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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-03780-01

Acción de reparación directa

Fecha
9 de julio de 2018
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-03780-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Revocar la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010) y en su lugar disponer: PRIMERO: Declarar a la Nación -Ministerio de Educación- y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid administrativamente responsables por los daños causados a los demandantes. SEGUNDO: Condenar solidariamente a la Nación –Ministerio de Educación- y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid al reconocimiento y pago de treinta y un (31) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los siguientes: Nelson Jaime Agudelo Muñoz, Yady Milena Guarín Rendón y Mary Luz Herrera Yepes, a título de perjuicios morales. TERCERO: Condenar solidariamente a la Nación –Ministerio de Educación- y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid al reconocimiento y pago de cincuenta y seis millones novecientos sesenta y dos mil ciento diecinueve pesos con setenta y ocho centavos ($56’962,119.78) para cada uno de los siguientes: Nelson Jaime Agudelo Muñoz, Yady Milena Guarín Rendón y Mary Luz Herrera Yepes, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin costas. CUARTO: A este fallo se le deberá dar cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. QUINTO: Ordenar que por Secretaría se expida a la parte actora copia de esta sentencia con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del C.P.C.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2003-03780-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

9 de julio de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DEBER DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN / REGISTRO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR / DEMORA EN LA ENTREGA DEL TÍTULO PROFESIONAL

[P]ara la Sala son evidentes las irregularidades en las que incurrió la institución educativa demandada, pues desde la expedición de la ley 30 de 1992 tenía la obligación de notificar al Ministerio de Educación sobre la creación de nuevos programas académicos, y la modificación de los existentes; y si bien es cierto tramitó lo necesario para registrar la Licenciatura en Educación Física que le fue autorizada para ser dictada en la ciudad de Medellín por un término de cinco años contados a partir del seis (6) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dicha notificación no le habilitaba para extender los programas a otros municipios ni para cambiar la metodología a través de la cual se ofrecían, irregularidad que provocó la imposición de una amonestación privada por parte de la entidad encargada de su vigilancia y control, a propósito de la cual procede la Sala a verificar si cumplió las obligaciones que se le imponían a este respecto (…) [T]ambién se condenará al Ministerio de Educación al reconocimiento y pago de los perjuicios alegados por los demandantes, debido a las fallas en el servicio de inspección y vigilancia en las que incurrió (…) [E]l ICFES fue llamado en garantía por no haber asignado el código de 21 dígitos solicitado por la institución educativa para poder graduar a los estudiantes que cursaron la Licenciatura en educación física en la modalidad semipresencial y a distancia en Rionegro (…) [C]orrespondía al ICFES otorgar el registro de los programas ofrecidos por las instituciones educativas siempre que cumplieran con los requisitos exigidos en la ley, y dado que la Licenciatura en Educación Física que cursaron los demandantes no cumplía con las exigencias necesarias para su registro, el ICFES se abstuvo de emitir el código de identificación en cumplimiento de las funciones que se le imponían por lo que esta Sala encuentra que no le es imputable la falla que se le endilgó en el llamamiento en garantía.

CARGA OBLIGACIONAL / DEBER DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Omisión

[E]s necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad demandada con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado (…) El Decreto reglamentario 272 de 1998 fijó los lineamientos de calidad para los programas de formación de docentes y dispuso la obligatoriedad de que aquellos que se pretendan ofrecer deben estar previamente acreditados por el Ministerio de Educación (…) La norma también dispuso la obligación de ajustarse a la nueva normatividad de acreditación de los programas, en un plazo máximo de dos años, bajo la sanción, en caso de incumplimiento, de no poder continuar prestando el servicio de formación de educadores.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES / LUCRO CESANTE

[S]e encuentra probado el daño causado a los demandantes comoquiera que está debidamente acreditado que tuvieron que esperar treinta y un (31) meses para obtener el título profesional al que habían optado, demora que como se indicó ad supra, es un daño resarcible demostrado por el hecho de no poder ver concretado el esfuerzo académico, razón por la cual -en aras de mantener la coherencia de las decisiones proferidas por la Corporación-, “la Sala considera justo y equitativo disponer que para este particular evento se reconozca un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la angustiante espera, lo que tuvo lugar entre agosto de 2001, fecha programada del grado y marzo de 2004, cuando finalmente se graduó. Así las cosas la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a treinta y un (31) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (…) De acuerdo con lo dicho ad supra, se contabilizará la indemnización a partir del primer día del mes siguiente a la fecha probable del grado y hasta pasados 60 días desde la obtención del título, esto es desde el 1 de septiembre de 2001 y hasta el 27 de mayo de 2004, mes a mes y con la correspondiente indexación con base en el IPC, teniendo como índice inicial el de la época en que debieron recibir los primeros salarios y como final el último conocido en la fecha de la sentencia (abril de 2018), y utilizando como salario base para la liquidación los valores de la escala de remuneración de los servidores sometidos al estatuto docente decretada año a año por el gobierno nacional, incrementadas en un 25% correspondiente al factor prestacional (…) [C]on respecto a la petición del agente del Ministerio Público de restar el cincuenta por ciento (50%) de la condena por la falta de diligencia de los estudiantes al no adelantar las averiguaciones necesarias sobre la legalidad del programa ofrecido por la institución educativa, esta Subsección considera que no hay lugar a ello por cuanto amparados en la confianza legítima, cursaron las asignaturas de un programa académico ofrecido por una institución educativa pública que se supone debe cumplir con los requisitos legales para su funcionamiento, y cuyo cumplimiento no puede cargarse a los interesados.

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-03780-01(40433)

Actor: NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ Y OTROS

Demandado: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Titulación: Acción de reparación directa (D.01/84).
Tema: Falla del servicio.
Subtema 1: Programas académicos sin registro ante ICFES.
Sentencia.
Sentencia que revoca para condenar.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes demandantes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010), por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La emisión tardía de los títulos universitarios imposibilitó a los demandantes ingresar al escalafón docente nacional. Alegan falla en el servicio de la institución educativa por ofrecer programas académicos sin registro ante el ICFES, y del Ministerio de Educación por incumplir sus obligaciones de vigilancia y control.

ANTECEDENTES

EXPEDIENTE 4024

Lo que se demanda

El diez (10) de noviembre de dos mil tres (2003), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, Mary Luz Herrera Yepes -quien actúa en su propio nombre-, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la institución universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con el propósito de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Declarar que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, representada legalmente por el doctor JUAN CAMILO RUIZ PEREZ o quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente demanda, omitió el cumplimiento de las normas constitucionales y legales referidas en el Capítulo V de la misma, en cuanto a la creación del Programa Académico de Educación Superior LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia en el centro regional Rionegro, Ant., así como su ofrecimiento, a los educandos, entre los cuales se encuentra mi poderdante MARY LUZ HERRERA YEPES; su desarrollo y finalmente, la realización del Acto Protocolario de Graduación.

2. En consecuencia, se declare administrativamente responsable a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, de los perjuicios materiales y perjuicios morales causados a mi poderdante MARY LUZ HERRERA YEPES.

3. Ordénese a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Una vez culmine la Investigación Administrativa a que se refiere el hecho DECIMO SEGUNDO de la presente demanda, y se autorice por parte del ICFES, la presentación del examen de Estado a que se refiere el artículo 27 literal b) de la Ley 30 de 1992, en estrecha concordancia con el artículo 48 de la misma ley, se proceda por cuenta exclusiva de la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID a realizar capacitación y actualización en los contenidos del programa cursado por mi poderdante MARY LUZ HERRERA YEPES, a fin de que ésta se encuentre preparada académicamente para presentar dicho examen.

b. Y en el evento que la señora MARY LUZ HERRERA YEPES, obtenga la aprobación del examen referido en el literal anterior, se ordene a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID que realice el acto protocolario de graduación de mi poderdante en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del Centro Regional de Rionegro, Ant.

c. Se reconozca y pague los perjuicios materiales de lucro cesante consistentes en los salarios, vacaciones y prestaciones sociales legales dejados de percibir por la señora MARY LUZ HERRERA YEPES, por no poder ingresar en el Escalafón Nacional Docente al GRADO SÉPTIMO, al no obtener su graduación oportuna como Licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes, modalidad semipresencial y a Distancia del Centro Regional Rionegro, Ant., por causas atribuibles a la institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, el cual a la fecha 30 de octubre de 2003 asciende a la suma de VEINTE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($20.079.547.00), valor que constituye los factores salariales y prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir por parte de mi poderdante. El lucro cesante deberá liquidarse hasta la fecha que efectivamente logre su ingreso en el Escalafón docente, de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios; y demás normas que las modifiquen o adicionen.

d. Solicito que la liquidación de los anteriores pagos se ajusten tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

e. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho VIGÉSIMO SEXTO, hasta por la suma de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

4. Solicito subsidiariamente, que en el evento que se autorice por parte del ICFES la presentación del Examen de Estado, a que se refiere el artículo 28 liberal b) de la ley 30 de 1992, y no se obtengan resultados positivos en dicha prueba por parte de la señora MARY LUZ HERRERA YEPES, y por ende, no sea posible la realización del Acto Protocolario de Graduación de la misma, en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN, Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del centro regional de Rionegro, Ant., se ordene a la institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Reconozca y pague en su integridad los perjuicios materiales de Daño Emergente estimados en la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($10.582.812.00) y lucro cesante que a la fecha 30 de octubre de 2003, asciende a la suma de VEINTE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($20.079.547.00), valor que constituye los factores salariales y prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir por parte de mi poderdante MARY LUZ HERRERA YEPES. El lucro cesante deberá liquidarse hasta la fecha que efectivamente logre su ingreso en el Escalafón Docente de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las modifiquen o adicionen.

b. Que la liquidación de los anteriores pagos se ajusten tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

c. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho VIGESIMOSEXTO, hasta por la suma de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código Penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

5. Se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177, 178 y 179 del C.C.A.

6. Solicito se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, ya que con sus omisiones constitucionales y legales, dio lugar a la presente demanda. Lo anterior, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998 y en concordancia con el artículo 392 y 292 del Código de Procedimiento Civil, modificados por los artículos 42 y 43 de la ley 794 de 2003, respectivamente”.

El apoderado de la parte demandante sostuvo, como fundamento de hecho de las pretensiones, que Mary Luz Herrera Yepes fue informada por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid –donde había culminado y aprobado los requisitos exigidos para obtener su grado como Licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes-, que “sin el visto bueno del ICFES, es imposible por el momento otorgar títulos a los estudiantes”, situación que le generó graves perjuicios materiales y morales por cuanto no pudo ingresar al escalafón nacional docente al grado séptimo como era su aspiración de acuerdo con lo establecido en el decreto ley 2277 de 1979.

Al decir del actor, se configuró una falla en el servicio imputable a la demandada por incumplir “las disposiciones legales para su creación [del programa educativo] ya que no remitió la notificación de la creación del citado Programa, dentro del término consagrado en el artículo 2º del Decreto 2790 de 1994, y de contera no cumplió con lo establecido en el Decreto 1403 de 1993 en sus artículos 1º y 3º, y el artículo 2º del decreto 837 de 1994, los cuales regulan el contenido de la información que debía enviar la institución Universitaria sobre la creación del programa al Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES”, pues ofreció y desarrolló el programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en su sede de Rionegro, Antioquia, sin efectuar el mencionado registro.

El trámite procesal relevante

La demanda así formulada fue admitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de veinticuatro (24) de noviembre de dos mil tres (2003), cuya anotación por estados se hizo el doce (12) de diciembre siguiente.

La demandada contestó con escrito presentado el veintiséis (26) de abril de dos mil cinco (2005), en el que se opuso a las pretensiones y se atuvo a lo que resulte probado en el proceso. Interpuso como excepción, la falta de legitimación en la causa por pasiva, la buena fe exenta de culpa, el cumplimiento de la Constitución y la ley, la inexistencia de la obligación de reparación, la ausencia de daño, el hecho de un tercero y la caducidad de la acción.

Explicó que el veintisiete (27) de marzo de dos mil cuatro (2004) se le otorgó a la demandante el título al que optó, graduación que no pudo celebrarse antes por dilaciones imputables al ICFES que realizó una interpretación equivocada de la norma aplicable al programa educativo cursado por Herrera Yepes, pues el centro educativo sí había registrado el programa cursado por la estudiante ante las autoridades competentes según el decreto Nro. 837 de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Además, se opuso a la tasación de los perjuicios por ella solicitados por cuanto el hecho de cursar el programa educativo no garantiza la inclusión en el escalafón nacional docente y sólo constituye una mera expectativa.

Finalmente, llamó en garantía al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES, encargados de la inspección, vigilancia y control de la actividad de los centros educativos, además de que “se abstuvieron de conceder el código de 21 dígitos, que permita finalmente titular a la señora Mary Luz Herrera Yepes al momento de cumplir el los [sic] requisitos académicos en junio de 2001 en el programa profesionalizado de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE”.

EXPEDIENTE 4023

Lo que se demanda

El diez (10) de noviembre de dos mil tres (2003), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, Yady Milena Guarín Rendón -quien actúa en su propio nombre-, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con el propósito de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Declarar que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, representada legalmente por el doctor JUAN CAMILO RUIZ PEREZ o quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente demanda, omitió el cumplimiento de las normas constitucionales y legales referidas en el Capítulo V de la misma, en cuanto a la creación del Programa Académico de Educación Superior LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia en el centro regional Rionegro, Ant., así como su ofrecimiento, a los educandos, entre los cuales se encuentra mi poderdante YADY MILENA GUARIN RENDON; su desarrollo y finalmente, la realización del Acto Protocolario de Graduación.

2. En consecuencia, se declare administrativamente responsable a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, de los perjuicios materiales y perjuicios morales causados a mi poderdante YADY MILENA GUARIN RENDON.

3. Ordénese a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Una vez culmine la Investigación Administrativa a que se refiere el hecho DECIMOPRIMERO de la presente demanda, y se autorice por parte del ICFES, la presentación del examen de Estado a que se refiere el artículo 27 literal b) de la Ley 30 de 1992, en estrecha concordancia con el artículo 48 de la misma ley, se proceda por cuenta exclusiva de la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID a realizar capacitación y actualización en los contenidos del programa cursado por mi poderdante YADY MILENA GUARIN RENDON, a fin de que ésta se encuentre preparada académicamente para presentar dicho examen.

b. Y en el evento que la señora YADY MILENA GUARIN RENDON, obtenga la aprobación del examen referido en el literal anterior, se ordene a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID que realice el acto protocolario de graduación de mi poderdante en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del Centro Regional de Rionegro, Ant.

c. Se reconozca y pague los perjuicios materiales de lucro cesante consistentes en los salarios, vacaciones y prestaciones sociales legales dejados de percibir por la señora YADY MILENA GUARIN RENDON, por no poder ingresar en el Escalafón Nacional Docente al GRADO SÉPTIMO, al no obtener su graduación oportuna como Licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes, modalidad semipresencial y a Distancia del Centro Regional Rionegro, Ant., por causas atribuibles a la institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, el cual a la fecha 30 de octubre de 2003 asciende a la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($14.446.848.00), valor que constituye los factores salariales y prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir por parte de mi poderdante. El lucro cesante deberá liquidarse hasta la fecha que efectivamente logre su ingreso en el Escalafón docente, de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios; y demás normas que las modifiquen o adicionen.

d. Solicito que la liquidación de los anteriores pagos se ajusten tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

e. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho VIGÉSIMO SEXTO, hasta por la suma de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

4. Solicito subsidiariamente, que en el evento que se autorice por parte del ICFES la presentación del Examen de Estado, a que se refiere el artículo 28 liberal b) de la ley 30 de 1992, y no se obtengan resultados positivos en dicha prueba por parte de la señora YADY MILENA GUARIN RENDON, y por ende, no sea posible la realización del Acto Protocolario de Graduación de la misma, en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN, Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del centro regional de Rionegro, Ant., se ordene a la institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Reconozca y pague en su integridad los perjuicios materiales de Daño Emergente estimados en la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($9.446.506.00) y lucro cesante que a la fecha 30 de octubre de 2003, asciende a la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($14.446.848.00), valor que constituye los factores salariales y prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir por parte de mi poderdante YADY MILENA GUARIN RENDON. El lucro cesante deberá liquidarse hasta la fecha que efectivamente logre su ingreso en el Escalafón Docente de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las modifiquen o adicionen.

b. Que la liquidación de los anteriores pagos se ajusten tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

c. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho VIGESIMOSEXTO, hasta por la suma de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código Penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

5. Se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177, 178 y 179 del C.C.A.

6. Solicito se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, ya que con sus omisiones constitucionales y legales, dio lugar a la presente demanda. Lo anterior, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998 y en concordancia con el artículo 392 y 292 del Código de Procedimiento Civil, modificados por los artículos 42 y 43 de la ley 794 de 2003, respectivamente”.

El apoderado de la parte demandante sostuvo, como fundamento de hecho de las pretensiones, que Yady Milena Guarín Rendón fue informada por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid –donde había culminado y aprobado los requisitos exigidos para obtener su grado como Licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes-, que “sin el visto bueno del ICFES, es imposible por el momento otorgar títulos a los estudiantes”, situación que le generó graves perjuicios materiales y morales por cuanto no pudo ingresar al escalafón nacional docente al grado séptimo como era su aspiración de acuerdo con lo establecido en el decreto ley 2277 de 1979.

Al decir del actor, se configuró una falla en el servicio imputable a la demandada por incumplir “las disposiciones legales para su creación [del programa educativo] ya que no remitió la notificación de la creación del citado Programa, dentro del término consagrado en el artículo 2º del Decreto 2790 de 1994, y de contera no cumplió con lo establecido en el Decreto 1403 de 1993 en sus artículos 1º y 3º, y el artículo 2º del decreto 837 de 1994, los cuales regulan el contenido de la información que debía enviar la institución Universitaria sobre la creación del programa al Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES”, pues ofreció y desarrolló el programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en su sede de Rionegro, Antioquia, sin efectuar el mencionado registro.

El trámite procesal relevante

La demanda así formulada fue admitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de veinticuatro (24) de noviembre de dos mil tres (2003), cuya anotación por estados se hizo el doce (12) de diciembre siguiente.

La demandada contestó con escrito presentado el veintiséis (26) de abril de dos mil cinco (2005), en el que se opuso a las pretensiones y se atuvo a lo que resulte probado en el proceso. Interpuso como excepción, la falta de legitimación en la causa por pasiva, la buena fe exenta de culpa, el cumplimiento de la Constitución y la ley, la inexistencia de la obligación de reparación, la ausencia de daño, el hecho de un tercero y caducidad de la acción.

Explicó que el veintisiete (27) de marzo de dos mil cuatro (2004) se le otorgó a la demandante el título al que optó, graduación que no pudo celebrarse antes por dilaciones imputables al ICFES que realizó una interpretación equivocada de la norma aplicable al programa educativo cursado por Guarín Rendón pues el centro educativo sí había registrado el programa cursado por la estudiante ante las autoridades competentes según el decreto 837 de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Además, se opuso a la tasación de los perjuicios por ella solicitados por cuanto el hecho de cursar el programa educativo no garantiza la inclusión en el escalafón nacional docente ya que sólo constituye una mera expectativa.

Finalmente, llamó en garantía al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES, encargados de la inspección, vigilancia y control de la actividad de los centros educativos, además de que “se abstuvieron de conceder el código de 21 dígitos, que permita finalmente titular a la señora Yady Milena Guarín Rendón al momento de cumplir el los [sic] requisitos académicos en junio de 2001 en el programa profesionalizado de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE”.

EXPEDIENTE 3780

Lo que se demanda

El veintitrés (23) de octubre de dos mil tres (2003), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, Nelson Jaime Agudelo Muñoz -quien actúa en su propio nombre-, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con el propósito de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Declarar que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, representada legalmente por el doctor JUAN CAMILO RUIZ PEREZ o quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente demanda, omitió el cumplimiento de las normas constitucionales y legales referidas en el Capítulo V de la misma, en cuanto a la creación del Programa Académico de Educación Superior LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia en el centro regional Rionegro, Ant., así como su ofrecimiento, a los educandos, entre los cuales se encuentra mi poderdante NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ; su desarrollo y finalmente, la realización del Acto Protocolario de Graduación.

2. En consecuencia, se declare administrativamente responsable a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, de los perjuicios materiales y perjuicios morales causados a mi poderdante NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ.

3. Ordénese a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Que una vez culmine la Investigación Administrativa a que se refiere el hecho decimosegundo de la presente demanda, y se autorice por parte del ICFES, la presentación del examen de Estado a que se refiere el artículo 27 literal b) de la Ley 30 de 1992, en estrecha concordancia con el artículo 48 de la misma ley, se proceda por cuenta exclusiva de la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID a realizar capacitación y actualización en los contenidos del programa cursado por mi poderdante NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, a fin de que éste se encuentre preparado académicamente para presentar dicho examen.

b. Y en el evento que el señor NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, obtenga la aprobación del examen referido en el literal anterior, se ordene a la Institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID que realice el acto protocolario de graduación de mi poderdante en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del Centro Regional de Rionegro, Ant.

c. Se reconozca y pague los perjuicios materiales de lucro cesante consistentes en los salarios, vacaciones y prestaciones sociales legales dejados de percibir por el señor NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, por no poder ingresar en el Escalafón Nacional Docente al GRADO SÉPTIMO, al no obtener su graduación oportuna como Licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes, modalidad semipresencial y a Distancia del Centro Regional Rionegro, Ant., por causas atribuibles a la institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, el cual a la fecha 30 de septiembre de 2003 asciende a la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($12’475.672.00), valor que constituye los factores salariales y prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir por parte de mi poderdante. El lucro cesante deberá liquidarse hasta la fecha que efectivamente logre su ingreso en el Escalafón docente, de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios; y demás normas que las modifiquen o adicionen.

d. Solicito que la liquidación de los anteriores pagos se ajuste tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

e. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho Vigesimosexto, hasta por la suma de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

4. Solicito subsidiariamente, que en el evento que se autorice por parte del ICFES la presentación del Examen de Estado, a que se refiere el artículo 27 liberal b) de la ley 30 de 1992, y no se obtengan resultados positivos en dicha prueba por parte del señor NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, y por ende, no sea posible la realización del Acto Protocolario de Graduación del mismo, en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN, Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del centro regional de Rionegro, Ant., se ordene a la institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Reconozca y pague en su integridad los perjuicios materiales de Daño Emergente estimados en la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($10’599.735.00) y lucro cesante que a la fecha 30 de octubre de 2003, asciende a la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($12.475.672.00), valor que constituye los factores salariales y prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir por parte de mi poderdante NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ. El lucro cesante deberá liquidarse hasta la fecha que efectivamente logre su ingreso en el Escalafón Docente de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las modifiquen o adicionen.

b. Que la liquidación de los anteriores pagos se ajuste tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

c. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho VIGESIMOSEXTO, hasta por la suma de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código Penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

5. Se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177, 178 y 179 del C.C.A.

6. Solicito se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, ya que, con sus omisiones constitucionales y legales, dio lugar a la presente demanda. Lo anterior, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998 y en concordancia con el artículo 392 y 292 del Código de Procedimiento Civil, modificados por los artículos 42 y 43 de la ley 794 de 2003, respectivamente”.

El apoderado de la parte demandante sostuvo, como fundamento de hecho de las pretensiones, que Nelson Jaime Agudelo Muñoz fue informado por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid –donde había culminado y aprobado los requisitos exigidos para obtener su grado como Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes-, que “sin el visto bueno del ICFES, es imposible por el momento otorgar títulos a los estudiantes”, situación que le generó graves perjuicios materiales y morales por cuanto no pudo ingresar al escalafón nacional docente al grado séptimo como era su aspiración de acuerdo con lo establecido en el decreto ley 2277 de 1979.

Al decir del actor, se configuró una falla en el servicio imputable a la demandada por incumplir “las disposiciones legales para su creación [del programa educativo] ya que no remitió la notificación de la creación del citado Programa, dentro del término consagrado en el artículo 2º del Decreto 2790 de 1994, y de contera no cumplió con lo establecido en el Decreto 1403 de 1993 en sus artículos 1º y 3º, y el artículo 2º del decreto 837 de 1994, los cuales regulan el contenido de la información que debía enviar la institución Universitaria sobre la creación del programa al Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES”, pues ofreció y desarrolló el programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en su sede de Rionegro, Antioquia, sin efectuar el mencionado registro.

El trámite procesal relevante

La demanda así formulada fue admitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de diez (10) de noviembre de dos mil tres (2003), cuya anotación por estados se hizo el veintiséis (26) de noviembre siguiente.

En memorial del cuatro (4) de diciembre del mismo año, la apoderada del demandante solicitó la acumulación de los expedientes 4023 y 4024 al 3780, solicitud aceptada por medio de auto fechado tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004).

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid contestó con escrito presentado el veintiséis (26) de abril de dos mil cinco (2005), en el que se opuso a las pretensiones de los actores y se atuvo a lo que resulte probado en el proceso. Interpuso como excepción, la falta de legitimación en la causa por pasiva, la buena fe exenta de culpa, el cumplimiento de la Constitución y la ley, la inexistencia de la obligación de reparación, la ausencia de daño, el hecho de un tercero y caducidad de la acción.

Explicó que el veintisiete (27) de marzo de dos mil cuatro (2004) finalmente se les otorgó el título al que optaron, graduación que no pudo celebrarse antes por dilaciones imputables al ICFES que realizó una interpretación equivocada de la norma aplicable al programa educativo cursado por los demandantes pues el centro educativo sí había registrado el programa cursado por la estudiante ante las autoridades competentes según el decreto 837 de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Además, se opuso a la tasación de los perjuicios solicitados por cuanto el hecho de cursar el programa educativo no garantiza la inclusión en el escalafón nacional docente ya que sólo constituye una mera expectativa.

Finalmente, llamó en garantía al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES, encargados de la inspección, vigilancia y control de la actividad de los centros educativos, además de que “se abstuvieron de conceder el código de 21 dígitos, que permita finalmente titular a la señora Mary Luz Herrera Yepes al momento de cumplir el los [sic] requisitos académicos en junio de 2001 en el programa profesionalizado de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE”.
En la misma fecha, la apoderada de los demandados arrimó al proceso memorial de aclaración y adición de la demanda, para incluir a la Nación –Ministerio de Educación Nacional- como demandada, y ajustar las declaraciones y condenas para que queden así:

“* La primera declaración de la demanda inicial quedará así:
1. Declarar que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, representada legalmente por el doctor JUAN CAMILO RUIZ PÉREZ o quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente demanda, omitió el cumplimiento de las normas constitucionales y legales referidas en el Capítulo V de la misma, en cuanto a la creación del Programa Académico de Educación Superior LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia en el Centro Regional Rionegro, Ant., así como su ofrecimiento a los educandos entre los cuales se encuentra mi poderdante NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARÍN RENDON y MARY LUZ HERRERA YEPES; su desarrollo y finalmente, la realización del Acto Protocolario de Graduación.

• La segunda declaración de la demanda inicial quedará así:
2. Declarar que LA NACIÓN COLOMBIANA –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-, representada legalmente por la doctora MARTHA CECILIA VELEZ WHITE, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., omitió el deber legal que por delegación del Señor Presidente de la República, tiene de inspección y vigilancia de los Programas Académicos de Educación Superior, y concretamente respecto a los controles que debió ejercer sobre la creación por parte de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, del Programa Académico de Educación Superior LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del Centro Regional Rionegro, Ant., así como su ofrecimiento a los educandos, entre los cuales se encuentran mis poderdantes NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARIN RENDON, y MARY LUZ HERRERA YEPES; su desarrollo y finalmente, en la realización del Acto Protocolario de Graduación.

Omisión esta, que resulta agravada con la expedición del Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, el cual lleva la firma del Presidente de la República y de la señora Ministra de Educación, ya que en el citado decreto se excede la potestad reglamentaria que sobre la ley 30 de 1992 tiene el Presidente de la República, puesto que se modifican las condiciones bajo las cuales se convalidan los estudios de Educación Superior de Programas Académicos que se hayan ofrecido en forma irregular por las Instituciones de Educación Superior, y se regulariza la situación académica de los estudiantes afectados, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 27 literal b de la ley en referencia, ya que pretende otorgar registros simples a los programas irregularmente ofrecidos, omitiendo la presentación de exámenes de Estado. Y con la emisión de la Resolución No. 3454 del 30 de diciembre de 2003, expedida con base en el referido Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003.

• La tercera declaración de la demanda inicial quedará así:
3. En consecuencia, se declare solidaria y administrativamente responsables a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, representado por la Doctora MARTHA CECILIA VELEZ WHITE, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C. o quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente demanda y a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, representada legalmente por el Doctor JUAN CAMILO RUIZ PÉREZ, o por quien haga sus veces al momento de la notificación de la demanda, de los perjuicios materiales y perjuicios morales causados a mis poderdantes NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARÍN RENDÓN, Y MARY LUZ HERRERA YEPES.

• La cuarta declaración de la demanda quedará así:
4. Ordénese a la NACIÓN COLOMBIANA –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- y a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Que una vez culmine la Investigación Administrativa a que se refiere el hecho decimosegundo de la presente demanda, y se autorice por parte del ICFES, la presentación del examen de Estado a que se refiere el artículo 27 literal b) de la Ley 30 de 1992, en estrecha concordancia con el artículo 48 de la misma ley, se proceda por cuenta exclusiva de las Entidades demandadas a realizar capacitación y actualización en los contenidos del programa cursado por mis poderdantes NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARÍN RENDÓN, y MARY LUZ HERRERA YEPES, a fin de que éstos se encuentren preparados académicamente para presentar dicho examen.

b. Y en el evento que mis mandantes obtengan la aprobación del examen referido en el literal anterior, se ordene a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID que realice el acto protocolario de graduación de los mismos en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del Centro Regional de Rionegro, Ant., en la cual se imparta el Título idóneo y ajustado a la ley.

c. Se reconozca y pague los perjuicios materiales de lucro cesante consistentes en los salarios, vacaciones y prestaciones sociales legales dejados de percibir por los señores NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARÍN RENDÓN, y MARY LUZ HERRERA YEPES, por no poder ingresar en el Escalafón Nacional Docente al GRADO SÉPTIMO, al no obtener su graduación oportuna como Licenciados en EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a Distancia del Centro Regional Rionegro, Ant., por causas atribuibles a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y a la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, quien omitió el deber legal que por delegación del Señor Presidente de la República, tiene de inspección y vigilancia de los Programas Académicos de Educación Superior. El lucro cesante para cada uno de los demandantes de la siguiente manera:

Lucro cesante del señor NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, la fecha 30 de septiembre de 2003: la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($12’475,672.00).
Lucro cesante de la señora YADY MILENA GUARÍN RENDON a la fecha 30 de octubre: la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($14.446.848.00).
Lucro cesante de la señora MARY LUZ HERRERA YEPES, a la fecha 30 de octubre: la suma de VEINTE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($20.079.547.00).

Dichos valores constituyen los factores salariales, prestaciones sociales legales y extralegales, y vacaciones de percibir por parte de mis poderdantes. El lucro cesante deberá liquidarse hasta la fecha que efectivamente mis poderdantes logren su ingreso en el escalafón docente, de conformidad con las normas aplicables.

d. Solicito que la liquidación de los anteriores pagos se ajusten tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

e. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho Vigesimosexto para cada uno de mis poderdantes NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARÍN RENDÓN y MARY LUZ HERRERA YEPES, hasta por la suma de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

• La quinta declaración de la demanda inicial quedará así:
5. Solicito subsidiariamente, que en el evento que se autorice por parte del ICFES la presentación del Examen de Estado, a que se refiere el artículo 27 liberal b) de la ley 30 de 1992, y no se obtengan resultados positivos en dicha prueba por parte de los señores [sic], y por ende, no sea posible la realización del Acto Protocolario de Graduación de la misma, en la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN, Y DEPORTES, modalidad semipresencial y a distancia del centro regional de Rionegro, Ant., se ordene a la institución Universitaria POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, que:

a. Se reconozca y pague en su integridad por las entidades Demandadas los perjuicios materiales de Daño Emergente y lucro cesante sufridos por los señores NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARÍN RENDÓN, y MARY LUZ HERRERA YEPES, estimados a la fecha 30 de noviembre de 2003 para el primero y la fecha 30 de octubre de 2003 para segunda y tercera, en las siguientes sumas:

Daño emergente y lucro cesante sufrido por el señor NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ: daño emergente, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($10.599.735.00), y Lucro cesante, la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($12´475, 672.00), para un total de VEINTITRÉS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($23.075.407.00), teniendo en cuenta lo referido en los hechos de la demanda y el tiempo transcurrido.
Daño emergente y lucro cesante sufrido por la señora YADY MILENA GUARÍN RENDÓN: Daño emergente, la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($9.446.506.00), y lucro cesante la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($14.446.848.00) para un total de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($23.893.354.00) teniendo en cuenta lo referido en los hechos de la demanda y el tiempo transcurrido.
Daño emergente y lucro cesante sufrido por la señora MARY LUZ HERRERA YEPES: daño emergente, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($10.582.812.00), y lucro cesante la suma de VEINTE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($20.079.547.00) para un total de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.662.359.00) teniendo en cuenta lo referido en los hechos de la demanda y el tiempo transcurrido.

El lucro cesante deberá liquidarse a cada uno de los demandantes, hasta la fecha que efectivamente logren sus ingresos en el escalafón docente, de conformidad con las normas aplicables.

b. Que la liquidación de los anteriores pagos se ajuste tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

c. Se reconozca y ordene el pago de los perjuicios morales a que se hizo referencia en el hecho vigesimosexto para cada uno de mis poderdantes NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ, YADY MILENA GUARÍN RENDÓN y MARY LUZ HERRERA YEPES, hasta por la suma de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código Penal, el cual se aplica en esta materia en razón del principio de integración.

• La sexta declaración de la demanda inicial quedará así:
6. Se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177, 178 y 179 del C.C.A.

*La séptima declaración de la demanda inicial quedará así:
6. Solicito se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, ya que con sus omisiones constitucionales y legales, dio lugar a la presente demanda. Lo anterior, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998 y en concordancia con el artículo 392 y 292 del Código de Procedimiento Civil, modificados por los artículos 42 y 43 de la ley 794 de 2003, respectivamente”.

Advirtió sobre el incumplimiento de los deberes de inspección y vigilancia que se le imponen al Ministerio de Educación Nacional y subrayó la ligereza con la que dicho organismo legitimó el actuar irregular de la Institución Universitaria “para otorgar títulos de un programa creado, ofrecido y desarrollado en abierta trasgresión de la Constitución y la Ley, incurriendo con dichas omisiones en extralimitación de sus funciones, legitimando además, su omisión en cuanto al deber de inspección, vigilancia, regulación y control de las instituciones de Educación Superior y de los programas académicos ofrecidos por éstas”.

Por auto de veintidós (22) de junio de dos mil cinco (2005) se admitió la aclaración y adición de la demandada, y el veintitrés (23) de agosto de dos mil seis (2006) se admitió el llamamiento en garantía del ICFES que allegó su contestación el nueve (9) de octubre siguiente, y explicó que el programa cursado por los demandantes no contó con registro alguno por cuanto no reunión oportunamente los presupuestos legales.

El proceso se abrió a pruebas mediante proveído de dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007), y vencido el término probatorio se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público el cuatro (4) de agosto dos mil nueve (2009), para alegar de conclusión y emitir concepto respectivamente, oportunidad aprovechada por todas para insistir en los argumentos expuestos en otras etapas procesales.

La sentencia apelada

El veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010), el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia en la que negó las súplicas de la demanda, así:

“1º. Se niegan las pretensiones de la demanda.
2º. Sin costas”.

En efecto, encontró probada la falla en el servicio en la que incurrió el Politécnico al encontrarse “en una situación irregular al haber ofrecido programas académicos que no contaban con el correspondiente registro en el SNIES”, y absolvió de toda responsabilidad tanto al Ministerio de Educación como al ICFES por cuanto la función de vigilancia y control sólo es exigible a partir del momento en el que se registran los programas a los que habrá que hacerles seguimiento. No obstante lo anterior, encontró que el daño alegado es hipotético razón por la cual negó las súplicas de la demanda.

La sentencia así proferida fue notificada mediante edicto fijado en lugar público de la secretaría del Tribunal el primero (1) de octubre de dos mil diez (2010).

El recurso contra la sentencia

La demandante interpuso, el ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010), recurso de apelación contra la anterior decisión con la pretensión de provocar su revocación para que en su lugar se profiera sentencia sustitutiva en la que se acceda a las súplicas de la demanda por cuanto los daños materiales alegados se comprobaron con las copias de los contratos de prestación de servicios que se allegaron al plenario que demuestran su precariedad.

El recurso fue concedido el veintinueve (29) de noviembre siguiente, y admitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado el dos (2) de marzo de dos mil once (2011).

Trámite en segunda instancia

A través de providencia de veintitrés (23) de marzo de dos once (2011) se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste emitiera concepto, oportunidad aprovechada por la demandada para insistir en los argumentos sostenidos en otras etapas procesales.

A su vez, el agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada por ausencia de daño, o en subsidio, condenar únicamente al Politécnico por ofrecer una formación sin contar con la acreditación, el código y el registro correspondientes. Sostuvo que la condena debía ser reducida en un 50% por cuanto los estudiantes fueron descuidados al no verificar el cumplimiento de los requisitos que debía cumplir la institución educativa antes de inscribirse al programa que cursaron.

El proceso entró a esta Corporación para fallo el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011).

CONSIDERACIONES

Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito

La Sala es competente para conocer del asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia de la Corporación, que establece que la Sala Contenciosa Administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales.

La acción de reparación interpuesta estaba vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo según el cual la caducidad de la acción de reparación directa se consolida pasados dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado.

Al momento de la presentación de las demandas no había empezado a correr el término de caducidad por cuanto los títulos fueron expedidos el veintisiete (27) de marzo de dos mil cuatro (2004) y las demandas se interpusieron entre octubre y noviembre de dos mil tres (2003). Es preciso recordar que en el sub lite se demandó por la tardanza imputable al centro educativo en la expedición de éstos, lo que imposibilitó acceder al escalafón docente nacional.

En el proceso se encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa de Nelson Jaime Agudelo Muñoz, Yady Milena Guarín Rendón y Mary Luz Herrera Yepes como estudiantes graduados el 27 de marzo de 2004 según actas Nros. 15063, 15091 y 15092.

De otra parte, La Nación - Ministerio de Educación - y el ICFES están legitimados en la causa por pasiva por cuanto de ellos se reclama su falta de vigilancia y control, mientras que el Politécnico –establecimiento público del departamento de Antioquia- está legitimado por ser la institución educativa que ofreció y desarrolló el programa sin estar registrado ante las autoridades competentes.

Sobre la prueba de los hechos

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, además de las omisiones que endilga a la demandada. En torno a estos elementos gravita la carga probatoria que soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados los hará la Sala en dos grandes apartes a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, la demandante lo hace consistir en el detrimento patrimonial y la afectación moral padecidos con la imposibilidad de ingresar al escalafón docente nacional debido a la expedición tardía de los títulos universitarios.

El A quo negó las pretensiones por no encontrar probado el daño, y el Ministerio Público -en concepto allegado ante esta Corporación-, sugirió confirmar la decisión apelada.

Sobre el daño moral

Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce con el apelativo de daño moral.

Este daño, lo encuentra probado la Sala en similares términos que el precedente en que se abordó el mismo asunto con respecto a otro estudiante, donde afirmó que “es claro que la demandante padeció un daño antijurídico, pues si bien es cierto que se acreditó que, finalmente, recibió el título universitario de Licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte, también lo es que solo lo obtuvo el 27 de marzo de 2004, a pesar de que estaba en condiciones de graduarse desde agosto de 2001, época para la cual se había programado la ceremonia correspondiente”.

Al efecto, obran los testimonios de Luís Fernando Zapata, Paula Andrea Rincón y Bibiana María Ríos, compañeros de estudio de los demandantes y que por su cercanía pudieron dar cuenta de las incomodidades y la angustia a las que los demandantes se vieron sometidos al sentirse estafados y burlados en su buena fe por no poderse graduar en el momento en el que cumplieron los requisitos para ello.

Sobre el daño patrimonial

Los demandantes solicitaron el reconocimiento de los salarios, vacaciones y prestaciones sociales legales dejadas de percibir por no haber podido ingresar al séptimo grado del escalafón nacional docente a ser reconocidos desde el momento en que cumplieron los requisitos para el grado, y aquél en el que efectivamente logren ingresar al escalafón.

La Sala encuentra que efectivamente la tardanza en la obtención del título universitario les impidió a los demandantes lograr el ingreso esperado al escalafón docente a partir del año 2001, lo que sin duda les generó un detrimento económico que debe ser resarcido, no porque no hayan podido inscribirse después de haber efectivamente obtenido el título, sino porque el cambio normativo complejizó el procedimiento para alcanzar los salarios esperados pues los requisitos exigidos en el Decreto Ley 2277 de 1979 para ingresar al escalafón -norma que se aplica a los educadores que fueron designados para un cargo docente estatal en propiedad y tomaron posesión del mismo antes del 21 de diciembre de 2001 según la ley 715 del mismo año-, eran menos severos que los contenidos en la nueva legislación. Veamos.

El decreto ley 2277 de 1979 disponía:

Artículo  5º.- Nombramientos. A partir de la vigencia de este Decreto sólo podrán ser nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación quienes posean título docente o acrediten estar inscritos en el Escalafón Nacional Docente, de conformidad con los siguientes requerimientos para cada uno de los niveles del Sistema Educativo Nacional:

Para el Nivel Preescolar: Peritos o expertos en educación, técnicos o tecnólogos en educación con especialización en este nivel, bachilleres pedagógicos, licenciados en ciencias de la educación con especialización o con post-grado en este nivel, o personal escalafonado.
Para el Nivel Básico Primario: Bachilleres pedagógicos, peritos o expertos, técnicos o tecnólogos en educación, licenciados en ciencias de la educación o con post-grado en este nivel, o personal escalafonado.
Para el Nivel Básico Secundario: Peritos o expertos, técnicos o tecnólogos en educación, licenciados en ciencias de la educación o con post-grado en este nivel, o personal clasificado como mínimo en el cuarto (4o.) grado de escalafón, con experiencia o formación docente en este nivel.
Para el Nivel Medio: Técnicos o tecnólogos en educación, licenciados en ciencias de la educación, o con post-grado en educación, o personal clasificado como mínimo en el quinto (5o.) grado del escalafón, con experiencia o formación docente en este nivel.
Para el Nivel Intermedio: Licenciados en ciencias de la educación o con post-grado en educación, o personal clasificado como mínimo en el sexto (6o.) grado del escalafón, con experiencia o formación docente en el nivel medio.

(…)

Artículo 6º.- Provisión de Cargos. Cada año la autoridad educativa competente señalará la planta de personal de los establecimientos educativos oficiales bajo su jurisdicción para la respectiva vigencia. Los cargos que fueren incluidos en dichas plantas serán los únicos susceptibles de ser provistos por la autoridad nominadora.
Las plantas de personal a que se refiere este artículo deberán ser aprobadas en todos los casos por el Gobierno Nacional” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el decreto 259 de 1981, sobre la inscripción al escalafón, dispuso:

Artículo 1.- Condiciones para ingreso al Escalafón Nacional Docente: De conformidad con el artículo 10 del Decreto Extraordinario 2277 de 1979, tienen derecho a inscribirse en el Escalafón Nacional Docente los educadores titulados en planteles oficiales y no oficiales aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.

Su ingreso al Escalafón se realizará al grado que se indica en el mismo artículo en concordancia con la nomenclatura establecida en el Decreto 80 de 1.980 para títulos de nivel superior, tal como a continuación se señala:

AL GRADO 1: El bachiller pedagógico y quienes hayan adquirido un título equivalente antes de la expedición del Decreto Extraordinario 2277 de 1.979.
AL GRADO 2: El Perito y el Experto en Educación, señalados en el literal a) del Parágrafo 1 del Artículo 10 del Decreto 2277 de 1979 que hayan obtenido el título antes de la vigencia del citado decreto.
AL GRADO 4: El Técnico Profesional Intermedio en Educación de que trata el inciso final del Artículo 2 del Decreto extraordinario 80 de 1980. El Técnico o Experto en Educación señalado en el inciso b) del parágrafo 1 del artículo 10 del decreto extraordinario 2277 de 1979, con título otorgado con anterioridad a la vigencia del Decreto antes mencionado.
AL GRADO 5: El Tecnólogo en Educación.
AL GRADO 6 El profesional Universitario con título diferente al de Licenciado en Ciencias de la Educación, una vez haya aprobado el curso de ingreso.
AL GRADO 7. Los Licenciados en Ciencias de la Educación.

(…)

Artículo 2º.- Procedimiento para ingreso. El educador no escalafonado que de conformidad con el Decreto 2277 de 1979 tenga derecho a inscribirse en el Escalafón Nacional Docente, deberá presentar a la Oficina Seccional de Escalafón los siguientes documentos:

Formulario oficial o solicitud de inscripción debidamente diligenciado.
Certificado de registro civil de nacimiento o partida de bautismo si es nacido antes de 1938.
La copia auténtica del acta de graduación o la constancia de registro del título certificada por la respectiva Secretaría de Educación.
Certificado del curso de capacitación cuando sea requerido para el ingreso, debidamente refrendado por la Dirección General de Capacitación o del Centro Experimental Piloto.

Parágrafo. Las solicitudes de inscripción al Escalafón Nacional Docente, serán resueltas por las juntas dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de la respectiva documentación, siempre y cuando llene todos los requisitos exigidos en este Artículo. La inscripción al Escalafón Nacional Docente, surte efectos fiscales para los educadores que se encuentren vinculados a la docencia, a partir de la fecha de la resolución que la ordena, y en todo caso, a partir del vencimiento del plazo de los sesenta (60) días, al recibo de la documentación completa en los términos del artículo 21 del Decreto 2277 de 1979. El tiempo de servicio para el ascenso se contará a partir de la fecha en que el educador comience a laborar (…)”.

Por tanto, resulta cierto que con la obtención del título universitario los demandantes adquirían el derecho a solicitar la inscripción en el Escalafón Nacional Docente y su ingreso se realizaría al grado séptimo. En consecuencia, se reconocerán los emolumentos dejados de percibir desde la fecha probable del grado hasta pasados 60 días desde la fecha efectiva del grado por cuanto la inscripción en el escalafón surtía efectos fiscales pasado ese lapso.

3.2.2. Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación

De conformidad con el material probatorio recaudado en el proceso contencioso administrativo, se tienen como suficientemente probados los siguientes hechos:

3.2.2.1. Que el consejo directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid creó el programa académico Licenciatura en educación física, de lo que informó al ICFES a través del diligenciamiento del formato respectivo, en el que se indicó que funcionaría en la sede central del Politécnico en Medellín con una duración de 10 ciclos con periodicidad semestral, jornada diurna y estrategia metodológica presencial, el cual quedó incorporado en el sistema de información como Licenciatura en educación básica, con énfasis en educación física y recreación.

A la anterior conclusión se llega sin perjuicio de que las pruebas arrimadas al proceso sean copias simples que se anexaron a la demanda, pues serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes.

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

Folio 168 del cuaderno de acumulación: Acuerdo Nro. 06 de mil novecientos noventa y cinco (1995) en el que el Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid creó el programa académico Licenciatura en Educación Física.

Folio 330 del cuaderno de acumulación: oficio sin número suscrito por el rector del Politécnico en el que informó al ICFES sobre la aprobación del programa Licenciatura en Educación Básica, área Educación Física, Recreación y Deportes, por parte del Consejo Directivo a través del acuerdo Nro. 06 de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Folio 333 del cuaderno de acumulación: formato diligenciado en julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) por el Politécnico, en el que informó al ICFES la creación de la Licenciatura en educación física básica área educación física, recreación y deportes que funcionaría en la sede central del Politécnico en Medellín con una duración de 10 semestres con periodicidad semestral, jornada diurna y estrategia metodológica presencial.

Folio 342 del cuaderno de acumulación: oficio Nro. 003011 suscrito por el jefe de la división académica del ICFES el siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) en el que le informó al Politécnico que el programa Licenciatura en educación básica, con énfasis en educación física y recreación será incorporado en el sistema interno de información, y advirtió que la inscripción de aspirantes a ingresar a dicho programa sólo podrá realizarse seis (6) meses después de haberse efectuado la notificación.

Folio 19 del cuaderno de acumulación: Descripción de la carrera ofrecida por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en la que se indica que se trata de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes Nivel Básica, creada mediante Acuerdo 06 del 2 de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).

3.2.2.2. Que no obstante el programa registrado debía funcionar en la sede central del Politécnico en Medellín con una duración de 10 ciclos con periodicidad semestral, jornada diurna y estrategia metodológica presencial, el mismo fue ofrecido para seguirse en otros municipios a través de la modalidad semipresencial, lo que contravino la normativa aplicable e impidió a los estudiantes que así lo cursaron graduarse al momento de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el título universitario, pues el programa -en dichas condiciones- no se encontraba registrado en el sistema de información.

Lo anterior le implicó al Politécnico someterse a una investigación administrativa en la que el Ministerio de Educación resolvió sancionarlo con amonestación privada, como consecuencia de haber ofrecido y desarrollado programas en la modalidad de extensión en los diferentes municipios del departamento de Antioquia sin contar con el registro en el Sistema Nacional de Información.

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

Folio 17 del cuaderno de acumulación: oficio Nro. 3010 suscrito el primero (1º) de agosto de dos mil dos (2002) por la subdirectora de monitoreo y vigilancia del ICFES, en el que se lee: “El programa denominado Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física y Recreación, es el que figura registrado en el SNIES con el código 2209437261305001100. Este programa que tiene acreditación previa, solo puede ofrecerse en Medellín, en metodología presencial para 10 semestres y en jornada diurna, de conformidad con los datos que sobre el particular figuran en el SNIES. En consecuencia, con base en dicho programa no pueden graduarse los estudiantes que se encuentren desarrollando similares estudios fuera de la ciudad de Medellín, toda vez que el programa de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN de esta institución, a cuyo registro ya se hizo referencia, figura en el SNIES para ser ofrecido en metodología presencial y no en metodología a distancia” (subrayado fuera de texto).

Folio 6 del cuaderno de acumulación: oficio Nro. 070249 suscrito el doce (12) de diciembre de dos mil dos (2002) por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICFES, en el que se lee: “De conformidad con las normas de educación superior vigentes en materia de registro de programas académicos de este nivel, las instituciones para poder iniciar actividades académicas en un programa de educación superior, deben obtener el previo registro del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Así lo define y ordena el artículo 6º del Decreto 1125 de 1996 que menciona al respecto: “El registro es el acto mediante el cual se incorpora el programa académico al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, previa asignación del código de identificación correspondiente. Dicho registro es indispensable para que la institución pueda ofrecer el programa”. (…) Lo anterior nos lleva a concluir necesariamente que el programa de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE al parecer ofrecido en el municipio de Jericó-, Antioquia por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se ofreció SIN CONTAR CON EL PREVIO REGISTRO. Ello es, de manera irregular y por lo mismo contrariando las normas de educación superior vigentes sobre la material. (…) Es el caso mencionar que por el ofrecimiento irregular entre otros, de este programa no solo en el municipio de Jericó, sino también en otros municipios del Departamento de Antioquia, el Ministerio de Educación Nacional ordenó una Investigación Administrativa al POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, mediante la Resolución 474 del 13 de marzo de 2002 (…)” (subrayado fuera de texto).

Folio 177 del cuaderno de acumulación: Resolución Nro. 474 de dos mil dos (2002) por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional ordena la apertura de una investigación administrativa contra el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid “con el objeto de comprobar la existencia o comisión de actos constitutivos de falta administrativa, en cuanto se refiere al cumplimiento de las normas de educación superior y establecer las posibles responsabilidades a que haya lugar”.

Folio 319 del cuaderno de acumulación: Resolución Nro. 3465 de dos mil tres (2003) por medio de la cual se resuelve sancionar con amonestación privada al Politécnico Jaime Isaza Cadavid dentro de la investigación administrativa iniciada por haber ofrecido y desarrollado programas en la modalidad de extensión en los diferentes municipios del departamento de Antioquia sin contar con el registro en el Sistema Nacional de Información.

3.2.2.3. Que el Ministerio de Educación resolvió otorgar registro simple al programa cursado por los demandantes.

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

Folio 125 del cuaderno de acumulación: resolución Nro. 3454 de 2003 por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional resuelve una solicitud de registro simple de programas al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en el que se lee: “CONSIDERANDO. (…) Que el artículo 46 del Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 prevé que las instituciones de educación superior que hayan ofrecido programas académicos sin contar con el correspondiente registro en el Sistema Nacional de información de Educación Superior –SNIES, en un término no mayor a cuatro (4) meses podrán solicitar el registro simple de dichos programas, para así regularizar la situación académica de sus estudiantes. Que el Registro Simple se otorga previa evaluación integral de programa, con el apoyo de pares académicos. Que el politécnico Jaime Isaza Cadavid, con sede en la ciudad de Medellín, solicitó a este Ministerio autorizar el Registro Simple para los siguientes programas: 1. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, en los municipios de (…) RIONEGRO (…) y en metodología semipresencial. (…) RESUELVE. ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar registro simple a los siguientes programas del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID (…) LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, en los municipios de (…) RIONEGRO (…). Licenciado en Educación Física Recreación y Deporte (…) ARTÍCULO TERCERO. El otorgamiento del registro simple a los programas referidos en el artículo primero de la presente resolución, sólo faculta a la Institución para otorgar el título a quienes hayan cursado y aprobado el plan de estudios del respectivo programa (…)” (subrayado fuera de texto).

3.2.2.4. Que los demandantes cursaron y aprobaron todas las asignaturas correspondientes al pensum del programa académico en el que estaban inscritos, y terminaron estudios en el primer periodo de 2001, pero sólo hasta el veintisiete (27) de marzo de dos mil cuatro (2004) obtuvieron su título.

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

Folio 4 del cuaderno principal dentro del expediente 4024: Certificación emitida el veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001) en la que el Politécnico hace constar que Mary Luz Herrera Yepes cursó y aprobó todas las asignaturas correspondientes al pensum del programa académico en el que estaba inscrita, y terminó estudios en el primer periodo de 2001.

Folio 18 del cuaderno principal dentro del expediente 4023: Certificación emitida el veinte dos (22) de agosto de dos mil uno (2001) en la que el Politécnico hace constar que Yady Milena Guarín Rendón cursó y aprobó todas las asignaturas correspondientes al pensum del programa académico en el que estaba inscrita, y terminó estudios en el primer periodo de 2001.

Folio 363 del cuaderno de acumulación: testimonio rendido por Luís Fernando Zapata Clavijo dentro el proceso contencioso administrativo, en el que expuso: “Nelson ingresó a estudiar en el politécnico Jaime Isaza Cadavid, la licenciatura en educación física, recreación y deportes, nivel básica, en el año de 1997, y concluyó sus estudios en junio del 2001”. En el mismo sentido testifican Paula Andrea Rincón y Bibiana María ríos Urrea.

Folios 162, 414 y 415 del cuaderno de acumulación: actas de grado Nros. 15063, 15091 y 1592 correspondientes a Nelson Jaime Agudelo Muñoz, Yady Milena Guarín Rendón y a Mary Luz Herrera Yepes, respectivamente, otorgadas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid el 27 de marzo de 2004, en Licenciatura en Educación Física, recreación y deporte.

El problema por resolver

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis la emisión tardía de los títulos universitarios generó perjuicios morales y materiales a los demandantes, al imposibilitarles ingresar al escalafón docente en dos mil uno (2001).

Análisis de la Sala sobre la responsabilidad

A partir de la expedición de la Constitución de mil novecientos noventa y uno (1991), la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, éste será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”.

El daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”.

Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”.

En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, por lo que el régimen de imputación, en este caso, es subjetivo por falla en el servicio por omisión en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales. En efecto, “la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía” (subrayado fuera de texto).

Por tanto, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad demandada con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado. En palabras de Oriol Mir Puigpelat, “Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de la valoración normativa, para imputar el resultado”.

Con el fin de respetar el precedente jurisprudencial de la Sección, y dado que se comparte el análisis realizado en un caso con similares características, se permite la Sala traer lo dicho, así:

“La Ley 30 de 1992 desarrolló el principio de autonomía universitaria garantizada en el artículo 69 Superior y como una materialización de ello otorgó facultades a las instituciones universitarias para crear sus propios programas académicos y ofrecer los títulos correspondientes; sin embargo, previó la necesidad de notificar de ello al Ministerio de Educación Nacional, a través del ICFES, para los fines del control que debe ejercer dicha entidad, en aras de la calidad de la formación impartida.

El Decreto 1403 de 1993 reglamentó la Ley 30 en el sentido de establecer, en forma transitoria, los requisitos para la creación de un programa académico de pregrado por parte de las instituciones de educación superior y encargó de su vigilancia al Ministerio de Educación Nacional, con la colaboración del ICFES, en virtud de la cual les correspondía verificar la información suministrada por las instituciones de educación superior:

Artículo 4. Sin perjuicio del ejercicio responsable de la autonomía de que son titulares las instituciones de Educación Superior, el Ministro de Educación Nacional con la inmediata colaboración del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, en cumplimiento de la función de suprema inspección y vigilancia delegada, verificará la información suministrada por las instituciones de educación superior con el objeto de velar por la calidad, la prestación del servicio público cultural y la función social de la educación superior.

La comprobación de inexactitudes o deficiencias en la información suministrada por las instituciones o la inobservancia de las condiciones en ella prevista para la creación y funcionamiento de programas académicos, dará́ lugar a la aplicación de lo previsto en el Capítulo IV del Título II de la Ley 30 de 1992.

El Decreto 837 de 1994 derogó la precitada norma y previó los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y de especialización de educación superior, en los siguientes términos:

ARTICULO 2o. El representante legal de las instituciones de educación superior que tienen la forma y carácter de universidades deberán informar al Icfes sobre la creación, estado y desarrollo de sus programas académicos de pregrado y especialización y la expedición de los correspondientes títulos, con el fin de alimentar, estructurar y mantener actualizado el sistema nacional de información de la educación superior y el sistema nacional de acreditación creados por la Ley 30 de 1992, así́ como para el ejercicio de la inspección y vigilancia ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Tal información deberá́ diligenciarse en los formatos que para tal efecto suministre el Icfes, de conformidad con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

ARTICULO 3o. El representante legal de las instituciones clasificadas como instituciones Universitarias, o Escuelas Tecnológicas, Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales deberá́ notificar por escrito observando los principios de la buena fe, la creación, estado y desarrollo de sus programas de pregrado y de especialización al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior, Icfes.

Esta notificación deberá́ acompañarse de los formatos debidamente diligenciados, atendiendo las políticas del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

ARTICULO 4o. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6o de este decreto, el Ministro de Educación Nacional, previo el concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, fijará mediante resolución los términos dentro de los cuales las instituciones de educación superior deberán remitir para su notificación o informar, según sea el caso, sobre la creación, estado y desarrollo de los programas académicos y la expedición de los correspondientes títulos.

ARTICULO 5o. Las Instituciones de Educación Superior, deberán periódicamente, actualizar la información de todos sus programas según el formato establecido por el ICFES, para efectos de mantener actualizado el sistema nacional de información de la educación superior y para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia.

Dichos formatos deberán estar acompañados de un documento de autoevaluación.

ARTICULO 6o. Para continuar con el reconocimiento de un programa académico, la notificación o información a que se refiere el presente decreto deberá́ renovarse cada cinco (5) años.

Por su parte, el Decreto 2790 de 1994 creó normas para la inspección y vigilancia de los programas académicos, función que nuevamente asignó al Ministerio de Educación, con el fin de garantizar la prestación de un servicio de calidad, previó la forma en que debía notificarse al Ministerio de la creación de dichos programas, seis meses antes de la fecha prevista para la inscripción de aspirantes, término dentro del cual se podían ordenar visitas por parte del ministerio para verificar las condiciones de los programas, con fundamento en cuyos resultados le era posible impedir la apertura de los programas hasta que se garantizaran las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Así lo dispuso:

Artículo 1°. El funcionamiento de los programas académicos de pregrado ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior estará́ sometido a un proceso de verificación por parte del Ministro de Educación Nacional, con el fin de garantizar a la comunidad la prestación de un servicio con calidad.

Artículo 2°. Para los fines previstos en el artículo anterior, los representantes legales de las instituciones de educación superior deberán notificar o informar, según el caso, al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, sobre la creación, organización, desarrollo y extensión de los programas de pregrado con una antelación de seis (6) meses a la fecha prevista para la inscripción de aspirantes a ingresar al programa respectivo.

Artículo 3°. Dentro del término señalado en el artículo anterior, el Ministro de Educación Nacional, si lo considera necesario, con la asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior -CESU- y con el apoyo técnico del Icfes, ordenará visitas a las instituciones de educación superior para verificar las condiciones bajo las cuales se proyecta ofrecer y desarrollar los programas académicos.

En el desarrollo de la visita se deberá́ tener en cuenta que los programas permitan garantizar la calidad y el cumplimiento de los fines y objetivos de la educación superior previstos en la Ley 30 de 1992, así́ como los demás requisitos de creación y funcionamiento de programas.

Parágrafo. La verificación de las condiciones de los programas será́ realizada por académicos de reconocido prestigio que laboren en otras instituciones de educación superior en el país o en el exterior.

Artículo 4°. Si de los resultados de la visita realizada, que serán dados a conocer a las instituciones, se concluye que las condiciones bajo las cuales se proyecta desarrollar el programa no corresponden a las exigidas o no garantizan lo contemplado en el artículo anterior, el Icfes lo comunicará al Consejo Nacional de Educación Superior -CESU- con el fin de que éste asesore y recomiende al Ministro de Educación Nacional ordenar la adopción de las medidas que considere necesarias, incluso la no apertura del programa, hasta tanto se garanticen las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Artículo 5°. Transcurridos los seis (6) meses señalados en el artículo 2° de este Decreto sin que se haya efectuado la verificación al programa creado, la institución podrá́ iniciar actividades académicas, sin perjuicio de que en cualquier momento se practique la visita correspondiente, con el fin de comprobar las condiciones de funcionamiento del programa.

Artículo 6°. Vencido el término de seis (6) meses a que se refiere el artículo anterior, el Icfes dispondrá́ el registro del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

En forma posterior, el Decreto 1225 de 1996 creó el registro de los programas académicos y reglamentó su funcionamiento, a cargo del ICFES, al que asignó la verificación de las solicitudes presentadas y su aprobación o no dentro del término de treinta días, en el que le correspondía a la entidad pública:

1. Declarar que la notificación o información se ha producido en forma satisfactoria, caso en el cual el programa será́ enviado de manera inmediata para su registro en el Sistema Nacional de Información, sin perjuicio de que sobre él se ejerzan las funciones de inspección y vigilancia.

2. Disponer que los datos contenidos en el formulario de notificación o información sean completados con las informaciones adicionales que se requieran u ordenar la verificación de la información recibida con el fin de constatar su veracidad, casos en los cuales, hasta tanto no se obtenga respuesta o resultados satisfactorios, el procedimiento de notificación o información no estará́ agotado y, por ello, el programa no podrá́ ser registrado en el Sistema Nacional de Información.

3. Aunque los datos suministrados sean suficientes, verificar la justificación, pertinencia, recursos y calidad del programa ofrecido. En este evento la verificación deberá́ realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de radicación de la información relacionada con el programa. Mientras no sea expresamente aceptada la información recibida no se entenderá́ surtida la notificación o información y, tampoco, será́ registrado el programa en el Sistema Nacional de Información.

Seguidamente, previó la norma el requisito del registro del acto por el cual se incorpora un programa académico al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, previa asignación del código correspondiente, actuación indispensable para que pueda ofrecerse el programa. También asignó la inspección y vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el proceso de registro, al ICFES y al Ministerio de Educación, así:

Artículo 10. El incumplimiento por parte de las instituciones de educación superior de las órdenes y recomendaciones que formulen el Ministro de Educación Nacional y el ICFES en desarrollo de lo dispuesto en este Decreto, dará́ lugar a las acciones administrativas y a la imposición de las sanciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.

Ahora bien, en cuanto respecta a los programas universitarios para la formación de educadores, la Ley General de Educación dispuso que todos aquellos dispuestos para esa finalidad deben contar con acreditación previa del Consejo Nacional de Educación Superior.

Artículo 113º.- Programas para la formación de educadores. Con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes, todo programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el Consejo Nacional de Educación Superior- CESU o el Ministerio de Educación Nacional, para el caso de las Normales Superiores.

La misma Ley 115 de 1994 se encarga de clarificar cuáles son los programas de pregrado de formación de docentes al establecer que para ejercer la docencia se requiere título de licenciado en educación o posgrado en educación:

Artículo  116º.- Título exigido para ejercicio de la docencia.  Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de postgrado en educación, expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior expedido por las normas reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto Docente.

El Decreto reglamentario 272 de 1998 fijó los lineamientos de calidad para los programas de formación de docentes y dispuso la obligatoriedad de que aquellos que se pretendan ofrecer deben estar previamente acreditados por el Ministerio de Educación:

Artículo 15. En concordancia con lo preceptuado en el artículo 113 de la Ley 115 de 1994, a partir de la vigencia de este decreto los programas de pregrado y especialización en Educación que se pretendan ofrecer, requerirán de acreditación previa otorgada por el Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Dicho concepto estará́ basado en la aplicación de los criterios y procedimientos que para el efecto elabore el CNA, los cuales incluirán los requisitos establecidos en el presente decreto.

La norma también dispuso la obligación de ajustarse a la nueva normatividad de acreditación de los programas, en un plazo máximo de dos años, bajo la sanción, en caso de incumplimiento, de no poder continuar prestando el servicio de formación de educadores.

Artículo 16. Los programas regulares de pregrado y postgrado en Educación registrados en el Icfes tienen un plazo de dos años contados a partir de la promulgación de este decreto para ajustarse a la nueva normatividad. En ese plazo dichos programas deberán obtener la acreditación previa otorgada por el Ministro de Educación Nacional en las condiciones señaladas en el artículo anterior, sin la cual no podrán continuar prestando el servicio de formación de educadores.

Parágrafo. Cada universidad o institución universitaria al efectuar el proceso de ajuste de sus programas académicos en Educación para obtener la acreditación previa, garantizará los derechos adquiridos por los alumnos matriculados con anterioridad a la expedición de este decreto.

El plazo final para someterse a la nueva regulación precluyó el 31 de octubre de 2000, según lo ordenó el Decreto 1605 del mismo año:

Artículo 1°. Para los efectos del artículo 16 del Decreto 272 de 1998, fíjese (sic) como fecha el día 31 de octubre de 2000, para que los programas de pregrado, postgrado, doctorados y maestrías en Educación presentados al Consejo Nacional de Acreditación y a la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías respectivamente, obtengan acreditación previa conforme a las previsiones del mencionado decreto.

Finalmente, precisó que los programas realizados en seccionales o extensiones de una institución de educación superior, quedaban sujeto a las regulaciones de acreditación referidas:

Artículo 17. Todo programa de pregrado y postgrado dirigido a la formación de educadores que inicie o se encuentre realizando actividades en una seccional o extensión de la institución o por convenio o contrato interinstitucional, estará́ sujeto a todas las obligaciones consignadas en este decreto, con independencia de la verificación de dichas obligaciones en la sede principal.

Bajo el referido panorama normativo que regía la forma en que debía registrarse el programa académico cursado por la demandante y la manera en que el Ministerio de Educación debía ejercer control sobre este, debe realizarse el juicio de imputación” (subrayado fuera de texto).

En este orden de ideas, para la Sala son evidentes las irregularidades en las que incurrió la institución educativa demandada, pues desde la expedición de la ley 30 de 1992 tenía la obligación de notificar al Ministerio de Educación sobre la creación de nuevos programas académicos, y la modificación de los existentes; y si bien es cierto tramitó lo necesario para registrar la Licenciatura en Educación Física que le fue autorizada para ser dictada en la ciudad de Medellín por un término de cinco años contados a partir del seis (6) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dicha notificación no le habilitaba para extender los programas a otros municipios ni para cambiar la metodología a través de la cual se ofrecían, irregularidad que provocó la imposición de una amonestación privada por parte de la entidad encargada de su vigilancia y control, a propósito de la cual procede la Sala a verificar si cumplió las obligaciones que se le imponían a este respecto.

Sostuvo la Sala que:

“Ahora bien, en lo que respecta a las presuntas omisiones en la labor de inspección y vigilancia que debía ejercer el Ministerio de Educación, la Sala advierte que, en principio, su ejercicio iniciaba con la notificación de la institución de educación superior sobre la creación del programa, que imponía la realización de visitas y el otorgamiento o no del registro, lo que a partir de 1996 era competencia exclusiva del ICFES.

En esos términos, podría pensarse, como lo hizo el a quo, que como el Politécnico nunca notificó sobre la creación de la licenciatura en el CREAD Jericó [en el sub lite en Rionegro], ni informó sobre el ofrecimiento de dicho programa en su seccional, no se activaron los supuestos de hecho bajo los cuales le correspondía al Ministerio ejercer la función de inspección y vigilancia sobre los programas.

Sin embargo, esa manera de ver el asunto no se acompasa con las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias que prevén el ejercicio de dicha labor de inspección y control, ni con sus finalidades. En efecto, el fundamento de esa obligación lo constituye, en primer término, el artículo 67 Superior, que impone al Estado velar por la calidad de la educación y por el cumplimiento de sus fines, función que la misma carta asignó al Presidente de la República.

Por su parte, la Ley 30 de 1992 también previó que dicha facultad de inspección solo podría ser delegada en el Ministerio de Educación y que esta incluye la obligación de velar por el acatamiento de las disposiciones legales y estatuarias que las rigen.

En los mismos términos, el artículo 3 del Decreto 907 de 1996 previó:

Artículo 3º.- Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral.

Artículo 4º.- Forma y Mecanismo. La inspección y vigilancia del servicio público educativo se adelantará y cumplirá por parte de las autoridades educativas competentes, mediante un proceso de evaluación y con el apoyo de un cuerpo técnico de supervisores de educación, incorporado a la correspondiente planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, para el nivel nacional, y a las plantas de personal de las secretarías de educación departamentales y distritales, o a las del organismo que haga sus veces, para el nivel territorial.

Se ejercerá además, atendiendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre control interno, cuando a ello hubiere lugar.

Su ejecución comprende un conjunto de operaciones relacionadas con la asesoría, la supervisión, el seguimiento, la evaluación y el control, sobre los requerimientos de pedagogía, administración, infraestructura, financiación y dirección para la prestación del servicio educativo que garanticen su calidad, eficiencia y oportunidad y permitan a sus usuarios, el ejercicio pleno de su derecho a la educación.

El ejercicio de dichas facultades imponía la adopción de planes operativos coordinadamente con las entidades territoriales, contentivos de las estrategias que harían parte de los planes anuales de desarrollo educativo de las respectivas entidades territoriales.

Artículo 5º.- Planes Operativos. Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, la Nación, los distritos y los departamentos coordinadamente con los municipios, elaborarán anualmente sendos planes operativos de inspección y vigilancia que harán parte del Plan Anual de Desarrollo Educativo de la respectiva entidad territorial.

Tales planes operativos deben contener los principios, las estrategias, los criterios, la financiación y los cronogramas generales que orientarán el desarrollo de las operaciones de que trata el inciso tercero del artículo 4 de este decreto.

La labor de inspección y vigilancia implica tanto la revisión de la parte administrativa como curricular de las instituciones de educación superior y conlleva una revisión periódica y la verificación, cuando menos anual, de los proyectos educativos institucionales de todas las instituciones, así como de sus reglamentos pedagógicos.

Artículo 11º.- Ejecución del Proceso. La evaluación con fines de inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 4 de este decreto se hará tanto en la parte administrativa como curricular del servicio educativo, y se adelantará de manera sistemática y continua, con el fin de obtener información necesaria, pertinente, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos que se acuerde con el reglamento, debe reunir todo establecimiento educativo estatal o privado, para la prestación del servicio educativo y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del educando.

En el caso del servicio educativo informal, este proceso evaluativo será adelantado por los organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto.

Artículo 12º.- Coordinación y Periodicidad. El proceso de evaluación se adelantará de manera coordinada con el Sistema Nacional de Educación, ordenado en el artículo 80 de la Ley 115 de 1994 y operará atendiendo los criterios que para el efecto establezca el Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial, de acuerdo con su competencia.

La periodicidad del proceso evaluativo se hará conforme a lo exigido por las disposiciones nacionales y territoriales reguladoras de la prestación del servicio público, de oficio o a solicitar de autoridad competente, de los establecimientos educativos o de la comunidad educativa en general.

El plan de inspección y vigilancia de cada departamento o distrito, indicado en el artículo 5 de este decreto, contemplará además, la evaluación al menos anual, de los proyectos educativos institucionales y de los reglamentos pedagógicos de todos los establecimientos de educación formal y no formal que prestan el servicio educativo en su jurisdicción.

Esta evaluación deberá adelantarse por parte del cuerpo técnico de supervisores, haciendo uso de los medios e instrumentos de inspección y vigilancia, según lo disponga la correspondiente secretaría de educación departamental o distrital.

En esas condiciones de especificidad y periodicidad en que debía realizarse la evaluación y entendido como queda que esta debía comprender la totalidad de las instituciones educativas, no se comprende cómo la licenciatura que funcionaba sin registro ni acreditación alguna en el CREAD Jericó [en el sub lite en Rionegro] del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, logró mantenerse funcionando durante años sin que el Ministerio de Educación Nacional hubiera advertido tales irregularidades y solo vino a ejercer dichas competencias cuando la misma institución educativa así se lo requirió, según quedó acreditado en el expediente.

Concluir lo contrario conllevaría a señalar que el Estado no puede ni está obligado a ejercer control sobre aquellos programas que no han propugnado por su formalización en los términos legales, lo que no se acompasa con las finalidades de dicho control y con la necesidad de ejercerlo con el fin de garantizar la calidad de la educación.

En esas condiciones, la Sala encuentra que también existen fundamentos para afirmar, tal como lo alega la apelante, que sí existieron fallas en el servicio de inspección y vigilancia del sector educativo a cargo de la Nación, que permitieron que la demandante, amparada en la confianza legítima de que las entidades que ofrecen al público dichos programas están controladas por el Estado, adelantar sus estudios allí, con los resultados conocidos, las que de haberse desplegado debían conducir a evitar la oferta educativa que no contaba con el registro ante el ICFES”.

Por tanto, también se condenará al Ministerio de Educación al reconocimiento y pago de los perjuicios alegados por los demandantes, debido a las fallas en el servicio de inspección y vigilancia en las que incurrió.

Ahora, el ICFES fue llamado en garantía por no haber asignado el código de 21 dígitos solicitado por la institución educativa para poder graduar a los estudiantes que cursaron la Licenciatura en educación física en la modalidad semipresencial y a distancia en Rionegro.

Al respecto, el decreto 1225 de 1996, estableció en su segundo artículo que además de los requisitos establecidos en el artículo 1º del Decreto 1403 de 1993, para la creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado, presenciales o a distancia, que pueden ofrecer las instituciones de educación superior y para la notificación o información de los mismos, éstas deberán presentar al Ministro de Educación Nacional, por intermedio del ICFES, la información en el formato que para tal efecto le sea suministrado. Y el artículo 4 estableció que hecha la notificación o información del programa respectivo, el ICFES dispondrá de un término de treinta (30) días para pronunciarse sobre aquellas.

Por su parte, el decreto 272 de 1998 sobre la acreditación de los programas en educación, dispuso:

“Artículo 15. En concordancia con lo preceptuado en el artículo 113 de la Ley 115 de 1994, a partir de la vigencia de este decreto los programas de pregrado y especialización en Educación que se pretendan ofrecer, requerirán de acreditación previa otorgada por el Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Dicho concepto estará basado en la aplicación de los criterios y procedimientos que para el efecto elabore el CNA, los cuales incluirán los requisitos establecidos en el presente decreto.

Parágrafo. En el caso de los programas de maestría y doctorado en Educación, la certificación que corresponde a la Acreditación Previa será expedida por el Ministro de Educación Nacional con base en la autorización que, previo concepto de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, otorgue el CESU para el funcionamiento de esos programas.

Artículo 16. Los programas regulares de pregrado y postgrado en Educación registrados en el Icfes tienen un plazo de dos años contados a partir de la promulgación de este decreto para ajustarse a la nueva normatividad. En ese plazo dichos programas deberán obtener la acreditación previa otorgada por el Ministro de Educación Nacional en las condiciones señaladas en el artículo anterior, sin la cual no podrán continuar prestando el servicio de formación de educadores.

Parágrafo. Cada universidad o institución universitaria al efectuar el proceso de ajuste de sus programas académicos en Educación para obtener la acreditación previa, garantizará los derechos adquiridos por los alumnos matriculados con anterioridad a la expedición de este decreto.

Artículo 17. Todo programa de pregrado y postgrado dirigido a la formación de educadores que inicie o se encuentre realizando actividades en una seccional o extensión de la institución o por convenio o contrato interinstitucional, estará sujeto a todas las obligaciones consignadas en este decreto, con independencia de la verificación de dichas obligaciones en la sede principal”.

A su turno, el decreto 2262 de 1999 en el artículo segundo, sobre la funciones del ICFES incluyó el desarrollo del proceso para la evaluación y el registro de programas académicos que ofrezcan las Instituciones de Educación Superior, mientras que el artículo 15 dispuso que dentro de las funciones de la Subdirección de Monitoreo y Vigilancia está la de coordinar la evaluación de las propuestas presentadas por las instituciones de educación superior para la creación, extensión, modificación y actualización de los programas académicos y efectuar su registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

Entonces, correspondía al ICFES otorgar el registro de los programas ofrecidos por las instituciones educativas siempre que cumplieran con los requisitos exigidos en la ley, y dado que la Licenciatura en Educación Física que cursaron los demandantes no cumplía con las exigencias necesarias para su registro, el ICFES se abstuvo de emitir el código de identificación en cumplimiento de las funciones que se le imponían por lo que esta Sala encuentra que no le es imputable la falla que se le endilgó en el llamamiento en garantía.

Análisis de la Sala sobre los perjuicios

De los perjuicios morales

De conformidad con los medios probatorios que reposan en el expediente, se encuentra probado el daño causado a los demandantes comoquiera que está debidamente acreditado que tuvieron que esperar treinta y un (31) meses para obtener el título profesional al que habían optado, demora que como se indicó ad supra, es un daño resarcible demostrado por el hecho de no poder ver concretado el esfuerzo académico, razón por la cual -en aras de mantener la coherencia de las decisiones proferidas por la Corporación-, “la Sala considera justo y equitativo disponer que para este particular evento se reconozca un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la angustiante espera, lo que tuvo lugar entre agosto de 2001, fecha programada del grado y marzo de 2004, cuando finalmente se graduó. Así las cosas la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a treinta y un (31) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

De los perjuicios materiales

Del lucro cesante

De acuerdo con lo dicho ad supra, se contabilizará la indemnización a partir del primer día del mes siguiente a la fecha probable del grado y hasta pasados 60 días desde la obtención del título, esto es desde el 1 de septiembre de 2001 y hasta el 27 de mayo de 2004, mes a mes y con la correspondiente indexación con base en el IPC, teniendo como índice inicial el de la época en que debieron recibir los primeros salarios y como final el último conocido en la fecha de la sentencia (abril de 2018), y utilizando como salario base para la liquidación los valores de la escala de remuneración de los servidores sometidos al estatuto docente decretada año a año por el gobierno nacional, incrementadas en un 25% correspondiente al factor prestacional, así:

EMBED Excel.Sheet.12
En consecuencia, se reconocerán cincuenta y seis millones novecientos sesenta y dos mil ciento diecinueve pesos con setenta y ocho centavos ($56’962,119.78) para cada uno de los demandantes.

Ahora, con respecto a la petición del agente del Ministerio Público de restar el cincuenta por ciento (50%) de la condena por la falta de diligencia de los estudiantes al no adelantar las averiguaciones necesarias sobre la legalidad del programa ofrecido por la institución educativa, esta Subsección considera que no hay lugar a ello por cuanto amparados en la confianza legítima, cursaron las asignaturas de un programa académico ofrecido por una institución educativa pública que se supone debe cumplir con los requisitos legales para su funcionamiento, y cuyo cumplimiento no puede cargarse a los interesados.

La condena en costas

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Revocar la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010) y en su lugar disponer:

PRIMERO: Declarar a la Nación -Ministerio de Educación- y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid administrativamente responsables por los daños causados a los demandantes.

SEGUNDO: Condenar solidariamente a la Nación –Ministerio de Educación- y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid al reconocimiento y pago de treinta y un (31) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los siguientes: Nelson Jaime Agudelo Muñoz, Yady Milena Guarín Rendón y Mary Luz Herrera Yepes, a título de perjuicios morales.

TERCERO: Condenar solidariamente a la Nación –Ministerio de Educación- y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid al reconocimiento y pago de cincuenta y seis millones novecientos sesenta y dos mil ciento diecinueve pesos con setenta y ocho centavos ($56’962,119.78) para cada uno de los siguientes: Nelson Jaime Agudelo Muñoz, Yady Milena Guarín Rendón y Mary Luz Herrera Yepes, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin costas.

CUARTO: A este fallo se le deberá dar cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

QUINTO: Ordenar que por Secretaría se expida a la parte actora copia de esta sentencia con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del C.P.C.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Magistrado

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Magistrados
Aclaración de voto Cfr. Rad. 52221-18 #1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-03780-01(40433)

Actor: NELSON JAIME AGUDELO MUÑOZ Y OTROS

Demandado: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Aclaración de voto Cfr. Rad. 52221-18#1

Las consideraciones sobre el concepto de daño y su antijuridicidad escapan a las razones estrictamente relacionadas con el caso [ratio decidendi], pues van más allá de los límites que debe tener todo juez al momento de desatar una controversia, esto es, resolver el problema jurídico [obiter dictum].

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Folio 22 del cuaderno principal dentro del expediente 4024. Norma que perdió vigencia el 21 de diciembre de 2001. Folio 54 del cuaderno principal dentro del expediente 4024. Folio 55 del cuaderno principal por el reverso dentro del expediente 4024. Folio 56 del cuaderno principal dentro del expediente 4024. Folio 36 del cuaderno principal dentro del expediente 4023. Norma que perdió vigencia el 21 de diciembre de 2001. Folio 66 del cuaderno principal dentro del expediente 4023. Folio 67 del cuaderno principal por el reverso dentro del expediente 4023. Folio 68 del cuaderno principal dentro del expediente 4023. Folio 49 del cuaderno principal dentro del cuaderno de acumulación. Norma que perdió vigencia el 21 de diciembre de 2001. Folio 51 del cuaderno de acumulación. Folio 52 del cuaderno de acumulación por el reverso. Folio 53 del cuaderno de acumulación. Folio 55 del cuaderno de acumulación. Folio 82 del cuaderno de acumulación. Folio 67 del cuaderno de acumulación. Folio 227 del cuaderno de acumulación. Folio 233 del cuaderno de acumulación. Folio 242 del cuaderno de acumulación. Folio 146 del cuaderno de acumulación. Folio 400 del cuaderno de acumulación. Folio 531 del cuaderno de acumulación. Folio 532 del cuaderno de acumulación. Folio 553 del cuaderno de acumulación. Folio 538 del cuaderno de acumulación. Folio 561 del cuaderno de acumulación. Folio 563 y 565 del cuaderno de acumulación. Folio 582 del cuaderno de acumulación. Folio 596 del cuaderno de acumulación. De acuerdo con lo consignado en el artículo 40 de la ley 446 de 1998, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia debía superar los 500 smlmv para la época de la interposición de la demanda. Las demandas se interpusieron en el año 2003 cuando el salario mínimo era $ 332,000, y la mayor pretensión superaba los $166 millones de pesos solicitados a título de perjuicios morales por cada uno de los demandantes. Es preciso advertir que el artículo 308 de la ley 1437 de 2011, dice que el nuevo Código “sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Folio 162 del cuaderno de acumulación. Folio 414 del cuaderno de acumulación. Folio 415 del cuaderno de acumulación. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 23 de noviembre de dos mil dieciséis 2016; Exp. 40594. Folio 363 del cuaderno de acumulación. Folio 368 del cuaderno de acumulación. Folio 371 del cuaderno de acumulación. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de mayo de 2011; Exp. 36912. Folio 368 del cuaderno de acumulación. Folio 371 del cuaderno de acumulación. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de noviembre de 2006; Exp. 14880. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de abril de 201; Exp. 20750.
“En la determinación de cuándo existe posición de garante o no del sujeto responsable no tiene ninguna incidencia que la responsabilidad se configure como objetiva o basada en la culpa. Aquella determinación constituye una cuestión previa: solo cuando se haya verificado que el sujeto estaba obligado a evitar el resultado entrará en juego la circunstancia de que la responsabilidad sea objetiva o no”. PUIGPELAT, Oriol Mir. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Ed. Civitas. Ídem. Pág. 243 y 244.

Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 23 de noviembre de 2016: Exp. 40594. Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: Darse y modificar sus estatutos. Designar sus autoridades académicas y administrativas
Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). Aunque fue derogado por el Decreto 2566 de 2003, era la norma vigente en la época de los hechos y por lo tanto aplicable al sub lite, en cuanto al ámbito funcional de las demandadas y los requisitos que debían cumplir los programas académicos ofrecidos. Modificado por la Ley 1297 de 2009. Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20731" \l "0" sentencia C-473 de 2006, en forma condicionada, en el entendido de que los bachilleres pedagógicos que hayan obtenido el título correspondiente y hayan sido inscritos en el Escalafón Nacional Docente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley 2277 de 1979, podrán ser nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación en las condiciones previstas en el mismo decreto. Para este efecto, los títulos de Normalista, Institutor, Maestro Superior, Maestro, Normalista Rural con título de Bachiller Académico o Clásico, son equivalentes al de Bachiller Pedagógico, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1º del Art. 10 de dicho decreto, siempre y cuando hayan sido inscritos en el escalafón. De igual manera, dispuso la duración mínima de dichos programas, que debía corresponder a cinco años en la modalidad presencial y como mínimo a seis en la semipresencial o a distancia. Empero, dicha disposición no es aplicable al caso de la demandante, pues en esa materia la norma solo se aplica a quienes iniciaron estudios en su vigencia y la demandante inició la licenciatura en el primer semestre de 1997 (fl. 471, c. 1). Por ello, el tema de la duración del programa cursado no es relevante para la decisión del caso, como quiera que para el caso de la actora debía respetarse la duración prevista al momento de la iniciación de los estudios.

Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 23 de noviembre de 2016: Exp. 40594.
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”.
Artículo 189, numeral 21. “Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley”.
Artículo  32. (según su texto vigente en la época de los hechos). La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo anterior, se ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de la presente ley, a través del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la educación superior, para velar por: (…) “Que en las instituciones oficiales de educación superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen, y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente”.

Por el cual se reglamenta la publicidad y el registro de programas académicos de educación superior.
Por el cual se establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de
pregrado y postgrado en Educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones universitarias, se
establece la nomenclatura de los títulos y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes.
Es preciso indicar que, posteriormente los decretos 2230 -Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional- y 2232 - Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.- de 2003 restructuraron el Ministerio y el ICFES, y finalmente, el decreto 2566 del mismo año estableció que para obtener un registro simple, las Instituciones de Educación Superior que hayan ofrecido o estén ofreciendo programas académicos sin contar con el correspondiente registro, en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de expedición de dicho decreto, deberán presentar una información mínima con base en la cual el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de pares académicos, realizará una evaluación integral del programa para determinar la viabilidad del otorgamiento, por una única vez, de un registro simple, con el objeto de que los estudiantes o egresados del programa puedan regularizar su situación académica, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 23 de noviembre de 2016: Exp. 40594.
Con el fin de establecer el valor presente real de dichas diferencias.
Año 2001: Decreto 2713 de 17 de diciembre de 2001. Año 2002: Decreto 688 de 10 de abril de 2002. Año 2003: Decreto 3621 de 16 de diciembre de 2003. Año 2004. Decreto 4164 de 2004. Normas todas del orden nacional que no requieren de prueba en el expediente y son idóneas para la tasación de los perjuicios.

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