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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-01683-01

Fecha
19 de octubre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-01683-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 26 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2003-01683-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

19 de octubre de 2022

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros
Demandados: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército y Policía Nacional y
otros

Tema: Responsabilidad del Estado por acto terrorista. Se confirma la
decisión que negó las pretensiones de la demanda porque la
explosión del <<carro bomba>> que generó la muerte y lesiones de
los familiares de los demandantes no es imputable a las autoridades
públicas.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 26 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de las demandas acumuladas1.

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de
acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que establece
que esta Corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos. El Tribunal Administrativo de
Antioquia conoció del proceso acumulado en primera instancia en virtud de la
cuantía estimada en las demandas, según el numeral 6 del artículo 132 del mismo
código.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 17 de octubre de 20122. El
1° de noviembre de 2012 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto3. El Ministerio del Interior4 y el

1 Mediante auto del 18 de enero de 2005 se acumularon los procesos (fls. 289-292 cd 1)
2 Fl. 739 c.6
3 Fl. 741 c.6
4 Fls. 742-744 c.6

1

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

Instituto Nacional de Vías (en adelante INVÍAS) 5 presentaron alegatos. El
Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar la decisión de primera
instancia6.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de los demandantes

1.- Las demandas acumuladas que dieron origen al proceso fueron presentadas
el 11 de diciembre de 2003 por las víctimas directas lesionadas y sus familiares,
y por los familiares de varias personas fallecidas. Se dirigieron contra el Ministerio
de Defensa – Ejército y Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia y el
INVÍAS, para obtener la indemnización de perjuicios por la muerte y lesiones
causadas a sus familiares como consecuencia de la explosión de un camión que
contenía 80 kilos de Indugel, ocurrida el 27 de abril de 2002 en el túnel de Guarne,
ubicado en la carretera que comunica a Medellín con los municipios del Oriente
antioqueño y que cubre la ruta de Medellín hacia Bogotá.

2.- En las demandas, se formularon las siguientes pretensiones:

Juliana Vanegas Piedrahita y otros (proceso 2004-00190)

PRETENSIONES

<<1. DECLÁRESE: Que la Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa,
Ejército Nacional, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS), son
administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios
ocasionados a los demandantes JULIA VANEGAS PIEDRAHITA, GILBERTO
PIEDRAHITA LÓPEZ, AURA CECILIA VILLEGAS JARAMILLO, DIEGO
GILBERTO, JOHN MARIO, ANGELICA MARÍA y MARÍA PATRICIA PIEDRAHITA
VILLEGAS, con la muerte de su señora madre, hija y hermana RUTH ELENA
PIEDRAHITA VILLEGAS, como consecuencia directa del atentado terrorista
perpetrado por grupos subversivos al margen de la ley contra el túnel de la
autopista Medellín-Bogotá, ubicado a la altura del municipio de Guarne Antioquia
el día 27 de abril de 2002.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación la
Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS), a indemnizar a los
demandantes, estos perjuicios:
(…)>>

Luz Mary Cardona y otros (2003-01683-01)

5 Fls. 745-747 c.6
6 Fls. 749-760 c.6

2

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

<<PRETENSIONES

(a) Primer grupo familiar:
1.a. DECLÁRESE: Que la Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa,
Ejército Nacional, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), son
administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y
perjuicios ocasionados a los demandantes LUZ MARY CARDONA MONTAÑA,
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CARDONA, MARIA CAMILA ARROYAVE
CARDONA, WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA, ANDRES
RODRÍGUEZ HERRERA, LUIS DARÍO RODRÍGUEZ ZAPATA y MARÍA ISAVEL
AGUDELO GRAJALES, con la muerte de su esposo, padre, padre de crianza, hijo,
hermano y nieto ALEXANDER RODRÍGUEZ HERRERA, como consecuencia
directa del atentado terrorista perpetrado por grupos subversivos al margen de la
ley contra el túnel de la autopista Medellín-Bogotá, ubicado a la altura del municipio
de Guarne Antioquia el día 27 de abril de 2002.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación la
Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), a indemnizar a los
demandantes, estos perjuicios:
(…)

(b) Segundo grupo familiar:

DECLÁRESE: Que la Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa,
Ejército Nacional, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), son
administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y
perjuicios ocasionados a los demandantes LUZ MARY CARDONA MONTAÑA,
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CARDONA, MARIA CAMILA ARROYAVE
CARDONA, GLORIA OFELIA MONTOYA ORTIZ, JUAN PABLO CARDONA
MONTOYA, GLORIA STELLA CARDONA, ANGELA MARIA CARDONA, CARLOS
ALBERTO CARDONA, CARMEN ELISA CARDONA y JOSÉ IGNACIO CARDONA
MONTOYA, con las lesiones sufridas por la señora LUZ MARY CARDONA
MONTAÑA, madre del segundo y tercera, hija de la cuarta y hermana de los
restantes, como consecuencia directa del atentado terrorista perpetrado por
grupos subversivos al margen de la ley contra el túnel de la autopista Medellín-
Bogotá, ubicado a la altura del municipio de Guarne Antioquia el día 27 de abril de
2002.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación la
Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), a indemnizar a los
demandantes, estos perjuicios:
(…)

(c) Tercer grupo familiar:

1.c. DECLÁRESE: Que la Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa,
Ejército Nacional, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), son
administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y
perjuicios ocasionados a los demandantes JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
CARDONA, LUZ MARY CARDONA MONTAÑA, MARIA CAMILA ARROYAVE
CARDONA, WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ, MARIANA HERRERA QUIROZ y

3

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

GLORIA OFELIA MONTOYA ORTIZ con las graves lesiones padecidas por JOSÉ
MANUEL RODRÍGUEZ CARDONA, hijo de la segunda, hermano de la tercera y
nieto de los restantes, como consecuencia directa del atentado terrorista
perpetrado por grupos subversivos al margen de la ley contra el túnel de la
autopista Medellín-Bogotá, ubicado a la altura del municipio de Guarne Antioquia
el día 27 de abril de 2002.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación la
Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), a indemnizar a los
demandantes, estos perjuicios:
(…)

(d) Cuarto grupo familiar:

1.d. DECLÁRESE: Que la Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa,
Ejército Nacional, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), son
administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y
perjuicios ocasionados a los demandantes GLADYS PATRICIA BALBÍN
RESTREPO, CAROLINA CHAPARRO BALBÍN y ALEJANDRO CHAPARRO
BALBÍN con muerte de su compañero permanente y padre GUILLERMO
CHAPARRO AGUILAR, como consecuencia directa del atentado terrorista
perpetrado por grupos subversivos al margen de la ley contra el túnel de la
autopista Medellín-Bogotá, ubicado a la altura del municipio de Guarne Antioquia
el día 27 de abril de 2002.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación la
Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), a indemnizar a los
demandantes, estos perjuicios:
(…)

(e) Quinto grupo familiar:

1.e. DECLÁRESE: Que la Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa,
Ejército Nacional, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), son
administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y
perjuicios ocasionados a los demandantes LUZ DIANA CALDERÓN LÓPEZ,
GALDIS JANETH LÓPEZ MONTOYA, JHON JAMES ZAPATA MONTOYA,
GABRIEL ANGEL MONTOYA, FABIO DE JESÚS CALDERÓN VALENCIA y LUZ
ANGELA LÓPEZ CALDERÓN con muerte de su esposo, hermano y yerno
protector ROMEL ALBEIRO LÓPEZ MONTOYA, como consecuencia directa del
atentado terrorista perpetrado por grupos subversivos al margen de la ley contra
el túnel de la autopista Medellín-Bogotá, ubicado a la altura del municipio de
Guarne Antioquia el día 27 de abril de 2002.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación la
Nación Colombiana (Ministerio del Interior y Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS), a indemnizar a los
demandantes, estos perjuicios:
(…)>>

4

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

3.- Las pretensiones de las demandas se fundaron en las siguientes afirmaciones
comunes:

3.1.- El acto terrorista se produjo en respuesta a la ruptura del proceso de paz
entre el Estado y el grupo insurgente de las FARC e hizo parte de un plan contra
la infraestructura vial del país para desestabilizar al Estado. En concepto de los
demandantes, el túnel de Guarne está ubicado en una vía de gran importancia
porque comunica a Medellín con los municipios del Oriente antioqueño y está
ubicado en la ruta que comunica a Medellín con Bogotá.

3.2.- Los demandantes afirmaron que las autoridades sabían que las FARC
atacarían puentes y vías del país como retaliación a la ruptura del proceso de paz.

3.3.- El 27 de abril de 2002 las víctimas heridas y fallecidas transitaban por la vía
que comunica a Medellín con Bogotá. Cuando pasaban por la entrada del túnel de
Guarne explotó un camión cargado de Indugel y ocasionó la muerte a varios de
los familiares de los demandantes, y a otros les causó heridas de gravedad.

3.4.- La explosión se pudo llevar a cabo por la falta de seguridad en la vía y la
omisión de las autoridades en brindar protección a la infraestructura vial.

3.5.- Durante el 2002 se presentaron otros hechos como este, dirigidos contra la
infraestructura vial del Oriente antioqueño. Las vías de esa zona fueron objetivos
militares de los alzados en armas, que procuraban incomunicar poblaciones en las
que consideraban no tener apoyo o en las que había mayor presencia de la
<<facción contraria>>. Entre la serie de ataques dinamiteros presentados en 2002,
los demandantes mencionaron los siguientes: (i) el 20 de febrero, las FARC
destruyeron el puente <<Danticas>>, en la vía San Rafael–San Carlos, hecho que
provocó que una ambulancia cayera al abismo, junto con su ocupantes; (ii) el 6 de
marzo, guerrilleros del ELN dinamitaron el puente <<La Granja>> en la vía que
conduce de Medellín a Bogotá, jurisdicción de Cocorná; (iii) el 8 de marzo las
FARC destruyeron el puente <<El Bizcocho>>, situado en la vía Guatapé–San
Rafael; (iv) el 12 de marzo, un grupo armado dinamitó el puente <<Puerto
Nuevo>> en la vía San Carlos–San Rafael; (v) el 21 de abril los insurgentes
dinamitaron el puente <<Palomas>>, en la carretera Sonsón– Argelia; (vi) el 24
de abril, las Farc destruyeron el puente sobre el río <<Tasajo>> y aislaron el
municipio de Sonsón; (vii) el 25 de abril también dinamitaron el puente sobre la
quebrada <<La Linda>> y dejaron incomunicada a la población de Nariño.

B.- Posición de la parte demandada

5

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

4.- Los demandados Ministerio del Interior y Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional y el INVÍAS se opusieron a las pretensiones formuladas en las
demandas. Los argumentos presentados en cada uno de los procesos se pueden
organizar de forma conjunta de la siguiente manera:

4.1.- Ministerio de Defensa–Ejército y Policía Nacional

4.1.1.- A su juicio, el hecho fue cometido por un tercero. Adicionalmente, el
atentado terrorista constituyó una fuerza mayor debido a que fue imprevisible e
irresistible.

4.1.2.- Propusieron la causal exonerativa de hecho de un tercero porque los
perjuicios sufridos por los demandantes fueron causados por un acto irracional de
personas al margen de la ley, lo que impide derivar responsabilidad estatal por los
hechos objeto de demanda.

4.2.- El INVÍAS

Propuso las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
dentro de sus atribuciones no está contemplada la de prestar seguridad; sus
servicios son de mantenimiento, señalización y conservación de la vía; (ii)
inexistencia de nexo causal, y (iii) hecho de un tercero, por cuanto el atentado
terrorista fue causado por un grupo subversivo.

4.3.- Ministerio del Interior y de Justicia

4.3.1.- Propuso las excepciones (i) falta de legitimación en la causa por pasiva
porque dentro de sus funciones no está la de mantener el orden público; esa es
una competencia del Ministerio de Defensa, y (ii) el hecho de un tercero, porque
el atentado terrorista correspondió a una actuación imprevisible para el Estado.

4.3.2.- Manifestó que ante estos hechos demenciales no existe Estado en el
mundo que haya logrado controlar estas manifestaciones. Si ello fuera posible,
estaríamos en un Estado ideal, en el que no existiría espacio para estas
manifestaciones humanas contrarias a la ley. Se puede predicar que sí era
previsible, pero no era posible establecer de manera inequívoca el lugar, el día y
la hora en que estos hechos se iban a producir. Es imposible controlar metro a
metro y persona por persona la seguridad y tranquilidad pública.

C.- Sentencia recurrida

6

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

5.- El 26 de abril de 2012 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda porque consideró que la muerte de las víctimas y las
lesiones causadas a los sobrevivientes se debieron a un artefacto que estalló
cuando las víctimas pasaban por el túnel; sin embargo, no existe prueba que
acredite o haga suponer la existencia de amenazas contra personas o entidades
que, en particular, debieran ser protegidas por el Estado, o que pudieran calificarse
como objetivo militar por parte de grupos al margen de la ley, de suerte que su
sola existencia pudiera poner en situación especial de riesgo a la población.

5.1.- Tampoco se encuentra demostrado que las demandadas hubieran omitido el
deber legal de proteger a las víctimas, teniendo en cuenta, claro está, que un
atentado terrorista indiscriminado como el perpetrado en este caso contra la
población civil resulta imprevisible; es decir, no se demostró que el acto terrorista
que originó la muerte y lesiones a los familiares de los demandantes se debiera a
una falla del servicio de las entidades demandadas, pues se trató de un acto
terrorista indiscriminado contra la población civil, cuyo propósito fue la alteración
del orden público. Por esta razón, el daño que sufrieron los actores no le es
imputable a las demandadas, como quiera que el hecho es atribuible a un tercero,
y este resulta extraño a la acción u omisión de la Administración.

5.2.- Además, no está probado que el atentado terrorista estuviera dirigido contra
un objetivo militar determinado, el cual por sí solo, hubiera puesto en riesgo a la
población. Si bien todos estamos sujetos a un riesgo igual, su existencia por sí
sola no resulta suficiente para que el daño se pueda imputar a los organismos
estatales.

5.3.- Por último, el tribunal no tuvo en cuenta la copia del expediente del proceso
penal cuya investigación se adelanta por la explosión ocurrida el 27 de abril de
2002, porque tales documentos <<fueron remitidos por la Fiscalía Décima Delega
ante los Jueces Penales del Circuito Especializado y las entidades demandadas
no se adhirieron a ella, ni se dispuso un traslado especial>>.

D.- Recurso de apelación

6.- La parte demandante no comparte la decisión del tribunal e insiste en que
existió una conducta omisiva del Estado frente a la sociedad civil, pues al Estado
le corresponde velar por la vida, bienes y honra de sus ciudadanos.

6.1.- Censura que no se hubiera valorado la prueba documental trasladada que
corresponde a las copias del proceso penal, remitidas por la Fiscalía. Considera
que de las pruebas obrantes en el proceso se infiere que el ataque estuvo dirigido
contra la infraestructura vial y no contra la población civil, <<pues si bien ésta de
manera evidente resulta afectada con los daños causados a un bien del Estado,

7

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

destinado al uso público, el objetivo como estrategia de guerra, era el túnel, no la
población, el razonamiento realizado por el a quo, evidencia con diáfana claridad
la ausencia de valoración de la prueba en su integridad, de la observancia de las
reglas de la sana crítica y de un análisis del contexto en el que se desarrollan los
hechos>>.

6.2.- Estima que, por disposición del artículo 674 del Código Civil, el túnel objeto
del atentado es de dominio del Estado y fue construido con recursos públicos. A
la calidad estatal de este bien se suma la previsibilidad de la afectación del mismo
a través del atentado, pues como bien lo señala la primera instancia, dentro de las
víctimas civiles no había personas amenazadas que pudieran considerarse como
objetivo del atentado. Esto indica que el ataque terrorista no tenía como objetivo a
los civiles que se movilizaban por el túnel, sino a la infraestructura vial de la
Nación. Así lo expresó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de
oficio, cuando informó <<previendo cualquier situación al respecto, ordenó con
antelación la elaboración de varios poligramas alentando a todas las unidades
sobre posibles acciones terroristas por parte de grupos al margen de la ley en
contra de los principales puentes de la jurisdicción del departamento,
ordenándoles y reiterándoles de manera prioritaria la implementación de
dispositivos de seguridad vial en la región para evitar estos hechos>>.
Adicionalmente, no se puede desconocer el contexto en que se presentaron los
hechos; para demostrar la realidad que para la fecha de los hechos vivía el oriente
de Antioquia, refiere el informe enviado por la Defensoría del Pueblo que obra a
folios 610 a 643.

6.3.- No puede perderse de vista que el atentado estaba dirigido contra la
infraestructura vial nacional y su finalidad era aislar a las dos principales ciudades
del país, lo cual traería pérdidas millonarias. Las personas que perdieron la vida
en ese atentado estuvieron sometidas a un riesgo excepcional y deben ser
indemnizadas.

6.4.- Cuando se afirma que no hay pruebas que acrediten o hagan suponer la
existencia de amenazas, parece ser que el oficio emitido por la policía, obrante a
folio 259, no fue valorado o fue valorado de forma superficial, sin profundizar en
su contenido. En todo caso, al conocer de la existencia del posible riesgo de
ataque contra la infraestructura vial, la fuerza pública debió hacer lo necesario para
cumplir con su función de vigilancia en todas las vías del país y con ello garantizar
los derechos que fueron vulnerados.

II. CONSIDERACIONES

E.- Asuntos procesales

8

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

7.- La Sala estudiará de fondo las pretensiones porque la acción se presentó
dentro del lapso de dos años contados desde el acaecimiento del hecho. Las
lesiones y muerte de los familiares de los accionantes ocurrieron el 27 de abril de
2002 y la demanda se presentó el 11 de diciembre de 2003.

F.- Decisión

8.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda. Si bien está probada la explosión del <<carro bomba>>, no se
demostró que fuera imputable por acción o por omisión a las autoridades públicas.
Por el contrario, se probó que el daño fue causado por el hecho exclusivo y
determinante de un tercero, imprevisible e irresistible para las autoridades: se trató
de un acto terrorista que no genera responsabilidad patrimonial del Estado con
fundamento en el artículo 90 de la C.P.

9.- En sentencia de unificación del 20 de junio de 20177 la Sección Tercera del
Consejo de Estado precisó que para declarar la responsabilidad estatal por daños
causados por actos violentos de terceros es <<necesario que exista una razón de
atribución para imputarle responsabilidad al Estado por los daños padecidos por
la víctima>> y que, en estos casos, <<la solidaridad no puede ser el fundamento
único y autosuficiente para atribuir la responsabilidad al Estado>>.

10.- El daño derivado de un acto terrorista es causado por el hecho de un tercero,
por lo que no es imputable al Estado. El Estado debe responder, en los términos
del artículo 90 de la C.P., solo si se demuestra que el hecho no resultaba
imprevisible ni irresistible y que las autoridades públicas, ejerciendo sus
potestades constitucionales y legales, o adoptando las medidas a su alcance,
podían evitarlo.

11.- Las partes no discuten que el 27 de abril de 2002, entre las 6:00 y las 6:15,
explotó un vehículo tipo camión 300 de placas KAG-488 en el túnel de Guarne,
Antioquia, a la altura del kilómetro 14 de la vía que conduce de Medellín a los
municipios del Oriente antioqueño y a la capital del país. Que la explosión causó
la muerte a Alexander Rodríguez Herrera, Guillermo Chaparro Aguilar, Romel
Albeiro López Montoya y Ruth Elena Villegas Piedrahita, y lesiones a Luz María
Cardona Montoya y a su hijo menor J.M.R.C8. Sin embargo, no está probado que
el daño se debió a la omisión en el deber de protección de las autoridades frente

7 Consejo de estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 20 de junio de 2017. Exp. 18860. C.P.

Ramiro Pazos Guerrero.
8 En el oficio NO. 07212/BR4-B2-KARDEZ-258 del 14 de mayo de 2002, el oficinal B2 de la Cuarta Brigada

indicó: <<(…) En el sitio el Túnel La Quiebra en la autopista Medellín-Bogotá, explotó un vehículo tipo camión
300 de placas (…) falleciendo la señora Ruth Elena Villegas, así por causa de la onda explosiva resultó
afectado el taxi conducido por el señor Romel Alberto López, quien falleció el 2 de mayo de 2002, en dicho
vehículo se movilizaba Luz Mari Cardona Montoya y el menor J.M.R, hijo de la anterior, y Alexander Rodríguez
el cual falleció posteriormente>>. (Fs. 35-57, c. 1).

9

Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
05001233100020040019000 (45291)
Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

a sus bienes. Por el contrario, está demostrada la configuración de la causal del
hecho exclusivo de un tercero, en tanto el acto terrorista fue imprevisible e
irresistible para las demandadas, que no tenían conocimiento de amenazas de las
que pudiera inferirse que el túnel de Guarne sería objeto de un ataque terrorista.

12.- Las pruebas allegadas al proceso no demuestran que las víctimas o los
residentes del municipio de Copacabana hubieran advertido a las demandadas
sobre amenazas en su contra, o hubieran solicitado protección; tampoco que se
hubiera informado que el túnel de Guarne sería objeto de un ataque terrorista 9. Lo
único que se acreditó es que <<En el sitio el Túnel La Quiebra en la autopista
Medellín-Bogotá, explotó un vehículo tipo camión 300 de placas KAG-488>> y que
este hecho causó la muerte y lesiones a los familiares de los demandantes. Según
los elementos recolectados y analizados en el lugar de los hechos, se logró
establecer que el sistema de activación se hizo por un medio eléctrico
(temporizador) 10 . Esto evidencia el factor sorpresa 11 que caracteriza este tipo
actos.

12.1.- En la investigación penal que se inició por este hecho se recibieron
denuncias y declaraciones de algunos afectados; sin embargo, ninguno refirió
haber sufrido amenazas ni que los hechos hubieran sido perpetrados por
integrantes de las FARC. Las versiones obtenidas por la Fiscalía se dirigen a un
acto terrorista, sin identificar los autores o posibles responsables del hecho:

<<(…) Las versiones que se han logrado obtener en el lugar del acontecimiento,
así: que una primera hipótesis indica que un vehículo Mazda 121, placa ITV.974,
que se encuentra completamente destruido en el interior del túnel,
aproximadamente a 80 metros del acceso occidental, hizo explosión cuando llevaba
una carga de veinte o treinta kilos de indugel; una segunda versión de este personal,
es que la carga explosiva era transportada en una camioneta de placa KAG488, de
la cual hay restos esparcidos a lo largo del túnel y, una tercera versión que presenta
el personal del C.T.I., es la suministrada por el Sargento Primero en retiro, quien les
informó –después del atentado- que a eso de las 6:07 horas, cuando se desplazaba
por la vía, en sentido occidente–oriente transportando un surtido de tamales que
comercializa en el oriente, observó un taxi que estaba estacionado sobre la vía y en
sentido diagonal, a cincuenta metros antes de ingresar al túnel, con la maleta abierta
y tres hombres fuera de él, a los que notaron nerviosos (…)>> (f. 4, cuaderno
expediente penal).

12.2.- De las conclusiones del informe del 27 de abril de 2002 elaborado por la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá12, se constata que el atentado terrorista

9 El departamento de Policía de Antioquia informó: que de acuerdo con las indagaciones realizadas al Grupo

de la Seccional de Inteligencia DEANT, no se recibieron amenazas de atentados terroristas contra el túnel
(Fl. 269 cd 1)
10 Así quedó consignado en el informe del 27 de abril de 2002 elaborado por la Policía. (Fl. 51 cuaderno

proceso penal)
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 5 de

febrero de 2021, exp. 150012331000200502787 01 (61677).
12 Fl. 52 cuaderno proceso penal

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Radicado: 05001233100020030168301 Acumulado con el
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Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

fue perpetrado con un camión. Al respecto, el señor Aristizábal, quien se
encontraba en el lugar de los hechos manifestó: <<que cuando estaba arribando
al túnel observó que un camión entraba al mismo, a baja velocidad y luego que
había cruzado el túnel escuchó una explosión>>. El camión fue identificado con la
placa KAG488. Adicionalmente, la hipótesis de la policía apuntó a que subversivos
de las FARC estarían involucrados en los hechos, porque <<según instrucciones
dadas por el secretariado de las FARC a través de alias Mono Jojoy a las
estructuras existentes en la ciudad de Medellín y departamento de Antioquia, en
los cuales señala como objetivos Nro UNO de atentados terroristas>>. Sin
embargo, en el proceso penal no se pudo determinar ni identificar a los
responsables de la conducta terrorista, por lo que la Fiscalía Décima Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Medellín <<suspendió la
investigación previa por el delito de terrorismo, homicidio agravado y lesiones
personales13>>.

13.- En cuanto a la previsibilidad del hecho, los recurrentes aseguran que a folio
259 obra un oficio emitido por la policía que no fue valorado o fue valorado de
forma superficial, sin profundizar en su contenido, del que se advierte la existencia
del riesgo de ataque a la vía pública. De la revisión de dicho oficio se evididencia
que este documento corresponde a la respuesta que emitió el asesor jurídico del
Departamento de Policía de Antiquia a la solicitud de información hecha por el
tribunal sobre los atentados ocurridos en el año 2002. Frente a este
cuestionamento dicho funcionario informó lo siguiente:

<<En atención al exhorto de la referencia me permito informar que en relación
a los atentados terroristas que se produjeron contra la estructura vial del oriente
antioqueño en el año 2002, el Subcomandante Operativo del Departamento de
Policía para esa fecha previendo cualquier situación al respecto, ordenó con
antelación varios poligamas alertando a todas la unidades sobre posibles
accionesterroristas por parte de grupos al margen de la ley en contra de los
principales puentes de la jurisdicción del Departamento, ordenándoles y
reiterándoles de manera prioritaria la implementación de dispositivos de
seguridad vial de la región para evitar estos hechos. Así mismo, y como
constancia de lo anteriormente expuesto me permito anexar copia de los
poligramas (…)>.

Dichos poligramas obran a folios 260 y 261 del expediente y fueron emitidos el 5
de marzo de 2002 por el subcomandante operativo del Departamento de Policía
de Antioquia; de ellos se advierte que esa autoridad ordenó extremar las medidas
de seguridad, pero en relación con los puentes de la jurisdicción del distrito seis –

13 Mediante auto del 31 de mayo de 2004, la Fiscalía Décima Delegada dispuso la suspensión de la
investigación porque había transcurrido más de ciento ochenta días y no se había podido determinar la
identidad del imputado. (Fls. 210-212 cuaderno proceso penal)

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Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

Cisneros y La Pintada- 14 y la vía que comunica al municipio de Santafé de
Antioquia con Medellín15, y no respecto a la vía que conduce de Medellín a Bogotá,
especialmente el túnel de Guarne.

14.- Por otra parte, del informe que obra a folios 610 a 643 del expediente
elaborado por la Defensoría del Pueblo no se puede establecer que hubo una
advertencia a las autoridades estatales, ni alguna acción que indique que estas
conocían que podría ocurrir el atentado terrorista. Este documento, como bien lo
refiere la Defensoría, es un reflejo de la crisis humanitaria en el Oriente antioqueño
y de las amenazas y riesgos del conflicto armado. Aunque es un documento que
no tiene fecha de elaboración, se advierte que fue remitido el 12 de agosto de
2008 por la Defensoría del Pueblo. En dicho informe se desarrollan varios ítems,
tales como: (i) las condiciones de vida en la región; (ii) vocación de productividad;
(iii) proyectos de desarrollo; (iv) crisis humanitaria (masacres, muertes selectivas,
desplazamiento forzado, retenes y bloqueos económicos, desaparición forzada y
secuestro, derechos sexuales y reproductivos, y crisis humanitaria en el Oriente
antioqueño; y (v) amenazas y riesgo por conflicto armado (el conflicto social, el
proyecto de autodefensas, la respuesta de la guerrilla, homicidios por el conflicto
armado hasta noviembre 30 de 2002). Este informe contiene datos estadísticos de
los hechos de violencia en esa parte del país desde 1998 y, si bien refleja las
condiciones sociales y politicas de la zona, no prueba la responsabilidad de las
demandadas en los hechos que se le atribuyen.

15.- En ese orden de ideas, el daño causado a los familiares de las víctimas
fallecidas y de la lesionada no puede ser atribuible a las entidades demandadas
porque (i) no está demostrado que estas hubieran incumplido sus obligaciones de
seguridad y protección; (ii) un ataque de esa magnitud en el sector no era
previsible, y (iii) el Estado no tenía conocimiento previo sobre la perpetración del
acto terrorista. La previsibilidad del acto terrorista no se basa en la existencia del
bien público –el túnel en la vía– sino en la posibilidad que tenía el Estado de prever
el acto criminal. La existencia de un bien público no genera automáticamente
responsabilidad del Estado: se requiere que se pruebe que su existencia genera
un riesgo para la comunidad.

16.- Ahora bien, el hecho de que el Estado no sea responsable por el ataque
perpetrado por un grupo ilegal no implica desconocer el derecho de las víctimas
del conflicto armado a ser reparadas. Estas pueden acceder al procedimiento

14 Se transcribe: <<comandantes distrito seis –Cisneros – comandantes estaciones Valdivia y la Pintada-

Comandante Grupo Carabineros Venecia: reiterándoles la orden extremar las medidas de seguridad en los
puentes de su jurisdicción coma pues debido a la delicada situación del país se han vuelto puntos críticos y
deben tener cuidado especial y prioritario punto.>>
15 Se transcribe: <<señor capitán extremar las medidas de seguridad en el puente sobre el río Cauca que

comunica al Municipio de Santafé de Antioquia con Medellín coma pues la destrucción del mismo acarrearía
graves consecuencias para la región coma pues el departamento quedaría incomunicado con la región del
Urabá a lo largo de la vía al mar punto lo anterior teniendo en cuenta la información y por ser un punto crítico
punto>>.

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Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

administrativo consagrado en la Ley de Víctimas, mecanismo que garantiza su
derecho a recibir una indemnización con base en el principio de solidaridad. El
artículo 49 de la referida ley incluye las medidas de asistencia y atención a las
víctimas, así:

<<ARTÍCULO 49. ASISTENCIA Y ATENCIÓN. Se entiende por asistencia a
las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de
orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado,
orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas,
brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su
incorporación a la vida social, económica y política. Por su parte, entiéndase
por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento
jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar
el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

Ahora bien, el título cuarto de la Ley de Víctimas describe las medidas de
reparación a las que éstas tienen derecho. El artículo 69 señala que “Las
víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de
reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual,
colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será
implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus
derechos y las características del hecho victimizante>>.

17.- Está acreditado que el 23 de julio de 2003 la Red de Solidaridad Social, a
través del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, reconoció y pagó a
Luz Mery Cardona Montoya la suma de siete millones ochocientos cuarenta mil
quinientos sesenta y seis pesos ($7.840.566) por incapacidad laboral, y al menor
J.M.L.C., seiscientos dieciocho mil pesos ($618.000) en calidad de ayuda
humanitaria por los hechos ocurridos el 27 de abril de 200216. Adicionalmente, a
la señora Luz Mery Cardona Montoya se le reconoció indemnización por la muerte
de su esposo Alexander Rodríguez Herrera, aprobada el 5 de mayo de 2002. En
el mismo sentido, se reconoció indemnización a Luz Diana López Calderón por la
muerte de su esposo Romel Albeiro López Montoya, aprobada el 30 de octubre
de 2002. Así, de existir alguna inconformidad con el monto reconocido, les
corresponde a los demandantes tramitarla y solicitarla por esa vía administrativa,
y en los términos y condiciones previstos en la ley. A los demandantes que no han
hecho este trámite se les informa que existe esta vía administrativa para reclamar
su derecho como víctimas de la violencia. No es viable pretender que se condene
al Estado por daños causados por terceros involucrados en el conflicto armado o
en actividades terroristas cuando no se ha acreditado la existencia de acciones u
omisiones de los agentes del Estado que hayan contribuido a causar el daño.

G.- Costas

16 Fls. 277-278, cd 2.

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Demandantes: Luz Mary Cardona Montoya y otros

18.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 26 de abril de 2012 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente a su
tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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