enero de 2001, sin que a la fecha de presentación de la
demanda las partes hubieran acordado la liquidación bilateral del contrato o el
Departamento de Antioquia decidiera liquidarlo unilateralmente (tal como lo señaló
la parte actora en los numerales 34, 35 y 36 del acápite de los hechos de la
demanda).

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

En ese sentido, los seis (6) meses que las partes tenían para liquidar el contrato,
bilateral y unilateralmente, vencían el 25 de julio de 2001, por lo tanto los dos (2)
años a los que se refiere el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA para
ejercer oportunamente la acción de controversias contractuales terminaban el 26 de
julio de 2003, fecha para la cual la demanda ya había sido formulada.

Como la demanda fue presentada ante la secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia el 22 de mayo de 2003, lo fue dentro del término legalmente prestablecido
para el efecto.

Por lo anterior, la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia no resulta
conforme a derecho, por consiguiente será revocada.

En ese sentido, la Sala procede a resolver el fondo las súplicas elevadas con la
demanda1.

2.2 El incumplimiento del Departamento de Antioquia

El consorcio actor señala concretamente que el incumplimiento del Departamento
de Antioquia se centra en los siguientes aspectos:

a) No reconocer los imprevistos sobre las obras extras pactadas y legalizadas a
partir del acta 28 de julio de 1998,

b) No reconocer y pagar el costo del equipo cesante, de administración, mayor
permanencia en obra de los equipos y maquinaria en los que incurrió el consorcio
durante el tiempo de suspensión del contrato.

1
En el presenten asunto, el recurso contra la sentencia de primera instancia fue formulado el 13 de
agosto de 2013, fecha para la cual no había entrado en vigencia aún el Código General del Proceso,
motivo por el cual, la competencia de esta Corporación en este caso concreto se rige por lo dispuesto
en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, se tiene que, la sociedad actora
interpuso recurso de apelación con oposición únicamente frente a la decisión de declarar de oficio la
caducidad de la acción, pero, como para este caso particular la ley procesal aplicable es el Código
de Procedimiento Civil, el juzgador de segunda instancia “deberá proferir decisión de mérito aun
cuando fuere desfavorable al apelante”, pues, como consecuencia de la declaratoria de caducidad
el a quo se inhibió para resolver el fondo de la controversia.

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

c) No pagar al consorcio el valor de los ajustes convenidos por el monto de
$4`426.000 y no haber liquidado el contrato.

Por lo anterior, la Sala a continuación resolverá cada uno de los temas formulados,
en el mismo orden en que fueron propuestos.

2.2.1 Imprevistos en las obras extras

En cuanto a las obras extras en la cláusula décima primera del contrato no. 005-
DAV-96 se pactó:

“DÉCIMA PRIMERA: OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES. Son obras
adicionales cuya descripción figura en la lista de cantidades y
precios, pero exceden las allí previstas. Son obras extras, aquellas
que no figuran en la lista de cantidades y precios, pero que siendo
de la naturaleza de la obra contratada, su ejecución, se requiere para
la completa terminación, adecuado funcionamiento y entrega de la
obra.

EL DEPARTAMENTO – VALORIZACIÓN podrá ordenar obras extras y
adicionales, EL CONTRATISTA está obligado a ejecutarlas y a
suministrar los materiales necesarios, siempre y cuando los trabajos
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada o sean
necesarios para ejecutar esta obra o para protegerla. Toda obra extra o
adicional deberá ser ordenada por escrito por EL DEPARTAMENTO –
VALORIZACIÓN. Dicha orden deberá incluir el objeto del trabajo que se
va a realizar, así como su plazo de ejecución y forma de pago. Toda obra
adicional, se pagará de acuerdo con los precios unitarios
correspondientes y establecidos en la propuesta, teniendo en cuenta lo
dispuesto en la cláusula cuarta, y los reajustes estipulados en la cláusula
octava. Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que
convengan El Interventor y El CONTRATISTA, mediante actas de
precios no previstos que se someterán a aprobación del Director del
Departamento Administrativo de Valorización, basados en los
precios, rendimientos materiales, mano de obra, porcentajes de
administración y utilidad indicados por EL CONTRATISTA en su
análisis de precios unitarios presentados en la propuesta, y se
ajustarán de acuerdo con la fórmula estipulada en la cláusula octava;
si no llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios de
las obras extras, su pago se hará por su costo real directo, más el
porcentaje de la administración y utilidad indicado por EL
CONTRATISTA en el análisis de precios unitarios de su propuesta.”
(negrillas de la Sala).

De acuerdo con lo expresamente acordado por las partes en el texto del contrato
no. 005-DAV-96 el pago de las obras extras no incluía los imprevistos, las partes
convinieron una liquidación de mutuo acuerdo con el interventor sobre la base del
análisis de los precios unitarios de la oferta del contratista más el correspondiente

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia

porcentaje de administración y utilidad, pero, no se introdujo un reconocimiento
sobre imprevistos.

Incluso, si el interventor y contratista no llegaban a un acuerdo sobre el precio de
las obras extras, en el contrato se estableció que el pago se haría sobre el costo
real directo de la obra, con la inclusión del porcentaje correspondiente a la
administración y utilidad indicados en la propuesta del contratista.

Sobre este preciso punto resalta la Sala que se trata de un asunto de manejo y libre
disposición de las partes, ya que hace relación a una cláusula del contrato que el
contratista conoció desde el mismo momento en que presentó su propuesta y eligió
participar en la licitación pública que lo llevó a la suscripción del contrato no. 005-
DAV-96.

Conforme lo anterior, no procede la petición de incumplimiento en los términos
propuestos por el consorcio actor en contra del departamento de Antioquia en
cuanto tiene que ver con la falta de reconocimiento y pago del ítem de imprevistos
sobre las obras extras ejecutadas dentro del contrato.

2.2.2 Equipos y maquinaria cesantes y costos de administración por los
periodos de suspensión del contrato no. 005-DAV-96

La demanda aduce que los mayores costos por razón de la administración, los
equipos y maquinaria cesante durante los plazos de suspensión del contrato deben
ser resarcidos, pues, las suspensiones se dieron por falta de recursos del
Departamento de Antioquia para las adiciones y obras extras requeridas.

De acuerdo con lo acreditado en el expediente es claro que el contrato se suspendió
cuatro (4) veces y en todas, salvo en la primera, las partes expresamente
estipularon “[q]ue el contratista podrá disponer de los recursos técnicos, humanos y
administrativos utilizados en la obra con un fin diferente a ésta en el periodo de
suspensión (…)” y que “[p]ara efectos específicos de esta suspensión, efectuada de
común acuerdo, no habrá motivo para reclamaciones posteriores (…)” (fls. 3506 a
3526 cdno. no. 1).

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Apelación de sentencia

En el proceso está documentado que las suspensiones del contrato fueron suscritas
por las partes sin que en modo alguno el contratista hubiera dejado consignado en
tales documentos su inconformidad sobre tales decisiones.

Adicionalmente, con el acta de acuerdo suscrita por las partes el 4 de abril de 2000,
se zanjó la discusión respecto de las reclamaciones sobre mayores cantidades de
obra, equipo y maquinaria cesante, y mayores costos de administración durante los
tiempos de suspensión del contrato, documento contractual este sobre el que
tampoco el contratista consignó inconformidad o salvedad alguna.

Al respecto, se pone de presente que la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación ha reiterado la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente
a las reclamaciones que surjan por cuenta de la ejecución de los negocios.

En síntesis la tesis reiterada señala2:

“(…) el principio de la buena fe en cuanto tal es una fuente de derecho
que cumple la función de integrar o suplir lagunas de todo el ordenamiento
jurídico, y el ámbito la contratación pública no es la excepción. Así las
cosas, el silencio que guardó la contratista demandante al momento
de suscribir los adicionales, respecto de las reclamaciones que
había hecho; en contraste con las reclamaciones inmersas en las
pretensiones de la demanda, constituye una vulneración al principio
de la buena fe objetiva que rige los contratos. (...) Como Corolario la
Sala determina que las pretensiones de la demanda están llamadas al
fracaso, por cuanto si se le causó un daño al contratista este fue producto
de su propia conducta, porque al suscribir varios negocios jurídicos
(contratos adicionales), sin salvedades en el momento de firmarlos;
aceptó que estos reunían las condiciones necesarias para satisfacer sus
pretensiones económicas al no dejar reclamaciones o salvedades
fundadas en la alteración del equilibrio económico, ya que de no haber
sido así, simplemente no los habrían suscrito. Por lo tanto, no puede venir
ahora en esta instancia a alegar un restablecimiento de la ecuación
contractual y del equilibrio económico por ser extemporánea,
improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe
contractual”3 (negrillas fuera del texto original).

2 Sentencia de la Sección Tercera de la Subsección B del Consejo de Estado de 7 de septiembre de

2020 MP Alberto Montaña Plata expediente número 2012-00145-01(55204).
3 Sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 27 de enero de

2016 con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa en el expediente no. 25000-23-26-
000-2011-01069-01 (53288).

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Controversias contractuales
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En esa perspectiva, es claro entonces que el comportamiento de las partes durante
la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de sus
pedimentos en el escenario judicial.

El contrato no. 005-DAV-96 no fue liquidado entre las partes ni de manera unilateral,
por lo que el balance general de las obligaciones está puesto de presente con el
material probatorio que conforma el expediente, de lo cual sobresalen los
documentos aportados por ambas partes y el dictamen pericial financiero
practicado, aspecto sobre el cual la Sala se pronunciará más adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, al expediente fueron allegados los documentos
contractuales contentivos del cruce de comunicaciones entre las partes durante la
ejecución del contrato, así como los otrosí, adicionales y suspensiones realizadas,
documentación toda esta que acredita precisamente los inconvenientes iniciales y
que sustentaron la necesidad de suspensión del contrato en cuatro distintas
oportunidades.

Así entonces, está probado precisamente que para evitar retrasos, dilaciones y
pérdidas económicas por cuenta de los retrasos del departamento en el
cumplimiento de algunas de sus obligaciones es que las partes suscribieron las
cuatro suspensiones al contrato, situación que, se insiste, se zanjó entre las partes
con al acuerdo de 4 de abril de 2000 en el que se adicionó el contrato en la suma
de $4.568.951.315, se prorrogó el plazo general del mismo y se reconoció al
contratista la suma de $264.508.406 por concepto de las reclamaciones.

Adicionalmente, resalta la Sala que, si bien con la primera suspensión del contrato
no. 005-DAV-96 de 9 de febrero de 1998 las partes no manifestaron nada en
relación con la renuncia expresa a reclamaciones posteriores por motivo de la
suspensión, así como tampoco se señaló en favor del contratista la libertad de uso
de la maquinaria y equipo durante el plazo cesante, lo cierto es que el consorcio
actor no probó en el proceso que precisamente entre el 9 de febrero y 1º de junio
de 1998 tal suspensión le generó daños económicos resarcibles por concepto de su
maquinaria, equipos y administración cesante, lo cual no es posible tener por
acreditado con la copia de los balances económicos del contratista, documentos
que sirvieron de base para el análisis del dictamen financiero.

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Apelación de sentencia

En ese sentido, para la Sala no existe sustento alguno que permita demostrar que
el Departamento de Antioquia incumplió sus obligaciones por la falta de
reconocimiento y pago de las reclamaciones presentadas durante la ejecución del
contrato por motivo de unos supuestos mayores costos de maquinaria, equipos y
administración durante las suspensiones del contrato, pues, de una parte se
acreditó que las partes pactaron en las suspensiones no presentar reclamaciones
futuras por tales eventos y, de otra parte, acordaron zanjar tales reclamaciones con
el reconocimiento de mayor valor y plazo en favor del contratista, así como un
reconocimiento expreso en dinero por cuenta de las reclamaciones de este, razón
por la cual esta precisa petición no tiene vocación de prosperidad.

2.2.3 Valoración del dictamen pericial

El consorcio CONYTRAC SA – COBACO SA en condición de parte actora solicitó
la práctica de un peritaje financiero para establecer lo siguiente en relación con los
perjuicios reclamados con la demanda:

“. El lucro cesante y el daño emergente correspondiente al equipo en que
incurrió el Consorcio Conytrac-Cobaco durante el tiempo en que estuvo
suspendido el contrato.

. El lucro cesante y el daño emergente correspondiente a los gastos
administrativos en que incurrió el Consorcio Conytrac-Cobaco durante el
tiempo en que estuvo suspendido el contrato.

. El lucro cesante y daño emergente correspondiente a la planta
trituradora, a la planta de asfalto y al equipo de riego y compactación por
la mayor permanencia en obra.

. Determinar el valor de los imprevistos respecto a las obras extras.
. Verifique el no pago hasta la fecha de la suma de el saldo de
$4.426.000.00 correspondiente al Acta No. 58B por ajustes la cual fue
presentada al Departamento de Antioquia para su pago en fecha el 23 de
mayo de 2001.

. Actualizar las anteriores sumas desde las fechas en que se causaron
hasta la fecha de rendir la correspondiente experticia y liquiden los
intereses moratorios o en su defecto a la luz de ley 598 de 2000 el
equivalente al DTF sobre las mismas sumas”. (fl. 3438 cdno. no. 1).

Al respecto, la Sala precisa que el perito se centró únicamente en los “balances de
prueba” de las empresas que conformaban el consorcio durante los periodos de
suspensión del 9 de febrero de 1998 al 1º de junio de 1998, 15 de octubre de 1998
al 23 de marzo de 1999, 29 de junio de 1999 al 6 de septiembre de 1999 y de 29 de

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Apelación de sentencia

diciembre de 1999 al 7 de mayo de 2000, sin que en modo alguno se pudiera
establecer con certeza si durante tales tiempos efectivamente se hubiera incurrido
en los costos que ahora reclama la parte actora del proceso.

Es preciso llamar la atención en el cálculo del daño emergente que realizó el
dictamen, pues parte de los equipos registrados y personal dispuesto para ellos en
la contabilidad, sin si quiera analizar si esos gastos que registraron fueron causados
como consecuencia de tales suspensiones, máxime si se tiene en cuenta que
desarrolla una operación matemática que toma como daño emergente el costo de
propiedad sobre tales equipos, el cual define como “toda erogación continua, por
concepto de depreciación, intereses, seguros, estacionamiento y bodegaje, factores
que afectan un gasto para la empresa” (fl. 3638 cdno. no. 1)..

Al peritaje no se aportaron como anexos los soportes contables y documentes que
dieran certeza sobre los valores allí tomados, así como tampoco se allegaron las
facturas o cuentas de cobro con las que se pudiera establecer que durante las
referidas suspensiones del contrato se generaron costos de maquinaria o
administración adicionales o superiores.

Sobre ese particular, en relación con la pertinencia y alcance de la prueba pericial
esta Corporación ha señalado la siguiente directriz:

“En criterio de la jurisprudencia, el contador público –quien ejerce la
ciencia de la contabilidad– concentra sus funciones en asesorar y
colaborar a los particulares obligados a llevar el registro pormenorizado
de sus actividades así como una relación de sus estados financieros.
Luego, en el ámbito de la comprobación de la ruptura de la ecuación
contractual, las pruebas técnicas contables en las que intervienen
estos profesionales se dirigen a demostrar la gravedad y el impacto
que el desarrollo del contrato tuvo para las finanzas internas del
extremo que alega el desequilibrio en su contra, siendo pertinente
para evidenciar el grado de afectación que tuvo, en sus intereses
jurídicamente tutelados, la ejecución excesivamente gravosa de los
compromisos contractuales. En otras palabras, la prueba pericial
contable se encamina a acreditar el daño contractual.

Empero, el dictamen contable de la parte que alega el desequilibrio
no puede ser tomado como prueba directa ni exclusiva de los
sobrecostos de la obra. En sintonía con lo anteriormente expuesto, la
reparación del desequilibrio financiero del contrato, cualquiera sea
su motivo, exige probar que los valores suplicados fueron
efectivamente invertidos en la confección de la obra, en cada uno de
los ítems y cantidades de obra que se reclaman, en la construcción

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia

que constituyó el objeto contractual. Así las cosas, la prueba pericial
contable podrá dar cuenta de la trascendencia perjudicial que tuvo
el desarrollo del contrato en el desempeño económico interior del
contratista, pero no necesariamente dará cuenta, por sí sola, de la
inversión real y efectiva de las sumas denunciadas como
sobrecostos en los trabajos contratados, ya que un ejercicio
contable que arroje pérdidas del particular contratista no
necesariamente tiene relación o nexo con la ejecución del contrato
supuestamente desbalanceado.”4 (negrillas de la Sala).

Revisados las conclusiones y resultados a los que llegó el perito no es posible de
modo cierto, necesario e inequívoco establecer sí ese daño emergente y lucro
cesante por razón de los costos de obra, administración y equipos fueron realmente
destinados al cumplimiento del objeto contratado por el Departamento de Antioquia,
así como tampoco puede acreditarse que son consecuencia directa de las referidas
suspensiones del contrato que se comenta.

2.2.4 Falta de pago de los ajustes convenidos y liquidación del contrato

En el relato de hechos presentado por la parte actora en la demanda,
específicamente en el numeral 35, esta puso de presente lo siguiente en relación
con este punto de la controversia:

“35. Por oficio de fecha 20 de junio de 2001 radicado con el No 080185 el
Consorcio devolvió el acta de recibo de obras firmada aduciendo además
asuntos con relación a la póliza de estabilidad, devolviendo además el
Acta de liquidación del contrato sin firmar en razón a no haberse a dicha
fecha definido los valores reclamados.

En dicha acta de liquidación consta adeudar el Departamento al
Consorcio la suma de $4.426.000.00 correspondiente al Acta No. 58B por
ajustes la cual fue presentada al Departamento de Antioquia para su pago
en fecha el 23 de mayo de 2001. Por oficio Nº 136391 de fecha 25 de
septiembre de 2001 el Consorcio reclamó su pago al Director de
Valorización del Departamento de Antioquia.

Respecto a la póliza de estabilidad el Departamento contestó con el oficio
de fecha 5 de julio de 2001 No 087979” (fl. 3423 cdno. no. 1).

El Departamento de Antioquia en la oportunidad procesal correspondiente se opuso
a las pretensiones de la demanda, y en cuanto al hecho 35 en comento señaló “Es
cierto” (fl. 3460 ibidem), sin hacer pronunciamiento ni análisis alguno al respecto.

4 Sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 13 de agosto de

2013 con ponencia del Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas en el expediente 2008-00453-01 (51.833)

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia

En cuanto a la forma de pago, las partes acordaron expresamente en la cláusula
séptima del contrato no. 005-DAV-96 lo siguiente:

“SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. Dentro de los diez (10) primeros días
calendario de cada mes siguiente al de la iniciación de los trabajos, El
Interventor hará los recibos de obra ejecutada a satisfacción de EL
DEPARTAMENTO – VALORIZACIÓN en el mes anterior y procederá
con EL CONTRATISTA a efectuar las liquidaciones correspondientes
por medio de actas, las cuales serán canceladas por intermedio de
la caja de Valorización Departamental, dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes, precio el pago de estampilla, ajustándolo al
múltiplo superior de diez pesos ($10.00), cuando a ello hubiere lugar. (…)

Parágrafo 2o.: La última acta de recibo de obra, ejecutada se
incorporará al acta de liquidación del contrato y el saldo crédito o
débito, se cubrirán conforme a los dispuesto, en el acta de
liquidación. Si por razones no imputables a EL CONTRATISTA, la
liquidación del contrato se demorare más de dos (2) meses,
contados a partir de la fecha en que se haya hecho entrega de todos
los documentos necesarios, EL DEPARTAMENTO – VALORIZACIÓN
cancelará el valor de la última acta. El valor de esta acta no podrá ser
inferior al uno por ciento (1%) del valor total del contrato (…)” (negrillas
adicionales).

Revisado el expediente, en particular los folios 1449 y 1450 del cuaderno no. 20,
consta que el consorcio demandante allegó una copia simple de la factura no. 152
de 21 de mayo de 2001 sin que sobre la misma se evidencie sello de recibido por
parte del Departamento de Antioquia o número de radicación de la misma.

De igual manera, en los folios 1523 a 1525 del cuaderno número 24 del expediente
obra una copia simple del acta de recibo de obra del contrato, documento en el que
las partes consignaron el siguiente acuerdo:

“Que las obras de Ampliación de la carretera Puente Gavino – Gómez
Plata – Carolina fueron ejecutadas a cabalidad y acorde con lo estipulado
en el pliego de condiciones, al manual de contratos de la Secretaría de
Obras Públicas (Decreto 1231 de 1976), a las Normas Generales para la
Construcción de Pavimentos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
a las Especificaciones Generales de Construcción del Ministerio de Obras
Públicas y Transporte.
Por lo tanto las partes,

ACUERDAN

Recibir las obras del contrato no 96-CO-21-005 de la Ampliación de
la carretera Puente Gavino – Gómez Plata – Carolina, quedando
pendiente realizar las reparaciones ordenadas por la interventoría y

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Apelación de sentencia

contenidas en el informe final de obras, antes de la liquidación del
contrato (…)”. (fl. 1525 cdno. no. 24 - Resalta la Sala).

En efecto, la Sala encuentra que la obligación de pago que el consorcio actor aduce
en la demanda como pendiente, correspondiente al saldo de ajustes del acta no.
58B por la suma de $4.426.000 no es exigible, pues, según lo acordado en la
cláusula séptima del contrato los pagos se realizaban previa elaboración de la
correspondiente acta de recibo de obra, liquidación que sobre la misma realizaba el
contratista y la constancia del pago de los impuestos.

Ahora bien, en el presente asunto se hace referencia al último pago, y en cuanto al
trámite de pago para esta última acta expresamente el parágrafo segundo de la
cláusula séptima en comento determina que esa última acta de pago se adjuntaba
a la liquidación del contrato, y si no se lograba la liquidación del contrato el
departamento procedía con el pago del acta.

Sin perjuicio de lo anterior, al expediente no se aportó el acta de recibo de las obras
que se dejaron como pendientes en el acta de recibo final de la obra, documento en
el que además las partes señalaron que tales conclusiones debían realizarse
previamente a la liquidación del contrato.

En tales condiciones, con lo allegado al expediente la Sala no obtiene la certeza de
la existencia y exigibilidad de la obligación, pues, las partes en el contrato
establecieron que se requerían una serie de actas, liquidaciones y constancias con
las que no está acreditado el cumplimiento de la condición de la obligación de pago5.

Es preciso anotar además que las facturas de cobro aportadas al expediente omiten
la firma de quien las expide, constancia de recibido por parte de la entidad
demandada, en este caso, el Departamento de Antioquia, situación esta que hace
imposible determinar si tales facturas en efecto fueron radicadas a órdenes del
departamento o no.

De otra parte, en cuanto al supuesto incumplimiento del departamento de liquidar el
contrato, muy contrario a lo expuesto en las pretensiones de la demanda, el propio

5 Al respecto puede consultarse el auto de la Sección Tercera de esta Corporación del 24 de enero

de 2007 expediente con radicación no. 28.755, MP Ruth Stella Correa Palacio.

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consorcio actor en la enunciación de los hechos relata que el departamento elaboró
y presentó a este la correspondiente liquidación del contrato, solo que el contratista
la devolvió por no incluir en ese proyecto de liquidación los reclamos por mayores
valores.
Sobre ese aspecto de la controversia en los folios 1528 a 1530 del cuaderno no. 24
obra en copia simple un proyecto de liquidación bilateral en el que las partes se
declaraban a paz y salvo, y como resultado del balance general del contrato
quedaba un saldo en favor del contratista por el valor de $4.426.000
correspondiente a los ajustes pendientes.

En ese sentido, para la Sala es claro que el departamento demandado no incumplió
su obligación de liquidación del contrato, solo que el contratista no estuvo de
acuerdo y se negó a su suscripción.

Por lo anterior, carece de fundamento la petición de pago por cuenta del ajuste del
acta no. 58B y declaratoria de incumplimiento del Departamento de Antioquia por la
supuesta falta de liquidación del contrato, por consiguiente tales pretensiones se
negarán.

2.3 La ruptura del equilibrio económico

Esta corporación en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de establecer las
diferencias entre los incumplimientos contractuales y los eventos de ruptura del
equilibrio económico, como se trascribe a continuación:

“La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido, de tiempo
atrás, las teorías desarrolladas por la doctrina foránea en torno a las
fuentes que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico –
financiero del contrato estatal, señalando que dicho equilibrio puede
verse alterado por actos y hechos de la administración o por factores
externos o extraños a las partes involucradas en la relación
contractual. A los primeros se les denomina “hecho del príncipe” y
“potestas ius variandi” (álea administrativa), mientras que a los supuestos
que emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la
denominada “teoría de la imprevisión” y, paralelamente, en la “teoría de la
previsibilidad”. Lo anterior permite deducir, con absoluta claridad, que
ese equilibrio puede verse alterado por el ejercicio del poder, dentro
del marco de la legalidad, o por situaciones ajenas a las partes, que
hacen más o menos gravosa la prestación, pero en ningún caso tiene
lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del
contrato, es decir, por el incumplimiento contractual.

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Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
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Apelación de sentencia

La fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento del
sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, según
el caso.

El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el
comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, el cual asume un
proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato
y, como efecto principal, causa con ello un daño antijurídico a la parte
contraria que, desde luego, no está en la obligación de soportar.

El incumplimiento da derecho, en algunos casos, a la ejecución
forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos
supuestos, a la reparación integral de los perjuicios que provengan
del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido,
tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como
extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso,
tal como lo disponen el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el
incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos
1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446
de 1998.” (negrillas adicionales).6

De acuerdo con la sentencia antes citada, cuando el hecho se refiere a desequilibrio
económico del contrato ello es por cuenta de actos de la administración, por
fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales, pero, no
como consecuencia del incumplimiento de una de las partes, pues, tratándose de
incumplimientos contractuales el legislador con las estipulaciones previstas en el
Código Civil, concretamente en los artículos 1546 y 1613 a 1616, determinó que el
camino está en dos decisiones a tomar ya sea persiguiendo el cumplimiento de la
obligación o la rescisión del negocio jurídico, ambas con sus correspondientes
indemnizaciones.

En relación entonces con tal hipótesis es claro que, contrario a lo precisado por la
jurisprudencia de esta Corporación, en este asunto el apelante insiste en la
declaratoria de desequilibrio económico del contrato por motivo de unos supuestos
incumplimientos endilgados como responsabilidad del Departamento de Antioquia,
que, como ya se estableció en los acápites anteriores, no se acreditó incumplimiento
alguno, por consiguiente estas pretensiones de desequilibrio económico formuladas
por el consorcio actor tampoco tienen vocación de prosperidad y serán denegadas.

6 Sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 26 de febrero de

2014 con ponencia del Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera en el expediente 1999-00522-01
(24.169).

24
Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

3. Conclusiones

Para la Sala es claro que la demanda fue formulada sobre la base de un supuesto
incumplimiento por parte del Departamento de Antioquia en calidad de entidad
contratante, sin que en modo alguno se lograra demostrar que las consecuencias
económicas negativas, al parecer ocurridas en contra del contratista, fueron
causadas por cuenta de las suspensiones del contrato.

Ahora bien, en relación con las suspensiones del contrato es evidente que las cuatro
se dieron antes de la suscripción del acuerdo de 4 de abril de 2000, adecuaciones
contractuales que las partes de mutuo acuerdo pactaron con el objeto de superar
los inconvenientes de orden económico presentados en la ejecución del contrato.

Según lo demostrado en el proceso no existe prueba alguna que permita declarar
el incumplimiento del Departamento de Antioquia, así como tampoco que con la
decisión conjunta de las partes de suspender el contrato se hubiera generado en
cabeza del demandante contratista un desequilibrio económico, en consecuencia la
Sala negará las pretensiones de declaración de incumplimiento y restablecimiento
formuladas con la demanda.

En consonancia con lo expuesto, como el consorcio Conytrac – Cobaco, en la
condición de apelante, logró acreditar que la demanda fue presentada en tiempo, la
Sala revocará la sentencia apelada mediante la cual se declaró probada la
excepción de caducidad de la acción, para en su lugar denegar las súplicas de la
demanda.

4. Condena en costas

Por último, no habrá de condenarse en costas a la actora porque no está probada
en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la
regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de 1998
para tal decisión.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,

25
Expediente no. 05001-23-31-000-2003-01625-01 (54.266)
Actor: Conytrac SA Y Cobaco SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1º) Revócase la sentencia de 8 de julio de 2013 proferida por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone lo
siguiente:

“PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente”.

2º) Abstiénese de condenar en costas.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Sala de decisión en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo
2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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