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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2004-00770-01

Reparación directa: no condena

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2004-00770-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, el 27 de julio de 2013, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Por Secretaría enviar copia de esta providencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a fin de que los señores Óscar de Jesús Gómez Duque y Francia Margarita Castillo Vergara sean incluidos, si es que no lo están, en el programa de medidas de asistencia y atención a víctimas a cargo de esa entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. TERCERO Sin lugar a costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2004-00770-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

14 de marzo de 2019

REPARACIÓN DIRECTA - No condena

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por acto terrorista / ATAQUE TERRORISTA - Ocasionó pérdidas en finca productora / DAÑO ANTIJURÍDICO - Destrucción de elementos de producción agropecuaria de finca ubicada en el Municipio de Salgar

El 8 de febrero de 2002, un grupo armado al margen de la ley incursionó en la finca “La Regada”, de propiedad del señor Óscar de Jesús Gómez Duque, ubicada en la vereda “La Liboriana” del municipio de Salgar, en donde dieron muerte a dos trabajadores, secuestraron a la señora Francia Margarita Castillo Vergara e incineraron las instalaciones del establecimiento de comercio “Truchas El Plateado” que funcionaba en ese lugar, causando cuantiosos daños materiales.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / REPARACIÓN DIRECTA - Demanda presentada oportunamente

El asunto bajo examen se funda en que el 8 de febrero de 2002 la finca “La Regada” y el establecimiento de comercio denominado “Truchas El Plateado”, ubicados en la vereda “La Liboriana” del municipio de Salgar, fueron atacados por un grupo armado ilegal que causó su destrucción. Ese mismo día la señora Francia Margarita Castillo Vergara fue secuestrada por los actores armados que incursionaron en el lugar. (…) Lo anterior implica que los demandantes tenían hasta el 9 de febrero de 2004 para instaurar la demanda de reparación directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8 del C.C.A. y la demanda fue presentada el 30 de enero de 2004, esto es, de forma oportuna.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

ACREDITACION PROPIEDAD DE PREDIO – La propiedad se acredita con el certificado de tradición – ACREDITACIÓN DE POSESIÓN DE PREDIO – Con cualquier medio de prueba

[S]e aportaron los títulos traslaticios de dominio, mas no el certificado de tradición de la finca “La Regada” por lo que no se encuentra probada la propiedad; no obstante, la Sala considera que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque se encuentra legitimado para acudir a esta jurisdicción en calidad de poseedor. (…) [L]a Sala deduce que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque ejercía actos de señor y dueño sobre la finca “La Regada”, lo que lo acredita como poseedor.

DAÑO ANTIJURÍDICO - Acreditado

De acuerdo con la prueba testimonial y la indagación preliminar adelantada por la Fiscalía, los daños consistentes en la destrucción de la finca “La Regada” y de las instalaciones del establecimiento de comercio “Truchas El Plateado”, así como el secuestro de la señora Francia Margarita Castillo Vergara por parte de miembros de un grupo armado ilegal, se encuentran demostrados, tal como se describió en el acápite anterior.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS TERRORISTAS - Regímenes de responsabilidad subjetivo y objetivo / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS TERRORISTAS - Títulos de imputación jurídica: Falla del servicio, daño especial y riesgo excepcional

Al respecto la Sala Plena de la Sección Tercera ha precisado que los títulos por los cuales puede imputarse responsabilidad al Estado por actos violentos de terceros son la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial.

NOTA DE RELATORÍA: Consultar sentencia de 20 de junio de 2017, Exp. 18860, CP. Ramiro Pazos Guerrero.

ATENTADO TERRORISTA - No se acreditó las reglas jurisprudenciales para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - No se configuró

[N]o se probó participación, complicidad o cooperación alguna de agentes estatales en la incursión armada perpetrada por un grupo armado ilegal, al parecer el 34 frente de las FARC – no se conoció en este proceso sentencia penal ejecutoriada en contra de los actores materiales del hecho – en la finca “La Regada”. (…) Solo se demostró que, con posterioridad al ataque perpetrado en la finca “La Regada”, el gerente regional y el director general del INPA pusieron en conocimiento del alto comisionado para la paz de la Presidencia de la República la situación que estaban atravesando las granjas acuícolas antioqueñas por la alteración del orden público, para que este tema se tuviera en cuenta en los diálogos de paz que adelantaba el Gobierno Nacional con el entonces grupo armado FARC. (…) No se probó que el atentado a la finca “La Regada” fuera previsible, pues lo único que señalaron los testigos es que se escuchaban rumores de que se iban a tomar el pueblo o las fincas, pero no de que las autoridades tuvieran esta información y no hubieran tomado medidas de prevención o solicitado refuerzos para enfrentar un posible ataque. (…) No se probó que las demandadas crearan una situación de riesgo que se materializara en detrimento de la finca “La Regada” o de “Truchas El Plateado”, pues los daños sufridos por la propiedad y las personas no ocurrieron en el contexto de un enfrentamiento entre el grupo armado ilegal y la fuerza pública, tampoco por un ataque directo al Ejército Nacional o a la Policía Nacional por acampar o encontrarse en inmediaciones del lugar o porque el inmueble se encontraba ubicado en cercanías a una institución estatal que creara este riesgo, sin haber tomado las medidas de prevención o de alerta necesaria, ante el conocimiento de un posible ataque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 05001-23-31-000-2004-00770-01(49617)

Actor: ÓSCAR DE JESÚS GÓMEZ DUQUE Y OTRA

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS VIOLENTOS DE TERCEROS – reiteración de jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera sobre regímenes aplicables / incursión armada en propiedad rural de Salgar, Antioquia, por parte de un grupo armado ilegal – no hubo participación ni connivencia de agentes estatales – no se acreditó falla en el servicio por omisión del servicio de protección ni por riesgo excepcional o daño especial.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

El 8 de febrero de 2002, un grupo armado al margen de la ley incursionó en la finca “La Regada”, de propiedad del señor Óscar de Jesús Gómez Duque, ubicada en la vereda “La Liboriana” del municipio de Salgar, en donde dieron muerte a dos trabajadores, secuestraron a la señora Francia Margarita Castillo Vergara e incineraron las instalaciones del establecimiento de comercio “Truchas El Plateado” que funcionaba en ese lugar, causando cuantiosos daños materiales.

II.- ANTECEDENTES

En escrito presentado el 30 de enero de 2004, los señores Óscar de Jesús Gómez Duque y Francia Margarita Castillo Vergara, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia, la Nación-Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados con el atentado perpetrado por un grupo armado al margen de la ley el 8 de febrero de 2002 en la finca “La Regada” y el establecimiento de comercio “Truchas El Plateado”, ubicadas en el municipio de Salgar, así como el secuestro sufrido por la señora Francia Margarita Castillo Vergara entre el 8 de febrero y el 13 de marzo de 2002.

1.1.- Las pretensiones

Como consecuencia de la declaración anterior, por concepto de perjuicios morales se solicitó la cantidad de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

Igualmente, a título de “perjuicio a la vida de relación” el señor Óscar de Jesús Gómez Duque solicitó el equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la modalidad de daño emergente, el señor Óscar de Jesús Gómez Duque solicitó la suma de $726’500.000 por los daños ocasionados a la finca de su propiedad y al establecimiento comercial “Truchas El Plateado”.

Así mismo, por concepto de lucro cesante el señor Óscar de Jesús Gómez Duque solicitó la suma de $3.135’000.000 por las utilidades que dejó de percibir por la destrucción total de “Truchas El Plateado”.

Igualmente, por concepto de “Good Will” el señor Óscar de Jesús Gómez Duque solicitó la cantidad de $1.000’000.000 por la pérdida del reconocimiento y respeto comercial debido a la destrucción del establecimiento comercial de su propiedad.

Por el perjuicio denominado “Know How” el señor Óscar de Jesús Gómez Duque solicitó la suma de $1.000’000.000, con fundamento en que por la destrucción de la finca “La Regada” y de “Truchas El Plateado” dejó de recibir los beneficios del conocimiento práctico sobre la manera de hacer el cultivo, levante, engorde, crianza, cuidado, tratamiento, procesamiento, empaque y comercialización en las áreas: acuícola, vacuna, equina y porcina, dada la alta experiencia acumulada por años en estas artes o técnicas.

1.2.- Los hechos

En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

Por medio de la escritura pública número 7.455 del 20 de noviembre de 1987, otorgada en la Notaría Doce del Círculo de Medellín, el señor Óscar de Jesús Gómez Duque adquirió la finca “La Regada”, con un área aproximada de 900 hectáreas, en donde instaló la infraestructura necesaria para la explotación de truchas, para lo cual creó el establecimiento de comercio denominado “Truchas El Plateado”, inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín desde el 12 de mayo de 1993.

El señor Óscar de Jesús Gómez Duque destinó el terreno restante para el levante, engorde y comercialización de ganado vacuno, caballar y porcino.

El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA, mediante Resolución número 00627 de 2 de diciembre de 1994, le otorgó al señor Óscar de Jesús Gómez Duque licencia para el cultivo y explotación de trucha arco iris, con un área cultivable de 20.000 m2 y espejo de agua de 1.356 metros en 47 estanques, para una producción anual de 96 toneladas en levante, pre engorde, engorde, procesamiento, empaque, transporte de alevinos y comercialización en el mercado nacional.

Para el adecuado manejo de la empresa, además del personal administrativo y técnico, “Truchas El Plateado” contaba con 12 trabajadores permanentes y 16 temporales.

El suroeste de Antioquia, especialmente los municipios de Salgar, Concordia, Bolívar, entre otros, se convirtieron en una “explosiva zona roja”. Es así como, en febrero de 2002, el gerente regional del INPA, regional Medellín, le envió una comunicación al alto comisionado para la paz de la Presidencia de la República, para informarle sobre la grave situación de orden público en la zona.

Los alzados en armas se “ensañaron” con el municipio de Salgar, razón por la cual su alcalde se vio obligado a solicitar protección para la población al comandante de la Policía de Antioquia, al comandante de la cuarta brigada del Ejército Nacional, al secretario de gobierno departamental de Antioquia y a la Procuraduría departamental de Antioquia.

La protección solicitada no llegó o si lo hizo fue de manera tardía, pues el 8 de febrero de 2002 un grupo armado al margen de la ley incursionó en la finca “La Regada” ubicada en la vereda “La Liboriana” y después de dar muerte a dos trabajadores y secuestrar a la señora Francia Margarita Castillo Vergara – quien estuvo retenida entre el 8 de febrero y el 13 de marzo de 2002 - incineraron las instalaciones del establecimiento “Truchas El Plateado”.

Los atacantes dinamitaron la bocatoma, 171 m2 de la infraestructura de proceso, equipos inoxidables, cavas de frío, las canastas plásticas, 2 empacadoras al vacío, básculas, balanzas, extractores, 18 toneladas de biomasa en cava, 5 toneladas de animales, aspiradora de vísceras, casa, bodegas, oficinas, 6 motobombas, equipos, 90 bultos de concentrado, muebles y enseres, generador, planta eléctrica, incubadora de peces, canaletas, sistema de enfriamiento, aireadores eléctricos, turbina pelton, válvulas y tubería, cuyo valor estimado era de 4726’500.000 en 2002.

La Personería Municipal de Salgar certificó la incursión armada y añadió que con anterioridad, en ese mismo año, se presentaron varios hechos violentos en ese municipio, tales como los ataques a las fincas “La margarita”, “El Mirador”, “Montenegro” y “Montebello”.

En el suroeste antioqueño había una destacada producción acuícola y vacuna, que la convertía en un objetivo de los alzados en armas, por eso las víctimas sufrieron las consecuencias de un ataque dirigido a la economía del país, que no se encontraban obligados a soportar.

El establecimiento de comercio “Truchas El Plateado” generó ingresos anuales brutos durante 2001 equivalentes a $457’997.000, lo que implicó una utilidad neta de $185’000.000, suma que dejó de producir debido a la destrucción de su infraestructura.

2.- El trámite de primera instancia

2.1. La admisión de la demanda y su notificación

Mediante auto del 26 de febrero de 2004, el Tribunal a quo admitió la demanda, decisión de la cual fueron notificados en debida forma el Ministerio Público y las demandadas Nación-Ministerio del Interior y de Justicia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional.

2.2.- Contestación de la demanda

2.2.1.- La Nación-Ministerio del Interior y de Justicia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.

Señaló que era imposible para el Estado prever los actos de grupos alzados en armas, quienes lograron cumplir su cometido aprovechándose de la situación de orden público en el suroeste antioqueño.

Aseguró que se trató del hecho de un tercero que rompió el nexo de causalidad con la actividad del Estado.

Formuló las excepciones de inexistencia de derecho e indebida representación en la causa por pasiva, debido a que no le correspondía a ese Ministerio adelantar actividades específicas para controlar el orden público.

2.2.2.- La Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el suceso demandado fue causado exclusivamente por un tercero con el propósito de generar violencia y caos en la población civil.

2.2.3.- La Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional también insistió en que el hecho de un tercero (grupo al margen de la ley) fue la causa del daño a los demandantes.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de inexistencia de responsabilidad.

2.3.- La etapa probatoria y de alegatos de conclusión

A través de auto del 6 de octubre de 2004, el a quo decretó las pruebas solicitadas por las partes.

Vencido el período probatorio, por auto del 22 de febrero de 2007 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para lo de su competencia.

La Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional presentó escrito en el que señaló que, si bien existían rumores de una posible toma, no hubo amenazas concretas de un atentado terrorista a perpetrarse el 8 de febrero de 2002 en la finca “La Regada”, solo amenazas generales de violencia.

Aseguró que la víctima no hizo una solicitud previa de protección ante la fuerza pública, como tampoco puso en conocimiento la existencia de amenazas y en cuanto a la comunicación del 17 de diciembre de 2001, esta no guardaba relación con los hechos que luego ocurrieron.

En cuanto a la situación de orden público ocasionada por la violencia generalizada que se presentó entre el 2000 y el 2002 en varios municipios de Antioquia, indicó que el Ejército Nacional aumentó su pie de fuerza, realizó consejos de seguridad y patrullajes permanentes, tendientes a contrarrestar las acciones subversivas.

Consideró que, a pesar de las medidas de seguridad, la simultaneidad de los ataques guerrilleros y que el batallón Cacique Nutibara tenía jurisdicción en varios municipios de Antioquia, se tornaba “imposible” un cubrimiento total de las poblaciones.

La parte demandante insistió en que en febrero y diciembre de 2001 solicitó protección a las autoridades competentes por intermedio del gerente del INPA y del alcalde de Salgar; pese a ello, el auxilio no llegó y su propiedad fue atacada por un grupo armado ilegal el 8 de febrero de 2002.

Aseguró que las demandadas no demostraron que hubieran activado planes efectivos para proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos de Salgar.

Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, en sentencia del 27 de julio de 2013, negó las pretensiones de la demanda.

Ese Tribunal encontró probado que el 8 de febrero de 2002 la finca “La Regada” fue destruida por acción de un grupo armado ilegal y que ese mismo día se perpetró el secuestro de la señora Francia Margarita Castillo Vergara y de otra persona.

No obstante, consideró que tales daños no resultaban imputables a las entidades demandadas, pues, aunque la situación de orden público en el departamento de Antioquia era crítica, no resultaba previsible para el Ejército Nacional ni para la Policía Nacional que la finca “La Regada” y el establecimiento de comercio “Truchas El Plateado” serían atacados el 8 de febrero de 2002, toda vez que los actores no denunciaron amenazas ni solicitaron protección.

Sostuvo que entre 2000 y 2002 la mayoría de los atentados terroristas se presentaron en la región del nordeste antioqueño, por lo que no podía predicarse que el suroeste hubiere sido la zona más afectada en ese período, de ahí que no era posible afirmar que el atentado ocurrido el 8 de febrero de 2002 era previsible o evitable.

En cuanto a las comunicaciones a que hizo referencia la parte actora, en las que habría puesto en conocimiento de la situación de orden público en la zona a las autoridades competentes, señaló que aquellas fueron posteriores al hecho demandado y que no correspondían a solicitudes de protección a las fuerzas de seguridad del Estado, sino a escritos del director general del INPA para que solicitara al gobierno nacional que la situación que se presentaba con la actividad acuícola fuera incluida en el proceso de paz que el gobierno adelantaba con las FARC, para esa época.

Se trató de escritos dirigidos al alto comisionado para la paz y a la Fiscalía General de la Nación, por tanto, a su parecer, no hacían el hecho previsible para el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Agregó que de acuerdo con los testimonios recibidos dentro del proceso, no se encontraba clara la causa del atentado y los declarantes no señalaron la existencia de amenazas previas al hecho, solo coincidieron en afirmar que la presencia de guerrilleros y paramilitares era frecuente en las fincas de la zona.

Por tales motivos señaló que no se probó una falla en el servicio de protección de las demandadas. Tampoco las consideró responsables a título objetivo, dado que las accionadas no crearon el riesgo para la población civil en el municipio de Salgar ni tampoco fueron el objeto del atentado. Además, consideró que no tenía asidero la afirmación de que la actividad piscícola, por su importancia económica, se convirtió en un objetivo militar de los grupos armados ilegales.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara dicho proveído.

Sostuvo que la capacidad destructiva o las estrategias de guerra utilizadas por las organizaciones al margen de la ley no podían justificar la omisión del Estado de poner a disposición de los ciudadanos todos los medios necesarios para garantizar su seguridad.

Consideró que el análisis de la prueba no debió enfocarse en establecer si los demandantes solicitaron o no protección, sino en si las demandadas utilizaron los recursos con los que contaban para brindar el servicio de seguridad que, notoriamente, requería la comunidad y los demandantes.

Aseguró que ya se habían presentado cuatro atentados a trucheras en diferentes lugares del país, los que, si bien no ocurrieron en zonas aledañas a la finca “La Regada” y “Truchas El Plateado”, lo cierto es que en la región hacían presencia grupos armados ilegales y que la preexistencia de ataques a establecimientos de este tipo indicaba la posibilidad de que algo similar ocurriera en el municipio de Salgar.

Señaló que esto debió ser tomado como una alerta para todas las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad, a fin de que contrarrestaran y/o minimizaran cualquier incursión armada.

Concluyó que las entidades demandadas eran administrativamente responsables por la destrucción y pérdida de la finca piscícola de propiedad del demandante, a título de falla en el servicio de protección.

1.- El trámite de segunda instancia

Mediante auto del 11 de septiembre de 2013, el Tribunal a quo concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Por auto del 30 de enero de 2014, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.

2.- Los alegatos de conclusión en segunda instancia

A través de auto del 7 de marzo de 2014, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, si así lo consideraba pertinente.

La Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional presentó escrito en el que reiteró que los demandantes no elevaron solicitud de protección, lo que convertía el hecho en imprevisible para la fuerza pública y señaló que en casos como el formulado debía aplicarse el criterio de relatividad del servicio, es decir, que las autoridades están obligadas a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos pero en condiciones razonables.

La Nación-Ministerio del Interior y de Justicia insistió en la ocurrencia del hecho de un tercero y en la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no tuvo intervención alguna en la ocurrencia de los hechos demandados.

Finalmente, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

El Ministerio Público y la demandada Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional guardaron silencio en esta etapa procesal.

IV.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

Esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (30 de enero de 2004), pues la sumatoria de las pretensiones asciende a $6.060’700.000.

2.- Oportunidad de la acción

El asunto bajo examen se funda en que el 8 de febrero de 2002 la finca “La Regada” y el establecimiento de comercio denominado “Truchas El Plateado”, ubicados en la vereda “La Liboriana” del municipio de Salgar, fueron atacados por un grupo armado ilegal que causó su destrucción. Ese mismo día la señora Francia Margarita Castillo Vergara fue secuestrada por los actores armados que incursionaron en el lugar.

Lo anterior implica que los demandantes tenían hasta el 9 de febrero de 2004 para instaurar la demanda de reparación directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8 del C.C.A. y la demanda fue presentada el 30 de enero de 2004, esto es, de forma oportuna.

3.- Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

3.1.- Legitimación en la causa de los demandantes

Los señores Óscar de Jesús Gómez Duque y Francia Margarita Castillo Vergara son los demandantes en este asunto, en cuanto promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En cuanto a la legitimación material del señor Óscar de Jesús Gómez Duque por la destrucción de la finca “La Regada”, que alega ser de su propiedad, se allegaron copias auténticas de las escrituras públicas números 7.455 del 30 de noviembre de 1987 y 4.318 del 30 de septiembre de 1991 en las que consta la venta de dicho bien al demandante, mas no el certificado de tradición del inmueble.

De acuerdo con el criterio unificado de esta Sala, la legitimación en la causa por activa de quien acude ante esta jurisdicción alegando la calidad de propietario de un bien inmueble puede acreditarse a través del certificado de tradición, el cual constituye plena prueba, aunque no se hubiera aportado el título, pues se entiende debió ser presentado ante el Registrador de Instrumentos Públicos, quien dio fe de la existencia del mismo antes de efectuar su registro.

En el cambio jurisprudencial efectuado por la Sala Plena de la Sección Tercera a partir de la sentencia del 13 de mayo de 2014, se advirtió que lo expuesto en dicha providencia en manera alguna suponía que, en adelante, única y exclusivamente debía aportarse el certificado de tradición, esto es, la constancia de la inscripción del título en el Registro de Instrumentos Públicos como prueba de la propiedad, puesto que, si el interesado a bien lo tenía, podía allegar el respectivo título.

En el sub judice se aportaron los títulos traslaticios de dominio, mas no el certificado de tradición de la finca “La Regada” por lo que no se encuentra probada la propiedad; no obstante, la Sala considera que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque se encuentra legitimado para acudir a esta jurisdicción en calidad de poseedor.

Al respecto, el artículo 762 del Código Civil define la posesión como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. Esta definición distingue dos elementos que conforman la posesión: el corpus, o el ejercicio material del derecho, y el animus o la voluntad de considerarse titular del derecho.

De ahí que esta Subsección ha considerado que, para demostrar el ejercicio de la posesión material, el poseedor o quien la realice en su nombre deberá acreditar, mediante prueba idónea, ambos elementos:

“i) el corpus, es decir la manifestación externa o el conjunto de actos materiales que se realizan en virtud de la posesión, a partir de los cuales se revela una relación material, directa o indirecta, entre una persona y una cosa y ii) el animus, esto es, que los actos materiales se realicen con la voluntad de considerarse como titular del derecho, con el ánimo de señor y dueño, es decir, sin reconocer dominio ajeno”.

Sobre el particular se evidenció lo siguiente:

El 1 de marzo de 2002, la inspectora municipal de Salgar certificó que el 8 de febrero de 2002 ocurrió una incursión de grupos al margen de la ley en la finca “La Regada”, ubicada en la vereda “La Liboriana” de ese municipio, “de propiedad del señor Óscar de Jesús Gómez Duque”.

El 11 de marzo de 2002, el personero municipal de Salgar certificó que, el 8 de febrero de 2002, un grupo armado ilegal irrumpió en la finca “La Regada” de “propiedad del señor Óscar de Jesús Gómez Duque”, en donde se causaron graves daños materiales.

Igualmente, en el informe del 11 de febrero de 2002, que el comandante de la estación de policía de Salgar presentó a la Fiscalía Local de Salgar sobre los hechos ocurridos en la finca “La Regada” el 8 de febrero de 2002, ese funcionario señaló que el inmueble era de propiedad del señor Óscar de Jesús Gómez Duque.

Asimismo, en el informe del 15 de febrero de 2002, el comandante del batallón Nutibara denunció ante la Fiscalía Local de Salgar el homicidio de dos personas durante la incursión a la finca “La Regada” de propiedad del señor Óscar de Jesús Gómez Duque.

También los testigos Mario Alberto Rojas Vélez, Edison Zapata Garzón y Orlando Alberto Londoño Madrid, ex trabajadores de la finca “La Regada” y vecinos de la zona declararon que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque era el dueño de esa propiedad y que la adquirió para instalar la infraestructura de “Truchas El Plateado”.

Por tanto, la Sala deduce que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque ejercía actos de señor y dueño sobre la finca “La Regada”, lo que lo acredita como poseedor.

Adicionalmente, se comprobó que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque es propietario del establecimiento de comercio denominado “Truchas El Plateado”, de acuerdo con el certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Medellín y que, según los testigos antes mencionados, realizaba su producción en la finca “La Regada”.

Por tales motivos, la Sala considera que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque se encuentra materialmente legitimado en la causa para acudir ante esta Jurisdicción.

En cuanto a la señora Francia Margarita Castillo Vergara, también le asiste legitimación en la causa material, toda vez que demanda haber sido víctima de secuestro el 8 de febrero de 2002, durante la incursión armada perpetrada en la finca “La Regada”, uno de los motivos por los cuales la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín abrió investigación previa, como se verá más adelante.

3.2.- Legitimación en la causa de las demandadas

La Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y la Nación- Ejército Nacional y Policía Nacional se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que se les imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de las demandadas, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva de las accionadas en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

4.- El alcance de la apelación

En el caso sub exámine se tiene que el extremo activo de la litis edificó la impugnación contra la sentencia de primera instancia sobre los siguientes aspectos: i) el análisis de la prueba no debió enfocarse en establecer si los demandantes solicitaron o no protección, sino en si las demandadas brindaron el servicio de seguridad que la comunidad y los demandantes requerían; ii) ya se habían presentado cuatro atentados a trucheras en diferentes lugares del país y en la región hacían presencia grupos armados ilegales, lo que indicaba la posibilidad de que algo similar ocurriera en el municipio de Salgar; iii) las entidades demandadas eran administrativamente responsables por la destrucción y pérdida de la finca piscícola de propiedad del demandante, a título de falla en el servicio de protección.

5.- Hechos probados

5.1.- El señor Óscar de Jesús Gómez Duque se dedicaba al cultivo de trucha desde el 2 de diciembre de 1994

Así se desprende de la Resolución número 627 del 2 de diciembre de 1994, por medio de la cual el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA le otorgó permiso al señor Óscar de Jesús Gómez Duque para el cultivo de trucha en la vereda “La Liboriana” del municipio de Salgar.
Igualmente, los testigos Mario Alberto Rojas Vélez, Edison Zapata Garzón y Orlando Alberto Londoño Madrid, ex trabajadores de la finca “La Regada” y vecinos del lugar, señalaron que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque se dedicaba al cultivo de truchas, cuyas instalaciones se ubicaban en la finca “La Regada” y fueron destruidas el 8 de febrero de 2002, con ocasión de una incursión armada de actores ilegales.
También consta en el certificado de registro mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el 18 de noviembre de 2004, que el establecimiento de comercio denominado “Truchas El Plateado” se encuentra matriculado desde el 2 de mayo de 1993, dedicado a la explotación semi industrial de truchas, ubicado en el municipio de Salgar, de propiedad del comerciante Óscar de Jesús Gómez Duque.
Se concluye que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque se dedicaba al cultivo de trucha al menos desde 1994 y que las instalaciones de “Truchas El Plateado”, de su propiedad, se ubicaban en la finca “La Regada”, localizada en la vereda “La Liboriana” del municipio de Salgar.

5.2.- Sobre la situación de orden público en el municipio de Salgar entre el 2000 y el 2002 conocieron varias autoridades
El 17 de diciembre de 2001, el alcalde municipal de Salgar le solicitó apoyo al comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, toda vez que “un grupo del 34 frente de las FARC conformado por unos 250 hombres aproximadamente se disponían a tomarse en las horas de la mañana del día de hoy a esta localidad”. Señaló que dicho grupo se estaba enfrentando a otro de “autodefensas” a unos siete kilómetros de la cabecera municipal.
En la misma fecha y por igual motivo, el alcalde municipal de Salgar también solicitó apoyo al comandante de la Policía de Antioquia, al secretario de gobierno del departamento de Antioquia y a la procuradora departamental de Antioquia.
Según una comunicación del 12 de febrero de 2002, el gerente del INPA – Regional Andina puso en conocimiento del director general de esa entidad la difícil situación que atravesaban las granjas acuícolas antioqueñas, por encontrarse en zonas de conflicto (se trascribe de forma literal):
“Acudo a usted abusando de su paciencia y valioso tiempo para elevar una voz de alarma en relación con la muy grave situación que viene atravesando el sector productivo acuícola de este departamento como consecuencia no solo de las difíciles circunstancias de índole financiera y económica que lo rodean así como por la ausencia de un apoyo más real y efectivo por parte del Estado sino, muy principalmente, como consecuencia de la ferocidad con que los grupos subversivos han declarado como objetivo de sus bárbaras acciones a quienes ejercen la actividad.
“Son no menos de veinte (20) granjas acuícolas antioqueñas las que han cesado su actividad en los últimos dos años debido a los factores arriba anotados a lo cual ha contribuido definitivamente su localización en zonas de conflicto. La inmensa mayoría de productores han sido y son víctimas de la extorsión, el boleteo, el secuestro y el asesinato. La lista es ya larga: (…) el caso más reciente sucedido en la madrugada del 10 de febrero, es el del señor Óscar Gómez Duque, propietario de la granja Truchas El Plateado de Salgar cuyas instalaciones fueron dinamitadas, dos de sus empleados asesinados y tres más, incluida la zootecnista a cargo del proyecto, secuestrados. El señor Gómez había sido ya víctima de secuestro.
“(…).
“Es por lo anterior señor Director que asumo decididamente la vocería no solo de esta oficina sino igualmente la de aquellos productores bajo nuestra jurisdicción para solicitarle de manera comedida y respetuosa el asumir una férrea defensa del subsector ante el alto gobierno para que el tema del respeto a la actividad acuícola sea incluido en las mesas de negociación con la insurgencia y para que lidere usted iniciativas congresionales y gubernamentales que coadyuven a la recuperación económica de la actividad (…)” (negrillas de la Sala).

Como consecuencia, el 20 de febrero de 2002, el director general del INPA remitió una comunicación al alto comisionado para la paz de la Presidencia de la República, en la que señaló lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“…coloco en su conocimiento la grave situación de violencia que atraviesa la población dedicada al cultivo de la trucha en Antioquia, ocasionada por los grupos armados que actúan al margen de la ley.
“(…).
“Acudimos a usted como máximo representante del Gobierno Nacional en el tema de la paz, para que esta reprochable situación sea cuestionada, repudiada y recriminada ante los alzados en armas, quienes con su actuar solo están ocasionando desempleo, pobreza, desesperanza e inestabilidad en todo aspecto”.
En respuesta, el 26 de febrero de 2002, la secretaria privada del alto comisionado para la paz señaló que, siguiendo instrucciones de dicho funcionario, pondría en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos denunciados por el director general del INPA.
Igualmente, el 18 de abril de 2002, el personero municipal de Salgar reseñó los atentados perpetrados en propiedades rurales de esa zona entre ellos: los ataques a las fincas “La Margarita”, “El Mirador” y “Montenegro”, ubicadas en la vereda “La Liboriana”, en el 2000; el asalto a la finca “Montebello” en 2001; la incursión armada en la finca “La Regada” el 8 de febrero de 2002 y la explosión de la finca “El Guerrero” el 11 de febrero siguiente.
Ese funcionario también señaló que, junto con el alcalde municipal de Salgar, les manifestó sobre los atentados ocurridos durante el 2002 y solicitó apoyo por vía telefónica “a las autoridades policías y militares para proteger a la población civil, obteniendo respuesta oportuna”.
También el asesor jurídico del departamento de Policía de Antioquia informó sobre los ataques armados de grupos ilegales cometidos en los municipios de Anorí el 28 de febrero de 2000, Carolina del Príncipe el 1 de marzo de 2000, Granada el 6 de diciembre de 2000, Yolombó el 19 de diciembre de 2000 y Cañasgordas el 10 de mayo de 2001.
De ahí que se demostró que, en diciembre de 2001, antes del ataque a la finca “La Regada”, el alcalde municipal de Salgar solicitó ayuda a la fuerza pública ante la aparente inminencia de una incursión armada al casco urbano de esa localidad, pero no hizo referencia alguna sobre una posible irrupción a esa propiedad o de que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque le hubiera manifestado la existencia de amenazas o temores de que ello ocurriera.

Tampoco se probó que la toma del municipio de Salgar por parte de grupos armados ilegales hubiera ocurrido en diciembre de 2001, como su alcalde lo temía.

Igualmente se acreditó que, con posterioridad a los hechos del 8 de febrero de 2002, ocurridos en la finca “La Regada”, el gerente regional del INPA solicitó al director general de la entidad y este a su vez al alto comisionado para la paz de la Presidencia de la República, que la situación de orden público que afectaba las granjas acuícolas antioqueñas se tuviera en cuenta en los diálogos que adelantaba el Gobierno Nacional con el entonces grupo armado FARC.

La situación de alteración del orden público con ocasión del conflicto armado en Salgar y en otros municipios de Antioquia afectó a varias propiedades rurales entre el 2000 y el 2002, circunstancia de la que eran conocedores las autoridades municipales, la fuerza pública y el Gobierno Nacional. 5.3.- El 8 de febrero de 2002, actores armados ilegales incursionaron en la finca “La Regada” causando daños materiales a esa propiedad, al establecimiento “Truchas El Plateado”, así como pérdidas a la vida y libertad personal de sus trabajadores
El personero municipal de Salgar informó la situación a la procuradora provincial de Antioquia (se trascribe de forma literal):
“Para el día 8 de febrero de 2002, en zona rural de este municipio incursionó un grupo al margen de la ley en la vereda La Liboriana, finca La Regada, propiedad del señor Óscar Gómez Duque, en donde se causaron grandes daños materiales a ese inmueble y en los mismos hechos perdieron la vida en forma violenta las siguientes personas: Rubén Darío Gómez Zapata y Sergio Andrés Restrepo Fernández”. Igualmente, la inspectora de policía de Salgar certificó los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2002 en la finca “La Regada” así (se trascribe de forma literal):
“Que el día 08/02/2002 hubo una incursión de grupos al margen de la ley en la vereda La Liboriana, finca La Regada, jurisdicción de este Municipio y propiedad del señor Óscar Gómez Duque, identificado con cédula de ciudadanía (…) en la cual incineraron las instalaciones de Truchas El Plateado comprendidas por: bocatoma, instalaciones sala de proceso, área 171 mts., equipos inoxidables, dos (2) cavas der frío, canastas plásticas, dos (2) empacadoras al vacío, básculas y balanzas, extractores, biomasa (peces vivos), dieciocho (18) toneladas, biomasa (en cava), cinco (5) toneladas de animales, aspiradora de vísceras. Casa, bodega y oficina comprendidas por: construcción, seis (6) motobombas, equipos, noventa (90) bultos de concentrado, muebles y enseres, generador, planta eléctrica, incubadoras peces, canaletas, sistema de enfriamiento, aireadores. Cuarto de pelton comprendido por: construcción, generador, sistema eléctrico, pelton, válvula y tubería”. El comandante de la estación de policía de Salgar informó sobre los hechos del 8 de febrero de 2002 a la Fiscalía Local de Salgar, en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):
“(….) aproximadamente a las 14:00 horas incursionaron en la finca La Regada correspondiente a la vereda con el mismo nombre, jurisdicción de este municipio, unos 200 bandoleros pertenecientes al parecer al 34 frente de las FARC los cuales reunieron la gente y les manifestaron que de los que había allí se morirían dos procediendo a sacar a los señores Sergio Andrés Restrepo Fernández y Rubén Darío Gómez Zapata, a quienes minutos después dieron muerte y siguieron tumbando e incinerando el resto de la truchera de la cual abrieron cada uno de los estanques de la finca matando aproximadamente unos 240.000 peces; igualmente, al parecer, soltaron unos 400 cerdos que había en el mismo lugar. La mencionada finca fue destruida según informaciones con pipetas de gas.
“(…) debido a lo anterior quedaron sin empleo alrededor de 30 personas, dicha finca es de propiedad del señor Óscar Gómez Duque, de la misma forma fueron plagiados por este mismo grupo subversivo el señor Sebastián Restrepo y la señora Francia Margarita Castillo Vergara, sin más datos”. El comandante del batallón de infantería Cacique Nutibara dirigió una comunicación a esa Fiscalía para denunciar la incursión armada y el homicidio de dos personas en la finca “La Regada” el 8 de febrero de 2002.

Sobre lo acontecido ese día en la finca “La Regada”, el señor Mario Alberto Rojas Vélez, ex trabajador del lugar, declaró lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“(…) Sí, ese día estuve yo allá en esa finca y me tocó presenciar lo ocurrido, de eso hace cuatro años, pero no recuerdo la fecha exacta, me parece que fue un ocho como en el mes de marzo, eso fue al mediodía. Allá llegó la guerrilla, se decía que el 37 o 34 frente de las FARC y ya comenzaron a destruir todo. Nos dejaron dos días detenidos ahí en la hacienda en las trucheras, o sea, el primer día que fue un viernes se llevaron lo que fue el ganado, las bestias, hasta donde tengo conocimiento en ganado se llevaron unas doscientas ochenta reses y bestias eran ochenta; se llevaron a la tecnóloga Margarita, no recuerdo el apellido, se llama Francy Margarita, secuestrada. Por ahí a las tres de la tarde mataron a un muchacho que era trabajador de la truchera, era el celador que se llamaba Rubén pero no recuerdo el apellido y el otro muchacho que mataron no era de la finca, pero era vecino y él subía de estudiar y lo cogieron más abajo de la hacienda, no sé cómo se llamaba el muchacho. Ya luego comenzaron a dinamitar lo que era la truchera, o sea que ya ese día destruyeron todo lo que eran enseres, la planta del proceso de las truchas, ya el otro día volaron la bocatoma de la truchera y comenzaron a destapar los estanques y ahí fue donde se perdió toda la trucha, había veinticinco toneladas nadando y trescientas mil truchas y más tarde ya comenzaron a destruir la marranera que había como seiscientos marranos, ellos se llevaron muchos cerdos no sé qué cantidad y abrieron la marranera, ya luego nos dieron orden de que podíamos bajar de allá y ellos se quedaron allá. (…) PREGUNTADO. Indíquele al despacho si preguntaron por el señor Óscar de Jesús Gómez Duque y trataron de indagar su paradero. CONTESTÓ. Sí preguntaron por él pero él no se encontraba en la hacienda. (…) PREGUNTADO. ¿Qué se rumoraba o comentaba del porqué de dicho ataque? CONTESTÓ. Pues porque de pronto el dueño de la finca don Óscar Gómez no pagarle vacuna a la guerrilla. PREGUNTADO. Dígale al despacho ¿cuánto tiempo duró en poder de los captores la señora Francia Margarita Castillo Vergara y si pidieron rescate por su liberación? CONTESTÓ. Hasta donde yo tengo la información y que me dijeron a mí, dizque estuvo secuestrada cuatro meses y no sé si pedirían rescate por ella. (…) ella se desempeñaba como tecnóloga en la granja allá en la finca La Regada (…) Sí había rumores de que la guerrilla se iba a tomar las fincas, la gente decía que la guerrilla estaba diciendo que se iba tomar esas fincas. (…) PREGUNTADO. ¿Sabe usted si al señor Óscar de Jesús y a los demás finqueros los estaba extorsionando o amenazando la guerrilla? CONTESTÓ. Sí, pues debido a eso a que no pagaban vacunas fue que procedieron a la destrucción de las fincas”. Otro testigo presencial de los hechos, el señor Orlando Alberto Londoño Madrid, domador de bestias, quien trabajó para el señor Óscar de Jesús Gómez Duque en la finca “La Regada”, relató lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“Yo ese día de los hechos subí a la finca La Regada con la señora Francia Margarita Castillo Vergara eso fue un viernes por la mañana que subimos y cuando llegamos allá estaba el 34 frente de las FARC entonces nos cogieron a los dos y nos preguntaron que qué estábamos haciendo y ella dijo que ella era la esposa del dueño de la finca y que yo la estaba acompañando, entonces ya nos separaron y ahí fue cuando comenzaron a volar el matadero de las truchas, la casa de las truchas, la casa de las marraneras y como era tanta la gente otros comenzaron a recoger el ganado y las bestias y a empacar marranos pequeños en costales, ya al momentico mataron al muchacho Rubén que trabajaba allá en la finca La Regada y a un estudiante que había detenido en la carretera.

Esos hechos sucedieron en horas de la mañana porque esa agente llegó como esa noche antes, eso fue el ocho de febrero de 2002. No me doy cuenta cuál fue la razón para que destruyeran la casa de la truchera, el matadero de las truchas y la marranera, ellos decían que porque no les colaboraban. (…) Secuestraron a la compañera de don Óscar Gómez doña Francia Margarita Castillo. (…) En el mismo tiempo que ocurrió lo de La Regada volaron varias fincas, entre ellas Montenegro, El Mirador, La Virgen, Gualanday, destruyeron las haciendas y los beneficios, en una de las fincas que volaron hubo muertos pero no recuerdo en cuál. (…) PREGUNTADO. Indíquele al despacho si tiene conocimiento si los propietarios de la empresa Truchas El Plateado habían recibido amenazas con anterioridad a los hechos y si habían puesto en conocimiento de las autoridades dicha situación. CONTESTÓ. Sí iba la guerrilla allá a la finca La Regada por truchas, ganado, cerdos, bestias y eso era muy frecuente y a las autoridades sí se les avisaba pero no iban porque se trataba de mucha guerrilla. (…) sí había mucho comentario de la gente que la guerrilla se iba tomar el pueblo o fincas y así ocurrió por lo de las fincas que ya mencioné anteriormente, siempre los comentarios eran que la guerrilla se iba a tomar el pueblo. (…) en la finca no secuestraron trabajadores. (…) PREGUNTADO. Cuando usted en una de sus respuestas anteriores afirma ‘sí iba la guerrilla allá a la finca La Regada por truchas, ganado, cerdos, bestias’ quiere significar que la guerrilla recibía regalados estos animales o se los tomaba por la fuerza. CONTESTÓ. Se los tomaban por la fuerza”. El señor Edison Zapata Garzón, otro ex trabajador de la finca “La Regada”, señaló lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“(…) Eso fue en un febrero de dos mil uno me parece, yo en esos momentos no me encontraba allá en la finca, yo estaba en Medellín cargando un concentrado para llevar para la finca La Regada, me dijeron que llegó una gente y que volaron toda la finca, se dijo que era la guerrilla. Que era mucha, mucha gente, que por ahí de trescientos a cuatrocientos hombres, todos armados y que habían volado toda la finca. No me doy cuenta a qué horas fue el hecho, yo fui a la finca como a los ocho días y vi todo destruido. (…) Dicen que en ese momento había trescientas mil truchas que son alrededor de unas veinticinco a veintiséis toneladas; había ocho toneladas en cava ya para comercializar, alrededor de doscientas ochenta reses, como alrededor de sesenta bestias, alrededor de cincuenta lechones y toda la estructura física de la truchera fue volada, lo que fue ganado todo se lo llevaron. La casa fue destruida en su totalidad la que era construida toda en material, estaba dotada de todos los equipos para el procesamiento de la trucha, la casa tenía todos sus enseres. La planta de la truchera tenía sus cavas, todos los implementos que se necesitan para el procesamiento de la trucha y todo en general fue destruido. (…) PREGUNTADO. Dígale al despacho si en esa ocasión fincas aledañas a la hacienda La Regada también fueron destruidas por ese grupo insurgente. CONTESTÓ. Sí fueron destruidas dos fincas más, aclaro que tres fincas. (…) PREGUNTADO. ¿Por qué cree usted que el señor Óscar Gómez Duque y los propietarios de las demás fincas que fueron destruidas en esa ocasión sufrieron los referidos ataques? CONTESTÓ. Porque no accedían a vacunas y extorsiones que ellos pedían, o sea esos grupos armados y que fueron los que destruyeron las fincas. (…) Hubo dos pérdidas humanas, un trabajador de la finca y un muchacho particular que estudiaba acá en el pueblo y había subido a visitar a la mamá que vivía cerca de la finca La Regada. (…) PREGUNTADO. Dígale al despacho si usted conoció a Francia Margarita Castillo Vergara. CONTESTÓ. Sí la conozco, ella hace parte de administrarle las cosas a don Óscar Gómez, ella era como la asesora de don Óscar.

PREGUNTADO. ¿Sabe usted si en esa ocasión Francia Margarita fue secuestrada? (…) CONTESTÓ. Ella estuvo secuestrada alrededor de cinco o seis meses, ella se encontraba en la finca cuando ocurrieron los hechos, no tengo conocimiento si exigieron dinero por el rescate. (…) PREGUNTADO. ¿Sabe usted si las otras fincas que fueron destruidas por el sector donde se ubica la finca La Regada lo fueron el mismo día o en días anteriores a la toma de la finca La Regada? CONTESTÓ. Fueron en esa misma semana y días anteriores habían sido destruidas otras de más abajo. (…) en varias ocasiones los dueños de las fincas habían sido amenazados y extorsionados. (…) en varias ocasiones pusieron en conocimiento de la Policía y de la alcaldía sobre el riesgo que había en el sector por grupos ilegales y las continuas amenazas que venían presentando y eso lo hizo también don Óscar. (…) Se escuchaba el rumor de que en cualquier momento iban a hacer una toma”.

Estos tres testigos también manifestaron que para la época de los hechos la presencia militar en el municipio de Salgar era escasa, así como la de la Policía Nacional, según el señor Orlando Alberto Londoño Madrid, la estación de policía solo contaba con unos doce o quince hombres y el Ejército Nacional con unos 40 o 50 uniformados. Por solicitud de la parte demandante, el a quo decretó como prueba que se allegara al proceso la investigación preliminar adelantada por la Fiscalía 51 Local de Salgar sobre los hechos del 8 de febrero de 2002. Esa Fiscalía le comunicó al comandante de la estación de policía de ese municipio que el señor Óscar de Jesús Gómez Duque había denunciado que los enseres que quedaron útiles luego del atentado a la finca “La Regada” estaban siendo sustraídos por moradores de la zona y le solicitó tomar las medidas pertinentes, así como informarle quiénes comandaban el 34 frente del entonces grupo armado FARC y quienes habían participado en el acto terrorista. A su vez, el comandante de la estación de policía de Salgar le informó quiénes fueron las personas identificadas como miembros del entonces grupo armado ilegal que participaron en la incursión a la finca “La Regada”. Posteriormente, la investigación preliminar por los hechos del 8 de febrero de 2002 pasó al conocimiento de la Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Medellín. Luego, la investigación fue reasignada a la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín que, el 15 de abril de 2006, avocó la actuación iniciada desde el 11 de febrero de 2002 por las muertes de 2 personas y el secuestro de los señores Francia Margarita Castillo Vergara y Sebastián Restrepo, en hechos ocurridos el 8 de febrero de 2002, en la finca “La Regada”. Dentro de dicha investigación penal, cuyas copias fueron decretadas como pruebas a solicitud de la parte demandante y allegadas al proceso, los ex trabajadores de la finca “La Regada”, señores Mario Alberto Rojas Vélez, Delio Antonio Jaramillo Escalante, William Antonio Jaramillo González, Carlos Mario Madrid Castañeda, Ramón Antonio Gutiérrez Muñoz y Sandra Johana Jaramillo González, quienes presenciaron los hechos del 8 de febrero de 2002, declararon que no conocieron de amenazas o denuncias previas por parte del señor Óscar de Jesús Gómez Duque, como tampoco sabían si este había sido objeto de extorsión o de intimidación. Cuando se les preguntó si sabían los motivos por los cuales la finca “La Regada” fue asaltada, solo el señor Mario Alberto Rojas Vélez respondió que los sujetos armados “dijeron que donde tuviera una propiedad el patrón mío la volaban, no mencionaron a nadie en especial, dijeron que le iban a volar las fincas a los ricos”. A la misma pregunta, el señor Ramón Antonio Gutiérrez Muñoz señaló que “ellos decían que porque en esa finca le alcahueteaban a los ‘paras’, ya que allí se mantenían”. Cuando se le preguntó si en el tiempo en que laboró en la finca “La Regada” hizo presencia algún grupo armado, la señora Sandra Johana Jaramillo González manifestó que “los que iban de vez en cuando eran los paramilitares, que iban a dar vuelta pero permanecían allí por poco tiempo, en ocasiones llegaban en la tarde, amanecían allí y al otro día se iban por la mañana”.

Finalmente, el comandante del batallón de infantería Cacique Nutibara señaló lo siguiente:
“Como es de conocimiento general, en el suroeste antioqueño han hecho presencia desde muchos años atrás grupos guerrilleros del 34 frente de las FARC, del ERP-ONT y de paramilitares, estos últimos sin que se haya vuelto a tener algún antecedente de su proceder delictivo en esta zona.
“Las medidas de seguridad que se mantienen no solamente sobre Salgar sino en toda la jurisdicción que corresponde a esta unidad táctica, se refieren a labores de patrullaje y control de área que en forma permanente se está efectuando a través de nuestras contraguerrillas destinadas para tal fin.
“De otra parte, no se encontró ningún reporte o antecedentes sobre previas denuncias de atentados y/o amenazas del señor Óscar de Jesús Gómez Duque ni de la señora Francia Margarita Castillo Vergara, ni sobre sus bienes, como tampoco que se haya adelantado algún proceso penal o disciplinario sobre el particular”. Corolario de todo lo anterior, se encuentra probado que el 8 de febrero de 2002, la finca “La Regada” y las instalaciones del establecimiento de comercio “Truchas El Plateado” fueron objeto de toma y saqueo por parte miembros de un grupo armado ilegal, día en que destruyeron el lugar, hurtaron reses y cerdos, dieron muerte a dos personas, uno de ellos trabajador de la finca y secuestraron a otras dos, entre ellas, a la hoy demandante Francia Margarita Castillo Vergara.

Los hechos del 8 de febrero de 2002, que se concentraron en las instalaciones de la finca “La Regada” y de “Truchas El Plateado”, no ocurrieron con ocasión de un enfrentamiento con miembros de la fuerza pública ni en virtud de una persecución por parte del Ejército Nacional o de la Policía Nacional, ni como consecuencia de una toma generalizada al municipio de Salgar o de un ataque a algún objetivo estatal.

Tampoco se probó ningún tipo de participación o connivencia de agentes del Estado en la incursión armada a la finca “La Regada”.

Según algunos testigos, antes del 8 de febrero de 2002 se escuchaban rumores de que “la guerrilla” se iba a tomar las fincas; los propietarios de los predios rurales habían sido amenazados o extorsionados y fueron objeto de ataques por no pagar “vacunas”, incluido el señor Óscar de Jesús Gómez Duque, y estos habían puesto en conocimiento de las autoridades dicha situación.

En cambio, otros testigos, ex trabajadores de la finca “La Regada” señalaron que no tuvieron conocimiento de amenazas o extorsiones en contra del señor Óscar de Jesús Gómez Duque e incluso manifestaron que “la guerrilla” se tomó la propiedad porque allí “alcahueteaban” a los paramilitares y que estos a veces visitaban el lugar.

No se demostró que, con anterioridad a los hechos del 8 de febrero de 2002, el señor Óscar de Jesús Gómez Duque hubiera denunciado amenazas contra su vida, la libertad personal de sus trabajadores o las instalaciones de la finca “La Regada” y de “Truchas El Plateado”, que estuviera siendo extorsionado o que temiera que la propiedad fuera atacada.

6.- Los daños
De acuerdo con la prueba testimonial y la indagación preliminar adelantada por la Fiscalía, los daños consistentes en la destrucción de la finca “La Regada” y de las instalaciones del establecimiento de comercio “Truchas El Plateado”, así como el secuestro de la señora Francia Margarita Castillo Vergara por parte de miembros de un grupo armado ilegal, se encuentran demostrados, tal como se describió en el acápite anterior.
7.- La imputación

El a quo consideró que el daño no resultaba imputable a las entidades demandadas, pues no resultaba previsible para el Ejército Nacional ni para la Policía Nacional que, la finca “La Regada” y el establecimiento de comercio “Truchas El Plateado” serian atacados el 8 de febrero de 2002, toda vez que los actores no denunciaron amenazas ni solicitaron protección.

Consideró que no se probó una falla en el servicio de protección de las demandadas y que estas tampoco eran responsables a título objetivo, dado que no crearon el riesgo para la población del municipio de Salgar ni fueron el objetivo del atentado.

Por su parte, los demandantes cuestionaron lo señalado por el a quo respecto de la imputación del daño, con base en los siguientes argumentos:

7.1. El análisis de la prueba no debió enfocarse en establecer si los demandantes solicitaron o no protección, sino, en si las demandadas brindaron el servicio de seguridad que la comunidad y los demandantes requerían

Al respecto la Sala Plena de la Sección Tercera ha precisado que los títulos por los cuales puede imputarse responsabilidad al Estado por actos violentos de terceros son la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial bajo los siguientes criterios:

“En conclusión, frente a los actos violentos de terceros, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que el concepto de falla del servicio opera como fundamento de reparación cuando: i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este.

“(…).

“Para que el acto violento causado materialmente por terceros sea imputado al Estado es menester que, según lo dicho por esta Corporación, esté dirigido contra blancos selectivos, esto es, personas o instituciones representativas del Estado, pues si el acto violento es de carácter indiscriminado cuyo objetivo es provocar, como lo es el acto de terrorismo, pánico, temor o zozobra entre la población civil, no es posible declarar la responsabilidad del Estado con fundamento en el riesgo excepcional.

“(…) si la conducta estatal es también lícita, no riesgosa y se ha desarrollado en beneficio del interés general, pero produce al mismo tiempo un daño de naturaleza grave o anormal que impone un sacrificio mayor a un individuo o grupo de individuos determinado con lo que se rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas, el fundamento de la responsabilidad será también objetivo bajo la modalidad de daño especial”.

El argumento de los apelantes se enfoca en una falla de las demandadas, por una supuesta omisión en la prestación del servicio de seguridad que la comunidad del municipio de Salgar y los demandantes requerían.

Pues bien, de conformidad con las precisiones realizadas por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia que se acaba de citar, procede la Sala a determinar si en el sub judice se presentó alguna de las situaciones que allí se describen y que comprometen la responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros:

En la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales:

Esta causa se descarta, dado que no se probó participación, complicidad o cooperación alguna de agentes estatales en la incursión armada perpetrada por un grupo armado ilegal, al parecer el 34 frente de las FARC – no se conoció en este proceso sentencia penal ejecutoriada en contra de los actores materiales del hecho – en la finca “La Regada”.

Se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante):

En primer lugar, los hechos en que se funda la causa petendi no constituyeron un ataque indiscriminado sino uno específico en contra de la propiedad rural del demandante y de su establecimiento de comercio, que fueron saqueadas y destruidas, dos de sus trabajadores asesinados y otras dos personas secuestradas.

Según los testigos, el grupo armado ilegal atacó “las fincas de los ricos” porque creía que en esos lugares colaboraban con los “paramilitares”.

En segundo lugar, no se probó que los actores solicitaran protección específica para su libertad personal, su vida o sus bienes, que hubieran denunciado amenazas o que temieran que la propiedad y el establecimiento de comercio “Truchas El Plateado” serían atacados.

Solo se demostró que, con posterioridad al ataque perpetrado en la finca “La Regada”, el gerente regional y el director general del INPA pusieron en conocimiento del alto comisionado para la paz de la Presidencia de la República la situación que estaban atravesando las granjas acuícolas antioqueñas por la alteración del orden público, para que este tema se tuviera en cuenta en los diálogos de paz que adelantaba el Gobierno Nacional con el entonces grupo armado FARC.

La única solicitud expresa de protección que consta en el proceso es la presentada por el alcalde municipal de Salgar el 17 de diciembre de 2001, en la que señalaba que se estaban presentado combates entre grupos armados ilegales cerca del casco urbano y temía que llegaran a la cabecera municipal e hicieran una toma de la población, por eso el funcionario solicitó apoyo a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, al secretario de gobierno de Antioquia y a la Procuradora regional, pero no mencionó peligro alguno ni solicitó protección para las propiedades rurales, entre ellas finca “La Regada”, ubicada en la vereda “La Liboriana”.

En todo caso, no se probó que el temido ataque al municipio de Salgar ocurriera en diciembre de 2001 y las comunicaciones del alcalde datan de dos meses antes de la incursión armada a la finca “La Regada”, sin que luego se hubieran presentado combates o enfrentamientos con otros grupos o con la fuerza pública ni se denunciaran extorsiones o amenazas de un ataque a esa propiedad.

Tampoco se probó que, una vez el grupo armado ilegal tomara la finca “La Regada” el 8 de febrero de 2002, alguna persona hubiera solicitado ayuda al Ejército Nacional o a la Policía Nacional y estos no hubieran acudido en su auxilio o que de algún modo la fuerza pública hubiera tenido noticia de lo que acontecía en ese lugar y que no tomara las medidas necesarias para el rescate de las personas y de los bienes.

Según los testigos, los actores armados ilegales habrían permanecido entre uno y dos días en la finca “La Regada” reteniendo a los trabajadores, de lo que se infiere que ninguno pudo pedir ayuda a las autoridades.

Incluso, los testigos Mario Alberto Rojas Vélez y Edison Zapata Garzón declararon que la finca “La Regada” se ubicaba entre 6 y 15 kilómetros de distancia del casco urbano de Salgar, lo que también habría dificultado que en la estación de policía se enteraran de lo que ocurría en ese lugar.

La población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque

No se probó que el atentado a la finca “La Regada” fuera previsible, pues lo único que señalaron los testigos es que se escuchaban rumores de que se iban a tomar el pueblo o las fincas, pero no de que las autoridades tuvieran esta información y no hubieran tomado medidas de prevención o solicitado refuerzos para enfrentar un posible ataque.

A ello se suma que los últimos ataques perpetrados por grupos armados ilegales a la propiedades rurales de la vereda “La Liboriana”, esto es, los realizados a las fincas “La Margarita”, “El Mirador” y “Montenegro”, ocurrieron en el 2000, como lo certificó el personero municipal de Salgar; mientras que el cometido en contra de la finca “La Regada”, ubicada en la misma vereda, ocurrió el 8 de febrero de 2002, de modo que no hubo una inmediatez que hiciera el hecho previsible, aunque el demandante no hubiera denunciado extorsiones o amenazas.

Además, la afectación a las granjas acuícolas antioqueñas por la alteración del orden público se puso en conocimiento del Gobierno Nacional, a través del alto comisionado para la paz de la Presidencia de la República, después del atentado a la finca “La Regada”.

Tampoco el hecho objeto de reparación directa era previsible por la situación de las granjas acuícolas en otras zonas de Antioquia, pues, como también lo certificó el departamento de Policía de Antioquia, los ataques armados de grupos ilegales cometidos entre febrero de 2000 y mayo de 2001 ocurrieron en los municipios de Anorí, Carolina del Príncipe, Granada, Yolombó y Cañasgordas, es decir, nordeste, oriente y occidente antioqueño y el municipio de Salgar está ubicado en el suroeste antioqueño, de modo que no podía afirmarse que se encontraba en la subregión más afectada por el conflicto en ese departamento.

De ahí que no resultaba exigible para el Ejército Nacional o la Policía Nacional realizar alguna acción encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna un ataque que no resultaba previsible ni por hechos precedentes en la zona, ni por una manifestación en particular del grupo armado ilegal o del poseedor de la finca “La Regada” o de alguien de la comunidad que así lo hubiera expresado ante las autoridades.

El Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este

No se probó que las demandadas crearan una situación de riesgo que se materializara en detrimento de la finca “La Regada” o de “Truchas El Plateado”, pues los daños sufridos por la propiedad y las personas no ocurrieron en el contexto de un enfrentamiento entre el grupo armado ilegal y la fuerza pública, tampoco por un ataque directo al Ejército Nacional o a la Policía Nacional por acampar o encontrarse en inmediaciones del lugar o porque el inmueble se encontraba ubicado en cercanías a una institución estatal que creara este riesgo, sin haber tomado las medidas de prevención o de alerta necesaria, ante el conocimiento de un posible ataque.

Tampoco podría responsabilizarse a las demandadas a título de riesgo excepcional pues, se itera, el objetivo del grupo armado ilegal fue la finca “La Regada”, una propiedad rural privada, no un objetivo institucional ni tampoco se encontraba cerca de alguna institución estatal que la hiciera vulnerable.

Asimismo, no puede considerarse que la producción acuícola y vacuna a la que se dedicaban los demandantes, por constituirse en un importante sector de la economía del país, debía catalogarse como un “objetivo militar” de los grupos alzados en armas, situación que los actores no se encontraban obligados a soportar, dado que se trata de un gremio, que como todos, merece protección del Estado, pero no puede catalogarse como una institución o figura estatal.

De igual modo, no se reúnen los elementos para declarar una responsabilidad por daño especial, pues los agentes del Estado no efectuaron una conducta lícita que causara los daños sufridos por los demandantes, es decir, en este caso no se presentó un enfrentamiento con la fuerza pública que provocara la destrucción de los bienes y la violación a la libertad personal de los demandantes, a la vida o a la integridad de sus trabajadores.

No se comprobó una actuación lícita, no riesgosa de las demandadas que, en cumplimiento de sus funciones, hubiera causado o concurrido en la realización de los daños alegados por los accionantes, que les impusiera tal sacrificio superior a cualquier carga pública.

7.2.- Las entidades demandadas son administrativamente responsables por la destrucción y pérdida de la finca piscícola de propiedad del demandante, a título de falla en el servicio de protección

Frente a este argumento de la apelación, considera la Sala que no se demostró la falla en el servicio de protección de las demandadas que causara la destrucción y pérdida de la finca piscícola pues, se itera, los accionantes no solicitaron protección para sus bienes, su integridad o su libertad personal, no denunciaron amenazas o extorsiones y no ocurrieron ataques a otras fincas de la vereda “La Liboriana” del municipio de Salgar, con inmediación al ocurrido a la finca “La Regada”, que hiciera el hecho previsible o evitable.

7.3.- Ya se habían presentado cuatro atentados a trucheras en diferentes lugares del país y en la región hacían presencia grupos armados ilegales, lo que indicaba la posibilidad de que algo similar ocurriera en el municipio de Salgar

Como antes se advirtió, la situación de orden público en Antioquia con ocasión del conflicto armado era generalizada, se habían presentado incursiones armadas en otros municipios del nordeste, oriente y occidente antioqueño pero, con características distintas, pues se trató de ataques directos a las cabeceras municipales o plantas de energía auxiliar ubicadas en zonas rurales o a los comandos de la Policía Nacional, como lo informó el Departamento de Policía de Antioquia sobre las ofensivas a los municipios de Anorí, Carolina del Príncipe, Granada, Yolombó y Cañasgordas.

Incluso, los ataques a las propiedades rurales ubicadas en la vereda “La Liboriana” en el municipio de Salgar, como antes se anotó, ocurrieron en el 2000, más de un año antes del ataque a la finca “La Regada”, lo que no hacía evidente o inminente su ocurrencia.

De hecho los mismos apelantes reconocen que los atentados a trucheras en diferentes lugares del país no ocurrieron en zonas aledañas a la finca “La Regada” y “Truchas El Plateado”.

Igualmente, pese a los temores manifestados por el alcalde municipal de Salgar, el 17 de diciembre de 2001, no se comprobó que ese municipio o las propiedades rurales cercanas hubieran sido atacadas en esa fecha y, aunque no se demostró qué medidas específicas frente a la seguridad del municipio tomaron el Ejército Nacional o la Policía Nacional, el personero municipal de Salgar señaló que, junto al alcalde, solicitaron apoyo por vía telefónica y obtuvieron una respuesta oportuna.

Adicionalmente, el comandante del Batallón de Infantería Cacique Nutibara aclaró que las medidas de seguridad se mantenían no solamente sobre el municipio de Salgar sino en toda la jurisdicción que le correspondía a esa unidad táctica, consistentes en labores de patrullaje y control de área a través de los grupos de contraguerrilla.

Por todo lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada.

8.- Otras consideraciones

Como lo resaltó la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, en el marco del Estado social de derecho ninguna víctima puede, bajo ningún motivo, quedar desamparada de la sociedad y de su representante legítimo el Estado. Si bien los daños fueron producidos por un acto terrorista, planeado, ejecutado y dirigido exclusivamente por actores no estatales, y cuyo móvil no fue algún objetivo estatal, corresponde al Estado y a la sociedad, con fundamento esencial en el principio de solidaridad, acudir en su auxilio.

Lo anterior, por cuanto el Estado no debe tolerar que en la sociedad perdure un estado de cosas injustas, pues una de sus misiones básicas es la de asegurar la protección, garantía y disfrute de los derechos y bienes jurídicos de los asociados contra toda forma de criminalidad y de terrorismo.

De ahí que, si bien el principio de responsabilidad obedece claramente a un juicio de atribución de un daño, el principio de solidaridad obedece, esencialmente, a situaciones contrarias a un orden social justo, frente a las cuales se impone generar oportunidades y proveer bienes o servicios, razón por la cual existen mecanismos legales que prevén mecanismos especiales de compensación para proteger a las víctimas de los actos terroristas.

Como consecuencia, esta Sala ordenará que se remita copia del presente fallo a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de modo que los señores señor Óscar de Jesús Gómez Duque y Francia Margarita Castillo Vergara sean incluidos, si es que no lo están, en el programa de medidas de asistencia y atención a víctimas a cargo de esa entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

9.- Decisión sobre costas

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, el 27 de julio de 2013, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por Secretaría enviar copia de esta providencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a fin de que los señores Óscar de Jesús Gómez Duque y Francia Margarita Castillo Vergara sean incluidos, si es que no lo están, en el programa de medidas de asistencia y atención a víctimas a cargo de esa entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

TERCERO Sin lugar a costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Es la fecha del sello de radicación de la demanda en el Tribunal Administrativo de Antioquia, folio 125 cuaderno 1. Ambos actores otorgaron poder para demandar, según consta y se anotan sus nombres como los suscriben en los poderes visibles a folios 1 y 2 cuaderno 1. Fls. 2 a 21 cuaderno 1. Fls. 127 y 128 cuaderno 1. Fl. 128 vuelto cuaderno 1. Fl. 132 cuaderno 1. F. 129 cuaderno 1. Fl. 130 cuaderno 1. Fls. 142 a 149 cuaderno 1. Fls. 150 a 158 cuaderno 1. Fls. 165 a 175 cuaderno 1. Fls. 177 y 178 cuaderno 1. Fl. 451 cuaderno 1. Fls. 453 a 472 cuaderno 1. Fls. 473 a 487 cuaderno 1. Fls. 535 a 568 cuaderno de segunda instancia. Fls. 570 a 578 cuaderno de segunda instancia. Fl. 579 cuaderno de segunda instancia. Fls. 583 a 586 cuaderno de segunda instancia. Fl. 588 cuaderno de segunda instancia. Fls. 593 a 599 cuaderno de segunda instancia. Fls. 607 a 609 cuaderno de segunda instancia. Fls. 610 a 614 cuaderno de segunda instancia. El valor del salario mínimo legal mensual vigente para el 2004 era de $358.000, por lo que 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $179’000.000. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010: “La cuantía se determinará así: (...) 2. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”. Fls. 188 a 189 y 198 a 201 cuaderno 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), CP: Mauricio Fajardo Gómez
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de octubre de 2014, exp. 25000232600020020034301 (33767), CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Fl. 206 cuaderno 1. Fl. 31 cuaderno 1. Fl. 1 cuaderno 2. Fls. 86 y 87 cuaderno 2. Fls. 244 a 248, 251, 252, 265 a 268 cuaderno 1
Fls. 194 y 195 cuaderno 1. Fls. 214 a 217 cuaderno 1. Fls. 244 a 248, 251, 252, 265 a 268 cuaderno 1. Fls. 194 y 195 cuaderno 1. Fl. 21 cuaderno 1. Fl. 22 cuaderno 1. Fl. 23 cuaderno 1. Fl. 24 cuaderno 1. Fls. 17 y 18 cuaderno 1. Fl. 19 cuaderno 1. Fl. 20 cuaderno 1. Fls. 28 a 30 cuaderno 1. Ibídem. Fls. 181 a 184 cuaderno 1. Fl. 31 cuaderno 1. Fl. 206 cuaderno 1. Fls. 349 a 352 cuaderno 1. Fls. 86 y 87 cuaderno 2. Fls. 244 a 246 cuaderno 1. Fls. 265 a 268 cuaderno 1. Fls. 246 a 248 cuaderno 1. Fl. 9 cuaderno 2. Fl. 369 cuaderno 1. Fl. 368 cuaderno 1. Fls. 81 a 83 cuaderno 2. Fls. 16 a 19, 22, 25, 26, 28, 29, 41 a 43, 100 a 104 cuaderno 2. Fls. 16 a 19 cuaderno 2. Fls. 100 a 102 cuaderno 2. Fls. 103 y 104 cuaderno 1. Fl. 439 cuaderno 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860), CP: Ramiro Pazos Guerrero.
“Original de la cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1997, rad. 10.140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. También ver la sentencia del 29 de mayo de 2014 de la Subsección B, Sección Tercera, rad. 30.377, M.P, Stella Conto Díaz del Castillo, en la que se absolvió al Estado porque no se acreditó la participación de agentes de la fuerza pública en la masacre de la Vereda La Fagua, Chía, ni se probó que los miembros de la comunidad que conocieron del riesgo de la realización de homicidios selectivos en dicha vereda entablaron denuncias o puesto en conocimiento de las autoridades esta situación ni tampoco que el atentado fuera previsible”.
“Original de la cita: Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, rad. 5.417, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, rad. 5.595, M.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, rad. 9.276 y 8.222, M.P. Daniel Suárez Hernández;

2 de febrero de 1995, rad. 9.273, M.P. Juan de dios Montes; 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de dios Montes; 30 de marzo de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de dios Montes; 27 de julio de 1995, rad. 9.266, M.P. Juan de dios Montes; 6 de octubre de 1995, rad. 9.587, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, rad. 11.038, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, rad. 10.949, M.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M .P. Daniel Suárez Hernández, entre muchas otras”.
“Original de la cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 30.814, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario”.
“Original de la cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Este fue el título de imputación a partir del cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, rad. 9.266, M.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, rad. 10.920, M.P. Jesús María Carrillo”.
“Original de la cita: La sentencia del 12 de noviembre de 1993, rad. 8233, M.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región ‘el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público’. Ver igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 1997, rad. 11.875, M.P. Daniel Suárez Hernández”.
“Original de la cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860), CP: Ramiro Pazos Guerrero. Fls. 244 a 248 cuaderno 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860), CP: Ramiro Pazos Guerrero.

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