Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2004-00389-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2004-00389-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2004-00389-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
15 de febrero de 2024
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Radicado: 05001 1233 000 2004 00389 01
Demandante: ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 2331 000 2004 00389 01
Demandante: ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN Y CIA S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Tema: No se probó la incorrección del avalúo oficial que sustentó
las Resoluciones 1053 y 1195 de 2003 expedidas por el
Alcalde de Medellín, por medio de las cuales se ordenó la
expropiación administrativa de un bien inmueble de
propiedad de Organización Hotelera Salmón y CIA S.A.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante
y la entidad demandada contra la sentencia de 26 de agosto de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la
sociedad ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A. en contra del
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del C.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de
1997, la sociedad ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN S.A., a través de
apoderado judicial, demandó al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, con el objeto de
que se accediera a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
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Radicado: 05001 1233 000 2004 00389 01
Demandante: ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A.
“PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 1053 del 4 de
agosto de 2003 expedida por el Acalde Municipal de Medellín, por medio de la
cual se decretó una expropiación por la vía administrativa en contra de la
ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMON S.A. sobre el inmueble que aparece
descrito en el numeral primero del capítulo de los hechos y de la resolución 1195
del 28 de agosto de 2003 expedida también por el Alcalde Municipal de Medellín
mediante la cual se confirmó la primera, en cuanto hace referencia al monto de
la indemnización reconocida, la cual ascendió a la suma de $102.424.200, por
las razones que se exponen en el capítulo correspondiente al concepto de la
violación.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior y con el fin de
restablecer el derecho a la ORGANIZACION HOTELERA SALMON S.A., se
condene al Municipio de Medellín a pagar la diferencia entre el valor real del
inmueble y el valor pagado, la cual asciende a la suma de $95.998.800 teniendo
en cuenta que el valor comercial del inmueble ascendía a $198.423.000 para la
época de la expropiación.
TERCERA: Que esta suma sea actualizada entre la fecha en que quedó en firme
la expropiación y la fecha del pago efectivo de la obligación.
CUARTA: Que adicionalmente se condene al MUNICIPIO DE MEDELLIN a pagar
los demás perjuicios que se le hubieren causado a la ORGANIZACION HOTELERA
SALMON S.A. en virtud de la expropiación decretada en especial los relacionados
con la desvalorización del inmueble que no fue objeto de expropiación por la
significativa reducción del área útil de parqueaderos.
QUINTA: Que se disponga que el pago se realizará en una sola cuota de la
misma manera que se previó el pago de la suma originalmente reconocida por
el MUNICIPIO DE MEDELLIN en resoluciones parcialmente cuestionadas.
SEXTA: Que se ordene al Municipio cumplir con la sentencia en los términos
y condiciones previstas en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
OCTAVA: (sic) Que se condene en costas al MUNICIPIO DE MEDELLIN
teniendo en consideración que conocieron el valor real del inmueble a pesar
de lo cual se negaron a ajustar el monto de la indemnización al valor comercial
del mismo.”1
1.1.2. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 1053 del
4 de agosto de 20032 expedida por el Alcalde de Medellín, por medio de
la cual se ordena la expropiación por vía administrativa de una franja de
terreno de 440,94 m2 del inmueble ubicado en la carrera 38 número 19-
600, barrio Asomadera No. 1 en la ciudad de Medellín, identificado con la
matrícula inmobiliaria número 001-64090 de propiedad de Organización
1
Cuaderno Principal, folios 37 y 38.
2
Cuaderno Principal, folios 18 a 26 y 269 a 277.
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Demandante: ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A.
Hotelera Salmón y Cía S.A.; se establece como valor del precio
indemnizatorio la suma de $102.424.200; y se indica como destinación del
inmueble la realización de la primera etapa de la Doble Calzada Las Palmas.
De igual forma, se pretende la nulidad de la Resolución número 1195 del
28 de agosto de 20033, por medio de la cual se resuelve el recurso de
reposición interpuesto por la sociedad Organización Hotelera Salmón y Cía
S.A., en el sentido no reponer la Resolución número 1053 del 4 de agosto
de 2003.
1.1.3. Fundamentos de hecho
Mediante la Resolución Nro. 0649 del 12 de mayo de 20034 expedida por
el Alcalde de Medellín, se realizó una oferta de compra consistente en la
adquisición mediante enajenación voluntaria directa del derecho de dominio y
posesión de una faja de terreno de 440,94 m2 que hace parte de un predio
de mayor extensión identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-64090,
ubicado en la carrera 38 nro. 19-600 de la actual nomenclatura de la ciudad
de Medellín, de propiedad de ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A.,
por valor de $102.424.200,oo de acuerdo con el avalúo Nro. AE-190 del 7
de mayo de 2003 elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal5;
inmueble que sería destinado a la ejecución de la primera etapa del proyecto
Doble Calzada Las Palmas.
Por medio de la Resolución Nro. 1053 del 4 de agosto de 20036 el Alcalde
de Medellín ordenó la expropiación por vía administrativa de una franja de
terreno con un área de 440.94 m2 ubicada en la carrera 38 Nro. 19-600 barrio
Asomadera No. 1 en la ciudad de Medellín, de propiedad de la Organización
Hotelera Salmón y Cía. S.A. En este acto se señaló que el valor del precio
indemnizatorio conforme el avalúo Nro. AE-190 del 7 de mayo de 2003
elaborado por la División de Catastro del Municipio de Medellín es la suma de
$102.424.2007.
En informe AE-1467 de 4 de agosto de 2003 el Subsecretario de Catastro
Municipal ratificó el avalúo comercial obrante en el informe AE-190 del 7 de
mayo de 2003 por valor de $102.424.200,oo, el cual corresponde a:
Área Lote ret de qb.: 142,18 Mts2 a $ 90.000 $ 12.796.000
Área lote útil: 298,76 Mts2 a $300.000 $ 89.628.000
3
Cuaderno Principal, folios 27 a 32 y 279 a 284.
4
Folios 336 a 340 del cuaderno principal, “Por la cual se inicia las diligencias tendientes a
la adquisición de inmuebles bajo el procedimiento previsto para la expropiación por vía
administrativa y se formula una oferta de compra”.
5
Cuaderno principal, folios 63 a 72.
6
Ibidem, folios 18 a 26 y 269 a 277.
7
Ibídem, folios 63 a 72.
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Radicado: 05001 1233 000 2004 00389 01
Demandante: ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A.
Contra el acto administrativo que ordenó la expropiación por vía
administrativa, la sociedad Organización Hotelera Salmón y Cía. S.A.
interpuso recurso de reposición8, el cual fue decidido mediante la Resolución
No. 1195 del 28 de agosto de 20039, en el sentido de no reponer el acto
recurrido.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión de la parte actora los actos acusados infringen los artículos 61 y
67 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998 con fundamento en los
siguientes cargos:
• Vulneración de la ley
Manifestó que los actos enjuiciados desconocen los artículos invocados como
vulnerados, los cuales establecen que el precio de adquisición será igual al
valor comercial del bien, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que la
entidad demandada ofreció y expropió el bien inmueble por un valor que
difiere significativamente al valor comercial. Específicamente, indicó que el
valor comercial del inmueble era $198.423.000, mientras que la entidad
demandada fijó en el acto acusado el valor que de $102.424.200.
• Falsa Motivación
Señaló que los actos demandados incurren en falsa motivación al estar
fundamentados en un hecho falso, como lo es establecer el valor de la
indemnización en una cifra diferente al valor comercial del inmueble.
• Desviación de poder
Aseguró que la competencia que se le otorga a los municipios para decretar
expropiaciones debe ejercerse garantizando al propietario que se le pague
un precio justo por el bien expropiado, lo que no ocurrió, ya que el ente
territorial no garantizó el equilibrio, sino obtener una ventaja económica
significativa aprovechando la circunstancia de que quienes fijaron el precio
fueron sus propios empleados.
1.2. Contestación de la demanda. El Municipio de Medellín contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones10, con fundamento en las siguientes
razones de defensa:
Indica que la entidad territorial se ajustó durante todo el trámite de
8
Cuaderno principal, folios 285 a 294.
9
Ibídem, folios 27 a 32 y 279 a 284.
10
Ibídem, folios 49 a 62.
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adquisición del inmueble a la normatividad que regula el proceso de
expropiación por vía administrativa, en especial al artículo 58 constitucional,
Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998 que reglamenta los avalúos y la
Resolución 762 de 1998 del IGAC que reglamenta las metodologías para
elaborar los avalúos para la adquisición de inmuebles prevista en la Ley 388
de 1997.
Manifiesta que Catastro informó que el valor por metro cuadrado asignado
al lote fue el resultado de la aplicación del método comparativo o de mercado
que consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta,
demanda y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes
de tiempo, conformación y localización entre otros. Aduce que en el informe
RAE 1467 de agosto de 2003 se incluye la investigación de mercado que
realizó la Subsecretaria de Catastro para señalar el valor comercial del
predio en comento.
Alega que las disposiciones urbanísticas que reglamentan la potencialidad
de edificación de cada predio son factores que tiene gran incidencia en el
valor del suelo, tal como se reconoce en el Decreto Nacional 1420 de 1998
y la Resolución 762 de 1998 del Instituto Agustín Codazzi.
Asegura que los predios a los que se refiere el informe del perito contratado
por el demandante copiado en el dictamen pericial, están localizados en
sectores con disposiciones urbanísticas diferentes en donde se permiten
aprovechamientos superiores en construcción al del predio que fue objeto
de expropiación y objeto de la demanda que nos ocupa.
Destaca que el área del inmueble objeto de expropiación se encuentra
limitada para su desarrollo en algunas partes por los retiros de las quebradas
El Indio y el Caño España, además de que se localiza en la carretera Las
Palmas y, por tanto, corresponde al área de retiro de la vía definida en 25
mts (15 públicos y 10 privados) a cada lado del eje proyectado para su
ampliación a doble calzada (artículo 35 del Acuerdo 62 de 1999), por lo que
existían limitaciones para la construcción v utilización de esta faja, por lo
que el valor del inmueble no podía ser igual a otros predios que de
conformidad con las normas urbanísticas puedan desarrollarse v construirse
sin dichas limitaciones.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 26 de agosto
de 201411, declaró la nulidad parcial de los actos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenó el pago de la suma de $29.861.800 a
favor de la actora y a cargo de la entidad demandada, por concepto del mayor
11
Cuaderno de primera instancia, folios 395 a 405.
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valor del inmueble expropiado, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Señala que teniendo en cuenta que el acto acusado fijó el valor del inmueble
expropiado con fundamento en las razones expuestas por Catastro para
determinar el monto de la indemnización, le correspondía a la parte actora
desvirtuar la presunción de legalidad que recaía en dicho acto.
Afirma que con el fin de desvirtuar dicha presunción, la única prueba que
puede valorarse, es el dictamen pericial decretado por el Tribunal en donde
se fija el valor total del lote en $299.839.200; sin embargo, indica que dicha
prueba se descarta, en razón a que la metodología utilizada por el perito para
determinar el valor del metro cuadrado asignado al predio es deficiente, ya
que no especifica el tipo y soporte de las investigaciones realizadas, los
fundamentos técnicos de las conclusiones y la comparación de las
transacciones, oferta, demanda, y avalúo de inmuebles similares o
equiparables, previo a los ajustes de tiempo, conformación y localización.
Agrega que, si bien se descarta el peritazgo decretado por el tribunal, también
encuentra serios reparos al efectuado por el municipio, ya que no se encuentra
plenamente justificada la razón para que en los eventos de expropiación, unos
retiros que son necesarios tener en cuenta por disposición de autoridades
nacionales o locales y que le son impuestos al propietario, sirvan de soporte
o fundamento para disminuir el valor del metro cuadrado de un inmueble, el
cual, fue adquirido por el propietario veinte años antes de la fecha en que se
decretó la expropiación y cuyas afectaciones son en algunos casos, muy
posteriores a la fecha en que se adquirió el inmueble, esto es, el 31 de marzo
de 1978.
Reitera que no existen argumentos para que al expropiarse el inmueble se
hayan efectuado deducciones y diferenciaciones, pues se debió aplicar a todo
el lote el valor de $300.000 por metro cuadrado, suma que al multiplicarla por
440.94 m2 daría $132.282.000 y no los $102.424.200 en que los que se
avaluó por el acto acusado, por lo que concluye que el ente demandado dejó
de pagar $29.857.800, suma de dinero que ordenó pagar a favor de la
sociedad actora a título de restablecimiento del derecho, debidamente
indexada.
Finalmente, indica que no condena en costas a la entidad demandada, a pesar
de que la decisión le es adversa, al no advertir que dicha parte hubiese
actuado con temeridad, mala fe o una conducta similar.
III.- DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
3.1. De la parte actora
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Aduce que, aunque comparte que en la sentencia recurrida se reconozca
que no debe ser diferente el valor de las áreas de retiro al valor del resto
del área expropiada, está en desacuerdo con la decisión de no acoger el
valor fijado por el perito designado por el Tribunal para determinar el valor
del bien expropiado, por lo que solicita, en este último asunto, se revoque
la sentencia, con fundamento en los siguientes argumentos12:
Asegura que el a quo al determinar el restablecimiento del derecho debió
acoger el valor fijado en el dictamen pericial decretado por el Tribunal y
practicado dentro del proceso, ya que por esencia es el perito el conocedor
del mercado, y es ese conocimiento especializado el que debe pesar al
momento de evaluar sus conclusiones.
Señala que, en el eventual caso de que el dictamen tenga deficiencias, éstas
son imputables a la administración de justicia, dado que el perito actúa como
auxiliar de la justica, además de que el Tribunal cuenta con las facultades
previstas en los artículos 180 y 240 del C.P.C. para solicitar aclaraciones,
complementaciones o incluso para decretar pruebas de oficio, las que no
fueron ejercidas, a pesar de que el avalúo realizado por el municipio de
Medellín contaba con serios defectos.
Aduce que no tiene sentido que el juez no haga uso de dichas facultades y
que espere hasta la sentencia para desestimar el dictamen “firme, preciso y
bien fundamentado”.
Alega que la providencia recurrida incurre en una vía de hecho por la omisión
del Tribunal de ejercer sus facultades de requerir al auxiliar de justicia para
que aclarara o complementara el dictamen con el fin de obtener la certeza
que requería.
Reitera que la deficiencia que alega el Tribunal no es imputable a la parte
actora y que es atribuible única y exclusivamente a la administración de
justicia, ya que el auxiliar de justicia actúa en nombre del Estado, por lo que
si hay deficiencias ello constituye una falla del servicio.
Por último, indica que el dictamen con el cual se realizó la expropiación tiene
menores condiciones técnicas que el realizado por el auxiliar de justicia, lo
que es una afectación al principio de igualdad.
3.2. De la parte demandada
La parte demandada solicita que se revoque la sentencia apelada, con
fundamento en los siguientes argumentos:
(i) “Limitaciones para ocupar cauces y retiros a las corrientes naturales
de agua”.
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Cuaderno de primera instancia, folios 407 a 411.
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Señala que no comparte la afirmación del Tribunal Administrativo de
Antioquia cuando indica que no encuentra justificado que los retiros que son
necesarios tener en cuenta por disposición de las autoridades nacionales y
locales y que le son impuestos al propietario, sirvan de fundamento para
disminuir el valor del metro cuadrado, el cual fue adquirido 20 años antes
de la fecha de la expropiación.
Manifiesta que las corrientes naturales de agua, quebrada el Indio y Caño
España, y las zonas de inundación de las mismas, son hechos de la
naturaleza que siempre han estado presentes en el inmueble, incluso desde
antes de su adquisición, ya que en el folio de matrícula inmobiliaria se indica
que el predio linda por el oriente “[...] con el lecho de la quebrada El Indio
[…]”
Precisa que con el avalúo elaborado por la Subsecretaria de Catastro se
acompaña un plano de levantamiento topográfico del predio en donde se
ubican los tramos de la quebrada El Indio y del Caño España que atraviesan
el predio objeto de expropiación con sus fajas de retiro. Agrega que en el
avalúo se establecen las consultas que se realizaron para determinar las
potencialidades de construcción del predio y los estudios de mercado que se
realizaron, además de que el actor nunca demostró que las corrientes
naturales de agua no atravesaran el predio.
Resalta que con la Constitución Política hay una especial protección del
medio ambiente, que reconoce el derecho que tienen las personas de gozar
de un ambiente sano y los derechos colectivos a la seguridad y salubridad
pública y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Así mismo, establece que el Estado debe velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el particular, correspondiendo su vigilancia a nivel local, del
cual forma parte el área de ronda o protección de los ríos, quebradas,
arroyos y demás fuentes hídricas.
Aduce que el Acuerdo 62 de 1999, vigente para la fecha de la expropiación
establece un retiro mínimo de 10 metros a las corrientes naturales de agua,
exigencia que ha estado presente en diferentes reglamentaciones
urbanísticas, incluso anteriores a este acuerdo.
Alega que cuando el municipio establece que se debe dejar libre de
construcción y ocupación el cauce de las corrientes naturales de agua y un
área de retiro de mínimo 10 metros a cada lado, está reconociendo el
comportamiento de las crecientes de las corriente de agua y dando
cumplimiento a las disposiciones constitucionales, pues con estas
limitaciones se pretende proteger los bienes de los ciudadanos y evitar
riesgos en su vida, integridad física y salud, así como proteger el medio
ambiente y el espacio público.
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Destaca que también se busca evitar que cualquier ocupación con materiales
en las construcciones en estas áreas de retiro se conviertan en épocas de
mayores lluvias en material que se desplazaría por las mismas corrientes de
agua generando problemas aguas abajo.
Señala que los peligros que se presentan por la ocupación de los cauces de
las corrientes naturales de agua y las fajas de inundación de estas son
generados por la misma naturaleza, los cuales el municipio reconoce en la
normativa urbanística.
Indica que así no estuviera dispuesta la limitación en la normativa
urbanística, cualquier persona sabría que no es posible construir sobre los
cauces de las quebradas ni sobre la faja de inundación de estos cauces en
épocas de lluvias.
(ii) “Valor del suelo”.
Señala que cuando el fallo de primera instancia determina que el valor de
un área no construible, conformada por los cauces de corrientes naturales
de agua y sus retiros, debe tener el mismo valor que las áreas que no tengan
limitaciones para su ocupación y construcción, está desconociendo las reglas
más obvias del comportamiento del mercado inmobiliario, dirigidas a
establecer que no tiene el mismo valor el metro cuadrado de un predio que
pueda ser aprovechado totalmente de aquellos que presenten limitaciones
en su desarrollo, como los atravesados por cauces de corrientes naturales
de agua.
Aduce que dichas reglas se reconocen en las disposiciones que regulan el
tema de los avalúos comerciales para efectos de la adquisición de inmuebles
por la vía de la expropiación administrativa, esto es, la Ley 388 de 1997, el
Decreto 1420 de 1998 y las resoluciones del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi que regulan el tema.
Específicamente, indica que los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998
y 6 y 7 de la Resolución 762 de 1998 del IGAC establecen que para realizar
el avalúo se debe tener en cuenta las diferentes características del terreno
y detectar sus limitaciones físicas, tales como encharcamientos o
inundación, como ocurrió en el presente caso.
Alega que en el proceso no se demostró que para el tiempo de la
expropiación en el sector se hubiesen presentado ofertas o transacciones de
bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo, con un valor
superior al reconocido por el municipio.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
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4.1. Mediante auto de 27 de febrero de 2015 se ordenó devolver el
expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para que se celebrara la
audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010.
4.2. Una vez agotada la anterior audiencia, el expediente regresó a esta
Corporación y por auto de 21 de junio de 2016 se admitieron los recursos
de apelación interpuestos por la sociedad actora y la entidad territorial
demandada en contra de la sentencia de 26 de agosto de 2014.
4.3. La parte actora reiteró los argumentos del escrito de apelación e
insistió en que el dictamen pericial practicado en proceso ofrece credibilidad
y, por ende, debe ser acogido para fijar la indemnización; sin embargo, si
se considera que ello no es así, asegura tampoco se le debe dar credibilidad
al avalúo oficial, el cual, a su juicio, tiene menores condiciones técnicas que
el realizado por el auxiliar de justicia, razón por la cual se deberá decretar
un nuevo avalúo.
4.4. La entidad demandada presentó escrito de alegatos de conclusión en
los que reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de apelación, y
agregó que el Consejo de Estado en sentencia de 19 de marzo de 201513
reconoció que la zona de retiro que se debe dejar por ley, por estar el
inmueble en la ronda de la quebrada, necesariamente afecta el valor
comercial del inmueble pues no permite otorgar licencias de construcción a
las autoridades competentes.
Respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora señaló
que dicha parte pretende responsabilizar directamente al Tribunal de las
falencias que pudiera tener el avalúo del perito, olvidando que fue una
prueba solicitada en la demanda y que era su deber verificar que se
practicara adecuadamente. Afirma que los demandantes acostumbran a
asumir una conducta pasiva cuando las conclusiones de los dictámenes
periciales y la valoración de los inmuebles resulta favorable a su propósito
de reconocer un mayor valor del bien inmueble objeto de expropiación,
olvidando que pueden solicitar la aclaración, complementación o incluso
objetar el dictamen para que se practique uno nuevo, lo que no fue su
actuar. Aduce que, en todo caso, el avalúo practicado dentro del proceso se
refiere a los supuestos valores que tendría el inmueble en febrero del año
2006, cuando la expropiación del bien se realizó en el año 2003, razón
suficiente para desestimar el dictamen.
4.5. El Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
V.- CONSIDERACIONES
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Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente 2011-00012-01, C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno.
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Demandante: ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A.
5.1. Análisis de la Sala
5.1.1. En criterio de la parte accionante, el dictamen pericial decretado y
practicado al interior del proceso, al haber sido elaborado por un experto
nombrado de la lista de auxiliares de la justicia, debe ser valorado y acogido
por el juez para determinar el valor del bien expropiado y, por tanto, para fijar
el monto del restablecimiento del derecho. Agrega que, si el juez considera
que el citado dictamen tiene deficiencias, es su obligación solicitar la
aclaración, complementación o incluso el decreto de pruebas de oficio para
obtener la certeza que requiera.
Por su parte, el tribunal de primera instancia descartó el citado dictamen, al
estimar que la metodología utilizada por el perito para determinar el valor del
metro cuadrado asignado al predio fue deficiente, ya que no especificó el tipo
y soporte de las investigaciones realizadas, los fundamentos técnicos de las
conclusiones y la comparación de las transacciones, oferta, demanda, y avaluó
de inmuebles similares o equiparables, previo a los ajustes de tiempo,
conformación y localización.
5.1.2. Respecto de la apelación de la parte actora, lo primero que se
deberá determinar es, si es cierto que, i) el juez debe acoger
necesariamente las conclusiones del dictamen pericial practicado en el
proceso judicial, por ser elaborado por un auxiliar de la justicia experto en
la materia; ii) el dictamen pericial practicado en el proceso cumple con los
requisitos exigidos para ser valorado y acogido por el a quo y, iii) es deber
del juez solicitar de manera oficiosa la aclaración y/o complementación del
dictamen.
5.1.3. Pues bien, para decidir lo pertinente es preciso recordar que el
artículo 241 del C.P.C. establece que el juez al apreciar el dictamen pericial
tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos,
disposición que ha sido analizada por esta Sección para indicar que, aunque
el peritaje demanda unos conocimientos especiales que el juez no posee, es
deber de dicha autoridad judicial someterlo a un posterior escrutinio, en el
cual de advertirse que la información allí incorporada no brinda certeza y
claridad sobre los fundamentos técnicos empleados en su elaboración, lo
habilita para separarse de sus conclusiones. En efecto, sobre este asunto se
indicó14:
“[…] 58. La jurisprudencia de esta Corporación15 ha sido pacífica en
admitir que al juez le está dado separarse del dictamen pericial si este
14
Sección Primera, Sentencia de 8 de octubre de 2020, Rad. 05001-23-31-000-2011-
00013-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
Cita original del texto citado. CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA Consejera
Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, fallo del veintisiete (27) de mayo de
dos mil diez (2010), Radicación número: 76001-23-31-000-2003-03037-01(17324), Actor:
LUZ MARINA ECHEVERRY CEPEDA, Demandado: MUNICIPIO DE TULUA
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12
Radicado: 05001 1233 000 2004 00389 01
Demandante: ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN y CIA S.A.
no se ofrece claro y certero sobre la información allí incorporada, y
ello obedece justamente a que la capacidad persuasiva de estos
medios de conocimiento depende de la claridad, precisión y certeza
de los fundamentos técnicos empleados en su elaboración. Si estos
no ofrecen tales cualidades, al juez corresponderá asumir un papel
activo en orden a alcanzar la verdad del asunto puesto a su
consideración.
59. Dicho de otro modo, contrario a lo dicho por el apelante, el juez no puede
asumir una actitud pasiva sobre las conclusiones que en este caso quedaron
consignadas en el dictamen pericial decretado en el curso del proceso. Por lo
contrario, se itera, este atenderá su valoración en el marco de la sana
crítica con el propósito de formarse una idea acerca del litigio a su
cargo. […]” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
Así las cosas, contrario a lo afirmado por el recurrente, el juez de primera
instancia sí podía apartarse de las conclusiones plasmadas en el peritaje
practicado en el curso de proceso, si una vez realizado su estudio encuentra
que el mismo no proporciona claridad, precisión y coherencia en los
fundamentos técnicos que sustentaron el dictamen, y que, por tanto, den
plena certeza sobre su contenido.
Ahora bien, respecto del análisis efectuado por el tribunal de instancia al
dictamen pericial elaborado por el auxiliar de justicia Cicerón de Jesús
Aguirre Garcés y practicado en el curso del proceso, es menester trascribir
los apartes más relevantes del dictamen que obra a folios 171 a 180 del
expediente, a saber:
“[…]
4. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL LOTE AVALUADO
4.1. LINDEROS
[…]
4.2. ÁREA
LOTE DE MAYOR EXTENSIÓN: 4.203.04 m2
FAJA A AVALUAR: 440.94 M2
5- ASPECTO ECONÓMICO
El periodo de implementación de las medidas sobre el crédito hipotecario al
futuro, la positiva reglamentación de los subsidios para VIS y demás
incentivos come AFC y el subsidio de la inflación para créditos hasta $
43.000.000 como elemento clave en el inicio de la reactivación del sector
inmobiliario y constructor, entre otros factores, ha logrado que las
expectativas de crecimiento del país y el inicio de su recuperación se observan
con mayor claridad.
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13
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5.1. DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR
El sector se desarrolla económicamente como institucional, recreacional,
residencial y de expansión urbana. Es decir su uso es mixto.
5.2 DESARROLLO ECONÓMICO DEL INMUEBLE
[…]
6. AVALÚO
6.1. GENERALIDADES DEL AVALÚO
Para el respective avalúo se tuvo en cuenta el índice de costo de lotes,
construcciones de vivienda, bodegas e institucionales por m2 en el municipio
de Medellín; para el sector de las Palmas y el Poblado; así como la instalación
de servicios y costos de legalización.
6.2. MÉTODO VALUATORIO
El avalúo se realizó por el potencial desarrollo del lote teniendo en cuenta su
ubicación geográfica dentro de la zona urbana y se tuvo además entre otros
los siguientes criterios:
• Ubicación real del inmueble
• Oferta y demanda del inmueble similares en el mercado del sector
• Avalúos realizados en el sector
• últimas negociaciones realizadas en el sector
• Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998 del ministerio de desarrollo
económico
• Resolución 0762 de Octubre 23 de 1998 por el cual el Instituto Agustín
Codazzi establece las metodologías para la realización de los avalúos
ordenados por la ley 388 de Junio de 1997.
7. VALORES
Hechas las consideraciones anteriores el siguiente es nuestro concepto
sobre el valor comercial del inmueble a fecha Febrero 21 de 2006
METODO UTILIZADO: COMPARATIVO DE MERCADO
DESCRIPCIÓN ÁREA M2 VALOR UNITARIO $ / M2 VALOR PARCIAL $
Faja de terreno 440.94 $680.000= $299.839.200=
TOTAL AVALÚO $299.839.200=
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto
original)
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14
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Respecto del anterior dictamen, la entidad demandada solicitó aclaración,
realizada por el perito avaluador y que obra a folios 195 a 217 del
expediente.
Previo a pronunciase sobre el dictamen trascrito, se debe recordar que esta
Sección16 ha señalado que los dictámenes periciales que sean rendidos en
los procesos especiales de nulidad y restablecimiento del derecho en los que
se esté discutiendo el precio indemnizatorio de un bien inmueble por vía
administrativa deberán acogerse a lo establecido en el Decreto 1420 de
199817, así como en la Resolución No. 620 de 2008 expedida por el IGAC18.
Aclarado lo anterior, es preciso indicar que tal como lo señaló el a quo en la
sentencia recurrida, el dictamen pericial practicado dentro del proceso no
brinda certeza sobre su contenido, ya que, aunque el perito en el escrito de
complementación afirma que cumple con lo previsto en el Decreto 1420 de
1998, la Sala no llega a la misma conclusión.
En efecto, de la revisión del dictamen y del escrito de complementación se
observa que, aunque se indicó que la metodología valuatoria utilizada fue el
método “comparativo de mercado”19, y que se realizó una investigación con
fundamento en revistas especializadas en el sector inmobiliario, lo cierto es
que se omitió señalar cuáles fueron las ofertas o transacciones clasificadas,
analizadas e interpretadas por el experto avaluador que permitieron llegar
a la estimación del valor comercial20, ya que únicamente se aportaron las
revistas pero no se efectúa ningún análisis de la información allí contenida.
16
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2014. Rad.
05001233100020080003201. C.P. Guillermo Vargas Ayala. “Con ese entendimiento la Sala
en pronunciamientos sobre asuntos similares al presente ha precisado que los avalúos
comerciales oficiales así como los dictámenes periciales ordenados en el proceso para
determinar el valor comercial de los inmuebles objeto de expropiación deben respetar las
normas contenidas en el Decreto 1042 de 1998 y en las resoluciones del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi en las que establece la metodología para la realización de los
avalúos de que trata la Ley 388 de 1997 y dicho decreto.”
17
Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27
del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de
la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al
tema de avalúos.
18
Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco
de la Ley 388 de 1997.
19
Método definido por la Resolución 620 de 2008 proferida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi en los siguientes términos: “MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir
del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas
e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
20
Decreto 1420 de 1998. Artículo 20. “El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por
las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial
definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el
caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.” (Subrayas fuera del texto
original)
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15
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En ese sentido, no es posible inferir de dónde el perito avaluador determina
el valor del metro cuadrado (m2), ya que no menciona un precio de
referencia, así como tampoco remite a algún estudio o trabajo que
complemente o soporte sus conclusiones, más allá de aportar unas revistas
sin análisis alguno.
Adicionalmente, debe recordarse que esta Corporación ha señalado que
teniendo en cuenta la variación de precios en el mercado inmobiliario, el
avalúo debe determinarse para el momento de la expropiación21; en ese
sentido, en el caso concreto, resulta relevante el que la valoración del
dictamen practicado en el proceso sea para el año 2006 y no para el 2003,
fecha de la expropiación, pues dicha circunstancia impide compararlo con el
avalúo que sirvió de fundamento de los actos demandados.
Ahora bien, con relación al cuestionamiento del accionante de que era
obligación del Tribunal Administrativo requerir de oficio al perito para que
aclarara o complementara el dictamen pericial, es necesario recordar lo
expuesto por esta Sección en sentencia de 21 de mayo de 202022, en la cual
se indicó que, si bien es cierto el juez puede por iniciativa propia, ordenar
la aclaración o complementación de este medio probatorio, tal facultad no
puede desplazar el deber de las partes de adelantar esta actuación de
conformidad con el artículo 238 C.P.C. En otras palabras, el recurrente no
puede pretender que el juez haga uso de sus facultades oficiosas ante la
pasividad de su actuación, más aún cuando la carga de desvirtuar el avalúo
técnico que brindó soporte legal y fáctico al acto administrativo que ordenó
la expropiación administrativa recae en la parte actora, sin que pueda ser
trasladada a la autoridad judicial a cargo de la dirección o decisión del
proceso23.
Por lo anterior, la Sala reitera que el dictamen pericial decretado y
practicado durante el proceso carece de los argumentos técnicos y de apoyo
probatorio suficientes para determinar el justiprecio del inmueble de
propiedad de la sociedad actora que fue expropiado en su momento por el
21
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad.
05001233100020100195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
22
Consejo de estado, Sección Primera, Rad. 05001-23-31-000-2008-00033-01. C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. “[…] Por lo demás, si bien es cierto los jueces pueden,
por iniciativa propia, ordenar la aclaración o complementación del dictamen pericial, como
lo dispone el artículo 240 del C.P.C.22, ello obedece a una facultad y no a un deber, puesto
que, en primer lugar, corresponde a las partes interesadas en la prueba promover tal
actuación, de conformidad con el artículo 238 ibídem22, relativo a la contradicción del
dictamen pericial, y con el artículo 177 del mismo estatuto procesal, según el cual
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. ll De esa manera, la carga de demostrar que el avalúo técnico
que brindó soporte legal y fáctico al acto administrativo que ordenó la expropiación
administrativa recae sobre el actor, quien no la puede trasladar al juez, como director del
proceso, por el solo hecho de que cuenta algunas potestades en materia probatoria. […]”
23
Consejo de estado, Sección Primera, Rad. 05001-23-31-000-2012-00716-01, C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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16
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municipio de Medellín y, por tanto, comparte la decisión del a quo de no
acoger las conclusiones allí expuestas.
5.1.4. Ahora bien, afirma el tribunal de primera instancia que existen serios
reparos respecto del avalúo efectuado por el municipio y que sirvió de
fundamento para los actos acusados, al estimar que no está justificada la
razón por la cual unos retiros que son necesarios tener en cuenta por
disposición de autoridades y que le son impuestos al propietario, sean el
fundamento para disminuir el valor del metro cuadrado de un inmueble, el
cual, fue adquirido por el propietario muchos años antes de la fecha en que
se decretó la expropiación.
Por su parte, la entidad territorial recurrente, afirma que las corrientes
naturales de agua, quebrada El Indio y Caño España, y las zonas de
inundación de las mismas, son hechos de la naturaleza que siempre han
estado presentes en el inmueble objeto de expropiación y que incluso dicha
circunstancia se reconoce en el folio de matrícula inmobiliaria. Agrega que
en el avalúo elaborado por Catastro y que fue el fundamento de los actos
acusados, tiene en cuenta las condiciones particulares del predio, toda vez
que por normativa urbanística e incluso por condiciones obvias de naturaleza
no es posible construir en dichos terrenos, circunstancia que se debe tener
en cuenta al momento del valorar el predio.
5.1.5. Respecto de la impugnación de la entidad demandada, se deberá
determinar si es cierto que las áreas de terreno consideradas como retiros
a quebrada deben tener el mismo valor que las áreas que no tienen dicha
condición, como lo afirma la sentencia recurrida o si, por el contrario, se
justifica un menor valor por ser áreas que tienen limitado su ocupación y
construcción, como lo asegura el recurrente.
5.1.6. Para decidir lo pertinente, es preciso citar el avalúo Nro. AE-190 del
7 de mayo de 2003 elaborado por la Subsecretaria de Catastro Municipal, el
cual fue acogido por los actos demandados para determinar el valor del
precio de indemnización, en el que se observa lo siguiente:
“[…] I. GENERALIDADES
1. Informe No AE-190 del 7 de mayo de 2003
2. Solicitud del avalúo comercial
El avalúo fue realizado a petición verbal del Señor Secretario de Obras
Públicas, […] del inmueble localizado en la carrera 38 Nro. 19-600, del barrio
Asomadera No. 1.
3. Inspección ocular del inmueble
El reconocimiento del inmueble a avaluar fue efectuado por funcionarios
adscritos a la Subsecretaría de Catastro Municipal […]
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II. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
1. Aspecto Jurídico
PROPIETARIOS: CÓDIGOS
ORGANIZACIÓN HOTELERA SALMÓN 0036916000
DIRECCION: Cra. 38 Nro. 19-600, barrio Asomadera Nro. 1.
MATRICULA: 64090
COD DE PROP: […]
2. Clase de inmueble
Se trata de un terreno de forma irregular, topografía media y suelo asfaltado,
el cual hace parte del parqueadero de la Discoteca Guaraná y su
correspondiente portería.
De este inmueble se requieren 440,94 Mts2 de lote, para el “Proyecto Doble
Calzada las Palmas”
[…]
3. Localización
El inmueble motivo del presente avalúo se encuentra localizado Cra. 38 Nro.
19-600, barrio Asomadero Nro. 1.
El acceso al inmueble se da a través de la vía Las Palmas y la Cl 29, de alto
tráfico vehicular por la cual transcurren las rutas de transporte público y
privado que sirven a la zona y garantizan el desplazamiento desde y hacia
otros sectores de la ciudad.
4. Configuración y áreas:
Área Lote a negociar: 440,9 Mts2, de los cuales:
Área Lote ret. Qb: 142,18 Mts2
Área lote útil: 298,76 Mts2
Topografía: Media
Las áreas fueron tomadas del oficio Nro. GT-244 del 6 de mayo 2003, de la
Unidad de Cartografía de la Secretaría de Hacienda Municipal.
5. Consideraciones Generales:
El sector donde se localiza el inmueble valuado, se encuentra ubicado en el
barrio San Diego, el cual se caracteriza por su permanencia en cuanto a
nuevas edificaciones, aunque se han realizado proyectos son pocos en
comparación con otros sectores de la ciudad, la mayor parte de las vías son
amplias pero bastante congestionadas, las construcciones generalmente son
de uno y dos pisos, de fachadas regulares que aún conservan el diseño
arquitectónico que respondía a las necesidades en su época de los
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propietarios, pero que actualmente son adecuados a los nuevos procesos
constructivos.
ENTORNO DEL INMUEBLE: Locales comerciales, unidades en urbanización
cerrada como: Fuerte de San Diego, Portal de San Diego, Mesetas de San
Diego, y Mirador de San Diego y locales comerciales a través de la vía Las
Palmas.
RUTAS DE TRANSPORTE: Cubrimiento del transporte urbano a través de
varias rutas de buses públicos y especializado.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: No es muy notable en cuanto a
construcciones nuevas se refiere, sólo se presentan algunas reformas para
bodegas industriales, se destaca el nuevo proyecto del Hospital General de
Medellín el cual ha mejorado en forma notable el sector.
6. NORMATIVIDAD:
[…]
Por oficio Nro. S-0319 del 24 de febrero de 2003 del departamento
Administrativo de Planeación este inmueble posee las siguientes
afectaciones y restricciones ambientales para lotes de terreno,
ubicadas sobre la ampliación de la carretera Las Palmas:
➢ Lote donde funciona la discoteca Guaraná Cra. 38 Nro. 19-600
➢ Afectación retiro de quebrada El Indio (10 mts) y caño España
(10 mts), 142,18 Mts2 y a su vez sobre esta misa haya retiro de
alta tensión.
III. AVALÚO COMERCIAL
1. Política
El avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, se realiza con
base en lo estipulado en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto
1420 de 1998.
2. Valores
Se realizaron consultas a diferentes miembros adscritos a Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín, con el propósito de obtener información sobre recientes
negociaciones en el sector y poder así determinar un valor Mt2 acorde a las
expectativas de oferta y demanda.
La inversión en el sector de la construcción está volviendo a ser una
alternativa atractiva. De hecho, la tendencia reciente de recuperación en los
precios de la finca raíz es un síntoma de reactivación sobre bases sólidas.
Por otro lado, los constructores no solo están prefinanciando sus proyectos
sino que además se les está abriendo nuevamente el acceso al crédito. La
mayor demanda efectiva de vivienda nueva y usada a contribuido a aliviar la
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difícil situación del sector financiero generada por el elevado stock de bienes
recibidos en dación en pago. Ya se observa algún grado de utilidades en la
cartera hipotecaria.
Las condiciones están dadas para que le sector de la construcción inicie su
propia obra de reconstrucción: el despeje definitivo del panorama de
financiamiento externo del gobierno nacional y la mejora en la situación de
orden público, consolidara un clima de negocios más optimista.
[…]
METODOLOGIA:
Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y las de varios
miembros afiliados a Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S.A, sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares.
Estos datos además de las consideraciones anteriormente expuestas han
servido de base para determinar la fijación del valor comercial del inmueble.
MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO:
Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y
demanda y avalúos, de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes
de tiempo, conformación y localización entre otros.
Es importante anotar que cada inmueble es único y presenta condiciones muy
particulares, por lo tanto, este método solo nos da una idea o estimado del
valor por el cual la propiedad en cuestión se venda.
Los anteriores planteamientos nos permiten emitir el siguiente concepto:
MATRÍCULA: 64090
Área Lote útil: 298,76 Mts2 a $300.000 $89.628.000
Área Ret qb: 142,18 Mts2 a $ 90.000 $ 12.796.200
AVALÚO TOTAL: $102.424.200
SON: CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS PESOS M.L.
IV. ANEXOS
Las áreas fueron tomadas de los oficios GT-244 del 6 de mayo de 2003 de la
Unidad de Cartografía de Catastro Municipal de la Secretaria de Hacienda.
[…]”
Adicionalmente, obra en el expediente el informe AE-1467 del 4 de agosto
de 2003 de la Subsecretaria de Catastro Municipal, por medio del cual se
ratifica el avalúo AE-190 de 7 de mayo de esa misma anualidad, en el que
se detalla la investigación de mercado que se realizó para establecer el valor
comercial del inmueble, así como los aspectos que se tuvieron en cuenta al
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momento de efectuar el avalúo, entre éstos las limitaciones que tenía el
predio. Sobre este último asunto, específicamente se indicó:
“[…] Catastro Municipal para la realización del avaluó comercial tuvo también
en cuenta las anteriores anotaciones, pero por oficio Nro. S-0319 del 24 de
febrero de 2003 del Departamento Administrativo de Planeación este
inmueble posee las siguientes afectaciones y restricciones ambientales,
ubicadas sobre la ampliación de la carretera Las Palmas:
“Afectación retiro de quebrada El Indio (10 Mts) y caño España (10 Mts),
142,18 Mts2”. Estas quebradas aparecen claramente en los planos del predio
es más una de ellas es lindero parcial señalado en el certificado de libertad y
en las escrituras. La Ley 388 obliga a los Municipios a legislar sobre el
manejo de los retiros a corrientes de agua, el cual quedó plasmado en
el acuerdo 62 de 1999 del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal.
El artículo 19 del Acuerdo 62 de 1999(P.O.T.) reza: los retiros a corrientes
naturales de agua son suelo de protección. Deben engramarse,
arborizarse y permanecer libres de cualquier tipo de construcción.
Sobre las fajas de retiros a quebradas se prohíben el cambio de zona
verde por piso duro y la construcción o instalación de parqueaderos,
kioscos, casetas, piscinas, antenas parabólicas, placas o zonas
deportivas, zonas de depósitos, tanques de almacenamiento de gas e
instalaciones similares, sótanos y semisótanos.
También en la fijación del avalúo comercial se tuvo en cuenta que la carretera
Las Palmas en la parte urbana se definen 25 Mts de retiro (15 públicos y 10
privados) a cada lado del eje proyectado para su ampliación a doble calzada,
artículo 35 del Acuerdo 62 de 1999, en el plano del predio se puede observar
que parte del parqueadero esta sobre el espacio definido como retiro público,
lo que como es lógico afecta su valor. (Subrayas y negrita fuera del texto
original)
Pues bien, la Sala no comparte la posición del Tribunal de primera instancia
de considerar que la condición de ser áreas de retiros de quebrada no sean
razón suficiente para disminuir el valor del metro cuadrado de un inmueble,
pues contrario a lo señalado por el a quo, la condición especial de unas áreas
de terreno que tengan limitaciones y restricciones en su uso, sí pueden
afectar su valor comercial como pasa a explicarse.
De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 388 de 1997 el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios con ocasión de la
expropiación por vía administrativa, será igual al avalúo comercial que se
utiliza para el procedimiento de enajenación voluntaria. Ahora bien, el
artículo 2 del Decreto 1420 de 1998, normativa que regula el tema de
avalúos, establece que el valor comercial de un inmueble corresponde al
precio más favorable por el cual dicho bien se transaría en un mercado
donde el comprador y el vendedor actúan libremente, con el conocimiento
de las condiciones físicas y jurídicas que lo afectan.
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Por su parte, el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, establece los
parámetros que se deben tener en cuenta por parte de los avaluadores para
determinar el valor comercial de un inmueble, entre los cuales se destaca la
reglamentación urbanística municipal vigente al momento de la realización
del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo; la destinación
económica del inmueble y para aquellos inmuebles que presenten diferentes
características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se
deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos.
Así mismo, el artículo 22 ibidem, señala las características que se deben
considerar dependiendo de si lo que se va a valorar es el terreno, las
construcciones o los cultivos que estén en el inmueble a expropiar.
Específicamente, indica que para la valoración del terreno se debe tener en
cuenta las siguientes características: aspectos físicos tales como área,
ubicación, topografía y forma; clases de suelo: urbano, rural, de expansión
urbana, suburbano y de protección y normas urbanísticas vigentes para la
zona o el predio, entre otros aspectos.
Ahora bien, respecto de las clases de suelo, el artículo 35 de la Ley 388 de
1997 prevé que en los planes de ordenamiento territorial se deberá clasificar
el territorio de los municipios en suelo urbano, rural y de expansión urbana,
y que a su vez en estas clases se podrán establecer las categorías de
suburbano y de protección. Respecto de ésta última categoría la citada
normativa señala:
“ARTICULO 35. SUELO DE PROTECCION. Constituido por las zonas y áreas
de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte
de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse.” (Negrita y subrayas fuera del
texto original)
De la lectura del avalúo oficial, se observa que en cumplimiento de la citada
normativa se detalló la clase de inmueble y la configuración de sus áreas,
indicando que el área total del lote a negociar era de 440.94 mts2, de los
cuales 142.18 mts2 correspondían a área ubicada en retiro a quebrada y
298.76 mts2 a área útil. Así mismo, en acápite denominado “Normatividad”,
se precisa que el inmueble posee afectaciones y restricciones ambientales,
especificando la afectación retiro de quebrada El Indio y Caño España, en la
cual además menciona hay retiro de alta tensión.
De igual forma, en el informe que ratifica el valor determinado en el avalúo
oficial, se explica que de acuerdo con el artículo 19 del Acuerdo 62 de 1999,
Plan de Ordenamiento Territorial municipal, los retiros a corrientes naturales
de agua son suelo de protección, por lo que deben permanecer libres de
cualquier tipo de construcción, circunstancia ésta última que se tuvo en
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cuenta al momento de fijar el valor comercial del predio a expropiar, y que
se ve reflejado en el menor valor para el área de retiro a quebrada con
relación al área que no tenía dicha afectación.
En ese orden de ideas, es claro que las áreas que tienen la condición de
retiro a quebrada tienen una limitación en su uso, ya que de acuerdo con la
normativa que los rige tienen que estar libres de cualquier construcción, no
pueden urbanizarse y únicamente pueden arborizarse o acondicionarse
como áreas de recreación pasiva y preservación ambiental24.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el valor comercial de un inmueble
corresponde al precio más favorable por el cual se transaría un bien en el
mercado donde los contratantes actúan libremente y con el conocimiento de
las condiciones físicas y jurídicas que lo afectan, la circunstancia de que un
área sea definida como retiro de quebrada y, por tanto, corresponda a suelo
protegido, sí constituye una restricción que influye en su valor comercial,
pues, no es lo mismo un área de terreno que no tiene limitaciones para
desarrollar un proyecto de construcción, a una que si tiene restricciones en
su uso y, que por tanto, no se puede urbanizar ni construir en él.
En este mismo sentido se ha pronunciado la Sección25 en anteriores
oportunidades en la cuales indicó que la afectación de retiro por quebrada,
por tratarse de una zona que no tiene la posibilidad de urbanizarse, impacta
evidentemente en el precio indemnizatorio indicado en la experticia.
En el anterior contexto, le asiste razón al municipio cuando afirma que el
área de terreno que tiene la condición de retiro de quebrada constituye una
afectación que impacta en su valor y, por tanto, no puede tener el mismo
valor que un área que no tiene dicha limitación o restricción.
Por último, la Sala reitera que para concluir que hay incorrección del avalúo
oficial no basta con afirmar que hay un error o con realizar una comparación
del valor del precio indemnizatorio entre el avalúo oficial y el practicado en el
24
Acuerdo 62 de 1999, “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Medellín”. Artículo 19º. Del manejo de los retiros a corrientes naturales de
agua. “Los retiros a corrientes de agua a los que se refiere la clasificación del suelo y el
plano retiros a corrientes naturales de agua son suelo de protección. Deben engramarse,
arborizarse y permanecer libres de cualquier tipo de construcción, de aquellos procesos o
actividades que deterioren o limiten su condición natural y de cerramientos no
transparentes que impidan su disfrute visual, acondicionándolos como áreas de recreación
pasiva y de preservación ambiental, o integrándolos como elemento urbanístico importante
a las otras áreas verdes próximas. […] Sobre las fajas de retiros de quebradas se prohíben
el cambio de zona verde por piso duro y la construcción o instalación de parqueaderos,
kioscos, casetas, piscinas, antenas parabólicas, placas o zonas deportivas, zonas de
depósitos, tanques de almacenamiento de gas e instalaciones similares, sótanos y
semisótanos. […]”
25
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 8 de octubre de 2020, Rad. 05001-
23-31-000-2011-00013-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sentencia de 17 de
noviembre de 2023, Rad. 05001-2331-000-2012-00835-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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proceso26, sino que se requiere demostrar de manera clara y precisa el error
en que incurrió el avalúo oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor
se analizan diferentes criterios y parámetros técnicos, situación que en el caso
particular no se acreditó. Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera
instancia, y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
5.2. Otros pronunciamientos
Mediante memorial obrante en el índice número 30 de Samai se allegó
renuncia de poder por parte del abogado Richard Yhon Ospina Ramírez,
quien actúa como apoderado del Municipio de Medellín. Como quiera que la
renuncia cumple los requisitos previstos en el artículo 76 del Código General
del Proceso, el Despacho la tendrá por bien presentada.
Por lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: REVOCAR la sentencia de 26 de agosto de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, denegar las pretensiones.
Segundo: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder
presentada por el abogado Richard Yhon Ospina Ramírez como apoderado
del Municipio de Medellín.
Tercero: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de
origen.
26
Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20
de febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01
se indicó: “[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante,
atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la administración, no es del caso
que el escrito de demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el
realizado por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que
goza el avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en las normas que regulan la
materia, indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del juez
de que se ha incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto
original)
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24
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Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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