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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-03074-01

Acción de reparación directa: sentencia que confirma la que accede

Fecha
31 de enero de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-03074-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 30 de octubre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa y, en su lugar, se dispone: “PRIMERO: declarar administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Luis Emilio Gallego Muñoz y los perjuicios ocasionados a los demandantes. “SEGUNDO: condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar en la forma indicada en la parte motiva los siguientes valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes. “1.1. PERJUICIOS MORALES NOMBRE DOCUMENTO CALIDAD MONTO Nora Patricia Osorio Alzate C.C. 42’762.747 cónyuge 100 smlmv Daniela Gallego Osorio T.I. 94031810013 hija 100 smlmv Andrés Felipe Gallego Osorio C.C. 1.017.148.990 hijo 100 smlmv “2.2. PERJUICIOS MATERIALES NOMBRE DOCUMENTO CALIDAD MONTO Nora Patricia Osorio Alzate C.C. 42’762.747 cónyuge $358’258.292 Daniela Gallego Osorio T.I. 94031810013 hija $114’986.534 Andrés Felipe Gallego Osorio C.C. 1.017.148.990 hijo $ 70’972.621 “TERCERO: negar las demás pretensiones de la demanda”. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. CUARTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2006-03074-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

31 de enero de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Sentencia que confirma la que accede / DAÑOS CAUSADOS POR SERVIDORES ESTATALES – Deber de protección y seguridad de la Policía Nacional / DAÑOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL – Falla del servicio / FALLA DEL SERVICIO – Acreditada / CIUDADANO ASESINADO – Por grupo al margen de la ley

[E]l 17 de marzo de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, quien se desempeñaba como gerente de la empresa de transportes “Sotra San Vicente”, “… fue abordado por un sujeto que portaba una jeringa desechable que contenía una porción letal de cianuro, la cual se le pretendía inyectar por la espalda para darle muerte, pero, la aguja, al tropezar contra la estructura ósea de la parrilla costal, se torció, lo que truncó la intención homicida…”. El 24 de marzo de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz renunció al cargo que desempeñaba (...) El 3 de junio de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz aceptó reintegrarse al cargo que desempeñaba como gerente (...). El 15 de julio de 2004, el señor Gallego Muñoz fue asesinado. (...) En el caso sub examine se tiene que la Policía Nacional pretende que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, porque la muerte del señor Gallego Muñoz no fue producto de la omisión de esa institución, sino que, a su juicio, fue consecuencia de una actuación delictiva de personas al margen de la ley. En otras palabras, para la entidad apelante se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN DE HECHO Y LEGITIMACIÓN MATERIAL – La primera surge de la formulación de los hechos y pretensiones de la demanda; la segunda, es presupuesto necesario para obtener una decisión favorable frente a sus intereses dentro del proceso

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

DAÑOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL – Falla del servicio / FALLA DEL SERVICIO – No acreditado / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO – Solicitud de protección del Estado / SOLICITUD DE PROTECCIÓN DEL ESTADO – Elemento eficiente para imputación de responsabilidad estatal / POSICIÓN DE GARANTE DEL ESTADO – Frente a los ciudadanos en especiales condiciones de riesgo

La jurisprudencia de esta Sección ha precisado que la solicitud de protección constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, como también la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado, pues se genera para este una posición de garante en relación con la integridad del ciudadano. (...) La misma jurisprudencia ha sido reiterada hasta la actualidad, siendo una postura consolidada aquella según la cual la Administración responderá patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos: “i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”. NOTA DE RELATORÍA: Frente a la posición de garante del Estado como elemento de imputación de responsabilidad estatal, consultar sentencias de 8 de noviembre de 1991; Exp. 6296 C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008; Exp. 16234, Exp. Ramiro Saavedra Becerra y de 13 de mayo de 2014, Exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

ACREDITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Carga probatoria del interesado / PRUEBA DEL RIESGO AL QUE ESTABA SOMETIDO EL AFECTADO – Acreditado / OMISIÓN DEL DEBER DE PROTECCIÓN – Pese a que la Policía Nacional conocía de la situación de riesgo de la víctima directa / FALLA DEL SERVICIO – Acreditada / ATENTADO – Puesto en conocimiento a la Policía Nacional mediante escrito con sello de recibido

Siendo así, la Sala considera que se encuentra acreditada la falla en el servicio en la que incurrió la Policía Nacional, pues las pruebas obrantes en el proceso demuestran que esa entidad conoció del riesgo en el que se encontraba el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, pero no desplegó las acciones pertinentes para evitar la materialización de los hechos en los que perdió la vida. (...) Siendo así, la institución castrense tenía la obligación de establecer el nivel de riesgo en el que se encontraba el señor Luis Emilio Gallego Muñoz (gerente de las sociedad Transportadora San Vicente y CIA. S.C.A.) y de brindarle protección y seguridad, por cuanto, se reitera, el mencionado señor le informó a esa institución sobre algunos “actos vandálicos y abaleo de vehículos en carretera, amenazas personales telefónicas contra intereses de la empresa, directivos, administradores y algunos accionistas” y sobre el atentado que sufrió el 17 de marzo de 2004 en el que fue atacado con cianuro y, además, solicitó la respectiva protección. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de imputar responsabilidad a la Administración cuando se demuestre que hubo un conocimiento previo sobre amenazas particulares que pesaban sobre las personas que denunciaron esos hechos y que se encontraban en condiciones especiales, consultar sentencias de 30 de marzo de 2017, Exp. 46400; C.P. Danilo Rojas Betancourth y 29 de mayo de 2014, Exp. 30377, Stella Conto Díaz del Castillo.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL – Hecho de un tercero / HECHO DE UN TERCERO – Muerte ocasionada por grupos al margen de la ley / CONDUCTA OMISIVA DE LA POLICÍA NACIONAL – No obstante la muerte la ocasionó un grupo al margen de la ley, la Policía no brindó protección y seguridad oportuna

Para la Sala no es de recibo el argumento de la parte demandante, por cuanto, si bien es cierto que el señor Gallego Muñoz fue asesinado por terceros al margen de la ley, al punto de que la Fiscalía General de la Nación inició la correspondiente investigación por el delito de homicidio, también lo es que las actuaciones de los delincuentes no fueron exclusivas, sino que fueron facilitadas por la conducta omisiva de la Policía Nacional, la que, se reitera, no brindó la protección necesaria para salvaguardar la vida del mencionado señor. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el eximente de responsabilidad derivado del hecho de un tercero, consultar sentencia de 22 de enero de 2014, Exp. 27644; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS – Posición unificada frente a su estudio en segunda instancia así no sea objeto de apelación / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos conexos aunque no hayan sido referidos por el apelante único / COMPETENCIA EN LA APELACIÓN – Cuando hay apelante único

Entonces, si bien la ponente no compartió el alcance de la unificación en comento, razón por la cual aclarará el voto, la Subsección seguirá el precedente jurisprudencial antes citado y revisará la liquidación de los perjuicios reconocidos por el Tribunal Administrativo de primera instancia para hacer las modificaciones a que haya lugar, pese a que la Policía Nacional no apeló expresamente la tasación de los perjuicios reconocidos en primera instancia –lo que excluye los reclamados por daño emergente y por “perjuicios psicológicos”–. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posición unificada en torno a la competencia en segunda instancia, consultar sentencia del 6 de abril de 2018, Exp. 46005, CP: Danilo Rojas Betancourth.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Se confirman las sumas otorgadas por concepto de perjuicios morales / PREJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante LUCRO CESANTE FUTURO– Modifica la liquidación de la cónyuge / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS – Aplicación de sentencia de unificación / LUCRO CESANTE CONSOLIDADO – Se ajustó la liquidación

Para liquidar este perjuicio [lucro cesante], el Tribunal (...) tomó el salario devengado por el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, esto es, $1’978.000 –suma debidamente acreditada en el proceso– y lo incrementó en un 25% por concepto de prestaciones sociales y luego le restó el 25% “que se presume a los gastos personales del occiso”. Por lo que se fijó de base para la liquidación de este perjuicio la suma de $1’854.375. (…) Lucro cesante futuro para para la señora Nora Patricia Osorio Alzate: Corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta la fecha probable de vida del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, la que, de conformidad con las tablas de supervivencia, se estimó en 33.07 años, para un total de 396.83 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía 44 años de edad cuando murió. A los 396.83 meses deberán restarse los 162.5 meses que fueron tenidos en cuenta para la indemnización consolidada, para un total de 234.33 meses. (...) Siendo así, se modificará el fallo apelado para reconocer por concepto de lucro cesante a favor de la señora Osorio Alzate un total de $358’258.292. (...) En cuanto a los demás demandantes, se observa que la liquidación se ajustó a las formulas usadas por el Consejo de Estado para este tipo de liquidaciones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios de indemnización de perjuicios morales, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014; Exp. 26251, CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

CONDENA EN COSTAS – No hay lugar a condena en costas cuando no se actúa con temeridad o mala fe

Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 05001-23-31-000-2006-03074-01(47990)

Actor: NORA PATRICIA OSORIO ALZATE Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Falla del servicio por la ausencia de protección de personas en situaciones de riesgo que la solicitaron y no se les brindó.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo del 30 de octubre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, que resolvió (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

“PRIMERO: DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE A LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL POR LA MUERTE DE LUIS EMILIO GALLEGO MUÑOZ Y LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LOS DEMANDANTES.

“SEGUNDO: CONDENAR A LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL A PAGAR EN LA FORMA INDICADA EN LA PARTE MOTIVA LOS SIGUIENTES VALORES POR CONCEPTO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS DEMANDANTES.

“1.1. PERJUICIOS MORALES

NOMBRE
DOCUMENTO
CALIDAD
MONTO
NORA PATRICIA OSORIO ALZATE
C.C. 42’762.747
CÓNYUGE
100 SMLMV
DANIELA GALLEGO OSORIO
T.I. 94031810013
HIJA
100 SMLMV
ANDRÉS FELIPE GALLEGO OSORIO
C.C. 1.017.148.990
HIJO
100 SMLMV

“2.2. PERJUICIOS MATERIALES

NOMBRE
DOCUMENTO
CALIDAD
MONTO
NORA PATRICIA OSORIO ALZATE
C.C. 42’762.747
CÓNYUGE
$456’196.640,8
DANIELA GALLEGO OSORIO
T.I. 94031810013
HIJA
$89’245.534,64
ANDRÉS FELIPE GALLEGO OSORIO
C.C. 1.017.148.990
HIJO
$55’090.389,51

“TERCERO: NEGAR LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

“(…)” (negrilla del original).

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda

El 14 de julio de 2006, en ejercicio de la acción de reparación directa y por intermedio de apoderado judicial, los señores Nora Patricia Osorio Alzate (en nombre propio y en representación de Daniela Gallego Osorio) y Andrés Felipe Gallego Osorio interpusieron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por “… la muerte violenta del señor LUIS EMILIO GALLEGO MUÑOZ el día 15 de julio de 2004 en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, como consecuencia de la no protección por parte de la POLICÍA NACIONAL”.

Como consecuencia de la anterior declaración se solicitó que se condenara al Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1.000 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes.

Así mismo, la parte actora pidió que se condenara al Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, a título de “perjuicios psicológicos”, el equivalente a 1.000 s.m.l.m.v. a favor de cada uno de los demandantes.
Por concepto de perjuicios materiales, se solicitó el reconocimiento de $595’457.500 a favor de los demandantes ($2’057.500 por daño emergente y $593’400.000 por lucro cesante).

1.1.- Fundamentos fácticos de la demanda

El 17 de marzo de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, quien se desempeñaba como gerente de las sociedades San Vicente Los Embalses de Transportadores Ltda. y Transportadora San Vicente y Cia. S.C.A., fue víctima de un atentado contra su vida, cuando salía de las instalaciones del Terminal de Transportes de Medellín.

Por ese hecho, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín condenó a los señores Emma Lucía Hincapié Cardona, María Erney Orozco Orozco y René Alejandro Villamil Echavarría, por el delito de homicidio agravado, en forma imperfecta o tentada.

Con ocasión del atentado, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz renunció al cargo ejercido en las sociedades San Vicente Los Embalses de Transportadores Ltda. y Transportadora San Vicente y Cia. S.C.A.

Manifestó la parte actora que el 6 de abril de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, entre otros, le solicitó protección a la Policía Nacional, pero ni él ni su familia recibieron tal protección.

El 3 de junio de 2004, el señor Gallego Muñoz se reintegró al cargo de gerente de las empresas San Vicente Los Embalses de Transportadores Ltda. y Transportadora San Vicente y Cia. S.C.A. Dicho empleo lo desempeñó hasta el 15 de julio de 2004, fecha en la que fue asesinado.

La parte demandante señaló que, con ocasión de la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, la señora Nora Patricia Osorio Alzate y sus hijos, Daniela Gallego Osorio y Andrés Felipe Gallego Osorio se domiciliaron en Cartagena, “pues se sentían más seguros en otra ciudad y además en Cartagena se encuentran los padres de la señora Nora los cuales le prestan ayuda económica”.

1.2.- Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora indicó que se debía declarar patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, porque incurrió en una falla del servicio al incumplir el deber de brindarle protección y seguridad al señor Luis Emilio Gallego Muñoz, pese a que, mediante escrito del 6 de abril de 2004, le informó a esa institución que se encontraba en peligro.

2.- Trámite en primera instancia

2.1.- La admisión de la demanda y su notificación

La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el que, por auto del 25 de agosto de 2006, la admitió. Esa decisión se notificó en debida forma al Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Ministerio Público.

2.2.- La contestación de la demanda

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz “no obedeció a la acción policial y la omisión no le es imputable por no poder ser obligada la institución a lo imposible”.

En efecto, explicó que, si bien era cierto que la Policía Nacional tenía dentro de sus funciones la de hacer presencia en todo el territorio nacional para proteger la vida, honra y bienes de los Colombianos, también lo era que ese deber no podía ser considerado como absoluto, pues se requerían ciertos elementos mínimos para realizar una efectiva defensa a la población.

Refirió que no podía atribuírsele una falla del servicio por omisión a esa institución, al no brindarle protección al señor Luis Emilio Gallego Muñoz, por cuanto el mencionado señor no la solicitó y, además, porque “se hace imposible asignar a cada colombiano un policía”.

Por otra parte, la entidad demandada propuso las siguientes excepciones:

El “hecho de un tercero”, la que, según su dicho, se configuró porque los causantes de la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz fueron sujetos que nada tenían que ver con la Policía Nacional.

La “falta de legitimación en la causa por pasiva”, dado que el señor Gallego Muñoz nunca le solicitó protección.

El “Indebido razonamiento de la cuantía”, pues, a su juicio, la parte actora realizó una solicitud exorbitante de perjuicios.

2.3.- La etapa probatoria y los alegatos de conclusión

Mediante auto del 12 de julio de 2007, el Tribunal a quo abrió a pruebas el proceso. Concluido el período probatorio, mediante providencia del 23 de junio de 2011 se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda, esto es, que se debía condenar al Ministerio de Defensa – Policía Nacional por el daño alegado en la demanda, es decir, por la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, por cuanto se demostró que fue producto de la omisión en la que incurrió esa institución al no proporcionarle protección, pese a que fue solicitada.

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional insistió en que se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, habida cuenta de que la muerte del señor Gallego Muñoz fue provocada por personas al margen de la ley.

Agregó que no podía atribuírsele una falla del servicio por omisión, porque “… a pesar de que en el expediente a folio 95 aparece la solicitud de protección enviada por el hoy fallecido y otros, dirigida a las Fuerzas de Seguridad del Estado, con fecha 06-04-2004; la misma no llegó jamás a la Policía Nacional…”.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, mediante sentencia del 30 de octubre de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, el Tribunal Administrativo de primera instancia refirió que el estudio del presente asunto se haría bajó el régimen de la falla del servicio, por lo que el análisis se debía circunscribir a la verificación de la existencia del daño, la falla de la Policía Nacional y el nexo causal entre esta y el daño.

Dicho lo anterior, el a quo sostuvo que las piezas probatorias allegadas al expediente demostraron el daño alegado en la demanda, esto es, la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz.

De otra parte, afirmó que se encontraba debidamente acreditada la falla del servicio en la que incurrió la Policía Nacional, por cuanto no le brindó protección al señor Luis Emilio Gallego Muñoz, pese a que el mencionado señor, en razón de las amenazas contra su vida, le solicitó esa protección.

Puntualmente, el a quo señaló (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… al paginario se allega prueba de la que se deduce que sobre su vida pesaban amenazas y que la demandada nada hizo al respecto, incluso tal como se observa en escrito calendado 01 de abril de 2004 (folio 263 – 264), por el cual el demandante y dos personas más, solicitan protección para la seguridad personal, basando la misma en los hechos ocurridos con anterioridad y mediante los que el señor sufrió un atentado en contra de su vida”.

Aclaró que, contrario a lo alegado por la parte demandada, no se configuró la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, pues, si bien la conducta delictiva no fue cometida por un agente estatal, lo cierto era que la Policía Nacional –entidad a la que se solicitó protección– no hizo nada para evitarlo.

Dicho lo anterior, el Tribunal Administrativo de primera instancia concluyó que se encontraba demostrado el nexo causal, pues la muerte del señor Gallego Muñoz fue consecuencia de la omisión estatal en el cuidado y protección que requirió.

Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, el a quo reconoció el equivalente a 100 s.m.l.m.v. a favor de los señores Nora Patricia Osorio Alzate (cónyuge), Daniela Gallego Osorio (hija) y Andrés Felipe Gallego Osorio (hijo).

De otra parte, se reconoció, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $456’196.640,8 para la señora Nora Patricia Osorio Alzate, la suma de $55’090.389,51 a favor de Andrés Felipe Gallego Osorio y la suma de $89’245.534,64 para Daniela Gallego Osorio.

Respecto del daño emergente, se indicó que no podía hacerse ningún reconocimiento, por cuanto “… las facturas [y] documentos correspondientes no cumplen con los requisitos de ley para las facturas y además no se logra acreditar que la señora NORA PATRICIA OSORIO ALZATE haya sido la que tuvo que sufragar dichos gastos”.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de primera instancia negó el reconocimiento de perjuicios sicológicos, al considerar que estaban incluidos en los perjuicios tasados a título de daño moral, pues “… no se logran apreciar individualmente por fuera de la afectación moral de los demandantes”.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1.- El recurso de la parte demandada

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de lo anterior, insistió en que la muerte del señor Gallego Muñoz fue consecuencia de las acciones delictivas de terceras personas al margen de la ley y, por tanto, debía declararse la configuración de la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.

Reiteró que, si bien era cierto que en el expediente obra la solicitud de protección hecha por el señor Galleo Muñoz, entre otros, también lo era que la misma no fue conocida por la Policía Nacional, lo que, a su juicio, se evidenció con las diferentes respuestas de la institución.

Señaló (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“Piénsese pues, que todo colombiano que decida solicitar protección y que el Estado cumpla con su deber de hacerle el respectivo estudio de seguridad y este genere un nivel de riesgo común y ordinario y luego la familia demande al Estado solicitando indemnizaciones cuantiosas alegando desprotección por autoridades internas, es absolutamente absurdo, por cuanto se pondría en desmedro los intereses colectivos en cuanto a seguridad, además de que no es el Estado quien lo desprotege, como se probó en este caso y segundo porque no existe país alguno por rico que fuese capaz de soportar tan enorme erogación, habida cuenta la cantidad de solicitudes de protección que se reciben a diario, frente a las cuales no siempre hay respuesta favorable por las condiciones y requisitos que se exigen para darle protección por parte del Estado a una determinada persona (por eso se realizan los estudios de seguridad, que son los que determinan finalmente a quien se le debe otorgar protección y a quien no, de acuerdo a unos procedimientos y normas internas que maneja la seccional de inteligencia de la policía (SIPOL) que así lo determinan), que para el caso que nos ocupa no fueron solicitados por los hoy fallecidos”.

Mencionó que era cierto que la función de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional era la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; sin embargo, según su dicho, ello no implicaba que tuviera que brindarse protección exclusiva a cada ciudadano, pues la institución no tenía recursos para ello.

2.- Trámite en segunda instancia

El recurso presentado en los términos expuestos fue admitido por auto del 16 de agosto de 2013. Posteriormente, mediante providencia del 7 de octubre de 2013, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

3.- Los alegatos de conclusión

La Policía Nacional, en síntesis, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, esto es, que el daño alegado fue producto del hecho de un tercero, habida cuenta de que la muerte del señor Gallego Muñoz la causaron personas al margen de la ley.

Agregó que también se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el señor Gallego Muñoz, quien era una persona adulta y con plenas facultades físicas y síquicas, no tomó las medidas necesarias para garantizar su vida.

Sin perjuicio de lo anterior, solicitó, en caso de declararse la responsabilidad de la institución, que se estipulara “… una condena teniendo en cuenta el test de proporcionalidad en liquidación de los perjuicios que actualmente sostiene la jurisprudencia del Consejo de Estado”.

La parte actora pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia, habida cuenta de que, según su dicho, se acreditó la falla del servicio en la que incurrió la Policía Nacional al no brindarle protección al señor Luis Emilio Gallego Muñoz, pese a que la solicitó directamente.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

IV. CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de octubre de 2012, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1.- Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine

1.1- Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, dado que la pretensión mayor asciende a $595’457.500, cuantía que resulta superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda (14 de julio de 2006), que equivalían a $204’000.000.

1.2.- Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, cuando se trata del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

1.2.1.- Legitimación en la causa de los demandantes

Los señores Nora Patricia Osorio Gallego, Andrés Felipe Gallego Osorio y Daniela Gallego Osorio fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En cuanto a la legitimación material, se demostró que la señora Nora Patricia Osorio Alzate era la cónyuge del señor Luis Emilio Gallego Muñoz. Así mismo, se acreditó que Andrés Felipe Gallego Osorio y Daniela Gallego Osorio eran hijos de ese matrimonio.

Siendo así, la Sala considera que los mencionados señores se encuentran legitimados para acudir ante esta jurisdicción a reclamar por los perjuicios causados con la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz.

1.2.2.- Legitimación en la causa de la entidad demandada

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi permiten concluir que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se desprende que es a dicha institución a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia –denegatoria o condenatoria–, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

1.3.- El ejercicio oportuno de la acción

El artículo 136 – 8 del Código Contencioso Administrativo consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

En el presente asunto el daño alegado por la parte actora, la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, según el respectivo registro civil de defunción, ocurrió el 15 de julio de 2004.

Entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa inició su cómputo el 16 de julio de 2004 y venció el 16 de julio de 2006. Como la demanda se presentó el 14 de julio de 2006, es claro que el derecho de acción se ejerció dentro del plazo de 2 años que establecía el artículo 136 – 8 del C.C.A.

2.- Objeto de la apelación

En el caso sub examine se tiene que la Policía Nacional pretende que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, porque la muerte del señor Gallego Muñoz no fue producto de la omisión de esa institución, sino que, a su juicio, fue consecuencia de una actuación delictiva de personas al margen de la ley. En otras palabras, para la entidad apelante se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero.

De otra parte, señaló que, como no se demostró que la Policía Nacional tuvo conocimiento de la solicitud de protección realizada por el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, no podía atribuírsele responsabilidad por no haber atendido esa petición.

3.- Lo probado en el proceso

El material probatorio aportado al proceso demuestra que, el 17 de marzo de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, quien se desempeñaba como gerente de la empresa de transportes “Sotra San Vicente”, “… fue abordado por un sujeto que portaba una jeringa desechable que contenía una porción letal de cianuro, la cual se le pretendía inyectar por la espalda para darle muerte, pero, la aguja, al tropezar contra la estructura ósea de la parrilla costal, se torció, lo que truncó la intención homicida…”.

El 24 de marzo de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz renunció al cargo que desempeñaba como gerente de la empresa “San Vicente los Embalses de Transportadores Ltda.”.
Por escrito del 1º de abril de 2004 dirigido a las “Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Militares, Policía Nacional, DAS y Fiscalía General de la Nación (C.T.I.)”, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, entre otros, expuso (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“Nosotros, Emilio de Jesús Gallego Alzate, Antonio Murillo Escobar y Luis Emilio Gallego Muñoz, mayores y con domicilio en esta ciudad (…) en representación de la sociedad San Vicente los Embalses de Transportadores Limitada y sociedad Transportadora San Vicente y Cia. S.C.A., nos dirigimos a ustedes con el siguiente propósito:

“Pedirles protección para la seguridad personal, patrimonial y de las empresas que representamos, con base en los siguientes hechos:

“1. Dentro del desarrollo del objeto social para el cual están constituidas dichas empresas, se han venido presentando, de tiempo atrás, diferencias entre los asociados de las mismas, que cada día se han venido acrecentando. Se ha llegado al punto de suceder actos vandálicos y abaleo de vehículos en carretera, amenazas personales telefónicas contra intereses de la empresa, directivos y administradores y algunos accionistas. Hechos atribuidos por quienes los hacen a grupos ilegales, abusando de la circunstancia del terror que crea obrar en nombre de dichas organizaciones.

“2. Con esa forma de actuar, tenemos entendido, que buscan crear un estado de miedo permanente e incertidumbre, por no conocerse claramente de quien o quienes se trata.

“3. Para el día 17 de marzo de 2004, el representante legal de las empresas citadas, señor LUIS EMILIO GALLEGO MUÑOZ, fue víctima de una atentado contra su vida, cuando salía de las instalaciones de las Terminales de Transportes de Medellín S.A., sede norte, concretamente en el acopio de los taxis de la antigua terminal férrea de Medellín, del cual salió milagrosamente ileso.

“4. El hecho anterior, lo conoció la Fiscalía 158 con sede en la cuarta brigada de Medellín, por información suministrada por el Grupo GAULA de la misma unidad, obtenida por trabajos de inteligencia que en esas terminales se venían desarrollando.

“5. Debido a la gravedad de las situación y, especialmente al hecho anterior, el señor LUIS EMILIO GALLEGO MUÑOZ debió ausentarse de la administración de las empresas, por razones de seguridad personal. Situación que aún persiste.

“Por los hechos expuestos y en espera de la seguridad personal y de las empresas que representamos, esperamos de ustedes recibir la protección necesaria y escuchamos todas las recomendaciones que para el efecto ustedes nos hagan”.

El 3 de junio de 2004, el señor Luis Emilio Gallego Muñoz aceptó reintegrarse al cargo que desempeñaba como gerente de la empresa “San Vicente los Embalses de Transportadores Ltda.”. El 15 de julio de 2004, el señor Gallego Muñoz fue asesinado.

El 30 de marzo de 2005, la Fiscalía Ciento Treinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín – Unidad Tercera de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal certificó que estaba tramitando investigación previa por los hechos “… donde perdiera la vida en forma violenta el señor LUIS EMILIO GALLEGO MUÑOZ (…) y quien al momento de su fallecimiento se desempeñaba como Gerente de la empresa de Transportes Sotra San Vicente…”.

Con ocasión del atentado con cianuro contra el señor Gallego Muñoz (17 de marzo de 2004), mediante sentencia del 12 de octubre de 2005, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín condenó a las señoras Emma Lucía Hincapié Cardona y María Erney Orozco Osorio como determinadoras de la comisión del delito de homicidio agravado, en su forma imperfecta o tentada y al señor René Alejandro Villamil Echavarría como coautor de ese delito.

4.- Análisis de responsabilidad en el caso concreto

La Subsección procederá a realizar un análisis sobre la existencia de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado –el daño y la imputación fáctica y jurídica–, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, de acuerdo con los argumentos planteados en el recurso de apelación.

4.1.- El daño

Para la Subsección, se encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, esto es, la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, habida cuenta de que se allegó al proceso el registro civil de defunción en el que consta que, el 15 de julio de 2004, falleció el mencionado señor y que la causa del deceso fue “violenta”.

4.2.- La imputación

Establecida la existencia del daño en el que se fundamentan las pretensiones indemnizatorias, la Sala procederá a analizar si este es atribuible a la Policía Nacional y, por tanto, si debe responder por los perjuicios que le pudo causar a los demandantes.

A juicio de la parte actora, la entidad demandada incurrió en una falla del servicio, porque incumplió con la obligación de salvaguardar un bien jurídicamente protegido como lo era la vida del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, pese a que el mencionado señor, entre otros, le había solicitado protección por la situación de riesgo en la que se encontraba.

En primer lugar, se debe precisar que la obligación de protección y vigilancia a cargo del Estado tiene su principal fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política, según el cual “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

En tal virtud, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, ya porque el afectado solicitó medidas de protección o porque sus circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad.

La jurisprudencia de esta Sección ha precisado que la solicitud de protección constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, como también la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado, pues se genera para este una posición de garante en relación con la integridad del ciudadano.

La misma jurisprudencia ha sido reiterada hasta la actualidad, siendo una postura consolidada aquella según la cual la Administración responderá patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos: “i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”.

Sobre el particular, esta Subsección ha sostenido:

“… [L]a posición actual jurisprudencial sostiene que no es necesario el requerimiento formal de la víctima para exigir de las autoridades la tutela a su derecho de protección, sí ha sido un elemento constante en dichos precedentes, el necesario conocimiento que tengan las autoridades de las amenazas o de la situación de riesgo en que se encuentra la víctima, pues es lógico, que tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades.

“(…) Así pues, si bien la regla general es que quien ve amenazado o vulnerado su derecho debe demandar la protección de las autoridades respectivas, quienes entonces estarán en la obligación de adoptar las medidas que correspondan con el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima, no obstante, las autoridades que por algún medio obtienen conocimiento o infieren una situación de riesgo inminente, están en la obligación de ejecutar el deber positivo de protección y seguridad a que tienen derecho los habitantes del territorio.

“(…) De manera, que siempre que las autoridades tengan conocimiento de una situación de riesgo o peligro, o de amenazas en contra de un administrado, ya sea porque este ostente una condición especial o no, las autoridades están en el deber de evaluar el nivel de riesgo y desplegar la actuación que proporcionalmente corresponda, so pena de incurrir en una falla del servicio, afirmando la posibilidad de que la misma se consolide no sólo por el incumplimiento u omisión de las autoridades, sino que también, habrá lugar a ella cuando no se observen los deberes positivos a los que debió sujetarse en su actuar, sin importar que el daño haya provenido de un tercero o que la víctima no haya requerido formalmente la protección de la administración, a menos que se demuestre que el hecho del tercero fue de tal entidad que desbordo el proceder adecuado, diligente y oportuno de la administración, carga que en todo caso se radica en cabeza de la demandada…” (se destaca).

Según la jurisprudencia transcrita, para que el Estado responda por el incumplimiento de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades”.

Siendo así, la Sala considera que se encuentra acreditada la falla en el servicio en la que incurrió la Policía Nacional, pues las pruebas obrantes en el proceso demuestran que esa entidad conoció del riesgo en el que se encontraba el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, pero no desplegó las acciones pertinentes para evitar la materialización de los hechos en los que perdió la vida.

En efecto, se tiene que, mediante escrito del 1º de abril de 2004 (con sello de recibido del 6 de abril de 2004), el señor Gallego Muñoz, entre otros, le informó a la entidad demandada que el 17 de marzo de ese mismo año “… fue víctima de un atentado contra su vida…” y, por tanto, le solicitó que le brindara “protección para la seguridad personal, patrimonial…”; sin embargo, a ese escrito no se le dio el trámite correspondiente, con el fin de establecer si la situación y las condiciones que rodeaban al mencionado señor hacían necesario brindarle algún tipo de protección.

Esa situación fue corroborada por el señor Emilio de Jesús Gallego Alzate –quien también suscribió el oficio del 1º de abril de 2004– y que en su testimonio manifestó que “… el atentado que él tuvo en el terminal norte era que le iban a inyectar veneno y esto lo supe por ser asociado de la empresa y la amistad que yo tenía con él. Pedí protección a la Policía y al F.2. para que lo protegieran y no se le dio respaldo de ninguna clase…” (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos).

En el mismo sentido, el señor Jhon Jaime Ceballos Osorio señaló (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… el último comunicado fue enviado al Comando de la Policía de Antioquia enviado a los quince días después del atentado. Yo se eso porque soy miembro de la sociedad TRANSPORTADORA LOS EMBALSES y esta empresa es la que nombra a los gerentes. Hicimos reuniones entre los mismos compañeros y tomamos esas determinaciones para pedir ayuda a la ley (…) PREGUNTADO: sírvase indicarle a este despacho si en algún momento de parte de la Policía Nacional se dio una respuesta positiva a los requerimientos hechos por la empresa y el mismo LUIS EMILIO en relación con su protección personal. En caso afirmativo, en qué consistió ello? RESPONDIÓ: después de que se pidió la protección ellos fueron al otro día a la oficina ubicada en la terminal del norte, fueron, hablaron con él, no sé qué hablaron y no volvieron…”.

Por su parte, en el testimonio rendido dentro de este proceso por el señor Bertulio de Jesús Echeverri Muñoz se lee (se trascribe de forma literal):

“PREGUNTADO: en una de las respuestas anteriores usted nos dio a entender que era amigo o persona cercana al señor LUIS EMILIO GALLEGO. En algún momento éste le manifestó que había solicitado protección a la Policía porque estaba amenazado? CONTESTÓ: si, él me dijo que había pedido protección a la Fiscalía en Medellín y a la Policía también de Medellín debido al atentado. PREGUNTADO: se enteró usted si las mencionadas autoridades le brindaron la protección solicitada por el señor LUIS EMILIO GALLEGO? CONTESTÓ: en ningún momento le brindaron protección, lo sé porque en el momento en que pidió la protección le dijeron que era mejor que andara solo, porque con escolta que eso era un visaje (…) que no andara por los mismos caminos que estaba acostumbrado y ya, esas fueron las instrucciones que le dieron…”.

Para la Subsección, la solicitud del 1º de abril 2004 en conjunto con las anteriores declaraciones constituyen prueba de que la Policía Nacional, previo a los hechos del 15 de julio de 2004 –fecha en la que fue asesinado el señor Luis Emilio Gallego Muñoz–, tuvo conocimiento directo, explícito y concreto de la situación de riesgo en la que se encontraba.

Siendo así, la institución castrense tenía la obligación de establecer el nivel de riesgo en el que se encontraba el señor Luis Emilio Gallego Muñoz (gerente de las sociedad Transportadora San Vicente y CIA. S.C.A.) y de brindarle protección y seguridad, por cuanto, se reitera, el mencionado señor le informó a esa institución sobre algunos “actos vandálicos y abaleo de vehículos en carretera, amenazas personales telefónicas contra intereses de la empresa, directivos, administradores y algunos accionistas” y sobre el atentado que sufrió el 17 de marzo de 2004 en el que fue atacado con cianuro y, además, solicitó la respectiva protección.

Conviene precisar que la parte demandada señaló en el recurso de apelación que no podía atribuírsele responsabilidad por la muerte del señor Gallego Muñoz, porque, aunque se probó la existencia de la solicitud de protección del mencionado señor, no se demostró que la misma hubiere sido conocida por la Policía Nacional, lo que, según su dicho, se evidenció con las diferentes respuestas de la institución.

Pues bien, revisado el expediente, se observa que es cierto que obran los oficios mediante los cuales el Departamento de Policía de Antioquia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburra informaron al Tribunal Administrativo de primera instancia que no se registran “documentos, informes u oficios relacionados con amenazas, denuncias o solicitudes de protección que registren como víctima al señor LUIS EMILIO GALLEGO MUÑOZ”.

No obstante, la Sala considera que no se le puede dar total credibilidad a esos documentos, porque fueron expedidos por la misma entidad demandada y, además, porque obran otras pruebas que dan cuenta de que la solicitud de protección del señor Gallego Muñoz sí fue recibida y, por ende, conocida por la Policía Nacional. Esa situación la evidencia el mismo escrito mediante el cual dicho señor pidió la protección, pues en este se observa sello de recibido por la entidad castrense el 6 de abril de 2004.
En definitiva, para la Subsección el argumento de la entidad demandada no es suficiente para considerar que no conoció de la solicitud de protección hecha por el señor Gallego Muñoz.

Por el contrario, se encuentra acreditado que, pese a que el 6 de abril de 2004 la Policía Nacional conoció del riesgo en el que se encontraba la vida del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, nada hizo para disminuirlo o eliminarlo. En efecto, según lo probado en el proceso, dicha entidad omitió evaluar si debía brindársele seguridad y protección al mencionado señor, no quedando duda de que lo requería, pues solo 2 meses y 9 días después (15 de julio de 2004) fue asesinado.

Al analizar un caso similar, esta Corporación sostuvo que es posible imputar responsabilidad a la Administración cuando se demuestre que hubo un conocimiento previo sobre amenazas particulares que pesaban sobre las personas que denunciaron esos hechos y que se encontraban en condiciones especiales y, pese ello, no se brindó la protección suficiente para preservar a las víctimas. Puntualmente indicó:

“Al respecto, es pertinente recordar que la Sala ha establecido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado…; (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y estas no se las brindaron…, (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida… y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes (…).

“Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado… y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio (…)”.

En los anteriores términos, la Sala estima que en el presente caso existía una obligación de protección a cargo de la entidad demandada, debido a la situación de amenaza que pesaba sobre el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, por cuanto ello fue puesto en oportuno conocimiento de la Policía Nacional.

Establecida la existencia del daño y de la falla del servicio por la omisión en la que incurrió la Policía Nacional al no suministrar protección, pese a que previo a los hechos del 15 de julio de 2004, se encontraba enterada de que la vida del señor Gallego Muñoz estaba en peligro, la Sala procederá a analizar si, como lo alegó esa entidad en el recurso de apelación, se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero.

4.3.- Hecho de un tercero

La Policía Nacional alegó que la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz fue consecuencia de las acciones delictivas de terceras personas al margen de la ley y que, por tanto, debía declararse la configuración de la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero.

Para la Sala no es de recibo el argumento de la parte demandante, por cuanto, si bien es cierto que el señor Gallego Muñoz fue asesinado por terceros al margen de la ley, al punto de que la Fiscalía General de la Nación inició la correspondiente investigación por el delito de homicidio, también lo es que las actuaciones de los delincuentes no fueron exclusivas, sino que fueron facilitadas por la conducta omisiva de la Policía Nacional, la que, se reitera, no brindó la protección necesaria para salvaguardar la vida del mencionado señor.

En efecto, la Policía Nacional conocía de la situación de riesgo en la que se encontraba el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, porque fue informada directamente por la víctima y, por ende, la obligación de protección que le correspondía no era solo aquella general que surge del inciso segundo del artículo 2 de la Constitución Política, sino que implicaba un deber especial o cualificado que, al no ser cumplido, facilitó la acción de los delincuentes que perpetraron los hechos que hoy se lamentan.

En definitiva, como la Policía Nacional no demostró “… que el hecho del tercero fue de tal entidad que desbordo el proceder adecuado, diligente y oportuno de la administración”, no es dable considerar que se presentó la causal de eximente de responsabilidad alegada por dicha entidad.

Por lo expuesto, la Subsección confirmará la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz.

5.- Liquidación de perjuicios

5.1.- Los perjuicios reconocidos en primera instancia – objeto del recurso y competencia del juez de segunda instancia

Respecto de la competencia del juez de segunda instancia, en sentencia de unificación de la Sala Plena de esta Sección se precisó:

“En tanto la parte demandada fue la única en apelar la decisión, la Sala se limitará a resolver –con plena observancia del principio de la non reformatio in pejus– sobre los argumentos expuestos en su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 del C.P.C. (…) En relación con el alcance de esta disposición, la Sala ha acogido dos posturas que, en principio, parecen opuestas o contradictorias entre sí, pero que realmente no lo son porque ambas se sustentan en el principio de congruencia (…) Conforme a la primera postura, la competencia del ad quem está limitada a los aspectos que expresamente señale el recurrente (…) La segunda postura plantea que la competencia del juez de segunda instancia comprende los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone expresamente en su escrito de apelación, de manera que nada obsta para que el juez de segunda instancia corrija o modifique aquellos que, por su naturaleza, se encuentran comprendidos o son consustanciales a los asuntos mencionados. (…) En ambos casos, la Sala buscó salvaguardar el principio de congruencia pues limitó la competencia del juez de segunda instancia a los aspectos que señale expresamente el recurrente o que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso, siempre que favorezcan al apelante único. (…) Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (negrillas de la Sala).

Entonces, si bien la ponente no compartió el alcance de la unificación en comento, razón por la cual aclarará el voto, la Subsección seguirá el precedente jurisprudencial antes citado y revisará la liquidación de los perjuicios reconocidos por el Tribunal Administrativo de primera instancia para hacer las modificaciones a que haya lugar, pese a que la Policía Nacional no apeló expresamente la tasación de los perjuicios reconocidos en primera instancia –lo que excluye los reclamados por daño emergente y por “perjuicios psicológicos”–.

5.2.- Indemnización por concepto de perjuicios morales

Por la muerte del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, el Tribunal Administrativo de primera instancia reconoció, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales para los señores Nora Patricia Osorio Alzate, Daniela Gallego Osorio y Andrés Felipe Osorio.

Pues bien, respecto del reconocimiento de este perjuicio, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, esta Sección indicó:

“… para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

“Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

“(…) Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva” (subraya del original).

Entonces, como en el asunto bajo estudio se demostró que la señora Nora Patricia Osorio Alzate era la cónyuge del señor Luis Emilio Gallego Muñoz y que Daniela Gallego Osorio y Andrés Felipe Gallego Osorio eran hijos del mencionado señor, la Sala confirmará el monto de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes que el Tribunal a quo le reconoció a cada uno de los mencionados señores, por concepto de perjuicios morales.

5.3.- Indemnización por concepto de perjuicios materiales

5.3.1.- Lucro cesante

Para liquidar este perjuicio, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, tomó el salario devengado por el señor Luis Emilio Gallego Muñoz, esto es, $1’978.000 –suma debidamente acreditada en el proceso– y lo incrementó en un 25% por concepto de prestaciones sociales y luego le restó el 25% “que se presume a los gastos personales del occiso”. Por lo que se fijó de base para la liquidación de este perjuicio la suma de $1’854.375.

Así mismo, el a quo aclaró que la indemnización se reconocería en un 50% a favor de la cónyuge del señor Gallego Muñoz (Nora Patricia Osorio Alzate), esto es, la suma de $927.128,5 y en un 25% para cada uno de los hijos (Daniela y Andrés Felipe Gallego Osorio), hasta que cumplieran 25 años de edad, lo que corresponde a $463.593,75.

En atención de estos presupuestos, la Sala procederá a realizar la respectiva liquidación.

Lucro cesante consolidado para la señora Nora Patricia Osorio Alzate:

Se hace necesario aplicar la siguiente fórmula:

S = Ra x (1+ i)n - 1
i

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = $927.185,5 (equivalente al 50% de los ingresos del señor Gallego Muñoz).
N = 162,5 (número de meses trascurridos entre la fecha de la muerte de la víctima -15 de julio de 2004- y la de esta providencia -31 de enero de 2018-).
I = Interés puro o técnico: 0.004867

Entonces:
S = $927.185,5 (1+ 0.004867)162,5 - 1
0.004867

S = $228’819.953.

Lucro cesante futuro para para la señora Nora Patricia Osorio Alzate:

Corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta la fecha probable de vida del señor Luis Emilio Gallego Muñoz, la que, de conformidad con las tablas de supervivencia, se estimó en 33.07 años, para un total de 396.83 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía 44 años de edad cuando murió. A los 396.83 meses deberán restarse los 162.5 meses que fueron tenidos en cuenta para la indemnización consolidada, para un total de 234.33 meses.

El lucro cesante futuro se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:

S =$927.185,5 (1+ 0.004867)234,33- 1
0.004867 (1+ 0.004867)234.33

S = $129’438.339

Siendo así, se modificará el fallo apelado para reconocer por concepto de lucro cesante a favor de la señora Osorio Alzate un total de $358’258.292.

En cuanto a los demás demandantes, se observa que la liquidación se ajustó a las formulas usadas por el Consejo de Estado para este tipo de liquidaciones.

En efecto, el lucro cesante consolidado para Andrés Felipe Gallego Osorio se liquidó desde la fecha de los hechos (15 de julio de 2004) hasta que cumplió 25 años (23 de mayo de 2012) con 25% de los ingresos del señor Gallego Muñoz. Lo que arrojó un total de $55’090.389,51.

El lucro cesante consolidado para Daniela Gallego Osorio se liquidó desde la fecha de los hechos (15 de julio de 2004) hasta la fecha de la sentencia con 25% de los ingresos del señor Gallego Muñoz, para un total de $59’534.462,54. Mientras que el lucro cesante futuro se liquidó desde la fecha de la sentencia hasta que cumpla los 25 años de edad (18 de marzo de 2019), para una suma de $29’711.072,10.

Así las cosas, la Sala procederá a la actualización de las sumas reconocidas a la fecha de la presente providencia, con base en la siguiente fórmula:

A favor de Daniela Gallego Osorio: $89’254.534,64

Ca = Ch x índice final (enero 2019)
Índice inicial (octubre 2012)

Ca = $89’254.534 x 100.59
78.08
Ca: $114’986.086

A favor de Andrés Felipe Gallego Osorio: $55’090.389,51

Ca = Ch x índice final (enero 2019)
Índice inicial (octubre 2012)

Ca = $55’090.389 x 100.59
78.08
Ca: $70’972.621
Entonces, se modificará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se reconocerá por lucro cesante las siguientes sumas de dinero: i) a favor de Nora Patricia Osorio Alzate: $358’258.292; ii) a favor de Daniela Gallego Osorio: $114’986.534 y iii) a favor de Andrés Felipe Gallego Osorio: $70’972.621.

6.- Condena en costas

Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 30 de octubre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO: declarar administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Luis Emilio Gallego Muñoz y los perjuicios ocasionados a los demandantes.

“SEGUNDO: condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar en la forma indicada en la parte motiva los siguientes valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes.

“1.1. PERJUICIOS MORALES

NOMBRE
DOCUMENTO
CALIDAD
MONTO
Nora Patricia Osorio Alzate
C.C. 42’762.747
cónyuge
100 smlmv
Daniela Gallego Osorio
T.I. 94031810013
hija
100 smlmv
Andrés Felipe Gallego Osorio
C.C. 1.017.148.990
hijo
100 smlmv

“2.2. PERJUICIOS MATERIALES

NOMBRE
DOCUMENTO
CALIDAD
MONTO
Nora Patricia Osorio Alzate
C.C. 42’762.747
cónyuge
$358’258.292
Daniela Gallego Osorio
T.I. 94031810013
hija
$114’986.534
Andrés Felipe Gallego Osorio
C.C. 1.017.148.990
hijo
$ 70’972.621

“TERCERO: negar las demás pretensiones de la demanda”.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Según sello de presentación personal (fl. 114 c. principal). Poder a folios 1 – 2 del cuaderno principal. Poder a folios 3 – 4 del cuaderno principal. Fls. 116 – 117 c. principal. Fl. 119 c. principal. Fl. 117 reverso c. principal. Fls. 120 – 126 c. principal. Fls. 132 – 135 c. principal. Fl. 278 c. principal. Fls. 279 – 285 c. principal. Fls. 286 – 288 c. principal. Fls. 292 – 315 c. segunda instancia. Fls. 317 – 327 c. segunda instancia. Fls. 335 – 338 c. segunda instancia. Fls. 340 c. segunda instancia. Fls. 341 – 347 c. segunda instancia. Fls. 354 – 356 c. segunda instancia. El Artículo 40 de la Ley 446 de 1998 consagra:
“Artículo 40. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249" \l "309" Derogado por el art. 309, Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 2012. El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:
"Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
“(…).
“6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. El salario mínimo legal mensual vigente para el 2006 era de $408.000. Fl. 33 c. principal. Fl. 34 c. principal. Fl. 35 c. principal.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
“(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Fl. 97 c. principal. Fl. 114 c. principal. Información extractada del fallo penal dictado por el delito de tentativo de homicidio agravado (fls. 37 – 97 c. principal). Según consta en el certificado expedido por el representante legal de la Sociedad Transportadora San Vicente y Cia. S.C.A. (Fl. 94 c. principal). Fls. 95 – 96 y 263 – 264 c. principal. Según consta en el certificado expedido por el representante legal de la Sociedad Transportadora San Vicente y Cia. S.C.A. (Fl. 94 c. principal). Fl. 97 c. principal. Fl. 98 c. principal. Fls. 37 – 93 c. principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 1991, exp. 6296, CP: Daniel Suárez Hernández. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, CP: Ramiro Saavedra Becerra: “Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, CP: Enrique Gil Botero: “2.5. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Herrera García comunicó el peligro que corría como resultado de las múltiples intimidaciones que se presentaban en su contra, principalmente, vía telefónica, motivo por el cual, se puede señalar que aquella asumió posición de garante frente a la integridad del ciudadano”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), CP: Mauricio Fajardo Gómez. Original de la cita: “En el mismo sentido ver sentencia del Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de 22 de enero de 2014, exp. 27644”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 7 de octubre de 2015. Exp. 35.544.

Ese documento obra a folios 95 y 96 del cuaderno principal en copia simple y a folios 263 y 264 del cuaderno principal en copia autentica. Fls. 152 – 154 c. principal. Fls. 148 – 151 c. principal. Fls. 162 – 165 c. principal. Fl. 169 c. principal. Fls. 171 – 173 c. principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección B–, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación No. 46440, en igual sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección B–, sentencia del 29 de mayo de 2014, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, radicación No. 30377. Fl. 98 c. principal. Tal como lo ha decidido la Sala en casos similares al de autos. Consultar al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección A–, sentencia del 6 de julio de 2017, radicado Nº 42104. Constitución Política, artículo 2º, segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 22 de enero de 2014, radicación número: 520012331000200000767 01 (27644). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005), CP: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 26.251, CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Fl. 36 c. principal. Superintendencia Bancaria, Resolución No. 0497 del 20 de mayo de 1997. Luis Emilio Gallego muñoz nació el 23 de abril de 1960 (fl. 31 c. principal). Según certificado de la Notaría Octava de Medellín, Andrés Felipe Osorio Gallego nació el 23 de mayo de 1987 (Fl. 34 c. principal). Según registro civil de nacimiento, Daniela Osorio Gallego nació el 18 de marzo de 1994 (Fl. 35 c. principal).

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