Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2003-02779-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2003-02779-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2003-02779-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de febrero de 2022
Radicado: 05-001-23-31-000-2003-02779-02
Demandante: Empresas Públicas de Medellín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – C.C.A.
Radicación: 05-001-23-31-000-2003-02779-02
Demandante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Tercero: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Actos acusados: Resoluciones 210 de 7 de mayo de 2002, “por la
cual se resuelve una solicitud de devolución de dinero”;
284 de 4 de junio de 2002, “por medio de la cual se
resuelve un recurso”, expedidas por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín
Zona Sur; y 0645 de 7 de marzo de 2003, “por la cual
se resuelve un recurso de apelación”, proferida por la
Superintendencia de Notariado y Registro.
Tesis: Las empresas industriales y comerciales del Estado que
prestan servicios públicos están obligadas a pagar el 50%
de la tarifa dispuesta por concepto de derechos
registrales.
No son nulos, por la causal de vulnerar el ordenamiento
jurídico superior, los actos administrativos por medio de
los cuales la Superintendencia de Notariado y Registro
niega la devolución del dinero pagado por una empresa
industrial y comercial del Estado, por el registro de la
transferencia de un inmueble de su propiedad al
municipio al cual se encuentra adscrita, cuando esta
transferencia se produce como consecuencia de una
decisión unilateral del municipio, que no la beneficia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
parte actora contra la sentencia de 20 de febrero de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
Radicado: 05-001-23-31-000-2003-02779-02
Demandante: Empresas Públicas de Medellín
propuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho y por el Municipio de
Medellín. Así mismo, se resolvió negar las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en
adelante CCA), Empresas Públicas de Medellín (en adelante EPM), por
intermedio de apoderado judicial, pretendió la nulidad de los siguientes
actos administrativos y su consecuente restablecimiento del derecho, así:
"PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto complejo contenido
en las siguientes decisiones:
A) Resolución Nro. 210 de mayo 7 de 2002, proferida por el
Registrador principal de lnstrumentos Públicos Círculo Medellín Zona
Sur, Por medio de la cual se dispone: “No procede la devolución de
dinero pagado por concepto de los derechos de Registro
correspondientes a los turnos de radicación 2001 66057 y 2001
66059 pertenecientes en su orden, al Acuerdo 83 de 2.001 y al
Decreto 2477 del mismo año".
B) Resolución nro. 284 de junio 14 de 2002, expedida por el
Registrador Principal de instrumentos Públicos Círculo Medellín Zona
Sur, “Por medio de la cual se dispuso no reponer la resolución 210
de mayo 7 de 2002”.
C) Resolución nro. 0645 de marzo 7 de 2003, emanada del
Superintendente de Notariado y Registro, por medio de la cual se
confirmó parcialmente la resolución 210 del 7 de mayo de 2002,
disponiendo que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. debe pagar
derechos de registro por la transferencia del bien a favor del
Municipio de Medellín, inscrita en los folios de matrículas
inmobiliarias Nos. 001-531064, 001-388670, 001- 439331, 001-
604942, 001615060 y 001-592498 con el turno de radicación 2001-
66057, pero en una suma equivalente al 50% de la tarifa normal
vigente.
SEGUNDA: Como consecuencia de la nulidad anterior, solicito al H.
Tribunal, disponer el restablecimiento del derecho consistente en
ordenar la devolución del cien por ciento 100% pagado por concepto
de derechos registrales, esto es la suma de $852.886.700
cancelados por Empresa Públicas de Medellín E,S,P. por concepto de
derechos de inscripción y registro correspondientes a los turnos de
radicación 200166057 y el 2001 66059.
TERCERA: Sobre la suma que sea devuelta se solicita dar aplicación
a los arts. 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTO: Se condene en costas a la entidad demandada.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín
I.1.2. Los hechos de la demanda pueden sintetizarse de la siguiente
manera:
Mediante Acuerdo municipal nro. 83 de 2001, proferido por el Concejo
Municipal de Medellín, se resolvió transferir el edificio denominado
Empresas Públicas de Medellín al municipio de Medellín. EPM solicitó el
registro del citado acuerdo ante la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos de Medellín, para lo cual tuvo que pagar los derechos de registro
de ese acto.
EPM solicitó la devolución del dinero pagado, al considerar que, por no
haberse reportado beneficio alguno en su favor y no haber manifestado
su voluntad en la transferencia del aludido inmueble, no debía pagar
derechos de registro alguno, según el artículo 17 del Decreto 1428 de
2000.
La solicitud de devolución del dinero le fue negada a través de los actos
administrativos demandados en este proceso; estos son, las Resoluciones
210 de 7 de mayo de 2002, “por la cual se resuelve una solicitud de
devolución de dinero”; 284 de 4 de junio de 2002, “por medio de la cual
se resuelve un recurso”, expedidas por la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín Zona Sur; y 0645 de 7 de
marzo de 2003, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”,
proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro. En este última
se ordenó la devolución del 50% de lo pagado por EPM.
I.1.2. Cargos planteados en la demanda
Los cargos planteados en la demanda pueden sintetizarse de la siguiente
manera:
A juicio de la parte actora, los actos acusados son contrarios al Decreto
1428 de 2000, al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y al
Decreto 960 de 1970.
Expuso que la Oficina de Registro interpretó de forma indebida el Decreto
1428 de 2000, dado que la transferencia del bien inmueble efectuada por
EPM al Municipio de Medellín no fue de su resorte, no tuvo participación
en ello, se hizo por acto administrativo unilateral. Adicionalmente, afirmó
lo siguiente:
“En nuestro sentir, consideramos que se hace una interpretación errónea
por cuanto se hace de lado que en la transferencia efectuada por Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. al municipio de Medellín, del Bien Inmueble
denominado Empresas Públicas de Medellín E.S.P. esta entidad (EE.PP.M)
no tuvo participación en dicha transacción, tal y como se explicó en
párrafos precedentes.
Como se puede apreciar, en los actos impugnados se hace una
interpretación equivocada del concepto de “Unilateralidad” como elemento
estructural del acto administrativo, ya que el Acuerdo 83 de 2001 goza de
este atributo, lo que necesariamente conlleva a que las Empresas Públicas
de Medellín E.S.P., quedaran sometidas al contenido y alcance de dicha
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín
decisión sin tener ningún tipo de intervención. En este caso las Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. ven reducida su autonomía a una condición
meramente pasiva que les impide no sólo oponer algún tipo de fuerza o
interés a la decisión tomada por la administración municipal, sino incluso,
participar en la toma de dicha decisión en cualquier medida o por cualquier
aspecto conducente a su construcción.”
Dijo que los actos acusados están viciados de nulidad por no acceder a la
exoneración total de los derechos de registro, desconociendo los
argumentos proporcionados en vía administrativa.
Por último, expresó que se configuró una falsa motivación, dado que los
actos acusados se separaron del espíritu del Acuerdo Municipal 083 de
2001, que ordenó la transferencia del inmueble.
I.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El proceso que hoy se estudia tuvo sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 19 de mayo de 2010, en la cual se decidió
negar las pretensiones de la demanda. La parte actora interpuso recurso
de apelación.
En segunda instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
auto de 17 de abril de 2012, en el cual ordenó vincular al municipio de
Medellín y le puso en conocimiento la posible configuración de una nulidad
por no haber sido vinculado al proceso desde el principio. El municipio de
Medellín alegó la configuración de la nulidad. En providencia de 19 de
noviembre de 2012, el Consejo de Estado resolvió declarar la nulidad de
todo lo actuado.
Una vez devuelto el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia,
en auto proferido el 29 de abril de 2013, admitió nuevamente la demanda,
y ordenó notificar al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la
Superintendencia de Notariado y Registro y al Municipio de Medellín.
En las contestaciones a la demanda se hicieron las siguientes
manifestaciones:
I.2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda
proponiendo la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que, a su juicio, los actos demandados fueron emitidos por la Oficina
de Instrumentos Públicos de Medellín y por la Superintendencia de
Notariado y Registro, lo cual no recae dentro de las competencias de ese
ente ministerial.
I.2.2. La Superintendencia de Notariado y Registro no se pronunció.
I.2.3. El municipio de Medellín, como tercero interesado en las resultas
del proceso, contestó la demanda, argumentando que el Acuerdo 83 de
2001, proferido por el Concejo de Medellín, por sí sólo no es título
traslaticio de dominio, dado que la forma de adquirir el dominio es la
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tradición y quien transfiere el inmueble desde su patrimonio es EPM, que,
si bien no fue parte activa en el Acuerdo, sí hace parte integral en el
cumplimiento y formalización de lo mencionado en el acto.
Expuso que la Superintendencia de Notariado y Registro no debió efectuar
cobro de derecho de registro en el presente caso porque no existía título
traslaticio de dominio y la base del recaudo es un Acuerdo, que no tiene
efectos de título que soporte una transferencia de dominio, por lo cual la
transacción debió efectuarse a través de escritura pública.
Advirtió que, como el Municipio de Medellín se encuentra exento de cobro,
deben negarse las súplicas de la demanda en lo que respecta al Municipio
de Medellín.
Propuso la falta de legitimación en la causa, al considerar que no puede
endilgársele responsabilidad, pues no tiene nada que ver con el objeto del
litigio.
I.3. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia de 20 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo
de Antioquia (en adelante el Tribunal) declaró probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de
Justicia y del Derecho y por el Municipio de Medellín. Así mismo, resolvió
negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos.
Como problema jurídico planteó el siguiente: “decidir sobre la legalidad
de los siguientes actos: Resolución Nro. 210 de mayo 7 de 2002,
Resolución Nro. 284 de junio 14 de 2002 y Resolución Nro. 0645 de marzo
7 de 2003, por considerar que los mismos se encuentran viciados por una
falsa motivación al fundamentarse en una interpretación errónea del
Decreto 1428 de 2000 al realizar un cobro a Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. de unos derechos de registro.”
Respecto de este problema, el tribunal advirtió que es necesario tener en
cuenta la naturaleza jurídica de EPM, la cual, mediante Acuerdo Municipal
nro. 69 de 1997, fue transformada en Empresa lndustrial y Comercial del
Estado del orden municipal. Y como tal, el Concejo Municipal, según
facultad legal y constitucional, dispuso de ciertas partidas patrimoniales
de EPM, como lo hizo en el Acuerdo 083 de 2001, el cual constituyó el
título traslaticio de dominio para este caso.
Advirtió que, aunque la demandante conocía que su voluntad
directamente no era la de realizar dicha transferencia, indirectamente sí
se afectaba, pues en cabeza suya radicaba el derecho de dominio del bien,
el cual estaba sujeto a la transferencia ordenada por el Concejo Municipal.
Explicó que, aunque el Acuerdo 083 de 2001 fue expedido por el Concejo
Municipal sin atender a la voluntad de EPM y esta última sólo cumplió́ con
lo allí dispuesto, desde el punto de vista legal, el entorno es diferente,
toda vez que dicha empresa era la que debía transferir el inmueble de su
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propiedad, dado que ejercía el derecho de dominio. En tal sentido, era
EPM quien se encontraba facultada para realizar la inscripción del título,
siéndole aplicables las normas de registro señaladas en el artículo 17 del
Decreto 1428 de 2000, las cuales determinan que las Empresas
lndustriales y Comerciales del Estado no están exentas de pagar derechos
de registro.
A su juicio, la Superintendencia de Notariado y Registro dio aplicación
formal a la norma, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los
intervinientes, que eran Empresas Públicas de Medellín (Empresa
lndustrial y Comercial del Estado) y el Municipio de Medellín. De acuerdo
con el artículo 17 del Decreto 1428 de 2000, la demandante no se
encontraba exenta de pagar la tarifa por la inscripción del título en la
oficina de registro de instrumentos públicos. Sin embargo, como el acto
se realizó con una entidad estatal, la tarifa sería sólo el 50% del costo
normal, como finalmente se decidió en el último acto administrativo
demandado.
Por lo anterior, concluyó que no encontró acreditados vicios que afecten
la legalidad de los actos acusados.
Por otro lado, advirtió que la parte actora fundamenta la violación de los
actos acusados en la formación del Acuerdo 083 de 2001, toda vez que
hace referencia a que no participó en la expedición de dicho acuerdo y no
manifestó su voluntad de transferir el bien. Sin embargo, a juicio del
tribunal, estos hechos no son fundamento de la presente acción, dado que
la demanda no versó sobre el carácter y legalidad del Acuerdo emitido por
el Concejo de Medellín, sino por los actos proferidos por la
Superintendencia de Notariado y Registro.
En consecuencia, un estudio sobre la legalidad del Acuerdo 083 de 2001
vulneraría el carácter rogado de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en virtud del cual el juez administrativo indefectiblemente
se limita a realizar el análisis sobre aquellos aspectos alegados por el
actor, sin que le sea lícito extender su consideración a eventos que van
más allá́ de tal solicitud o por fuera de ella.
Por los motivos anteriores, negó las pretensiones de la demanda.
I.4. RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de EPM interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia. Los fundamentos del recurso se extractan así:
• “El fallo de primera instancia desconoció́ las consecuencias del
Acuerdo 83 de 2001 proferido por el Concejo Municipal de Medellín
y el Decreto 2477 de 2001 expedido por la Alcaldía de Medellín”
Citó el artículo 1° del Acuerdo 83 de 2001, el cual preceptúa lo siguiente:
"Artículo 1°. Disponer de una partida del patrimonio de las Empresas
Públicas de Medellín E.S.P„ por valor de ciento setenta mil quinientos
setenta y siete millones trescientos treinta mil pesos ($170.517.330.000)
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representada en la transferencia del bien inmueble denominado "Edificio
Empresas Públicas de Medellín" que se incorporará al patrimonio del
municipio de Medellín.
Mediante el decreto 2477 de 2001, el Alcalde de Medellín, en uso de sus
facultades Constitucionales y legales, reglamentó el Acuerdo 83 de 2001,
así: "Artículo 1. Reglaméntese el Artículo Primero del Acuerdo 83 de 2001
del Concejo de Medellín, describiendo la alinderación de los inmuebles
cuyas matrículas inmobiliarias se describen a continuación de la siguiente
manera..."
Con fundamento en lo anterior, alegó que la transferencia del edificio al
Municipio de Medellín se realizó mediante un acto administrativo
unilateral, emitido por el propietario de EPM, que es el mismo Municipio
de Medellín.
Es decir, el propietario natural de EPM quiere tomar una parte de su
patrimonio para tenerlo a su nombre; en términos generales, la única
voluntad que interviene es la del Municipio de Medellín. Por lo tanto, no
se presenta negocio jurídico como tal, puesto que en éste intervienen
varias voluntades y en este caso, es notorio que solo interviene una, sin
que para EPM se genere provecho alguno.
Advirtió que EPM se empobrece al tener que pagar por un trámite exento
de pago, y por su parte, la Oficina de Registro se enriquece, toda vez que
el acto registral al único que beneficia es al Municipio de Medellín y éste
se encuentra exento del pago de los derechos de registro, de conformidad
con el artículo 17 del Decreto 1428 de 2000.
Indicó que, para que se causen los derechos registrales y notariales, es
preciso que intervenga en la voluntad del acto o negocio jurídico, y es
claro que EPM no manifestó voluntad alguna, tan solo se limitó a cumplir
con el ordenamiento jurídico.
• “El fallo de instancia desconoció que los actos acusados violan la
regla de derecho de fondo”
Indicó que, para el caso objeto de análisis, se presenta esta causal de
nulidad, en la medida que la Superintendencia de Notariado y Registro
hace una interpretación errónea del artículo 17 del Decreto 1428 de 2000.
Aseguró que la violación de la regla de derecho de fondo puede asumir
distintas modalidades:
El error de derecho se presenta por violación directa de la ley, que es
cuando la administración actúa como si la regla de derecho no existiera,
por violación, o por falsa interpretación o interpretación errónea.
En esos eventos la administración, pese a tomar la regla como
fundamento de su decisión, le da un alcance diferente al que se desprende
del texto, como es no observar que el único beneficiario de la actividad
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registral es el municipio de Medellín, siendo claro en establecer el artículo
17 del Decreto 1428 de 2000 que dicha actividad está exenta de ese pago.
Por lo tanto, la Superintendencia no puede gravar a las Empresas Públicas
de Medellín ESP con la actuación registral que en su integridad le compete
al Municipio, toda vez que es el único que se beneficia de su propio acto,
en detrimento de EPM, que sólo está cumpliendo una voluntad emanada
del acuerdo 83 de 2001 del Concejo del Municipio de Medellín.
Aseguró que EPM no está realizando ningún negocio jurídico, solo cumple
el ordenamiento jurídico emanado de un acto unilateral emitido por el
Municipio de Medellín, el cual perjudica su patrimonio.
Adujo además que la Superintendencia le impone una carga
correspondiente al Municipio de Medellín, al cual le tocaría pagar la
actuación registral, en el entendido que es el único que se beneficia del
acto que el mismo expide, con lo cual “se configura un doble
empobrecimiento de EPM y un enriquecimiento sin causa para la
Superintendencia al cobrar por una actuación que a todas luces le toca
asumir al Municipio de Medellín y como está exenta, se la quiere trasladar
a EPM”.
• “El fallo desconoció que los actos expedidos por la superintendencia
de notariado y registro están afectados por falsa motivación”
Explicó que una de las modalidades de falsa motivación es la decisión
incongruente, cuando no existe correspondencia entre la decisión que se
adopta y los motivos que en el acto se aducen como fundamento de la
misma.
En el caso bajo examen se presentó una decisión incongruente, en la
medida en que los actos impugnados se apartan del espíritu del Decreto
Nacional 1428 de 2.000 y de lo dispuesto en el Acuerdo del Municipio de
Medellín nro. 83 de 2001 y su decreto reglamentario No. 2477 de 2001,
expedido por el alcalde de Medellín. Esto, en la medida en que el bien
objeto de controversia sólo beneficia al Municipio de Medellín, y que éste
no viene de un negocio jurídico, sino por virtud del ordenamiento jurídico.
• El fallo de instancia desconoció las disposiciones del código civil
colombiano sobre cuándo se debe entender que existe una tradición
Indicó que el artículo 740 del Código Civil es claro en establecer cuándo
se presenta la figura de la tradición, así: "(...) La tradición es un modo de
adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño
hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de
transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.”
Advirtió que en el caso objeto de examen no se presenta la figura de la
tradición, puesto que no se cumplen los requisitos de ésta, como son: 1.
No existió voluntad de EPM de transferir el dominio del edificio, se realizó
en cumplimiento del Acuerdo Municipal de Medellín nro. 83 de 2001, es
decir, acatando el ordenamiento jurídico. 2. Al registrar el acto la
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Superintendencia de Notariado y Registro anotó transferencia de dominio
por el Acuerdo Municipal 83 de 2001; por lo tanto, dicho acto no cumple
los requisitos de la tradición, como son la intención de transferir el
dominio, sino que es un mandato impositivo y unilateral; al ser ello así,
se convierte en una recuperación del bien por parte del Municipio de
Medellín y no en una tradición.
Igualmente, a su juicio, el artículo 742 de la misma norma establece que
"... para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por
el tradente o por su representante …”
• El fallo desconoce la orientación de la Constitución Política de 1991
y de la ley 142 de 1994 en materia de servicios públicos
domiciliarios
Manifestó que en la Constitución Política de 1991 se redefinió el sector de
los servicios públicos domiciliarios, y el Estado Colombiano entendió que
en las condiciones en que venía prestando los servicios públicos no estaba
alcanzando los niveles de cobertura y calidad que demandaba la
población, y que, para garantizar una prestación eficiente, debía abrir el
sector a la gestión potencial de los particulares, dejar de ser
esencialmente prestador de servicios públicos, convertirse en un garante
de los prestadores y solo eventualmente actuar como prestador de dichos
servicios.
Con ese propósito, indicó que en la Constitución Política de 1991 y en la
Ley 142 de 1994 se establecieron las herramientas para promover e
incentivar la participación de los particulares y las comunidades
organizadas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, bajo
un esquema de libre competencia.
Indicó que el nuevo sistema regulatorio de servicios públicos domiciliarios
está diseñado para prestadores de servicios públicos eficientes que
recuperen los costos de sus inversiones, que estén en condiciones de
competir en un mercado abierto, que ofrezcan servicios de alta calidad y
que no desvíen su objeto en actividades diferentes a la prestación de
servicios públicos domiciliarios.
Bajo este esquema, la Superintendencia de Notariado y Registro está
desconociendo el principio de sostenibilidad y eficiencia de las Empresas
de Servicios Públicos, puesto que, por una orden que no le reporta
ninguna utilidad, le exige realizar un pago que le corresponde al municipio
de Medellín, único beneficiario de la recuperación del patrimonio; y, como
quiera que éste está exento de dicho pago, se lo traslada a EPM.
Lo anterior también viola de forma directa el principio de solidaridad
establecido en la Constitución de 1991 y sus artículos 365 y siguientes,
dado que con ello empobrece de manera injusta a EPM, afectando de
forma grave la prevalencia del interés general, que se traduce en que los
recursos de las ESP son para cumplir los principios establecidos en la Ley
142 de 1994, en armonía con los principios constitucionales.
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En consideración de lo anterior, a las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios no se les pueden exigir obligaciones diferentes que no
tengan justificación alguna y no se les puede requerir para el
cumplimiento de obligaciones que, de acuerdo con la Constitución y la ley,
no les corresponda.
I.5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
I.5.1. Mediante auto de 9 de noviembre de 2015, el Despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 20 de febrero de 2015, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I.5.2. En auto de 24 de mayo de 2016, el Despacho corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Procurador Delegado ante el Consejo
de Estado para que, si así lo considera, formule su concepto.
I.5.2.1. La Superintendencia de Notariado y Registro, por
intermedio de apoderada judicial, solicitó confirmar la sentencia apelada,
con fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó que el Decreto 1428 de 2000, por el cual se fijan las tarifas por
concepto de función pública registral, preceptúa en el capítulo I literal b)
del artículo 1 que “los actos o negocios jurídicos que por su naturaleza
tienen cuantía se aplicará la tarifa del (5x1.000) como valor a recaudar
por derechos de registro.”
Así mismo, advirtió que en el capítulo III, artículo 17 del mismo decreto
se señala: “Actuaciones exentas: la actuación registral no causará
derecho alguno en los siguientes casos: a) Cuando las solicitudes de
certificación, de inscripción de documentos o su cancelación intervengan
exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las empresas de
servicios públicos domiciliarios, las empresas industriales y comerciales
del estado y las sociedades de economía mixta, las cuales asumirán el
pago de los derechos de registro”.
Igualmente, adujo que el inciso 2 literal e) del artículo 17 del Decreto
1428 de 2000 preceptúa lo siguiente: “Cuando los particulares contraten
con gobiernos extranjeros o con alguna de las entidades estatales a que
se refiere el parágrafo de este artículo, aquellos pagarán los derechos de
registro sobre el 50% de la tarifa normal vigente”.
Indicó que la Ley 142 de 1994, en el artículo 15, señala quiénes prestan
servicios públicos, las cuales pueden ser personas naturales o jurídicas.
EPM es una persona jurídica que, al regirse por el derecho privado, debe
ser tratada como particular, para efectos de derechos registrales, cuando
contrata frente al estado. Por estas razones aplicó esta norma a EPM, por
estar actuando en el acto de transferencia frente a una entidad estatal
exenta de pagar derechos registrales.
Afirmó que el decreto de tarifas no distingue para el recaudo de derechos
registrales sobre la unilateralidad o bilateralidad del nacimiento del acto,
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en cambio sí considera que las personas involucradas en el mismo y para
ellas es que contempla tarifas especiales y exenciones, como es el caso
de las entidades estatales. Una empresa que presta servicios públicos
domiciliarios tampoco tiene tratamiento preferencial en cuanto a los
derechos de registro.
Aseguró que el inmueble transferido se encontraba en cabeza de EPM, y
la transferencia hace que EPM intervenga en el acto. La transferencia la
otorga quien tenga la facultad para ello, y en este caso, el bien estaba
registrado a nombre de EPM.
Aseveró que el Concejo municipal no tiene dentro de sus funciones del
artículo 313 constitucional facultad para transferir bienes inmuebles, pero
sí tiene la de crear la estructura de la administración municipal y la de
autorizar al alcalde para celebrar contratos.
Advirtió que el artículo 4 del Acuerdo 083 de 2001 del Concejo Municipal
de Medellín establece que la administración municipal adelantará todas
las gestiones necesarias con EPM para que la transferencia del bien se
realice en la vigencia que le correspondió. Sin embargo, no se cumplió
con la solemnidad de la escritura pública que exige la ley para esta clase
de actos.
Aseguró que el tradente en el presente caso es EPM y el adquirente es el
municipio de Medellín.
Explicó que, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 142 de 1994: “Salvo
en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo
contrario, la Constitución, y los actos de todas las empresas de servicios
públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de
los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no
dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del
derecho privado.”
Esta ley también preceptúa que todos los actos de las empresas de
servicios públicos se regirán por el derecho privado, es decir, no se le
aplicarán prerrogativas que puedan tener algunas entidades estatales.
Por último, indicó que acceder a las pretensiones de la parte actora
implica una discriminación, puesto que se estaría excluyendo del pago de
los derechos registrales a EPM cuando las empresas privadas tienen que
soportar el pago total por la ejecución de los mismos actos, desconociendo
que, tanto las empresas de servicios públicos domiciliarios como las
privadas, ejercen actividades comerciales.
I.5.2.2. Empresas Públicas de Medellín, por intermedio de apoderado
judicial, reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación en
contra del fallo de primera instancia.
Agregó que usualmente los bienes inmuebles se transfieren por
intermedio de un título denominado contrato de compraventa, siendo
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costumbre mercantil que quien paga los derechos de registro del bien
inmueble es el nuevo adquirente, al cual es al único que beneficia el acto.
También indicó que es costumbre mercantil que los gastos de registro en
la compraventa de inmuebles sea asumido por el comprador del inmueble.
I.5.2.3. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
II.1 COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución
Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia-
Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 129 del Código Contencioso
Administrativo- Decreto 01 de 1984 y 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.
II.2. Regulación sobre el pago de derecho de registro por parte de
empresas industriales y comerciales del Estado
Previo a entrar al análisis de cada uno de los argumentos planteados en
el recurso de apelación, estima la Sala necesario explicar el régimen sobre
el pago de derecho de registro por parte de las empresas industriales y
comerciales del Estado, comoquiera que varios de los cuestionamientos a
la decisión de primera instancia guardan relación con este tema.
El Decreto nro. 1428 de 26 de julio de 2000, “Por el cual se fijan los
derechos por concepto de la función registral y se dictan otras
disposiciones”, era la norma aplicable para el momento de la expedición
de los actos administrativos demandados, dado que éstos fueron
proferidos el 7 de mayo del año 2002, el 4 de junio de ese año, y el 7 de
marzo de 2003, y el decreto en comento estuvo vigente desde el 26 de
julio de 2000 hasta el 23 de junio de 2008, fecha en la que fue derogado
por el artículo 24 del Decreto 2280 de ese año.
Ahora bien, el Decreto nro. 1428 de 2000 estableció en sus considerandos
lo siguiente:
“Que corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa
proveer los mecanismos y acciones indispensables para la
administración y prestación de los servicios públicos que le
competen a la Administración Pública del Estado, a fin de promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta Política para asegurar
el cumplimiento de los fines sociales del Estado y de los
particulares;
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Que de conformidad con las facultades constitucionales, legales y
estatutarias básicas, en especial las de Notariado y Registro, y en
cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, corresponde al
Gobierno Nacional adoptar decisiones racionales y eficaces que
contribuyan a la redistribución del ingreso y la riqueza a través de
la ampliación y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos
de competencia exclusiva de los organismos estatales;
Que el Decreto 1708 de 1989 estableció los derechos y tarifas que
se deben cobrar, las cuales no han sido actualizadas desde la
expedición de dicho decreto;
Que los Decretos-leyes números 0960 y 1250 de 1970 facultan al
Gobierno Nacional para actualizar periódicamente el costo de
las tarifas por concepto de los citados servicios;
Que con el propósito de racionalizar el servicio público de registro
de instrumentos públicos se hace necesario la actualización de
las tarifas y derechos que se deben cobrar por la prestación
del servicio,
DECRETA:
Tarifas de derechos por concepto del registro de instrumentos
públicos” (Se destaca)
El Capítulo I del decreto en comento se denomina “las actuaciones
registrales” y establece toda una regulación acerca de las tarifas que se
deben pagar por la inscripción de los títulos, actos y documentos que, de
acuerdo con la ley, están sujetos a registro. El capítulo II regula las tarifas
especiales para viviendas de interés social y reforma agraria.
Como puede apreciarse, la norma regula en conjunto el cobro de tarifas
por la prestación del servicio público registral.
Por su parte, el capítulo III, artículo 17, del mentado decreto, regula las
actuaciones exentas de pago de derechos de registro, así:
“CAPITULO III
Exenciones
Artículo 17.Actuaciones exentas. La actuación registral no
causará derecho alguno en los siguientes casos:
a) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de
documentos o su cancelación en que intervengan
exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, y las Sociedades de
Economía Mixta las cuales asumirán el pago de los derechos
de registro.
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Parágrafo. En los actos de inscripción, certificación o cancelación de
documentos en que intervengan las Empresas Oficiales de Servicios
Públicos Domiciliarios, los derechos registrales a su cargo se
liquidarán con base en el porcentaje de participación de éstas, el
que se acreditará para tales efectos con el documento legal
pertinente. Los particulares, personas naturales o jurídicas que
contraten con estas empresas asumirán el pago por el excedente;
b) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de
documentos o su cancelación, así como la expedición de copias de
los instrumentos que reposan en el archivo de la oficina de registro,
provengan de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
el Consejo de Estado, los Tribunales, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General
de la República, la Procuraduría General de la Nación, las
Superintendencias, la Dirección Nacional de Estupefacientes, los
Jueces Penales, la Policía Judicial, los Defensores de Familia, los
Juzgados de Familia en asuntos relacionados con menores, el
Personero Municipal, los funcionarios de ejecuciones fiscales, o
cualquier otro organismo que ejerza funciones similares, originadas
en desarrollo de investigaciones que les corresponda adelantar, de
intervención y toma de posesión de bienes, o que se requieran para
aportar a procesos en que actúen en calidad de demandados o
demandantes, independientemente de que afecten o beneficien a
un particular, persona natural o jurídica;
c) Cuando los organismos y entidades de que trata el parágrafo de
este artículo requieran certificados o copias de documentos o
instrumentos públicos que reposen en los archivos de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, siempre que en dichos
instrumentos la entidad solicitante figure como titular de un derecho
real;
d) Cuando las copias de documentos públicos sean requeridos por
las autoridades o entidades públicas facultadas legalmente para
adelantar cobros coactivos;
e) Cuando se trate de actos o contratos de gobiernos extranjeros
que tengan por finalidad adquirir o enajenar bienes inmuebles en
nuestro país para servir de sede a las misiones diplomáticas, a
condición de que exista reciprocidad del gobierno extranjero en esta
materia con nuestro país, para lo cual se protocolizará con la
escritura respectiva, la certificación que expida para el efecto la
autoridad competente.
Sin embargo, cuando los particulares contraten con
gobiernos extranjeros, en los términos previstos en el
presente literal, o con alguna de las entidades estatales a
que se refiere el parágrafo de este artículo, aquéllos pagarán
los derechos de registro sobre el cincuenta por ciento (50%)
de la tarifa normal vigente;
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f) Cuando se trate de la inscripción de actos o contratos referidos a
resguardos o reservas indígenas.
Parágrafo. Para los efectos del presente decreto son entidades
estatales, entre otras:
La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, los
distritos capital y especiales, las áreas metropolitanas, los
territorios indígenas, las asociaciones de municipios, los
municipios, los establecimientos públicos, el Senado de la
República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General
de la República, las Contralorías Departamentales, Distritales y
Municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Ministerios,
los Departamentos Administrativos, las Superintendencias, la
Dirección Nacional de Estupefacientes y las Unidades
Administrativas Especiales y en general, los organismos o
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para
celebrar contratos.” (Se destaca)
Como puede apreciarse en los apartes resaltados, una de las hipótesis en
virtud de las cuales no hay lugar al pago de derecho de registro es cuando
se trate de la inscripción de documentos en que intervengan
exclusivamente entidades estatales, salvo las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las cuales asumirán el pago de los derechos de registro.
II.3. Hechos relevantes.
En Acuerdo nro. 69 de 1997, el Concejo del municipio de Medellín
transformó a EPM en una Empresa industrial y Comercial del citado
municipio.1
Mediante Acuerdo Municipal nro. 83 de 2001 se resolvió en su artículo 1:
“Disponer de una partida del patrimonio de las Empresas Públicas de
Medellín, por valor de ciento setenta mil quinientos setenta y siete
millones trescientos treinta mil pesos ($170.577.330.000), representada
en la transferencia del bien inmueble denominado “Edificio Empresas
Públicas de Medellín” que se incorporará al patrimonio del municipio de
Medellín.” Este acuerdo fue reglamentado por el Decreto 2477 de 2001,
expedido por la Alcaldía de Medellín.
Los aludidos actos administrativos fueron inscritos en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín zona sur, a petición de
EPM, mediante radicados nros. 2001-66057 y 2001-66059, a título de
transferencia de un inmueble de EPM al municipio de Medellín.
1
Información certificada por el Secretario General de Empresas Públicas de Medellín, fechado el 31 de julio de
200, obrante a folio 58 del expediente.
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Como consecuencia del acto de registro, EPM pagó $852.886.700,
correspondiente al valor de la transferencia prevista en el aludido
Acuerdo.
Mediante Resolución nro. 0645 de 7 de marzo de 2003, la
Superintendencia de Notariado y Registro, al resolver el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución nro. 210 de 7 de mayo
de 2002, indicó: “PRIMERO: Confírmase parcialmente la resolución nro.
210 del 7 de mayo de 2002, proferida por el señor Registrador de
Intrumentos Públicos de Medellín Sur, en cuanto a que las Empresas
Públicas de Medellín ESP debe pagar derechos de registro por la
transferencia del bien a favor del Municipio de Medellín, inscrita en los
folios de matrículas inmobiliarias nros. 001-531064, 001-388670, 001-
439331, 001-604942, 001-615060 y 001-591498, con el turno de
radicación 2001-66057, pero en una suma equivalente al 50% de la tarifa
normal vigente, en aplicación del inciso final del literal e) del artículo 17
del Decreto 1428 de 2000, conforme la parte considerativa de este
proveído. SEGUNDO: Niégase la devolución total de los derechos de
registro solicitados por la doctora NORA DE LA CRUZ VILLA VÉLEZ, como
apoderada de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., y en su defecto,
ordénase la devolución del 50% de estos derechos, teniendo en cuenta
los fundamentos de esta decisión”.
II.4. Análisis de la Sala
Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación se advierten cinco
cuestionamientos o cargos presentados por la entidad demandante
respecto a la sentencia de primera instancia, a saber: i). “El fallo de
primera instancia desconoció́ las consecuencias del Acuerdo 83 de 2001
proferido por el Concejo Municipal de Medellín y el Decreto 2477 de 2001
expedido por la Alcaldía de Medellín”; ii). “El fallo de instancia desconoció
que los actos acusados violan la regla de derecho de fondo”; iii). “El fallo
desconoció que los actos expedidos por la superintendencia de notariado
y registro están afectados por falsa motivación”; iv). El fallo de instancia
desconoció las disposiciones del código civil colombiano sobre cuándo se
debe entender que existe una tradición; y v). El fallo desconoce la
orientación de la Constitución Política de 1991 y de la ley 142 de 1994 en
materia de servicios públicos domiciliarios.
Advierte la Sala que estos cinco planteamientos, están incorporados en la
causa petendi y objeto del litigio propuestos en el escrito de demanda,
pues en esta se sostuvo que Empresas Públicas de Medellín no intervino
en la decisión de transferencia de dominio del inmueble, esto es el
Acuerdo 83 de 2001 y el Decreto 2477 de 2001. Así mismo, se explicó
como la entidad demanda vulneró las normas superiores e incurrió en
falsa motivación al interpretar de manera equivocada el decreto 1428 de
2000. Es decir, si bien fueron planteados en un orden diferente y de
manera individualizada, existe una congruencia entre lo expuesto en el
recurso de apelación y en la demanda.
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II.4.1. Problemas de hecho.
II.4.1.1. “El fallo de primera instancia desconoció́ las consecuencias del
Acuerdo 83 de 2001 proferido por el Concejo Municipal de Medellín y el
Decreto 2477 de 2001 expedido por la Alcaldía de Medellín”.
De la lectura de las consideraciones expuestas en el recurso de apelación
advierte la Sala que debe responderse al problema de hecho consistente
en establecer si es cierto que en el acto de registro del acuerdo que ordenó
la transferencia del bien inmueble de propiedad de EPM a favor del
Municipio de Medellín intervino únicamente la voluntad del ente territorial,
como quiera que fue el producto de un acuerdo que expidió su concejo
municipal, de manera unilateral, y disponiendo de la propiedad de un bien
que en nada favorece y por el contrario empobrece al demandante.
Conforme las pruebas obrantes en el proceso, se advierten que los actos
administrativos fueron inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín zona sur, a petición de EPM, mediante radicados nro.
2001-66057 y 2001-66059, a título de transferencia de un inmueble de
EPM al municipio de Medellín.
En este sentido, en el caso concreto, es claro que EPM fue quien acudió a
la oficina de registro para que se inscribiera el respectivo acto de registro
de transferencia de dominio -tradente-, como se acepta y se manifiesta
expresamente en el hecho cuarto del escrito de demanda2; es decir, si
bien la decisión de transferencia fue adoptada mediante el Acuerdo
municipal 083 -acto del concejo-, y reglamentada por el decreto 2477 de
2001, quien acudió ante la oficina de registro para formalizar el acto fue
la propietaria del inmueble, en este caso, EPM.
Es decir, no es cierto, como lo afirma el recurrente, que en el acto de
registro intervino únicamente la voluntad del municipio, comoquiera que
fue EPM, en su calidad de titular del derecho de dominio, quien acudió a
la oficina de registro para que se inscribiera la tradición del inmueble que
era de su propiedad. Ahora bien, circunstancia diferente es que los actos
de tradición3 hubiesen sido expedidos por el Concejo y la Alcaldía,
respectivamente, y que EPM no intervino en los mismos; es decir, le asiste
razón a EPM cuando afirma que su voluntad no quedó de manifiesto en el
acuerdo y en el decreto mediante los cuales se resolvió transferir la
propiedad del inmueble de EPM al Municipio. Sin embargo, los derechos
de registro no se causan como consecuencia del acto original, que crea la
obligación de registrar, sino con el acto de registro mismo, es decir, aquél
que produce la tradición, en cumplimiento de la obligación surgida en el
acto original.
2
“Mediante los turnos números 2001-66057 y 2001-66059 del 20 de diciembre de 2001, fueron radicados por
parte de EPM en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, el Acuerdo 83 de 2001 y el
Decreto 2477 de 2001, por medio de los cuales se acuerda transferir el inmueble denominado Edifico Empresas
Públicas de Medellín de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. a favor del Municipio de Medellín y éste
posteriormente engloba el predio junto con otros.
3
Entendiendo por estos el Acuerdo 083 y el Decreto 2477 de 2001, que fueron los actos mediante las cuales
se dispuso transferir el dominio del inmueble, y que son según lo dispuesto en el Estatuto Registral actos
sujetos a registro.
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En este punto, debe diferenciarse, como se hará en el punto nro. II.4.2.2.
de esta providencia, entre el acto de tradición y el acto de registro. El
primero, corresponde al acto jurídico mediante el cual un propietario
tratándose de inmuebles, plasma su voluntad de transferir el dominio,
verbi gracia, un contrato, o como en este caso, dos actos administrativos,
el Acuerdo 083 y del decreto 2477 de 2001. Por su parte el acto de
registro4 es aquel que emite la autoridad registral -oficina de instrumentos
públicos-, mediante el cual se da publicidad a un acto jurídico mediante
el cual se transfirió el dominio de un inmueble, o se constituyó un
gravamen respecto del mismo5.
Ahora bien, así como se dispone en el artículo 4° del Estatuto Registral el
legislador previó que algunos actos, títulos y documentos están sujetos a
registro, entre los cuales se destaca todo acto, contrato, decisión
contenido en escritura pública, providencia judicial, administrativa o
arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación,
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre
bienes inmuebles.
Y si, como lo señala el actor, no estaba en la obligación de pagar los
derechos de registro porque no intervino en el acto que generó la
obligación de registrar, debe para estos efectos tener en cuenta que ese
acto original, contenido en las decisiones unilaterales del concejo y la
alcaldía municipal de Medellín, que se presume legal y válido y que no
cuestiona, le llevó a que, consciente y voluntariamente, asistiera a la
oficina de registro de instrumentos públicos a hacer la tradición, en
cumplimiento del deber que le imponen los actos; por lo que es evidente
que su voluntad sí concurrió en el acto de tradir, que genera el derecho a
pagar.
En consecuencia, es cierto que la voluntad de EPM quedó acreditada,
comoquiera que fue quien acudió al servicio registral, se reitera,
independiente si en el acuerdo y el decreto mediante los cuales se resolvió
transferir la propiedad intervino su voluntad.
II.4.1.2. En este punto, se estudiará el siguiente cargo planteado en el
recurso de apelación: “El fallo de instancia desconoció que los actos
acusados violan la regla de derecho de fondo”.
A juicio de la parte recurrente (EPM), el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia interpreta de manera equivocada el artículo
17 del Decreto 1428 de 2000, toda vez que el único beneficiario del
4
Artículo 24. Notificación de los actos de inscripción. Los actos de inscripción o registro se entenderán
notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido
solicitado por Entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá
comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente anotación.
5
Artículo 2° Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como objetivos básicos los siguientes:
a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en
ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil;
b) Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren,
afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces;
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registro de la transferencia del inmueble objeto de la presente
controversia judicial es el municipio de Medellín, pues EPM simplemente
está cumpliendo con lo resuelto en el Acuerdo municipal 083 de 2001. A
su juicio, para que se causen los derechos registrales, EPM ha debido
manifestar su voluntad en el acto, lo cual no sucedió. Esto sumado a que
el municipio de Medellín es el propietario de EPM.
De conformidad con las consideraciones expuestas en este cargo, debe la
Sala responder el siguiente problema de hecho.
Sobre este punto, la Sala advierte que la obligación de pago de los
derechos de registro tiene un origen legal, que surge a partir de la
utilización del servicio público registral, y es la misma ley la que establece
que las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado deben asumir el pago de los
derechos de registro, comoquiera que la norma no las exime de este pago
• artículo 17 del Decreto nro. 1428 de 2000-. En consecuencia, no se trata
de una obligación sin sustento normativo, sino del cumplimiento de una
obligación dispuesta por el legislador respecto de quienes están o no
obligados a pagar los derechos de registros cuando se celebra una
operación entre entidades estatales, que se causa al momento de
registrar y no antes, y que no exceptúa el pago teniendo en cuenta el
origen de la operación.
Adicionalmente, de conformidad con el Decreto 1428 de 2000, transcrito
en líneas anteriores, puede advertirse que el pago de tarifas por el registro
de actuaciones ante la oficina de registro no está sujeto al reporte de un
beneficio a alguna de las partes que realiza la operación, sino
simplemente por el hecho del acto de registro. Es decir, la tarifa se cobra
por el simple hecho de la prestación del servicio público de registro, no
en razón a si esta actuación le reporta un beneficio a algún sujeto de
derecho en particular, que haga parte de la relación jurídica mediante la
cual se realizó la transferencia del derecho de dominio de un bien
inmueble.
En efecto, en la parte considerativa del decreto aludido se establece: “(…)
Que los Decretos-leyes números 0960 y 1250 de 1970 facultan al
Gobierno Nacional para actualizar periódicamente el costo de las tarifas
por concepto de los citados servicios. Que con el propósito de
racionalizar el servicio público de registro de instrumentos públicos se
hace necesario la actualización de las tarifas y derechos que se
deben cobrar por la prestación del servicio”(Se destaca)
En concordancia con lo anterior, el Decreto regula las “Tarifas de derechos
por concepto del registro de instrumentos públicos”. Y en su artículo
1 preceptúa: “Tarifa ordinaria para la inscripción de documentos.
La inscripción de los títulos, actos y documentos que de acuerdo con la
ley están sujetos a registro causarán los siguientes derechos a cargo
del solicitante: (…)” (Se destaca)
Como puede apreciarse en la parte considerativa del Decreto 1428 de
2000 y en su parte resolutiva, la finalidad de la regulación se orienta en
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actualizar y definir el cobro de las tarifas por la prestación del servicio
registral, de lo cual se desprende que el cobro de aquellas no está atado
al reporte de un beneficio en particular a alguna de las partes que solicitan
el registro.
No puede perderse de vista que la función registral es un servicio público,
cuyo destinatario es la sociedad en su conjunto, la cual se encuentra
interesada en conocer la situación jurídica real de los inmuebles con fines
de bienestar y seguridad jurídica. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto
1250 de 1970, “Por el cual se expide el estatuto del registro de
instrumentos públicos” (aplicable para el momento de la expedición de
los actos acusados), “El registro de instrumentos públicos es un servicio
del Estado, que se prestará por funcionarios públicos, en la forma aquí
establecida, y para los fines y con los efectos consagrados en las leyes.”
En consecuencia, por la prestación de ese servicio el Estado tiene regulada
unas tarifas que cobra con ocasión del mismo, independientemente de los
beneficiarios del acto sometido a registro.
Adicional a lo anterior, el Decreto 1428 de 2000 no preceptúa que el pago
de los derechos de registro lo realiza quien resulta beneficiario del acto
de registro; tampoco distingue para el recaudo de los derechos registrales
al beneficiario del acto, o al carácter unilateral o bilateral del acto
sometido a registro. En cambio, el artículo 17 literal a) sí considera a las
personas involucradas en la operación, en este caso EPM y municipio de
Medellín, respecto de lo cual preceptúa, de manera general, que la
actuación registral no causará derecho alguno cuando en las solicitudes
de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación
intervengan exclusivamente las entidades estatales, a excepción de
las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las cuales asumirán el pago
de los derechos de registro.
De la mentada regulación se deriva entonces que EPM, al ser una empresa
industrial y comercial del estado que presta servicios públicos
domiciliarios, sí debía asumir el pago de los derechos de registro.
Ahora bien, la parte recurrente (EPM) tiene la tesis consistente en que,
como el municipio de Medellín es el propietario de EPM, se trató de un
acto unilateral que sólo beneficia al municipio de Medellín, y en aplicación
del transcrito artículo 17 literal a) del Decreto 1428 de 2000, esta
actuación está exenta de pago de derechos de registro, en la medida en
que exclusivamente interviene una entidad pública.
A este respecto, la Sala estima que, independientemente que el municipio
de Medellín sea propietario de EPM, en el acto de registro sí intervino la
voluntad de EPM, pues es evidente que la empresa es una persona jurídica
distinta a su propietario, que goza de los atributos de la personalidad, con
sus derechos y obligaciones, por lo que no pueden confundirse en una
misma persona, y menos para beneficiarse de las ventajas que la ley le
confiere al propietario.
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Por lo tanto, no prospera el argumento consistente en que, al ser el
municipio de Medellín, según el recurrente, el único beneficiario del acto
de registro, EPM debía ser exonerada del pago de los derechos de registro,
pues, se reitera, esta obligación tiene una naturaleza legal,
independientemente de quien se pudo beneficiar del acto registral.
II.4.2. Problemas jurídicos.
II.4.2.1. En este aparte, se estudiará el cargo denominado por el
recurrente como: “El fallo desconoció que los actos expedidos por la
superintendencia de notariado y registro están afectados por falsa
motivación”.
A juicio de la parte recurrente, en el caso concreto se presenta una
decisión incongruente, toda vez que los actos demandados se apartan del
espíritu del Decreto 1428 de 2000 y de lo previsto en el Acuerdo del
Municipio de Medellín nro. 83 de 2001 y su decreto reglamentario nro.
2477 de 2001, expedido por el alcalde de Medellín, donde aparece con
meridiana claridad que el acto solo beneficia al municipio y que éste no
viene de un negocio jurídico sino por el ordenamiento jurídico.
A este respecto, la Sala observa que este argumento tampoco tiene
vocación de prosperidad, dado que, como se explicó en el acápite anterior,
el acto acusado no se aparta de lo regulado en el Decreto 1428 de 2000,
en la medida en que el pago de tarifas por el registro de actuaciones ante
la oficina de registro no está sujeto al reporte de un beneficio a alguna de
las partes que realizan la operación, sino simplemente al hecho del acto
de registro.
Es decir, analizados los actos acusados, se advierte que el fundamento de
hecho, esto es, que EPM registró un acto de registro mediante el cual se
transfirió el derecho de dominio de un inmueble al municipio de Medellín,
es cierto; adicionalmente, también lo es que dicho acto genera unos
derechos de registro que debían ser cancelados por quien acudió al
servicio registral, independientemente de cuál hubiese sido su origen.
Finalmente, también es cierto que EPM, por su naturaleza jurídica, no está
exenta del pago de los derechos de registro.
En consecuencia, el acto no adolece de falsa motivación, pues son ciertos
los hechos en que se funda, así como las normas que invoca, y hay
congruencia entre ellos y la decisión que adopta.
II.4.2.2. En este aparte, se estudiará el cuarto cargo planteado por el
recurrente, “El fallo de instancia desconoció las disposiciones del código
civil colombiano sobre cuándo se debe entender que existe una tradición”.
A juicio de la parte recurrente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
el fallo apelado, desconoció las consecuencias que se derivan del Acuerdo
municipal 83 de 2001, pues fue en este que se resolvió disponer de una
partida del patrimonio de EPM en favor del municipio de Medellín, acto
administrativo de carácter unilateral respecto del cual EPM no manifestó
su voluntad, y no obtuvo beneficio alguno.
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También adujo que se presenta un enriquecimiento sin justa causa, dado
que EPM, como consecuencia de ese acuerdo municipal, tuvo que pagar
los gastos registrales sin obtener provecho alguno en su patrimonio, más
aún, teniendo en cuenta que es una empresa de servicios públicos
domiciliarios cuyos recursos, de conformidad con la Ley 142 de 1994,
deben destinarse al mejoramiento de la cobertura y la calidad de los
servicios que presta.
En este mismo sentido expuso que el fallo apelado desconoció el artículo
740 del Código Civil, el cual preceptúa que la tradición es un modo de
adquirir el dominio de las cosas, que consiste en la entrega que el dueño
hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de
transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo.
Ahora bien, como ya se expuso, los derechos registrales que se generan
como consecuencia de la inscripción de un acto de registro nacen por la
prestación de un servicio público, el cual tiene como objetivo servir de
medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos
reales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 756 del Código Civil;
y dar publicidad y revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos
públicos sujetos a registro.
Es así como, mediante el decreto 1428 de 2000, se establecen las tarifas
que genera la inscripción de documentos sujetos a registro y quienes
deben cancelarlos. Así mismo, en el artículo 17 se establecen que
actuaciones están exentas, dentro de las cuales, se reitera, sólo lo estarán
las inscripciones de documentos cuando intervengan entidades estatales,
exceptuando expresamente a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado.
En este sentido, este cargo no está llamado a prosperar, pues, como se
explicará a continuación, EPM si intervino en la tradición del inmueble y,
como no está exenta del pago de los derechos registrales debía realizarlo.
La tradición es un modo de adquirir el dominio que está sometido al
cumplimiento de unos requisitos dispuestos en los artículos 740 y
siguientes del Código Civil, en el que el tradente adquiere la obligación de
entregar un bien al adquirente. En el caso de los bienes inmuebles la
tradición se hace mediante la inscripción del título en la oficina de registro
de instrumentos públicos -art. 756 Código Civil6-, y es independiente de
la entrega física o material, a la cual también está obligado el tradente, -
art-1880 Código Civil7-.
6
ARTICULO 756. TRADICION DE BIENES INMUEBLES. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes
raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.
De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes
raíces, y de los de habitación o hipoteca
7
ARTICULO 1880. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. Las obligaciones del vendedor se reducen en general
a dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida.
La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título VI del libro II.
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Sobre la tradición de inmuebles y la obligación de registro la Corte
Suprema de Justicia8 ha establecido que:
“Como puede ser apreciado, dada la forma en que el «título y modo» se
perfeccionaba en el derecho francés, esto es, con el contrato, los títulos
traslaticios de dominio no debían ser anotados ante ninguna autoridad
que llevara su registro, aunado a que dichas convenciones en la mayoría
de las ocasiones no daban cuenta del origen del dominio, por lo que
existían confusiones y dificultades de índole probatorio a la hora de
esclarecer el verdadero dueño de los bienes. De allí que el legislador
colombiano, seguramente conociendo esa problemática y con el propósito
de evitar tales aprietos, haya adoptado un modelo diferente de concreción
de esos dos estadios.
Ciertamente, la ley le otorgó al acuerdo con el que se transfiere el dominio
la única labor de crear la obligación de trasladar el mismo (título), por ello
el modo, esto es, la tradición, ocurre exclusivamente cuando se inscribe
el mentado convenio en el registro de instrumentos públicos, pues a voces
del artículo 756 del Código Civil «[s]e efectuará la tradición del domino
de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de
instrumentos públicos».
La Corte ha diferenciado con claridad el tema al sostener:
Define el artículo 1849 del Código Civil: “La compraventa es un
contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la
otra a pagarla en dinero”. Tal definición difiere sustancialmente
de la consignada en el artículo 1582 del Código de Napoleón, en
cuanto esta última hace consistir la principal obligación del
vendedor en la simple “entrega” de la cosa al comprador y no
en la dación de la misma. Como es sabido esta diferencia
obedece a la diversidad de los dos sistemas en punto de la
transferencia del dominio, vale decir, de la enajenación de tal
derecho por acto entre vivos. En el francés, dicha transferencia
se opera por virtud del sólo contrato traslativo, como la
compraventa, la permuta, la donación, etc. De ahí que,
perfeccionado el contrato de esta índole, la obligación principal
del enajenante sea la de entregarle materialmente la cosa al
adquirente, quien ya se ha hecho propietario de ella en virtud
del contrato. Algo distinto ocurre en el sistema colombiano que
acogió para el efecto indicado la llamada “teoría del título y el
modo”. Consiste ésta en exigir a lo menos para la transferencia
del dominio y de otros derechos, la realización de dos actos
jurídicos distintos y sucesivos, a saber: un contrato (título) que
no tiene per se la virtualidad de transferir el dominio, y la
tradición (modo) que consiste, en principio, en la entrega de la
cosa materia de aquel acompañada del ánimo recíproco de
enajenar y de adquirir. Con otras palabras: en nuestro sistema
legal, inspirado en el derecho romano, en punto de la
transferencia del dominio el contrato en que ésta se pacte, v.
8
M.P. Álvaro Fernando García Restrepo; SC2122-2021 2 de junio de 2021 radicado 2005-00162-01
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gr. La compraventa, solamente genera entre las partes una
obligación de dar (o derecho crediticio ad rem) la que está
llamada a ser cumplida mediante otro acto distinto: la tradición,
en cuya virtud el adquirente se hace titular del derecho in rem
(GJ. XXIV, pág. 173 y LXIX, pág. 8).
De manera que el registro de instrumentos públicos cumple una labor
invaluable, puesto que además de concretar el modo de la tradición en la
transferencia que se haga de los bienes raíces, ayuda a facilitar, entre
otras cosas, la prueba de la propiedad, cuyo certificado de libertad y
tradición o folio de matrícula, como se sostuvo en CSJ SC11786-2016,
cumple varias funciones, así:
(i) La atestación que hace el registrador da cuenta de la
existencia del predio, pues tal es la función que está llamada a
cumplir el registro de la propiedad. Se trata, desde luego, de
una especie singular de existencia jurídica; (ii) Sirve al propósito
de determinar quién es el propietario actual del inmueble, así
como dar información sobre los titulares inscritos de derechos
reales principales, pues contra ellos ha de dirigirse la demanda
como ordena el artículo 407 del C.P.C.; (iii) El folio de matrícula
inmobiliaria constituye un medio para instrumentar la publicidad
del proceso, pues el artículo 692 del C.P.C. establece la
anotación de la demanda como medida cautelar forzosa en el
juicio de pertenencia. Y, (iv) la presencia del certificado presta
su concurso también como medio para la identificación del
inmueble, dado que los datos que allí se consignan sirven para
demostrar si el predio pretendido realmente existe, como
también para saber si es susceptible de ser ganado por
prescripción.
1. Ahora, el sistema registral colombiano, fiel y coherente con su naturaleza
jurídica, puesto que se fundó en el modelo prusiano o sistema de la
inscripción, en virtud del cual es conocido como «el prototipo de sistema
con efectos de exactitud de lo registrado»9, se soporta en los principios
de rogación, especialidad, prioridad o rango, legalidad, tracto sucesivo y
legitimación”.
En el caso concreto, insiste la Sala, que el tradente, en este caso EPM, si
intervino en la tradición, comoquiera que fue quien acudió ante el registro
de instrumentos públicos a realizar la inscripción del título, que en este
caso fue el Acuerdo y el decreto mediante los cuales se resolvió transferir
el dominio de un bien inmueble que era de propiedad de EPM al municipio
de Medellín; es decir, en cumplimiento del principio de rogación del
sistema registral colombiano, la entidad demandante acudió al registro de
instrumentos públicos y solicitó la inscripción de los actos -modo-, que en
este caso constituían el título, para que se perfeccionara la tradición; sin
este acto voluntario por parte de la entidad demandante no se hubiese
realizado la tradición del inmueble.
9
Ternera Barrios, Francisco. Bienes, Segunda Edición, Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2013.
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En efecto, de conformidad con los artículos 740, 741 y 742 del Código
Civil, se observa lo siguiente:
ARTICULO 740. <DEFINICION DE TRADICION>. La tradición es un
modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega
que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la
facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la
capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio
se extiende a todos los otros derechos reales.
ARTICULO 741. <TRADENTE Y ADQUIRENTE>. Se llama tradente la
persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa
entregada por él, y adquirente la persona que por la tradición
adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre.
Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus
representantes legales.
En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición
de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se
transfiere es el tradente, y el juez su representante legal.
La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado,
se entiende hecha por o a el respectivo mandante.
ARTICULO 742. <CONSENTIMIENTO DEL TRADENTE>. Para que la
tradición sea válida, deberá ser hecha voluntariamente por el
tradente o por su representante.
Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin
voluntad del tradente o de su representante, se valida
retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de
enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. (Se
destaca)
En relación con la aplicación de estas normas, la Corte Suprema de
Justicia ha señalado10:
“2- A partir de esa distinción, el legislador estableció los modos
de adquirir el dominio (art. 673, C.C.), entre los cuales se
encuentran la tradición (Libro Segundo, Título VI) y la
prescripción (Libro Cuarto, Título XLI, Capítulo II).
2.1.- En cuanto hace referencia a la tradición, ha de recordarse
que:
2.1.1- Ella consiste en la entrega que se hace de un bien por el
tradente al adquirente, con la intención de transferir uno e
10
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA; Magistrado Ponente: PEDRO
LAFONT PIANETTA; Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho
(29/09/1998) Referencia: Expediente No.5169
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incorporar a su patrimonio el otro, el derecho de dominio u otro
de los derechos reales.
2.1.2.- Con respecto a los bienes inmuebles, la tradición no se
efectúa con la simple entrega material, sino que, por expreso
mandato del artículo 756 del Código Civil, ella tiene lugar
mediante la inscripción del título en la respectiva Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, norma que guarda armonía
con lo dispuesto por el artículo 749 del mismo Código, que
preceptúa que cuando la ley exige solemnidades especiales para
la enajenación no se transfiere el dominio sin la observancia de
ellas. Esto significa, entonces, que la obligación de dar que el
vendedor contrae para con el comprador respecto de un bien
raíz, se cumple por aquél cuando la escritura pública contentiva
del contrato de compraventa se inscribe efectivamente en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente a
la ubicación del inmueble, sin perjuicio de su entrega, pero,
como lo tiene por sentado la jurisprudencia de esta Corporación,
entre otras en sentencia de 2 de febrero de 1945, "no es
necesaria la entrega material de inmueble vendido para que se
transfiera el dominio al comprador; basta el registro del título
en la respectiva oficina" (G.J. XLIX, pág. 55)”.
Como puede apreciarse, la tradición de los bienes inmuebles se efectúa
con la inscripción en el registro de instrumentos públicos, por lo que no le
asiste razón a la demandante cuando afirma que no intervino en la
tradición, dado que fue quien acudió al registro y solicitó la inscripción.
En el caso bajo examen, mediante los turnos Números 2001-66057 y
2001-66059 del 20 de diciembre de 2001, fueron radicados por parte
de E.P.M en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín,
el Acuerdo 83 de 2001 y el Decreto 2477 de 2001, por medio de los
cuales se acuerda transferir el inmueble denominado “Edificio
Empresas Públicas de Medellín”.
II.4.1.3. El fallo desconoce la orientación de la Constitución Política de
1991 y de la ley 142 de 1994 en materia de servicios públicos
domiciliarios.
Sobre este punto, la parte recurrente indica que, teniendo en cuenta los
principios de eficiencia en la prestación de los servicios públicos,
solidaridad, libre competencia y calidad, a las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios no se les puede requerir para el cumplimiento de
obligaciones que, de acuerdo con la Constitución y la ley, no les
corresponda.
Advierte la Sala que en este cargo plantea la entidad demandante que el
acto administrativo vulnera los principios de eficiencia en la prestación de
los servicios públicos recogidos en la Constitución Política, pues se impone
una obligación que no está señalada en la ley 142 de 1993.
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Sobre el particular, se reitera que la obligación en el pago de los derechos
registrales tiene origen legal, esto es, en el decreto 1250 de 1970 -norma
aplicable para la época en que se realizó el registro del Acuerdo-, y el
decreto 1428 de 2000, las cuales regulan qué actos son objeto de registro
y quienes están obligados al pago de los derechos registrales. Es decir,
en el caso concreto, no se advierte cómo esta obligación afecta la
prestación eficiente de un servicio público, pues lo cierto es que, si, de
acuerdo con la ley, cualquier empresa industrial y comercial del estado
que acuda al servicio registral está en la obligación de pagar los derechos
registrales, no se ve la razón por la cual EPM considere que ello atenta
contra los principios de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, cuando se trata del cumplimiento de un deber legal de
carácter general. Adicionalmente, la ley 142 de 1994, entre otros temas,
regula la forma en que se prestan los servicios públicos domiciliarios, así
como cuales tienen la condición de esenciales y la manera en que el
Estado interviene en dicha prestación; es decir, la materia que regula no
corresponde al régimen impositivo de que trata el decreto 1250 de 1970
y el 1428 de 2000, que son las que aplican al objeto del presente proceso.
II.4.2.4. Por último, Teniendo en cuenta que en los alegatos de
conclusión de segunda instancia la parte actora puso de presente que es
costumbre mercantil que los gastos de registro en la compraventa de
inmuebles sean asumido por el adquirente del inmueble, la Sala se
pronunciará al respecto, en los siguientes términos:
Sobre este particular, la Sala advierte que la costumbre mercantil
requiere prueba, de acuerdo con la regulación prevista en el Código de
Comercio y en el Código General del Proceso.
En efecto, de acuerdo con el artículo 6 del Código de Comercio, “la
costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de
Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretenda probar con
testigos, éstos deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos
inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos
y de los requisitos exigidos a los mismos en el artículo 3; y cuando se
aduzcan como prueba dos decisiones judiciales definitivas, se requerirá
que éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al
diferendo.” (Se destaca)
Hecha la remisión al Código de Procedimiento Civil (ahora Código General
del Proceso), se observa que éste preceptúa, en sus artículos 178 y 179,
lo siguiente:
“ARTÍCULO 178. PRUEBA DE USOS Y COSTUMBRES. Los usos y
costumbres aplicables conforme a la ley sustancial deberán
acreditarse con documentos, copia de decisiones judiciales
definitivas que demuestren su existencia y vigencia o con un
conjunto de testimonios.
ARTÍCULO 179. PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL. La
costumbre mercantil nacional y su vigencia se probarán:
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1. Con el testimonio de dos (2) comerciantes inscritos en el
registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y
de los requisitos exigidos a los mismos en el Código de
Comercio.
2. Con decisiones judiciales definitivas que aseveren su
existencia, proferidas dentro de los cinco (5) años anteriores
al diferendo.
3. Con certificación de la cámara de comercio correspondiente
al lugar donde rija.
La costumbre mercantil extranjera y su vigencia se acreditarán con
certificación del respectivo cónsul colombiano o, en su defecto, del
de una nación amiga. Dichos funcionarios para expedir el certificado
solicitarán constancia a la cámara de comercio local o a la entidad
que hiciere sus veces y, a falta de una y otra, a dos (2) abogados del
lugar con reconocida honorabilidad, especialistas en derecho
comercial. También podrá probarse mediante dictamen pericial
rendido por persona o institución experta en razón de su
conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio,
con independencia de si está habilitado para actuar como abogado
allí.
La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán con
la copia de la sentencia o laudo en que una autoridad jurisdiccional
internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado. También
se probará con certificación de una entidad internacional idónea o
mediante dictamen pericial rendido por persona o institución experta
en razón de su conocimiento o experiencia.”
Como puede apreciarse, para acreditar la costumbre mercantil se puede
probar con testigos, con copia de dos decisiones judiciales definitivas que
demuestren su existencia y vigencia, o con certificación de la cámara de
comercio correspondiente del lugar donde rija.
En el caso objeto de examen, una vez revisado el plenario, se advierte
que la parte actora no allegó documento, copia de decisiones judiciales
definitivas, testimonio de comerciantes inscritos en el registro mercantil,
o certificación de la cámara de comercio que dé cuenta que la costumbre
comercial en la zona donde se realizó el registro de la transferencia de un
inmueble de su propiedad al municipio de Medellín, consiste en que el
adquirente es quien debe pagar los derechos de registro.
A lo dicho se agrega que la obligación de hacer la inscripción es, en
principio, del tradente, pues es el llamado a hacer la entrega real del bien
que enajena al adquirente, mediante el registro del acto o contrato que
impone la respectiva obligación; por lo que la Sala advierte que no está
acreditada la costumbre mercantil.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de febrero de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual
negó las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 210 de 7 de mayo
de 2002, “por la cual se resuelve una solicitud de devolución de dinero”;
284 de 4 de junio de 2002, “por medio de la cual se resuelve un recurso”,
expedidas por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del Círculo
de Medellín Zona Sur; y 0645 de 7 de marzo de 2003, “por la cual se
resuelve un recurso de apelación”, proferida por la Superintendencia de
Notariado y Registro.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su
sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salvamento Parcial de Voto
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