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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2005-03315-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2005-03315-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Revocar la sentencia de 16 de abril de 2015, proferida por la Sala Sexta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se declaró probada la ineptitud de la demanda y la caducidad de la acción y, en su lugar, declarar probada la excepción de falta de jurisdicción por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 17 En la Sentencia C-258 de 2008, la Corte Constitucional definió así los fallos inhibitorios: “Decisiones judiciales inhibitorias son aquellas que, por diversas causas, ponen fin a una etapa procesal sin decidir de fondo el asunto que se le plantea al juez, es decir, sin adoptar resolución de mérito17; por tanto, el problema que ha sido llevado a la justicia queda sin resolver…”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 05001 2331 000 2005 03315 01 Demandante: Carlos Arturo Gomescasseres Vergara Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2005-03315-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de septiembre de 2023

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Radicado: 05001 2331 000 2005 03315 01
Demandante: Carlos Arturo Gomescasseres Vergara

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 2331 000 2005 03315 01
Demandante: CARLOS ARTURO GOMESCASSERES VERGARA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tema: Los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades
dentro del trámite de la liquidación obligatoria son actos
jurisdiccionales no susceptibles de control judicial por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
la sentencia de 16 de abril de 2015, proferida por la Sala Sexta de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
declaró probadas las excepciones y se inhibió para proferir decisión de fondo
de la demanda incoada por Carlos Arturo Gomescasseres Vergara.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del C.C.A., Carlos Arturo Gomescasseres Vergara a través de
apoderado judicial, demandó a la Superintendencia de Sociedades, con el
objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1. Pretensiones

“PARTE DECLARATIVA

Declarar la Nulidad, o lo que es lo mismo, la anulación de los siguientes
actos administrativos proferidos como consecuencia de la REMOCIÓN del
liquidador señor Gomescasseres Vergara, identificados así:

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Radicado: 05001 2331 000 2005 03315 01
Demandante: Carlos Arturo Gomescasseres Vergara

1. Auto No. 440-019386 expedido el día 05 de diciembre de 2003, por el
Superintendente Delegado para los procedimientos mercantiles,
mediante el cual formula cargos al Doctor Carlos Arturo
Gomescasseres Vergara en su condición de liquidador de la sociedad
Alimentos Nacionales ANP S.A. en liquidación obligatoria para los
efectos previstos en el artículo 171 de la Ley 222 de 1995;
2. Auto No. 440-000557, expedido el día 19 de enero de 2004, por el
Superintendente Delegado para los procedimientos mercantiles,
mediante el cual confirma los cargos formulados el auto No. 440-
019386 del 5 de diciembre de 2003, al doctor Carlos Arturo
Gomescasseres Vergara y en su Numeral segundo remueve del cargo
al señor Gomescasseres Vergara del cargo de liquidador de la sociedad
alimentos nacionales ANP S.A. en liquidación obligatoria.
3. Auto No. 440-001992 expedido el 24 de febrero de 2004, por el
Superintendente delegado para los procedimientos mercantiles,
mediante el cual resuelve denegar el recurso de reposición interpuesto
contra el auto 440-000557 del 19 de enero de 2004, presentado por
el doctor Carlos Arturo Gomescasseres Vergara.

CONDENAS

Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
administrativos atrás señalados, y a manera de restablecimiento del
derecho quebrantado ilegalmente al doctor CARLOS ARTURO
GOMESCASSERES VERGARA, la sentencia definitiva condenará a la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES así:

1.- A pagarle los honorarios definitivos que mediante Auto No. 440-
013694 del 13 de agosto de 2003, se le fijaron por Superintendencia de
Sociedades en la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE,
($45.727.092,oo);

2.- A pagarle el UNO PUNTO TREINTA Y CINCO POR CIENTO (1.35%)
sobre el valor de $2.000.000.000.oo millones de pesos que no hicieron
parte de la valoración de la operación del negocio;

3.- Igualmente a pagarle al demandante el valor correspondiente en
pesos, según lo previsto en la ley, por todos los perjuicios morales
causados como consecuencia de la injusta remoción del cargo de
liquidador;

4.- A pagarle el valor resultante en pesos, de todos los perjuicios
causados como consecuencia de lo ordenado en el numeral sexto del Auto
No. 440-000557 de 19 de enero de 2004, mediante el cual se ordenó
motus propio la exclusión de la lista de auxiliar de la justicia al doctor
Carlos Arturo Gomescasseres Vergara, suma que estimo deberá fijarse

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Radicado: 05001 2331 000 2005 03315 01
Demandante: Carlos Arturo Gomescasseres Vergara

mediante perito designado por el Tribunal, teniendo en cuenta lo
señalado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

5.- Todas las anteriores sumas se les aplicará lo previsto en el artículo
178 del C.C.A. es decir, con la correspondiente corrección monetaria o
ajuste al valor e intereses moratorios. […]”

En escrito posterior se adicionó la demanda en los puntos uno y dos del
capítulo de las condenas, en los siguientes términos1:

CONCEPTO VALOR
Honorarios definitivos (valoración de la
$ 45.727.092
empresa)
Menos el 50% Honorarios Provisionales $ 22.863.546
Total Honorarios Definitivos menos
$ 22.863.546
honorarios provisionales
Mas honorarios adicionales (por fuera de
$ 27.000.000
la valoración de la empresa)
Mas honorarios por concepto del contrato
$ 14.058.620
de franquicia
Total Neto $ 63.922.166
Mas el 25% del total de los honorarios $ 21.696.428
Total Honorarios $ 85.618.594

1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad de los autos número 440-019386 de
5 de diciembre de 2003, 440-000557 de 19 de enero de 2004 y 440-001992
de 24 de febrero de 2004, proferidos por el Superintendente Delegado para
los Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, los
cuales, en su parte resolutiva, dispusieron, en su orden, lo siguiente:

Auto 440-019386 de 5 de diciembre de 2003:

[…] PRIMERO: FORMULAR al Doctor CARLOS ARTURO
GOMESCASSERES VERGARA, liquidador de la sociedad ALIMENTOS
NACIONALES ANP S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, para los
efectos previstos en el artículo 171 de la Ley 222 de 1995, cargos por
violación del numeral 4 del artículo 166 de la Ley 222 de 1995, violación
del numeral 17 del artículo 166 en concordancia con los artículos 22 y 23
numeral 2 de la Ley 222 de 1995 y por violación de los numerales 5 y 12
del artículo 166 de la Ley 222 de 1995 en concordancia con el artículo
123 de Decreto 2649 de 1993 y artículos 53 y 57 del Código de Comercio,

1
Visto a folios 145 y 146 del expediente obra auto de 4 de abril de 2007 por medio del cual se admitió la adición de
la demanda.

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Radicado: 05001 2331 000 2005 03315 01
Demandante: Carlos Arturo Gomescasseres Vergara

conforme quedó expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Por secretaría, córrase traslado al liquidador de la
concursada de los cargos que anteceden, por el término señalado en el
artículo 171 de la ley 222 de 1995. […]” (Negrita texto original)

Auto 440-000557 de 19 de enero de 2004:

“[…] PRIMERO. CONFIRMAR los cargos formulados en el Auto No. 440-
019386 del 5 de diciembre de 2003, al doctor CARLOS ARTURO
GOMESCASSERES VERGARA, liquidador de la sociedad ALIMENTOS
NACIONALES ANP S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA por
violación del numeral 4 del artículo 166 de la Ley 222 de 1995, violación
del numeral 17 del artículo 166 en concordancia con los artículos 22 y 23
numeral 2 de la Ley 222 de 1995 y por violación de los numerales 5 y 12
del artículo 166 de la Ley 222 de 1995 en concordancia con el artículo
123 del Decreto 2649 de 1993 y los artículos 53 y 57 del Código de
Comercio, conforme quedó expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. REMOVER al doctor CARLOS ARTURO GOMESCASSERES
VERGARA identificado con cédula de ciudadanía No. 92.507.278, del
cargo de liquidador de la sociedad ALIMENTOS NACIONALES ANP S.A.
EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al liquidador saliente rendir cuentas finales de su
gestión Conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Ley 222 de
1995 y la Circular Externa 002 de 1999.

CUARTO: COMPULSAR COPIAS de ésta y demás providencias
relacionadas, a la Fiscalía General de la Nación, para que inicie la
investigación respectiva, toda vez que con los hechos objeto de estudio,
se ha podido incurrir en conductas posiblemente punibles. Lo anterior en
desarrollo del artículo 212 de la Ley 222 de 1995 y artículo 417 del Código
Penal.

QUINTO: Una vez en firme la presente providencia, ORDENAR su
inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio social de ALIMENTOS
NACIONALES ANP S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, con
fundamento en lo previsto en el artículo 172 de la Ley 222 de 1995.

SEXTO: Una vez en firme la presente providencia, ABRIR INCIDENTE de
exclusión de lista de auxiliar de la justicia al doctor Carlos Arturo
Gomescasseres Vergara, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4
literal C del artículo 9 del Código de Procedimiento Civil.

SÉPTIMO: Según lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 171 de la Ley

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Demandante: Carlos Arturo Gomescasseres Vergara

222 de 1995, el doctor CARLOS ARTURO GOMESCASSERES
VERGARA no tendrá derecho al pago de los honorarios definitivos.
Respecto del pago de los honorarios provisionales se tendrá en cuenta lo
dispuesto en la Resolución 100-3042 de octubre 31 de 2002.

OCTAVO: Por secretaría remítase copia de esta providencia cuando este
ejecutoriada a los Despachos del señor Superintendente de Sociedades,
Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles y al
Grupo de Liquidación Obligatoria Dos. […]”(Negrita texto original)

Auto 440-001992 de 24 de febrero de 2004:

“[…] PRIMERO: DENEGAR el recurso de reposición interpuesto contra
el Auto 440-000557 del 19 de enero de 2004, presentado por el doctor
CARLOS ARTURO GOMESCASSERES VERGARA liquidador de la
sociedad ALIMENTOS NACIONALES ANP S.A. EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el auto 440-000557 del 19 de enero del 2004,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DESIGNAR al doctor PABLO ECHAVARRÍA TORO,
identificado con la cédula de ciudadanía número 3.339.881 en el cargo
de liquidador de los bienes que conforman el patrimonio de la sociedad
ALIMENTOS NACIONALES ANP S.A. EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA, en reemplazo del doctor CARLOS ARTURO
GOMESCASSERES VERGARA.

CUARTO: INSCRÍBASE el nombramiento que antecede, en la Cámara
de Comercio del domicilio principal de la deudora y demás lugares en los
que tenga sucursales, agencias o establecimientos de comercio.

QUINTO: COMUNICAR telegráficamente el anterior nombramiento a la
Calle 5 Sur #38-148 apto 401 de la ciudad de Medellín.

SEXTO: ORDENAR al liquidador que dentro de los cinco (5) días
siguientes a su posesión, preste caución con cargo a su propio patrimonio
por el 0.3% del valor total de los activos en la modalidad de póliza de
manejo individual, para responder por su gestión y por los perjuicios que
con ella llegare a causar.

SÉPTIMO: ADVERTIR que el liquidador designado, obra como
representante legal de la compañía y en consecuencia, deberá cumplir
con los deberes señalados en el artículo 166 de la Ley 222 de 1995, así
como atender las solicitudes de información y demás aspectos
relacionados con el proceso liquidatorio.

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OCTAVO: ORDENAR tanto al liquidador saliente como entrante, la
elaboración del acta de entrega material y real de los bienes sobre los
cuales adelantó su gestión el primero, con sujeción a lo dispuesto en la
Circular Externa número 21 del 5 de noviembre de 1997.

NOVENO: LÍBRENSE los oficios respectivos. […]” (Negrita texto
original)

1.3. Fundamentos de hecho

El Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles de la
Superintendencia de Sociedades, mediante Auto núm. 155-021894 de 27 de
diciembre de 2002, convocó a la sociedad ALIMENTOS NACIONALES ANP
S.A. al trámite de una liquidación obligatoria de los bienes que conforman su
patrimonio en los términos del numeral 2° del artículo 89 y artículos 150 y
siguientes de la Ley 222 de 1995. En esta misma providencia se designó al
doctor Carlos Arturo Gomescasseres Vergara como liquidador de los bienes de
la compañía.

El 5 de diciembre de 2003, el Superintendente Delegado para los
Procedimientos Mercantiles profirió Auto No. 440-019386 por medio del cual
formuló pliego de cargos al doctor Carlos Arturo Gomescasseres Vergara en
su calidad de liquidador de la sociedad Alimentos Nacionales ANP S.A. en
liquidación obligatoria, por el posiblemente incumplimiento grave de sus
funciones como auxiliar de la justicia.

Una vez analizados los descargos presentados por el liquidador Carlos Arturo
Gomescasseres Vergara, por medio de Auto de 440-000557 del 19 de enero
de 2004, el Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles
(e) confirmó los cargos formulados y ordenó su remoción del cargo de
liquidador de la sociedad Alimentos Nacionales ANP S.A. en liquidación
Obligatoria.

Contra la anterior decisión el señor Gomescasseres Vergara interpuso recurso
de reposición, el cual fue resuelto mediante la Auto 440-001992 de 24 de
febrero de 2004, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión del demandante los actos acusados infringen los artículos 1°, 2°,
4°, 5°, 6°, 13, 16, 17, 25, 29, 40, 53, 54, 58, 83, 95, 116 inc. 3°, 121, 122,
124, 125, 209 y 211 de la Constitución Política; 2°, 3°, 14, 28, 30, 34, 35,
82, 83, 84, 85, 132, 136 a 139, 149 a 151, 168, 176 a 178, 206 y 207 del
Código Contencioso Administrativo, y 90, 166 a 175, 177 a 182 de la Ley
222 de 1995, con fundamento en los cargos de nulidad por infringir las

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normas en que debía fundarse, expedición en forma irregular y por
desconocimiento del derecho de defensa.

Señaló que la orden de remoción del cargo de liquidador de la sociedad
Alimentos Nacionales ANP S.A. en liquidación obligatoria tiene el carácter de
sanción, y que la misma fue adoptada de manera arbitraria y de plano, sin
tener la oportunidad de defenderse, de controvertir las pruebas que fueron
allegadas en su contra y de solicitar aquellas que considerara pertinentes
para ejercer su derecho de defensa.

Afirmó que la entidad demandada aplicó un procedimiento equivocado, ya
que al tener conocimiento de la denuncia presentada en su contra, debió
adelantar el trámite previsto en el artículo 171 de la Ley 222 de 1995, el
cual establece que se debe dar traslado al liquidador para que ejerza su
derecho de defensa, y no dar aplicación al artículo 179 del Código de
Procedimiento Civil al decretar de oficio la práctica de una diligencia de
inspección judicial sobre los libros de contabilidad y documentos de la
compañía en liquidación.

En ese orden, estimó que se vulneró el derecho fundamental al debido
proceso, y que todas las actuaciones posteriores dentro del trámite
adelantado por la Superintendencia de Sociedades carecen de valor
probatorio, por adelantarse dentro de un procedimiento no previsto en la
Constitución ni en la ley, constituyendo una actuación arbitraria e ilegal, que
deriva en la nulidad de todo lo actuado.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La Superintendencia de
Sociedades contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, con
fundamento en las siguientes razones de defensa:

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 116 de la Constitución
Política, la Superintendencia de Sociedades asumió la función jurisdiccional
para tramitar de manera privativa los procesos concursales de todas las
sociedades comerciales que no estuvieran sujetas a un régimen especial de
intervención o liquidación, el cual está previsto en la Ley 222 de 1995.

Señaló que dentro del trámite concursal adelantado a la sociedad Alimentos
Nacionales A.N.P. S.A. se nombró como liquidador al Señor Gómescasseres
Vergara, quien con su posesión asumió tres condiciones a saber: i)
representante legal de la sociedad, ii) administrador de los bienes de la
misma; y iii) auxiliar de la justicia en los términos del Código de
Procedimiento Civil.

Afirmó que, luego de una queja presentada por un miembro principal de la
Junta Asesora del Liquidador, la Superintendencia en uso de sus facultades
jurisdiccionales formuló cargos al liquidador por la presunta comisión de
conductas graves en el cumplimiento de sus funciones como liquidador,

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específicamente: i) manejo inadecuado el patrimonio a liquidar; ii)
incumplimiento de su deber de actuar con buena fe, lealtad y en forma
ajustada a la ley; y iii) incumplimiento de conservar los archivos y llevar la
contabilidad de la sociedad según las prescripciones legales sobre la
materia.

Destacó que el artículo 171 de la Ley 222 de 1995 prevé la posibilidad de
que la Superintendencia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales pueda
remover y negar el pago de honorarios definitivos al liquidador por el
incumplimiento grave de sus funciones, y como consecuencia de un trámite
en el que se formule pliego de cargos, se de traslado al liquidador y se decida
de fondo por la Superintendencia.

Señaló que los liquidadores, al ser particulares que ejercen funciones
públicas transitorias, también están cobijados por el régimen disciplinario.
Aclara que la acción disciplinaria es autónoma e independiente, de manera
que puede concurrir con el trámite de remoción y de exclusión de la lista de
liquidadores. Agregó que la acción disciplinaria procede por las faltas
taxativamente señaladas en la Ley 734 de 2002, mientras que el incidente
de remoción procede por el incumplimiento grave de las funciones
establecidas en la Ley 222 de 1995 y el incidente de exclusión de la lista por
las causales previstas en el numeral 4° del artículo 9 del Código de
Procedimiento Civil.

Resaltó que durante todo el procedimiento se le garantizó el derecho de
defensa, cosa diferente es que los argumentos expuestos no fueron
suficientes para desvirtuar su participación en los hechos que lesionaron los
intereses de la compañía, acreedores y recta administración de justicia.

Adujo que, si en gracia de discusión se acepta que el auto demandado es
un acto administrativo, igual se tendría que concluir que se respetaron todas
las garantías procesales y de defensa del hoy demandante conforme al
artículo 35 del CCA.

De otro lado, propuso las excepciones de culpa de la víctima, caducidad de
la acción, trámite que no corresponde y falta de jurisdicción. Sobre la
excepción de culpa de la víctima, alegó que como la actuación del
demandante fue equivocada, no puede alegar dicha negligencia en su propio
beneficio. Respecto de la caducidad, indicó que en la medida que el auto
que confirmó la remoción del liquidador fue notificado por estado el 26 de
febrero de 2004, el término para formular la demanda vencía el 27 de junio
de la misma anualidad, pero como la demanda se radicó el 6 de julio de
2005, la misma se presentó por fuera del término legal. De otro lado, afirmó
que en el hipotético caso que se considere que los autos acusados son actos
administrativos, el asunto no puede tramitarte por la vía laboral
administrativa, ya que no existe una relación legal y reglamentaria. Por
último, insistió en que hay falta de jurisdicción, ya que los autos
demandados no son actos administrativos sino jurisdiccionales, razón por la

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que la jurisdicción contencioso administrativa no puede conocer de los
mismos.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión,
mediante sentencia de 16 de abril de 20152, declaró, de un lado, la ineptitud
de la demanda respecto del acto No. 440-019386 de 2003 y de otro, la
caducidad frente a los actos Nos. 440-00557 y 440-001992 de 2004, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

Indicó, respecto del auto No. 440-019386 de 5 de diciembre de 2003 por
medio del cual se formularon cargos al demandante en su calidad de
liquidador, que se configura la ineptitud de la demanda que obliga a que se
inhiba de emitir cualquier pronunciamiento, en razón a que es un acto de
trámite o preparatorio que se produjo durante el procedimiento administrativo
antes de la decisión de fondo, motivo por el cual dicho auto no tiene vida
jurídica propia y se entiende dependiente del acto por el cual se resuelve el
procedimiento.

Estimó, con relación a la solicitud de nulidad de los autos No. 440-00557 y
440-001992 de 2004, que prospera la excepción de caducidad propuesta por
la entidad demandada, toda vez que el acto No. 440-00557 de 19 de enero
del 2004, por medio del cual se ordena la remoción del actor en su cargo de
liquidador fue notificado el 21 de enero de 2004, decisión contra la cual se
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto el 24 de febrero de 2004
y notificado el 26 de mismo mes y año. En ese sentido, el término de 4 meses
para interponer la demanda vencía el 27 de junio de 2004 y como la demanda
fue radicada el 6 de julio de dicha anualidad, la misma fuera presentada fuera
del término legal. Señaló que como operó la caducidad de la acción se
proferirá fallo inhibitorio.

Aclaró que en cumplimiento del carácter rogado de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y del principio de congruencia, no le es dable al tribunal realizar
una interpretación extensiva de la demanda y su adición, con referencia a los
demás actos administrativos que son someramente mencionados en los
hechos, respecto de los cuales no se dirige la solicitud de declaratoria de
nulidad.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN

El accionante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones
de la demanda. Como motivo de inconformidad manifestó que no es posible
considerar la caducidad de la acción en el presente asunto, pues según la
2
Folios 376 a 384.

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Demandante: Carlos Arturo Gomescasseres Vergara

jurisprudencia del Consejo de Estado, las demandas que se dirigen en contra
de las sanciones disciplinarias, deben contabilizar su término a partir de la
notificación del acto de ejecución, situación que, en su criterio, nunca ocurrió
con el Auto 440-001992 del 24 de febrero de 20043.

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante auto de 3 de marzo de 2016, el despacho sustanciador de la
Sección Segunda – Subsección “A” del Consejo de Estado admitió el recurso
de apelación formulado por la parte actora.

4.2. La parte actora presentó alegatos de conclusión en los que insiste en
que el término de caducidad debe contabilizarse desde la notificación del
acto que ejecuta la sanción. En el caso concreto, afirma que el plazo se debe
contabilizar a partir del Auto No. 440-0204187 del 15 de abril de 2004, ya
que, aunque dicho auto no le fue notificado legalmente, es el acto que
ejecuta la sanción, pues es el que le ordena hacer la entrega material y
formal del cargo al liquidador entrante. En ese contexto, estima que los 4
meses inician el 16 de abril de 2004 y como la demanda se radicó el 6 de
julio de esa misma anualidad, no operó el fenómeno jurídico de caducidad4.

4.3. La parte demandada presentó alegatos de conclusión en los que se
opuso a la prosperidad del recurso de apelación interpuesto por el
demandante, reiterando los argumentos de defensa expuestos en el escrito
de contestación de la demanda5.

4.4. El Ministerio Público presentó concepto en el que solicita se confirme
la decisión de primera instancia por medio de la cual se declaró inhibida para
conocer del presente asunto, pero con fundamento en la falta de
jurisdicción. Como sustento de su solicitud señaló que los actos demandados
no fueron dictados en ejercicio de una función administrativa, sino de una
función jurisdiccional dentro del trámite judicial concursal que adelanta la
Superintendencia de Sociedades. Alegó que no se puede desconocer los
efectos de la sentencia C-123 de 2006, dictada en ejercicio del control de
constitucionalidad en la que se indica que la remoción del liquidador obedece
a un trámite incidental dentro de un proceso judicial concursal, por lo que,
dicha atribución de carácter sancionatorio es la misma que posee cualquier
juez en el manejo de un proceso de su competencia.

4.5. Por medio de proveído 9 de octubre de 2019, la Sección Segunda –
Subsección “A” remitió el proceso de la referencia a la Sección Primera por
considerar que carece de competencia al no ser un asunto relativo a la
relación legal y reglamentaria entre un servidor público y el Estado, ni de
naturaleza disciplinaria.

3
Folios 387 a 391.
4
Folios 403 a 407.
5
Folios 408 a 418.

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V.- CONSIDERACIONES

5.1. Correspondería a la Sala con fundamento en la sentencia recurrida y
los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, determinar si respecto de los actos acusados operó el
fenómeno jurídico de la caducidad. Sin embargo, previamente se debe
señalar que, aunque el Tribunal de instancia consideró que esta jurisdicción
era competente para conocer de los actos demandados al resolver la
solicitud de nulidad por falta de jurisdicción propuesta por la
Superintendencia de Sociedades, por estimar que eran de naturaleza
administrativa; lo cierto es que la Sala debe reconsiderar dicha decisión e
indicar, como lo señaló el Ministerio Público, que los actos acusados no son
pasibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, con fundamento en los artículos 1646 y 1707 del CCA,
declarar probada la excepción de falta de jurisdicción, como pasa a
explicarse.

5.2. La administración de justicia es una función pública a cargo de las
autoridades de la rama judicial del poder público; no obstante, de manera
excepcional, la Constitución Política8 permite que la ley pueda atribuir
función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas, en el caso concreto, a la Superintendencia de Sociedades.

En efecto, la Ley 222 de 1995, en el Título II, previó el régimen de procesos
concursales, consistente en i) el concordato o acuerdo de recuperación de
los negocios del deudor, dirigido a la recuperación y conservación de la
empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de
empleo, así como la protección adecuada del crédito; y ii) el concurso
liquidatorio o liquidación obligatoria, con el fin de realizar los bienes del
deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su
cargo.

Los procesos concursales, concordato y liquidación obligatoria, son de

6
«ARTICULO 164. EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo
en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás
casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus."».
7
«ARTICULO 170. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos
en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las
excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los
organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas,
y modificar o reformar éstas.»
8
Artículo 116. “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior
de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace
la justicia penal militar. ll El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. ll Excepcionalmente la ley podrá
atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no
les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. ll Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.”

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conocimiento de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de
funciones jurisdiccionales otorgadas por el artículo 116 constitucional, y
específicamente, del artículo 90 de la Ley 222 de 1995, el cual señala:

“ARTICULO 90. COMPETENCIA. La Superintendencia de Sociedades
asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el
artículo 116, inciso 3o. de la Constitución Política.

Será competente de manera privativa para tramitar los procesos
concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades,
cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras,
siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o
liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces
civiles del circuito, tramitarán los procedimientos concursales de las
personas naturales.”

Para el caso de la liquidación obligatoria los artículos 157 y 162 de la Ley
222 de 1995 establecen que en la providencia de apertura del trámite
liquidatorio se nombrara al liquidador, quien será escogido de la lista que
haya elaborado la Superintendencia de Sociedades con personas idóneas
para ejercer dicho cargo. Por su parte, los artículos 166, 167 y 169 señalan
las funciones del liquidador, el régimen de responsabilidad y la forma de
fijación de los honorarios, respectivamente.

Acto seguido, el artículo 171 indicó que habrá lugar a la remoción del
liquidador, de oficio o a petición de la junta asesora, cuando se acredite el
incumplimiento grave de sus funciones. Así mismo, estableció que, de la
solicitud de remoción se dará traslado al liquidador por el término de 5 días,
vencido el cual se decidirá la misma y se designará la persona que lo
sustituya. Contra la anterior decisión procede únicamente el recurso de
reposición y si se encuentra probado el motivo de la remoción, el liquidador
no tendrá derecho al pago de los honorarios definitivos.

Al referirse sobre la constitucionalidad de la anterior norma, la Corte
Constitucional9 indicó que al trámite de remoción del liquidador en los
procesos concursales se aplican las normas de la legislación procesal civil,
según las cuales por ser un asunto accesorio del trámite principal se
adelanta por incidente. Específicamente, afirmó:

“[…] Al respecto encuentra la Corte, que la norma acusada forma parte
de las disposiciones de la Ley 222 de 1995, que modificó el Libro II del
Código de Comercio y expidió un nuevo régimen de procesos
concursales; por tanto, se trata de una normatividad propia del Código
de Comercio, que prevé en los artículos 1 y 2, que en lo no regulado
por la ley comercial se aplicarán las disposiciones de la legislación

9
Sentencia C-123 de 2006.

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civil10. Norma remisoria, que permite para el caso acudir a las propias
de la legislación procesal civil que prevén un trámite incidental 11 para
decidir cuestiones accesorias a un trámite procesal principal, para el
cual dispuso el legislador un término para practica de pruebas de diez
(10) días, y que no resulta extraño para el trámite de la remoción del
liquidador, si se tiene en cuenta que varias normas de la misma Ley
222 de 1995 reenvían expresamente a ésta regulación procesal civil 12
[…]”.

Ahora bien, esta Corporación ha señalado que los actos expedidos en el
trámite de procesos concursales adelantados por la Superintendencia de
Sociedades, a pesar de ser proferidos por una autoridad administrativa, son
de naturaleza jurisdiccional, en razón a que son dictados dentro de un
trámite judicial, en el cual la Superintendencia actúa en ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales y no administrativas. En ese sentido, ha indicado
que al no ser actos administrativos no son de conocimiento de esta
Jurisdicción.

En efecto, esta Sección en sentencia 21 de noviembre de 200313, confirmó
el fallo que declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y que se
inhibió para fallar de fondo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho formulado en contra de los autos proferidos por la
Superintendencia de Sociedades dentro del trámite de liquidación
obligatoria, por medio de los cuales se ordena al liquidador restituir el pago
de los honorarios. En dicha oportunidad se señaló:

“[…] La Sala encuentra que donde la ley no distingue no le es dado al
intérprete distinguir. Cuando el artículo 90 de la Ley 222 de 1995
determinó que la Superintendencia asumía la función jurisdiccional en
uso de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3 de la
Constitución Política, para tramitar los procesos concursales de todas
las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas,
corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no
estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación, debe
entenderse que ese carácter de jurisdiccional se extiende a
todas las actuaciones que se adelanten durante el trámite de los
procesos concursales.

10
Cita Original del texto que se cita. Código de Comercio: “Artículo 1. Los comerciantes y los asuntos
mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella
serán decididos por analogía de sus normas.”. “Artículo 2. En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse
conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil.”
11
Cita Original del texto que se cita. Código de Procedimiento Civil, artículo 137,“…3. Vencido el término de
traslado, el juez decretará la práctica de las pruebas pedidas que considere necesarias y de las que ordene de
oficio, para lo cual señalará según el caso, un término de diez días o dentro de él, la fecha y hora de la audiencia
o diligencia; no habiendo pruebas que practicar, decidirá el incidente.”
12
Cita Original del texto que se cita. Ver Ley 222 de 1995, artículos 98, 133 y 1888
13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 21 de noviembre de 2003, Rad. 25000-23-24-000-2001-00408-
01(9061), Actor: Carlos Augusto Torres Hurtado, Demandado: La Nación - Superintendencia de Sociedades, C.P.
Olga Inés Navarrete Barrero.

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La ley no distinguió dentro de estos trámites cuáles tenían
naturaleza jurisdiccional y cuáles administrativa y, por el
contrario, le dio naturaleza de función jurisdiccional sin
distinción alguna a todo el trámite de los procesos concursales
dentro de los que se encuentra la liquidación y así lo interpretó el
Consejo de Estado al diferenciar tales atribuciones de las funciones
administrativas de inspección, vigilancia y control.

La Sala considera que los actos demandados al haber sido
proferidos por la Superintendencia de Sociedades dentro del
trámite de un proceso concursal son de naturaleza jurisdiccional
que, por lo mismo, escapan al control de la justicia contencioso
administrativa por la vía de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. […]” (Subrayas y negrita fuera del
texto original)

Posteriormente, la Sección Segunda en sentencia de 26 de octubre de
201714, al analizar un recurso de apelación, revocó un fallo que declara la
nulidad del auto por medio del cual se removió al liquidador dentro de un
proceso de liquidación obligatoria y que ordena el reintegro del demandante
al cargo de liquidador y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción
de falta de objeto de control de la jurisdicción y se inhibió para pronunciarse
de fondo sobre la legalidad del auto proferido por el Superintendente
Delegado para Asuntos Mercantiles, al estimar que el acto demandado era
de naturaleza jurisdiccional y no administrativa. En esta ocasión, la Sección
Segunda, recogió una posición adoptada en auto del 23 de octubre de 2008,
según la cual las decisiones proferidas en el trámite jurisdiccional que no
tengan relación directa o indirecta con el ejercicio de la función jurisdiccional
como es el caso de la remoción del liquidador, tienen la naturaleza de
administrativas. Sobre el asunto se afirmó:

“[…] Es cierto que en el auto del 23 de octubre de 2008, por decisión
de dos de los magistrados que entonces conformaban la Sala de
Subsección, se consideró que la remoción del liquidador «[…] se trata
válidamente de una actuación con matices disciplinarios o
sancionatorios […]» y que «[…] si la Superintendencia toma decisiones
relacionadas directa o indirectamente con la atribución jurisdiccional,
pero ajenas al objeto específico de tal atribución, no adquieren por ese
hecho el carácter de decisiones jurisdiccionales sino que conservan su
naturaleza administrativa […]».

No obstante, siendo este uno de los motivos de inconformidad del
recurrente en apelación, esta Sala es competente para pronunciarse
sobre la materia, encontrando en su nueva conformación que resulta
indispensable corregir la postura antedicha.

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia de 26 de octubre de 2017, Rad. 54001-23-31-
000-2006.00139-03(1287-11), Actor: María Mercedes Carreño Navas, Demandado: Nación - Ministerio de
Desarrollo - Superintendencia De Sociedades, C.P. William Hernández Gómez.

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Con tal fin, se parte de la base de que, como quedó dicho, el concurso
liquidatorio de personas jurídicas previsto en la Ley 222 de 1995
es un procedimiento de naturaleza judicial que se encuentra
dirigido por la Superintendencia de Sociedades, quien no actúa
en condición de autoridad administrativa, como lo hace por
regla general, sino en calidad de juez. De igual manera, se señaló
que uno de los roles que cumple el liquidador en dicho trámite es el de
auxiliar judicial.

Establecido lo anterior, a diferencia de lo planteado en el auto en
cuestión, esta Sala es del concepto de que el proceso, sea judicial o
administrativo, es uno solo, de manera que no es posible identificar
decisiones de diferente naturaleza a aquella a la que responde el
trámite en el que se profieren. En otras palabras, no resulta viable
sostener que en un proceso judicial el juez pueda manifestarse
a través de actos administrativos. Ello iría en contra de la
dogmática jurídica básica que enseña que los actos por medio
de los cuales el funcionario judicial adopta las diferentes
decisiones para las que se encuentra facultado son autos y
sentencias, que por definición aparecen como actos
jurisdiccionales. Así, el hecho de que algunos asuntos que está
llamada a resolver la jurisdicción dentro del proceso no atañan
al fondo del debate, siendo meramente accesorios, no puede
convertirse en un criterio para mutar la naturaleza de la
decisión judicial a una de carácter administrativa, en
desconocimiento del anunciado criterio de unidad del proceso.

[…]

En ese orden de ideas, es preciso señalar que todas las decisiones
que profiere la Superintendencia de Sociedades dentro del
proceso jurisdiccional liquidatorio son de carácter judicial,
incluidas las cuestiones accesorias como la remoción que se
haga del liquidador con ocasión de lo reglado en el artículo 171
de la Ley 222 de 1995. Lo anterior, dejando claro que, por el
contrario, los actos que profiere dicha entidad en ejercicio de sus
funciones administrativas de inspección, vigilancia y control sí son
susceptibles de ser sometidos a revisión ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo como quiera que comparten la misma
naturaleza administrativa.

En conclusión, debido a que el acto demandado es de naturaleza
jurisdiccional y no administrativa, el mismo es ajeno al control
judicial, resultando de ello la imposibilidad de que esta rama del
poder público emita un pronunciamiento para desatar de fondo
la controversia planteada.

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Por lo cual habrá de declararse probada de oficio la excepción de falta
de objeto de control de la jurisdicción. […]” (Subrayas y negrita fuera
del texto original)

En la misma línea, esta Sección en reciente pronunciamiento15 confirmó la
sentencia que declara probada la excepción de falta de jurisdicción y que se
inhibe de emitir un pronunciamiento de fondo en torno a la legalidad de los
autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades por medio de los
cuales se excluye de la lista de liquidadores a quien había sido removido del
cargo por faltas cometidas dentro de los procesos jurisdiccionales que dicha
entidad adelanta, al estimar que son actos jurisdiccionales no sometidos al
control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Específicamente,
se indicó:

“[…] Todo lo anterior permite concluir a la Sala, que la decisión de la
SUPERSOCIEDADES, en su condición de juez de la Liquidación
Obligatoria de la sociedad DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DE
COLOMBIA Y DEL CARIBE S.A.- DRAGACOL S.A., de excluir al señor
[…], de la lista de auxiliares de la justicia que esa entidad lleva,
conforme al numeral 4 del artículo 9° y mediante el trámite
incidental previsto en los artículo 135 del CPC, tiene la condición
de un acto de naturaleza jurisdiccional.

En consecuencia, al no tratarse de actos administrativos, sino
jurisdiccionales, no son objeto de control ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativa, lo que conduce a declarar que se
encuentra probada la excepción de falta de jurisdicción
propuesta por la parte demandada y que halló bien fundamentada el a
quo, pues se expidieron dentro de un proceso de la misma
naturaleza, como lo es el proceso concursal, en el cual, dada su
conducta de celebrar contratos de corretaje o comisión por venta de
unos bienes de DRAGACOL, afectó tales bienes que constituyen la
prenda general de los acreedores, lo que motivó la decisión de su
exclusión de la lista de liquidadores. […]” (Subrayas y negrita fuera del
texto original)

En el anterior contexto, los actos acusados, Auto No. 440-019386 por medio
del cual se formuló pliego de cargos al demandante en su calidad de
liquidador, por el incumplimiento grave de sus funciones como auxiliar de la
justicia; Auto de 440-000557 del 19 de enero de 2004, que confirmó los
cargos formulados y ordenó la remoción del cargo de liquidador; y Auto 440-
001992 de 24 de febrero de 2004, que confirmó la orden de remoción al
resolver el recurso de reposición, al ser proferidos en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades dentro del
trámite de liquidación obligatoria, son actos expedidos en ejercicio de función
15
Sección Primera, Sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 13001-23-31-000-2004-00896-01, Actor: Garcilazo De
La Vega Serna, Demandado: Superintendencia de Sociedades – Supersociedades, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.

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jurisdiccional, que no cambian de naturaleza por ser expedidos por una
autoridad administrativa o por ser accesorios al trámite principal, y que, por
tanto, no son susceptibles de control por parte de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

5.3. Ahora bien, en el caso específico, el Tribunal de instancia en providencia
de 24 de marzo de 2006, desestimó la solicitud de nulidad por falta de
jurisdicción propuesta por la Superintendencia de Sociedades, al considerar
que esta jurisdicción era competente para conocer de los actos demandados,
por ser actos de naturaleza administrativa al ser expedidos en un proceso
disciplinario contra el liquidador; posición que debe ser evaluada, pues,
parte de un supuesto equivocado, en la medida en que la orden de remoción
no es consecuencia de un proceso disciplinario, sino de la aplicación de los
poderes que tiene la Superintendencia en su calidad de juez de la República
para velar por el cumplimiento de las funciones del liquidador.

En este punto, es oportuno recordar que esta Corporación a través de la
Sala de Consulta y Servicio Civil16 señaló que los liquidadores son
particulares que como auxiliares de la justicia están sujetos a los poderes
judiciales de la Superintendencia para velar por el cumplimiento de las
funciones a su cargo, pero que también en su calidad de particulares que
ejercen transitoriamente funciones públicas pueden ser sujetos
disciplinables por la Procuraduría General de la Nación. Específicamente,
sobre este asunto se señaló:

“[…] Conforme a lo expuesto, la Sala considera que los liquidadores
designados por la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de
funciones jurisdiccionales, son particulares que como auxiliares de la
justicia deben adelantar el proceso de liquidación de una entidad
vigilada, razón por la cual, en cumplimiento de los dispuesto por los
artículos 162 y siguientes de la ley 222 de 1995, dicha Superintendencia,
en ejercicio de los poderes de control y vigilancia propios de los jueces
de la República, tiene la facultad de velar porque el liquidador cumpla
adecuada y diligentemente las funciones a su cargo, al punto de decretar
su remoción, de oficio o a solicitud de parte, mediante el trámite
señalado por el artículo 171 de la ley antes mencionada, cuando se
compruebe que el liquidador no está cumpliendo de manera adecuada
las funciones señaladas por el artículo 166 ibidem, teniendo en cuenta
que dicha sanción sólo se inscribe en el respectivo registro mercantil, sin
que le genere antecedentes disciplinarios.

Situación distinta se presenta cuando se trata de examinar, de acuerdo
con las causales de comportamiento determinadas por el Código
Disciplinario Único, la conducta del liquidador en cuanto se trata de un
particular que está ejerciendo transitoriamente funciones públicas

16
Concepto de 22 de abril de 2009 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. 11001-03-06-000-2009-00027-
00(C), C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Reiterado en concepto de 26 de noviembre de 2009, Rad. 11001-03-
06-000-2009-00063-00(C), C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

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judiciales, pues en este caso la competencia para desarrollar el proceso
disciplinario corresponde a la Procuraduría General de la Nación, según
lo disponen los artículos 52 y siguientes de la ley 734 de 2002.

Lo expuesto permite a la Sala concluir que, dentro de la órbita de sus
poderes como juez del proceso, la Superintendencia de Sociedades tiene
competencia para adelantar el trámite correspondiente a la queja
presentada contra el liquidador de la sociedad […]; lo que no obsta para
que al mismo tiempo la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio
de sus facultades disciplinarias sobre particulares que ejercen funciones
públicas, también investigue los hechos que dieron lugar a la queja
instaurada por el señor […]; todo ello sin perjuicio de lo que en un
momento determinado corresponda a la justicia penal. […]”

Por todo lo anterior, no hay lugar a examinar los argumentos del recurso de
alzada para verificar si fue oportuna la presentación de la demanda, o lo que
es lo mismo, determinar si operó o no el fenómeno de caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada en el asunto bajo examen,
pues para analizar el cumplimiento de tal requisito debe primero acreditarse
que los actos demandados sean susceptibles de control judicial, cuestión ésta
que no aconteció.

5.4. Así las cosas, la Sala revocará los numerales primero y segundo de la
providencia recurrida, por medio de los cuales se declaró probada la ineptitud
de la demanda y la caducidad de la acción y, en su lugar, con fundamento en
los artículos 164 y 170 del CCA, declarará probada la excepción de falta de
jurisdicción al no ser los actos demandados susceptibles de control judicial.
Así mismo, se confirmará la decisión de inhibirse para proferir una decisión de
fondo, pero en razón a la falta de control judicial sobre los actos acusados que
impide que se resuelva de fondo la petición de la parte actora17.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revocar la sentencia de 16 de abril de 2015, proferida por la
Sala Sexta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio de la cual se declaró probada la ineptitud de la demanda y la caducidad
de la acción y, en su lugar, declarar probada la excepción de falta de
jurisdicción por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

17 En la Sentencia C-258 de 2008, la Corte Constitucional definió así los fallos inhibitorios: “Decisiones judiciales inhibitorias son aquellas que,

por diversas causas, ponen fin a una etapa procesal sin decidir de fondo el asunto que se le plantea al juez, es decir, sin adoptar resolución de
mérito17; por tanto, el problema que ha sido llevado a la justicia queda sin resolver…”.

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Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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