Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-31-000-2005-00803-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-31-000-2005-00803-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-31-000-2005-00803-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
13 de noviembre de 2025
Radicado: 05001-23-31-000-2005-00803-01 (27945)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-31-000-2005-00803-01 (27945)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandada: Municipio de Envigado (Antioquia)
Temas: Contribución de Valorización. Requisitos para demandar. Beneficio.
Valoración probatoria.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 25 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que decidió2:
“Primero. Declarar no prósperas las excepciones de caducidad, extralimitación del mandato e
inepta demanda formuladas por la parte demandada, conforme lo expuesto en esta decisión.
Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 655 del 17 de marzo de 2004, en lo que
tiene que ver con la determinación de la cuota de valorización respecto del predio de la
demandante, identificado dentro de la distribución como predio N° 200003006000000; y la nulidad
de la Resolución N° 1721 del 15 de junio de 2004 por medio de la cual se resolvió un recurso de
reposición.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, declarar que la demandante no estaba obligada
al pago de la cuota de valorización fijada en su contra y en consecuencia, ordenar la devolución
del pago efectuado por este concepto, por valor de $712.903.027, suma que deberá actualizarse
con base en el índice de precios al consumidor, según lo previsto en el artículo 178 del CCA.
Cuarto. Sin costas en esta instancia.”
ANTECEDENTES
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El municipio de Envigado distribuyó, a través de las resoluciones 655 del 17 de marzo
de 2004 y 1721 del 15 de junio de 2004, la contribución por valorización del proyecto
«construcción de redes de acueducto y alcantarillado en la zona de expansión urbana y alcantarillado
en un sector de la vereda El Escobero». Determinó a cargo de EPM la suma de
$984.684.089. La empresa demandante interpuso recurso de reposición contra el
anterior acto, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nro. 1721 del 15 de junio de
2004, que ajustó el monto de la contribución a la suma de $712.903.027 y rechazó la
solicitud de exclusión del predio de la demandante de la zona de influencia del citado
proyecto.
1
Ingresó al despacho el 17 de abril de 2024.
2
Samai CE, índice 2, folios 1 a 15.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
CARGOS DE LA DEMANDA Y OPOSICIONES FORMULADAS EN LA
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
EPM, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, mediante apoderado, formuló
las siguientes pretensiones:
“1. Inaplicar el Acuerdo 015 de junio 30 de 2000 contentivo del plan de ordenamiento
territorial, en el aparte que clasifica los usos del suelo del lote de la Planta Ayurá de
propiedad de Empresas Públicas de Medellín. (Ver artículos 62 y 63 y el plano F4)
2. Declarar la nulidad de las siguientes resoluciones:
a. La Resolución 655 del 17 de marzo del 2004 "Por medio de la cual se distribuye la
contribución de valorización para la obra "Construcción de redes de acueducto y
alcantarillado en la zona de expansión urbana y alcantarillado en un sector de la vereda
El Escobero", Y
b. La Resolución No. 1721 del 15 de junio de 2004 "Por medio de la cual se resuelve un
Recurso de Reposición"
3. Declarar que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. no están obligadas a pagar al
Municipio de Envigado la suma consignada en las Resoluciones mencionadas, por
concepto de valorización, ni tampoco tienen que reconocer o cancelar interés alguno por
el no pago de las mismas.
4. Ordenar a título de restablecimiento del derecho, que se devuelvan debidamente
Indexadas, con el correspondiente Interés comercial que devenguen esos dineros, las
sumas que en virtud de los actos acusados, las Empresas Públicas de Medellín le
cancelaron al Municipio de Envigado, de conformidad con la constancia de pago que se
adjunta a esta demanda por SETECIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TRES
MIL VEINTISIETE PESOS ($712.903.027.00).
5. Que se condene en costas al municipio de Envigado
6. Que se actualice la condena conforme lo establecido por el C.C.A.” 3
Indicó como normas violadas los artículos 150 de la Constitución Política; 18 y 35 de
la Ley 388 de 1997; 142 de la Ley 142 de 1994; 1° y 7° de la Ley 56 de 1981; el
Acuerdo 015 de 2000; el Acuerdo 50 de 2001 y la Ley 25 de 1921.
Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y en la
contestación se ejerció el derecho con contradicción así4:
Primer cargo: Inexistencia de beneficio derivado de las obras construidas.
Norma violada Acuerdo 50 de 2001
1. La entidad demandante adujo que el municipio de Envigado adelantó la
construcción de redes de acueducto y alcantarillado en la zona oriental y parte alta del
municipio, en la que se encuentra el predio identificado con el número de matrícula
inmobiliaria 001-794733, de propiedad de la demandante. En dicho predio se
encuentra construida la planta de tratamiento de agua potable La Ayurá.
El municipio, previamente a desarrollar la obra, consultó a la demandante sobre el
proyecto. La sociedad demandante en su calidad de prestadora del servicio, lo devolvió
3
Ibidem.
4
Samai Tribunal, índice 2.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
con observaciones, entre las cuales solicitó tener en cuenta el área futura de
cubrimiento correspondiente a la zona 2, donde se encuentra la planta de tratamiento.
En tal oportunidad, la demandante le indicó al municipio que su predio no tendría un
beneficio real de las obras, ya que estas no podrían atender la demanda de agua
potable de la zona 2 en la que se encuentra el predio de EPM. Por el contrario, la
demandante sostuvo que sin la existencia de su planta (planta de tratamiento de agua
potable La Ayurá) no resultaba posible la construcción de las redes de alcantarillado
que propuso la administración municipal, por cuanto el agua tratada en la planta La
Ayurá, ubicada en ese predio, alimentaría la tubería construida por el municipio.
Afirma que del Acuerdo 50 de 2001 se infiere que el predio no recibe ningún beneficio
económico con la ejecución del proyecto de valorización. A juicio del demandante, no
se beneficiaría de los servicios de acueducto y alcantarillado. Lo anterior, considerando
que el inmueble donde se encuentra la planta La Ayurá tiene resueltas sus
necesidades de agua y alcantarillado mediante autoabastecimiento.
Además, EPM no podría urbanizar dicho predio en el futuro, de manera que resulta
imposible beneficiarse de las obras financiadas con la valorización. Señaló que el
beneficio derivado de la construcción de la obra debe ser real y, en este caso, no hay
un beneficio real, actual ni potencial, lo que descarta la procedencia del cobro de
valorización.
De otra parte, en el inmueble se encuentran tuberías de alta presión que generan un
alto riesgo, por lo que deben ser consideradas áreas de «retiro en su entorno» (para la
protección de la infraestructura allí ubicada), lo que hace inviable la construcción de
vivienda, como equivocadamente la calificaba el Plan de Ordenamiento Territorial -
POT-. Por lo tanto, el predio de la demandante no podría aprovecharse de las redes
de acueducto y alcantarillado cuya construcción dio lugar al cobro del tributo.
2. Respecto de este cargo, el municipio demandado sostuvo que la parte del lote
donde se encuentra la planta de tratamiento (16% del total del predio) se encuentra
catalogada en zona urbana, y afirma que la oficina de catastro municipal debió incluir
dicho predio como zona rural, ya que más del 75% del mismo se encuentra en esta
categoría.
El demandado afirmó que EPM condicionó la aprobación del diseño de la obra de
ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona 2, a que el municipio
excluyera de los estudios previos el terreno propiedad de la sociedad demandante,
bajo la advertencia de no prestar el servicio. No obstante, para el ente territorial, la
planta de tratamiento La Ayurá se encuentra dentro del área de influencia futura del
proyecto, lo cual quedó previsto en los diseños aprobados por la empresa
demandante.
De otra parte, aunque el lote está atravesado por tuberías de alta presión, dentro del
POT quedó establecido que la zona es considerada como desarrollable para la
construcción de viviendas, dado que el predio no está totalmente dedicado a la
prestación del servicio público. Esta situación se le comunicó a EPM, quien no objetó
tal circunstancia, por lo que cinco años después no puede argumentar que el predio
está mal clasificado respecto al uso del suelo.
El municipio de Envigado indicó que las redes de acueducto y alcantarillado en
construcción se le entregarían a EPM en su calidad de prestadora del servicio público,
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por lo que la entidad tendría derecho a acceder a ellas y beneficiarse económicamente,
sin poder eximirse del pago de la contribución por valorización.
El demandado destaca que, al resolver el recurso de reposición, el municipio corrigió
el factor ponderado del beneficio de alcantarillado, fijándolo en cero para el 16% del
predio que ya cuenta con infraestructura para el vertimiento de aguas residuales. Pero,
aún si se entiende que ese 16% del predio no obtiene ningún beneficio derivado de la
construcción de la obra, debe considerarse que el 86% restante tiene un beneficio por
la obra, máxime si cambia el uso del suelo en un futuro.
Afirma el municipio que el beneficio obtenido por la demandante es patente al
compararse el valor del predio antes de la obra y el valor futuro, después de la
construcción de la obra que da origen a la valorización. En todo caso, el beneficio
percibido se muestra en los cuadros de distribución de la contribución que hacen parte
de los actos demandados.
Segundo cargo: Inaplicación del POT en lo relacionado a la calificación del uso
del predio. Norma violada artículo 35 de la Ley 388 de 1997
1. La demandante indicó que, a pesar de que inicialmente el municipio excluyó el
predio de su propiedad del proyecto, mediante los actos demandados le asignó un
monto a pagar por concepto de contribución de valorización por la construcción de
redes de acueducto y alcantarillado. Señaló que el Plan de Ordenamiento Territorial -
POT- del municipio de Envigado, vigente para el momento de asignación de la
contribución (Acuerdo 15 del 30 de junio de 2000), clasificó ese predio como
residencial y agrícola, en lugar de asignarle el carácter de suelo de protección sin
posibilidad de ser urbanizable por su destinación a la prestación de un servicio público
domiciliario, conforme con el artículo 35 de la Ley 388 de 1997.
La errónea clasificación del uso del predio como residencial y agrícola supone una
extralimitación de funciones del municipio, derivando en una falsa motivación de los
actos demandados, en tanto se basan en una clasificación del uso del bien que no
corresponde con la realidad. A juicio de la demandante, su predio corresponde a suelo
de protección. En este se ubica parte de la infraestructura para la provisión de servicios
públicos. En consecuencia, no solo es equivocada la clasificación del predio en el POT,
razón por la que debe inaplicarse, sino que también resultan nulos los actos que se
basan en esta clasificación errónea, como son los actos que asignan la contribución
de valorización objeto de este proceso.
2. El municipio demandado se opone a este cargo y advierte que la realización de
las obras de acueducto y alcantarillado que dan lugar al cobro de la valorización sí fue
autorizada por el municipio, mediante el Acuerdo 065 de 2001. La demandante estaba
plenamente informada sobre su realización e, incluso, participó en su diseño y
construcción. No hay lugar a la inaplicación del Acuerdo nro. 015 de 2000 porque se
encontraba vigente al momento de la expedición de los actos demandados y no ha
sido demandado; por tanto, goza de presunción de legalidad, por lo que el uso del
suelo que legalmente le corresponde al predio en el que se encuentra la planta La
Ayurá es el definido por el municipio en el acuerdo mencionado, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales.
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Tercer cargo: Improcedencia del cobro de valorización por realización de obra
sin autorización. Norma violada artículo 18 de la Ley 388 de 1997
1. La demandante aseguró que los actos demandados desconocen lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 388 de 1997. Lo anterior, porque el POT indica que debe
señalarse el programa de ejecución en el que se incluyan las obras a desarrollar en el
período de cada administración, y en el Acuerdo 015 de 2000 no se incluyó el proyecto
01-2003 que corresponde a la construcción de redes de acueducto y alcantarillado de
las zonas comprendida entre la quebrada Zúñiga y la Loma Las Brujas. Considerando
que es la ejecución de esta obra (no incluida en el Acuerdo 015 de 2000) la que sirve
de sustento al cobro de la contribución de valorización, es fácil concluir que el Concejo
Municipal no estaba legitimado para el cobro de dicha obra. Así, la Resolución 655 de
2004, que distribuye la contribución, incurre en falsa motivación al citar como
fundamento el Plan de Desarrollo y de obras públicas del municipio para el periodo
2002-2004, que no tiene prevista la obra que da lugar al cobro.
2. El ente territorial no se pronunció sobre este cargo de nulidad en específico.
Cuarto Cargo: Violación de la Ley 142 de 1994, por desconocimiento de la
función social de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Norma violada artículo 11 de la Ley 142 de 1994
1. Para la sociedad demandante los actos demandados desconocen la obligación de
la empresa demandante de cumplir con la función ecológica de los predios destinados
al cumplimiento de sus funciones. El predio donde se ubica la planta de tratamiento La
Ayurá es atravesado por tuberías de alta presión que generan un riesgo. EPM se ha
preocupado por mantener tales áreas de uso restringido, con miras a garantizar la
prestación del servicio de acueducto.
2. El municipio demandado afirmó que la Ley 142 de 1994 permite que las entidades
municipales impongan gravámenes a las empresas de servicios públicos, aunado al
hecho de que el predio no ha sido declarado de utilidad pública conforme con la Ley
388 de 1997.
Quinto cargo: Violación de la Ley 56 de 1981. Improcedencia de cobros
adicionales. Normas violadas artículo 1 y 7 de la Ley 56 de 1981.
1. La demandante sostiene que la Ley 56 de 1981 exime a las entidades propietarias
de las obras públicas destinadas a la prestación de servicios públicos de pagar
contribuciones distintas a las contempladas en esa norma, con motivo de la ejecución
de tales obras. En este caso, EPM paga una compensación a favor del municipio de
Envigado por el impuesto predial que deja de percibir el ente territorial por el predio en
que se encuentra la planta La Ayurá, por estar destinado a la prestación de un servicio
público. Por ello, no hay lugar al cobro de una contribución adicional, como se pretende
cobrar mediante los actos demandados.
Finalmente, insistió en que el alcalde del municipio de Envigado actuó sin competencia
para imponer la contribución a EPM, al fundamentar su decisión en la presunta
obtención de un beneficio económico, sin tener en cuenta que dicho beneficio no se
verifica en la práctica. EPM, como entidad de derecho público encargada de la
prestación de servicios públicos, no obtiene una ganancia directa, sino que cumple
una función en beneficio de la comunidad.
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2. El municipio demandado insiste en que no se viola la Ley 56 de 1981, en tanto el
objeto de la obra es la construcción de redes de acueducto y alcantarillado por parte
del municipio. EPM no tuvo que hacer ninguna adecuación al interior de la planta y, en
cambio, sí se vio beneficiada al poder vender más servicios, utilizando la red construida
por el municipio.
EXCEPCIONES FORMULADAS EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
En la contestación de la demanda, el municipio demandado propuso las excepciones
de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, extralimitación
en las facultades del mandato, e inepta demanda.
SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia: (i) negó las excepciones presentadas por
el municipio, (ii) accedió las pretensiones de la demanda y (iii) no condenó en costas5.
El fundamento jurídico del fallo respecto de cada cargo, así como los motivos de
impugnación de la parte demandada, como único apelante, son:
Excepción de Caducidad
1. El Tribunal concluyó que la demanda interpuesta por Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. fue presentada dentro del término legal de cuatro meses establecido
por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esto, atendiendo a que la
resolución que resolvió el recurso de reposición fue notificada el 16 de julio de 2004 y
la demanda fue radicada el 16 de noviembre del mismo año. Por tanto, no se configuró
la caducidad. La excepción propuesta no prosperó.
2. El municipio no indicó reparo alguno frente a esta excepción.
Excepción de extralimitación de facultades del mandato
1. El Tribunal sostuvo que la objeción del Municipio de Envigado, según la cual el
apoderado de EPM no tenía facultades expresas para solicitar la inaplicación del
Acuerdo 015 de 2000 dentro de la demanda, no estaba llamada a prosperar. El a quo
concluyó que el poder otorgado fue suficiente, ya que determinó claramente los actos
administrativos objeto de la acción y permitió al apoderado formular pretensiones
relacionadas con ellos. Además, no es necesario que el poder incluya una
transcripción literal de las pretensiones ni de las defensas oponibles. Basta que el
asunto esté claramente delimitado en el acto de apoderamiento. Por tanto, la
excepción no prosperó.
2. El ente territorial no apeló este punto.
Excepción de Inepta demanda
1. La excepción de ineptitud de la demanda se sustentó en que no se incluyó como
objeto de nulidad el Acuerdo 015 de 2000, del cual derivan los actos administrativos
cuestionados. El a quo concluyó que la solicitud de inaplicación de una norma general,
5
Ibidem.
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como el Acuerdo 015 de 2000, no implica que se discuta su legalidad, sino verificar si
su aplicación vulnera normas de rango superior, por lo que cabe estudiar la
inaplicación sin que sea procedente exigirle a la sociedad demandante que hubiese
incluido la nulidad del Acuerdo 015 de 2000 como pretensión en su demanda. Por
tanto, no dio prosperidad a esta excepción.
2. En su recurso de alzada, el municipio de Envigado impugna este motivo del fallo.
Indicó que para estudiar la inaplicación del Acuerdo 015 de 2000 es necesario que el
demandante solicite su nulidad, por cuanto esta norma clasificó el inmueble de la
demandante como de uso "Residencial y Agrícola-Residencial", lo que permitiría la
expansión urbana. El citado acuerdo refleja la voluntad de la administración frente a
una situación jurídica particular y, junto con los actos demandados, constituye una
unidad jurídica, por lo que resultaba necesaria su inclusión como norma demandada.
Si no se demandan todos los actos administrativos relacionados con el caso concreto,
se configura una proposición jurídica incompleta, lo que impide al juez realizar un
análisis integral de la controversia.
Primer cargo: Beneficio como requisito de la contribución por valorización.
Norma violada: Acuerdo 050 de 2011
1. El Tribunal consideró que la contribución por valorización es un gravamen real que
recae sobre la propiedad, no sobre la actividad comercial del propietario. Así, el
beneficio está representado por el incremento del valor del predio con ocasión de la
realización de la obra y no por el efecto de las obras en la actividad económica de la
demandante.
En este caso, de conformidad con el dictamen pericial6 y los testimonios recogidos7, el
Tribunal estableció que el predio de la demandante fue excluido de la red de acueducto
proyectada, así mismo que la planta de tratamiento de la demandante no percibía
ningún beneficio de la obra a financiar. Esto, por cuanto desde antes de la obra contaba
con la posibilidad de autoabastecimiento de agua y alcantarillado. Así, la red se
conectó a la planta de tratamiento para la prestación del servicio a la zona; pero ello
no implica que la planta de tratamiento requiriera de la red para suplir sus necesidades
de agua y saneamiento básico.
A juicio del a quo no cabe considerar la existencia de un beneficio potencial y futuro
para el predio por la construcción de las redes de acueducto. Téngase en cuenta que
la planta fue construida en 1963, sin expectativas de ser trasladada, por lo que no
puede hablarse de un beneficio futuro. Máxime si se parte de un hecho futuro e incierto,
que no puede servir de fundamento para el cobro actual del gravamen.
6
Samai Tribunal, Indice 101 El dictamen buscaba establecer si los proyectos de redes de acueducto y alcantarillado en Envigado
(Zonas 1 y 2) incluyeron el predio de la Planta Ayurá de EEPPM y si este se beneficia de dichas obras. Además, debía verificar
las condiciones del predio en cuanto a servicios públicos, su clasificación de uso del suelo, la existencia y relevancia de la planta,
y el impacto de las obras sobre el lote de la demandante.
7
Samai Tribunal, índice 86. Gloria Patricia Ramírez Cardona expuso que la Planta de Tratamiento La Ayurá no recibió ningún
beneficio del proyecto de redes de acueducto y alcantarillado ejecutado por el Municipio de Envigado mediante el sistema de
valorización. La planta es autoabastecida y no tiene conexión alguna con las redes construidas por el municipio. Afirmó que los
diseños del proyecto excluyeron expresamente el predio de la planta Ayurá, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. Concluyó que
el cobro por valorización no se justifica, ya que no hubo beneficio directo ni indirecto para el predio, y que el municipio no consideró
adecuadamente el uso del suelo ni la función pública del predio, el cual está destinado exclusivamente a la prestación de servicios
públicos domiciliarios.
Omar Dario Longas Sosa declaró que el predio donde se ubica la planta no se benefició del proyecto de redes de acueducto y
alcantarillado ejecutado por el Municipio de Envigado. Explicó que la planta ya tenía resueltas sus necesidades de abastecimiento
y vertimiento de aguas residuales, por lo que no requería conexión a las nuevas redes. Afirmó que el diseño del proyecto excluyó
técnicamente el predio de EPM, y que cualquier eventual beneficio futuro sería incierto y no justificaba el cobro por valorización.
Además, destacó que el predio está destinado exclusivamente a la prestación de servicios públicos, con zonas de protección y
redes de alta presión que impiden su desarrollo urbanístico.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
De otra parte, si bien la planta no ocupaba la totalidad del predio, se constató, con
base en las pruebas recogidas8, que las áreas no desarrolladas están comprometidas
para el paso de la tubería externa, las áreas de protección y retiros, todo lo cual está
destinado a garantizar la seguridad de los predios y los residentes aledaños.
Por lo anterior, el tribunal concluyó que no se cumple el requisito de existencia de
beneficio para el predio derivado de las obras financiadas por el tributo cuyo cobro se
pretende, por lo que EPM no es sujeto pasivo de la contribución por valorización. En
consecuencia, declaró la nulidad parcial de la resolución que distribuyó la
contribución, en la parte que corresponde a la asignación de la misma a cargo
del predio de la demandante, la nulidad total de la resolución que resolvió el
recurso de reposición, y ordenó la devolución del pago realizado.
2. Para el apelante único (el municipio demandado), sí se generó para la
demandante un beneficio derivado de la obra, ya que solo el 34,09% del predio de
EPM está ocupado por la planta de potabilización y las áreas de retiro. De tal manera
que el 65,91% restante del predio podrá aprovechar los beneficios de las obras,
conforme a las normas urbanísticas, en un momento futuro en el que se desarrolle el
predio. Adicionalmente, la ampliación de la cobertura de acueducto y alcantarillado en
la zona de influencia de la obra benefició a EPM, al incrementar sus clientes sin
necesidad de nuevas inversiones, lo que aumentó la rentabilidad del servicio prestado
por la demandante.
EPM no incurrió en costos para la infraestructura, pero obtiene rentabilidad por la
prestación del servicio a través de la infraestructura construida por el municipio de
Envigado. Este beneficio es evidente, ya que el servicio de acueducto y alcantarillado
no es gratuito, y los nuevos clientes se conectaron a las redes construidas por el
municipio.
No cabía fundar la decisión en los testimonios obtenidos, ya que los testigos son
funcionarios de EPM, lo que les resta credibilidad debido a su dependencia económica
y a su participación en la valoración de la viabilidad del proyecto. Asimismo, la prueba
testimonial no era adecuada para demostrar los hechos objeto de la pretensión. Por
su parte, el dictamen pericial era inconducente, dado que valoró aspectos propios de
una demanda de nulidad contra el POT, y no contra las resoluciones que distribuyeron
la contribución de valorización.
8
Samai Tribunal índices 45, 46, 86 y 101 Derecho de petición elevado por EPM ante el municipio de Envigado, para que se aclare
cuál es el beneficio reportado para la entidad con la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, y respuesta dada
frente a la petición.
− Solicitud de cambio de uso del suelo elevada por EPM ante el Jefe de Planeación Aguas- Gerencia de aguas de la misma
entidad y respuesta.
− Sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento dentro del proceso de acción popular radicado 993823, proferida por la
Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
− Contratos N° 1/DJ-7982/5 y N° 1/DJ5941/30 celebrados entre EPM y el municipio de Envigado para la ejecución de obras
y prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
− Planos.
− Testimonios de Gloria Patricia Ramírez Cardona y Omar Dario Longas Sosa
− Dictamen pericial.
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Segundo cargo: Definición y clasificación del uso del suelo. Inaplicación del
POT.
1. Al analizar el cargo relativo a la inaplicación del Acuerdo 015 de 2000, el Tribunal
consideró que no era procedente el argumento de la sociedad demandante
relacionado con que su predio debía ser considerado suelo de protección por estar
destinado a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Lo anterior, dado que al
compararlo con la Ley 388 de 1997 no existía una contracción evidente ni flagrante.
Además, afirmó que la clasificación de suelo de protección requiere una declaración
de utilidad pública que corresponde exclusivamente al Concejo Municipal.
2. El Municipio de envigado no impugnó la decisión del a quo, en lo que tiene que ver
con este cargo.
Tercer cargo: Falta de inclusión del proyecto en el POT y en los Planes de
Desarrollo Municipal.
1. Analizó el Tribunal que en el Acuerdo 015 de 2000, que contiene el POT del
municipio de Envigado, se estableció la ejecución de proyectos de infraestructura
física, incluyendo agua potable y saneamiento básico. En el Plan de Desarrollo 2002-
2004, que respaldó la expedición del Acuerdo 025 de 2003 sí se previó la realización
de obras de diseño y construcción de acueductos y alcantarillados, incluyendo a las
veredas Escobero, Antillas y Pantanillo, áreas afectadas por la obra de valorización
que se determinó en los actos administrativos. Con lo que desvirtúa el cargo formulado
por la demandante.
2. A pesar de la decisión favorable obtenida respecto a este cargo, el municipio de
Envigado reafirmó que tiene la competencia para organizar y reglamentar el uso del
suelo a través del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual es un instrumento legal
adoptado mediante acto administrativo que establece las prioridades y necesidades
del territorio, y determina los proyectos y obras a realizar, incluyendo los gravámenes
por valorización de predios.
Cuarto y Quinto cargos: Violación de la Ley 142 de 1994, por desconocimiento
de la función social de las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios. Violación de la Ley 56 de 1981. Improcedencia de cobros
adicionales.
1. El Tribunal en relación con la referencia que hace la parte demandante a la Ley 56
de 1981, con base en la cual sostiene que la entidad no está sujeta al impuesto predial,
sino a la compensación especial prevista en dicha norma para las empresas
prestadoras de servicios públicos, y que esta situación confirmaría la naturaleza
especial del predio en cuestión, señaló que no obra prueba en el expediente que
demuestre el pago efectivo de dicha compensación por parte de la entidad respecto
del predio mencionado, por lo que no era procedente emitir consideraciones al
respecto.
El único apelante (municipio demandado) no expone motivos de alzada en relación
con la decisión sobre estos dos cargos.
Costas
1. Finalmente, el Tribunal no condenó en costas por no encontrarse probadas.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante presentó sus alegatos de cierre reiterando lo expuesto en la
demanda. Sostuvo que el predio donde se ubica la Planta de Potabilización La Ayurá
no se beneficia, ni se beneficiará, de las obras de redes de acueducto y alcantarillado
ejecutadas por el Municipio de Envigado en el marco del proyecto de valorización. La
planta cuenta con infraestructura propia para el abastecimiento y tratamiento de aguas
desde su creación en 1964, sin requerir conexión a dichas redes.
Además, argumentó que el predio debe ser considerado suelo de protección por
albergar infraestructura crítica de servicios públicos, lo cual excluye su urbanización
según la Ley 388 de 1997.
Expertos y peritos confirmaron que el diseño del proyecto no contempló demanda ni
conexión del predio a las redes construidas, y que el área del lote está
mayoritariamente destinada a infraestructura y zonas de retiro por seguridad, lo que
refuerza su carácter no urbanizable. Por tanto, EPM solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia que declaró la nulidad de las resoluciones que impusieron el cobro
por valorización, al no cumplirse el requisito de beneficio exigido por la normativa
aplicable.
La parte demandada insistió en los argumentos planteados en la contestación de la
demanda y el recurso de apelación.
Manifestó que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a la
normatividad vigente, especialmente al Acuerdo Municipal nro. 015 de 2000 que
estableció el POT del municipio. Acto que clasificó el predio de EPM como “Residencial
y Agrícola-Residencial” y no como suelo de protección. Por ello, es sujeto del
gravamen de valorización. Argumentó que el 65,91% del predio no está destinado a la
planta de tratamiento y puede ser aprovechado urbanísticamente, lo que implica un
beneficio económico derivado de las obras de acueducto y alcantarillado ejecutadas
por el municipio.
Señaló que EPM se benefició indirectamente al operar el servicio en la zona y cobrar
por él, y que no se ha demostrado que el predio esté exento de tributación. Por tanto,
concluye que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados y solicita la denegación de las pretensiones de la
demanda.
Por su parte, el agente del Ministerio Público sostuvo que hubo una correcta
individualización de los actos administrativos acusados, ya que el litigio versa sobre la
legalidad de los actos que distribuyen la contribución de valorización y no se discute la
legalidad de los acuerdos municipales que crearon la contribución, por lo que la
excepción de inepta demanda propuesta carece de sustento.
Para imponer la contribución, se debe demostrar el beneficio económico que las obras
generan para los inmuebles. En este caso no se demostró que EPM recibiera un
beneficio de las obras realizadas por el municipio de Envigado, por lo que no cumple
con los requisitos para ser considerado sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
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Finalmente, sostuvo que el dictamen pericial cumplió con los requisitos legales y fue
puesto en conocimiento de la entidad recurrente, quien tuvo la oportunidad de
controvertirlo, solicitar su aclaración, modificación o adición, e incluso objetarlo, pero
no hizo uso de esta oportunidad. Por todo lo anterior, solicitó confirmar la sentencia
apelada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
PROBLEMA JURÍDICO
Conforme al relato de la sentencia apelada y de los motivos de impugnación
específicos, el alcance de la alzada se limita a determinar lo siguiente:
(i) ¿El predio de propiedad de la demandante obtuvo un beneficio derivado de la
construcción de redes de acueducto y alcantarillado en la zona oriental y parte alta
del municipio de Envigado, que dé lugar al pago de contribución de valorización?
(ii) ¿es inepta la demanda por no incluir en los actos demandados el POT que sirvió
de fundamento a la emisión de la actuación administrativa atacada?
Cuestión previa
La Sala observa que, a pesar de que el Tribunal no dio prosperidad al tercer cargo
formulado por la demandante (Falta de inclusión del proyecto en el POT y en los Planes
de Desarrollo Municipal), el municipio de Envigado incluyó en la impugnación
argumentos para reafirmar la decisión del Tribunal. Concretamente, adujo la
competencia que tiene para organizar y reglamentar el uso del suelo a través del Plan
de Ordenamiento Territorial. Sobre tal reafirmación no se manifestará esta Sección9,
toda vez que cuando la decisión es favorable a una de las partes, esta no se encuentra
facultada para recurrir la sentencia en ese punto, por carecer de interés legítimo.
Inexistencia de beneficio del predio en cuestión por las obras que causan la
contribución por valorización. Norma violada artículo 2° del Acuerdo 7 de 1998. No
prospera
1. El parágrafo tercero del artículo 2° del Acuerdo 7 de 1998 (Estatuto de Valorización
del municipio de Envigado) definió el contenido de la expresión “beneficio” a efectos del
cobro de este tributo. Dicha disposición vincula el “beneficio” a "El mayor valor económico
o incremento en el valor comercial de los inmuebles localizados en la zona de influencia de
una obra pública, por causa única y exclusiva de la ejecución". Asimismo, en el artículo 6°
ibidem se contempló que los sujetos pasivos del impuesto son "los propietarios o
poseedores de inmuebles ubicados en la zona de influencia del proyecto a ejecutar".
2. De las pruebas obrantes en el expediente, se cuenta con el dictamen pericial
realizado por el ingeniero civil Jaime Ignacio Vélez Upegui, quien al resolver la
pregunta de si en el proyecto "Zúñiga y sectores aledaños", aprobado por parte de EPM,
se incluyó en los diseños el área del predio en donde se encuentra ubicada la planta
La Ayurá de propiedad de la demandante. En respuesta afirmó lo siguiente: i) El plano
de áreas de demanda para acueducto del proyecto "Valorización Sector Zúñiga”, no
incluye el área del predio de la planta de potabilización La Ayurá dentro del circuito; y
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Auto del 5 de junio de 2014, exp. 19437, M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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ii) El plano de áreas de demanda para el proyecto "Sebastiana Brujas" no incluye el área
del predio de la planta de potabilización La Ayurá dentro del circuito.
Asimismo, en el dictamen pericial se analizó las memorias de cálculo y los planos
asociados a los diseños de las redes de alcantarillado de aguas lluvias y residuales.
Al respecto, se encontró que la planta de potabilización de agua La Ayurá “no se
encuentra como área tributaria del proyecto ni las redes de alcantarillado pasan por el predio”.
El ingeniero perito concluyó que el predio donde se encuentra ubicada la citada planta
“no obtiene ningún beneficio del proyecto de derrame de valorización Zona 1 y Zona 2, debido
a que la planta tiene resuelto su abastecimiento de agua (acueducto) y sistema de aguas
residuales, lluvias y combinadas (alcantarillado)”.
Por otro aspecto, la Sala constató que el dictamen se enfocó en el beneficio que
obtenía el predio de la sociedad demandante con las obras de valorización por los
elementos que lo componían, y no, como erradamente lo afirma el ente territorial, que
estudió aspectos relacionados con la clasificación que le otorgó el POT al inmueble.
En relación con lo sostenido por el municipio demandado, en el sentido que el
experticio concluyó que solo el 34,9 % del predio se encontraba ocupado por la planta
y las tuberías de escape, por lo que el otro 65,1 % del terreno no está edificado y se
beneficia de la obra, bajo la premisa de que es posible su fraccionamiento y uso de
acuerdo a las regulaciones urbanísticas municipales, se debe tener en cuenta la
siguiente respuesta del perito:
“La infraestructura física como tal asociada a la planta de potabilización corresponde a un
16.26% aproximadamente del total del predio de propiedad de EPM, lo que se evidencia
en la Figura 7. Se resalta además que el lote es atravesado por tres tuberías de agua
cruda y una impulsión de agua potable que son superficiales, localizadas entre el portal
Ayurá (puente en la vía transversal de la Montaña) y La Planta. Estas tuberías requieren
actividades rutinarias de mantenimiento preventivo y correctivo, en las cuales se requiere
el acceso de vehículos, equipos, personal y materiales. Adicionalmente, se requieren estas
actividades para el canal artificial existente para conducir las aguas en caso de algún
evento en esta infraestructura. Por los grandes diámetros de las tuberías existentes, los
equipos y vehículos normalmente utilizados son grúas, volquetas, retroexcavadoras,
camiones, camionetas, motosoldadores entre otros.
Por lo anterior, se debe garantizar un retiro mínimo de 30 m paralelo a su eje, con el fin de
realizar actividades de mantenimiento, así como para evitar riesgos asociados a fallas en
ellas. El porcentaje de área del predio asociado a dichos retiros corresponde a un 17.83%
del área total del lote.
El porcentaje de área total asociado a infraestructura física de la planta y retiro de tuberías
es en de 34.09%.
Adicionalmente, según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Envigado,
Acuerdo 010 de 2011, toda el área del predio en cuestión se cataloga como
equipamiento de servicios (ver Figura 7), con lo que se corrobora que el lote
completo cumple dicha función.”
Conforme lo anterior, según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Envigado previsto en el Acuerdo 010 de 2011 (posterior al Acuerdo 015 de 2000), por
medio del cual se revisó y ajuste el POT del ente territorial para los años 2011 a 2023,
el perito concluyó que todo el predio se clasificó como equipamiento de servicios,
lo cual confirmó que el lote en su totalidad cumplía esa función, argumento que
no fue controvertido por la apelante única.
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Por otra parte, el Tribunal tuvo en cuenta los testimonios de Gloria Patricia Ramírez
Cardona y Omar Darío Longas Sosa, que fueron cuestionados por la parte demandada
por su dependencia económica de la sociedad demandante, lo que les restaría
idoneidad y credibilidad.
Si bien la participación de los testigos en el proyecto de construcción de redes como
funcionarios de EPM daría lugar a poner en duda el valor probatorio de sus
afirmaciones, la Sala observa que los testimonios solo ayudaron al a quo a corroborar
las conclusiones del dictamen pericial, donde se estableció que el inmueble de
propiedad de la demandante no obtenía beneficio de las obras a ejecutar y que serían
financiadas a través de la contribución por valorización.
3. Acorde con el análisis expuesto, la Sala concuerda con el a quo en considerar que
el predio de la sociedad demandante donde se encuentra ubicada la planta de
tratamiento de agua potable La Ayurá no cumple con el requisito de beneficio
necesario para que se considere a EPM como sujeto pasivo de la contribución por
valorización determinada en los actos administrativos impugnados.
Según resultó probado, los diseños utilizados para definir la zona de influencia no
incluyeron la totalidad del predio de la demandante, y este no obtiene ningún beneficio
de dicha obra como explicó el perito experto, dado que se autoabastece de agua y ya
tiene resuelto el tratamiento de aguas residuales sin necesidad de realizar conexión al
proyecto. Además, no se puede definir un beneficio futuro, puesto que las redes
diseñadas no tienen capacidad para conectar y servir al predio en el futuro sin una
obra de ampliación de redes previa.
La destinación del predio de la demandante a la infraestructura de prestación de
servicios públicos se reafirmó con la expedición del POT del año 2011,
específicamente en el artículo 87 del Acuerdo 010 de 2011, donde se definen las áreas
del Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios como los «sitios donde se ubican
infraestructuras primarias para su provisión, […], suelos de protección (urbano) y […] de
suelos de protección rural».
Por su parte, el artículo 88 ibidem, contempla las infraestructuras primarias de la
siguiente manera:
«Artículo 88. Infraestructuras primarias Se consideran como infraestructuras primarias de
servicios públicos, las que se listan a continuación y las líneas de alta tensión enunciadas
en la tabla 13 con identificación del barrio donde se ubican
1. Planta de tratamiento de aguas La Ayurá y su línea de conducción.
y comunales
2. Captaciones y plantas de tratamientos de agua, acueductos veredales
3. Tanques de almacenamiento localizados en los barrios El Dorado y San Rafael, Jomas
del Barro y de las Brujas
4. Líneas de conducción de alta tensión.
5. Subestaciones de energía de Santa Catalina Las Vegas y las Palmas».
De lo anterior se infiere que en las infraestructuras primarias para la prestación de
servicios públicos en el municipio de Envigado incluyen expresamente la planta de
tratamiento de aguas La Ayurá, los tanques de almacenamiento, los acueductos
comunales y veredales, las líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, que en
últimas constituyen suelos de protección urbano y rural. Resulta claro, como lo
sostiene el perito, que aunque la planta de tratamiento no ocupe la totalidad del área
del predio, todo este sí se destina a servir a la función de equipamiento de servicios
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públicos, y así lo corroboró el Plan de Ordenamiento Territorial expedido por el propio
municipio en el año 2011.
Finalmente, no le asiste razón al municipio de Envigado al sostener que el beneficio
percibido se concreta en la conexión de las redes a la planta de tratamiento, lo que
deriva en la ampliación de oferta de servicios de EPM, y que lleva a un incremento de
sus utilidades. Este tipo de beneficio no fue considerado por el municipio como factor
configurativo del hecho generador de la contribución por valorización. En efecto, se
reitera que el Estatuto de Valorización Municipal de Envigado (Acuerdo 7 de 1998)
limita el beneficio al mayor valor que adquiere el predio debido a la obra ejecutada,
siendo el hecho generador el incremento en el valor del inmueble derivado de la
realización de las obras que dan lugar a su cobro. Si las obras no derivan en un mayor
valor del predio, como ocurre en el presente caso, no hay lugar a la valorización
liquidada en la actuación administrativa demandada.
Por lo anterior, el cargo de apelación no prospera.
Excepción: Inepta demanda por falta de individualización de los actos
demandados. No prospera
El Tribunal negó la excepción de inepta demanda formulada bajo la consideración de
que la solicitud de inaplicación de una norma general, como el Acuerdo 015 de 2000,
no implica que se discuta su legalidad, sino verificar si su aplicación vulnera normas
de rango superior, por lo que cabe estudiar la inaplicación sin que sea procedente
exigirle a la sociedad demandante que hubiese incluido la nulidad del Acuerdo 015 de
2000 como pretensión en su demanda.
En relación con la inaplicación del POT del 2000 consideró que no era procedente el
argumento de la sociedad demandante relacionado con que su predio debía ser
considerado suelo de protección por estar destinado a la prestación de servicios
públicos domiciliarios. Lo anterior, dado que al compararlo con la Ley 388 de 1997 no
existía una contradicción evidente ni flagrante. Además, afirmó que la clasificación de
suelo de protección requiere una declaración de utilidad pública que corresponde
exclusivamente al Concejo Municipal.
Para resolver el cargo, de entrada, debe considerarse que la excepción de ilegalidad,
que deriva en la inaplicación de una norma, ha sido entendida por esta jurisdicción de
la siguiente manera 10:
“Según se tiene reconocido en la jurisprudencia, la llamada excepción de ilegalidad se
circunscribe a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar, dentro del trámite
de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del
orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una
solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción
de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandante o el demandado, o aún puede ser
pronunciada de oficio.”11
El criterio expuesto en la sentencia referida permite concluir que fue correcta la
decisión del a quo al negar la excepción formulada. Esto, por cuanto la nulidad se incoa
por irregularidades en la emisión del acto.
10
Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. M.P. Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 12
de julio de 2018, Exp: 11001-03-24-000-2010-00001-00.
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A su turno, la inaplicación no solo puede tener como fundamento un vicio de nulidad
por violación de la ley, sino también el desconocimiento de disposiciones de orden
constitucional en un caso determinado. En este caso específico, el demandante no
está tachando de nulo el POT del año 2000 por vicios en su expedición, lo que se alega
es que lo dispuesto en el POT vigente para el momento de la expedición de los actos
demandados respecto de este predio no se ajustaba a la realidad material del predio,
que debe prevalecer sobre lo formal, y por tanto, había lugar a inaplicarlo.
Al respecto, es preciso indicar que el fundamento para cuestionar la legalidad del acto
administrativo de determinación del impuesto de valorización que se demanda, es que
se tenga en cuenta, dentro de la vigencia del Acuerdo 015 del 2000, el beneficio
económico que le representa al inmueble las obras que se ejecutaran con la
contribución de valorización.
A pesar de que en el citado plan de ordenamiento se determinó que el predio de la
demandante era catalogado como agrícola -residencial, como ya se dijo en el cargo
de apelación anterior, el inmueble no reporta beneficio alguno dada sus características
de infraestructura -al estar construida allí la planta de tratamiento de agua potable La
Ayurá-.
Argumento que es reforzado por la entrada en vigencia del POT del 2011 (Acuerdo
010), que aunque no es aplicable por la época de los hechos, varió la clasificación del
predio a suelo de protección, que, en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de
1997, le impone una función ambiental de conservación, cuya característica fue
alegada desde la presentación de la demanda, que trasciende un interés meramente
formal, para darle paso a tomarlo en consideración como una condición fáctica y
jurídica real que incide determinantemente en el estudio de legalidad del acto
administrativo demandado, en tanto corrige el error en la clasificación del predio
contenida en el Acuerdo 015 de 2000.
Una decisión en sentido contrario implicaría desconocer que las razones en las que la
empresa demandante fundó los argumentos de ilegalidad del acto, fueron
materialmente corroboradas en el curso del proceso junto con un cambio normativo
relevante, que lejos de tornar en inepta la demanda, refuerza los fundamentos de la
demandante desde la perspectiva de justicia material.
A partir de las anteriores consideraciones es posible concluir, de un lado, que no hay
lugar a declarar la excepción de inepta demanda, y del otro que, en este caso, es
procedente acceder a la pretensión de la demandante dirigida a obtener la inaplicación
del POT de 2000, porque resulta ser la alternativa idónea para materializar la
supremacía de la Constitución y garantizar la integridad del ordenamiento jurídico, en
el entendido de que así se otorga prevalencia al derecho sustancial de la demandante
sobre la interpretación meramente formal que plantea el demandado, sin consideración
a la realidad jurídica del inmueble12.
12
Sobre ese aspecto, La Corte Constitucional en Sentencia T-1306 de 2001 se refirió al excesivo ritual manifiesto o excesivo
rigorismo formal en los siguientes términos:
“5.2.1. Si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia
abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales
se debe regir la administración de justicia.
El juez que haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este último llega a tener la connotación
de fundamental, ignora claramente el artículo 228 de la Carta Política que traza como parámetro de la administración de justicia
la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
Los jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador
de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la
coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los
conflictos de índole material.
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Por lo expuesto, la Sala encuentra que los actos administrativos imputados se
encuentran debidamente individualizados. El conflicto se centra en la legalidad de los
actos administrativos que distribuyeron la contribución por valorización; esto es, la
Resolución 655 del 17 de marzo de 2004 y la Resolución 1721 del 15 de junio de 2004
(mediante la cual se resolvió un recurso de reposición contra la primera). Por ello no
resulta necesario haber solicitado la nulidad del acuerdo municipal que clasificó el
predio de la demandante como inmueble de uso residencial.
Por todo lo anterior, el cargo de apelación en relación con la excepción de inepta
demanda no prospera, por lo que la Sala confirmará la sentencia apelada.
Costas
1. Acorde con el criterio acogido por la Sala mayoritaria13 en la sentencia del 23 de
septiembre de 2025, se condenará en costas (agencias en derecho) a la parte vencida
o a quien se resuelva desfavorablemente el recurso, sin que sea necesario probar su
causación.
2. En el caso concreto, se está confirmando la sentencia de primera instancia donde
se declaró la nulidad parcial de la Resolución nro. 655 del 17 de marzo de 2004 y
nulidad total de la Resolución nro. 1721 del 15 de junio de 2004. La nulidad parcial de
la Resolución Nro. 655 de 17 de marzo de 2004 se refiere a la pretensión total de la
demandante; sin embargo, por tratarse de un acto que determinó la contribución por
valorización para un grupo amplio de contribuyentes, se declara la nulidad parcial solo
frente a la contribución por valorización determinada a cargo de Empresas Públicas de
Medellín.
En consecuencia, como el municipio demandado resultó vencido en el proceso por lo
que la condena en costas es procedente en lo que respecta a las agencias en derecho,
que se fijarán en esta instancia en el equivalente a un (1) SMLMV vigente al momento
de la ejecutoria de la providencia. Se ordenará al tribunal tramitar el respectivo
incidente de liquidación de la condena en costas, conforme con las reglas consagradas
en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas al municipio de Envigado en esta instancia. Ordenar al tribunal
tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido
expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien
acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la
efectiva realización del derecho material (art. 228).
De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en
el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia materia”
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de septiembre de 2025, Exp.
28292, M.P. Wilson Ramos Girón.
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Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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