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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2004-00325-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2004-00325-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2004-00325-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001 23 31 000 2004 00325 01
Referencia: Acción de Nulidad
Actores: ROBINSON MURILLO GIRALDO Y OTRO.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. EL ENTE
TERRITORIAL DEMANDADO NO LOGRÓ DEMOSTRAR LA
PROSPERIDAD DE SUS ARGUMENTOS PLANTEADOS EN EL
RECURSO DE APELACIÓN. LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL NO
TIENE COMPETENCIA PARA COMPILAR NORMAS DE ORDEN
NACIONAL, ASÍ COMO TAMPOCO PARA DICTAR NORMAS DE
POLICÍA QUE ESTABLEZCAN SANCIONES DIFERENTES A LAS
PREVISTAS O AUTORIZADAS POR EL LEGISLADOR. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, contra la

sentencia de 23 de abril de 2015, proferida por el Tribunal

Administrativo de Antioquia1, que accedió a las pretensiones de la

demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001 23 31 000 2004 00325 01
Actores: Robinson Murillo Giraldo y otro.

I.- ANTECEDENTES

I.1-. Los señores ROBINSON MURILLO GIRALDO y MARCO

FIDEL GÓMEZ VALLE, actuando en nombre propio, en ejercicio de

la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código de lo

Contencioso Administrativo, presentaron demanda ante el Tribunal,

con la finalidad de desvirtuar la legalidad de la Ordenanza 018 de

27 de septiembre de 2002, expedida por la Asamblea

Departamental de Antioquia2, “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO

DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los

siguientes:

Adujeron que mediante el Decreto núm. 1508 de 20 de abril de

1994, el Gobernador de Antioquia reformó y derogó el Código de

Policía para el departamento.

Señalaron que el referido decreto fue derogado por la Ordenanza

018 de 27 de septiembre de 2002, mediante la cual fue expedido el

Código de Convivencia Ciudadana para el Departamento de

2
En adelante la Asamblea.
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Antioquia, que entró a regir el 1o. de enero de 2003.

Afirmaron que la referida norma incorporó en su gran mayoría

disposiciones del Código de Policía de 1994 para el Departamento

de Antioquia, así como otras ya contenidas en normas nacionales,

con el objeto de preservar, mantener y restablecer el orden público,

mediante la regulación del ejercicio de los derechos y libertades

públicas.

I.3.- Como fundamentos de derecho, los actores sostuvieron que al

expedir el acto administrativo acusado la Asamblea transgredió el

artículo 4° y el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución

Política, así como el numeral 2 del artículo 6° de la Ley 5ª de 17 de

junio de 19923.

Sostuvieron que la Asamblea no está facultada para la expedición

de códigos, porque dicha potestad radica de forma exclusiva en el

Congreso de la República, conforme con el numeral 2 del artículo

150 de la Constitución Política.

Adujeron que la mencionada ordenanza modificó de forma tácita el

Código Nacional de Policía, contenido en el Decreto 1355 de 4 de

3
“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.
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agosto de 1970, en lo que refiere a contravenciones,

procedimientos y sanciones.

Aseguraron que en los artículos 210, 211 y 212, así como en los

capítulos ii, iii, iv, v, vi, vii y ix del Decreto 1355 de 1970, están

establecidas multas de $50 a $10.000 para algunas

contravenciones, mientras que el acto acusado establece sanciones

pecuniarias hasta de 5 SMLMV, para las mismas conductas,

situación que desconoce el derecho a la igualdad.

Señalaron que en los artículos 321 y 323 a 330 de la Ordenanza

cuestionada se regulan procedimientos que ya estaban previstos en

los artículos 219 y subsiguientes del Decreto 1355 de 1970.

Aclararon que si bien el Decreto 1355 de 1970 tiene falencias en

cuanto a su aplicación e incompatibilidad con la Constitución

Política, conforme con la sentencia C- 087 de 2000, proferida por la

Corte Constitucional, las disposiciones de dicha norma no pueden

ser complementadas con ordenanzas u otras normas de carácter

local.

Afirmaron que el acto administrativo acusado desconoce el principio

de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la

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Constitución Política, porque regula derecho disciplinario, carrera

administrativa, derecho administrativo, civil, comercial y penal.

Expusieron que conforme con el artículo 84 y el numeral 8 del

artículo 300 de la Constitución Política, las asambleas

departamentales están facultadas para dictar normas de policía en

todo aquello que no sea materia de disposición legal.

Anotaron que varios de los temas regulados en la Ordenanza, ya

están previstos en normas superiores, así:

➢ Los artículos 1° a 6° y 34 a 48 del acto acusado adicionan

atribuciones y funciones a las autoridades de policías,

distintas a las establecidas en los artículos 3° a 14 del Código

Nacional de Policía.

➢ Las sanciones disciplinarias que están dispuestas en el

artículo 15 de la Ordenanza, son objeto de desarrollo de la

Ley 734 de 5 de febrero de 20024.

➢ La conducta de irrespeto a servidores públicos citada en el

artículo 16 de la Ordenanza ya está regulada en el artículo

429 de la Ley 599 de 24 de julio 20005.

➢ Las contravenciones previstas en el libro II de la Ordenanza

4
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
5
“Por la cual se expide el Código Penal”
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acusada, ya están reguladas en los artículos 201 a 218 del

Código Nacional de Policía y 12 a 49 del Decreto 522 de 24 de

julio 19716.

➢ Las conductas constitutivas de violencia intrafamiliar, libertad

religiosa y de cultos están reguladas en las leyes 294 de 16

de junio de 19967, 575 de 9 de febrero de 20008 y 133 de 23

de mayo 19949

➢ El tema de bailes y espectáculos públicos, aludido en el

artículo 32 de la Ordenanza está regulado en los artículos 133

y subsiguientes del Código Nacional de Policía.

➢ El uso de artículos de pirotecnia a los que refieren los

artículos 18 y 90 a 101 de la Ordenanza, es un tema regulado

en la Ley 670 de 30 de junio de 200610.

I.4 Como pretensiones de la demanda fueron solicitadas las

siguientes:

“[…] solicitamos que se dicte fallo declarando la nulidad de la
Ordenanza No.018 de septiembre del año 2002, proferida por
la Asamblea Departamental y sancionada por el Gobernador de

6
“Por el cual se restablece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se definen como delitos
determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se incorporan al Decreto-ley 1355 de
4 de agosto de 1970 determinadas contravenciones y se determina su competencia y procedimiento,
se modifican y derogan algunas de las disposiciones de dicho Decreto, se deroga el Decreto-ley 1118
de 15 de julio de 1970 y se dictan otras disposiciones”
7
“Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir
remediar y sancionar la violencia Intrafamiliar”.
8
“Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996”.
9
"Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19
de la Constitución Política".
10
“Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política para
garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de
artículos pirotécnicos o explosivos.”
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Antioquia, mediante la cual se acoge un nuevo código en esta
entidad territorial.

De no declararse la nulidad total de la citada ordenanza
solicitamos la nulidad de los artículos 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 39, 44, 45, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 68, 77, 78 a 89, 90 a 101, 104,
105, 106, 113, 121, 122, 129, 130, 142, 143, 146 a 157, 158,
161, 175, 176, 179, 182, 185, 187, 188, 194, 196, 200, 201,
202, 204, 213, 214, 215, 218, 222, 224, 229, 290 a 299, 302,
304, 312, 316, 319, 322, 324, 396, 432 a 446, 447 a 452, y la
nulidad parcial de los artículos 19, 23, 66, 116, 189, 192, 216,
315, 339 y 340 […]” .

I.5 El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, a través de apoderado,

contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de esta.

Sostuvo que el acto acusado fue expedido de acuerdo con las

facultades que el numeral 8 del artículo 300 de la Constitución

Política otorga a las asambleas departamentales.

Destacó que la Asamblea tiene competencia para reglamentar el

derecho policivo, con la finalidad de garantizar la seguridad,

tranquilidad y salubridad pública dentro de su jurisdicción.

Afirmó que en el acto acusado fueron acogidas las normas de orden

nacional sobre la materia, tal y como habían sido expedidas por el

legislador, por lo que, a su juicio, al existir una norma superior que

regula las conductas descritas en la Ordenanza, la declaratoria de

nulidad de esta resultaría inocua.

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Actores: Robinson Murillo Giraldo y otro.

Anotó que conforme con el artículo 8° del Decreto 1355 de 1970,

las asambleas departamentales tienen la competencia para expedir

reglamentos sobre el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Propuso las excepciones de inepta demanda, por cuanto con la

demanda no fue aportada una copia de la Ordenanza acusada; y la

de legalidad del acto administrativo, por haber sido expedido

con competencia.

II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 23 de abril de 2015, declaró la

nulidad de la disposición acusada, por cuanto, a su juicio,

transgrede los artículos 93, 151 y 287 de la Constitución Política.

Para tal efecto, señaló que las asambleas departamentales tienen la

competencia para dictar normas de policía en todo aquello que no

sea materia de disposición legal, de manera subsidiaria y residual,

siempre y cuando no limiten derechos y libertades públicas, dado

que el Congreso de la República es el órgano facultado para tal

efecto.

Destacó que las asambleas departamentales no tienen facultades

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para dictar preceptos sancionatorios que agreguen, sustituyan,

modifiquen o deroguen las disposiciones establecidas por el

legislador, porque este último es el único que tiene competencia

para ello.

Citó por grupos los artículos de la Ordenanza, concluyendo lo

siguiente:

➢ Los artículos 1 a 3 hacen relación a los principios que orientan

los procedimientos establecidos en la Ordenanza, y se

refieren a asuntos de reserva legal en cuanto restringen o

limitan el ejercicio de derechos.

➢ Los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 exponen quien tiene

la calidad de funcionario de policía, atribuciones, funciones y

obligaciones de estos, aspectos reglados por el Código

Nacional de Policía.

➢ Los artículos 20, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 34, 44 y 45 versan

sobre desórdenes en las vías y lugares públicos, desórdenes

domésticos, bailes y espectáculos públicos y privados,

violencia intrafamiliar e imposición de sanciones, situaciones

ya previstas en el Código Nacional de Policía.

➢ Los artículos 51, 52 y 54 hacen referencia a la protección de

menores, aspectos ya regulados en el Código del Menor.

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➢ Los artículos 55, 56, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 68 y 77 tratan

sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y

prohibiciones respecto de menores, aspectos regulados en el

Código del Menor y las leyes 769 de 6 de julio 2002 11, 124 de

15 de febrero de 199412 y 745 de 15 de febrero 200213.

➢ Los artículos 78 a 79 se refieren a las inspecciones judiciales,

transporte e identificación de cadáveres, aspectos ya

regulados por la Ley 9ª de 24 de enero 197914.

➢ Los artículos 90 a 101 prevén acerca de artefactos

pirotécnicos, asunto ya reglado en el Código de Policía.

➢ Los artículos 104, 105 y 106 tratan sobre la protección al

medio ambiente ya regulada en el Código Nacional de Policía.

➢ Los artículos 113, 116, 121, 122, 129 y 130 abordan aspectos

ya regulados en el Código Civil, en la Ley 99 de 22 de

diciembre de 199315 y en el Código de Minas.

➢ Los artículos 142, 143, 145 y 146 a 158 refieren a animales

domésticos y mascotas, asunto regulado en las leyes 232 de

26 de diciembre 199516 y 746 de 19 de junio 200217 .

11
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”
12
“Por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas Embriagantes a Menores de Edad y se dictan otras
disposiciones”.
13
“Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes
o sustancias que produzcan dependencia, con peligro”.
14
“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
15
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
16
“Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos
comerciales”.
17
“Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente
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➢ Los artículos 147, 150, 156 y 157 regulan conductas a fin de

adelantar campañas y medidas para la vigilancia,

esterilización y control de animales, disposiciones que al

imponer cargas y restringir libertades, desbordan las

competencias de la Asamblea.

➢ Los artículos 161, 165, 176, 179, 182, 185, 187, 188, 189,

192 y 194 disponen sobre la actividad ganadera y

establecimientos de comercio, aspectos regulados en las leyes

9 de 1979 y 769 de 2000.

➢ Los artículos 194, 200, 201, 202, 204 y 213 versan sobre

establecimientos de comercio, en relación con aspectos ya

regulados en las leyes 232 y 643 de 16 de enero de 200118.

➢ Los artículos 214, 215, 216, 218, 222, 224, 229, 290 a 299,

300 a 304, 312, 315, 316, 322, 324, 339, 340, 396 y 431 a

452 se refieren a droguerías, plazas de mercado, instalación

de avisos, impresión y distribución de propaganda, juegos de

azar, normas de tránsito, explotación minera, aspectos

previstos en las leyes 140 de 1994, 232 de 1995, 643 de

2001, 745 de 2002 y en el Código de Minas.

Expuso que la Ordenanza acusada es nula, porque las materias

peligrosos.”

18
“Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.”
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sobre las que versa son de reserva legal, tanto así que fueron

desarrolladas en diferentes leyes, por lo que no pueden ser

modificadas en actos administrativos de carácter reglamentario.

Resaltó que, en particular, a través de los artículos 20, 25, 44, 56,

57, 215, 218 y 222 de la Ordenanza fueron modificadas sanciones y

conductas determinadas en normas superiores, incluso contrariando

estas mismas.

Apuntó que el acto administrativo demandado define derechos y

obligaciones, situación que no es de atribución de la Asamblea,

además de que las competencias normativas de las entidades

territoriales deben ser establecidas a través de una ley orgánica,

conforme con el artículo 151 de la Constitución Política, norma que

aún no ha sido expedida.

Adujo que la Ordenanza acusada constituye un verdadero Código

porque contiene la sistematización de normas y compila ciertas

conductas ya existentes sobre una rama del derecho, función que le

corresponde al Congreso de la República.

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III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA apeló la sentencia proferida

en primera instancia, reiterando que el acto administrativo acusado

fue expedido con fundamento en la competencia atribuida en el

numeral 8 del artículo 300 de la Constitución Política, conforme con

el cual a la Asamblea le corresponde dictar normas de policía en

todo aquello que no sea materia de disposición legal.

Destacó que en la Ordenanza acusada se realizó un trabajo de

acogimiento de las normas nacionales, para una mejor convivencia

en el departamento, tal y como fueron expedidas por el legislador,

por lo que, en su criterio, declararse la nulidad de aquella resulta

inocuo.

Alegó que la Ordenanza cuestionada denominó Código a un

manual, cuya pretensión ha sido la de dotar con una guía jurídica a

los inspectores e inspectoras de policía del Departamento, quienes

para los municipios de categoría sexta solo requieren el título de

bachillerato, sin que ello pueda entenderse como un ánimo de

entrar a legislar, ni a inmiscuirse en temas que no fueran

competencia de la Asamblea.

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Argumentó que no se pretendió superar las competencias dadas a

la Asamblea, sino que fueron compiladas disposiciones difusas en

distintos instrumentos, dado que el Código Nacional de Policía no

había sido actualizado y no atendía a la realidad actual, lo que

constituyó un ejercicio de apoyo, actualización y recopilación

normativa.

Sostuvo que el Tribunal advirtió una extralimitación de las

competencias atribuidas a la Asamblea en el numeral 8 del artículo

300 de la Constitución Política, porque en aquella fueron

establecidas nuevas sanciones por el incumplimiento de las normas

de convivencia, sin tener en cuenta que la única finalidad fue la de

generar conciencia para el cumplimiento del orden jurídico y dotar a

los inspectores de herramientas jurídicas para atender las

situaciones que se les presentan.

Manifestó que con la expedición del acto acusado la Asamblea

buscó generar un manual que por alguna razón llamó “Código”,

para aportar a la solución de conflictos de orden público y cuya

finalidad era garantizar la convivencia pacífica.

Resaltó que el Tribunal no analizó que en materia de querellas

civiles las inspecciones de policía tienen un papel equivalente al

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jurisdiccional, razón por la cual lo que se hizo en la Ordenanza

acusada fue recopilar en un solo texto las normas de los Códigos

Civil, General del Proceso y Nacional de Policía, para dotar al

fallador de una guía clara.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• La entidad demandada presentó sus alegatos, reiterando los

argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el

recurso de apelación.

• La parte demandante no presentó alegatos de conclusión y el

Ministerio Público no rindió concepto alguno.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Acto demandado

En el presente asunto es acusada la Ordenanza núm. 18 de 27

de septiembre de 2002, expedida por la Asamblea Departamental

de Antioquia, "POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE

CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA”.

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El acto administrativo cuestionado está compuesto por 454

artículos19 y se estructura así:

“[…] LIBRO I
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

TÍTULO ÚNICO
DE LA POLICÍA EN GENERAL
CAPÍTULO I
ARTÍCULOS 1 A 8
DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
ARTÍCULO 9
FUNCIONARIOS DE POLICÍA
CAPÍTULO III
ARTÍCULOS 10 A 17
ATRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA

LIBRO II
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS

TÍTULO I
DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
ARTÍCULOS 18 A 25
DESÓRDENES EN LAS VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS
CAPÍTULO II

19
Disponible en línea en :
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Espa
cio%20P%C3%BAblico/Secciones/Tr%C3%A1mites/Documentos/2011/Normatividad%20de%20trami
tes/Ordenanza%2018%20de%202002.pdf.
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ARTÍCULO 26 A 28
DESÓRDENES DOMÉSTICOS
CAPÍTULO III
ARTÍCULOS 29 A 31
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS
CAPÍTULO IV
ARTÍCULOS 32 A 45
BAILES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
CAPÍTULO V
ARTÍCULOS 46 A 50
DE LAS CABALGATAS
CAPÍTULO VI
ARTÍCULOS 50 A 54
PROTECCIÓN DE MENORES

TÍTULO II
DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
ARTÍCULOS 55 A 57
MENDICIDAD Y ENFERMEDADES MENTALES
CAPÍTULO II
ARTÍCULO 58 A 64
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
CAPÍTULO III
ARTÍCULO 65 A 67
CONSUMO DE TABACO
CAPÍTULO IV
ARTÍCULO 69 A 77
PROSTITUCIÓN
CAPÍTULO V

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Actores: Robinson Murillo Giraldo y otro.

ARTÍCULOS 78 A 89
INSPECCIÓN JUDICIAL, TRANSPORTE E IDENTIFICACIÓN DE
CADÁVERES
CAPÍTULO VI
ARTÍCULOS 90 A 101
ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS
CAPÍTULO VII
ARTÍCULOS 102 A 112
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÍTULO III
DE LOS BIENES
CAPÍTULO I
ARTÍCULOS 113 A 131
PROTECCIÓN POR PERTURBACIÓN
CAPÍTULO II
ARTÍCULO 132 A 145
ANIMALES DOMÉSTICOS
CAPÍTULO III
ARTÍCULO 146 A 157
CANINOS Y MASCOTAS
CAPÍTULO IV
ARTÍCULOS 158 A 178
LA GANADERÍA

TÍTULO IV
DE LAS VÍAS PÚBLICAS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULOS 179 A 194
SEGURIDAD Y ORNATO DE LAS VÍAS PÚBLICAS

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LIBRO III
EL COMERCIO

TÍTULO I
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
CAPÍTULO I
ARTÍCULOS 195 A 204
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO II
ARTÍCULOS 205 A 212
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO
CAPÍTULO III
ARTÍCULOS 213 A 219
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
CAPÍTULO IV
ARTÍCULO 219 A 224
ALMACENES
CAPÍTULO V
ARTÍCULOS 223 Y 224
FARMACIAS Y DROGUERÍAS
CAPÍTULO VI
ARTÍCULOS 225 A 229
PLAZAS DE MERCADO
CAPÍTULO VII
ARTÍCULOS 230 A 238
PRENDERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPRAVENTA CON
PACTO DE RETROVENTA
CAPÍTULO IX
ARTÍCULOS 243 A 245

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LAVANDERÍAS
CAPÍTULO X
ARTÍCULOS 246 A 248
TALLERES
CAPÍTULO XI
FUNERARIAS
ARTÍCULOS 249 A 255
CAPÍTULO XII
ARTÍCULOS 256 A 261
SALAS DE VELACIÓN
CAPÍTULO XIII
GALLERAS
ARTÍCULOS 262 A 266

TÍTULO II
OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES
CAPÍTULO I
ARTÍCULOS 267 A 289
VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS
CAPÍTULO II
ARTÍCULOS 290 A 299
AVISOS, CARTELES, AFICHES Y PASACALLES
CAPÍTULO III
ARTÍCULOS 300 A 306
LOS JUEGOS

LIBRO IV
DISPOSICIONES VARIAS

TÍTULO ÚNICO

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CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULOS 309 A 316

LIBRO V
PROCEDIMIENTOS POLICIVOS

TÍTULO I
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
CAPÍTULO I
ARTÍCULOS 317 A 331
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
ARTÍCULOS 332 A 340
COMPETENCIAS
CAPÍTULO III
PARTES Y APODERADOS
ARTÍCULOS 341 A 343
CAPÍTULO IV
ARTÍCULOS 341 A 343
PRESENTACIÓN DE MEMORIALES
CAPÍTULO V
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
ARTÍCULO 347 A 346
CAPÍTULO VI
ARTÍCULOS 357 A 364
NULIDADES Y EXCEPCIONES
CAPÍTULO VII
NOTIFICACIÓN Y EJECUTORIA
ARTÍCULOS 365 A 376
CAPÍTULO VIII

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ARTÍCULOS 377 A 389
DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO IX
ARTÍCULO 390
CONSULTA
CAPÍTULO X
ARTÍCULO 391 A 395
DESISTIMIENTO
CADUCIDAD, PRESCRIPCIÓN Y PERENCIÓN
CAPÍTULO XI
ARTÍCULO 396
DE LA CONCILIACIÓN

TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 397 A 430
QUERELLA CIVIL DE POLICÍA
CAPÍTULO II
ARTÍCULOS 431 A 446
AMPARO POLICIVO A LA MINERÍA DE SUBSISTENCIA
CAPÍTULO III
ARTÍCULOS 447 A 452
PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL Y ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO IV
ARTÍCULO 453 Y 454
DE LA VIGENCIA Y DEROGATORIA […]”.

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V.2. Planteamiento de la discusión y problema jurídico

El Tribunal declaró nula la ordenanza acusada porque, a su juicio, la

Asamblea no tenía competencia para expedir código, además en

razón a que a través de este se están definiendo derechos y

obligaciones, competencias que solo corresponden al Congreso de

la República.

Agregó que los asuntos sobre los que versa la Ordenanza

cuestionada ya están regulados en normas superiores; y que,

además, ciertas conductas y consecuencias difieren de las previstas

en estas últimas.

Advirtió que las competencias normativas de las entidades

territoriales, conforme con el artículo 151 de la Constitución

Política, deben ser conferidas a través de una ley orgánica que aún

no ha sido expedida.

El recurso de apelación interpuesto por el ente territorial

demandado está fundamentado en que i) la asamblea tenía

competencia para expedir el acto administrativo, conforme con el

numeral 8 del artículo 300 de la Constitución Política; ii) el acto

cuestionado es un manual en el que fueron compiladas normas del

orden nacional, como herramienta para facilitar el desarrollo de las

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funciones de las Inspecciones de Policía; y iii) las sanciones que

fueron modificadas tuvieron como finalidad la de generar conciencia

para el cumplimiento de las normas.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que corresponde examinar

los argumentos expuestos por el Departamento de Antioquia en el

recurso de apelación, a los cuales se circunscribirá el análisis

en esta instancia, para determinar si es dable o no revocar la

sentencia proferida el 23 de abril de 2015 por el Tribunal.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia

al ámbito de competencia de las asambleas departamentales en el

ejercicio del poder de policía, para enseguida abordar el estudio del

caso concreto.

Asambleas Departamentales en materia de poder de policía

El poder de policía es la facultad de dictar normas de carácter

general, impersonal y abstracto, orientadas a crear condiciones

para la convivencia social, mediante la regulación del

comportamiento ciudadano, relacionado con el orden público.

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La competencia para expedir normas de este tipo radica en el

Congreso de la República, no obstante, el numeral 8 del artículo

300 de la Constitución Política faculta a las Asambleas

Departamentales por medio de ordenanzas a dictar normas de

policía en todo aquello que no sea materia de disposición

legal.

La referida norma prevé:

“[…] Artículo 300. Corresponde a las Asambleas
Departamentales, por medio de ordenanzas:
1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de
los servicios a cargo del Departamento.

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el
desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a
los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras
públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas
de frontera.

3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de
desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la
determinación de las inversiones y medidas que se consideren
necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su
cumplimiento.
4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y
contribuciones necesarios para el cumplimiento de las
funciones departamentales.

5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental
y el presupuesto anual de rentas y gastos.

6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y
suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales,
y organizar provincias.

7. Determinar la estructura de la Administración
Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas
de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de
empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas
industriales o comerciales del departamento y autorizar la
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formación de sociedades de economía mixta.

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea
materia de disposición legal.

9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar
contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro
tempore, precisas funciones de las que corresponden a las
Asambleas Departamental.

10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la
educación y la salud en los términos que determina la Ley.

11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al
Contralor General del Departamento, secretario de Gabinete,
Jefes de Departamentos Administrativos y Directores de
Institutos Descentralizados del orden Departamental.

12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución
y la Ley.

Los planes y programas de desarrollo de obras públicas serán
coordinados e integrados con los planes y programas
municipales, regionales y nacionales.

Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de
este artículo, las que decretan inversiones, participaciones o
cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen
servicios a cargo del Departamento o los traspasen a él, sólo
podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador.

13. Citar y requerir a los secretarios del Despacho del
Gobernador para que concurran a las sesiones de la asamblea.
Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor
de cinco días y formularse en cuestionario escrito. En caso de
que los secretarios del Despacho del Gobernador no concurran,
sin excusa aceptada por la asamblea, esta podrá proponer
moción de censura. Los secretarios deberán ser oídos en la
sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el
debate continúe en las sesiones posteriores por decisión de la
asamblea. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al
cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.

14. Proponer moción de censura respecto de los secretarios de
Despacho del Gobernador por asuntos relacionados con
funciones propias del cargo, o por desatención a los
requerimientos y citaciones de la asamblea. La moción de
censura deberá ser propuesta por la tercera parte de los
miembros que componen la asamblea. La votación se hará
entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del
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debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su
aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras
partes de los miembros que integran la corporación. Una vez
aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si
fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma
materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia
del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de
censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a
lo previsto en este artículo [...]”.

En lo que concierne a las atribuciones de las corporaciones plurales

representativas del orden territorial sobre el poder de policía, la

Corte Constitucional ha precisado que este es de carácter

subsidiario, esto es, que hay reserva legal en lo que tiene que ver

con la limitación y restricción de los derechos fundamentales y

libertades públicas, la cual radica exclusivamente en cabeza del

Congreso de la República.

En este sentido, en sentencia C-593 de 2005, con ponencia del

magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional

señaló:

“[…] Como se indicó anteriormente, las Asambleas
Departamentales fueron investidas por el artículo 300-8
de la Carta, de una facultad en virtud del cual les
corresponde “dictar normas de policía en todo aquello
que no sea materia de disposición legal”. La doctrina
constitucional que se reseñó en el acápite precedente indica,
con toda claridad, que éste no es un poder de policía autónomo
o residual en virtud del cual las Asambleas puedan limitar o
restringir los derechos ciudadanos; por el contrario, es una
facultad normativa que se ha de ejercer dentro del
marco estricto de los principios de legalidad y
constitucionalidad. Cuando la Carta Política autoriza a
las Asambleas Departamentales para establecer normas

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de policía en “aquello que no sea materia de disposición
legal”, no está facultando a estas corporaciones, en lo
que respecta a la limitación o restricción de derechos
constitucionales, para (i) reglamentar aquellos asuntos
que no han sido regulados en absoluto por el Legislador,
ni para (ii) reglamentar lo que el Legislador ha regulado
sólo parcialmente en aquellos ámbitos no regulados por
éste; cualquiera de estas dos interpretaciones implicaría
desconocer la reserva estricta de ley que pesa sobre
cualquier limitación o restricción normativa del ejercicio
de los derechos fundamentales. Considera la Corte, a la luz
de la jurisprudencia citada, que la cláusula constitucional en
comento debe interpretarse como una autorización para
que las Asambleas dicten reglamentos de policía en
aquellos temas que no están sujetos a una reserva legal.
Ello comprende, por ejemplo, los aspectos que son
necesarios para responder a las especificidades
departamentales, distritales o municipales, sin
establecer limitaciones o restricciones adicionales a los
derechos de los ciudadanos que no hayan sido previstas
o autorizadas con anterioridad por el Legislador
Nacional, y con pleno respeto por las normas legales y
constitucionales pertinentes. Esto significa que corresponde
al Congreso de la República dictar (a) las bases que deben
respetar las Asambleas al momento de dictar ordenanzas en
materia de policía, (b) los ámbitos de acción dentro de los
cuales las Asambleas pueden ejercer su facultad normativa, así
como los parámetros que deben observar, y (c) las
prohibiciones a las que están sujetas las Asambleas en ejercicio
de dicha facultad. No pueden las Asambleas Departamentales,
en consecuencia, dictar normas de policía que establezcan
sanciones diferentes a las previstas o autorizadas por el
Legislador nacional, dado que las medidas correctivas de
policía, por su naturaleza, función e implicación, constituyen
limitaciones o restricciones de derechos constitucionales […]”
(Destacado fuera de texto).

Ahora bien, respecto de la interpretación del numeral 2 del artículo

150 de la Constitución Política, que faculta al Congreso de la

República para “[…] expedir códigos en todos los ramos de la

legislación y reformar sus disposiciones […]”, en relación con el poder

policivo de los entes territoriales, sus implicaciones y límites, en

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sentencia de 22 de septiembre de 201620, esta Sección tuvo

oportunidad de examinar una demanda contra el Código de Policía de

Bogotá.

En esa ocasión la Sección consignó un minucioso y detallado estudio,

en torno al tema general planteado en el presente caso, por lo que la

Sala prohíja las consideraciones generales pertinentes, así:

“[…] Sea lo primero aclarar que el entendimiento que los
demandantes dan al artículo 150, numerales 2º y 10 C.P. es
incorrecto pues el alcance de esta norma no es el que pretenden
conferirle. Todo cuanto hace es facultar al Legislativo para expedir
Códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones, y prohibir que el Ejecutivo por la vía de la habilitación
legislativa conferida mediante facultades extraordinarias pueda
expedir los Códigos cuya expedición fuere competencia del Congreso
de la República.
Puesto que el citado precepto constitucional nada dispuso acerca del
reparto de competencias entre los distintos niveles territoriales en
materia de poder de Policía, previo al examen de las acusaciones
formuladas, la Sala considera pertinente acometer este análisis a
partir de una interpretación sistemática y axiológica de las
disposiciones constitucionales con particular referencia a los
postulados que orientan y articulan de una parte, el componente
unitario de la República, y la autonomía que la misma Constitución
Política reconoce y proclama para sus entidades territoriales, de la
otra.
Así pues, se impone hacer unas someras reflexiones en torno a las
competencias que, en lo atinente al poder de Policía, distribuye la
Constitución Política de 1991 entre el nivel central y las instancias
departamental y municipal.
Tales competencias deben ser enmarcadas además en los
principios rectores que la Constitución de 1991 consagra en
materia de estructuración político-administrativa del Estado y

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expedientes
acumulados: 11001-03-24-000-2002-00417 02 y 11001-0315-000-2003-01000 01, Actores: JUAN
PABLO CARDONA GONZÁLEZ, ARMANDO ARCINIEGAS NIÑO y MIGUEL ANTONIO PEÑA PEÑA, C.P.
María Claudia Rojas Lasso.
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de distribución territorial de poderes entre este y las
entidades territoriales que lo integran, con especial énfasis
en la autonomía que reconoce a favor de las entidades
territoriales.
Así, por un lado, la Constitución Política, defiere en el órgano
legislativo del poder central una competencia de regulación
normativa por la vía general.
En efecto, sus disposiciones preceptúan:
"Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones.

...

2. Expedir Códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones.

…”

Por otro lado, los artículos 300 y 313 de la Constitución,
concordantes con el artículo 1º. Ídem que organiza el Estado en
forma de “República unitaria, descentralizada, con autonomía de
las entidades territoriales” confieren en esta materia a las
corporaciones públicas de elección popular de los ámbitos
departamental y municipal una competencia normativa
complementaria que, desde luego ha de ejercerse con sujeción a lo
dispuesto en la Constitución Política y en la Ley.
[…]
Así, según la Constitución, a las asambleas departamentales
mediante ordenanzas les corresponde "dictar normas de Policía en
todo aquello que no sea materia de disposición legal" -art. 300-8-,
con lo cual se les confirió poder de Policía complementario al
de la ley.
A los Concejos municipales también se les confirió un poder de
Policía complementario, en especial, respecto de la regulación del
uso del suelo (CP Art 313 ord 8º) y el control, la preservación y
defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (CP Art 313
ord 9º).
Sobre este aspecto, deben recordarse los siguientes parámetros que
la Carta consagra:
a) La autonomía de que gozan las entidades territoriales para la
gestión de sus intereses se enmarca dentro de los contornos que a
ella fijen la Constitución y la ley (artículo 287).
b) Conforme lo dispone el artículo 288 ibídem, corresponde a la
ley establecer los términos en los que, de acuerdo a los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los distintos
niveles territoriales ejercerán las competencias que les son

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atribuidas por la Constitución.
Una interpretación teleológica y sistemática de los anteriores
principios constitucionales conduce a esta Sala a afirmar que en el
campo del poder de Policía el Constituyente instituyó una
competencia concurrente de regulación normativa en cabeza de
los niveles central, regional y local, que por su alcance y radio de
acción puede caracterizarse así:
a) A la ley le compete establecer por vía general la regulación
jurídica que plasma el poder de Policía (Art. 150 C.N.). y, de
modo exclusivo y excluyente, le compete imponer sanciones y
procedimientos punitivos. Este último aspecto será materia de
análisis detallado, más adelante, en el acápite subtitulado “la
reserva de ley en materia de limitaciones y restricciones de los
derechos fundamentales.”
b) Es propio de los departamentos y municipios desarrollar por
la vía de la competencia de regulación normativa
complementar la preceptiva legal y adecuarla a las
particulares peculiaridades propias de su ámbito territorial,
observando al efecto las restricciones en punto a la limitación
o restricción de las libertades fundamentales y a las materias
conexas sujetas a ley estatutaria, y desde luego, observar los
límites al ejercicio del poder de Policía.
Tales límites al poder de Policía fueron resumidos en la sentencia C-
825 de 2004 como los principios constitucionales mínimos que
gobiernan la Policía en un Estado democrático”, así:
“que (i) está sometido al principio de legalidad, que (ii) su actividad
debe tender a asegurar el orden público, que (iii) su actuación y las
medidas a adoptar se encuentran limitadas a la conservación y
restablecimiento del orden público, que (iv) las medidas que tome
deben ser proporcionales y razonables, y no pueden entonces
traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación
desproporcionada, (v) que no pueden imponerse discriminaciones
injustificadas a ciertos sectores, (vi) que la medida policiva debe recaer
contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce
legalmente sus libertades, y que (vii) obviamente se encuentra sometida
a los correspondientes controles judiciales”.

En otros términos, corresponde a las autoridades de esos niveles
ejercer la potestad de regulación normativa correspondiente al poder
de Policía para dar concreción y especificidad a la normación legal en
todos aquellos aspectos que conciernan a las necesidades locales, de
modo que dispongan lo conducente a la adecuada y eficiente
atención de las necesidades y requerimientos locales.
Tales competencias concurrentes de regulación normativa
constituyen nítida expresión de la articulación de los dos
niveles a partir de los cuales se organiza el Estado. En

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efecto, de una parte, la ley a través de su capacidad
reguladora realiza la unidad jurídico-política de la República
al fijar las condiciones aplicables por igual en todo el
territorio Nacional, sin que al hacerlo, desde luego, le sea
dable cercenar o desconocer la facultad decisoria de que
gozan las instancias regional y local, vale decir, la autonomía
para la gestión de sus propios intereses. Por la otra, las
autoridades de los niveles departamental y municipal, al
ejercer una competencia de regulación normativa
complementaria y de desarrollo de la ley, singularizan y
adaptan ese contenido normativo a las particulares
condiciones de la unidad territorial, con lo cual expresan la
diversidad, que de otro lado, se busca satisfacer con esta
estructura institucional.
Las restricciones al ejercicio del poder de Policía por parte
de las corporaciones plurales representativas del orden
territorial.
La reserva de ley en materia de limitaciones y restricciones
de los derechos fundamentales según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
Tal como se precisó en la sentencia C-825 de 2004, “el poder de
Policía se caracteriza por su naturaleza normativa y por la facultad
legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general e
impersonal, con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y
dentro de los términos de la salubridad, seguridad y tranquilidad
públicas que lo componen”; en tal medida, se señaló en la misma
providencia que “esta facultad que permite limitar en general
el ámbito de las libertades públicas en su relación con estos
términos, generalmente se encuentra en cabeza del
Congreso, quien debe ejercerla obviamente dentro de los
límites de la Constitución. Excepcionalmente, también en los
términos de la Carta, ciertas autoridades administrativas
pueden ejercer un poder de Policía subsidiario o residual,
como en el caso de la competencia de las asambleas
departamentales o de los Concejos municipales y distritales
para expedir disposiciones complementarias a las previstas
en la ley”.
En este sentido, ha explicado la jurisprudencia constitucional que el
orden público, entendido como el conjunto de condiciones que
garantizan la plena vigencia de la dignidad humana y los derechos
fundamentales, opera como el marco general dentro del cual ha de
ejercerse el poder de Policía; así, en la sentencia C-825 de 2004,
dijo la Corte: “el orden público debe ser entendido como el
conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad
que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos
humanos. Este marco constituye el fundamento y el límite del
poder de Policía, que es el llamado a mantener el orden público,
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pero en beneficio del goce pleno de los derechos. En ese sentido, la
preservación del orden público no puede lograrse mediante la
supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas,
puesto que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y
vigoroso ejercicio de las libertades ciudadanas.”
[….]
El alcance de las competencias concurrentes de regulación
normativa de las Asambleas Departamentales y los Concejos
Municipales, y los límites constitucionales de imperativa
observancia.
En sentencia C-593 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
con ocasión de una demanda interpuesta por uno de los ciudadanos
aquí demandantes contra la expresión “o en el reglamento”
contenida en el artículo 226 del Código Nacional de Policía que
declaró inexequible, la Corte Constitucional abordó el interrogante
atinente a cuál es el ámbito propio del poder de Policía que
detentan las Asambleas y los Concejos en esta materia.
Al efecto consideró que cuando la Carta Política autoriza a las
Asambleas Departamentales para establecer normas de Policía en
“aquello que no sea materia de disposición legal”, no está
facultando a estas corporaciones, en lo que respecta a la limitación
o restricción de derechos constitucionales, para (i) reglamentar
aquellos asuntos que no han sido regulados en absoluto por el
Legislador, ni para (ii) reglamentar lo que el Legislador ha regulado
sólo parcialmente en aquellos ámbitos no regulados por éste;
consideró que cualquiera de estas dos interpretaciones, implicaría
desconocer la reserva estricta de ley que pesa sobre cualquier
limitación o restricción normativa del ejercicio de los derechos
fundamentales.
La Corte consideró, a la luz de la jurisprudencia citada, que la
cláusula constitucional en comento debe interpretarse como una
autorización para que las Asambleas dicten reglamentos de Policía
en aquellos temas que no están sujetos a una reserva legal.
Ello comprende, por ejemplo, los aspectos que son necesarios para
responder a las especificidades departamentales, distritales o
municipales, sin establecer limitaciones o restricciones adicionales
a los derechos de los ciudadanos que no hayan sido previstas o
autorizadas con anterioridad por el Legislador Nacional, y con pleno
respeto por las normas legales y constitucionales pertinentes. Esto
significa que corresponde al Congreso de la República dictar (a) las
bases que deben respetar las Asambleas al momento de dictar
ordenanzas en materia de Policía, (b) los ámbitos de acción dentro
de los cuales las Asambleas pueden ejercer su facultad normativa,
así como los parámetros que deben observar, y (c) las
prohibiciones a las que están sujetas las Asambleas en ejercicio de
dicha facultad. No pueden las Asambleas Departamentales, en
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Actores: Robinson Murillo Giraldo y otro.

consecuencia, dictar normas de Policía que establezcan sanciones
diferentes a las previstas o autorizadas por el Legislador Nacional,
dado que las medidas correctivas de Policía, por su naturaleza,
función e implicación, constituyen limitaciones o restricciones de
derechos constitucionales.
Igualmente, las atribuciones constitucionales de los Concejos
Municipales en materia de Policía –es decir, las facultades de (i)
“reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la
ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”
(art. 313-7, C.P.) y (ii) “dictar las normas necesarias para el
control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural del municipio” (art. 313-9, C.P.)- han de ser interpretadas
como una autorización constitucional para establecer las normas
necesarias para responder en estos dos ámbitos específicos a las
particularidades y necesidades concretas de sus respectivos
municipios, y no como una potestad autónoma para establecer
sanciones policivas, que no han sido previstas por el Congreso de la
República.
Aunque no se remite a duda que la competencia de regulación
normativa de las autoridades locales en materia de poder de Policía
comprende los asuntos no sujetos a reserva legal, sin embargo en
tratándose inclusive de la restricción de los derechos y libertades
fundamentales, salvo en lo que respecta a la imposición de
sanciones y a los procedimientos punitivos que son del resorte
exclusivo y excluyente del Legislador, la Sala considera de la
mayor importancia hacer las siguientes precisiones:
La reserva legal no puede desconocer ni restringir las
competencias concurrentes de regulación normativa que en
desarrollo de la autonomía de las entidades territoriales el
Constituyente confirió a las corporaciones de elección
popular en las cuales radicó expresa y específicamente la
atribución de dictar normas generales y abstractas en todos
aquellos aspectos que requiera la atención de las
necesidades locales, con la salvedad de no poder imponer
restricciones o limitaciones a las libertades o derechos
fundamentales que se relacionen con sanciones o con
procedimientos punitivos no previstos por el legislador.
En este sentido, la Sala considera que la tesis de la Corte
Constitucional debe interpretarse con los principios
constitucionales que aseguran la autonomía de las entidades
territoriales, de modo que la reserva de ley en materia de
restricción de libertades fundamentales en modo alguno puede
conllevar a un vaciamiento de las competencias de regulación
normativa de las autoridades locales, inclusive en aspectos
atinentes a las libertades públicas, pues inclusive estas requieren
ser reguladas atendiendo las particularidades que dicte la
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especificidad de las necesidades locales, lo que en cada caso,
obliga a considerar el contexto en el que se enmarca su regulación.
Como se indicó anteriormente, las Asambleas Departamentales
fueron investidas por el artículo 300-8 de la Carta, de una facultad
en virtud del cual les corresponde “dictar normas de Policía en
todo aquello que no sea materia de disposición legal […]”
(Destacado fuera de texto).

Caso concreto

Sea lo primero resaltar que el análisis en esta instancia judicial está

circunscrito a los argumentos puntuales del recurso de apelación

interpuesto por el ente territorial demandado.

En ese orden de ideas, el Departamento señaló que la Ordenanza

cuestionada fue expedida con fundamento en el numeral 8 del

artículo 300 de la Constitución Política y no conforme con el

numeral 2 del artículo 150 ibidem.

En efecto, uno de los aspectos que el Tribunal consideró para

declarar la nulidad del acto cuestionado es que, a su juicio, en la

medida en que este constituye un código, la Asamblea había

desbordado su competencia dado que tal función está atribuida solo

al Congreso de la República, conforme con el numeral 2 del artículo

150 de la Constitución Política.

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Al respecto, la Sala resalta que si bien es cierto el hecho de que el

numeral 2 del artículo 150 de la Constitución Política faculta al

Congreso de la República para expedir códigos, también lo es que

conforme con el numeral 8 del artículo 300 Constitucional, las

asambleas departamentales tienen un poder de policía

complementario de la ley, razón por la cual esta Sección ha

sostenido que dichas normas deben ser interpretadas de una forma

sistemática, atendiendo a la autonomía de las entidades

territoriales para la gestión de sus intereses y a los principios de

coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

De tal forma que, en lo que concierne al poder de Policía existe una

competencia concurrente de regulación normativa en cabeza de

los niveles central, regional y local, razón por la cual la Asamblea sí

tenía competencia para expedir una Ordenanza sobre normas de

poder policivo, independientemente de que esta estuviera titulada

como código, siempre y cuando fueran respetados los límites

legales, conforme con lo expuesto por esta Sección en la sentencia

de 22 de septiembre de 201621, a la que se hizo mención en

precedencia.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expedientes
acumulados: 11001-03-24-000-2002-00417 02 y 11001-0315-000-2003-01000 01, Actores: JUAN
PABLO CARDONA GONZÁLEZ, ARMANDO ARCINIEGAS NIÑO y MIGUEL ANTONIO PEÑA PEÑA,
Ponente, Consejera María Claudia Rojas Lasso.
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Sobre este mismo aspecto, en sentencia de 13 de octubre de 2016

(Expediente núm. 15001233100020050378301, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdes (E)), esta Sección señaló:

“[…] Como bien se determina en la sentencia anteriormente
transcrita, el artículo 150-2 de la Constitución Política, el cual
considera el actor es violado con la norma demandada, en
manera alguna dispuso el reparto de las competencias entre
los distintos niveles territoriales, respecto de poder de policía,
sino que, simplemente faculta al legislador para expedir
códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones. También se establece que artículo 300-8
confirió a las Asambleas Departamentales un poder de
policía complementario de la Ley, que de acuerdo con los
parámetros de la Carta Política y a la autonomía de que
gozan las entidades territoriales para la gestión de sus
intereses, se trata de una competencia concurrente de
regulación normativa en cabeza de los niveles central,
regional y local.

Así, corresponde a las Asambleas desarrollar por vía de
competencia de regulación normativa completar la preceptiva
legal y adecuarla a las particulares peculiaridades propias de su
ámbito territorial, observando al efecto las restricciones en
punto a la limitación o restricción de las libertades
fundamentales y las materias conexas sujetas a la ley y
observar los límites al ejercicio del poder de policía.

Se precisa en la sentencia transcrita que la reserva de legal, no
puede desconocer ni restringir las competencias concurrentes
de regulación normativa que en desarrollo de la autonomía de
las entidades territoriales el Constituyente confirió a las
corporaciones de elección popular en las cuales radicó expresa
y específicamente la atribución de dictar normas generales y
abstractas en todos aquellos aspectos que requiera la atención
de las necesidades locales, de modo que la reserva de ley en
materia de restricción de libertades fundamentales en modo
alguno puede conllevar a un vaciamiento de las competencias
de regulación normativa de las autoridades locales, inclusive en
aspectos atinentes a las libertades públicas, pues inclusive
estas requieren ser reguladas atendiendo las particularidades
que dicte la especificidad de las necesidades locales, lo que en
cada caso, obliga a considerar el contexto en el que se
enmarca su regulación.

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Por lo anterior se puede concluir que la Asamblea
Departamental de Boyacá sí tenía competencia para
expedir la Ordenanza 049 de 2002, que contiene el
código de policía departamental y que tituló
“Reglamento de Convivencia Ciudadana para el
Departamento de Boyacá”, atendiendo a lo dispuesto en
las normas constitucionales y legales, con un alcance
circunscrito tanto en lo territorial como en lo material, a
aquellas materias que no están sometidas a reserva
legal, por lo que el análisis de las reglamentaciones
establecidas en el acto acusado debe considerarse en su
contexto y para cada una de las materias allí reguladas, lo que
requiere un análisis comparativo entre el reglamento y la ley
[…]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, si bien no es cierto que la Asamblea no tuviera competencia

para expedir un código (que no respetó los límites legales), como

señaló el a quo, no puede perderse de vista que la declaratoria

de nulidad además se fundamentó en que los asuntos

regulados en la ordenanza ya habían sido objeto de

tratamiento de normas de orden superior y en casos

particulares con consecuencias jurídicas diferentes a las

dispuestas en el acto acusado.

En la apelación, de un lado, la entidad demandada señaló que

mediante el acto acusado fueron compiladas normas del orden

nacional que se encuentran dispersas en diferentes instrumentos,

con el fin de facilitar el desarrollo de las funciones de los

inspectores e inspectoras de policía del departamento; y, del otro,

que las nuevas sanciones que fueron creadas tienen como objeto

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generar conciencia en el cumplimiento del orden jurídico.

Al respecto, la Sala señala que de ninguna manera una asamblea

departamental tiene competencia para que, a través de un acto

administrativo de carácter general imperativo, compile normas

legales de orden nacional, pues ello es claramente inconstitucional

desde el punto de vista de la jerarquía normativa.

En efecto, los actos administrativos expedidos por las asambleas

tienen un rango inferior al de una ley, razón por la cual no es

posible que dichas corporaciones se atribuyan la función de

compilar normas nacionales, pues tal situación genera una

inseguridad jurídica que incluso podría poner en riesgo el sistema

de control de legalidad, ya que si bien las ordenanzas son

susceptibles de ser enjuiciadas ante esta jurisdicción, el contenido

material de las leyes corresponde a la Corte Constitucional.

Sobre este aspecto, en sentencia C 655 de 2007, con ponencia del

magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional

señaló:

“[…] 4.1.5. Ahora bien, nótese que la jurisprudencia descrita
hace referencia en la mayoría de los casos, a las diferencias
entre compilación y codificación, en asuntos relacionados con la
delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo; es decir,
cuando se trata de decretos con fuerza de ley, acusados de
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vulnerar el artículo 150-10 de la Constitución. En estos casos,
la compilación de normas bajo las reglas anteriormente
expuestas, no puede - como se ha expresado- invadir la órbita
de competencia del legislador en lo que corresponde a la
codificación normativa, so pena de desconocer la Carta.

La compilación a través de decretos administrativos, por su
parte, además de los linderos jurisprudenciales mencionados
que no pueden ser desbordados, ofrece otros problemas
adicionales relacionados con su naturaleza administrativa.
Sobre el particular, la Corte ha resaltado sobre la compilación a
través de este tipo de decretos, que:

“[N]o tienen fuerza de ley, pues se limitan a compilar unas
normas legales sin cambiar su redacción y contenido, todo con
el único fin de facilitar la consulta de las disposiciones
agrupadas. Tienen entonces únicamente una finalidad
sistemática, pero no derogan ni crean nuevas normas legales.
En tal sentido, esos decretos son actos administrativos al
servicio de la consulta de las leyes, pero no constituyen una
nueva disposición legal autónoma. Tal fue la razón por la cual
la Corte consideró que esos decretos eran "ejecutivos", y no
normas legales, pues tienen "una mera fuerza
indicativa" [46]
dado que "su finalidad no es otra que la de
facilitar la consulta de las leyes compiladas”.[47]

Sin embargo, en la misma providencia C-508 de 1996 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre las dificultades que ofrece
la compilación mediante decretos administrativos, en la medida
en que con ellos se puede contribuir eventualmente a la
desarticulación de los sistemas de control constitucional de las
leyes o de los decretos leyes confiados a la Corte
Constitucional, en oposición a lo establecido en el artículo 241
de la Carta.

En efecto, la compilación de normas de superior jerarquía
jurídica a través de actos administrativos puede favorecer el
desvío del conocimiento material de preceptos de rango legal
hacia otras autoridades distintas a las señaladas expresamente
por la Carta, cuando son demandados por infringir la
Constitución. Esta dificultad fue expresada en sentencia C-508
de 1996, de la siguiente forma:

“[…] Como vemos, si bien el decreto compilador es en sí
mismo ejecutivo, las disposiciones compiladas son normas
legales, lo cual plantea un interrogante complejo: ¿A quién
corresponde el conocimiento de las disposiciones compiladas
como tales? ¿Al Consejo de Estado, por ser el decreto
compilador de naturaleza ejecutiva? ¿O a la Corte
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Constitucional, por ser las normas compiladas de naturaleza
legal?

4- La tesis de la Procuraduría, según la cual el conocimiento
individual de los distintos artículos del decreto compilador
corresponde al Consejo de Estado, plantea varias
dificultades.

De un lado, el supremo tribunal de lo contencioso
administrativo se estaría pronunciando sobre normas
materialmente legales -a pesar de estar compiladas en
un decreto ejecutivo-, cuando corresponde a la Corte
Constitucional decidir sobre la exequibilidad de las
demandas contra las leyes o los artículos de las
mismas (CP art. 241 ord 4º), por lo cual esa interpretación
no parece conforme con el sistema de control constitucional
establecido en la Carta.

De otro lado, se tendría que concluir que la Corte puede
conocer del artículo 28 de la Ley 225 de 1995, por ser un
artículo de una ley, pero no puede pronunciarse sobre el
artículo 106 del Decreto 111 de 1996, por hacer parte de un
decreto ejecutivo, a pesar de que las dos disposiciones tienen
idéntico contenido y fuerza normativa. Ahora bien ¿qué pasa
si la Corte declara inexequible el artículo 28 de la Ley 225 de
1995? Hay dos consecuencias posibles pero paradójicas. Así,
algunos podrían considerar que el artículo 106 del Decreto
111 de 1996 sigue vigente, como disposición autónoma, lo
cual implicaría reconocer que la decisión de inexequibilidad
es inocua, tesis contraria a la finalidad misma del control
constitucional. Otros, en cambio, podrían argumentar que se
entiende que el artículo 106 del Decreto 111 de 1996
también ha sido expulsado del ordenamiento, pues ese
decreto ejecutivo no tiene fuerza legal autónoma. En el
fondo, esta segunda tesis equivale a admitir que la Corte es
competente para conocer de ese artículo 106 del Decreto 111
de 1996, pero como la Corte expresamente no se ha
pronunciado sobre tal disposición, se generaría una aguda
inseguridad jurídica.

Por todo lo anterior, y con el fin de respetar la distribución de
competencias establecida por la Carta entre el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, y evitar que el control
constitucional sea inocuo, o se generen innecesarias
inseguridades jurídicas, es necesario concluir que, conforme
al artículo 241 ordinal 4º de la Carta, corresponde a la
Corte Constitucional, y no al Consejo de Estado,
conocer de los distintos artículos de estos decretos
compiladores, pues si bien el decreto es en sí mismo
ejecutivo, los artículos que lo integran son
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materialmente legales. La Corte es entonces competente
para el estudio del artículo 106 del Decreto 111 de 1996.

5- ¿Significa lo anterior un cambio de la jurisprudencia de la
Corte en este campo? En manera alguna, pues nótese que en
la sentencia C-305/96 la Corte se inhibió de conocer de una
acusación contra la totalidad de un decreto compilador, pero
no contra uno o varios de los artículos que lo integran, pues
consideró que el decreto como tal es de naturaleza ejecutiva
y, por ende, su conocimiento corresponde al Consejo de
Estado. Esta tesis se reafirma en esta sentencia, por lo cual
corresponde al supremo tribunal de lo contencioso conocer
de las acusaciones que pongan en cuestión el decreto
compilador como tal, por ejemplo, porque se considere que
hubo vicios de forma en su expedición. Sin embargo, no
puede ese tribunal pronunciarse sobre los artículos y
los contenidos normativos que integran tales decretos,
pues se trata de normas legales, cuya competencia
corresponde a la Corte Constitucional. Es pues obvio que
las decisiones del Consejo de Estado sobre los decretos
ejecutivos compiladores sólo recaen sobre la compilación
misma, pero no pueden afectar las normas materialmente
legales que integran esos decretos, cuyo conocimiento ha
sido atribuido a la Corte Constitucional.

Se trata pues de una compleja distribución de competencias,
la cual deriva de la particular naturaleza de esos decretos
compiladores”.

Por otra parte, desde una perspectiva constitucional, la
complejidad que ofrecen estos decretos administrativos
compiladores se extiende, además, a las serias limitaciones
que su propio nivel de jerarquía ofrece en el ordenamiento y
que repercute en el alcance de la compilación. Como
son normas de rango inferior, no pueden alterar en
modo alguno las disposiciones legales superiores que
son objeto de compilación […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con lo anterior, el argumento del ente territorial según el

cual la sentencia apelada debe ser revocada porque la Ordenanza

no contiene nuevas disposiciones, sino que se trató de un

instrumento compilador de normas del orden nacional, no tiene

vocación de prosperar, pues, en todo caso, la Asamblea tampoco
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tenía competencia para tal efecto.

Ahora, en relación con el argumento del ente territorial según el

cual las nuevas sanciones que fueron creadas en la ordenanza

tienen como objeto generar conciencia en el cumplimiento de las

normas, la Sala reitera que las asambleas departamentales no

pueden dictar normas de policía que establezcan sanciones

diferentes a las previstas o autorizadas por el legislador, “[…] dado

que las medidas correctivas de policía, por su naturaleza, función e

implicación, constituyen limitaciones o restricciones de derechos

constitucionales […]”, conforme con lo señalado por la Corte

Constitucional en sentencia C-593 de 2005, a la que se hizo alusión

previamente.

En consecuencia, la Sala estima que la entidad demandada no logró

desvirtuar los argumentos expuestos en la sentencia de primera

instancia, por lo que esta será confirmada, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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