Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2004-00905-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2004-00905-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2004-00905-02
Consejero ponente: Conjuez José Ascención Fernández Osorio
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
Bogotá D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001233100020040090502 (1052-2021)
Demandante: MARLENY DE JESÚS PELÁEZ JURADO
Demandado: NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA-PRIMA ESPECIAL
Corresponde a la Sala de Conjueces decidir el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada, contra la sentencia proferida el 31 DE OCTUBRE DE 2019 por
el Tribunal Administrativo de ANTIOQUIA- SALA TRANSITORIA-, que decidió:
I. ANTECEDENTES
Mediante apoderado la Dra. MARLENY DE JESUS PELAEZ JURADO, convocó a
juicio a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, para que, en
sentencia que cause ejecutoria, se dicte en contra de la demandada y a favor de la
actora, las declaraciones y condenas que se concretan así:
1. PRETENSIONES
1. Que se declaren nulas las resoluciones No. 2431 de febrero 5 de 2003,
proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia, y la No. 2849 de agosto 26 de 2003 proferida por la Dirección Ejecutiva
Nacional de Administración Judicial, mediante las cuales negaron el pago del 30%
de las prestaciones como: a.) bonificación anual, b.) prima de servicio, c.) prima
de vacaciones, d.) prima de navidad, e.) cesantías, y f.) intereses sobre las mismas
de 1993 a 2003, a la Dra. Marleny Peláez J.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
Nacional de Administración Judicial, reconozca y pague a la Dra. Peláez Jurado, la
suma que resulte por concepto de: a.) bonificación anual, b.) prima de servicio, c.)
prima de vacaciones, d.) prima de navidad, e.) cesantías, y f.) intereses; al no haber
tomado como base la remuneración fijada en cada uno de los decretos de 1993 a
2003, a los que efectivamente tiene derecho y los que en el futuro se causen.
Que la anterior suma de dinero debe reajustarse teniendo en cuenta la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda, para lo cual debe considerar la variación del índice
de precios al consumidor que certifique el DANE, para el periodo comprendido entre
1° de enero de 1993 y diciembre de 2003, en cada una de las fechas que debió
hacerse los pago y por los respectivos conceptos que se reclaman.
3. Que las sumas liquidadas devengarán intereses corrientes y moratorios, en los
términos de la norma contenida en el artículo 177 del C.C.A., calculados sobre la
suma reclamada previamente ajustada (art. 178 Ibídem). 5. Que la entidad
demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176
del C.C.A.
2. HECHOS
Como resumen fáctico que estriban las pretensiones elevadas, se tienen los
siguientes:
1. Que La demandante presta sus servicios a la Rama Judicial desde el año 1987 y
en la actualidad como Juez Municipal de Medellín.
2. Que a la demandante se le pagó durante los años comprendidos de 1993 a 2003,
una remuneración, disminuida en un 30%, llamando ésta "prima especial de
servicio que no constituye salario", lo que el salario le menguó a un 70%, de la
asignación básica mensual.
3. Que la remuneración de la demandante fijada en los decretos: 57/93, 106/94,
43/95, 36/96, 76/97, en 30% para efectos de las prestaciones como son:
bonificación anual, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías, y intereses(sic) en todos y cada uno de los años en cita.
4. La ley 4/92 en su artículo 14, creó una prima del 30 al 60% del salario mensual.
5. La administración al aplicar los decretos relacionados, disminuyó la remuneración
o salario mensual fijado en un 30%, para llamarlo "PRIMA ESPECIAL DE
SERVICIO SIN CARÁCTER SALARIAL”.
6. La "PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO SIN CARÁCTER SALARIAL", ha debido
ser un agregado o una suma a la remuneración o salario fijado anualmente en los
decretos expedidos por el gobierno Nacional.
7. La demandante, motivada porque no se le canceló en su totalidad la bonificación
anual, las primas de servicio, las primas de vacaciones, las prima de navidad, las
cesantías, y los intereses en su totalidad y cabalidad a las cuales tenía derecho
entonces, optó por elevar derecho de petición en el que reclamaba su
reconocimiento y pago; el que fue despachado en forma adversa por la
Administración Judicial Seccional Antioquia, interponiendo recurso de alzada contra
dicho acto administrativo y resuelto en la misma forma por la Dirección Ejecutiva
Nacional Administración Judicial, habiendo así agotado la vía gubernativa (actos
que se demandan).
3. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS, CONCEPТО DE
VIOLACIÓN PRESENTADOS POR EL ACTOR
Como fundamentos legales y constitucionales señaló lo siguientes, citados
textualmente, con los errores de cita:
Normas violadas: Arts. 2°, 4°, 13, 25, 29, 53, 83 de la Constitución Nacional,
“Ley 4a de 1992 art.; inciso 3° del artículo (modificado por el artículo 2 del
decreto 0110 de enero 18 de 1993), artículo 3° numeral 4° en cuanto la
remuneración de Juez Municipal, artículo 5° y artículo 7° del decreto 57 de
1993. Como incentivo para que los servidores de la Rama Judicial se
acogieran al régimen del Decreto 57 de 1993, el inciso tercero del artículo
doce ofreció que la liquidación de la cesantía hasta el 31 de diciembre de
1992 se haría "con base en la nueva remuneración", vale decir $937.500
para la demandante fijada en el artículo 3 numeral 4° del mismo decreto. No
se dispuso allí que, con base en el nuevo salario, porque seguramente
nuestra patrocinada no se habría acogido a ese régimen, ya que el nuevo
salario es diferente a la nueva remuneración, siendo aquel inferior a esta en
un 30% a términos del artículo 5° y 7° del referido decreto.
“Obsérvese que de la simple lectura de las normas invocadas conduce
forzosamente a concluir que cuando el decreto habla de "nueva
remuneración" se está refiriendo al 100% de lo que se debe pagar
mensualmente al servidor, ya que de ese 100% el 30% corresponde a la
prima que no es salario. ¿Cuál es la diferencia entre remuneración y salario
que trata el decreto 57 de 1993? Para determinar respecto de la
remuneración la base de la liquidación de la cesantía conforme al artículo
12 y para determinar la base tributaria restando de esa remuneración el 30%
que es salario. No son pues sinónimos remuneración y salario en el decreto
57. Luego lo reclamado con el derecho de petición y que fuera negado con
los actos administrativos que se demandan es precisamente lo que no se
liquidó, entonces allí se menguó en un 30% las prestaciones de: bonificación
anual, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías,
y intereses cesantía, pagando en todos los años al funcionario una suma
inferior en dichas prestaciones contrario la normatividad.
A raíz de la nueva Constitución Política, se promulgo la ley 4ª de 1992, que
fijó parámetros para su desarrollo, con lo cual se buscaría desmontar la
liquidación retroactiva de cesantías de los servidores de la rama judicial y
terminar con las primas de antigüedad, ascencional y de capacitación, fue
precisamente con el decreto 57 que se le dio la opción a su acogimiento y
por ende la liquidación en tales términos como aliciente a la renuncia de
derechos adquiridos. Por consiguiente la reclamación es producto de una
mala liquidación de cesantía, pues no se aplicó el artículo 12 inciso 3° del
decreto 57 de 1993, toda vez que no se tomó como base para liquidar la
cesantía, la remuneración mensual a que hace alusión dicho precepto, que
había sido fijada para el Juez Municipal por el artículo 3° del decreto 57 de
1993 de $937.500, sino que se le descontó el 30%correspondiente a la prima
especial contemplada en el artículo 7° ibídem, con el argumento de que no
constituye factor salarial.
La liquidación irregular que se hizo entonces del 70% sobre las prestaciones
mencionadas a que tenían derecho los funcionarios de la rama judicial y
justicia penal militar, no incluyendo el 30%, se hizo con fines hacendísticos,
por cierto, plausible, pero que a la postre implicaría un desmejoramiento o
empobrecimiento para el actor y consecuentemente un enriquecimiento sin
causa para el Estado. Según mis conocimientos y la academia "prima", es
un algo más de lo corriente de lo que habitual y puede ser permanente,
entonces lo que se ha debido hacer es multiplicar y no restar.
Considera que, cada vez que se aumenta la prima especial, se reduce el
salario y la remuneración es la misma, por ende, reducen las prestaciones.
Conclusión si se aplica en la forma incorrecta cada vez que haya un aumento
del % de prima especial se reduce lo que se denomina salario, pueda que
sea el mismo ingreso mensual, pero en lo que repercute es en las
prestaciones pues para liquidar la bonificación por servicios, prima de
servicio, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantía e intereses; se
tiene en cuenta es el salario y no el ingreso. Valga la oportunidad señores
Magistrados traer a colación que sobre el tema se ha pronunciado el
Honorable Consejo de Estado en los expedientes 14682 actora Eneida
María Wadnipar Ramos, Conjuez ponente Dr. Jaime Mossos Guarnizo,
16937 Actora Nubia González Cerón, Consejero ponente Dr. Silvio
Escudero Castro, 17094 actor Gustavo Lora Cubillos consejero ponente Dr.
Carlos A. Orjuela Góngora; por consiguiente es viable aplicar el principio
"donde haya identidad de razón, debe existir identidad de derecho".
A manera de comentario que la "prima especial de servicio mensual sin
carácter salarial", volvió a tener carácter prestacional para efectos
pensionales con la ley 332/96, ello enmendando parte del despojo que en
forma cotidiana se le hace a los funcionarios enlistados, no para tener
derecho a una prima sino para tener derecho a que su salario se disminuya
en un 30 como se hace. Sea el momento de invocar el derecho a la igualdad
y ello comparándolo con otros funcionarios de la rama judicial como son los
vinculados a la fiscalía General de la Nación, que por decisión del 14 de
febrero de 2002, El consejo de Estado con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro
Peñaranda, anuló el artículo 7° del decreto 38 de 1999, donde se restaba
del salario la prima especial de servicio mensual, lo que obviamente no es
que se haya aumentado la remuneración mensual, sino la repercusión que
tiene en las prestaciones reclamadas, pues dio ese máximo organismo
judicial "TODO TIENE UN CONNOTACION SALARIAL Y NO OTRA
DISTINTA", luego siendo funcionarios judiciales de un mismo ente y así sea
de diferente presupuesto. ¿no es violar el derecho Constitucional a la
igualdad entre iguales? Por cuanto a los funcionarios citados en el artículo
7° del decreto 38/99, en virtud de la nulidad decretada se les computará toda
la remuneración que reciben con carácter salarial y de trascendencia en sus
prestaciones sociales, mientras que a los demás funcionarios judiciales y del
ministerio público que estaban en similares a las condiciones no se les
tendrá en cuenta para las prestaciones que se reclaman, de ahí la violación
al derecho a la IGUALDAD. Para rematar simplemente me permito citar o
transcribir lo previsto en la Ley 789 de diciembre 27 de 2002, que en su
artículo 49, inciso segundo dice: "LO ANTERIOR POR CUANTO LA
EXPRESION ACTUAL "DISMINUIDO EN UN 30" HA DADO LUGAR A
NUMEROSOS PROCESOS, PUES NO SE SABE SI DEBE SER
MULTIPLICADO POR 0.7 O DIVIDIDO POR 1.3.". Que hizo la
administración al interpretar los decretos de los salarios, opto por "DIVIDIR
POR 1.3." y lo obvio natural que sí se trataba de una PRIMA ha debido "SER
MULTIPLICADO POR 0.7", es ahí donde radica la violación a la constitución
en su artículo 53, pues se trata es de ser realista y no formalista, ello es lo
que riñe o entroniza que a los mismos que deciden estos asuntos igualmente
les afecte, de ahí que sugeriría que ello fuera por una sala de Conjueces ya
que quienes lo están tienen un interés sobre la misma pretensión, buscando
con ello la imparcialidad y la aplicación del derecho en forma objetiva.
Si analizamos los decretos 3549 y 3569 de 2003, referentes a salarios y
prestaciones de servidores de la fiscalía y de los jueces, tenemos que en
forma real los primeros tienen mayores prestaciones que los segundos, pues
el gobierno al expedir el primero de los citados no incluyó la literalidad
anulada y por ende pagó unas mayores prestaciones a estos funcionarios
con las mismas calidades y similares funciones para el cargo.
Lo planteado en esta demanda igualmente tendría repercusión para los
Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, pues están en la
misma situación frente a los funcionarios de su igual categoría de la rama
judicial como son los Fiscales Delegados ante el Tribunal de Distrito Judicial
Sala Penal, de ahí que el conocimiento lo debe ser por funcionarios que no
tengan un interés en sus prestaciones.
Sea pues lo anterior suficiente para que emane de ese despacho, la
anulación de las resoluciones acusadas y por ende se ordene su pago en
los términos de las pretensiones de la liquidación de las prestaciones de la
Dra. Peláez Jurado.
4. CONTESTACION DE LA DEMANDA
Oportunamente la demandada, NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL dio contestación a la demanda,
argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:
Consideró en el escrito de oposición que,
“en mayo 18 de 1992 se expide la Ley 4ª mediante la cual se le señalan al
Gobierno Nacional los objetivos y los criterios que debe tener en cuenta para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y no
se olvide que la razón precisa y exacta aparece fundamentada en los
literales e y f del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional. Es
decir, que este es el punto de partida para permitirle al órgano ejecutivo fijar
cada año el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, en su
artículo 14 señala que "el Gobierno Nacional establecerá una prima no
inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial,
para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos
los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, excepto los que
opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con
efectos a partir del 1º de enero de 1993.
Aseveró que:
“cada año el Gobierno Nacional expide el decreto por medio del cual se fija
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, el decreto que
hace referencia en el escrito del peticionario que solo cobija a los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, decreto 38 de 1999 por el
cual se fijó el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de
la Fiscalía General de la Nación, artículo 7º, es del siguiente tenor: “el treinta
por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores
públicos se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial
(...)". La sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, el 14 de febrero de 2002, radicado 11001-03-
25-000-1999- 0031-00(197-99), determina que: "...el carácter de la prima
especial de servicios, sólo subsiste el artículo del citado decreto, mediante
el cual, se insiste, se fijó la escala salarial de los citados servidores públicos,
sin que se hiciera precisión en él acerca de que determinado porcentaje de
dicha remuneración ostentara la connotación de prima especial de
servicios." "Por consiguiente, ha de concluirse que la anulación del artículo
enjuiciado no tiene incidencia alguna en la escala de remuneración
establecida en el Artículo 4º del Decreto 38 de 1999, pues de la no existencia
de esa norma lo único que se desprende es que la remuneración prevista
en él para los servidores de la Fiscalía a que se hace mención en los
Artículos 1° y 2°, en su totalidad, sin excepción alguna, esto es, incluyendo
a los funcionarios mencionados en el Artículo 7°, tiene exclusivamente una
connotación salarial y no otra distinta, como sí la tuvo para estos últimos el
30% de sus salarios durante la vigencia de la norma demandada" Sobre el
fallo del Consejo de Estado, es pertinente manifestar que de conformidad
con lo señalado en el inciso segundo del artículo 230 de la Constitución
Nacional que establece: "La equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho, y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial" y el artículo 175 del Decreto 01 de 1984, que señala: "la sentencia
proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quienes hubieren intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su
favor", los fallos judiciales no tienen la virtud de producir efectos generales
frente a situaciones similares en que se encuentren personas que no
obtuvieron la declaración judicial a su favor".
Por tal motivo no es viable incluir la Prima Especial de Servicios sin carácter
salarial en la liquidación y pago de las prestaciones sociales de los Jueces
de la República, pues hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal. La
jurisprudencia ha sido clara en señalar que las sentencias que declaran la
nulidad de estos actos administrativos escapan a criterios de interpretación
extensiva o de aplicaciones analógicas máxime que para eventos como el
propuesto por el peticionario se tiene es la nulidad del Decreto 38 del 8 de
enero de 1999, mediante el cual se dictaron normas sobre el régimen salarial
y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la
Nación. Es permitente aclarar que de conformidad con lo establecido en el
artículo 249 de la Constitución Nacional, la Fiscalía General de la Nación
hace parte de la Rama Judicial, pero tiene su propia autonomía
administrativa y financiera, situación reiterada en el artículo 28 de la Ley 270
de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia.
Ahora bien, el consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda, mediante providencia de febrero 14 de 2002, radicación
número 11001-03-2500-001999-0031-00 (197-99) declaró la nulidad del
artículo 7 del decreto 38 de enero de 1999, señalando: "Declárese la nulidad
del artículo 7° del decreto 38 del 8 de enero de 1999, mediante el cual se
dictaron normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores
públicas de la Fiscalía General de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente:
"El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin
carácter salarial: Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior Nacional Fiscal
Delegado ante el Tribunal de Distrito Fiscal Delegado ante Jueces
Regionales Fiscal Delegado ante jueces de Circuito Secretario General
Directores Nacionales Directores Regionales Jefes de Oficina Jefes de
División Jefes de Unidad de Policía Judicial Fiscal auxiliar ante la Corte
Suprema de Justicia Fiscal Delegado ante los jueces Municipales y
Promiscuos"
Como se observa el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa declaró la nulidad del artículo 7 del decreto 38 de 1999,
disposición aplicable únicamente a los servidores públicos de la Fiscalía
General de la Nación allí relacionados y no a los de la Rama Judicial, toda
vez que como ya se anotó el régimen salarial y prestacional de estos últimos
servidores, dentro de los cuales se encuentran los jueces de la República
ha sido establecido por el Gobierno Nacional a través de los Decretos
números 044 de 199, 2740 de 2000, 2777 de 2001 y 673 de 2002, los cuales
gozan de la presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento,
mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de los
contencioso administrativo. La doctora MARLENY PELÁEZ JURADO es
funcionaria de la Rama Judicial, y ocupa el cargo de Juez 20 Penal Municipal
de Medellín, por lo tanto se le aplica el Decreto 44 de 1999, por el cual se
dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional y salarial para los
servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, que en
su artículo 7º establece: "EL treinta por ciento (30%) de la remuneración
mensual de los siguientes servidores públicos se considera como primas
especial sin carácter salarial...." Es la Ley 4° de 1992 la Ley Marco por la
cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, y es en ella en la que se señala el carácter no salarial
de la Prima Especial, por lo anterior se deduce claramente que el decreto
044, que es el que rige para peticionario, está vigente porque no ha sido
declarado nulo por la autoridad el competente. Por lo tanto, la Prima Especial
sigue conservando el carácter no salarial. Con fundamento en lo expuesto,
la Dirección Seccional de la Rama Judicial considera que la petición elevada
por la doctora MARLENY PELÁEZ JURADO no es procedente, en
concordancia con las normas que regulan el régimen salarial y prestacional
de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público, Ley
4° de 1992 y el Decreto 044 de 1999. Por lo anterior, solicito al Honorable
Tribunal Administrativo de Antioquia, negar las pretensiones de la parte
actora, en defensa de los intereses de Nación Consejo Superior de la
Judicatura.
5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria,
se determinó:
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Verificado que se agotaron las formas y etapas propias del procedimiento
administrativo, al no observarse la existencia de causales o vicios de nulidad
que pueda tener la entidad de invalidar la actuación procesal adelantada, se
procede a resolver el conflicto jurídico planteado.
6.1. PROBLEMA JURÍDICO: De conformidad con lo esgrimido en las
pretensiones de la demanda, el problema jurídico del proceso de la
referencia se contrae a determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto
administrativo contenido en las resoluciones No. 2431 de febrero 5 de 2003,
proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia, y la No. 2849 de agosto 26 de 2003 proferida por la Dirección
Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, y en consecuencia,
establecer si a la señora Marleny de Jesús Peláez Jurado, por haber
ejercido como Juez de la República desde el 1 de enero de 1987 y hasta
tanto funja o haya fungido como tal, tiene derecho а:
El pago del reajuste de sus salarios y prestaciones sociales consistente en
la diferencia entre el valor reconocido por la demandada, el cual
presuntamente tuvo como base para su liquidación sólo el 70% del salario
básico mensual. El pago de la diferencia salarial y prestacional que resulte
de reconocer el ingreso mensual incluyendo en la base de liquidación
además del salario básico la prima especial de servicios del 30%.
MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
De la prima especial de servicios. La prima objeto del sublite tiene origen en
la Ley 4ª de 1992, que es la ley marco que fija las normas, objetivos y
criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional en el ejercicio
de su facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos. Precisado esto, resulta meritorio citar los artículos
correspondientes a la prima especial, así "ARTÍCULO 14. El Gobierno
Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo,
Agentes del Ministerio Público delegados ante la Ministerio de Defensa y
para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del
Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal
Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero (10.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los
delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los
Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. PARÁGRAFO. Dentro del mismo
término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados
de la Ministerio de Defensa sobre la base de la nivelación o reclasificación
atendiendo criterios de equidad".
Cabe destacar que la expresión “sin carácter salarial" fue declarada
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencias C-279 de 1996,
no obstante, posteriormente se expidió la Ley 332 de 1996 consagrando en
su artículo primero que la prima especial de servicios establecida en el
artículo 14 de la referida Ley 4ª. de 1992, si ostenta la naturaleza de factor
salarial, pero únicamente en los siguientes términos. Página 6 de 12
Sentencia Primera Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de
Carácter Laboral Expediente N°: 05 001 23 31 000 2004 00905 01
Demandante: Marleny de Jesús Peláez Jurado Demandado: Nación – Rama
Judicial "Artículo 1º.- Aclarado por el art. 1, Ley 476 de 1998. La prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, para
los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General
de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o
que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren
vinculados al servicio harán parte del ingreso base únicamente para efectos
de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las
cotizaciones de pensiones establecida por la Ley.
La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los
Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes,
Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del
Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los
Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación. "De otro
lado, en cuanto a la manera de liquidar la prima bajo análisis, el Consejo de
Estado, en sentencia del 2 de abril de 2009 sostuvo que debe entenderse
como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral; es
decir; precisó en dicha oportunidad que la prima debe entenderse como una
adición a la remuneración o como un "plus" al ingreso laboral del empleado,
posteriormente en la decisión proferida el 27 de junio de 2012 se amplió el
tema, sosteniendo que: "Como se evidencia la Corte ha sido enfática en
señalar que el carácter salarial de la prima especial del 30% sólo aplica para
efectos de cotización de pensión, y que cualquier otra consideración sobre
su inconstitucionalidad para diferentes efectos, es un tema superado al
tratarse de Cosa Juzgada Constitucional. Por lo tanto, la inclusión que el
actor pretende del equivalente al 30% del salario representado en lo que
percibe como prima especial para efectos de cálculo de prestaciones
sociales no hacen parte de las mismas, y si tenemos que la prima especial
es una prestación social y además de ello que no tiene carácter salarial, y
es a partir del salario que aquellas se calculan, desde el punto de vista
puramente conceptual se hace totalmente inviable la pretensión del actor.
(...) la prima del 30% por su carácter especial es susceptible perfectamente,
como sucede en la actualidad, de la regulación separada correspondiente a
una cierta y exclusividad individualidad técnica y económica; por tanto, no
es procedente, en aras del principio de igualdad del artículo 13 considerarse
lesivo su no inclusión como factor salarial para efectos de cálculo de las
prestaciones sociales" Resalta la Sala. Posteriormente, en sentencias del 29
de abril de 2014 y del 18 de septiembre de 2018, el Consejo de Estado
estableció una serie de parámetros para liquidar esta prestación, a partir de
lo cual se puede inferir, sin lugar a mayores elucubraciones, que la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4º de 1992 es más ni menos que el 30%
del salario básico pero adicionado al 100% de este salario. Finalmente, y al
tenor de todo lo expuesto, esta Sala Transitoria puntualiza que se acoge a
lo planteado por nuestro superior jerárquico y por la Corte Constitucional en
lo citado en precedencia, y además considera pertinente destacar que las
conclusiones respecto de la prima especial fueron condensadas y
parcialmente reiteradas en reciente pronunciamiento emitido por el Consejo
de Estado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, que resolvió unificar
jurisprudencia en los siguientes términos:
"PRIMERO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992 en los siguientes
términos: La prima especial de servicios es un incremento del salario básico
y/o asignación básica, de los servidores públicos beneficiarios de ésta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de
prima resulten a su favor.
Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4º de 1992 como funcionarios de la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen
derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre
el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión
del 30% que había sido excluido a título de prima especial. 4. Los demás
beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos al
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969. (...) La sentencia de unificación que hoy se adopta
no implica que está variando o modificando el régimen salarial y prestacional
de los servidores beneficiarios de la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4 de 1992 - jueces, magistrados y otros funcionarios-, en la
medida en que en ningún caso se podrán superar los porcentajes máximos
o topes fijados por el Gobierno Nacional.
Así mismo, se advierte a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de
unificación, constituyen precedente y tendrán aplicación en las decisiones
judiciales que se profieran a partir de la fecha. (Subrayado ausente en el
texto original). No sobra precisar que esta Sala Transitoria acogió en su
totalidad las anteriores reglas establecidas por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la citada Sentencia de
Unificación, las cuales están siendo aplicadas a partir de la ejecutoria de la
referida providencia. Así las cosas, de lo destacado en líneas precedentes
se concluye que la posición del Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo no ha variado en lo que respecta a la naturaleza jurídica de
la prima especial de servicios, puesto que se ratifica en la afirmación de que
esta prestación debe entenderse como una adición al salario en los términos
señalados, y que bajo esta premisa deben efectuarse las reliquidaciones de
rigor en los ingresos mensuales de sus beneficiarios. No obstante, la referida
Corporación establece de modo puntual una limitante en la concepción de
la prima especial al precisar que en ningún caso su reconocimiento podrá
traducirse en una superación del tope máximo de remuneración fijado por el
Gobierno Nacional; y, de otro lado, instituye parámetros para la
contabilización de la prescripción, teniéndose en cuenta en cada caso
particular la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir
de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás.
EL CASO CONCRETО
Con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente y en los hechos
que no fueron objeto de controversia, la Sala desarrollará el problema
jurídico enunciado en precedencia.
En este orden de ideas se encuentra acreditado que la señora MARLENY
DE JESUS PELAEZ JURADO fungió como Juez de la República incluso
desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, tal y como se
infiere de los certificados laborales expedidas por la Rama judicial (fls. 52 a
70), en consecuencia, y de acuerdo con la normatividad aplicable al sub
examine, se tiene que es beneficiaria de la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En este orden de ideas
la demandante, adujo que tiene derecho a recibir el 30% de la remuneración
mensual faltante y las consecuentes prestacionales sociales que generen
dicho porcentaje por los períodos reclamados. Bajo este hilo conductor
radicó petición ante la demandada la cual fue negada a través de la
Resolución No. 2431 de febrero 5 de 2003, proferida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, (fl 2 y 2 vto),
por lo que presentó recurso de reposición, el cual fue desatado a través de
la Resolución No. 2849 de agosto 26 de 2003, proferida por la Dirección
Ejecutiva Nacional de Administración Judicial (fls. 3 a 7). Establecido lo
anterior, la Sala prevé que el sustento en los referidos actos administrativos
en síntesis hicieron referencia a que los fallos del Consejo de Estado en
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en caso de declarar la
nulidad de un acto administrativo producen efectos de cosa juzgada sólo
respecto de quienes ejercieron la acción y que en todo caso aseveró que la
Rama Judicial no puede efectuar reconocimientos laborales distintos a los
dispuestos por el Gobierno Nacional. En atención a lo expresado por la
demandada sobre la prima especial, se infiere que no fue correctamente
liquidada en sus ingresos mensuales, al no aplicar la sentencia del Consejo
de Estado que declaró la nulidad de los decretos salariales anuales y que,
si bien en efecto el pago de los derechos laborales de sus empleados es un
asunto reglado, debe en todo caso aplicar la jurisprudencia y la ley. En este
punto del análisis, es oportuno referirnos a la excepción relativa a la
prescripción de los derechos laborales consagrada en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, que fuera aclarado o reglamentado por el artículo
102 del Decreto Nacional 1848 de 1969, las cuales imponen la obligación de
computar término a partir del momento en que se haya hecho exigible la
obligación; situación que no contradice lo expuesto por el Consejo de Estado
cuando resolvió unificar el tratamiento de la prescripción para eventos como
el que aquí se analiza.
Así las cosas, de conformidad con la regla instituida en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado precitada, y comoquiera que el derecho
de petición no fue aportado y no hay constancia de la fecha de
presentación del mismo, tomaremos la fecha del primer acto administrativo
proferido por la demandada como fecha de la solicitud (fls. 2 y vto.), en
consecuencia, y teniendo en cuenta que el periodo reclamado es desde el 1
de enero de 1993, ha de concluirse que se encuentra prescrito lo
pretendido con antelación al 05 de febrero de 2000, razón por la que se
declarará probada PARCIALMENTE la excepción de prescripción trienal
propuesta por la entidad demandada - Nación - Rama Judicial.
En consecuencia, la demandante tiene derecho a que se le paguen las
diferencias entre lo recibido y lo dejado de percibir desde el 05 de febrero
de 2000 y hasta tanto funja o haya fungido como Juez de la República. Así
las cosas, se reconocerá, reliquidará y pagarán los ingresos mensuales de
la demandante sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la
prima especial de servicios y las prestaciones serán liquidadas sobre la base
de todo el salario básico, sin sumar o restar el 30% equivalente a la prima
especial, toda vez que se insiste, de conformidad con lo precisado en el
acápite de marco normativo, en que dicha prestación social no tiene carácter
salarial. Las diferencias mensuales reconocidas, serán indexadas tomando
como base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor
certificada por el DANE, por resultar viable, en asuntos de naturaleza jurídica
similar, para lo cual se tomará la vieja fórmula adoptada por esta jurisdicción.
En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-
SALA TRANSITORIA, administrando Justicia en nombre de la República de
Colombia, y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual
se anuló el Decreto 4040 del 3 diciembre de 2004, y a la de unificación
jurisprudencial proferida el día 02 de septiembre de 2019, por las razones
expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE la excepción de
prescripción trienal propuesta por la entidad demandada – Nación - Rama
Judicial, de lo reclamado con antelación al 05 de febrero de 2000, por las
razones expuestas.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos
en la Resolución No. 2431 de febrero 5 de 2003, proferida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, y la
Resolución No. 2849 de agosto 26 de 2003, proferida por la Dirección
Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, en cuanto negaron a la señora
MARLENY DE JESUS PELAEZ JURADO, el reconocimiento, liquidación y
pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiaria
de la prima especial de servicios, conforme con lo expuesto en la parte
motiva.
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y
PAGAR en favor de la señora MARLENY DE JESUS PELAEZ JURADO.
retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar por concepto de ingresos mensuales, sobre la base del salario
básico más el 30% de acuerdo a la prima especial de servicios, y de las
prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo el salario básico para
las que únicamente se tuvo en cuenta el 70% del salario básico al momento
de su liquidación, en lo correspondiente a al período comprendido desde
el 05 de febrero de 2000 y hasta tanto funja o haya fungido como Juez de
la República; y sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional para cada anualidad, conforme con lo expuesto en
la parte motiva. Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos
mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: NO RECONOCER la reliquidación y el pago de las prestaciones
sociales a la actora por concepto de factor salarial de la prima especial de
servicios, en concordancia con los considerandos de esta providencia.
SEXTO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte
motiva.
SEPTIMO: La Nación- Rama Judicial dará cumplimiento al presente fallo en
el término estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
OCTAVO: En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la
devolución a la parte demandante de los remanentes de los gastos
ordinarios del proceso a que hubiere lugar, y al archivo del expediente.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia que la
sentencia fue discutida y aprobada por la sala de decisión celebrada el 31
de octubre de 2019.
6. RECURSO DE APELACION CONTRA LA SENTENCIA
De manera oportuna la parte demandada interpuso la alzada contra la sentencia
del 31 de octubre de 2019, proferida por la sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Antioquia, bajo los siguientes argumentos:
SUSTENTACIÓN DEL RECURSO:
“Es preciso reiterar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 150,
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política, corresponde al
Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza
pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los
trabajadores oficiales. En ejercicio de las anteriores potestades, el Congreso
de Colombia expidió la Ley 4ª de mayo 18 de 1992, mediante la cual otorgó
al Gobierno Nacional la facultad exclusiva para fijar el régimen salarial y
prestacional los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por lo cual
expide anualmente los decretos correspondientes en los que determina
remuneración mensual para cada uno de los servidores públicos basado en
criterios propios.
Que Posteriormente, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 51 de 1993 "Por el cual se dictan unas
disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del
Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones";
y el Decreto 57 de 7 de enero de 1993, "Por el cual se dictan norma sobre
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones".
A través del primer estatuto, esto es, el Decreto 51 de 1993, mantuvo vigente
el régimen ordinario, conocido como aquel régimen salarial y prestacional
de la Rama Judicial que cobijó a todos los servidores hasta el año 1992,
según el cual, la asignación mensual para los empleos de la Rama Judicial,
se establece conforme a los grados del cargo que se ostente y según lo
indicado en la escala de remuneración que se fije anualmente, ello en
concordancia con el Decreto 903 de 1992. Por su parte, el Decreto 57 de
1993, previó a partir del 1º de enero de 1993, la existencia de un nuevo
régimen salarial y prestacional especial para los servidores de la Rama
Judicial, de aplicación obligatoria para quienes se vinculen con posterioridad
a la entrada en vigencia de dicho precepto; pero optativa para quienes ya
venían vinculados a la entidad, en respeto de los derechos adquiridos. En
efecto, el artículo 1º del mentado estatuto dispone:
"...ARTICULO 10. El régimen salarial y prestacional establecido en el
presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen
al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta
para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de
cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del
Sector Público. ARTICULO 20. Los servidores públicos vinculados a la
Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez,
antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional
establecido en el presente Decreto.
Se tiene entonces que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y
sus Seccionales, han aplicado correctamente el contenido de la Ley 4ª del
18 de mayo de 1992. así como lo dispuesto por el Gobierno Nacional en los
Decretos que expide anualmente para fijar el régimen salarial y prestacional
de los funcionarios de la Rama Judicial, cuando expresa "Ninguna autoridad
podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por
las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4 de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos". La Corte en Sentencia C-
432 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, en cuanto a regímenes especiales
de prestaciones sociales precisó: "El carácter especial se contrapone a los
calificativos excepcional y autónomo, en torno al ámbito de la aplicación de
un régimen normativo en un determinado ordenamiento jurídico. Así, lo
reconoce la doctrina, al establecer que el derecho excepcional es aquel
régimen normativo que supone la existencia de otro -de mayor alcance y
jerarquía-frente al cual se introducen derogaciones, subrogaciones o
modificaciones en aspectos puntuales. Es derecho autónomo el conjunto de
disposiciones jurídicas que dependen de sí mismas y se encuentran sujetas
a sus propios principios generales. Finalmente, es derecho especial aquel
régimen normativo que, sin llegar a ser autónomo, supone una regulación
separada libre de una materia independiente, que responde a una cierta y
exclusiva individualidad técnica y económica". Importante citar la Sentencia
C-279 de 1996 en la cual la Corte Precisó: "No se exige igualdad cuando
hay razones objetivas, no arbitrarias, para establecer regímenes diferentes
entre los sujetos de las normas que imperan en la República". En ese orden
de ideas, de conformidad con lo establecido en la Ley en cita, la facultad
para fijar las remuneraciones para los servidores públicos radica única y
exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste el que, basado
en criterios propios, determina dichas remuneraciones.
De otra parte, los decretos acusados han sido reproducidos año tras año por
el Gobierno Nacional con el fin de dar aplicación al mandato consagrado en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, razón de más para realizar el control de
legalidad correspondiente, pues esta Corporación ha reiterado que "(...) si
es posible, a pesar de la derogación del precepto enjuiciado, acometer su
juzgamiento en sede Contenciosa Administrativa, por vía de la acción de
nulidad, por cuanto dada la presunción de legalidad de que estuvo revestido
durante su vigencia el acto, bien pudo haber producido efectos jurídicos.
Además, la norma fue reproducida con idéntico contenido. De allí que la Sala
asuma el examen del acto impugnado, a pesar de que fue subrogado por
otra norma...." ahora bien, en cuanto a los efectos de la declaratoria de
nulidad de los Decretos demandados, el H. Consejo de Estado indicó que
serán los mismos señalados en la Sentencia del 2 de abril de 2009, por
medio de la cual declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 618 de 2007 y
rectificó su jurisprudencia frente al concepto de prima, considerando que
cuando se habla de dicha prestación debe entenderse como un fenómeno
retributivo de carácter adicional, a saber: "(...) es decir, no puede el intérprete
de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales
empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto,
sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente
de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la
norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias
prestacionales de tales servidores". (subrayas y negrillas propias).
"La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, cabe
contra los actos de carácter general y de carácter particular si se tienen como
motivos determinantes de su ejercicio el quebrantamiento de un estatuto civil
o administrativo, en cuanto ampare una situación jurídica subjetiva, y si tiene
como finalidad la garantía de los derechos privados, civiles o administrativos,
violados por un acto administrativo Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto
fundamental y las circunstancias de orden legal que reglamentan y
condicionan el ejercicio de la acción de nulidad, es válido afirmar que la
misma presenta las siguientes características: a) se ejerce exclusivamente
en interés general con el fin de salvaguardar el orden jurídico abstracto; b)
por tratarse de una acción pública, la misma puede ser promovida por
cualquier persona; c) la ley no le fija término de caducidad y, por tanto, es
posible ejercerla en cualquier tiempo; d) procede contra todos los actos
administrativos siempre que, como se dijo, se persiga preservar la legalidad
en abstracto -la defensa de la Constitución, la ley o el reglamento”. Por su
parte, en lo que corresponde a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, ésta se ejerce no solo para garantizar la legalidad en abstracto,
sino también para obtener el reconocimiento de una situación jurídica
particular y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno
restablecimiento o reparación. A diferencia de la acción de nulidad, la misma
sólo puede ejercerse por quien demuestre un interés, esto es, por quien se
considere afectado en un derecho suyo amparado por un precepto legal. E
igualmente, tal y como se deduce de lo dispuesto en el numeral 2° d) del
artículo 164 del C.P.A.C.A., esta acción tiene un término de caducidad de
cuatro meses.
El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia del 10
de agosto de 1996, reitera de manera uniforme en múltiples
pronunciamientos lo siguiente: que la simple nulidad sólo procede frente a
los actos de contenido particular y concreto en dos casos específicos: (i)
cuando expresamente lo consagre la ley y (ii) cuando el acto individual
revista un especial interés para la comunidad que trascienda el mero interés
de la legalidad en abstracto, comprometiendo el orden público, social o
económico del país. Según dicho criterio jurisprudencial, en los demás casos
la acción de simple nulidad no será admisible respecto de los actos
particulares, debiendo acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento
dentro del término de caducidad fijado en la ley". En cuanto a las diferencias
de la acción de Nulidad y la de Nulidad y Restablecimiento del Derecho la
H. Corte Constitucional en la citada providencia expresó: "(...) Ciertamente,
conforme a las reglas que identifican las acciones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, se tiene que la diferencia fundamental entre
éstas radica en que mientras la acción de nulidad tiene por objeto principal,
directo y exclusivo preservar la legalidad de los actos administrativos, a
través de un proceso en que no se debaten pretensiones procesales que
versan sobre situaciones jurídicas de carácter particular y concreto,
limitándose a la simple comparación del acto con las normas a las cuales ha
debido estar sujeto, la de restablecimiento del derecho, por su parte, no solo
versa sobre una pretensión de legalidad de los actos administrativos, sino
que propende por la garantía de los derechos subjetivos de los particulares
mediante la restitución de la situación jurídica de la persona afectada, ya sea
a través de una reintegración en forma específica, de una reparación en
especie o de un resarcimiento en dinero. (Subraya fuera de texto) ajo este
entendido, consultando el espíritu de la Constitución y de la ley, se tiene que
la acción de simple nulidad procede contra todos los actos administrativos,
generales y particulares, cuando la pretensión es únicamente la de tutelar el
orden jurídico, caso en el cual la competencia del juez se limita a decretar la
simple anulación sin adicionar ninguna otra declaración, pese a que con el
retiro del acto impugnado eventualmente se restablezcan derechos o se
ocasionen daños al actor o a terceros. Sobre los efectos de la decisión que
se adopte en uno y otro caso, siguiendo con lo preceptuado en el artículo
189 del C.P.A.C.A., se tiene que tanto en el contencioso de simple anulación
como en el de nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia que
declara la nulidad del acto administrativo produce efectos de cosa juzgada
"erga omnes", en tanto que la decisión desestimatoria sólo produce tales
efectos en relación con la "causa petendi" que ha sido fallada. En los casos
en que se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y a
través de la sentencia se obtiene la nulidad del acto y el reconocimiento de
una situación jurídica particular y concreta, el efecto restablecedor sólo es
predicable de las partes en contienda, esto es, de quienes promovieron y
obtuvieron tal declaración. Por lo anterior, por regla general, las sentencias
proferidas con ocasión del ejercicio del control de constitucionalidad tienen
efecto de cosa juzgada, erga omnes y hacia el futuro (ex-nunc), lo cual
implica que la norma sometida a control no podrá volver a ser demandada
por las mismas razones y que el fallo tenga efectos frente a todos, sin afectar
las situaciones ya consolidadas; todo ello con el objeto de generar seguridad
jurídica dentro del sistema normativo. Cuando se demanda por vía de la
acción de simple nulidad un acto, este adquiere efectos hacia futuro y no
tiene carácter retroactivo, lo que implica que no genera ningún gasto para el
erario público hacia atrás, sino que restablece el derecho hacia futuro.
En lo atinente a la prescripción de los derechos laborales administrativos,
el legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que
se reconocen solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha
en que se haya formulado la correspondiente reclamación ante la
demandada, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, así: "Artículo
41°. - Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este
Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un
lapso igual". La prescripción de los derechos laborales administrativos
coincide con el establecido también en el Código Procesal del Trabajo, que
preceptúa: "Art. 151 Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción, pero por un lapso igual". En este
caso, la controversia se centra en determinar la fecha en la cual surgió el
derecho del accionante a reclamar la reliquidación sus cesantías, intereses
a las cesantías y prestaciones sociales con la inclusión del 30% al que se
despojó de carácter salarial, pues desde esa fecha se contará el término de
prescripción, es decir, los tres años que tenía para solicitarle a la Entidad el
reconocimiento del derecho y en caso de negativa la posibilidad de acudir a
la jurisdicción para reclamar el mismo por esta vía. Al respecto, el honorable
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA - SALA PLENA DE CONJUECES, CONJUEZ
PONENTE: CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Referencia:
Radicación: Demandante: Demandado: Nulidad y restablecimiento del
derecho 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018) JOAQUIN VEGA
PÉREZ - NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, en sentencia de unificación - SUJ-016-CE-
S2-2019, desarrollo el tema de la siguiente manera: "...Ahora, en materia de
acciones laborales ejercidas por empleados púbicos y trabajadores oficiales,
los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
establecen: 42: (i) que el término de prescripción es de tres (3) años,
contados a partir de la exigibilidad del derecho alegado y (u) que la
prescripción se interrumpe, por un lapso igual, con el simple reclamo escrito
del empleado o trabajador ante la autoridad encargada de reconocer el
derecho. Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento
sine qua non, que el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se
causa dicha exigibilidad, inicia el conteo de los 3 años con los que cuenta el
empleado o trabajador para acudir ante la jurisdicción de lo-contencioso
administrativo, término que será interrumpido solo con la presentación de un
reclamo escrito del derecho ante la autoridad encargada de reconocerlo. En
atención a lo anterior, en cada caso en concreto se debe establecer: (i) el
momento en que el derecho se tomó exigible y (ji) el momento en que se
interrumpió la prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del
reclamo escrito), contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por
pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción. Aun así, sobre la prima
especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones dadas
respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la
prescripción, porro tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho,
puesto que, en principio, este se causó con la vigencia de la norma que lo
creó y, en adelante, con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los
parámetros fijados en los decretos que anualmente expidió el Gobierno para
reglamentaria. No obstante, los correspondientes decretos expedidos entre
los años 1993 у 2007 fueron declarados nulos -parcialmente-, mediante la
sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a
juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (...) la Ley» y
consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los
servidores públicos beneficiarios, de esta. Es criterio de la Sala que, en el
caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió
en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad
se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4a de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la Ley 4a de 1992 -acogidos al Decreto 57
de 1993- se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional
expide año tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas
salariales que regirán durante su vigencia. Ello implica que al tratarse de una
norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron
conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración,
de manera que, de presentarse algina inconformidad con su contenido,
contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la
autoridad administrativa encargada de su aplicación. Por lo anterior, el
hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo
exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993. 432.
En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber
interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con
la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa... De conformidad
con lo dispuesto en dicha sentencia de Unificación, se tiene que para el caso
objeto de estudio operó el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta
que NO se efectuó la reclamación del derecho dentro del término
consagrado en la ley, esto es, tres años a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 4a de 1992 y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993. Finalmente, es del caso
señalar que la administración ha realizado el pago de la prima especial, en
acatamiento de la norma en su tenor literal, decreto anual de salarios que
no ofrece duda con respecto a su interpretación y aplicación en cada
anualidad.
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, liquidó las prestaciones sociales del
accionante conforme lo ordena la Ley 4a. de 1992 y las normas que regulan
el reconocimiento de las citadas acreencias laborales, en cada año, aunado
al hecho que como se anotó en precedencia, la Sentencia de nulidad de los
decretos salariales desde 1993 al 2007, produce efectos hacia el futuro: es
decir a partir de la fecha de la ejecutoria. Adicionalmente; debe advertirse al
Honorable Consejo de Estado, sobre los inconvenientes de orden
presupuestal que circundan la controversia planteada para dar cumplimiento
a la sentencia proferida por la sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En efecto, bien es sabido que a la fecha el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, no ha variado su posición en relación con los
efectos vinculantes de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de
Estado el 29 de abril de 2014, y mucho menos en relación a la reciente
sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, por lo que en este
momento la entidad demandada, se encuentra ante una imposibilidad
material y presupuestal, debido a que no están presupuestados esos
mayores valores que se generarían en la nómina para el reconocimiento de
dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales beneficiarios y,
por ende, no ha podido reconocer derechos, en tanto se podría ir en
contravía de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de
19963 compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, que prevé:
ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente
para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar
con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es
un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En
consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la
autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer
vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos
del crédito autorizados. Para las modificaciones a las plantas de personal de
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que
impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo
la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal. expedido por la
Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la
posibilidad de atender estas modificaciones.
Así mismo, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura
del crédito adicional correspondiente. o con cargo a recursos del crédito
cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el
concepto de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para
comprometerlos antes de su perfeccionamiento, о sin la autorización para
comprometer vigencias futuras por el Consejo Superior de Política Fiscal,
CONFIS o quien éste delegue. El funcionario que lo haga responderá
personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen."(se
destaca) Al respecto, la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado
Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, en la sentencia C-337 de agosto 19 de 1993,
expresó: "Leyes orgánicas, concepto. (...). Así las cosas, las normas
orgánicas del presupuesto regulan y limitan la actividad de las diferentes
entidades y órganos del Estado, tanto en los actos que pueden realizar en
el ejercicio de sus funciones que conllevan ejecución presupuestal, como en
las formalidades y requisitos que deben cumplir. De tal suerte que todos los
actos administrativos que afecten el presupuesto respectivo, tendrán que
contar con el certificado de disponibilidad presupuestal en los términos de la
Ley 38 de 1989 y 179 de 1994 orgánicas de presupuesto." (Subrayas fuera
de texto).
En consideración a los argumentos citados en precedencia, toda vez que no
se desvirtúa totalmente la legalidad de los Actos Administrativos
demandados, les solicito respetuosamente Honorables Magistrados,
REVOCAR el fallo en mención y absolver a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, de lo pretendido por el
accionante.
7. TRÁMITE PROCESAL EN LA SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 28 de septiembre de 2022,
proferido por la Conjuez Ponente.
A través de proveído de 5 de septiembre de 2023, se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión y la Ministerio Público para que
emitiera concepto
8. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
Parte demandante1: destacó que no se configura la prescripción en el sub judice,
teniendo en cuenta que solo hasta la sentencia de 29 de abril de 2014 (Expediente
1
Archivo 82, SAMAI.
No. 11001-03-25-000-2007-00087-00) nació la expectativa legítima para reclamar
el derecho pretendido, y la solicitud en ese sentido se realizó dentro de los 3
años siguientes a su ejecutoria.
Parte demandada2: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reiteró los
razonamientos expuestos en la contestación de la demanda, esto es, la
imposibilidad presupuestal para reconocer las diferencias reclamadas y la
prescripción.
Ministerio Público: no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por la
Ley 1564 de 2012, artículo 615, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Conforme a lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.
Habiéndose aceptado el impedimento manifestado por los consejeros de la Sección
Segunda, la competencia para conocer del asunto de la referencia corresponde a la
Sala de Conjueces de la misma sección.
Surtido el trámite procesal en segunda instancia, el proceso fue recibido en el
despacho de la Conjuez Ponente, para fallo, el 22 de noviembre de 20243.
2. PROBLEMA JURÍDICO
En esencia el debate jurídico en esta instancia, gira en torno a la siguiente pregunta:
¿Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4a de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
2
Índice 62 de SAMAI.
3
Índice 63, SAMAI.
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que
había sido excluido a título de prima especial?
Y, en caso afirmativo, ¿tal y como lo determinó el aquo? En caso positivo ¿desde
cuándo operó la prescripción en el presente caso, como se alega por la
demandada?
3. TESIS
De conformidad con la ley y la jurisprudencia vigentes, sí tienen derecho los
funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la ley 4ª de 1992(Rama Judicial o
Fiscalía General de la Nación), al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico, con la inclusión del 30% a título de
prima de servicios. De igual manera la prescripción operó tal y como lo sostuvo la
sentencia de primera instancia.
Respecto de lo expresado en el recurso de apelación, por la demandada, en el
presente asunto se debe definir si por carencia de asignación presupuestal la
entidad demandada no tiene la obligación de pagar lo adeudado a la demandante.
A fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordará el análisis de los
siguientes temas, precisando que existe al respecto sentencia de unificación que
esta Sala comparte y acata, anotando al respecto que la mencionada sentencia fue
acogida en la sentencia apelada.
(i) La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992
constituye una adición al salario de los servidores públicos beneficiarios
de la misma
(ii) La prescripción trienal de las prestaciones sociales.
4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
El problema jurídico que debe resolverse en este proceso ha sido ampliamente
discutido y definido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por la cual,
en esta sentencia se hará una breve reseña de los pronunciamientos
jurisprudenciales y de los parámetros trazados en la sentencia de unificación del 2
de septiembre de 2019 a fin de reiterar la posición asumida por esta Sala de
Conjueces en el tema objeto de controversia.
LA PRIMA ESPECIAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 4A DE
1992 CONSTITUYE UNA ADICIÓN AL SALARIO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA.
En desarrollo de la atribución constitucional prevista en el artículo 150 de la
Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4a de 1992, en el
artículo 4o de esta Ley, se creó una prima especial de servicios, que en su artículo
14 señaló:
“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y
Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de
Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de
la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los
delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los
Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de
remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la
base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”
La expresión, según la cual, la mencionada prima no tiene carácter salarial, fue
declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 279 de
1996.
El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 14 de la
Ley 4a de 1992, ha expedido anualmente a partir de 1993, los decretos salariales
de los servidores públicos.
A través del Decreto 57 de 1993, se determinó, para el régimen de acogidos, que
“el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores
públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial” 4. En lo referente
al régimen de los no acogidos, se dispuso que “los funcionarios a que se refieren
los artículos 5 y 6 del presente decreto tendrán derecho a una prima especial
mensual equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica y los gastos
4
Artículo 7 del Decreto 57 de 1993.
de representación sin carácter salarial y sustituye la prima de que trata el artículo 7
del Decreto 903 de 1992”.
La expedición de los decretos salariales de los servidores públicos, generó una
interpretación de la autoridad administrativa, responsable de la aplicación de dicha
normativa, en el sentido de interpretar que el 30% de la prima especial hace parte
de la remuneración mensual.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 2 de abril de 2009,
Exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, precisó que el concepto de prima siempre significará una adición
al ingreso del servidor público.
La sentencia mencionada indicó lo siguiente:
“(…) la noción de prima como concepto genérico emerge a título de
reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar
cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implica
un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de
antigüedad, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado
en la función pública para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores
públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no
definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio”.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 29 de abril de 2014, con ponencia de María Carolina Rodríguez Ruiz,
Exp. No. 11001-03-25-000-2007-00087-00, declaró la nulidad parcial de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante
los cuales se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la
Ley 4a de 1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la ley mencionada al haber mermado el salario de un grupo
de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley.
La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, profirió el 2 de septiembre de
2019, sentencia 5 donde estableció las siguientes reglas respecto de la “prima
especial”:
“La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial consagrada
en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes términos:
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de septiembre
de 2019, Conjuez Ponente Dra. CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. No. 41001-23-33-000-
2016-00041-02
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de
la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial,
Fiscalía, Procuraduría entre otros, tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin
que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual
a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de
cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a
los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías
de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe
efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de
septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla
general. Esa regla tiene una excepción, que consiste en que si la persona
logra demostrar en el expediente, con pruebas documental, que antes del 3
de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley.
En ese caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se
retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha
entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3
de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está
variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores
beneficiaros de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de
1992- jueces, magistrados y otros funcionarios-, en la medida en que en
ningún caso se superan los porcentajes máximos o topes fijados por el
Gobierno Nacional.”
Queda así definido, conforme a la sentencia mencionada, que la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de ésta, y que ella sólo constituye factor salarial para efectos
de pensión de jubilación.
5. EL CASO CONCRETO
De conformidad con las consideraciones que anteceden, se desarrollará el caso
concreto, en los términos que a continuación se exponen:
La señora MARLENY DE JESUS PELAEZ JURADO se desempeñó como Juez
municipal del distrito judicial de Antioquia, desde el año de 1987, conforme a los
hechos de la demanda y la aceptación de estos en el escrito de contestación,
certificación que obra en el expediente del expediente, así como los certificados
salariales allegados con el libelo introductorio.
(i) Desde el año 1987, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Antioquia liquidó y pagó a la demandante el 100% de la remuneración
fijada en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en forma anual,
habida consideración que la ley 4ª vino a ser expedida sólo en el 18 de
mayo de 1992.
La posición jurisprudencial que en precedencia se ha dejado reseñada, ha permitido
que esta jurisdicción, en diferentes procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, haya verificado que a los funcionarios de la Rama Judicial, desde el año
1993 se les ha disminuido la asignación básica en un 30% al darle a ese 30% el
carácter de prima especial, lo cual no se compadece con los principios
constitucionales e internacionales del derecho al trabajo que demandan, entre otros,
la progresividad del ingreso y la nivelación del mismo.
Resulta pertinente reiterar en este punto, lo dicho por la Sala Plena de Conjueces
en la sentencia antes referida:
“Para la Sala demostrado está que a partir de la expedición de los
Decretos 51, 54 y 57 de 1993, 104, 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35
y 36 de 1996 y sucesivos, el Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al
establecer el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial, ha
dado la denominación de prima especial establecida en el artículo 14 de
la ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30% del salario de los
funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la
posibilidad de que ese 30% que, se reitera, es parte de su salario básico y/o
asignación básica, sea tenido en cuenta para la liquidación de sus
prestaciones sociales; no más cabe que restablecer este derecho.”
6. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN TRIENAL
En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, esta Sala comparte la posición
asumida por la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de Unificación del pasado
2 de septiembre de 2019, sentencia que rectificó la posición de la Sección Segunda
expuesta en las sentencias de la Subsección A de 4 de marzo de 2010, radicación
No. 25000-23-25-000-2005-06222 y Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto
de 2010 Rad. No. 25000-23-25000-2005-05159.
Dijo la sentencia citada, en relación con la prescripción de la prima especial lo
siguiente:
“Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento sine qua
non, que el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se causa dicha
exigibilidad, inicia el conteo de los 3 años con los que cuenta el empleado o
trabajador para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
término que será interrumpido solo con la presentación de un reclamo escrito
del derecho ante la autoridad encargada de reconocerlo.
En atención a lo anterior, en cada caso en concreto se debe establecer: (i)
el momento en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se
interrumpió la prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del
reclamo escrito), contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por
pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción.
Aun así, sobre la prima especial creada por la Ley 4a de 1992, muchas son
las discusiones dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse
el conteo de la prescripción, por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del
derecho, puesto que, en principio, este se causó con la vigencia de la norma
que lo creó y, en adelante, con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los
parámetros fijados en los decretos que anualmente expidió el Gobierno para
reglamentarla. No obstante, los correspondientes decretos expedidos entre
los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos -parcialmente-, mediante la
sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a
juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (...) la Ley» y
consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los
servidores públicos beneficiarios, de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la
constitución del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente
señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la
entrada en vigencia de la Ley 4a de 1992 que la creó y con la expedición del
decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la Ley 4a de 1992 -acogidos al Decreto 57
de 1993- se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional
expide año tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas
salariales que regirán durante su vigencia. Ello implica que al tratarse de una
norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron
conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración,
de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido,
contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la
autoridad administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4a de 1992 es decir, a partir del 7 de enero de 1993,
fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 199343. En consecuencia,
desde el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber interrumpido la
prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria
de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir
la prescripción, dada su naturaleza declarativa.”
Conforme a la sentencia en cita, se precisó en materia de la prima especial, que la
exigibilidad del derecho se predica desde el momento de entrada en vigencia de la
Ley 4a de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.
La Sala llega a las siguientes conclusiones en lo que atañe a la prima especial de
la actora:
1. La accionante, demandó que se declaren nulas la resoluciones No. 2431 de
febrero 5 de 2003, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, y la No. 2849 de agosto 26 de 2003
proferida por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial,
mediante las cuales negaron el pago del 30% de las prestaciones como:
a.) bonificación anual, b.) prima de servicio, c.) prima de vacaciones, d.)
prima de navidad, e.) cesantías, y f.) intereses sobre las mismas de 1993 a
2003, a la Dra. Marleny Peláez J.
2. La demandante venía vinculada desde el año 1987 a la Rama judicial como
Juez Municipal, y a la presentación de la demanda, todavía se hallaba
vinculada en tal calidad.
3. A la demandante se le desmejoró su salario en un 30%, al otorgarle a este
porcentaje el carácter de prima especial, decisión que repercutió en la
liquidación de sus prestaciones sociales, las cuales se le liquidaron sobre el
70% de su remuneración y no sobre el 100%, razón por la cual, se
restablecerá su derecho para que su salario y sus prestaciones se liquiden
sobre el monto total de su remuneración. No compartiendo en este punto de
la alzada los argumentos de la demandada, en el sentido de afirmar que la
demandante no tiene derecho a que se le liquide su prima especial conforme
a los lineamientos jurisprudenciales y arguyendo razones presupuestales
que no tienen cabida racional en el derecho que se debate.
4. El restablecimiento del derecho se traduce en el pago del 30% que el
demandante no recibió a título de prima especial y en el pago de las
diferencias que resulten de la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de la remuneración y no sobre el 70% de la remuneración
como le fueron liquidadas y reconocidas.
5. Sin embargo, el derecho que le asiste a la actora, se encuentra prescrito en
lo que corresponde al periodo del 5 de febrero del 2000 hacia atrás, por
cuanto la decisión de la sala administrativa que negó solicitud de
reconocimiento del 30% de la prima especial como adicional al salario y la
reliquidación de sus prestaciones sociales, es del 05 de febrero del año 2003,
tal y como lo decidió el aquo, sin que fuera materia de oposición en ese
sentido por la demandada.
De otro lado, la demandada solo se limita en la alzada, a reiterar los argumentos de
apelación de la contestación de la demanda, sin determinar a partir de cuándo, o si
la prescripción se aplica a la totalidad de las pretensiones.
Precisa la Sala que en el periodo en que corrió la prescripción, reconocida
parcialmente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá efectuar
los aportes al sistema de seguridad social en pensión, pues estos, como es sabido,
son imprescriptibles.
Lo anterior, por cuanto la prescripción no opera en relación con la obligación de la
demandada de realizar, en favor del accionante las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un
derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que
se tomaba como prima especial, por lo que en este punto será modificada la
sentencia de primera instancia.
En cuanto a la tesis de la entidad demandada según la cual, la falta de presupuesto
debe eximirla de efectuar el pago de los derechos laborales del demandante, es una
postura que resulta reprochable por su mera proposición , pues la falta de
disponibilidad presupuestal no es argumento para desconocer los derechos
laborales y prestacionales de la demandante, y que la jurisprudencia ha venido
reconociendo; por lo que la ineficacia en el trámite de la disponibilidad presupuestal
para el pago de sentencias condenatorias no puede convertirse en argumento
jurídico para desconocer ese tipo de derechos, ni ningún otro.
COSTAS:
No se condenará en costas en esta instancia por cuanto no está demostrada la
temeridad ni la mala fe de la apelante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Sala de Conjueces, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada.
SEGUNDO: ORDENAR a la RAMA JUDICIAL, DERECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, efectuar los aportes a la Seguridad social en
pensión del demandante, en el periodo en que operó la prescripción, pues estos,
como es sabido, son imprescriptibles.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Cópiese, notifíquese y firme esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO Conjuez
Ponente
SONIA MARINA CASTRO MORA
Conjuez
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez
NUBIA GONZÁLEZ CERÓN
Conjuez
CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez
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