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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-01278-01

Fecha
14 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-01278-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 13 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional por los perjuicios causados a Fabiola Guarnizo de Tovar, Brian Kelly Guarnizo de Vélez, Raúl Vélez Mojica, Katia Leonilde, Edna Usdiola, Maira Viviana y Brian Kelly Vélez Guarnizo, y Silvia Guarnizo Andrade, con la muerte de su familiar José Gregorio Peña Guarnizo, como consecuencia de las acciones y omisiones en que incurrieron en la operación militar de rescate. TERCERO: CONDÉNASE a la Nación –Ministerio de Defensa- Ejército Nacional al pago de los perjuicios morales, así: Demandante Parentesco y/o Indemnización relación afectiva Janeth Fabiola Guarnizo de Tovar Madre 100 SMLMV Brian Kelly Guarnizo de Vélez Madre de crianza 100 SMLMV Raúl Vélez Mojica Padre de crianza 100 SMLMV Katia Leonilde Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV Edna Usdiola Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV Maira Viviana Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV Brian Kelly Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV Silvia Guarnizo Andrade. Tía 35 SMLMV 13 Radicado: 05001233100020060127801(46182) Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2006-01278-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de septiembre de 2022

Radicado: 05001233100020060127801(46182)
Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 05001233100020060127801(46182)
Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Tema: Responsabilidad del Estado por muerte de secuestrado en
operación militar de rescate. Se revoca la sentencia y se condena al
Ejército, a quien se le imputa el daño por haber creado un riesgo
determinante en su producción y porque el <<hecho del tercero>>
que causó materialmente la muerte de la víctima no era imprevisible.
La reparación de los perjuicios reclamados se justifica por su
antijuridicidad.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia dictada el 13 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció el proceso en
primera instancia, en razón a la cuantía estimada en la demanda1.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 1° de marzo de
2013 2 . En auto del 18 de marzo de 2013 3 se dio traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no se
pronunció.

1 Según el numeral 6 del artículo 132 del CCA los tribunales administrativos conocían en primera instancia

las demandas de reparación directa cuya cuantía excedía 500 SMLMV, que al momento de la presentación
de la demanda ascendía a $190.750.000. En el caso concreto la cuantía estimada excedió dicho monto,
porque correspondió a $332.000.000.
2 Fl. 212, c.3.
3 Fl. 421, cuaderno principal.

1

Radicado: 05001233100020060127801(46182)
Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen a este proceso fue presentada el 31 de marzo de
2005 por el grupo familiar de José Gregorio Peña Guarnizo. Se dirigió contra la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para obtener la indemnización
de perjuicios por la muerte del cabo primero de la Armada Nacional José Gregorio
Peña Guarnizo, ocurrida el 5 de mayo de 2003 en el municipio de Urrao
(Antioquia) durante una operación fallida de rescate.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERO: Declarar administrativamente y extracontractualmente
responsable a la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, de los
perjuicios morales y materiales causados a los demandantes con motivo
de la muerte del C.P. de Infantería de Marina José Gregorio Peña Guarnizo
ocurrida durante la operación fallida de rescate, violando los preceptos del
Derecho Internacional Humanitario, adelantada por el Ejército Nacional, el
día 5 de mayo del 2003 en el área rural del municipio de Urrao (Antioquia).

SEGUNDA: Condenar a la Nación –Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes el equivalente en pesos
de las siguientes cantidades indexadas a la fecha de ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia, por los perjuicios morales así:

1. Para la Sra. Fabiola Guarnizo de Tovar, en su condición de madre de
la víctima, la suma de 1000 salarios mínimos legales vigentes.
2. Para la Sra. Brian Kelly Guarnizo de Vélez, en su condición de tía y
madre de crianza de la víctima la suma de 1000 salarios mínimos
legales vigentes.
3. Para el Sr. Raúl Vélez Mojica en su condición de tío político y padre de
crianza de la víctima la suma de 1000 salarios mínimos legales
vigentes.
4. Para la Sra. Katia Leonilde Vélez Guarnizo, en su calidad de prima
hermana y hermana de crianza de la víctima la suma de 1000 salarios
mínimos legales vigentes.
5. Para la Sra. Edna Usdiola Vélez Guarnizo, en su calidad de prima
hermana y hermana de crianza de la víctima la suma de 1000 salarios
mínimos legales vigentes.
6. Para la Sra. Maira Viviana Vélez Guarnizo, en su calidad de prima
hermana y hermana de crianza de la víctima la suma de 1000 salarios
mínimos legales vigentes.
7. Para la Sra. Brian Kelly Vélez Guarnizo, en su calidad de prima
hermana y hermana de crianza de la víctima la suma de 1000 salarios
mínimos legales vigentes.
8. Para la Sra. Silvia Guarnizo Andrade, en su calidad de tía de la víctima,
la suma de 1000 salarios mínimos legales vigentes.

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Radicado: 05001233100020060127801(46182)
Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

TERCERA: Condenar a la Nación – Mindefensa – Ejército Nacional, a
pagar a favor de los demandantes los perjuicios materiales sufridos con
ocasión de la muerte de su hijo, sobrino e hijo de crianza, primo y hermano,
teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación.

Vida probable de cada uno de los demandantes, padres, tíos y hermanas,
y la edad de tan solo 28 años de la víctima y su probabilidad de vida, según
tablas aprobadas legalmente.

El daño emergente y el lucro cesante causado con la muerte del C.P José
Gregorio Peña Guarnizo, teniendo en cuenta sus salarios a percibir en los
grados de Cabo Primero, a razón de $568.130 básicos mensuales
aproximadamente, al valor del año 2003, durante 5 años en el grado, lo
que representa la suma de $34.640.040 (Treinta y cuatro millones
seiscientos cuarenta mil pesos M/L), más prestaciones y primas.

El daño emergente y el lucro cesante causado con la muerte del
mencionado, teniendo en cuenta los salarios a percibir en el grado de
sargento viceprimero a razón de $632.021 básicos mensuales al valor del
año 2003, durante 5 años de permanencia en el grado, lo que representa
la suma de $37.921.260 (Treinta y siete millones novecientos veintiún mil
doscientos sesenta pesos M/L)

El daño emergente y el lucro cesante causado con la muerte del
mencionado, teniendo en cuenta los salarios a percibir en el grado de
sargento primero a razón de $732.021 básicos mensuales al valor del año
2003, durante 5 años de permanencia en el grado, lo que representa la
suma de $43.921.260 (Cuarenta y tres millones novecientos veintiún mil
doscientos sesenta pesos M/L), más prestaciones y primas.

El daño emergente y el lucro cesante causado con la muerte del
mencionado, teniendo en cuenta los salarios a percibir en el grado de
sargento mayor a razón de $842.889 básicos mensuales al valor del año
2003, durante 5 años de permanencia en el grado, lo que representa la
suma de $50.573.340 (Cincuenta millones quinientos setenta y tres mil
trescientos cuarenta pesos M/L), más prestaciones y primas.

El daño emergente y el lucro cesante causado con la muerte del
mencionado, teniendo hasta alcanzar la edad de 65 años, edad de
jubilación de los colombianos, teniendo en cuenta la liquidación de
asignación de retiro por tiempo de servicio.
(…)>>

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- José Gregorio Peña Guarnizo ingresó a la Armada Nacional el 3 de
septiembre de 1998 como suboficial. Estando en servicio en la base militar en
municipio de Juradó (Chocó) fue secuestrado por miembros de las FARC.

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Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

3.2.- El 5 de mayo de 2003 el Ejército Nacional adelantó un operativo militar para
rescatar a los secuestrados que permanecían en la zona de Urrao. En el
operativo de rescate falleció el cabo primero José Gregorio Peña Guarnizo.

3.3.- El daño es imputable al Ejército Nacional porque con este procedimiento
desconoció el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y los artículos 13 y
57 del Protocolo II sobre Precauciones en el Ataque. Esta falta de precaución
llevó a que diez secuestrados fueran asesinados, entre ellos el cabo primero José
Gregorio Peña Guarnizo.

3.4.- El asesinato del suboficial y de los demás secuestrados fue ordenado por
un comandante de las FARC, cuando escuchó los helicópteros del Ejército
Nacional. Si el Ejército no hubiera adelantado el operativo de rescate, el señor
Guarnizo estaría vivo. La acción del Ejército llevó a que los secuestrados fueran
asesinados.

3.5.- <<La Sra. Fabiola Guarnizo Andrade, madre del suboficial asesinado, así
como la señora Brian Kelly Guarnizo de Vélez, quien crio como un hijo al
mencionado suboficial, su esposo, sus hijas, y su tía, la Sra. Silvia Guarnizo, han
sufrido moralmente en grado casi imposible de determinar. Primero tuvieron que
soportar las penurias, sufrimientos y desesperanza de saber los resultados de la
toma de la base, para posteriormente sufrir cada día del espantoso secuestro a
que fue sometido su ser querido, máxime sabiendo que se encontraba en manos
de … quienes advirtieron que los asesinarían en caso de intento de rescate; y por
último, el sufrir el inmenso dolor que causa la muerte trágica, cruel, innecesaria
de JOSÉ GREGORIO>>.

B. Posición de la parte demandada

4.- El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda4. Propuso las
excepciones de: (i) inexistencia de falla en el servicio; (ii) falta de legitimación por
activa y (iii) hecho de un tercero.

En relación con la primera, sostuvo que la operación <<Monasterio>> fue
elaborada teniendo en cuenta informes de inteligencia y con un grupo de
uniformados capacitados para adelantar el procedimiento de rescate. Las
pruebas aportadas muestran la planeación y ejecución de la operación militar, de
la que no se deriva responsabilidad por la muerte del cabo primero. En cuanto a
la segunda, sostuvo que no está probado el parentesco de los tíos y primos con
la víctima. En cuanto a la tercera, afirmó que quien ordenó la muerte del señor
Guarnizo fue el comandante de las FARC <<alias el Paisa>>.

4 Fls. 63-72 c.2

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Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

4.1.- La entidad aceptó que la muerte del suboficial ocurrió el día en que se llevó
a cabo la operación <<Monasterio>>, y que esta tenía como fin el rescate de los
secuestrados.

4.2.- La actuación del Estado fue legítima, pues buscaba recuperar el territorio y
liberar a los secuestrados. Las Fuerzas Militares actuaron dentro de sus
competencias, y nada indicaba que los secuestrados quedarían en libertad ni que
los terroristas les garantizarían la vida. Como ejemplo citó el caso de los once
diputados de Cali secuestrados que fueron asesinados durante su cautiverio.

4.3.- Por último, sostuvo que la muerte del cabo no es imputable al Estado y que
no obra en el proceso algún medio de prueba que lleve a la convicción que los
elementos de seguridad del Estado fallaron a sus deberes constitucionales.

C. Sentencia recurrida

5.- El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 13 de agosto de
2012 en la que negó las pretensiones de la demanda5.

5.1.- Precisó que no basta afirmar que hubo una falla en servicio, sino que es
necesario que esta se pruebe. En este caso no se demostró la equivocación en
el procedimiento militar y táctico empleado por la Fuerza Pública en la operación
militar <<Monasterio>>; no hubo error en la planeación o táctica empleada en la
operación militar. Por el contrario, los militares trataron de cubrir todas las
circunstancias que podrían generar peligro, y la presencia de los helicópteros no
le restó factor sorpresa a la operación porque no era fácil percibirlos. Afirmó que
la incursión aérea era el medio más exitoso para cumplir la misión. Tampoco está
demostrado que la demandada hubiera desconocido la normatividad
internacional referente a los tratados de Ginebra y sus protocolos.

5.2.- Señaló que con la inspección judicial realizada por parte del magistrado
instructor al lugar del intento de rescate –practicada en otro proceso por estos
mismos hechos– se pudo determinar que no era fácil advertir la presencia de los
helicópteros en la zona, puesto que el sitio donde estaban los secuestrados es
una selva espesa y en su interior solo se escucha el ruido de los árboles y una
quebrada. Así, el sonido de los helicópteros no era fácil de percibir, y la única
forma de ingreso al lugar era por vía aérea; tanto así que otros uniformados
tardaron veinte días en llegar mediante desplazamiento por tierra.

5.3.- Por otra parte, afirmó que la muerte del suboficial no ocurrió por un
enfrentamiento militar, sino porque un comandante de las FARC ordenó asesinar
a los secuestrados, tal como quedó establecido en el informe administrativo. De

5 Fls. 123-157 c.3

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Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

modo que el cabo Guarnizo <<murió por el accionar de los subversivos que lo
tenían secuestrado, ejecución previa y cobarde, y ese hecho no puede ser
imputado a la Fuerza Pública>>. Además, fueron precisamente los miembros de
las FARC los que desconocieron los Protocolos de Ginebra.

D. Recurso de apelación

6.- La parte demandante solicita la revocatoria de la sentencia de primera
instancia para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda por
las siguientes razones:

6.1.- En la demanda no se plantearon falencias en la operación militar. Lo que en
ella se reprocha es <<la inobservancia de las normas establecidas en el derecho
internacional humanitario, para el planeamiento, desarrollo y práctica de las
mismas operaciones con lo que se demuestra que las personas secuestradas,
no tenían el deber jurídico de afrontar el riesgo a que fueron sometidos por el
Estado>>. Aclara que <<en ninguna parte de las órdenes de operaciones ni en
la misión táctica se habla del respeto debido a las personas especialmente
protegidas por el derecho internacional humanitario, como lo eran en su momento
los militares puestos fuera de combate y que, rendidos, purgaban una condena
de secuestro, así como las personas civiles que también murieron>>.

6.2.- El Estado debió abstenerse de ejecutar acciones militares y evitar un rescate
mediante la fuerza. Esa actuación del Estado llevó a que los insurgentes
asesinaran a los secuestrados, entre ellos, el cabo Guarnizo.

6.3.- Por una parte, el Ejército Nacional creó un riesgo excepcional al no observar
las normas de Derecho Internacional Humanitario, lo que se demuestra porque
en la operación militar no aparece ninguna anotación sobre la aplicación de estas
normas. Por la otra, ocasionó un daño especial porque desconoció las medidas
de precaución en el ataque establecidas en el artículo 57 del Protocolo II de
Ginebra y no acató la garantía del trato humano para quienes no participan
directamente de las hostilidades.

II. CONSIDERACIONES

7.- La Sala estudiará de fondo las pretensiones porque la acción se presentó
dentro del lapso de dos años contados desde el acaecimiento del hecho. La
víctima falleció el 5 de mayo de 2003 y la demanda se presentó el 31 de marzo
de 2005.

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Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

8.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda y condenará al Ejército Nacional, porque comparte los
argumentos expuestos en el recurso de apelación. La responsabilidad del Estado
no se fundamenta en la ocurrencia de una falla en el servicio: se fundamenta en
que el daño tuvo origen en una actuación de las autoridades públicas, que
crearon un riesgo que fue determinante en su producción; y el perjuicio reclamado
por las víctimas tiene el carácter de particular y grave, lo que lo hace
indemnizable.

9.- En los términos de la jurisprudencia, el título de imputación, en este caso, es
el daño especial. Por esta razón, la demostración de la ausencia de falla en el
servicio no exonera al Estado. La entidad demandada podía exonerarse
acreditando que el daño fue causado por el hecho exclusivo y determinante de
un tercero, siempre que revistiera las condiciones de imprevisible e irresistible; y
resulta claro que el hecho del tercero que causó la muerte de la víctima (los
subversivos que lo tenían secuestrado) no puede considerarse como imprevisible
para las autoridades públicas.

10.- En relación con los perjuicios, la Sala reconocerá indemnización a título de
daño moral a la madre de la víctima, a las tías y a los primos, porque su relación
afectuosa y familiar está probada; se negarán los perjuicios materiales porque no
se acreditó la dependencia económica.

E.- La responsabilidad del Ejército Nacional por la muerte de la víctima

11.- Lo primero que precisa la Sala es que, no obstante que la víctima era un
militar regular vinculado al Estado, su fallecimiento no puede ser considerado
como <<accidente de trabajo>> puesto que el daño sufrido no ocurrió en
desarrollo de la prestación del servicio, y por lo tanto no nos encontramos en un
evento en el cual la responsabilidad del Estado (obrando como empleador) solo
pueda comprometerse cuando se demuestre la existencia de falla en el servicio,
o de culpa del patrono en los términos del artículo 216 del C.S.T. Cuando
ocurrieron los hechos la víctima del daño se encontraba secuestrado por un grupo
subversivo y fue asesinado por sus captores en el inicio de la operación de
rescate adelantada por el Ejército Nacional.

12.- Las pruebas obrantes en el expediente acreditan que: (i) que el cabo
Guarnizo fue secuestrado por miembros de las FARC en la base militar en
municipio de Juradó (Chocó); (ii) el 5 de mayo de 2003 el Ejército Nacional
adelantó un operativo militar para rescatar a los secuestrados que permanecían
en la zona de Urrao6; (iii) como consecuencia del operativo de rescate, falleció el
cabo primero José Gregorio Peña Guarnizo.

6 Fl. 283-284 c.2

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Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

13.- En el informe administrativo sobre los hechos se lee:

<<… el día cinco (5) de mayo de 2003, en operaciones que se estaban
adelantando por parte de las Fuerzas Militares en la zona de URRAO-
ANTIOQUIA, con el fin de rescatar a un personal que permanecía secuestrado
en poder de miembros de la ONT-FARC, estos bandidos al mando del
individuo AICARDO DE JESUS alias EL PAISA, al percatarse de la presencia
en la zona, de helicópteros de las Fuerzas Militares, procedieron a ejecutar
al personal que mantenía retenido, entre ellos al señor MAIMIN (q.e.p.d) PEÑA
GUARNIZO JOSÉ, quien falleció en el lugar de los hechos como consecuencia
de las heridas sufridas por arma de fuego>>7.

14.- Por último, está también acreditado que la operación militar fue planeada
para lograr el control de la zona y la neutralización del enemigo8. El Ejército, que
conocía la ubicación del grupo insurgente, adelantó una operación de rescate y
el resultado fue la muerte por fusilamiento del cabo Guarnizo.

15.- La Sala considera que el daño reclamado por las víctimas es antijurídico en
la medida en que es particular y grave, razón por la cual no debía ser soportado
por ellas y debe ser indemnizado por el Estado, así se concluya, como lo sostuvo
la demandada, que <<la actuación del Estado fue legítima, pues buscaba
recuperar el territorio y liberar a los secuestrados>>. La ausencia de <<falla en el
servicio>> invocada como fundamento para denegar la indemnización no
exonera al Estado; teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P.,
la obligación de indemnizar, en este caso, no surge por esta causa. En este caso
la imputación causal se fundamenta simplemente por la creación de un riesgo
relevante en la producción del daño.

16.- El daño es imputable por la actuación de las autoridades públicas que
crearon un riesgo que efectivamente se materializó, y esto es evidente conforme
con las pruebas antes señaladas. La muerte de la víctima es imputable al Ejército
Nacional, así no hubiese sido causada materialmente por una acción suya,
porque fue una respuesta directa a la operación de rescate adelantada por el
Ejército Nacional. No cabe duda de que al ejecutar una operación bélica de
rescate se asumía el riesgo claro y evidente de que los subversivos dieran muerte
a los secuestrados; ese riesgo se generó por dicha actuación y efectivamente se
produjo, por lo que el daño es imputable al Estado.

17.- A partir de la aplicación de los criterios de la <<imputación objetiva>> la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que el daño no solo debe
considerarse causado en los casos en que el mismo sea el resultado directo y
material de una acción sus agentes, ni puede descartarse cuando está probado

7 Fl. 183 c.2

8 Fl. 283-284 c.2

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Radicado: 05001233100020060127801(46182)
Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

que lo causó materialmente un tercero. La imputación del daño a la actuación de
las autoridades públicas se deduce de la creación de un riesgo relevante, cuando
dicho riesgo efectivamente se realiza.

18.- <<Para que un daño pueda imputarse objetivamente a un sujeto jurídico es
preciso que la acción causante del daño haya creado un riesgo, y que ese riesgo
se haya realizado en el resultado lesivo, teniendo esos daños la consideración
de antijurídicos>>. Y resulta relevante <<como criterio de imputación es la
naturaleza de los riesgos que dicha conducta puede crear, pues solo los daños
que se produzcan como consecuencia de haberse realizado un riesgo
jurídicamente relevante, van a poder ser imputados al sujeto causante del mismo,
lo que, a su vez, va a determinar el deber de indemnizar de éste>>9.

19.- El hecho de que el soldado hubiese muerto por un disparo de sus captores
no puede considerarse como una causa exclusiva y determinante de un tercero
para que el Estado sea exonerado, puesto que se trataba de una circunstancia
absolutamente previsible para las autoridades públicas, pues fue una respuesta
directa a la operación de rescate adelantada por el Ejército Nacional. Al ejecutar
una operación bélica de rescate se asumía el riesgo claro y evidente de que los
subversivos dieran muerte a los secuestrados para evitar que la autoridad militar
cumpliera con su objetivo. Es posible considerar que el tercero que lo causó
materialmente debería responder también y de manera solidaria a la reparación;
y esa solidaridad legal surgida de lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil
es lo que no permite que la entidad demanda sea parcialmente condenada
cuando se demuestra la concurrencia de un tercero en la producción del daño,
pues la víctima puede reclamar la indemnización total de cualquiera de los
causantes.

20.- Para que el hecho del tercero exonere de responsabilidad no solo es
necesario probar que era imprevisible e irresistible para el demandado, sino que
es menester probar, igualmente, que ese hecho fue la causa exclusiva del daño.
Porque si lo que se evidencia es que el daño fue generado por dos causas (el
hecho del tercero y el hecho del demandado) no se produce ningún tipo de
exoneración, en la medida en que, frente a la víctima, ambos estarían obligados
solidariamente a resarcir el perjuicio.

21.- La jurisprudencia del Consejo de Estado asimila los tres eventos de
exoneración y señala que en los tres casos la <<causa extraña>> debe ser
imprevisible e irresistible para el demandado:
<<En cuanto a la alegada eximente de responsabilidad consistente en el hecho
exclusivo de la víctima, conviene recordar que, al igual que acontece con las
demás eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho

9 BELANDIZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación por daños por el funcionamiento de los
servicios públicos. Madrid: Ed. Tecnos, 1997. pp 98-99

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Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

exclusivo y determinante de un tercero—, tres son los elementos cuya
concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea
procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; ii)) su imprevisibilidad
y (iii) su exterioridad respecto del demandado>>10.

22.- Y la doctrina, en relación con el hecho del tercero, agrega que <<él no
exonera sino a condición de haber sido para el demandado imprevisible e
irresistible (inevitable), como una fuerza mayor y que pueda ser considerado
como la causa única del daño>>11.

23.- La Corte Suprema explica este punto en los siguientes términos:

<<Por último, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del daño,
aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino para indicar
tan solo que es únicamente cuando media este supuesto que pone por entero el
resarcimiento a la cuenta del tercero y no del (demandado) habida consideración
que si por fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como
concurrente y por lo tanto frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios
coautores que a ella le son extraños, esos coautores, por lo común están
obligados a cubrir la indemnización en concepto de deudores solidarios que por
mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado éste consagrado
por el artículo 2.344 del Código Civil (…). Cuando hay de por medio varios
responsables de un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria,
lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden reclamar de uno cualquiera de
los responsables>>12.

24.- El estudio de la causalidad que hace el juez de la responsabilidad es ex post
y tiene como propósito determinar cuál fue el hecho o la omisión que originó el
daño; y para considerar que la conducta del tercero excluye de responsabilidad
al demandado no basta demostrar que se trató de una simple condición
necesaria, es decir, que de no haberse presentado, el daño no habría ocurrido.
Por el contrario, el demandado debe acreditar que la conducta de ese tercero fue
una condición suficiente para generar el daño, esto es, que por sí sola esa
conducta bastaba para que el daño ocurriera. Como lo explica el profesor
Fernando Molina13, una condición es necesaria cuando, de no haberse dado,
desaparecería el resultado por ella causado: sin ella este no se produce; sin
embargo, tiene la característica que por su sola ocurrencia no permite inferir que
se haya producido el resultado condicionado. Una condición suficiente, en

10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, (18376), C.P. Mauricio Fajardo

Gómez.
11 Cfr. Jean Carbonnier, Droit Civil, obligations, Dalloz, 1986, p. 467.
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de octubre de 1.992 exp. 3446.

Ponente Dr. Carlos Esteban Jaramillo Scholls.
13 Fernando Molina Fernández. <<La relación de causalidad>>. Universidad Externado de Colombia:

Tertulias de Filosofía y Derecho – Centro de Investigación. Youtube. 23 de febrero de 2017. Accedido el 4
de agosto de 2022: https://www.youtube.com/watch?v=h263t_iwhqU

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Demandantes: Fabiola Guarnizo de Tovar y otros

cambio, es la que, estando presente, implica que el resultado condicionado por
ella siempre ocurre y no se requiere otra para que suceda14.

25.- En este caso no cabe duda de que la actuación de los secuestradores fue
una condición necesaria para que ocurriera el daño: si esto no hubiese ocurrido,
el suboficial secuestrado no habría muerto. Pero esa no es una condición
suficiente que pueda considerarse como la causa exclusiva y determinante del
daño y permita concluir que este no fue causado por el Ejército Nacional al
realizar la operación de rescate.

26.- Sobre el particular, en la sentencia del 24 de agosto de 1989, proferida por
el consejero Gustavo De Greiff Restrepo, se explicó:

<<La doctrina es unánime al considerar que para que el hecho del tercero
pueda configurarse como causal de exoneración de responsabilidad, es
indispensable que pueda tenérsele como causa exclusiva del daño, producida
en tales circunstancia, y que sea imprevisible e irresistible, para que reúna las
características de una causa extraña, ajena a la conducta de quien produjo el
daño.
Se hace notorio que el hecho del tercero debe ser imprevisible puesto que si
puede ser prevenido o evitado por el ofensor le debe ser considerado imputable
conforme al principio según el cual “no evitar un resultado que se tiene la
obligación de impedir, equivale a producirlo”. Y debe ser irresistible puesto a él
y evitarlo, luego no lo puede alegar como causal de exoneración.>>15

F.- Determinación y liquidación de perjuicios

a) Daño emergente y lucro cesante

27.- Los demandantes solicitaron que se reconocieran a título de daño emergente
y lucro cesante los salarios y prestaciones sociales que devengaría la víctima
desde el 2003 hasta la edad de 65 años.

27.1.- La Sala negará la indemnización por daño emergente y lucro cesante
solicitada por la parte demandante porque no aportó prueba alguna que acredite
dichos perjuicios ni su dependencia económica. Si bien de las cartas 16 de la
víctima en cautiverio a sus familiares se advierte que en algunas ocasiones él
manifestó que de su sueldo <<la mamá Kelly cogiera algún dinero por el aprecio,
otro se lo enviara a su hija y el resto se lo guardara>>, de aquellas no es posible
determinar que los demandantes dependieran económicamente de la víctima.

14 Cfr. Fernando Molina Fernández. <<La relación de causalidad>>.
15 Expediente 5693.
16 C. 2

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Adicionalmente, no obran otras pruebas que acredite este perjuicio a favor de los
accionantes.

b) Daño moral

28.- La parte actora pidió el reconocimiento de mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada uno de los demandantes por el
perjuicio moral que sufrieron como consecuencia de la muerte del cabo Guarnizo.

28.1.- Con el registro civil de defunción de la víctima directa 17 y los registros
civiles que obran en el proceso18 está acreditado el vínculo de consanguinidad
de Fabiola Guarnizo de Tovar, madre de la víctima; Brian Kelly Guarnizo de
Vélez, tía de la víctima; Katia Leonilde, Edna Usdiola, Maira Viviana y Brian Kelly
Vélez Guarnizo, primas de la víctima, y Silvia Guarnizo Andrade, tía de la víctima,
cuya cercanía y afecto se advierte de las cartas suscritas por la víctima. También
se encuentra acreditada la relación de Raúl Vélez Mojica esposo de Kelly
Guarnizo. De la correspondencia suscrita por la víctima se pudo constatar la
relación afectuosa de este con Kelly y Raúl a quienes llamaba mamá y papá, e
incluso les manifestaba su agradecimiento por la crianza. Si bien no existen otras
pruebas que acrediten este trato afectuoso, la Sala considera que las cartas
escritas por el cabo resultan suficientes para demostrar que Kelly y Raúl
participaron de la crianza y cuidado del uniformado, al punto que este en sus
escritos les manifestaba su agradecimiento y se refería a ellos como padres.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con los parámetros fijados en
sentencia de unificación19 atinentes al grado de parentesco y la presunción del
perjuicio moral aplicable al primero grado de consanguinidad o civil (conyugales
y paterno fíliales), la Sala reconocerá a favor de Fabiola Guarnizo de Tovar, Brian
Kelly Guarnizo de Vélez y Raúl Vélez Mojica el equivalente a 100 SMLMV.

28.2.- Reconocerá a Katia Leonilde, Edna Usdiola, Maira Viviana y Brian Kelly
Vélez Guarnizo, y Silvia Guarnizo Andrade, los perjuicios morales atinentes al
grado de parentesco y porque con las cartas se demostró su relación afectuosa
con la víctima. Para su determinación se aplicará el tercer nivel (tíos y primos);
por lo tanto, la Sala reconocerá a favor de cada uno el equivalente a 35 SMLMV.

17 Fl.46 c.2
18 Fls. 25-43 y 46-50 c. Principal. Así como el registro de matrimonio de Raúl y Kelly.
19 Consejo de Estado, Sección tercera, «Documento final aprobado mediante Acta del 28 de agosto de

2014 de referentes para la reparación de perjuicios inmateriales».

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G.- Costas

29.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 13 de agosto de 2012 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa- Ejército Nacional por los perjuicios causados a Fabiola
Guarnizo de Tovar, Brian Kelly Guarnizo de Vélez, Raúl Vélez Mojica, Katia
Leonilde, Edna Usdiola, Maira Viviana y Brian Kelly Vélez Guarnizo, y Silvia
Guarnizo Andrade, con la muerte de su familiar José Gregorio Peña Guarnizo,
como consecuencia de las acciones y omisiones en que incurrieron en la
operación militar de rescate.

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación –Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
al pago de los perjuicios morales, así:

Demandante Parentesco y/o Indemnización
relación afectiva
Janeth Fabiola Guarnizo de Tovar Madre 100 SMLMV
Brian Kelly Guarnizo de Vélez Madre de crianza 100 SMLMV
Raúl Vélez Mojica Padre de crianza 100 SMLMV
Katia Leonilde Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV
Edna Usdiola Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV
Maira Viviana Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV
Brian Kelly Vélez Guarnizo Prima 35 SMLMV
Silvia Guarnizo Andrade. Tía 35 SMLMV

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CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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