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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2006-00945-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-00945-01

Fecha
8 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-00945-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO – Aprehensión de bienes en proceso de extinción de dominio – No se configuró – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Ausencia de daño – No se demostró que el bien aprehendido hubiera sufrido un deterioro anormal. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Según la demanda, la Nación - Fiscalía General de la Nación es responsable por los daños ocasionados con la aprehensión y deterioro de un vehículo de servicio público en el marco de un proceso de extinción de dominio. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia del 19 de julio de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, dispuso lo siguiente (transcripción literal, incluidos posibles errores): “PRIMERO. DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la inmovilización y deterioro del vehículo de servicio público Daewoo Racer STL Modelo 1995, Placa TIV 873, color amarillo, Motor C15SF407805, Serie KLATF19T1SC5011788, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. “SEGUNDO. CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de NORVEY DE JESÚS VÉLEZ ACEVEDO la suma de treinta y siete millones cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($37.049.345) por concepto de lucro cesante consolidado. 1 Radicación: 05001233100020060094501 (62.643) Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Reparación directa “TERCERO. CONDÉNESE igualmente a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-, a pagar a favor de HÉCTOR GIOVANI ESCOBAR CASTAÑEDA la suma de dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($2.538.448) por concepto de daño emergente. “TERCERO (sic). DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. “CUARTO. Sin costas en esta instancia. “QUINTO. Por Secretaría NOTIFICAR a las partes como lo dispone el artículo 173 del C.C.A. “SEXTO. En firme este proveído, archívese el expediente”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2006-00945-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

8 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 05001-23-31-000-2006-00945-01 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se probó la condición de propietario,
poseedor o tenedor del demandante – FALLA EN EL SERVICIO – Aprehensión de
bienes en proceso de extinción de dominio – No se configuró – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Ausencia de daño
– No se demostró que el bien aprehendido hubiera sufrido un deterioro anormal.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación –
Fiscalía General de la Nación contra la sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la Nación - Fiscalía General de la Nación es responsable por
los daños ocasionados con la aprehensión y deterioro de un vehículo de servicio
público en el marco de un proceso de extinción de dominio.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 19 de julio de 2018, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, dispuso lo siguiente
(transcripción literal, incluidos posibles errores):

“PRIMERO. DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la inmovilización y deterioro del
vehículo de servicio público Daewoo Racer STL Modelo 1995, Placa TIV
873, color amarillo, Motor C15SF407805, Serie KLATF19T1SC5011788, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

“SEGUNDO. CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar a favor de NORVEY DE JESÚS VÉLEZ ACEVEDO la
suma de treinta y siete millones cuarenta y nueve mil trescientos
cuarenta y cinco pesos ($37.049.345) por concepto de lucro cesante
consolidado.

1

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

“TERCERO. CONDÉNESE igualmente a la NACIÓN – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN-, a pagar a favor de HÉCTOR GIOVANI
ESCOBAR CASTAÑEDA la suma de dos millones quinientos treinta y
ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($2.538.448) por concepto
de daño emergente.

“TERCERO (sic). DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

“CUARTO. Sin costas en esta instancia.

“QUINTO. Por Secretaría NOTIFICAR a las partes como lo dispone el
artículo 173 del C.C.A.

“SEXTO. En firme este proveído, archívese el expediente”.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada por los señores Norbey de
Jesús Vélez Acevedo y Héctor Giovani Escobar Castañeda en contra de la Nación –
Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos legales son los siguientes:

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada
con ocasión de los perjuicios causados con la aprehensión y deterioro del vehículo
de servicio público de placas TIV - 873.

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) cincuenta y dos
millones doscientos sesenta mil pesos ($52.260.000) por concepto del lucro
cesante causado desde el 28 de enero de 2002 – fecha de inmovilización - hasta el
19 de noviembre de 2003 – fecha de venta – a favor del señor Norbey de Jesús
Vélez Acevedo; ii) cinco millones doscientos cuarenta y dos mil seiscientos
veintisiete pesos ($5.242.627) por concepto del daño emergente derivado de las
reparaciones realizadas al vehículo y el pago de honorarios por representación
judicial, a favor del señor Héctor Giovani Escobar Castañeda, quien ejerció como
apoderado del señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo ; iii) siete millones ciento
veinte mil pesos ($7.120.000) por concepto del lucro cesante causado desde el 19
de noviembre de 2003 – fecha de compra - hasta el 19 de febrero de 2004 – fecha
de finalización de reparaciones-, a favor del señor Héctor Giovani Escobar
Castañeda; y, iv) entre doscientos (200) y quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales para cada uno de
los demandantes1.

Hechos

1
Folios 62 y 63 del cuaderno 1.

2

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

5. La parte actora señaló que el 31 de julio de 2000, el señor Héctor Giovani
Escobar Castañeda vendió a Norbey de Jesús Vélez Acevedo un automóvil de
servicio público -taxi- de placas TIV-873, marca Daewoo Racer STL, modelo 1995,
con motor C15SF407805 y serie KLATF19T1SC5011788, que se encontraba
afiliado a la empresa Tax Super.

6. El 22 de enero de 2002, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del
Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos ordenó el inicio oficioso del
trámite de extinción de dominio sobre el mencionado vehículo y el 28 de enero
siguiente se produjo su aprehensión, oportunidad en la que el señor Vélez Acevedo
presentó oposición y posteriormente, solicitó la restitución del vehículo.

7. Trascurrido más de un año desde la inmovilización del automotor, el 28 de enero
de 2003, su antiguo propietario Héctor Giovani Escobar Castañeda accedió a
comprar el vehículo al señor Vélez Acevedo, como medida de saneamiento, por la
suma de diecisiete millones de pesos ($17.000.000).

8. Mediante resolución del 31 de julio de 2003, confirmada el 3 de septiembre de
la misma anualidad, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra el Lavado de Activos de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de
extinción del dominio, por lo que el 15 de diciembre de 2003, el Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Pereira (Risaralda) ordenó la entrega del vehículo, la
cual se hizo efectiva el 24 de diciembre siguiente.

9. La parte actora sostuvo que el vehículo fue entregado “en pésimas condiciones
y con algunos cambios irregulares”, por lo que requirió reparaciones en la pintura,
latonería, motor, tapicería, rodamientos, luces, taxímetro, así como el cambio de los
emblemas de la empresa a la que se encontraba afiliado, puesto que durante el
tiempo que estuvo bajo custodia de las autoridades fue utilizado por sus agentes
con una placa diferente TIV-876 y con emblemas de la empresa Taxi Ger.

10. Concluyeron que los anteriores hechos le ocasionaron perjuicios materiales e
inmateriales que debían indemnizarse por parte de la demandada.

La defensa

11. Notificado en debida forma el auto admisorio2, la Nación - Fiscalía General de
la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que los
demandantes debían soportar la investigación y trámites que culminaron con la
devolución del vehículo, dado que el automotor estaba presuntamente vinculado
con el punible de secuestro y solo durante el trámite se demostró que los hoy
demandantes eran terceros adquirentes de buena fe.

2
Folio 76 del cuaderno 1.

3

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

12. Asimismo, indicó que no incurrió en dilaciones injustificadas durante la entrega
del vehículo; y que las averías que hubiera podido presentar eran imputables al
Fondo para la Defensa y Libertad Personal de la Policía Nacional, a quien le fue
entregado el bien para su custodia.

13. En este sentido, propuso como excepciones: i) “ausencia de falla en la
prestación del servicio”, ii) “inexistencia de daño antijurídico”, y iii) “ausencia de error
judicial”3.

14. Surtida la etapa probatoria4, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

15. La parte actora señaló que no existía mérito para inmovilizar el vehículo, dado
que había pasado a terceros adquirentes de buena fe; además, indicó que aún no
se habían levantado ni cancelado las anotaciones realizadas en virtud del proceso
de extinción del dominio5.

16. En esa oportunidad procesal, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio
Público guardaron silencio.

La decisión

17. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, por considerar que la pasiva incurrió en un error
jurisdiccional al incautar un bien que había sido adquirido por un tercero de buena
fe, “incluso antes de que el procesado penalmente hubiera cometido el delito por el
cual se investigaba y por el cual inició el proceso de extinción de dominio”. En su

3
Folios 77 a 85 del cuaderno 1.
4
Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la
demanda, que comprenden: certificado de tradición y libertad del vehículo de placas TIV-873, expedido el 18
de marzo de 2005 (folios 3 y 4, C.1.); resolución del 3 de septiembre de 2003 proferida por la Unidad de Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá (folios 5 a 20, C.1.); resolución del 31 de julio de 2003, proferida
por la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá (folios
21 a 23, 430 a 497 C.1.); oficio No 2768 del 15 de diciembre de 2003 dirigido Al Fondo Nacional para la Defensa
de la Libertad Personal ordenando la entrega del vehículo (folios 24, 25, 422 y 423, C.1.); providencia del 9 de
diciembre de 2003 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (folios 26, 27,
322 y 323, C.1.); comunicación sin fecha legible emanada del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad
Personal dirigida al señor Héctor Giovani Escobar Castañeda (folio 28, C.1.); acta de entrega del automotor del
24 de diciembre de 2003 (folios 29 y 424, C.1); licencia de tránsito y SOAT del vehículo TIV-873 (folio 30, C.1.);
certificaciones del 18 de diciembre de 2003 y 12 de marzo de 2004, expedidas por Tax Super (folios 31 y 32,
C.1.); tarjeta de control del vehículo TIV-873 (folio 33, C.1.); fotografías del vehículo de placas TIV-876 (folios
35 a 45, C.1); recibos, facturas y comprobantes de consignación (folios 46 a 61, C.1.); ii) certificado de tradición
y libertad del vehículo de placas TIV-873, expedido el 15 de febrero de 2007 (folios 223 y 224, C.1.); iii) historial
del vehículo de placas TIV-873 obrante en los archivos de la empresa Tax Super (folios 225 a 321, C.1.); iv)
inventario del automóvil TIV-873 de 28 de enero de 2002 (folios 349 y 353, C.1.); v) copia de la cédula de
ciudadanía de Norbey de Jesús Vélez Acevedo (folio 350, C.1.); vi) poder especial otorgado por Norbey de
Jesús Vélez Acevedo a Héctor Giovani Escobar Castañeda (folios 351 y 352, C.1.); vii) memorial del 25 de
noviembre de 2003 dirigido al Juzgado Único Especializado de Pereira solicitando la devolución del vehículo
(folios 354 y 355, C.1.); viii) historial del vehículo de placas TIV-873 obrante en los archivos de la empresa Tax
Super (folios 356 a 420, C.1.); ix) dictamen pericial presentado el 13 de junio de 2007 por perito avaluador de
perjuicios (folios 507 a 515, C.1); y, x) aclaración al dictamen pericial de 21 de agosto de 2007 (folios 516 a 519,
C.1).
5
Folios 543 a 545 del cuaderno 1.

4

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

criterio, la retención del bien sin que se hubiera podido comprobar por las
autoridades competentes la comisión de una conducta punible, generaba un
rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas.

18. En relación con el deterioro del automotor, sostuvo que si bien en el acta de
entrega no se hizo salvedad alguna respecto de las condiciones en que se recibió
el vehículo, ni tampoco obra en el expediente el inventario de entrega, los medios
de prueba permitían inferir que el automotor estaba en buenas condiciones de
funcionamiento cuando fue inmovilizado y que no fue entregado en buen estado,
por cuanto: i) al momento de ser incautado prestaba el servicio público de taxi en la
empresa Tax Super; ii) no se registraron desperfectos en el inventario realizado al
momento de la inmovilización y iii) la entidad demandada no contradijo el dicho de
la parte actora sobre los daños sufridos por el vehículo; además, manifestó que en
el presente asunto no se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho
de un tercero, dado que la responsabilidad por la indebida administración de los
bienes recaía solidariamente sobre la entidad que decidió su decomiso o la
imposición de una medida cautelar.

19. En consecuencia, condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de
perjuicios materiales por concepto de lucro cesante a favor del señor Norbey de
Jesús Vélez Acevedo y por concepto de daño emergente derivado del pago de
honorarios de abogado a favor de Héctor Giovani Escobar Castañeda, mientras que
negó el reconocimiento de los demás perjuicios deprecados en la demanda por falta
de prueba sobre su acreditación6.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

20. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en el cual
solicitó revocar la sentencia, por considerar que no incurrió en una falla en el servicio
o error jurisdiccional, toda vez que actuó en cumplimiento del marco legal que
regulaba la materia al iniciar el proceso de extinción de dominio, adelantar la
investigación, decretar medidas cautelares sobre el bien, entregarlo para su
administración al Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal y,
posteriormente, decretar la improcedencia de la extinción del dominio y ordenar su
devolución, más aun cuando existían pruebas sobre la posible comisión de un delito
con dicho bien, así como de su uso y goce por parte del sindicado.
21. De otra parte, sostuvo que no incurrió en defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, dado que su actuación no fue deficiente, arbitraria,
demorada o abiertamente ilegal y/o errada, puesto que se ajustó al marco legal
previsto para el efecto; asimismo, insistió en que no está llamada a responder por
el deterioro de bienes incautados, ya que la custodia, cuidado y debida

6
Folios 562 a 580 del cuaderno principal.

5

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

administración del vehículo correspondía al Fondo Nacional para la Defensa de la
Libertad Personal, según lo establecido en la Ley 282 de 1996, reglamentada por el
Decreto 2100 de 1996, lo cual configuraba la causal eximente de responsabilidad
de hecho de un tercero7.

Alegatos

22. La Fiscalía General de la Nación reiteró que no incurrió en falla en el servicio,
dado que el daño no le es imputable8.

23. El Ministerio Público consideró que la pasiva es responsable del daño
deprecado en la demanda, por cuanto dispuso la inmovilización del vehículo a pesar
de que el bien había sido adquirido lícitamente por los demandantes y, por tanto,
resultaba improcedente la acción de extinción de dominio9.

24. En esa oportunidad procesal, la parte actora guardó silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Legitimación en la causa por activa de Héctor Giovani Escobar Castañeda

25. Le corresponde al juez al momento de dictar sentencia analizar los
presupuestos procesales de la acción, los que no pueden ni deben entenderse
saneados o clausurados por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en
el transcurso del proceso. La certeza de esta obligación está fijada en la sentencia
de unificación del 6 de abril de 201810, en la que la Sala Plena de esta Sección se
pronunció en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso
administrativo de decretar excepciones de fondo.

26. El señor Héctor Giovani Escobar Castañeda adujo en la demanda que era
propietario del vehículo de servicio público -taxi- de placas TIV-873 aprehendido en
el proceso de extinción del dominio.

27. Al respecto, se precisa que en los términos del artículo 4711 de la Ley 769 de
2002, la tradición de los automotores requiere registro, de modo que solo son

7
Folios 581 a 584 del cuaderno principal.
8
Folios 614 a 618 del cuaderno principal.
9
Folios 634 a 640 del cuaderno principal.
10
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número 46.005. M.P.
Danilo Rojas Betancourth.
11
“Artículo 47. Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá,
además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo
reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La
inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles
siguientes a la adquisición del vehículo”.

6

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

pruebas idóneas para acreditar la propiedad adquirida con origen en un título
traslaticio de dominio, aquellas que demuestren el modo, es decir, la inscripción del
título correspondiente en el Registro Nacional Automotor, por lo que, como prueba
de lo anterior, se debe aportar el certificado de tradición del vehículo expedido por
la autoridad administrativa competente y/o la tarjeta de propiedad, sin que sea
necesario allegar al proceso el título, esto es, el contrato mediante el cual se adquirió
el vehículo, pues este último documento nada aporta al proceso, en la medida en
que este solo dará cuenta de los términos y condiciones del negocio.

28. Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala encuentra que el certificado de
tradición del vehículo de placas TIV-873 aportado al expediente no acredita que el
señor Héctor Giovani Escobar Castañeda hubiera sido propietario del automotor
durante el período en que estuvo sujeto a la acción extintiva, esto es, desde el 22
de enero de 2002, cuando fue aprehendido el vehículo, al 24 de diciembre de 2003,
cuando fue devuelto a su propietario, por cuanto durante dicho lapso únicamente
aparece registrado con tal calidad el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo.

29. Es de resaltar que si bien mediante memorial del 25 de noviembre de 2003,
Héctor Giovani Escobar Castañeda, actuando en representación de Norbey de
Jesús Vélez Acevedo12, manifestó al Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Pereira que el 18 de noviembre anterior tuvo que pagar el valor
del taxi a su actual propietario como medida de saneamiento; lo cierto es que el
traspaso solo se registró hasta el 16 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad
a los hechos de la presente acción, de ahí que para los efectos de esta causa no
sea posible tener por acreditada su condición de propietario y, menos aún, de
poseedor o tenedor, por sustracción de materia, toda vez que el vehículo se
encontraba aprehendido por órdenes de la Fiscalía.

30. Así las cosas, al no encontrarse prueba del interés jurídico del señor Héctor
Giovani Escobar Castañeda con la pretensión formulada, por cuanto no se demostró
su calidad de propietario, poseedor o tenedor del bien aprehendido, se impone
deducir su falta de legitimación en la causa por activa, lo que da lugar a negar las
pretensiones que formuló.

Problema jurídico

31. Verificado el contenido del recurso de apelación, el debate jurídico se orienta a
determinar si la pasiva está llamada a responder por la aprehensión y deterioro del
vehículo de servicio público de placas TIV-873. En caso de que así se concluya, se
determinará si se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un
tercero, en los términos invocados por la recurrente.

12
En el expediente obra un poder especial, amplio y suficiente otorgado por el señor Norbey de Jesús Vélez
Acevedo a Héctor Giovani Escobar Castañeda para que adelante cualquier trámite judicial o administrativo
relacionado con el vehículo de placas TIV-873 (folios 351 y 352, C.1.).

7

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

32. Como ruta para el análisis y decisión de los aspectos antes indicados, la Sala
recapitula los siguientes hechos cuya prueba milita en el expediente:

• El 28 de julio de 2000, el señor Jhon Carlos Lucero Herrera vendió el automóvil
de servicio público de placas TIV-873, marca Daewoo, línea Racer STI, modelo
1995, a Héctor Giovani Escobar Castañeda y Luz Fanny Roldán Roldán; quienes,
el 31 de julio siguiente, traspasaron su propiedad al señor Norbey de Jesús Vélez
Acevedo13.

• En el marco del proceso de extinción de dominio iniciado sobre los bienes de
las personas capturadas en la “Operación Guaitara”, entre ellas, el señor Jhon
Carlos Lucero Herrera, por el secuestro extorsivo de diez (10) extranjeros ocurrido
el 12 de octubre de 2000, producto del cual recibieron trece millones de dólares
como pago por su liberación, el 22 de enero de 2002, la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos inició el
trámite y ordenó la ocupación, embargo y secuestro de los bienes que figuraban en
cabeza de los vinculados con dichos hechos, entre ellos, el vehículo de placas TIV-
873, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 333 de 1996 14 -resolución no
obrante en el expediente-.

• En cumplimiento de la orden anterior, el 28 de enero de 2002, el Grupo Gaula
No. 2 de la Policía Nacional inmovilizó el vehículo, dejando constancia en el acta
de inventario que la antena y el limpiaparabrisas se encontraban en mal estado, así
como que las llantas y la batería tenían un estado de conservación regular15. Acto
seguido, el automotor fue puesto a disposición del Fondo para la Defensa y Libertad
Personal de la Policía Nacional16.

• Mediante resolución del 31 de julio de 2003, la Fiscalía Cuarta de
Descongestión de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra el Lavado de Activos de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de
extinción de dominio sobre algunos bienes de propiedad de terceros ajenos al
proceso, entre estos, el vehículo de servicio público de placas TIV-873, disponiendo
oficiar a las autoridades pertinentes una vez surtido el grado jurisdiccional de
consulta.

Sobre el particular precisó que si bien el vehículo perteneció a una de las personas
que participó en los hechos acontecidos el 12 de octubre de 2000; lo cierto es que
el automotor pasó a terceros hasta llegar a Norbey de Jesús Vélez Acevedo en los

13
Folios 3, 4, 223 y 224 del cuaderno 1.
14
La información se extrae de la resolución del 3 de septiembre de 2003 (folios 5 a 20, C.1.) y del oficio No.
2768 del 15 de diciembre de la misma anualidad (folios 24 y 25, C.1.)
15
Folio 349 del cuaderno 1.
16
Si bien no obran en el expediente las actuaciones mediante las cuales se dejó el vehículo a disposición del
Fondo para la Defensa y Libertad Personal de la Policía Nacional, la información se extrae del oficio No. 2768
del 15 de diciembre de 2003, mediante el cual se solicitó la entrega del automotor a la referida entidad (folios
24 y 25, C.1.)

8

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

primeros meses del 2000, “cuando aún el insuceso no se había producido”, y que
su buena fe en la adquisición, esto es, el convencimiento de que actuaba bajo los
parámetros legales y su solvencia económica, estaba demostrada con las
declaraciones sobre el modo de compra y procedencia de los recursos empleados
para el pago, rendidas por Héctor Giovani Escobar Castañeda, antiguo propietario
del vehículo, y Jorge Enrique Boada Sánchez, empleado del señor Vélez
Acevedo17.

• El 3 de septiembre de 2003, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la decisión del 31
de julio anterior, por considerar que el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo era
un adquirente de buena fe18.

• Con base en lo anterior, el 25 de noviembre de 2003, el señor Héctor Giovani
Escobar Castañeda, actuando en representación de Norbey de Jesús Vélez
Acevedo19, solicitó al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira la
entrega del vehículo. En esa oportunidad, el señor Escobar Castañeda manifestó
que el 18 de noviembre de 2003 tuvo que pagar el valor del taxi a su actual
propietario, como medida de saneamiento20.

• En proveído del 9 de diciembre de 2003, el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Pereira ordenó la entrega del vehículo al señor Vélez Acevedo o
a quien representara sus intereses21, decisión que fue comunicada al Fondo para
la Defensa y Libertad Personal de la Policía Nacional con el oficio No. 2768 del 15
de diciembre siguiente22.

• Mediante acta del 24 de diciembre de 2003, el Grupo Gaula de la Policía
Nacional hizo entrega del vehículo al señor Héctor Giovani Escobar Castañeda, en
la cual se anotó que en el inventario anexo – no obrante en el expediente – el
propietario del vehículo dejó consignado que recibía el automotor a total
satisfacción y que estaba conforme con su actual estado de conservación23.
• El 16 de marzo de 2004, el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo realizó el
traspaso de la propiedad del vehículo a Héctor Giovani Escobar Castañeda24.

17
Folios 430 a 497 del cuaderno 1.
18
Folios 5 a 20 del cuaderno 1.
19
En el expediente obra un poder especial, amplio y suficiente otorgado por el señor Norbey de Jesús Vélez
Acevedo a Héctor Giovani Escobar Castañeda para que adelante cualquier trámite judicial o administrativo
relacionado con el vehículo de placas TIV-873 (folios 351 y 352, C.1.).
20
Folios 354 y 355 del cuaderno 1.
21
Folios 26, 27, 322 y 323 del cuaderno 1.
22
Folios 24 y 25 del cuaderno 1.
23
Folio 29 del cuaderno 1.
24
Folios 3, 4, 223 y 224 del cuaderno 1.

9

Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Determinación de la responsabilidad por la aprehensión de bienes en
procesos de extinción de dominio

33. Como punto de partida, se advierte que esta Sala no estudiará el presente
asunto bajo la óptica del error jurisdiccional25 sino que, en aplicación del principio
iura novit curia, lo hará desde el régimen general de responsabilidad de la falla en
el servicio. Si bien el daño endilgado a la pasiva proviene de la providencia mediante
la cual se inició el trámite de extinción de dominio y ordenó la aprehensión, embargo
y secuestro del vehículo de servicio público de placas TIV – 873, lo cierto es que la
declaración de responsabilidad por error jurisdiccional requiere que el afectado
hubiera interpuesto los recursos de ley contra las providencias contentivas del error,
y que éstas se encuentren en firme26, lo cual no ocurre en el presente caso.

34. Con este derrotero, se precisa que las entidades del Estado, como sujetos de
derechos y obligaciones, pueden ser potenciales causantes de daños a los
particulares. En tal caso y por sus efectos, el régimen de responsabilidad instituido
a partir del artículo 90 Superior, requiere de una interpretación sistemática con otras
disposiciones constitucionales que obran como parámetros orientadores del
régimen de responsabilidad estatal, como son, los artículos 2, 6, 209 y 299, que
definen los elementos axiológicos por los que el Estado está llamado a responder
patrimonialmente por los daños causados a los asociados27.

35. Con base en lo señalado, se destaca que la extinción del dominio es una
institución jurisdiccional de estirpe constitucional prevista en el artículo 34, inciso 2,
de la Carta Política28, en cuya virtud, previa observancia de las garantías
procesales, se declara mediante sentencia que quien aparece como dueño de los
bienes adquiridos en cualquiera de las hipótesis que el mismo precepto
constitucional contempla - mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro
público o con grave deterioro de la moral social – no tenía en realidad la propiedad,
dado el origen ilegítimo y espurio de su adquisición. En consecuencia, los bienes
objeto de la decisión judicial correspondiente pasan al Estado sin lugar a
compensación, retribución ni indemnización alguna29.

25
Ley 270 de 1996, artículo 66. «Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia
contraria a la ley» (se destaca).
26
Ley 270 de 1996. “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los
siguientes presupuestos:
“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto
en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.
“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
27
Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018.
28
“Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
“No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.
29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-389 del 1 de septiembre de 1994. M.P.: Antonio Barrera
Carbonell.

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Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

36. Sobre esta base, la Ley 333 de 1996 – régimen de extinción de dominio
aplicable al sub examine-, partió de la idea de la complementariedad con el proceso
penal adelantado por cualquiera de los delitos que, configurando una de las tres
causales constitucionales, se encontraran enunciados en el artículo 2 de la Ley 333
de 199630, siempre que dicho proceso estuviera en curso, razón por la cual, en el
artículo 7 ibídem31 se exigió decidir en el mismo trámite judicial lo relativo a la
extinción del dominio de los bienes que estaban judicialmente vinculados a los
hechos punibles objeto de verificación, todo ello con el fin de evitar la dualidad de
procesos y bajo la condición de que se adelantara con sujeción al debido proceso y
sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes de buena fe.

37. Es de anotar que la mencionada acción real se inicia y desarrolla en relación
con bienes concretos y determinados, esto es aquéllos adquiridos ilícitamente o
destinados a actividades ilícitas, así como, respecto de sus frutos, productos y
rendimientos, debiendo distinguirse de otros adquiridos lícitamente, dado que
resultaría altamente lesivo a la seguridad jurídica aplicar la extinción de dominio a
la totalidad del patrimonio de una persona sin diferenciar los bienes según su
origen32, fundamentalmente porque la protección estatal de la propiedad se

30
“Artículo 2. De las causales. (…)
“Dichas actividades son:
“1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.
“2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de
contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores
equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos
y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes
del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.
“3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos que deterioran
la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo
modifiquen o adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos
contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas
militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro,
secuestro extorsivo o extorsión.
“4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a
éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal mediante
providencia en firme.
“5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de
los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2o. y 3o. del artículo 7o., de esta Ley, y en el Código de
Procedimiento Penal”.
31
“Artículo 7. De la naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de
naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales
de los bienes, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido, y sin perjuicio de los
derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en
forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.
“Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el
trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del
dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.
“Si terminado el proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción de extinción
del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente”.
32
“La norma enjuiciada [artículo 3 de la Ley 333 de 1996] cobija tanto los bienes muebles e inmuebles, como
los frutos, productos y rendimientos de ellos, lo cual parece lógico si se tiene en cuenta el carácter ilegítimo de
la propiedad, aunque debe aclararse, como lo hace el legislador, que, si se mezclan bienes de procedencia
ilícita con otros que fueron adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del
provecho ilícito, distinción razonable y necesaria, porque el fundamento de la extinción del dominio está en la
adquisición, no ajustada a Derecho, o contraria a la moral pública, del bien correspondiente. Resultaría opuesto
a la seguridad jurídica y altamente lesivo del artículo 6 y del mismo 34 de la Constitución un precepto general e
indiscriminado que llevara a aplicar tan grave sanción a una persona sobre la totalidad de su patrimonio sin
introducir diferenciación alguna entre los bienes según su origen”. Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
374 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

proyecta respecto de bienes adquiridos de manera lícita, con arreglo a las leyes
civiles, sin daño ni ofensa a los particulares ni al Estado y dentro de los límites que
impone la moral social.

38. En relación con el trámite a surtirse en tales casos, el artículo 15 de la Ley 333
de 1996 estableció que el proceso debía adelantarse en cuaderno separado, siendo
el Fiscal quien ordenaría el inicio de la actuación mediante resolución interlocutoria
en la que se indicarían los bienes objeto de investigación, los hechos, pruebas e
indicios en que se fundaba la acción extintiva y, además, se prevendría sobre la
suspensión del poder dispositivo y decretaría la aprehensión inmediata de los
bienes, su ocupación y las medidas preventivas -embargo y secuestro-, si no se
hubiesen adoptado en la actuación penal.

39. En voces de la referida norma, en la misma providencia, debía impartirse la
orden de notificación al agente del Ministerio Público y a las personas afectadas
cuya dirección se conociera, así como el emplazamiento de los titulares actuales
del derecho real -principal o accesorio- y de los terceros y demás personas
indeterminadas con interés en la causa para que comparecieran a hacer valer sus
derechos, a efectos de determinar si el adquirente obró o no dolosamente o con
culpa grave. Si ocurrió así, lo cual debía ser probado en el curso del proceso
(artículo 29 C.P.), era viable la declaración de extinción del dominio. En caso
contrario, no lo era, con lo cual se buscaba salvaguardar el derecho de los terceros
de buena fe, esto es, el de quienes, aun tratándose de bienes de procedencia ilícita
o afectada por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 34 de la
Constitución, los adquirieron ignorando ese estigma33.

40. Concluida la etapa probatoria, el Fiscal dictaría una providencia respecto de la
procedencia o improcedencia de la extinción del dominio, caso este último que debía
ser sometido al grado jurisdiccional de consulta.

41. En el presente asunto, la parte actora pretende que se declare la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por el daño derivado de la
aprehensión del vehículo de servicio público de placas TIV – 873, por cuanto se
declaró la improcedencia de la extinción del dominio, al encontrar acreditado que el
propietario actual del vehículo, señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo, era un
tercero adquirente de buena fe.

42. Con el anterior referente, la Sala no advierte que la entidad demandada haya
incurrido en una falla en el servicio susceptible de activar mecanismo resarcitorio,
dado que si bien el vehículo fue vendido por el sindicado Jhon Carlos Lucero Herrera
a Héctor Giovani Escobar Castañeda y Luz Fanny Roldán Roldán el 28 de julio de
2000 y, a su vez, éstos traspasaron la propiedad a Norbey de Jesús Vélez Acevedo
el 31 del mismo mes y año, esto es, antes del secuestro extorsivo acaecido el 12 de

33
Corte Constitucional. Sentencia C-374 de 13 de agosto de 1997. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.

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Referencia: Reparación directa

octubre siguiente, lo cierto es que la parte actora no aportó al expediente la decisión
de 22 de enero de 2002 mediante la cual se ordenó el inicio de la actuación y se
dispuso la aprehensión del automotor ni otras piezas procesales que permitieran
conocer los hechos, pruebas e indicios en que se fundó la acción extintiva, de ahí
que no se hubiera demostrado que su aprehensión fue injustificada, con lo cual se
incumplió con la carga probatoria impuesta por el artículo 177 del C.P.C., haciendo
improcedente el análisis de responsabilidad.

43. Al respecto, se precisa que aun cuando con el historial de tradición del
automotor es posible descartar que hubiera sido adquirido con el dinero solicitado
por la liberación de las personas secuestradas, lo concreto es que se desconoce si
existían indicios o pruebas relativas a su eventual empleo en los hechos delictivos
investigados -hipótesis prevista en el artículo 2 de la Ley 333 de 1996 para lo
procedencia del trámite de extinción de dominio34-, razón por la cual no es dable
colegir una falla en la actuación de la Fiscalía.

44. Con el escaso material probatorio allegado al expediente, lo que se observa es
que el vehículo perteneció a una de las personas involucradas en la conducta
punible investigada y que en cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley
333 de 1996, se vinculó al titular actual del derecho real, quien tuvo la oportunidad
de presentar oposición y demostrar su buena fe en la adquisición del bien, tal como
lo sostuvo la Fiscalía Cuarta de Descongestión de la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá en la
resolución del 31 de julio de 2003, mediante la cual declaró la improcedencia de la
extinción del dominio, decisión que fue confirmada el 3 de septiembre siguiente por
la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en sede de
consulta.

45. Se destaca, además, que la declaración sobre la improcedencia de la extinción
de dominio, no torna en antijurídica la aprehensión del vehículo, pues dentro del
marco legal estatuido por la Ley 333 de 1996, es obligación de la Fiscalía iniciar y
desarrollar la acción extintiva en relación con bienes adquiridos ilícitamente o
destinados a actividades ilícitas, así como, respecto de sus frutos, productos y
rendimientos, lo cual, conlleva el decreto de medidas preventivas y la ocupación o
aprehensión inmediata de los bienes, sin perjuicio de que concluida la etapa
probatoria y presentadas las oposiciones por parte de los terceros adquirentes y
demás personas con interés en la causa, se decida la finalización del trámite y el
reintegro de los bienes a sus legítimos propietarios, poseedores o tenedores.

46. Así, no estando demostrado que la Fiscalía General de la Nación incurrió en
una falla en el servicio al ordenar el inicio de la acción extintiva del dominio y la

34
Ley 333 de 1996. “Artículo 2. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de
dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante
se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización
de los mismos…”.

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Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
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Referencia: Reparación directa

consecuente aprehensión del vehículo de placas TIV – 873, puesto que no se
aportaron piezas procesales que dieran cuenta de las condiciones bajo las cuales
se dispuso su vinculación al aludido trámite, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda respecto de esta
especifica imputación.

Determinación de la responsabilidad por el deterioro de bienes sujetos a una
acción de extinción de dominio

47. En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
derivado del deterioro de bienes aprehendidos en un proceso de extinción de
dominio por haber sido adquiridos ilícitamente o estar destinados a actividades
ilícitas, y que, por decisión posterior, deben ser devueltos a sus legítimos
propietarios, poseedores o tenedores, la Sala ha considerado que el Estado es
responsable de conformidad con las reglas establecidas para el depósito de bienes.

48. A tal efecto, la responsabilidad del Estado se asimila a la del depositario en el
depósito necesario, esto es, el que no depende de la libre voluntad del depositante,
de ahí que, según el artículo 2263 del Código Civil 35 en armonía con el 1171 del
Código de Comercio36, el depositario responda hasta de la culpa leve en la custodia
y conservación de la cosa, al tiempo que se presuma que el deterioro o la pérdida
se debe a su culpa, debiendo probar una causa extraña para liberarse de
responsabilidad.

49. Así mismo, en aplicación de las reglas del contrato de depósito, la entidad
demandada que mediante actos de poder dispuso su aprehensión, sin perjuicio de
la intervención de un custodio37, tiene la obligación de restituir la cosa en el mismo
estado en que la recibió, salvo su deterioro natural, de conformidad con lo previsto
en el artículo 2253 del Código Civil38.

50. En el sub lite, la parte actora hace consistir la responsabilidad de la Nación-
Fiscalía General de la Nación en el incumplimiento de los deberes de conservación
de un bien sujeto a un proceso de extinción de dominio y de restitución en el mismo
estado en que fue aprehendido, por cuanto según se afirmó en la demanda el
vehículo fue devuelto en estado de deterioro.

35
“Artículo 2263. Responsabilidad del depositario. La responsabilidad del depositario se extiende hasta la culpa
leve”.
36
“Artículo 1171. Responsabilidad del depositario. El depositario responderá hasta de culpa leve en la custodia
y conservación de la cosa. Se presumirá que la pérdida o deterioro se debe a culpa del depositario, el cual
deberá probar la causa extraña para liberarse”.
37
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B., sentencia del 30 de noviembre de 2016, exp. 37.508,
M.P.: Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido, sentencia de la Subsección A del 14 de marzo de 2018,
exp. 38.861, M.P. María Adriana Marín.
38
“Artículo 2253. El depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se han
confiado en depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles salvo el caso del artículo 2206.
“La cosa depositada debe restituirse con todas sus accesiones y frutos”.

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Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

51. Con el material probatorio ya relacionado, para la Sala es claro que no se
demostró el daño alegado, por cuanto si bien al momento de aprehender el vehículo
no se reportó un deterioro de mayores dimensiones, más allá de registrar una
regular condición de conservación de las llantas y la batería, así como el mal estado
del limpiaparabrisas, tal como obra en el acta de inventario del 28 de enero de 2002;
ciertamente, en el acta de entrega del 24 de diciembre de 2003 suscrita por la parte
actora al momento de su devolución, se dejó consignado que el automotor fue
recibido a total satisfacción por su propietario, quien estuvo conforme con su estado,
anotación que no permite inferir deterioro alguno del vehículo y menos aún
establecer si el mismo se presentó en un grado de anormalidad que resulte
indemnizable.

52. Sobre este aspecto, conviene mencionar que con la demanda se allegaron
varias fotografías que según la actora corresponden al vehículo aprehendido, sin
embargo, carecen de mérito probatorio, en tanto que de ellas no es posible
determinar su origen, época o lugar donde fueron tomadas y, menos aún, fueron
objeto de reconocimiento o ratificación durante el proceso39. Es más, es claro que
aun en el caso de cumplir con las exigencias para ser tenidas como prueba,
tampoco demuestran el nexo de causalidad entre el daño reclamado y la conducta
desplegada por la pasiva en su mantenimiento y custodia, pues corresponden a un
vehículo de servicio público con un número de placa –TIV-876- y empresa -Taxi
Ger- diferentes a las del automotor sujeto al proceso de extinción de dominio, sin
que se hayan allegado otros medios de prueba que permitan establecer que aquél
realmente corresponde al vehículo aprehendido.

53. En este punto, igualmente, debe señalarse que aun cuando se aportaron al
expediente múltiples facturas y recibos de caja a nombre de Giovani Escobar en los
que se consigna la compra de repuestos y elementos para vehículo durante los
meses de diciembre de 2003, febrero y marzo de 200440, no existe certeza de que
aquellos hubieran sido empleados para reparar el supuesto deterioro sufrido por el
automotor durante su aprehensión, puesto que, se itera, según el acta de entrega
no se presentó ninguna inconformidad con su estado de conservación y además no
se allegó el inventario que acompañaba el acta, de ahí que no sea posible verificar
el real estado en que fue devuelto, con lo cual se reafirma la falta de certeza
respecto del daño deprecado.

54. En último término, se advierte que el dictamen pericial practicado en el presente
proceso, se limitó a realizar el cálculo contable de los perjuicios materiales
deprecados y no a definir desde un enfoque técnico el estado de conservación del
vehículo al momento de su entrega, labor que por demás resulta de imposible
cumplimiento con los elementos probatorios obrantes en el expediente.

39
Folios 109 a 122 del cuaderno 2.
40
Folios 46 a 61 del cuaderno 1.

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Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)
Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

55. A tono con las razones hasta aquí expuestas, ante la inexistencia de prueba
cierta, directa y personal del daño cuya indemnización se reclama, la Sala considera
que no hay lugar a involucrarse en el estudio de un título de imputación de
responsabilidad, por lo que, en consecuencia, se impone revocar la sentencia
recurrida y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las
consideraciones aquí anotadas.

Condena en costas

56. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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