Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-03252-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2006-03252-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2006-03252-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Referencia: Reparación directa – CCA
TEMAS: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – En los eventos donde
se demanda el enriquecimiento sin justa causa, el término preclusivo se cuenta desde el
momento en que la parte demandante tuvo o debió tener conocimiento del desplazamiento
patrimonial injustificado. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA – Incremento patrimonial de
una persona a expensas de otra sin un título jurídico que lo justifique. EMPOBRECIMIENTO
CORRELATIVO – Necesidad de demostrar la disminución patrimonial efectiva de la parte actora
como presupuesto indispensable para el reconocimiento de la compensación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 12 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Entre los años 1995 y 1999, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. fue propietaria
de las subestaciones eléctricas denominadas “Guatapé” y “Playas”, integradas por
catorce (14) módulos de línea de transmisión eléctrica, cinco (5) de los cuales eran
de propiedad compartida con Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., destinados a la
prestación del servicio del Sistema de Transmisión Nacional.
En ese contexto, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1995 y el 31
de diciembre de 1999, el Liquidador y Administrador de Cuentas de los cargos por
uso del Sistema de Transmisión Nacional reconoció a Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. el 100% de la remuneración derivada del uso de los módulos de propiedad
compartida ubicados en dichas subestaciones. En virtud de lo anterior, Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. requirió en varias oportunidades a Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. para que le pagara la porción que le correspondía de esa
remuneración. Sin embargo, según se narra en la demanda, esta última no accedió
a ello ni efectuó pago alguno por ese concepto.
La sociedad demandante considera que sus intereses se vieron afectados, pues
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. percibió la totalidad de la remuneración derivada
del uso de los módulos de línea de propiedad compartida durante el periodo
comprendido entre 1995 y 1999, sin reconocerle la porción que le correspondía,
situación que, en su criterio, generó un enriquecimiento sin justa causa en favor de
aquella y en detrimento de su patrimonio.
Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se configuró el enriquecimiento sin justa causa alegado. La parte
accionante apeló dicha decisión.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 30 de septiembre de 20051-2, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. presentó
demanda de reparación directa contra Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., con el fin
de obtener el pago por la remuneración que esta última había recibido con ocasión
del uso de los módulos de línea de propiedad compartida ubicados en las
subestaciones “Guatapé” y “Playas”, durante el periodo comprendido entre 1995 y
1999.
En su escrito, la accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):
“1. Que se declare que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) es responsable por no
reconocer a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. el valor que le corresponde, de
la remuneración que ISA percibió entre los años 1995 a 1999 por los módulos de línea
que corresponden a activos de uso del STN en las subestaciones Guatapé y Playas por
ella representados, en los que existe propiedad compartida, valor que a la fecha no se
ha efectuado, generándose un enriquecimiento sin causa al incrementarse el patrimonio
de la demandada a expensas y en detrimento del patrimonio de la demandante.
2. Que, en consecuencia, se ordene a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA),
reconocer y pagar a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. el valor que resulta de
aplicar los porcentajes establecidos por ISA y EPM, referidos en el hecho 7 de esta
demanda, sobre la remuneración que percibió ISA del STN por los módulos de línea en
las subestaciones Guatapé y Playas, de propiedad compartida, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1999.
El valor de que se trata comprende:
1 Fl. 402 a 421, C. 1.
2 Mediante auto del 30 de enero de 2006, el Juzgado Tercero Civil del Circuito rechazó la demanda
por falta de competencia y remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia (Fl. 422 a 426,
C. Ppal.). Posteriormente, el 22 de noviembre de 2006, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró la falta de jurisdicción y suscitó conflicto negativo de competencia (Fl. 536 a 543, C. Ppal.).
En decisión del 11 de abril de 2007, el Consejo Superior de la Judicatura asignó la competencia a la
jurisdicción ordinaria (Fl. 11 a 19, C. 6.). Seguidamente, por auto del 11 de julio de 2007, el Juzgado
Tercero Civil del Circuito inadmitió la demanda y concedió el término de cinco (5) días para que la
parte actora aclarara sus pretensiones (Fl. 545, C. Ppal.); la demanda fue subsanada el 19 de julio
siguiente, en el sentido de reiterar la pretensión de enriquecimiento sin justa causa (Fl. 546 a 549,
C. Ppal.), por lo cual fue admitida mediante auto del 1º de agosto de 2007 (Fl. 550, C. Ppal.).
Posteriormente, el 20 de agosto de 2008, el Juzgado Tercero Civil del Circuito declaró no probada
la excepción previa de falta de jurisdicción propuesta por la parte demandada (Fl. 747 a 750, C.
Ppal.); sin embargo, el 12 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Medellín revocó dicha decisión
y, en su lugar, declaró probada la excepción y ordenó remitir el asunto a los Jueces Administrativos
del Circuito de Medellín (Fl. 780 a 788, C. Ppal.). En auto del 12 de junio de 2009, el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín declaró su falta de competencia por razón de la
cuantía y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia (Fl. 794 y 795, C. Ppal.), el
cual, finalmente, mediante auto del 9 de mayo de 2011, avocó el conocimiento del asunto (Fl. 797 y
798, C. Ppal.).
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Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
a) Daño emergente: Corresponde al valor de la deuda nominal para el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1999 por las
subestaciones Guatapé y Playas, estimado en la suma de $1.481.393.957.
b) Lucro cesante: Corresponde a la diferencia entre el valor actualizado del daño
emergente a pesos de agosto 31 de 2005 y el daño emergente. Para encontrar el valor
actualizado se usa el índice de Precios al Productor. Se estima en la suma de
$1.269.307.589.
c) Valor total: Corresponde a la suma del daño emergente y el lucro cesante reclamado
por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., estimado en la suma de $2.750.701.546.
3. Que se condene en costas a la demandada.
Pretensión subsidiaria: En el evento que no se demuestren los valores relacionados en
esta demanda (lucro cesante y daño emergente), solicito al despacho que se condene a
la demandada a pagar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. los que se acrediten
probatoriamente como consecuencia del enriquecimiento sin causa.”
En sustento de sus pretensiones, la demandante manifestó ser propietaria de las
subestaciones de energía “Guatapé” y “Playas”, en las que se ubicaban módulos de
línea de transmisión eléctrica destinados a la prestación del servicio del Sistema de
Transmisión Nacional.
Precisó que la primera subestación estaba conformada por once (11) módulos de
línea de transmisión eléctrica, cinco (5) de los cuales eran de su exclusiva
propiedad, dos (2) que pertenecían a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y cuatro
(4) eran de propiedad compartida entre ambas entidades.
Afirmó que la subestación “Playas” disponía de tres (3) módulos de línea de
transmisión, de los cuales dos (2) eran de su propiedad y uno (1) de propiedad
compartida con Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Precisó que el Liquidador y Administrador de Cuentas3 pagaba a Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. la remuneración derivada del uso de los módulos de propiedad
compartida, debido a la representación que esta ejercía sobre ellos, por ser la
propietaria mayoritaria de los equipos que los conformaban.
Aseguró que entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1999, el Liquidador
y Administrador de Cuentas de los cargos por uso del Sistema de Transmisión
Nacional reconoció a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. el 100% de la
remuneración derivada del uso de los módulos de propiedad compartida ubicados
en las subestaciones de “Guatapé” y “Playas”.
Manifestó que, durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000, requirió a Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. el pago de la porción de la remuneración derivada del uso de
los módulos de propiedad compartida; sin embargo, esta entidad no le reconoció
suma alguna por tal concepto.
3 El Liquidador y Administrador de Cuentas es la entidad encargada de liquidar y administrar los
cargos por uso de las redes del Sistema de Transmisión Nacional y calcular los ingresos regulados
de los transportadores, bajo la regulación de la CREG.
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Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Concluyó que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. percibió la totalidad de la
remuneración derivada del uso de los módulos de línea de propiedad compartida
durante los años 1995 a 1999, sin reconocerle la porción que le correspondía,
situación que, en su criterio, comportó un incremento patrimonial en cabeza de
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. correlativo al detrimento patrimonial de
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sin que mediara una causa jurídica que lo
justificara.
2. Contestación
2.1. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.4 se opuso a las pretensiones de la demanda.
Señaló que, para el periodo comprendido entre 1995 y 1999, no existía regulación
que contemplara el reconocimiento a favor de Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. de suma alguna por concepto de la remuneración percibida por el uso de los
módulos de línea de propiedad compartida.
De otra parte, resaltó que había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad de
la acción de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de dos (2) años
entre el momento en que la demandante tuvo conocimiento del desplazamiento
patrimonial invocado y la fecha en que se presentó la demanda.
En virtud de lo anterior, propuso como excepciones las de caducidad, falta de
legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación por ausencia de
los elementos configurativos del enriquecimiento sin justa causa.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. La parte actora5 e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.6 reiteraron lo expuesto en
la demanda y su contestación, respectivamente.
3.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 12 de septiembre de 20227, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró
el enriquecimiento sin justa causa alegado por la parte actora. En sustento, señaló
que para el periodo comprendido entre 1995 y 1999, no existía regulación que
contemplara el reconocimiento a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. de
una porción de la remuneración percibida por el uso de los módulos de línea de
propiedad compartida. Añadió que la demandante no acreditó las condiciones en
las que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ejercía la representación de dichos
módulos, ni demostró haber reportado su participación en los mismos ante el
Liquidador y Administrador de Cuentas. En consecuencia, concluyó que no se probó
la existencia de una obligación a cargo de la entidad demandada de reconocer la
suma reclamada por la sociedad accionante.
4 Fl. 1 a 18, C. 2.
5 Índice 115, SAMAI, Tribunal Administrativo de Antioquia.
6 Índice 116, SAMAI, Tribunal Administrativo de Antioquia.
7 Índice 119, SAMAI, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
5. Apelación
5.1. La parte actora8 sostuvo que la sentencia de primera instancia debía revocarse,
por cuanto el a quo limitó su análisis a la inexistencia de regulación sobre la
propiedad compartida entre 1995 y 1999, sin apreciar que en el proceso obraba
prueba de que algunos de los módulos de línea de las subestaciones “Guatapé” y
“Playas” eran de propiedad compartida, que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
percibió la totalidad de la remuneración derivada de su uso y que Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. reclamó en varias oportunidades el pago de la porción
que le correspondía. Con fundamento en ello, reiteró que se configuró un
enriquecimiento sin justa causa en favor de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.,
correlativo al detrimento patrimonial de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6.1. La parte demandante, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y el Ministerio Público
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
La Sala anticipa que revocará la sentencia del 12 de septiembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda. En su lugar, declarará probada la excepción de
caducidad de la acción, al constatar que la demanda se presentó cuando ya habían
transcurrido más de dos (2) años desde que la parte actora tuvo conocimiento del
desplazamiento patrimonial injustificado que invoca.
Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) análisis
de la caducidad de la acción, (5) conclusión y (6) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento
del asunto, según lo previsto en el artículo 829 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), estatuto vigente a la fecha de presentación de la demanda y
que, por tanto, resulta aplicable, porque se demanda el enriquecimiento sin causa
de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.10.
8 Índice 126, SAMAI, Tribunal Administrativo de Antioquia.
9 “Artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades
de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los
tribunales y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley […]”.
10 Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos de carácter mixto,
constituida por entidades públicas bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional y vinculada
al Ministerio de Minas y Energía, sometida al régimen jurídico establecido por la Ley de Servicios
Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994). De acuerdo con los incisos 5º, 6º y 7º del artículo 14 de la
Ley 142 de 1994, las empresas que prestan servicios públicos son de tres tipos, a saber: oficiales,
mixtas y privadas. La empresa mixta “es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales,
o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o superiores al 50%”. Fl.
246 a 253, C. 1.
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Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de septiembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dada la vocación de doble instancia del
proceso, debido a que la cuantía excedió los 50011 SMLMV, en concordancia con
los artículos 12912 y 132, numeral 613, del CCA.
1.2. Según criterio unificado de esta Corporación, la reparación directa es la acción
procedente para pedir el enriquecimiento sin justa causa. En este sentido, la
jurisprudencia ha reconocido que, en el marco de la actuación estatal, puede
configurarse un enriquecimiento sin justa causa, figura que se presenta cuando una
persona obtiene un incremento patrimonial a expensas del correlativo
empobrecimiento de otra, sin que exista una causa jurídica que justifique ese
desplazamiento, supuesto en el cual cualquiera de los extremos de la relación
puede estar integrado por una entidad pública. En tales eventos, al no mediar fuente
jurídica que ampare la transferencia patrimonial, la jurisprudencia ha precisado que
la acción residual e idónea para reclamar la compensación correspondiente es la de
reparación directa, en la medida en que la controversia no tiene por fuente ni un
contrato ni un acto administrativo.
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló:
“[E]n torno a la configuración y procedencia del enriquecimiento sin justa causa
cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de un contrato, en favor de
entidades que -en su gestión- deben aplicar el Estatuto General de Contratación
Pública, se decantó que la respectiva pretensión de compensación, cuando se
carezca de otro mecanismo para reclamar, debe cumplir los presupuestos
procesales de la reparación directa (incluso cuando se ha celebrado un contrato
cuyo objeto se haya agotado para el momento de la extinción del plazo previsto
y ante el desarrollo de actividades con posterioridad a la finalización), sin que
sea exigible haber provocado una decisión por parte de la administración y, al
satisfacerse, debe ser tramitada, pese a que el demandante mencione otro medio o
guarde silencio sobre su denominación. Su prosperidad es absolutamente
excepcional, depende de la plena prueba de la actividad desarrollada, sustentada en
la demostración de una circunstancia extraordinaria y en razones de interés general,
sin que, al respecto, se preestablezcan hipótesis fácticas taxativas; pero, sí se debe
supeditar a la existencia de una ventaja patrimonial en beneficio de la demandada, un
empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, la ausencia de causa jurídica
en el desequilibrio producido y que no se haya soslayado la ley. Cumplido lo anterior,
procede corregir el traslado patrimonial injustificado, mas no indemnizar un daño,
salvo que el menoscabo emane de una conducta constitutiva de responsabilidad
extracontractual del Estado, como una coacción o constreñimiento, que realmente
constituyen eventos de falla del servicio.”14 (Se resalta)
11 La sumatoria de las pretensiones corresponde a la suma de $2.750.701.546, monto que supera
los 500 SMLMV, equivalentes a $190.750.000 del año 2005, fecha en la cual se presentó la demanda
(el salario mínimo legal para entonces era de $381.500).
12 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión […]”.
13 “Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 6. De los de reparación
directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, Rad.: 57464.
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Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Como se advierte, la Sala Plena de la Sección Tercera sostuvo, en sede de
unificación, que en aquellos eventos en los que se ejecutan actividades sin respaldo
contractual, incluso si existió un acuerdo de voluntades anterior que no cobije las
actividades realizadas con posterioridad, no se está en presencia de una
controversia de naturaleza contractual. Por el contrario, se trata de un asunto
susceptible de examen en el marco de la acción de reparación directa, bajo la óptica
de un eventual enriquecimiento sin justa causa, siempre que no exista otra acción
para ventilar la controversia.
En el presente caso, aunque en principio podría estimarse que la controversia tiene
naturaleza contractual, habida cuenta de la existencia de los contratos de conexión
al Sistema de Transmisión Nacional ISA-EEPPM 4501827 de diciembre de 1995 e
ISA-EEPPM 4807240 de noviembre de 2000, suscritos entre la sociedad
demandante e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., lo cierto es que la pretensión
formulada no recae sobre prestaciones comprendidas en los objetos originalmente
convenidos, pues estos se limitaron, respectivamente, a regular la prestación de los
servicios de administración y operación a cargo de Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. sobre los módulos de propiedad compartida con Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P., y a establecer la metodología para remunerar dicha actividad a partir de
enero de 2000. Por el contrario, la presente reclamación se dirige al reconocimiento
y pago de la porción de la remuneración que Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
afirma tener derecho a percibir por el uso de los módulos de línea de propiedad
compartida entre 1995 y 1999.
Al efecto, se advierte que, al subsanar la demanda, la parte actora sostuvo
expresamente que: “Dice el despacho que ‘de acuerdo al recuento fáctico de la
demanda, la fuente de las obligaciones que se invoca es un contrato de conexión
celebrado entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. e Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P., de Io cual se desprende una acción contractual’. […] Se responde lo
siguiente al despacho: De los hechos de la demanda no puede deducirse que se
trate de una acción contractual. Se manifiesta claramente que para el periodo
comprendido entre el 1º de enero de 1995 al 31 diciembre de 1999, ISA recibió el
100% del ingreso que determinó la CREG para los módulos de línea de propiedad
compartida que tiene con EPM. Este porcentaje no puede ser únicamente para ISA
precisamente porque se trata de propiedad compartida que pertenece a ambas
entidades. En el hecho quinto de la demanda puede leerse: Empresas Públicas de
Medellín E.S.P., ha venido realizando las labores de administración y operación de
los módulos de propiedad compartida, mediante acuerdos elevados a contratos de
conexión entre las partes. ISA ha remunerado a Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. Io correspondiente a la administración y operación. En tales contratos no se
estipuló nada respecto a la remuneración que debía percibir Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. por los equipos que posee en los módulos de propiedad compartida
con ISA. [...] De acuerdo con lo anterior y con los hechos y pretensiones de la
demanda, EPM, mediante esta demanda pretende que ISA no se enriquezca sin
causa y le reconozca a la entidad los porcentajes que a ella pertenecen por la
remuneración que percibió íntegramente por los módulos de línea de propiedad
compartida en las subestaciones Guatapé y Playas, y en el periodo comprendido
entre el 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1999. […] La acción incoada,
por lo tanto, no es contractual, porque no se trata del desconocimiento por parte de
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. de lo convenido contractualmente, como lo he
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Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
expresado en este escrito y en la demanda y por ello, no es necesario adecuar las
pretensiones de la misma”15.
Asimismo, se observa que entre 1999 y 2000, Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. adelantaron conversaciones para definir
la forma de distribuir la remuneración derivada del uso de los módulos de línea de
propiedad compartida, aspecto que no se encontraba previamente convenido
(hechos probados 3.1. a 3.5.). Como resultado de esas gestiones, el 15 de
noviembre de 2000 las partes suscribieron un acuerdo bilateral mediante el cual
regularon la distribución de los ingresos correspondientes a los módulos ubicados
en las subestaciones “Guatapé” y “Playas”; sin embargo, dicho reconocimiento solo
fue pactado con efectos a partir de enero de 2000 (hecho probado 3.6.). Por
consiguiente, permaneció pendiente la reclamación formulada por Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. respecto de la remuneración correspondiente al período
comprendido entre enero de 1995 y diciembre de 1999 (hecho probado 3.7.). Esa
controversia, al no haber sido solucionada directamente por las partes, fue sometida
a consideración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (hecho probado
3.8.).
En ese marco, al resolver la solicitud de arbitramento formulada conjuntamente por
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., la
Comisión de Regulación de Energía y Gas precisó que los negocios celebrados
entre esas partes regulaban aspectos asociados a la administración, operación y
conexión al Sistema de Transmisión Nacional, pero no contenían estipulación
alguna sobre la distribución de la remuneración que la parte actora afirmaba tener
derecho a percibir por su participación en los módulos de línea de propiedad
compartida entre los años 1995 y 1999 (hecho probado 3.9.). Justamente, mediante
Resolución del 13 de junio de 2005, la Comisión de Regulación de Energía y Gas
determinó lo siguiente:
“[L]a CREG mediante auto del 25 de febrero del año en curso, solicitó a las partes
interesadas que indicaran y presentaran el acuerdo operativo o comercial cuya
interpretación se demanda a través de la presente solicitud de arbitramento. Que en
respuesta al anterior requerimiento ISA mediante comunicación con radicación CREG
E-2005-001667, manifestó ‘que no existen acuerdos operativos ni comerciales para
la remuneración de los activos de propiedad compartida en las subestaciones Playas
y Guatapé, durante el periodo de enero de 1995 a diciembre de 1999, que es el objeto
del arbitramento.’ […] Que, aunque EE.PP.M refiere como acuerdos operativos o
comerciales objeto de interpretación, los integrados por los contratos escritos
ISA-EE.PP.M 4501827 y el ISA-EE.PP.M 4807240, lo cierto es que dichos
contratos no regulan lo relativo a la remuneración que, según esta empresa,
debe percibir por los equipos que posee en los módulos de propiedad
compartida con ISA, como se desprende de su objeto, el cual, respecto de estos
activos, se limita a la regulación de lo relativo a las labores de Administración
y Operación, como lo reconocen ambas empresas en la solicitud de
arbitramento. […] Que en tales condiciones no se ha allegado a la actuación los
acuerdos operativos o comerciales materia de interpretación y relativos a la
remuneración que, según EE.PP.M, debe percibir por los equipos que posee en los
módulos de propiedad compartida con ISA […]” (Se resalta)
15 Fl. 546 a 549, C. Ppal.
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Aunado a lo anterior, debe señalarse que tampoco se acreditó la existencia de un
acuerdo operativo o comercial, escrito o verbal, que hubiera definido la forma de
distribución de tales ingresos durante el periodo en discusión y, por el contrario, en
el proceso quedó demostrado que el 14 de octubre de 1999, Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. solicitó a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. modificar el contrato
de conexión vigente entre las partes con el fin de incorporar el reconocimiento de
los activos de propiedad de cada empresa en los módulos de línea ubicados en
cada subestación y definir la forma en que debía reconocerse la porción de la
remuneración percibida por su uso desde 1995 (hecho probado 3.1.). De igual
modo, se acreditó que el 15 de noviembre de 2000 las partes suscribieron un
acuerdo para distribuir la remuneración correspondiente a los ingresos recibidos por
parte de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. por el uso de los módulos de propiedad
compartida situados en la subestación “Guatapé” y “Playas” a partir de enero de
2000, quedando por fuera del mismo lo atinente a los ingresos percibidos por dicho
concepto entre los años 1995 y 1999 (hecho probado 3.6).
De lo anterior emerge con claridad que la sola existencia de los contratos de
conexión al Sistema de Transmisión Nacional ISA-EEPPM 4501827 e ISA-EEPPM
4807240, así como la suscripción del acuerdo del 15 de noviembre de 2000, no da
lugar, por sí mismas, a considerar que la controversia ostente naturaleza
contractual, en la medida en que el objeto del litigio no recae sobre prestaciones
convenidas en dichos negocios jurídicos, sino sobre el pago que Empresas Públicas
de Medellín E.S.P. reclama por los ingresos recibidos del Liquidador y Administrador
de Cuentas de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional por parte
de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., por el uso de los módulos de propiedad
compartida durante los años de 1995 a 1999.
En esa medida, habida consideración de que la acción se define a partir de las
pretensiones formuladas en la demanda, en conjunto con los hechos expuestos
como causa petendi, se impone concluir que, en este asunto, la pretensión consiste
en el reconocimiento y pago de la porción de la remuneración percibida por
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. por el uso de los módulos de línea de propiedad
compartida de las subestaciones “Guatapé” y “Playas”, durante el periodo
comprendido entre 1995 y 1999, que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. estima
le correspondía, pese a la inexistencia de una estipulación contractual expresa
sobre la distribución de dichos ingresos.
Así las cosas, comoquiera que la reclamación originada en el desplazamiento
patrimonial injustificado que se alega no tiene por fuente un acuerdo de voluntades
ni un acto administrativo, la controversia se enmarca en un supuesto de eventual
enriquecimiento sin justa causa que, en los términos de la jurisprudencia unificada
de la Sala Plena de la Sección Tercera, debe examinarse a través de la acción de
reparación directa, habida cuenta de que no se advierte la existencia de otro
mecanismo judicial idóneo para ventilarla.
2. Problema jurídico
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El ejercicio oportuno del derecho de acción constituye un requisito indispensable
para habilitar la competencia del juez contencioso administrativo16 y, por ende, para
entrar a estudiar el fondo de la controversia sometida a decisión. Esto implica que,
cuando se advierte que la demanda fue presentada una vez vencido el término legal
de caducidad, se impone un pronunciamiento previo y excluyente sobre dicho
presupuesto, en la medida en que la caducidad comporta la extinción del derecho
de acción e impide cualquier consideración sobre el fondo del litigio.
En línea con lo anterior, en el presente asunto el problema jurídico no girará en torno
a la configuración de los elementos del enriquecimiento sin causa, sino que debe
plantearse en el estudio de la caducidad de la acción, lo que explica que el análisis
de la Sala se concentrará, de manera preferente y determinante, en el examen del
cumplimiento del término preclusivo como presupuesto procesal.
Así las cosas, el problema jurídico que corresponde resolver a la Sala consiste en
determinar si la acción de reparación directa se ejerció oportunamente o si, por el
contrario, al momento de la presentación de la demanda, el término de caducidad
se encontraba vencido.
3. Hechos probados
La Sala pone de presente que otorgará mérito probatorio a las copias simples que
obran en el expediente, de conformidad con el precedente fijado por la Sala Plena
de la Sección Tercera17, según el cual es posible valorarlas cuando hayan obrado a
lo largo del plenario y hayan estado sometidas a los principios de contradicción y
defensa, en armonía con los postulados de lealtad procesal y buena fe que deben
orientar toda actuación judicial.
Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:
3.1. El 14 de octubre de 1999, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó a
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. adelantar las gestiones necesarias para
modificar el contrato de conexión vigente entre las partes, a fin de incorporar el
reconocimiento de los activos de propiedad de cada empresa en los módulos de
línea ubicados en cada subestación y definir la forma en que debía reconocerse la
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021,
Rad.: 51648. “Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que, para garantizar la seguridad
jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción,
en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En
este sentido, los interesados tienen la carga procesal de acudir a la jurisdicción dentro del plazo
fijado por la ley, por cuanto, al exceder el término preclusivo para promover el litigio, se pierde la
facultad de accionar y así hacer efectivo su derecho”. Asimismo, ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Rad.: 51788. “[…] la caducidad se
entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en
marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección
de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar”.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.:
25022.
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porción de la remuneración percibida por su uso, desde 1995, de conformidad con
la metodología prevista en la Resolución CREG 026 de 199918.
3.2. El 12 de noviembre de 1999, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. e
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. celebraron una reunión en la que se discutió la
forma de remunerar el uso de los módulos de línea de propiedad compartida
ubicados en las subestaciones “Guatapé” y “Playas”19.
3.3. El 10 de febrero de 2000, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. le indicó a
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. que, dado que el Sistema de Transmisión
Nacional reconocía directamente a esta última la remuneración por el uso de los
módulos de línea de propiedad compartida, debía transferirle la porción que le
correspondía20.
3.4. El 27 de marzo de 2000, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. le propuso a
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. suscribir un contrato para definir la forma de
distribuir, a partir de enero de 2000, la remuneración derivada del uso de los
módulos de línea de propiedad compartida. Asimismo, solicitó que se dejara
establecido que la forma de reconocer la remuneración correspondiente al periodo
anterior, sobre el cual subsistía discusión, sería sometida a la decisión de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas. En esa misma comunicación, reiteró su
reclamación por la porción de esa remuneración que le correspondía21.
3.5. El 2 de junio de 2000, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. informó a Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. que, a partir de enero de 2000, le reconocería la
remuneración correspondiente a su participación en los módulos de línea de
propiedad compartida, con fundamento en lo establecido en la Resolución CREG
026 de 1999. De igual manera, le indicó que podía elevar ante la Comisión de
Regulación de Energía y Gas las consultas y peticiones que estimara necesarias
sobre ese asunto22.
3.6. El 15 de noviembre de 2000, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. e
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. suscribieron un acuerdo bilateral para distribuir
la remuneración correspondiente a los ingresos recibidos del Liquidador y
Administrador de Cuentas de los cargos por uso del Sistema de Transmisión
Nacional. En dicho documento, las partes acordaron que esta última reconocería a
la primera el 14,02% de los ingresos por uso correspondientes a los módulos de
propiedad compartida situados en la subestación “Guatapé” y el 12,24% de aquellos
ubicados en la subestación “Playas”. Asimismo, se estipuló que dicho
reconocimiento tendría efectos a partir de enero de 200023.
3.7. El 26 de junio de 2003, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. le reclamó a
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. el pago de la porción de la remuneración
percibida por el uso de los módulos de línea de propiedad compartida ubicados en
las subestaciones “Guatapé” y “Playas” durante el periodo 1995-1999, al advertir
que dicho reconocimiento únicamente se había efectuado a partir del año 2000. En
18 Memorial del 14 de octubre de 1999. Fl. 6 y 7, C. 1.
19 Acta de reunión del 12 de noviembre de 1999. Fl. 8 a 10, C. 1.
20 Memorial del 10 de febrero de 2000. Fl. 16 y 17, C. 1.
21 Memorial del 27 de marzo de 2000. Fl. 20 y 21, C. 1.
22 Memorial del 2 de junio de 2000. Fl. 18 y 19, C. 1.
23 Acta de acuerdo bilateral del 15 de noviembre de 2000. Fl. 23, C. 1.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
esa misma comunicación, indicó que, de persistir tal negativa, acudiría a la Comisión
de Regulación de Energía y Gas24.
3.8. El 3 de enero de 2005, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. e Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. presentaron solicitud de arbitramento ante la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, con el fin de que se definiera si la primera tenía
derecho a percibir un porcentaje de la remuneración recibida por la segunda por el
uso de los módulos de línea de propiedad compartida ubicados en las
subestaciones “Guatapé” y “Playas”, durante el periodo comprendido entre enero
de 1995 y diciembre de 199925.
3.9. El 13 de junio de 2005, la Comisión de Regulación de Energía y Gas rechazó
de plano la solicitud de arbitramento presentada conjuntamente por Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., al considerar que
no se allegaron acuerdos operativos o comerciales susceptibles de interpretación
en relación con la remuneración que la primera decía tener derecho a percibir por
el uso de los módulos de línea de propiedad compartida durante el periodo
comprendido entre 1995 y 1999, siendo la existencia de tales acuerdos presupuesto
de la competencia arbitral de dicha entidad26.
3.10. El 30 de septiembre de 2005, la Cámara de Comercio de Medellín celebró
audiencia de conciliación extraprocesal, en la que Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. solicitó a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. el reconocimiento de la porción
de la remuneración percibida entre 1995 y 1999 por el uso de los módulos de línea
de propiedad compartida ubicados en las subestaciones “Guatapé” y “Playas”. La
diligencia se declaró fallida, por cuanto la convocante sostuvo que tenía derecho a
dicho reconocimiento, mientras que la convocada manifestó que no existía
fundamento para asumir las obligaciones reclamadas27.
4. Análisis de la caducidad en relación con el desplazamiento patrimonial
injustificado alegado por la sociedad demandante
4.1. En el presente asunto, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. afirma haber
sufrido un desplazamiento patrimonial injustificado, derivado de que Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. percibió, entre 1995 y 1999, la totalidad de la remuneración
generada por el uso de los módulos de línea de propiedad compartida ubicados en
las subestaciones “Guatapé” y “Playas”, sin reconocerle la porción que, a su juicio,
le correspondía.
Se anticipa que la conclusión a la que se arribará dará cuenta de que el derecho de
acción se ejerció cuando ya habían transcurrido más de dos (2) años desde que la
demandante tuvo conocimiento de ese desplazamiento patrimonial y la fecha en que
se radicó el escrito de la demanda.
Para comenzar, conviene recordar que la caducidad es una institución jurídica que
se funda en normas de orden público consagradas por el legislador en procura del
interés general y para brindar seguridad jurídica, sobre la base del cumplimiento de
24 Memorial del 26 de junio de 2003. Fl. 26 y 27, C. 1.
25 Solicitud de arbitramento del 3 de enero de 2005. Fl. 133 a 137, C. 1.
26 Resolución del 13 de junio de 2005. Fl. 173 a 175, C. 1.
27 Constancia de no acuerdo del 30 de septiembre de 2005. Fl. 394 a 401, C. 1.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
plazos perentorios, improrrogables e irrenunciables para ejercer los medios de
control judicial, los cuales representan, entonces, el límite dentro del cual los
particulares deben reclamar del Estado determinado derecho28. Tratándose de una
figura de orden público —lo que explica su carácter irrenunciable— el juez tiene la
facultad - deber de declararla de oficio cuando verifique que el derecho de acción
no se ejerció en tiempo.
En ese marco, la caducidad debe ser entendida como un fenómeno procesal de
doble naturaleza —límite y garantía—, pues se erige como instrumento que busca
racionalizar el uso del aparato judicial, optimizar la eficiencia procesal y ofrecer
estabilidad al conglomerado social, impidiendo la discusión indefinida de relaciones
jurídicas, a la vez que opera, también, como una sanción ipso iure que, ante la
inactividad procesal del interesado, extingue la facultad de accionar en beneficio del
demandado29.
En este sentido, tal como lo ha resaltado la Corte Constitucional, “[l]a justificación
de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso-
administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría
generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que
podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por
una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves
y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho
del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”30.
Frente a la oportunidad para ejercer la acción de reparación directa, se tiene que el
artículo 136 del CCA31 señala que “caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa”.
4.2. Así, una vez valorado el acervo probatorio que reposa en el expediente, de cara
al problema jurídico planteado, la Sala encuentra demostrado: (i) que el 14 de
octubre de 1999, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó a Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. adelantar las gestiones necesarias para modificar el contrato
de conexión vigente entre las partes, a fin de incorporar el reconocimiento de los
activos de propiedad de cada empresa en los módulos de línea ubicados en cada
subestación y definir la forma en que debía reconocerse la porción de la
remuneración percibida por su uso, desde 1995, de conformidad con la metodología
prevista en la Resolución CREG 026 de 1999 (hecho probado 3.1.); (ii) que el 12 de
noviembre de 1999, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. e Interconexión Eléctrica
28 Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1998.
29 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto
de 2025, Rad.: 71322; Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 67960; Subsección
C, sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad.: 67661; Subsección C, sentencia del 9 de abril de 2025,
Rad.: 69000.
30 Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.
31 En el presente asunto resulta aplicable el Código Contencioso Administrativo, por ser el régimen
vigente para la fecha de presentación de la demanda (2005). Esta determinación no se altera por el
hecho de que el trámite de primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia se hubiera
prolongado durante varios años, pues la normativa procesal aplicable se define a partir del momento
de iniciación del proceso y no por la fecha en que este se decide.
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S.A. E.S.P. celebraron una reunión en la que se discutió la forma de remunerar el
uso de los módulos de línea de propiedad compartida ubicados en las
subestaciones “Guatapé” y “Playas” (hecho probado 3.2.); (iii) que el 10 de febrero
de 2000, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. le indicó a Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. que, dado que el Sistema de Transmisión Nacional reconocía
directamente a esta última la remuneración por el uso de los módulos de línea de
propiedad compartida, debía reconocerle la porción que le correspondía (hecho
probado 3.3.); (iv) que el 27 de marzo de 2000, Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. reiteró a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. su reclamación por la porción de
la remuneración que le correspondía derivada del uso de los módulos de línea de
propiedad compartida durante los años 1995 a 1999 (hecho probado 3.4.); y (v) que
el 26 de junio de 2003, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. le reclamó a
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. el pago de la porción de la remuneración
percibida por el uso de los módulos de línea de propiedad compartida ubicados en
las subestaciones “Guatapé” y “Playas” durante el periodo 1995-1999, al advertir
que dicho reconocimiento únicamente se había efectuado a partir del año 2000. En
esa misma comunicación, indicó que, de persistir tal negativa, acudiría a la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (hecho probado 3.7.).
4.3. Antes de establecer el momento a partir del cual debe computarse el término
de caducidad, la Sala precisa que se aparta del entendimiento acogido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, según el cual dicho término debía
contabilizarse desde el 12 de mayo de 200932, fecha en que el Tribunal Superior de
Medellín asignó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento
del presente asunto, o desde la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006 33. Tal
entendimiento no es de recibo, pues esos momentos obedecieron exclusivamente
a la modificación de competencias introducida por dicha ley, la cual sustituyó el
criterio material u objetivo por el orgánico o subjetivo, sin alterar los términos de
caducidad. En consecuencia, de conformidad con lo precisado por la Corte
Constitucional34, esa reforma tuvo aplicación inmediata únicamente en materia de
competencia, de manera que la reasignación del asunto a esta jurisdicción no tenía
la virtualidad de suspender, reiniciar o desplazar el término de caducidad. En esa
medida, el análisis debe centrarse en el momento en que el desplazamiento
patrimonial alegado resultó cognoscible para la actora.
Desde esa perspectiva, la Sala considera que, en el caso concreto, ese
conocimiento se exteriorizó, cuando menos, el 14 de octubre de 1999, fecha en la
cual Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó a Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. adelantar las gestiones necesarias para modificar el contrato de conexión
vigente entre las partes, con el fin de definir la forma en que debía reconocérsele la
porción de la remuneración derivada del uso de los módulos de línea de propiedad
compartida desde 1995 (hecho probado 3.1.). Tal circunstancia permite concluir
que, para entonces, la actora ya conocía –o debía conocer– que no se le había
32 Fl. 780 a 788, C. Ppal.
33 “Por la cual se modifica el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 30 de la Ley 446 de 1998”.
34 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU242-15 del 30 de abril de 2015. Rad.: T-4.092.078.
Véase, “Para concluir se tiene que la Ley 1107 de 2006, solo modificó aspectos de competencia de
la jurisdicción contenciosa administrativa, al modificar el factor material u objetivo, por el orgánico o
subjetivo. Además, no afectó términos de prescripción ni de caducidad, por lo que en consonancia
con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, era de aplicación inmediata a partir de su promulgación: el
27 de diciembre de 2006”.
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reconocido la porción de la remuneración que estimaba le correspondía durante el
periodo 1995-1999. Por ello, resulta razonable afirmar que, desde esa fecha, el
desplazamiento patrimonial injustificado que hoy invoca era cognoscible y
verificable para la demandante, en tanto fue ella misma quien puso de presente la
necesidad de convenir contractualmente la forma de reconocer dicha remuneración,
incluso con efectos desde 1995.
Esta conclusión se ve corroborada, además, por la afirmación que la propia
sociedad accionante consignó en la demanda, según la cual “en octubre 14 de 1999,
nuevamente Empresas Públicas de Medellín E.S.P. le solicita a ISA la remuneración
de sus activos que conforman los módulos de línea de propiedad compartida,
representados por ISA ante el STN y se sugiere que se incluya dicha remuneración
como una modificación en los contratos de conexión”.
En el mismo sentido, en la solicitud de arbitramento presentada ante la Comisión de
Regulación de Energía y Gas se dejó constancia expresa de que “en octubre 14 de
1999, EPM le solicit[ó] a ISA por segunda oportunidad plasmar en los contratos de
conexión lo relativo a la remuneración de sus activos que conforman los módulos
de línea de propiedad compartida” (hecho probado 3.8.).
Por lo demás, del examen del expediente no se advierten circunstancias que
permitan concluir que la demandante hubiera estado en imposibilidad real de
conocer, desde ese momento, la situación patrimonial que ahora alega, ni de ejercer
oportunamente el derecho de acción dentro del término legal, así como tampoco se
acreditó supuesto excepcional alguno que justificara variar el cómputo inicial de la
caducidad.
4.4. Conforme a lo expuesto, el término de caducidad comenzó a correr el 15 de
octubre de 1999 —día siguiente a aquel en que la actora conoció el desplazamiento
patrimonial— y venció el 1635 de octubre de 2001. En consecuencia, como la
demanda se presentó el 30 de septiembre de 200536, se impone concluir que la
acción de reparación directa se ejerció por fuera del término de dos (2) años previsto
en el artículo 136 del CCA.
4.5. Con todo, aun si se acogiera un criterio más favorable a la parte actora y se
contara el término de caducidad desde la última fecha en que se probó que, luego
de la suscripción del acuerdo del 15 de noviembre de 2000 en el que se convino la
distribución de los ingresos percibidos por el uso de los módulos de propiedad
compartida desde el año 2000, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. nuevamente
le reclamó a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. el pago de la porción de la
remuneración percibida por el uso de los módulos de línea de propiedad compartida
entre 1995 y 1999, esto es, el 26 de junio de 2003 (hecho probado 3.7.), lo cierto es
que, para la fecha de presentación de la demanda, la acción igualmente se
encontraba caducada. En efecto, si se tomara como hito inicial esa comunicación,
el cómputo del término iniciaría el 27 de junio de 2003 y vencería el 27 de junio de
2005, de manera que, para el 30 de septiembre de 2005, cuando se presentó la
demanda, ya habían transcurrido más de dos (2) años.
35 Se toma como fecha de vencimiento el 16 de octubre de 2001, habida cuenta de que el 15 de
octubre de ese año fue festivo.
36 Fl. 402 a 421, C. 1.
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En consecuencia, aun bajo el entendimiento más favorable a la demandante, se
impone concluir que la acción fue promovida por fuera del término previsto en el
artículo 136 del CCA. Por ello, la Sala declarará probada la excepción de caducidad.
En suma, de conformidad con lo expuesto, en la parte resolutiva se revocará la
sentencia del 12 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, para, en
su lugar, declarar probada la excepción de caducidad propuesta por Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P., circunstancia que releva a la Sala de pronunciarse sobre el
fondo del asunto.
5. Conclusión
En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 12 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, la Sala concluyó que la acción de reparación
directa se ejerció de manera extemporánea, por cuanto habían transcurrido más de
dos (2) años entre el momento en que la actora conoció del desplazamiento
patrimonial injustificado que invoca y la fecha en que se presentó la demanda.
6. Costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que esta proceda y las mismas no se hallan probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
REVOCAR la sentencia del 12 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, y, en su
lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad propuesta por
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
16
Radicado: 05001-23-31-000-2006-03252-01 (69244)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
JEAJ
17
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