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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-03546-01

Acción de reparación directa

Fecha
4 de marzo de 2019
Consejero ponente
Ramiro Pazos Guerrero
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-03546-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia dictada el 29 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, por medio de la cual negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ABSOLVER a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional - Ejercito Nacional de los daños sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte del menor Joan Andrés Tabares Román en el municipio de Rionegro, Antioquia. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2003-03546-01

Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero

4 de marzo de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA

Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 C.C.A). Además, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 29 de julio de 2013, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, teniendo en consideración que la cuantía de la demanda determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para tal efecto.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 82 / DECRETO 597 DE 1988

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Noción

El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[E]l numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO- 136 NUMERAL 8

VALOR DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

Con relación a estos documentos, la Sala se sujetará al criterio de unificación establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera en cuanto al valor probatorio de las copias simples, según el cual es preciso tener en cuenta que las partes en el curso procesal aceptaron que los documentos fueran examinados y coincidieron en la estimación de los mismos en forma recíproca, pues no fueron tachados ni al momento de arrimarlos al plenario probatorio ni durante el transcurso del debate procesal; por tanto, dichas copias tienen vocación de ser valoradas a fin de determinar el grado de convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocería el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

TESTIGO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIGO DE OÍDAS / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

En el proceso obran testimonios que hacen referencias a circunstancias conocidas “de oídas”, declaraciones que en principio podrían calificarse de sospechosas en los términos del artículo 217 del C.P.C.; no obstante, esto no quiere decir que sus versiones se deban descartar de plano, sino que en aras de preservar la integridad de la prueba, la valoración de su grado de confiabilidad deberá analizarse de manera integral con otros medios probatorios obrantes en el proceso. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 7 de octubre de 2009; Exp. 17629; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 217

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / CONFLICTO ARMADO / MUERTE DE CIVIL / MUERTE Y LESIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN CIVIL / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD

El derecho fundamental a la seguridad tiene una efectividad sustancial mínima traducida en un sistema de deberes y vínculos positivos dirigidos al poder público; así lo ha entendido la Corte Constitucional al considerar que la seguridad personal comprende un coto irreductible a favor de las personas contra ciertos riesgos o peligros que “no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad”. (…) la jurisprudencia constitucional ha concluido que para recibir la protección estatal en cuanto al derecho a la seguridad personal, solo se tendrán en cuenta los riesgos extraordinarios o extremos y las amenazas concretas que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, lo cual dependen esencialmente del caso concreto, “y deben ser evaluadas como un todo, desde una perspectiva integral, para establecer la naturaleza, alcance, intensidad y continuidad de los riesgos que gravitan sobre cada individuo”.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional T-719 de agosto 20 de 2003, C.P. Manuel José Cepeda.

FALLA DE SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / CONFLICTO ARMADO / MUERTE DE CIVIL / MUERTE Y LESIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN CIVIL / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD

La jurisprudencia de esta Corporación de tiempo atrás ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: i) en la producción del daño estuvo presente la complicidad por acción u omisión de agentes del Estado; ii) se acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que los efectos antijurídicos de la omisión concretados en un daño son objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida y, por ende, estaban obligadas a actuar (deber de diligencia); y, iv) porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por ejemplo, la grave alteración del orden público y el conocimiento público de amenazas por parte de terceros, el hecho era previsible y cognoscible, y no se realizó actuación alguna encaminada a su protección. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de agosto 29 de 2012, Exp. 24444, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de agosto 11 de 2011, Exp. 20.325, C.P. Mauricio Fajardo, de 20 de noviembre de 2008, Exp. 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, de junio 19 de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
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FALLA DE SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / CONFLICTO ARMADO / MUERTE DE CIVIL / MUERTE Y LESIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN CIVIL / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD

[L]a Sala ha precisado que a pesar de que es un deber inherente al Estado garantizar la protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida, a la integridad física o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en la medida que se circunscriben a sus capacidades en cada caso concreto; sin embargo, esta misma Corporación en abundantes providencias, ha resaltado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa el incumplimiento a sus deberes, sino que debe examinarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir con los estándares funcionales.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / CONFLICTO ARMADO / MUERTE DE CIVIL / MUERTE Y LESIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN CIVIL / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD

Empero, nótese que en estos casos, pese a que la víctima no solicitó las medidas de protección de manera expresa, las fuerzas del orden conocían, debían conocer o eran previsibles los riesgos que se cernían contra la vida o integridad personal de las referidas personas, porque “existía un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra”

MUERTE DE MENOR / CONFLICTO ARMADO INTERNO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / CONFLICTO ARMADO / MUERTE DE CIVIL / MUERTE Y LESIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN CIVIL / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / EXPECTATIVA NEGATIVA

La Sala encuentra debidamente acreditado el daño con la muerte del menor, en el municipio de Rionegro, Antioquia, en hechos ocurridos el 6 de octubre de 2001, como consecuencia directa de hechos de violencia asociados al conflicto armado interno. El menor fue asesinado con arma de fuego, al parecer por miembros de un grupo organizado al margen de la ley. El daño se concreta en la medida que el administrado es titular de una expectativa negativa (de no sufrir lesiones) y que, en el presente caso, se afectó el derecho a la vida de un menor.

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY

[P]or tratarse de un caso típico de omisión, la imputación se fundamentará, como esta Sala lo ha sostenido en otras oportunidades, en un juicio de responsabilidad subjetiva por falla en el servicio, comoquiera que los demandantes aducen que existió una omisión por parte de las entidades demandadas. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 26161; sentencia del 29 de mayo de 2014, Exp. 30108; sentencia del 29 de agosto de 2014, Exp. 31190, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / FALLA DEL SERVICIO – No acreditado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / AUSENCIA DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN ESTATAL

Del haz probatorio, se puede inferir que el daño no es imputable a la omisión ni acción de la parte demandada, ya que el acto era imprevisible, irresistible y exógeno respecto de las acciones de la entidad demandada si se tiene en cuenta que la Policía ni el Ejercito ni otra entidad estatal (ver relación probatoria, párrafo 45) conocían con antelación o, por lo menos, tenían algún indicio, de una amenaza cierta o concreta contra la vida e integridad personal del menor (…) Es importante señalar que no se probó que en la producción del daño estuvo presente la complicidad por acción u omisión de agentes del Estado. (…) Aunado a lo anterior, no se probó que la familia del menor había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades (…) y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías.

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / FALLA DEL SERVICIO – No acreditado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ATAQUE CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / AUSENCIA DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN ESTATAL

[N]o se le puede imputar el daño antijurídico a la entidad demandada, por el solo hecho de que exista una alteración del orden público o un contexto de violaciones de derechos humanos, ya que no es posible exigir lo imposible a la administración, máxime cuando en el caso concreto no están acreditadas amenazas por parte de estos grupos frente a la víctima directa que hubieran hecho que las autoridades incrementen su nivel de atención o estándar de debida diligencia en relación a la protección de los derechos fundamentales del menor

CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD ESTATAL / PRESUPUESTOS DE LAS CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONMSABILIDAD ESTATAL – No configurado / HECHO DE UN TERCERO / AUSENCIA DE AMENAZAS

[R]esulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima. (…) . Pues bien en el presente caso se encuentra probado que el evento dañino es un hecho de un tercero imprevisible, irresistible y exógeno a las entidades demandas, ya que i) la parte demandada hizo lo razonablemente posible, en el ámbito de sus competencias, atendiendo las particularidades fácticas del caso; ii) el hecho fue imprevisible para la entidad demandada en tanto que, por un lado, la víctima no alertó previamente a las autoridades. Y, por otro, del tampoco había una amenaza potencial, cierta y concreta en contra de la vida e integridad del afectado y iii) El evento dañoso fue externo o exterior a la actividad de las entidades demandas, ya que le resultó ajeno jurídicamente, en la medida que el proceder activo u omisivo de los agentes de la entidad demandada no tuvo injerencia en la producción del daño.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-03546-01 (49716)

Actor: LILIANA PATRICIA ROMÁN MONTOYA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO - POLICÍA NACIONAL

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Jurisprudencia de la Sección Tercera respecto a la responsabilidad estatal por actos violentos de terceros contra la vida e integridad física de personas que no pusieron en conocimiento de las autoridades las amenazas ni solicitaron formalmente protección. Nivel de riesgo y amenaza.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será confirmada

SÍNTESIS DEL CASO

El 6 de octubre de 2001, el menor Joan Andrés Tabares Román fue asesinado en Rionegro, Antioquia, presuntamente por grupos de autodefensas que operaban en la región. El día de los hechos, la víctima fue sacada del barrio “Los Lagos” y ultimada frente a todos los vecinos y amigos. Dicho municipio, en esa coyuntura, presentaba alteración del orden público en razón a la presencia de grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno.
I. ANTECEDENTES

A. Lo que se demanda

1. Mediante escrito presentado el 7 de octubre de 2003 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, la señora Liliana Patricia Román Montoya, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Natalia Andrea Román Montoya y Mario Alberto Tabares Román, mediante apoderado judicial, en su condición de compañera e hijos, interpusieron demanda de reparación directa con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 10 a 20, c.1):

A-. Se declare que las entidades denominadas LA NACIÓN COLOMBIANA: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. EJÉRCITO NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL, de manera conjunta, solidaria o separadamente son Administrativa y civilmente responsables, de manera directa, de la muerte ocasionada a su joven hijo y hermano JOAN ANDRÉS TABAREZ ROMÁN, por parte de grupos al margen de la Ley (Autodefensas). y consecuentemente de pagar lodos los perjuicios morales como consecuencia de dicha muerte por FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, al no brindar la seguridad necesaria en la Región donde ocurrieron los hechos que evitara esta clase de acciones.

B-. Condenar en consecuencia, A LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL EJERCITO NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL, corno reparación directa del daño ocasionado, a pagar a favor de los demandantes, o a quienes representen legalmente sus derechos, los perjuicios de orden MORAL, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, en la cantidad de mil salarios mínimos legales vigentes, los que a razón de $332.000,00 M.L., cada salario mensual, asciende a la suma de $332.000,000,00 M.L. para cada uno de los demandantes y un total de $996.000,000,00 M.L., lo que sea justamente tasado por los Honorables Magistrados, de acuerdo a la prueba aportada al proceso.

C-. Se condenará a las demandadas a pagar a favor de los demandantes, la suma de $205.920.000,00 M.L., por concepto cíe LUCRO CESANTE, por lo que dejarán de percibir los demandantes con el trabajo de su hijo y hermano a razón de $286.000,00 M.L. mensual que devengaba este al momento de su muerte, teniendo en cuenta una vida probable de este de 60 años más de vida, siendo la del pueblo Colombiano de 72 años, o lo que sea tasado legalmente por los peritos que nombre el Despacho.

D-. La condena será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., y se reconocerán intereses legales desde el día 8 de Septiembre del 2001, fecha de la ocurrencia de los hechos, hasta que se le dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.

E-. Se condene a las entidades demandadas al pago de la indexación de todas las resultas del proceso.

F-. Que se condene a los demandados al cumplimiento de la sentencia en los términos de los arts.176, 177, 178 y 179 del C.CA..

G-. Que se les condene al pago de las costas y gastos del proceso.

En respaldo de sus pretensiones, la parte actora adujo textualmente los siguientes hechos:

1-. Me enseñan mis representados, que su hijo y hermano JOAN ANDRÉS TASARES ROMÁN, había nacido el pasado 24 de enero de 1.989, en el Municipio de Ríonegro Antioquia.

2-. Dice mi cliente, que extramatrimonialmente no solo había procreado a JOAN ANDRÉS, sino a los menores MARIO ALBERTO TABARES ROMÁN y NATALIA ANDREA ROMÁN MONTOYA, tal y como se comprueba con los registros civiles de nacimiento adjuntos

3-. Dice mi poderdante, que su hijo y hermano de los menores, JOAN ANDRÉS TABARES ROMÁN, falleció el pasado 06 de octubre del año 2001, en el Municipio de Rionegro Antioquia, como consecuencia de ser brutal y vilmente asesinado por grupos de autodefensa que operan en dicha región.

4-. Cuenta la demandante, que su hijo fue sacado del barrio Los Lagos del municipio de Rionegro el día de su muerte, y asesinado a sangre fría frente a todos los vecinos y amigos, por grupos de autodefensa que operan en dicha Municipalidad.

5-. Me dice mi mandante que es curioso que en el Municipio como este (Rionegro) Antioquia, donde existe sede permanente o batallón del Ejército, donde se encuentra un gran sin número de Policías, se permita que se radiquen grupos de autodefensas, los cuales han cometido una serie de asesinatos seleccionados, bien conocidos por todas las autoridades Policivas y militares que operan en el lugar, y nada se haga al respecto para salvar las vidas de las personas de bien.

6-. Me ha dicho mi mandante, que su finado hijo, era una persona de bien, trabajador, de sanas costumbres, pero que no le bastó para escapar de la muerte a manos de grupos al margen de la Ley como las autodefensas. sin que ninguna autoridad pudiera haberlo defendido de tan brutal y atroz crimen.

7-. El lamentable suceso ocurrido al joven JOAN ANDRÉS TABARES ROMÁN, según concepto de mi mandante, se debió a la falta de seguridad que debe brindar permanentemente la fuerza pública, es decir, LA POLICÍA NACIONAL y el EJÉRCITO NACIONAL, en todo el territorio Nacional, consistente en un excelente control en el porte de armas de los terroristas y grupos al margen de la Ley, que tienen azotada la Zona del Oriente Antioqueño, entre ellos el municipio de Rionegro desde hace varios años, y que nada se ha hecho al respecto para que se terminen estos actos, no obstante tener pleno conocimiento de la presencia de estos grupos en dicha región, y teniendo en cuenta que allí se encuentran tropas del Ejército, y que existe abundante Policía en dicha Municipalidad, quienes podrían permanentemente brindar una constante segundad a todos sus habitantes, situación que solamente hacen de vez en cuando, y solo cuando ocurren masacres, siendo vergonzoso que no sean capaces de erradicar estos grupos de la región.

8-. Dice mi cliente, que su hijo, era una persona de gran reputación moral y social entre roda la comunidad, del lugar donde residía, sumamente sana. trabajadora, y que no obstante ello, fue asesinado sin saberse el porqué de ello, quedando su crimen en la Impunidad como muchos asesinatos ocurridos en este País.

9-. Me enseña mi cliente, que, como consecuencia de la muerte de su hijo, procedió a solicitar a la Red de solidaridad social, le pagaran la correspondiente indemnización, pero el pasado 31 de octubre del año 2002, 'recibió respuesta negativa aduciendo que su solicitud había llegado en forma extemporánea, y el pasado 16 de noviembre de la misma anualidad recibió similar respuesta.

10-. Dice mi cliente, que del asesinato de JOAN ANDRÉS TAARES ROMÁN, le correspondió conocer a la Fiscalía 105 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito especializados de Rionegro, desconociendo el radicado de la misma.

11-. Me ha dicho mi poderdante, que el dolor, el padecimiento, el sufrimiento y la angustia de esta y de sus pequeños hijos. como consecuencia de la muerte de su querido hijo y hermano, han sido y son grandiosos. angustiosos, incalculables y penosos, ya que la ausencia de este es dolorosa para éstos, lo que aún les causa angustia y desespero, no existiendo dinero en el mundo que pueda suplir la falta efe su hijo y hermano, pero que no obstante esto, esta tasa el valor de los perjuicios morales en fa suma de MIL salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, los que a razón de $332.000,00 M.L., cada salario mensual, daría un valor de $332.000.000,00 M.L. para cada uno y un total de $996.000.000,00 M.L.. o lo que sea justa y legalmente tasado por los Honorables Magistrados, de acuerdo a la prueba arrimada al proceso.

12- Cuenta la madre del occiso, que su pequeño hijo asesinado, se dedicaba a la labor de lavar y cuidar vehículos en un parqueadero, y que tal labor, devengaba un salario mensual de $286.000,00 M.L., dinero por el cual velaba por esta y sus pequeños hermanos, y que por tal motivo, esta tasa el valor del lucro cesante en la suma de $205.920.000,00 M.L, teniendo en cuenta que este al momento de SLJ muerte .tenía una vida probable de 60 años más, siendo la del pueblo colombiano de setenta y dos años, o lo que sea legalmente tasado por los peritos que nombre el Despacho, teniendo en cuenta que los padres de tos menores nunca han respondido por estos, y este debió asumir la responsabilidad de quienes no les dieron la mano en su manutención.

13-. Igualmente dice la demandante, que de conformidad con el art. 90 de la Constitución Nacional, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, tal y como lo ha ocurrido con el Ejército y La Policía Nacional, al no tomar las medidas de precaución necesarias en el mantenimiento del orden público en la región donde fue asesinado su hijo.

14-. Me ha dicho la poderdante, que de conformidad con los anteriores hechos, el aquí! demandado, son civilmente responsables, de manera directa, en forma conjunta, solidaria, o separadamente, según se demuestre en el proceso, de responder por todos los daños y perjuicios causados a éste por la muerte de su hijo y hermano de sus demás hijos, a manos de grupos armados al margen de la Ley o terroristas, por no haber brindado las medidas de seguridad necesarias que protegieran su integridad física, y la de los demás habitantes de la región que constantemente son asediados por estos, con el pleno conocimiento de las autoridades, sin que hagan nada para evitar esta clase de atropellos.

15-. Considera la demandante, que las entidades demandadas, han violado los siguientes derechos fundamentales: Arts. 2, 11, 13, 22, 42, y ss. de la Constitución política de Colombia, entre otras normas.

16-. Afirma mi cliente, que si ciertos lugares del Estado se encuentran debidamente protegidos por la fuerza pública, porque no lo pueden estar todos los lugares del País, lo que a la luz de la realidad y la Justicia, es une clara violación al derecho de igualdad de que trata el en. 13 de la Constitución Nacional, es decir, todos los Colombianos tenemos el mismo derecho de estar protegidos como lo están ciertos personajes del Estado, el valor de la vida es igual, y por ende la protección debe ser igual, razón por la cual se deben pagar todos y cada lino de los pe/juicios causados a los aqui demandantes.

B. Trámite procesal

3. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda, las entidades demandas presentaron sus escritos de contestación, así:

4. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 36-41, c.1). Frente a los hechos manifiesta que no le constan y deberán probarse dentro del proceso. En relación a las pretensiones se opuso a todas y cada una de ellas al considerarlas temerarias, toda vez que se pretende el reconocimiento de perjuicios por parte de la Policía sin que esta haya tenido que ver con el hecho dañoso, pues resulta claro que el causante fue un grupo armado al margen de la ley.

5. Adujo que no existió omisión de la Policía Nacional, pues los deberes constitucionales de protección vida, honra y bienes de los colombianos no pueden entenderse como una función absoluta, pues para ello se requiere de ciertos elementos mínimos para realizar una efectiva defensa de la población.

6. Afirmó que dentro del trámite procesal se demostrará que no existe fundamento para que los actores reclamen de la Policía Nacional indemnización alguna, ya que el objeto de la litis no es imputable a la acción u omisión de la institución por no estar obligada a lo imposible.

7. Propuso como excepciones el hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva y el indebido razonamiento de la cuantía.

8. Por su parte, el Ejército Nacional (fls. 49- 58, c.1) en relación a los hechos manifestó que no le constan y que deben probarse. En relación a las pretensiones, se opuso totalmente a ellas al afirmar que carecen de fundamento jurídico, si se tiene en cuenta que la institución no incurrió en una omisión que tenga relación causal con la muerte de la víctima, ya que esta sucedió “por motivos ideológicos en el marco del conflicto armado interno” tal como lo certificó la personería de Rio Negro. Luego, el victimario fue un tercero ajeno al estamento militar y policial, lo que necesariamente estructura la causal excluyente de responsabilidad “hecho exclusivo y determinante de un tercero”.

9. Así las cosas, Joan Andrés Tabares Román es una víctima adicional del conflicto armado interno que no puede ser atribuida a la acción u omisión del Ejército. No por acción, ya que ningún agente militar participó de los hechos. No por omisión, porque esta no equivale a no presencia, sino a negligencia y esta jamás podrá ser probada por la parte demandante, en la medida que nunca solicitó protección a la institución ante posibles amenazas o situación de inseguridad personal que registraba.

10. Como razones de su defensa adujo que: i) la demanda carece de fundamento jurídico si se tiene en cuenta que el hecho dañoso es atribuible única y exclusivamente al hecho de un tercero, lo que descarta la acción como fundamento de la imputación; ii) la omisión no es tan simple como la pretende el demandante, ya que esta no equivale a la no presencia, toda vez que la fuerza pública no tiene el don de la ubicuidad ni puede el Estado destinar un soldado para cuidar a cada ciudadano, máxime cuando el país registra un conflicto armado de alta intensidad según los parámetros del derecho internacional; iii) la actividad que desarrolla la fuerza pública es de medio y no de resultado, si bien el articulo 2 constitucional asigna el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos esta obligación es de medio y no de resultado. Por lo tanto, las autoridades no pueden garantizar en términos absolutos que se van a evitar todas las manifestaciones de violencia; iv) finalmente, puso de presente múltiples sentencias referidas al carácter relativo de la obligación de seguridad.

11. Vencido el periodo probatorio y dentro del término para alegar de conclusión en la primera instancia, las partes intervinieron, así:

12. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 97-102, c.1) reiteró los argumentos y razones de defensa expuestas en el escrito de contestación de la demanda y, luego de un análisis probatorio del caso agregó que no se puede estructurar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio por omisión ni mucho menos otro a partir del artículo 90 constitucional. Luego, solo se puede concluir que la parte actora no cumplió con la carga de probar en los términos de los artículos 174 y 177 del C.P.C.

13. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional ( fls. 103-106, c. 1) adujo que la víctima nunca tuvo amenazas contra su vida ni solicitó protección a las autoridades. Por lo tanto, no era previsible para la fuerza pública el resultado dañoso. Aunado a lo anterior, no existe ninguna prueba dentro del proceso que comprometa la responsabilidad de la Policía Nacional en los hechos materia de esta demanda ni reposa proceso penal o disciplinario que involucre la actuación de agentes de la entidad. Por el contrario, está establecido en el expediente que los hechos motivo de esta demanda fueron casados por terceros.

14. El 29 de julio de 20013, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, Sala Quinta de Decisión, (fls 109- 141, c. ppal) dictó sentencia de primera instancia en la que resolvió:

PRIMERO. DECLÁRASE EL FRACASO DE LA PRETENSIÓN PROCESAL promovida por la parte activa, bajo la dinámica argumentativa que apoyó esta decisión.

SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del C. C. subrogado por e! Art. 55 de la Ley 446 de 1998, no se condena costas.

TERCERO. De conformidad con el Art.181 del Código Contencioso Administrativo, contra esta sentencia procede el recurso ordinario de apelación. En el presunto de ejecutoria, archívese.

15. Como sustento de esta decisión, el a quo afirmó, en síntesis, que la parte actora no atinó a probar los hitos sobre los que descansa el juicio de responsabilidad, en eventos que como este aparece como fuente de responsabilidad una falla probada de la administración a quien se le endilga la omisión en el deber de protección de uno de los administrados, pues podría admitirse que se comprobó el daño, mas no la falla y el nexo de causal, presupuestos que no permiten ninguna presunción en cuanto a su existencia. Afirmó que aun si el asunto se analiza bajo un régimen subjetivo u objetivo no existe prueba de los referidos presupuestos, pues la parte activa partió de conjeturas y no hechos probados para arribar a la conclusión que soporta el juicio de reproche que lanzó.

16. El apoderado de la parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación (fl. 142-146, c.ppal) contra la referida decisión. Al respecto afirmó que:

17. Se encuentra plenamente probado que el 6 de octubre de 2001 el menor Joan ANDRÉS Tabares Román fue asesinado en Rionegro, Antioquia. Aduce el demandante que este hecho constituye un daño especial con ocasión del ineficaz cumplimiento de las funciones por parte del Ejército y la Policía, que se concreta en no brindar la seguridad necesaria lo cual permitió que la víctima fue ultimada frente a todos los vecinos y amigos, por grupos de autodefensa presentes en la región.

18. Adujó, en consideración a lo anterior, que la precaria vigilancia por parte de las instituciones estatales constituyen una responsabilidad por daño especial, en la medida que por razón del conflicto armado interno y la presencia de subversivos se torna difícil vivir tranquila y pacíficamente en el territorio nacional.

19. Invocó el fallo del 28 de octubre de 1976 de esta Corporación con ponencia del magistrado Jorge Valencia Arango, el cual hizo un detallado análisis de la responsabilidad por daño especial. Concluyó que el presente caso debe ser fallado a la luz de ese régimen objetivo de responsabilidad, porque se trata de un asunto sui generis rodeado de unas especiales circunstancias. Así las cosas, demostrado el hecho, el daño y la relación causal procede la condena, teniendo en cuenta que están presentes los elementos tipificadores de ese régimen especial.

20. Dentro del término para alegar de conclusión, en segunda instancia, las partes intervinieron, así:

21. La Policía Nacional (fl. 154-161, c ppal) reiteró los argumentos vertidos durante todo el proceso. Afirmó que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y a las particularidades fácticas del caso concreto, no se demostró efectivamente que existió una falla en el servicio, ya que la muerte de la víctima no fue producto de las siguientes circunstancias: i) omisión del Estado en la prestación del servicio de protección y vigilancia, si la persona afectada solicitó protección y no se le brindó; ii) por las especiales circunstancias del momento; iii) el hecho dañoso era previsible para evitarlo o atenuarlo; iv) cuando funcionarios públicos pariticiparon directamente de la comisión del hecho.

22. Aunado a lo anterior, no obran pruebas de que se haya pedido protección a la Policía Nacional y la institución se haya negado a brindarle condiciones de seguridad para prevenir el hecho. En efecto, se está ante una causal eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero que es la única y exclusiva causa del hecho dañoso.

23. Finalmente, solicitó que en el hipotético caso que se demuestre una falla del servicio por omisión se condene aplicando el test de proporcionalidad en la liquidación de perjuicios.

24. La parte demandante (fls 170 -173 c, ppal) reiteró lo solicitado en el recurso de apelación en relación a la aplicación del régimen objetivo de daño especial. Aunado a lo anterior, solicitó la valoración del registro civil de la víctima aportado en copia simple, ya que no fue tachado de falso durante todo el proceso; adujo que el daño está demostrado con el registro civil de defunción y que en razón a la particular situación de violencia de la región no era necesario solicitar previamente seguridad, dada la notoriedad del peligro que indicaba el hecho como previsible.

25. Finalmente, afirmó que existe nexo de casualidad entre el daño y el actuar omisivo porque si se hubiera prestado diligentemente el servicio de seguridad, no hubiera ocurrido el hecho dañino.

26. El Ministerio Público (fls, 174- 180, c. ppal), por su parte, solicitó que se confirme la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión y, en consecuencia, se dicte sentencia absolutoria en favor del Estado en atención a los siguientes argumentos:

27. Después de la valoración del material probatorio, señaló que no se configuró na falla en el servicio por omisión al deber de protección, ya que para tal efecto se necesita demostrar un previo requerimiento de protección a las autoridades competentes (policía o ejercito u otra autoridad). Concluyó que pese a que en el municipio de Rionegro se produjeron muertes selectivas y masacres para el año de la muerte de la víctima no puede afirmarse que las autoridades estuvieran en la capacidad y posibilidad de prever el hecho, toda vez que no se había informado de amenazas contra la vida del menor ni se había solicitado protección para él ni su familia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

A. Presupuestos procesales de la acción

28. Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la jurisdicción y competencia de esta Corporación, la procedencia y caducidad de la acción, y la legitimación en la causa.

29. Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 C.C.A). Además, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 29 de julio de 2013, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, teniendo en consideración que la cuantía de la demanda determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para tal efecto.

30. Considera la Sala que la acción de reparación directa instaurada (art. 86, C.C.A.) es la procedente, toda vez que por esta vía se pretende el resarcimiento patrimonial del daño inferido a la parte actora consistente en la muerte del menor Joan Andrés Tabares Román en hechos ocurridos el 6 de octubre de 2001 en el municipio de Rionegro, Antioquia.

31. La legitimación en la causa aparece demostrada en el plenario, por una parte, porque los demandantes son los directamente afectados con la muerte del menor Joan Andrés Tabares Román, y tienen plenamente acreditada su filiación (ver hechos probados, párrafo 39), por la otra, porque es la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional-Ejército Nacional las entidades a las cuales se le imputa el daño por ellos sufrido.

32. El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

33. En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

34. Así las cosas, en el presente caso, la demanda fue presentada el 7 de octubre de 2003 (fl. 20, c.1) y los hechos datan del 6 de octubre de 2001, por ende, se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad, ya que el demandante pudo haberlo hecho hasta el 7 de octubre de 2003.

B. En lo concerniente a las pruebas

35. En relación con algunos medios de prueba que se relacionarán en el acápite de hechos probados, la Sala los valorará conforme a las siguientes consideraciones: a los testigos de oídas y finalmente los testimonios trasladados.

36. Validez de los documentos aportados en copia simple. Con la demanda se allegaron documentos en copia simple: diplomas universitarios y registros civiles de nacimiento, entre otros. (Los cuales por no ser auténticos no fueron tenidos en cuenta por el tribunal fl.127,c.1). Con relación a estos documentos, la Sala se sujetará al criterio de unificación establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera en cuanto al valor probatorio de las copias simples, según el cual es preciso tener en cuenta que las partes en el curso procesal aceptaron que los documentos fueran examinados y coincidieron en la estimación de los mismos en forma recíproca, pues no fueron tachados ni al momento de arrimarlos al plenario probatorio ni durante el transcurso del debate procesal; por tanto, dichas copias tienen vocación de ser valoradas a fin de determinar el grado de convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocería el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

37. En lo concerniente a los testigos de oídas. En el proceso obran testimonios que hacen referencias a circunstancias conocidas “de oídas”, declaraciones que en principio podrían calificarse de sospechosas en los términos del artículo 217 del C.P.C.; no obstante, esto no quiere decir que sus versiones se deban descartar de plano, sino que en aras de preservar la integridad de la prueba, la valoración de su grado de confiabilidad deberá analizarse de manera integral con otros medios probatorios obrantes en el proceso. Al respecto ha precisado la Corporación:

[c]omo ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona.

Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i).- las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii).- las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii).- la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv).- la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente.

C. Relación probatoria

38. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, obran las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

39. El 6 de octubre de 2001 el menor Joan Andrés Tabares Román fue asesinado con arma de fuego a las 4:00 pm en el municipio de Rionegro, Antioquia. El hecho, según la Personería de Rionegro, fue certificado como una muerte selectiva perpetrada por miembros de grupos armados al margen de la ley, para efectos del acceso al derecho a la asistencia humanitaria en el marco de la Ley 418 de 1997 (registro civil de defunción, folio 2 c.1; copia de la certificación expedida el 18 de septiembre de 2002 por el personero municipal de Rionegro fl. 5, c.1; oficio suscrito por el mismo funcionario, folios 8 y 9 c.1).

40. El 31 de octubre de 2002, la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, informó a la señora Liliana Patricia Román que no era posible acceder a la asistencia humanitaria por muerte violenta de que trata la Ley 418 de 1997, ya que la solicitud fue extemporánea (folio 6, c.1)

41. Respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del presente caso, rindieron declaración los señores León Darío Ramírez Orozco, María Tibisay González García y Everto Acosta Galindo (folios 85-93, c.1), quienes manifestaron lo siguiente:

42. El señor León Darío Ramírez Orozco, en su calidad de vecino de Rionegro y conocido de la demandante Liliana Patricia Román, porque su esposa trabajó con ella, afirmó lo siguiente:

(...) sobre el niño de LILIANA, se llama Andrés, de doce años, el 6 de octubre del 2001, dijeron que lo había matado a bala, no se sabe, o algún grupo subversivo, que lo sacaron de una colchonería, él trabajaba lavando carros y cuidando carros (...) PREGUNTADO. Dígale al despacho por qué medios se enteró usted de la muerte de Andrés. CONTESTÓ. El abuelo del muchacho me dijo a mí que a él lo habían matado. (...) PREGUNTADO. Dígale al despacho si sabe cuál fue el motivo de la muerte del joven Andrés. CONTESTÓ. Comentarios que lo mandaron a hacer un mandado, no sé si estaría amenazado. (...)

43. En declaración rendida por la señora María Tibisay González García, en su condición de vecina de Rionegro y conocida de la demandante Liliana Patricia Román porque lavaba ropa en su casa, manifestó:

Yo estaba en la casa cuando ella LILIANA llamó a decirme que habían (sic) matado al hijo, lo mataron por aquí por los lagos, entonces; fui con ella a acompañarla al hospital, estuve con ella un rato en el velorio. Los comentarios que lo habían sacado de una colchonería, que porque lo mandaban a hacer mandados, no sé qué mandados. Después el comentario que lo había amenazado un tal ROLDAN, eso fue la que yo supe. PREGUNTADO. Dígale al despacho si tuvo conocimiento que esas amenazas se hubieran informado al Ejército Nacional y/ o a la Policía Nacional o a otra entidad estatal. CONTESTÓ. Hasta donde yo me dí cuenta no.

44. En declaración realizada por el señor Everto Acosta Galindo, en su calidad de de vecino de la ciudad de Rionegro y amigo del compañero de la señora Liliana Patricia Román, dijo:

(...) se que a la señora LILIANA, le fue asesinado su hijo el 6 de octubre del 2001, y que por comentarios fue sacado de una colchonería Y fue asesinado por el sector del barrio los Lagos, más concretamente en un terreno donde hoy se encuentra ubicada una cancha deportiva. De la misma muerte se dio el comentario que el que había cometido el homicidio había sido un sargento retirado del ejército de apellido ROLDAN, por el conocimiento que tengo y como lo sabe la mayoría del pueblo de Rionegro, era uno de los que participaban en la limpieza en nuestro Municipio, operando con aquellas unas personas que ya sea por motivos de índole del vicio, como está ocurriendo en la mayoría de los casos en nuestro municipio, como en muchos más haciendo justicia, pero con injusticia, perteneciendo quizás a grupos, operan al margen de la ley. (...) PREGUNTADO: Dígale al despacho si sabe el nombre del niño al que alude como asesinado y si la familia fue amenazada previamente a su muerte. CONTESTÓ: el nombre del niño es JOAN ANDRÉS TABARES ROMÁN que tenga conocimiento que la familia amenazada o su hizo amenazado, no lo se (...)

45. Se acreditó que la familia del menor Joan Andrés Tabares Román no solicitó protección ni dio aviso previo respecto a posibles amenazas a las entidades demandadas ni a ninguna otra autoridad. Al respecto, obran sendos certificados de: i) Director del DAS Seccional Antioquia; ii) Director del Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Antioquia de la Fiscalía General de la Nación; iii) Jefe de oficina del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación; iv) Jefe seccional de Policía Judicial e Investigación DEANT; iv) Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Antioquia, en los cuales se lee que no se tramitó ni se dio aviso sobre riesgos a la vida e integridad personal del menor (folios 67, 71, 72, 73, 74 y 76, c.1).

46. Se encuentra acreditado que el municipio de Rionegro tenía para la época de los hechos un contexto de alteración del orden público caracterizado por la influencia de grupos organizados al margen de la ley. Al respecto, obran los siguientes documentos:

Oficio SB12-0366 del 9 de marzo de 2006 suscrito por el Secretario de Gobierno del Municipio de Rionegro, en donde informa sobre la ocurrencia de los siguientes hechos: en el año 2001 se produjeron 35 muertes selectivas y 3 masacres; y en 2002 se produjeron 19 muertes selectivas y 3 masacres. Estas últimas atribuibles a grupos armados. Además, de acuerdo al mismo oficio, en ese municipio operaban el Batallón Juan del Corral del Ejército Nacional y había presencia permanente de la Policía Nacional con 80 agentes asignados al mismo, aproximadamente (fl. 69, c.1).

Oficio del 8 de marzo de 2006, suscrito por el Personero Municipal de Rionegro, documento que informa que: 1) durante los años 2001, 2002 y 2003, hicieron presencia en ese municipio los grupos armados al margen de la ley conocidos como paramilitares o autodefensas campesinas; 2) en 2001 se registraron 35 muertes selectivas y 3 masacres que se le atribuyen a grupos de autodefensa; 3) que en ese municipio opera el Batallón Juan del Corral del Ejército Nacional quien tiene asignado 13 de los 23 municipios del oriente antioqueño, y que de forma permanente se encuentra la Policía Nacional, con alrededor de 70 u 80 agentes asignados y distribuidos en esa jurisdicción.

47. Al proceso no se allegó copia del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación por la muerte del menor Joan Andrés Tabares Román, como ningún otro medio probatorio tendiente a demostrar la forma como ocurrieron los hechos ni los móviles del mismo.

48. Los padres del menor Joan Andrés Tabares Román son Jhon Jairo Tabares y Liliana Patricia Román (copia del folio del registro civil de nacimiento, fl.3, c.1) y sus hermanos son Mario Alberto Tabares Román y Natalia Andrea Román Montoya. (copia de los folios del registro civil de nacimiento, fls 27 y 28, c.1). Por lo tanto, Liliana Patricia Román, en su calidad de madre y Mario Alberto Tabares Román y Natalia Andrea Román Montoya, en su calidad de hermanos, se encuentran legitimados en la causa por activa para demandar en el presente asunto.

III. Problema jurídico

49. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, compete a la Sala establecer, si la muerte del menor Joan Andrés Tabares Román, ocurrida el 6 de octubre de 2001, resulta imputable a la entidad demandada o, por el contrario, se encuentran configurados los elementos para que opere una causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

50. Adicionalmente, se deberá estudiar si, tal como lo propone la apelación formulada por la parte demandante, es posible derivar responsabilidad bajo un régimen objetivo de daño especial.

IV. Análisis del caso

51. Con el fin de resolver el problema jurídico en concreto, en primer lugar, se analizará la jurisprudencia constitucional en relación al derecho a la seguridad personal y a la obligación de brindar protección; en segundo lugar, se revisará la jurisprudencia de la Corporación respecto a la responsabilidad del Estado por actos violentos terceros que han atentado contra la vida cuando no pidieron protección previa, frente a un eventual riesgo; y en tercer lugar, si el daño puede ser calificado de antijurídico e imputable a las entidades demandadas y, por lo tanto, si estas se encuentran en el deber jurídico de repararlo o, si por el contrario, es producto del hecho determinante y exclusivo de un tercero.

La jurisprudencia constitucional en materia de riesgo y amenaza y la garantía del derecho fundamental a la seguridad personal

52. El derecho fundamental a la seguridad tiene una efectividad sustancial mínima traducida en un sistema de deberes y vínculos positivos dirigidos al poder público; así lo ha entendido la Corte Constitucional al considerar que la seguridad personal comprende un coto irreductible a favor de las personas contra ciertos riesgos o peligros que “no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad”.

53. Con el propósito de delimitar objetivamente el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal en el ordenamiento jurídico colombiano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional estableció una escala de riesgos, tomando en cuenta dos variables: i) los niveles de tolerabilidad jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas; y, ii) los títulos jurídicos con base en los cuales se puede invocar la intervención protectora de las autoridades. Bajo tales parámetros estableció cinco niveles de riesgo: a) un nivel de riesgo mínimo; b) un nivel de riesgo ordinario, soportado en condiciones de igualdad por quienes viven en sociedad; c) un nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a soportar; d) un nivel de riesgo extremo que amenaza la vida o la integridad personal; y, e) un nivel de riesgo consumado.

54. A partir de tal caracterización estimó la Corte que “el derecho fundamental a la seguridad personal opera para proteger a las personas de los riesgos que se ubican en el nivel de los riesgos extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar”.

55. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional a efectos de establecer la necesidad de adopción de medidas que aseguren la protección del derecho a la integridad personal ha distinguido el riesgo de la amenaza, así:

(…) el riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de ‘signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño

(…) para determinar cuándo una persona tiene derecho a recibir protección especial por parte del Estado, se debe recurrir a la escala de riesgos y amenazas. Según esta escala, cuando la persona está sometida a un nivel de riesgo, no se presenta violación alguna del derecho a la seguridad personal pues los riesgos, que se derivan de la existencia humana y de la vida en sociedad, deben ser soportados por todas las personas. Por el contrario, cuando la persona está sometida a una amenaza, se presenta la alteración del uso pacífico del derecho a la seguridad personal, en el nivel de amenaza ordinaria, y de los derechos a la vida y a la integridad personal, en el nivel de amenaza extrema. De allí que, la persona tenga el derecho de exigirle al Estado que le ofrezca medidas especiales de protección, como ocurre, según se ha anotado, cuando ya se lesionó el derecho a la integridad personal.
(…)
En resumen, en virtud del derecho fundamental a la seguridad personal, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias para proteger a aquellos individuos que se encuentran sometidos a un nivel de amenaza. En todo caso, cuando el peticionario exige la protección de este derecho, deber demostrar, al menos sumariamente, los hechos que demuestran o permiten deducir que se encuentra sometido a una amenaza, siempre teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha detectado ciertos grupos de especial protección que, dada su condición o su contexto, históricamente han estado más factiblemente expuestos a amenazas. Por último, en virtud del derecho a la seguridad personal, las autoridades tienen el deber de prestar medidas de protección individual a las personas que están sometidas a una amenaza aunque no exista una norma concreta que las obligue pues los derechos fundamentales son vinculantes y la Constitución tiene fuerza normativa directa. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-331-17.htm" \l "_ftn38" \o ""

56. En suma, la jurisprudencia constitucional ha concluido que para recibir la protección estatal en cuanto al derecho a la seguridad personal, solo se tendrán en cuenta los riesgos extraordinarios o extremos y las amenazas concretas que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, lo cual dependen esencialmente del caso concreto, “y deben ser evaluadas como un todo, desde una perspectiva integral, para establecer la naturaleza, alcance, intensidad y continuidad de los riesgos que gravitan sobre cada individuo”.

La jurisprudencia de la Corporación sobre la responsabilidad estatal por actos violentos de terceros contra la vida e integridad física respecto de personas que no solicitaron protección

57. La jurisprudencia de esta Corporación de tiempo atrás ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: i) en la producción del daño estuvo presente la complicidad por acción u omisión de agentes del Estado; ii) se acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que los efectos antijurídicos de la omisión concretados en un daño son objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida y, por ende, estaban obligadas a actuar (deber de diligencia); y, iv) porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por ejemplo, la grave alteración del orden público y el conocimiento público de amenazas por parte de terceros, el hecho era previsible y cognoscible, y no se realizó actuación alguna encaminada a su protección.

58. No obstante lo anterior, es menester señalar que la Sala ha precisado que a pesar de que es un deber inherente al Estado garantizar la protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida, a la integridad física o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en la medida que se circunscriben a sus capacidades en cada caso concreto; sin embargo, esta misma Corporación en abundantes providencias, ha resaltado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa el incumplimiento a sus deberes, sino que debe examinarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir con los estándares funcionales.

59. A manera de ejemplo, la Subsección B ha declarado la responsabilidad del Estado de manera uniforme, constante y reiterada, en casos en los que no se han solicitado medidas de protección, cuando se está ante un contexto de grave alteración del orden público, así: i) la sentencia del 6 de diciembre de 2013 de la Subsección B, declaró la responsabilidad del Estado y lo condenó por la muerte del alcalde de Vista Hermosa (Meta), el 19 de septiembre de 1999, municipio parte de la zona de distensión decretada por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos con la guerrilla de las FARC; ii) la sentencia del 13 de noviembre de 2014 de la Subsección B, declaró la responsabilidad del Estado por la muerte del alcalde encargado del municipio de San Francisco (Antioquia), quien fue asesinado por miembros del Ejército de Liberación Nacional; iii) la sentencia del 29 de agosto de 2012, declaró la responsabilidad estatal por la muerte del alcalde de Guática.

60. También figuran las sentencias del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A, en la que se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte del alcalde de Jambaló, quien no había solicitado medidas de protección.

61. Empero, nótese que en estos casos, pese a que la víctima no solicitó las medidas de protección de manera expresa, las fuerzas del orden conocían, debían conocer o eran previsibles los riesgos que se cernían contra la vida o integridad personal de las referidas personas, porque “existía un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra”

V. Daño antijurídico y juicio de imputación en el caso concreto

El daño

62. La Sala encuentra debidamente acreditado el daño con la muerte del menor, en el municipio de Rionegro, Antioquia, en hechos ocurridos el 6 de octubre de 2001, como consecuencia directa de hechos de violencia asociados al conflicto armado interno. El menor fue asesinado con arma de fuego, al parecer por miembros de un grupo organizado al margen de la ley (ver relación probatoria, párrafo 39).

63. El daño se concreta en la medida que el administrado es titular de una expectativa negativa (de no sufrir lesiones) y que, en el presente caso, se afectó el derecho a la vida de un menor.

La imputación en el caso concreto

64. Ahora bien, por tratarse de un caso típico de omisión, la imputación se fundamentará, como esta Sala lo ha sostenido en otras oportunidades, en un juicio de responsabilidad subjetiva por falla en el servicio, comoquiera que los demandantes aducen que existió una omisión por parte de las entidades demandadas.

73. Del haz probatorio, se puede inferir que el daño no es imputable a la omisión ni acción de la parte demandada, ya que el acto era imprevisible, irresistible y exógeno respecto de las acciones de la entidad demandada si se tiene en cuenta que la Policía ni el Ejercito ni otra entidad estatal (ver relación probatoria, párrafo 45) conocían con antelación o, por lo menos, tenían algún indicio, de una amenaza cierta o concreta contra la vida e integridad personal del menor Joan Andrés Tabares Román.

74. Por otro lado, el menor no ostentaba alguna condición especial (líder social o comunal) de donde el Estado y, en particular, la Policía y el Ejercito podían razonablemente prever alguna amenaza concreta respecto a la lamentable victimización de que fue objeto el perjudicado.

75. Es importante señalar que no se probó que en la producción del daño estuvo presente la complicidad por acción u omisión de agentes del Estado, ya que la presencia de la Policía y el Ejército era constante en el municipio de Rionegro, y se descartó una responsabilidad por acción, toda vez que no se demostró la participación de algún agente en tan execrables hechos.

76. Aunado a lo anterior, no se probó que la familia del menor había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades (relación probatoria, párrafo 45) y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías.

77. Así las cosas, como la víctima no solicitó las medidas referidas y, por ende, las fuerzas del orden no conocían de las posibles amenazas que se cernían contra su vida; a la parte demandada no se le podía exigir medidas reforzadas en su deber de diligencia debida y de protección en relación a la vida e integridad personal del menor.

78. Luego, el menor no tenía riesgos extraordinarios o amenazas, pues no se configuraron hechos concretos indicativos de una potencial afectación de la vida e integridad personal que harían prever el hecho dañoso a las autoridades.

79. Por otro lado, es menester hacer hincapié que está probado en el proceso que el municipio vivía especiales circunstancias de alteración del orden público por la presencia de grupos armados, que al parecer ocasionaron muertes selectivas y masacres (ver relación probatoria, párrafo 46). Empero, no se demostró que existía un inminente peligro contra la víctima que hubiese hecho el execrable atentado contra la vida del menor resistible, previsible y cognoscible para las autoridades ya que, la violencia de los grupos armados ilegales es indiscriminada y aleatoria.

81. Frente a ello, es relevante señalar que el contexto de la zona es un factor importante a la hora de determinar grado vulnerabilidad y previsibilidad en el marco de la imputación. Al respecto, se ha dicho:

El contexto es un instrumento para medir el grado de previsibilidad del daño ocasionado por el tercero. A efectos de establecer la previsibilidad del hecho, cuando la víctima no puso en conocimiento de la autoridad amenazas ni solicitó previamente protección y tampoco es una persona que por la naturaleza de las funciones ejercidas deba ser objeto de protección o resguardo especial; esta Subsección ha tenido en consideración el contexto en que se suceden los hechos, de tal suerte que si estos se desarrollan en zonas de conflicto armado donde la asechanza de los grupos ilegales contra la población civil es evidente, persistente y escalada, ha encontrado fundada la obligación de responder, en aquellos casos en que a partir de las mentadas condiciones se pueden establecer o identificar deberes de protección especial que el Estado debía cumplir y no lo hizo.
No se trata de imponerle al Estado obligaciones imposibles ni de hacerle exigencias sobre la base de pronósticos improbables y remotos, como tampoco, de reclamarle lo que solo un Estado ideal estaría en condiciones de cumplir. De lo que se trata es que, cuando exista una cadena de sucesos previos, debidamente conocidos y comprobados, con base en los cuales se haya estimado un riesgo exponencial que haga previsible la vulnerabilidad de la población y, por ende, la necesidad de emprender acciones de protección acordes a la situación evidenciada, si estas no se promueven; es decir, si no se adoptan las medidas procedentes y pertinentes, se configura la falla por omisión en los deberes especiales de asegurar las condiciones en tan particular escenario.

De esta forma, si bien es cierto que el contexto no define la responsabilidad, sí es un instrumento para medir el grado de vulnerabilidad, y esta a su vez, de la previsibilidad de los hechos a partir de la cual se realiza la evaluación de la posible inadvertencia, descuido, negligencia u omisión en la implementación y realización de los deberes de protección (se destaca).

82. Luego, por tal razón, no se le puede imputar el daño antijurídico a la entidad demandada, por el solo hecho de que exista una alteración del orden público o un contexto de violaciones de derechos humanos, ya que no es posible exigir lo imposible a la administración, máxime cuando en el caso concreto no están acreditadas amenazas por parte de estos grupos frente a la víctima directa que hubieran hecho que las autoridades incrementen su nivel de atención o estándar de debida diligencia en relación a la protección de los derechos fundamentales del menor Tabares Román.

83. Se itera, el contexto no es per se un elemento definitorio de la responsabilidad del Estado, el cual en cada caso particular debe ser valorado por el juez administrativo de cara a establecer la conexidad con los móviles, la proximidad geográfica y patrones generalizados de violencia que permitan establecer un juicio relacional con los hechos objeto de la litis, a partir del cual se pueda determinar la previsibilidad y el estándar de debida diligencia exigible a la administración.

84. Es relevante señalar que en algunos eventos a pesar de que la víctima no haya pedido medidas de protección puede advenir la responsabilidad del Estado, siempre y cuando se acredite, que la persona necesitaba medidas de protección o, dicho de otro modo, que existía notoriedad pública de un inminente peligro contra la víctima o estaba expuesta a sufrir graves riesgos contra sus derechos fundamentales a su vida e integridad personal en atención a su rol en la sociedad ( funcionario público, defensor de derechos humanos, líder social, etc). Subreglas que no se cumplen en este caso, ya que no se demostró la evidente notoriedad pública de exposición a la amenaza.

85. Así las cosas, tal como se ha venido afirmando, en el sub lite las autoridades no tenían un conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato en relación a la víctima ni existía evidente notoriedad pública de exposición a la amenaza, por ello las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar algún riesgo contra su vida e integridad personal eran mínimas.

86. Ahora bien, nótese que los testimonios de León Darío Ramírez Orozco, María Tibisay González García Y Everto Acosta Galindo (ver relación probatoria párrafos 42-43) ninguno de ellos en su declaración dijo que tuvo conocimiento sobre una eventual amenaza o un riesgo concreto en relación a la vida e integridad personal del menor Tabares Román. Por ende, no era previsible para las demandadas un atentado específico contra la vida e integridad personal de la víctima, ya que si bien había una situación de violencia asociada a la presencia de grupos armados ilegales estos no generaron una amenaza concreta y determinable que haya sido posible conocer por las autoridades en orden a tener una respuesta en términos de protección concreta a la víctima. En ese orden de ideas, los instrumentos de prevención utilizados y la calidad estatal de la respuesta (presencia en la zona) fueron medidas razonables y proporcionales si se tiene en cuenta que no existía una amenaza específica.

87. Finalmente, el apelante aduce que en el presente asunto se debe aplicar el régimen objetivo de daño especial, ya que se trata de un caso sui generis que debe ser abordado a la luz de ese título de imputación. La Sala no está de acuerdo, por cuanto: i) este asunto versa sobre una presunta omisión del Estado en donde se debe estudiar una falla en la prestación del servicio; ii) dicho régimen objetivo parte de una acción o actividad legitima desarrollada por la administración, la cual debe tener un nexo causal con el daño; luego, resulta contra evidente que dicha actividad esté asociada a una omisión; iii) para que opere el título de daño especial “el caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de los otros regímenes de responsabilidad de la administración”. No obstante, tal como se afirmó anteriormente, las omisiones de la administración deben ser estudiadas a la luz de la falla en el servicio pues se trata de establecer la violación de un contenido obligacional.

El hecho de un tercero y/o de la víctima como eximentes de responsabilidad o causal excluyente de imputación.

88. Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad, fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima, constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con ellas, son tres los elementos cuya concurrencia es necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

89. En lo atinente a la (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo -pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados-.

90. Por su parte, (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia", toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación", entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

91. Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”. La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo, en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

92. Finalmente, (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de que sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico, en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración -al menos con efecto liberatorio pleno- de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada

93. Por otra parte, a efectos de que operen los mencionados eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño.

94. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.

95. Pues bien en el presente caso se encuentra probado que el evento dañino es un hecho de un tercero imprevisible, irresistible y exógeno a las entidades demandas, ya que i) la parte demandada hizo lo razonablemente posible, en el ámbito de sus competencias, atendiendo las particularidades fácticas del caso; ii) el hecho fue imprevisible para la entidad demandada en tanto que, por un lado, la víctima no alertó previamente a las autoridades. Y, por otro, del tampoco había una amenaza potencial, cierta y concreta en contra de la vida e integridad del afectado y iii) El evento dañoso fue externo o exterior a la actividad de las entidades demandas, ya que le resultó ajeno jurídicamente, en la medida que el proceder activo u omisivo de los agentes de la entidad demandada no tuvo injerencia en la producción del daño. Además, no existe medio de convicción en el en plenario que razonablemente permita inferir cuales fueron las causas y móviles de este atentado contra la vida e integridad personal del menor Joan Andrés Tabares Román.

VII. Costas

96. No hay lugar a la imposición de costas, en razón a que no se evidencia en el caso concreto una actuación temeraria de las partes o de los intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena por este concepto.

97 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia dictada el 29 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, por medio de la cual negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ABSOLVER a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional - Ejercito Nacional de los daños sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte del menor Joan Andrés Tabares Román en el municipio de Rionegro, Antioquia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE

Ramiro Pazos Guerrero
Presidente de la Subsección

Maria Adriana Marín
Magistrada

Alberto Montaña Plata
Magistrado

La pretensión mayor de la demanda se estimó por perjuicios materiales en suma de $205.920.000 valor que supera la cuantía requerida para el año 2004, la cual es de $ 36.950.000 -, requisito exigido para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, se considere de doble instancia.

Ley 446 de 1998, art. 44, numeral 8: “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa” (se subraya).

"En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado- el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P). [...] Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido. // Por consiguiente, la Sala valorará los documentos allegados en copia simple contentivos de las actuaciones penales surtidas en el proceso adelantado contra Rubén Darío Silva Alzate". Sentencia del 28 de agosto de 2013 de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, rad. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado, sentencia del 7 de octubre de 2009, rad. 17629, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Respecto del derecho a la asistencia humanitaria en caso de homicidio u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales cometidos por móviles ideológicos o políticos dispuesta en el artículo 49 de la Ley 418 de 1997, ver sentencias de la Corte Constitucional T-417 de 2006 y T- 488 de 2008.
En la teoría del garantismo, cuyo máximo representante es Ferrajoli, la noción de garantía tiene una doble connotación que vale la pena recordar: En primer lugar, se refiere a una efectividad sustancial o de primer grado de los derechos subjetivos, esto quiere decir, un sistema de deberes, límites o vínculos dirigidos al poder público, consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión. En segundo lugar, la garantía encarna ínsitamente una connotación de responsabilidad que interviene en caso de que las garantías primarias o deberes fundamentales sean vulnerados. Si las garantías primarias o sustanciales consisten en los derechos de prestación o de no lesión dispuestos para la tutela de los correlativos derechos, las garantías secundarias o instrumentales, también denominadas garantías jurisdiccionales o procesales, consisten en los deberes de poner remedio a los actos inválidos o ilícitos que nacen de la inobservancia de las garantías primarias. Cfr. FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, Trotta, Madrid, pp. 630, 637, 639, 657 y 730.

Corte Constitucional, sentencia T-719 de agosto 20 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda (consideración jurídica n.° 4.2.3.1).

Corte Constitucional: sentencias T-719 de agosto 20 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda; T-496 de mayo 16 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1254 de diciembre 12 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.

Se trata de un nivel en el cual la persona se ve amenazada en su existencia e integridad sólo por factores individuales y biológicos.

Se trata de los riesgos ordinarios, implícitos en la vida social.

Este es el nivel de los riesgos que, por su intensidad, entran bajo la órbita de protección directa de los derechos a la vida e integridad personal.

Este es el nivel de las violaciones a los derechos, no ya de los riesgos, a la vida e integridad personal: la muerte, la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante, representan riesgos que ya se han concretado y materializado en la persona del afectado.
Corte Constitucional, sentencia T-728 de septiembre 13 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (consideración jurídica n.° 4.4).
Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Corte Constitucional, sentencia T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2012, rad. 24.444, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de agosto 11 de 2011, rad. 20.325, M.P. Mauricio Fajardo.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 4 de 1997, rad. 10140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 19 de 1997, rad. 11875, M.P. Daniel Suárez Hernández.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 30 de 1997, rad. 10958, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre del 2013, rad. 30814, M.P. Danilo Rojas Betancourth..
FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La Ley del más débil. Derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2002, p. 37
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, rad. 26161; sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 30108; sentencia del 29 de agosto de 2014, rad. 31190, con ponencias de quien proyecta el presente fallo.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 4 de 1997, rad. 10140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2017, rad. 44.302, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, rad. 46567, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de enero del 2006, serie C n.° 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia del 27 de noviembre del 2012, serie C n.° 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, serie C n.° 192, párr. 78.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.
Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de marzo de 2008, rad. 16530, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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