Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-00289-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-00289-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2007-00289-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / reparación del daño /
indemnización de perjuicios / perjuicios en la modalidad de
daño emergente y lucro cesante / dictamen pericial / certeza
del perjuicio
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, sociedad Distracom y Cía. Ltda., en contra de la sentencia del 15 de
julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1. La sociedad Distracom y Cía. Ltda., a través de apoderado judicial, en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en contra del
municipio de Copacabana, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:
“[…] 1. DECLÁRESE QUE ES NULO EL ACTO ADMINISTRATIVO
COMPLEJO, consistente en:
a) La Resolución número trescientos setenta y cinco (0375) del quince (15) de
mayo de dos mil seis (2006), mediante la cual la Secretaría de Planeación
Municipal de Copacabana resuelve negar la solicitud, con radicado cuarenta y
ocho (48), de Licencia de Construcción para estación de servicios, presentada
el trece (13) de Marzo de dos mil seis (2006), por Distracom y Cía. Ltda., sobre
el predio de su propiedad ubicado en la Carrera 48 No. 52-47 (lote 5) e
identificado catastralmente como 1-012-022-019- 000-000 del Municipio de
Copacabana.
1 Folios 2 a 29 C 1.
2
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
b) La Resolución número quinientos cincuenta y nueve (0559) del diecinueve
(19) de julio de dos mil seis (2006), mediante la cual la Secretaría de
Planeación Municipal de Copacabana, resuelve confirmar la decisión
contenida en la resolución número trescientos setenta y cinco (0375) del
quince (15) de mayo de dos mil seis (2006) y concede el recurso de apelación
ante la Alcaldía Municipal.
c) La Resolución número setecientos setenta y ocho (0778) del veintidós (22)
de Septiembre de dos mil seis (2006), mediante la cual la Alcaldía Municipal
de Copacabana resuelve confirmar lo resuelto por el Secretario de Planeación
en la resolución número quinientos cincuenta y nueve (0559) del diecinueve
(19) de julio de dos mil seis (2006), que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución número Trescientos setenta y cinco (0375) del
quince (15) de mayo de dos mil seis (2006), mediante la cual resuelve negar
la solicitud de licencia de construcción.
2. RESTABLÉZCASE EN EL DERECHO A MI CLIENTE, es decir, que se le
conceda la licencia de construcción solicitada.
3. CONDÉNESE al MUNICIPIO DE COPACABANA a indemnizar los perjucios
(sic) causados a la sociedad DISTRACOM Y CÍA LTDA., en cabeza del
representante legal, por las actuaciones administrativas, los que se estiman en
la suma a que equivalgan, en moneda nacional, a la fecha de ejecutoria de la
sentencia en mas (sic) dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales,
discriminados así: Por lucro cesante la suma mensual de Cien Millones de
Pesos Mcte ($100.000.000), causados a partir de Julio de dos mil seis (2.006),
y por Daño Emergente la suma de Seiscientos Millones de Pesos Mcte
($600.000.000), sumas que solicito sean indexadas.
4. ORDÉNESE AL MUNICIPIO DE COPACABANA a cumplir con la sentencia
en la forma indicada por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo […]”.
I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda
2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:
3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Distracom y Cía.
Ltda. adquirió el 30 de junio de 2005, mediante la escritura pública número 1.668 de
la Notaría 18 del Círculo de Medellín, de la empresa Andina de Curtidos S.A. en
liquidación obligatoria, el predio ubicado en la Carrera 48 No. 52-47 (lote 5) del
municipio de Copacabana.
4. Mencionó que consultó a la Secretaría de Planeación del ente territorial la
viabilidad del uso del suelo para la construcción de una estación de servicios en el
lote antes señalado, entidad que mediante comunicado de 22 de febrero de 2006,
procedió a emitir respuesta de forma favorable.
3
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
5. Expresó que el 13 de marzo de 2006, la demandante solicitó la respectiva licencia
de construcción ante la misma Secretaría de Planeación del municipio de
Copacabana, quien a través de la Resolución 0375 de 15 de mayo de 2006 decidió
negarla por el hecho de encontrarse el lote de terreno a menos de 250 metros de
un edificio declarado como patrimonio cultural arquitectónico, ante lo cual se
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
6. Agregó que mediante la Resolución 0559 del 19 de julio de 2006, se resolvió el
recurso de reposición confirmando el acto impugnado y que, por medio de la
Resolución 0778 del 22 de septiembre de 2006, la Alcaldía del ente territorial
demandado desató el recurso de apelación de manera desfavorable a la sociedad
demandante.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación
I.1.2.1. Fundamentos de derecho
7. La parte demandante propuso el cargo de nulidad relacionado con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para
lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución
Política, artículos 2º, 4º, 6º, 29, 83, 121, 123, 209; (ii) Código Contencioso
Administrativo – CCA, artículos 2º, 3º y 36; (iii) Ley 397 de 1997, artículo 8º; (iv) Ley
153 de 1887, artículo 12; (v) Decreto Ley 1250 de 1970 y; (vi) Decreto 1600 de 2005,
artículo 44.
I.1.2.2. El concepto de violación
8. La sociedad demandante consideró que los actos administrativos se encuentran
viciados de nulidad, toda vez que con ocasión de su expedición se desconocieron
los principios constitucionales de la función administrativa a los cuales se
encuentran sometidos los poderes públicos.
9. Enfatizó en el hecho consistente en que el concepto de uso del suelo y la licencia
de construcción deben ser coherentes en su contenido, puesto que el primero
corresponde a una “[…] actuación urbanística relacionada con la expedición de las
licencias, que le indica al solicitante los usos permitidos y la licencia de construcción
es la autorización para desarrollar el uso, ambos de conformidad con el Plan de
Ordenamiento Territorial y demás normas concordantes […]”.
10. Aseveró que el Acuerdo Municipal 013 de 2005, adoptó la revisión del
componente de patrimonio cultural del Acuerdo 025 de 2001, y que en el mismo se
declaró un edificio como patrimonio cultural arquitectónico en el área cercana a la
que se construiría la estación de servicios.
4
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
11. Argumentó que dicho Acuerdo fue expedido desconociendo el procedimiento y
requisitos establecidos en la Ley 397 de 1997, particularmente en el sentido que el
mismo se debía someter a la aprobación del Alcalde Municipal.
12. Explicó que el Concejo Municipal de Copacabana no contó con un estudio técnico
que recomendara las modificaciones que se hicieron en el Acuerdo 013 de 2005 y
que, si bien podía incluir modificaciones al plan básico de ordenamiento territorial,
estas debían ser concertadas con la Alcaldía Municipal.
13. Puntualizó que el Acuerdo 013 de 2005 señaló que el mismo se adoptó en
ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 932 de 2002, el cual fue
derogado por el Decreto 4002 de 2004.
14. Advirtió que la Administración Municipal omitió registrar el Acuerdo Municipal en
los respectivos folios de matrícula inmobiliaria de los predios de la zona y que, por
ello, “[…] tampoco puede producir el efecto general, le es inoponible al público en
general, y en especial a la sociedad Districom y Cía. Ltda. […]”.
15. Reiteró que la declaratoria de un bien municipal como patrimonio cultural
arquitectónico debía ser expedida por la autoridad competente, que en este caso
era el Alcalde Municipal, según mandato de la Ley 397 de 1997, por lo que el
Concejo Municipal de Copacabana usurpó funciones que no le eran propias.
16. Por lo anterior, solicitó se aplicara la excepción de ilegalidad prevista en el
artículo 12 de la Ley 153 de 1887 respecto del Acuerdo Municipal 013 de 2005, acto
administrativo que fue el sustento jurídico de la decisión acá cuestionada y, como
consecuencia, se reparen los perjuicios ocasionados.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. Municipio de Copacabana2
17. El apoderado del ente territorial contestó la demanda de manera oportuna, escrito
en el cual se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual, luego
del recuento de las normas aplicables, desarrolló los argumentos de defensa
respecto de los cargos de violación.
18. En primer lugar, sostuvo que “[…] los actos que se demandan no son complejos,
sólo que frente a ellos se agotó la vía gubernativa, lo cual explica que los mismos
se fundamentaron en una norma de jerarquía superior, como es el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial modificado por el Acuerdo 013 de 2005, el cual conserva
su presunción de legalidad […]”.
2 Folios 1 a 25 C 2.
5
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
19. De otra parte, afirmó que la licencia de construcción solicitada por la sociedad
demandante se encontraba supeditada a lo dispuesto en el Acuerdo 025 de 2001,
modificado por el Acuerdo Municipal 013 de 2005, acto administrativo que declaró
un edificio como patrimonio cultural arquitectónico en el área de influencia en donde
se construiría la estación de servicio.
20. Aunado a lo anterior, manifestó que tampoco era procedente el otorgamiento de
dicha autorización, en tanto que allí se almacenarían líquidos inflamables, aspecto
que se prohíbe de manera expresa en la norma urbanística.
21. Se refirióal concepto de patrimonio cultural en el ámbito municipal y a su
declaratoria, para lo cual hizo un recuento normativo y se refirió a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre el particular, precisando que le corresponde
defender y proteger esa clase de bienes.
22. Indicó que “[…] se argumenta que, por tratarse de una limitación al derecho de
propiedad, los propietarios debieron ser notificados, o por lo menos haber agotado
el proceso de inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del predio; pero olvidó
la parte demandante que se trata de una decisión urbanística, en el marco de la
aplicación del principio constitucional, según el cual, el derecho de propiedad implica
obligaciones […]”.
23. En cuanto a la excepción de ilegalidad, destacó que no le compete aplicarla al
ente Municipal sino al Juez Administrativo.
24. Finalmente, propuso la excepción que denominó “[…] inepta demanda por falta
de solicitud de inaplicabilidad de la norma en que se fundamentan los actos
demandados, Acuerdo 013 de 2005 […]” en cuanto a que en las pretensiones de la
demanda no se solicitó expresamente la aplicación de dicha excepción de
ilegalidad.
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
25. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, a través de la
sentencia de 15 de julio de 20143 decidió: (i) declarar como no probada la excepción
de inepta demanda por indebida individualización de las pretensiones; (ii) declarar
la excepción de ilegalidad, esto es, la inaplicación de los artículos 8º y 20 del
Acuerdo 013 de 2005 mediante el cual se adopta la revisión del componente del
patrimonio cultural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y, por ende, de
manera parcial los apartes que versen sobre este tema en el Acuerdo 025 de 2000,
artículos 4º a 32, en consecuencia, declarar la nulidad de las Resoluciones 0375 del
15 de mayo de 2006, 0559 del 19 de julio de 2006 y 0778 del 22 de septiembre de
2006 y; (iii) negar el restablecimiento del derecho consistente en el otorgamiento de
la licencia de construcción y el reconocimiento de la indemnización de perjuicios.
3 Folios 521 a 531 C1.
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
26. En cuanto a la excepción propuesta, consideró que, si bien es cierto que la misma
no se solicitó en las pretensiones formuladas, también lo es que lo hizo cuando
desarrolló el concepto de violación, además que la misma puede ser declarada de
manera oficiosa por el juez.
27. Por lo anterior, analizó si el Acuerdo 013 de 2005 desconocía el ordenamiento
jurídico superior, para lo cual se refirió al artículo 8º de la Ley 397 de 1997 que
dispone que la declaratoria de patrimonio cultural de las edificaciones de orden
nacional corresponde al Ministerio de Cultura y que las de nivel territorial deben
realizarse por el Alcalde Municipal.
28. Destacó que, por jerarquía normativa y protección al principio de legalidad, el
Concejo del municipio de Copacabana no podía declarar un bien como patrimonio
cultural arquitectónico mediante un acuerdo, toda vez que dicha competencia era
del Alcalde de dicho ente territorial.
29. Por lo anterior, indicó que era procedente declarar probada la excepción de
ilegalidad Acuerdo 013 de 2005 y, por ende, de manera parcial los apartes que
versen sobre este tema en el Acuerdo No. 025 de 2000, Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Copacabana, artículos 4º a 32.
30. Consideró que, como los actos demandados se están fundando en normas
viciadas de ilegalidad, deben correr con la misma suerte, pues su contenido se basa
en el Acuerdo antedicho y sobre los cuales opera un vicio de nulidad por infringir las
normas en que debieron fundarse.
31. En lo atinente a la restablecimiento del derecho, concluyó que no era procedente
el otorgamiento de la licencia de construcción a la parte demandante, en tanto que
a dicha sociedad le corresponde presentar nuevamente la solicitud ante la
Secretaría de Planeación del municipio y, de esta manera, adelantar el trámite
administrativo para verificar si se cumplen con los requerimientos que aseguren el
cumplimiento de las normas urbanísticas y las condiciones de salubridad y
seguridad para la concesión del mismo.
32. Finalmente, en cuanto al reconocimiento de los perjuicios solicitados por la parte
demandante, adujo que, la sociedad Distracom y Cía. Ltda., antes de conocer si era
posible o no dicha cimentación, llevó a cabo todos las actuaciones tendientes a la
adquisición del bien, diseños, materiales, entre otros con ese fin, sin contar
previamente con que existían normas con presunción de legalidad que prohibían la
edificación pretendida en dicho sitio, por lo que no podía afirmarse que la Alcaldía
del Municipio de Copacabana indujo a equívocos a la sociedad demandante y que
ello le ocasionó perjuicios, pues la sociedad no tomó las precauciones suficientes
con anterioridad a iniciar labores tendientes a una construcción que se encontraba
impedida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
7
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
33. Aseguró que no se encuentra un vínculo entre la negativa del permiso de
construcción y las acciones y trabajos ejecutados por la demandante, por cuanto
dicha sociedad procedió a ejercitar operaciones tendientes a la construcción de una
estación de servicios, antes de que se le comunicará la posibilidad de edificación en
el predio e incluso de manera posterior a que le fuera negada la licencia a través de
la Resolución 0375 de 2006.
34. Aclaró que no puede argumentarse que la parte demandante actuó motivada en
un error que le indujo el municipio demandado, o que su actuación fue constreñida
de alguna manera, pues sin importar la negativa del beneplácito de cimentación,
esta sociedad realizó actos para la ejecución de la obra, con independencia a la
obtención de la autorización.
35. En cuanto al dictamen aportado, señaló que el mismo no se encontraba bien
fundamentado, por lo que carecía de eficacia probatoria al limitarse a emitir un
concepto sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones allí
plasmadas.
36. Expresó que le correspondía al demandante demostrar los perjuicios causados,
presentando pruebas que corroboren los hechos en que basa sus pretensiones y
que dicha omisión repercute en la negativa de las pretensiones solicitadas, toda vez
que no cuenta con material suficiente que permita determinar con certeza una
cantidad por dicho concepto o que efectivamente se produjeron los mismos.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
37. Mediante escrito de 21 de agosto de 20144, el apoderado del demandante
presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia
de 15 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión, en lo atinente a la negativa de reconocerle la indemnización de
perjuicios solicitada.
38. Mencionó que “[…] las pruebas que se aportaron soportan con claridad la
generación de los perjuicios causados con la compra del lote, las inversiones
realizadas, el retraso de una obra, asumir cargas pensionales de los vendedores de
una sociedad en liquidación […] pese a las conversaciones hechas con el Alcalde y
con varios Concejales donde se aseguró la viabilidad del proyecto […]”.
39. Aseveró que no se debe olvidar la importancia del dictamen pericial, al cual se
debe dar pleno valor, en tanto y cuanto está ajustado al procedimiento técnico y
cumple con los requisitos de ser claro, preciso y detallado.
40. Anotó que “[…] un intérprete del mismo podrá expresar que el dictamen debió
haber sido más amplio en este o en aquel sentido, pero no por ello pierde valor
4 Folios 533 a 536 C 1.
8
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
como prueba para acreditar perjuicios, pues el mismo es el instrumento que tienen
las partes para acreditar los hechos en los que basan sus pretensiones […]”.
41. Asimismo, señaló que para que un medio probatorio sea admitido como tal, debe
ser pertinente, es decir que tenga relación de conexidad con los hechos que se
pretenden probar, que sea útil, es decir que sea eficaz o necesario para que el juez
pueda tomar una decisión y que sea conducente, lo que significa que debe cumplir
con las formalidades exigidas por ley frente a lo que se alega, y que en el presente
caso, “[…] cualquier persona de sentido común, sabe a ciencia cierta, que en la
realización de un negocio de esta magnitud, asumiendo pensiones a futuro y
realizando inversiones, se causan ipso facto uno serie de perjuicios con la negativa
de una licencia de construcción […]”.
42. Con base en los anteriores argumentos, solicitó reconocer las pretensiones de
condenar al municipio de Copacabana a indemnizar los perjuicios causados a la
sociedad demandante con su actuar, toda vez en lo referente a la declaratoria de
nulidad de las resoluciones demandadas y la orden de volver a presentar la petición
de licencia de construcción, se comparte lo fallado por el Juez de primera instancia.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
43. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la
primera instancia mediante auto de 5 de septiembre de 20145, posteriormente,
remitido y repartido entre los diferentes Despachos que integran la Sección Primera
del Consejo de Estado.
44. A través de auto de 25 de mayo de 20166, el Despacho sustanciador admitió el
recurso y corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.
45. La parte demandante, en esencia, reiteró los argumentos de inconformidad con
la sentencia de primera instancia, mientras que la parte demandada y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
46. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA7, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación
5 Folio 537 C 1.
6 Folio 4 C pp.
7 “(…) El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
interpuesto en contra de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 80 de
20198, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la
Corporación.
VI.2. La formulación del problema jurídico
47. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la
Sala debe determinar si a la sociedad Distracom y Cía. Ltda., le asiste el derecho a
obtener una indemnización del perjuicio material debido a la compra del lote donde
construiría una estación de servicios, las inversiones realizadas y al haber asumido
cargas pensionales de los vendedores de una sociedad en liquidación.
48. Para los fines anteriores, la Sala abordará: (i) identificación de los actos
administrativos acusados y (ii) el análisis del caso concreto.
VI.2.1. La identificación de los actos demandados
49. La sociedad Distracom y Cía. Ltda. demandó: (i) la Resolución 0375 de 15 de
mayo 2006, mediante la cual la Secretaría de Planeación Municipal de Copacabana
negó una licencia de construcción para una estación de servicios en el predio
ubicado en la Carrera 48 No. 52-47 (lote 5) e identificado catastralmente como 1-
012-022-019- 000-000; (ii) la Resolución 0559 de 19 de julio de 2006, a través de la
cual la Secretaría de Planeación Municipal de Copacabana resolvió el recurso de
reposición en contra del anterior acto administrativo confirmándolo y; (iii) la
Resolución 0778 de 22 de septiembre de 2006, mediante la cual la Alcaldía
Municipal de Copacabana desató el recurso de apelación confirmando lo resuelto
en las anteriores decisiones administrativas.
VI.2.2. Análisis del caso concreto
50. La Sala, abordará el argumento de inconformidad del recurrente en lo relativo a
la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda. Al respecto, recuerda que
el artículo 85 del CCA dispone que “[…] toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño […]”.
51. Como se observa la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se dirige
no sólo a obtener la nulidad del acto administrativo que quebranta el ordenamiento
jurídico, sino que, como consecuencia de ello, surgen dos posibilidades para aquel
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)”.
8 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones.
10
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
a quien le han sido conculcados sus derechos con la ilicitud del acto: el
restablecimiento del derecho y la reparación del daño.
52. Ha de entenderse que la esencia de la figura jurídica del restablecimiento del
derecho está dada por la finalidad que persigue la acción, en este caso, retrotraer
las cosas a su estado anterior al hacer cesar los efectos del acto nocivo.
53. En efecto, el juez deberá ordenar como restablecimiento que las cosas se
retrotraigan al estado anterior al que se encontraban antes de que se expidiera el
acto administrativo enjuiciado; es decir, el statu quo, como si no hubiese sido
proferido el acto que ha sido retirado del ordenamiento jurídico, desde el momento
de su expedición hasta que se profiera sentencia definitiva, siempre que ello sea
posible.
54. Ahora, para que sea procedente el reconocimiento de la reparación del daño, es
indispensable que la parte actora acredite haber sufrido un perjuicio como
consecuencia del acto administrativo cuya presunción de legalidad ha quedado
desvirtuada9.
55. En el caso sub examine, la Sala observa que la parte demandante señaló que
incurrió en unos gastos para la realización de la construcción de la estación de
servicios, para lo cual aportó los siguientes documentos:
• Escritura pública de compraventa de fecha 30 de junio de 2005, respecto del
predio ubicado en la Carrera 48 No. 52-47 (lote 5), identificado catastralmente
como 1-012-022-019-000-000 y con matrícula inmobiliaria 012-57680, por
valor de $478.000.000, en la cual se plasmó que la sociedad asumió la
obligación de pago de las mesadas pensionales de la empresa Andina de
Curtidos S.A., por un valor de $541.806.02210.
• Factura de fecha 28 de junio de 2005, suscrita por el señor Carlos Alberto
Galvis, por concepto de levantamiento topográfico del predio ubicado en la
Carrera 48 con calle 53, por valor de $370.00011.
• Factura de fecha 24 de septiembre de 2005, de la sociedad Comercial de
Empaques y Papeles S.A., por concepto de compra de 62 unidades de Poliet
118 color negro, por valor de $242.97612.
• Factura de fecha 23 de enero de 2006, de la sociedad ServiCombustibles
Ltda., por concepto de anticipo de diseños y planos, cotización CT-051.2005,
por valor de $5.968,20013.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de diciembre de
2023. Magistrado Ponente: Dr. Oswaldo Giraldo López.
10Folios 32 a 34 C 1.
11 Folio 37 C 1.
12 Folio 38 C 1.
13 Folio 39 C 1.
11
Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
• Factura de fecha 18 de mayo de 2006, de la sociedad Constructores Henao
Patiño Ltda., por concepto de: (i) un cincel plano; (ii) un cincel puntero; (iii)
dos extensiones encauchetadas y; (iv) un taladro demoledor, por valor de
$128.83014.
• Factura de fecha 11 de julio de 2006, suscrita por el ingeniero civil Rolando
Zapata Restrepo, por concepto de suministro de transporte y compactación
de 1420 metros de limo, por valor de 14.279.59815.
• Factura de fecha 5 de julio de 2006, de la sociedad Solingral, por concepto
de ensayo de laboratorio y densidad de campo para la estación de servicios
El Trapiche, por valor de $259.57616.
• Factura de fecha 11 de agosto de 2006, suscrita por el ingeniero civil Rolando
Zapata Restrepo, por concepto de suministro de transporte y compactación
de 512,72 metros de subbase granular, por valor de $15.316.66617.
56. De la revisión de los anteriores documentos, la Sala encuentra que no resulta
procedente el reconocimiento, a título de indemnización de perjuicios, de dichos
ítems, en tanto que se trata de gastos que fueron realizados previamente al
concepto sobre uso de suelo emitido por la Secretaría de Planeación municipal así
como de la solicitud de licencia de construcción de la estación de servicios en el
municipio de Copacabana.
57. En efecto, la sociedad demandante protocolizó la compra del lote de terreno y la
asunción de las mesadas pensionales de la empresa Andina de Curtidos S.A. el día
30 de junio de 2005, esto es, 7 meses 22 días antes del concepto expedido sobre
uso del suelo y 8 meses 13 días con antelación a la solicitud de licencia de
construcción, por lo que no existe certeza que la adquisición en comento se haya
realizado con el fin de construir una estación de servicios.
58. Aunado a ello, para la Sala no resulta procedente reconocer el pago del valor del
terreno cuando su propiedad sigue en cabeza de la sociedad demandante, toda vez
que no se demostró que con ocasión a la manifestación de voluntad de la
administración se haya perdido su titularidad, que el terreno haya sufrido un daño
físico o, incluso, que su valor comercial fuese afectado de manera directa.
59. Igual suerte corren las facturas por concepto de levantamiento topográfico, la
compra de 62 unidades de Poliet 118 color negro y el anticipo de diseños y planos,
por cuanto son anteriores al concepto y solicitud de licencia de construcción.
14 Folio 40 C 1.
15 Folio 41 C 1.
16 Folio 42 C 1.
17 Folio 43 C 1.
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
60. Se resalta que, si bien es cierto que las facturas cumplen con los requisitos del
artículo 617 del Estatuto Tributario, al contener la identificación del vendedor y del
adquiriente, el número consecutivo, la fecha de expedición, la descripción de los
bienes objeto de venta y el valor de la operación, también lo es que las mismas
carecen de certeza, en tanto que la primera se refiere a una actividad realizada en
una dirección cercana pero no igual a la de ubicación del predio donde se construiría
la estación de servicios; en la segunda factura no se específica para qué proyecto
sería destinado el producto, además que la compra fue realizada en Medellín
municipio diferente al de la ubicación del terreno y; la tercera factura se trata de un
anticipo sin que se haya demostrado que los diseños y planos fueron entregados y
si se referían a la estación de servicios objeto de análisis.
61. Reitera la Sala que no fue sino hasta después del 22 de febrero de 2006, que la
sociedad demandante se encontraba en conocimiento que el uso del suelo permitía
la construcción de una estación de servicios y que para ello podría solicitar una
licencia, la cual tampoco había sido tramitada.
62. Ahora bien, llama la atención de la Sala que las facturas relacionadas con la
compra de cinceles, extensiones encauchetadas, un taladro demoledor, el
suministro de transporte y compactación de limo y subbase granular, ensayos de
laboratorio y densidad de campo, fueron gastos realizados con posterioridad a la
expedición del acto administrativo que negó la licencia de construcción, esto es,
momento en el cual ya la sociedad conocía que no podía realizar la actividad
constructiva.
63. La Sala comparte la consideración del a quo cuando señaló que no se encuentra
un vínculo entre la negativa de permiso de construcción y las acciones y trabajos
ejecutados por la sociedad demandante, pues como se precisó la parte demandante
realizó actividades conociendo que se le había negado la licencia, por lo que no
actuó motivada en un error que le indujo la administración municipal o que su actuar
fue constreñido, dado que actuó con independencia de la obtención de la
autorización.
64. Ciertamente, la sociedad antes de conocer si era posible o no la construcción de
la estación de servicios, llevo a cabo actuaciones con ese propósito, incluso
posteriores a la negativa de la licencia, por lo que no tomó las medidas y
precauciones necesarias suficientes con anterioridad a iniciar dicha actividad.
65. Cabe advertir que si el accionante, por imprudencia, negligencia o voluntad
propia ha permitido o facilitado que ocurran determinados sucesos que de una forma
u otra atentan contra sus derechos patrimoniales, no puede posteriormente aspirar
a que el Estado, mediante una acción judicial, proceda a reparar una situación cuya
responsabilidad recae sobre el mismo interesado.
66. Lo anterior es así, por la aplicación del principio general del derecho que dice que
“[…] nadie puede sacar provecho de su propia culpa […]”; pretender lo contrario
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
significaría que la culpa, la imprudencia o la negligencia serían objetos jurídicamente
protegidos, lo cual resulta contrario a los fundamentos esenciales de un Estado de
derecho18.
67. El daño antijurídico, es entendido como la lesión a un interés protegido por el
ordenamiento jurídico, y que la persona no está en el deber de tolerar, pero para
ello debe existir un nexo de causalidad, esto es, es el elemento necesario a la
configuración del daño, con una acción u omisión de la administración pública, lo
cual como se precisó no ocurrió.
68. Llama la atención de la Sala que el argumento en el cual se fundamenta el
recurrente es que dichos gastos se realizaron porque de acuerdo con las
conversaciones sostenidas con el Alcalde y con varios Concejales se aseguró la
viabilidad del proyecto, cuando se trata de hechos por fuera de la actuación
administrativa y que desconocen los principios de la función administrativa.
69. De otra parte, la Sala encuentra que para determinar los perjuicios el apoderado
de la sociedad demandante solicitó un dictamen pericial el cual fue decretado por el
juez de instancia para ser elaborado por un auxiliar de la justicia, el cual dictaminó
por valor de daño emergente la suma de $722.356.301,5 y, por lucro cesante
mensual, la suma de $ 95.943.544,63 a partir de julio de 2006. El dictamen es del
siguiente tenor19:
“[…] A continuación procedo a enumerar los gastos que el demandante
hace constar en el expediente:
1. Factura de venta de CARLOS ALBERTO GALVIS, por concepto de
levantamiento topográfico de lote, con fecha 28 de junio de 2005, por un
valor de $ 370.000.00
2. Factura de venta de COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S. A, por
protección de material, con fecha 24 - 09 - 2005, por valor de $ 281.852.00
3. Factura de venta de SERVICOMBUSTIBLES LTDA, por anticipo de
diseños y planos, con fecha 23 ENE, 2006, por valor de $ 5.968.200,00.
4. Factura de venta de CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO LTDA, de
equipo para ruptura de boxcolvert para drenaje cuneta, con fecha Mayo de
2006, por valor de $ 128.830.
5. Factura de venta de ROLANDO ZAPATA RESTREPO, por suministro,
transporte y compactación de limo para lote, con fecha 11 de julio de 2006,
por valor de $ 14.279.598.
6. Factura de venta de SOLINGRAL, por ensayos de laboratorio, con fecha
6 de julio de 2006, por valor de $ 259.576.
18 Corte Constitucional. Sentencia T- 239 de 2016. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
19 Folios 435 a 439 C 1.
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
7. Factura de venta de ROLANDO ZAPATA RESTREPO, por suministro,
transporte y compactación de subbase granular, con fecha Agosto 11de
2006, por valor de $ 5.316.666. […]
Con los criterios anteriores se procede a avaluar la indemnización debida al
daño emergente ocasionado, de la siguiente manera.
Se actualiza el valor de cada uno de estos gastos a la fecha de este
dictamen, usando la siguiente formula de trabajo:
Indice (sic) Final
V. P. = V. H.
Indice (sic) Inicial
Donde, V. P. = valor actualizado que se busca
V. H. = valor del bien al momento del avalúo.
Indice (sic) Final = Índice de Precios al Consumidor del último mes,
a la fecha del dictamen, certificado por el DANE.
Indice (sic) Inicial = Índice de Precios al Consumidor del mes del
hecho dañino, certificado por el DANE.
El valor actualizado de los gastos enumerados […], dio los siguientes
resultados:
1. Factura por $ 370.000
V.P.= $ 445.306,59
2. Factura por $ 281.852
V.P. = $ 337.212,20
3. Factura por $ 5.968.200
V.P. = $ 7.065.175,01
4. Factura por $ 128.830
V.P. = $ 150.870,76
5. Factura por $ 14.279.598
V.P. = $ 16.617.071,82
6. Factura por 259.576
V.P. = $ 302.066,84
7. Factura por $ 15.316.666
V.P. = $ 17.715.421,91
En el calculo (sic) de estas cantidades, consultada la pagina (sic) del DANE,
se tomaron como PC (Indice (sic) de Precios al Consumidor), el Indice (sic)
Final 192,226769 para Diciembre de 2008 y como Indice (sic) Inicial,
159,718957 para Junio de 2005, 160,668859 para Septiembre de 2005,
162,380663 para Enero de 2006, 164, 144295 para Mayo de 2006,
165,186804 para Julio de 2006, 166,198312 para Agosto de 2006.
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
Si se considera el gasto por la compra del lote por parte de la empresa
demandante, que según figura en la escritura 1668 de la Notaria 18, se
pagara asumiendo la carga pensional de los vendedores de la empresa
Andina de Curtidos en liquidación obligatoria, cuyo va al valor actualio (sic)
actuarial fue de $ 541.806.022 a 31 de diciembre de 204, a llevarlo al valor
actualizado dio como resultado:
V.P. =$ 679.723.176,4
Para este calculo (sic) se tomo (sic) como Indice (sic) Inicial, 153,223462
para Diciembre de 2004.
VALOR TOTAL DE TODOS LOS GASTOS ACTUALIZADOS. Al sumar
todos los valores actualizados anteriores dio como resultado:
VALOR TOTAL ACTUALIZADO: $ 722.356.301,5
Según el ANALISIS OPERACIONAL EDS DISTRACOM COPACABANA,
que me fue enviado el 25 de marzo de 2009, en donde se presentan
todos los datos y valores de los ítems a considerar para el
funcionamiento de la estación de servicios, que se construiría en el
lote objeto de la demanda, se tenía prevista por parte de la empresa
demandante, una UTILIDAD BRUTA de $ 51.404.082 y una UTILIDAD
CON GASTOS FINANCIEROS de $ 31.043.371, para una UTILIDAD
TOTAL MENSUAL de $ 82.447.453, a julio de 2006. Esta información se
adjunta con este dictamen.
LA UTILIDAD TOTAL ACTUALIZADA dio como resultado la suma de
$95.943.544,63.
Luego la indemnización total a reconocer a la empresa demandante, a partir
de la fecha de ejecutoria de la sentencia, se resume asi (sic):
POR LUCRO CESANTE MENSUAL LA SUMA DE $ 95.943.544,63 a partir
de julio de 2006.
POR DAÑO EMERGENTE LA SUMA DE $ 722.356.301,5 […]” (negrillas
fuera de texto).
70. Revisadas las conclusiones a las cuales llegó el perito, la Sala encuentra, como
se preció con antelación, la improcedencia del reconocimiento del daño emergente
sustentadas en la escritura pública y las facturas aportadas por el apoderado de la
parte demandante, en tanto no existe nexo de causalidad entre ellas y la acción u
omisión de la administración, además de la falta de certeza de las mismas.
71. En cuanto al lucro cesante, se tiene que el perito se limitó a señalar que según
el análisis de la proyección operacional de la estación de servicios de Distracom
Copacabana, se tenía prevista una utilidad bruta de $ 51.404.082 y una utilidad con
gastos financieros de $ 31.043.371, para una utilidad total mensual actualizada de
$ 95.943.544,63 a julio de 2006, sin aportar elementos de comparación, estadísticos
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
y, mucho menos, contables de las operación de otras estaciones de servicio dentro
del mismo ente territorial.
72. En efecto, la perito únicamente transcribió las utilidades previstas por la sociedad
demandante en la información por ellos entregada a la auxiliar de la justicia, sin
hacer un comparación de los precios con otros costos de estaciones de servicios
ubicados en el mismo municipio, que pudiera dar credibilidad y certeza a los
mismos.
73. Particularmente, no se tiene claridad que dichas utilidades corresponderían con
las que realmente se causarían en un sitio con las mismas características o que al
menos den la certeza que se aproximan a los efectivamente producidos.
74. Igualmente, no se vislumbra que se hayan tenido en cuenta factores como son
la oferta y demanda de servicios del municipio que determinarían o modificarían el
análisis operacional, de suerte que el perito tan sólo se limitó a formular su concepto
sin explicar las razones que lo llevaron a establecer dichas cifras, circunstancia que
impiden conducir al convencimiento del juez sobre la veracidad de las conclusiones
a las que llega.
75. Nótese que a través de la prueba pericial, se pretende llevar al juez el
convencimiento sobre la existencia y naturaleza de los perjuicios y de los hechos
que requieren especiales conocimientos y experiencia, lo cual sólo se logra en la
medida en que resultan convincentes las explicaciones que los expertos aportan
sobre los elementos de juicio que utilizaron para llegar a una conclusión20.
76. Esta Corporación21 ha señalado que la eficacia probatoria de un dictamen
requiere que “[…] el perito informe de manera razonada lo que sepa de los
hechos, de acuerdo con sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea
personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen
y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda
utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y
responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el
desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad;
(v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté
fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las
razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el
hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del
mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro,
20 Artículo 226 CGP: “[…] La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al
proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo
hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial […]”.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de
diciembre de 2019. Radicación: 25000 2324 000 2012 00790 01. Magistrado Ponente: Dr. Roberto
Augusto Serrato Valdés.
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Expediente No. 05001233100020070028901
Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
preciso, detallado y especifique los exámenes, experimentos e
investigaciones realizadas […]” (negrillas fuera de texto).
77. Bien lo consideró el a quo, cuando señaló que el perito no sustentó su dictamen
en un estudio de mercado u otro medio comparativo con varias estaciones, para
promediar los valores allí determinados, que generen certidumbre de que si
correspondiesen a los perjuicios causados mes a mes.
78. Por lo anterior, la Sala encuentra que el dictamen rendido en el sub lite, no brinda
certeza al juez sobre lo dictaminado, en tanto que las afirmaciones a las que arribó
carecen de soporte y fundamento probatorio, razón por la cual, no se acogerá a lo
dispuesto en la pericia para establecer el lucro cesante alegado.
79. En conclusión, ni el auxiliar de la justicia ni la parte recurrente allegaron al
expediente medios de convicción que sustenten la pérdida de utilidad económica,
de manera que no existe certeza sobre la ocurrencia de los daños y, por ende,
tampoco se puede evidenciar el nexo de causalidad entre el perjuicio alegado y la
nulidad de los actos administrativos demandados.
80. Es importante recordar que, de conformidad con el artículo 164 del CGP, que
regula la necesidad de la prueba, “[…] toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso […]”.
81. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que los
planteamientos del apelante carecen de respaldo probatorio y que, por ende, no
están llamados a prosperar, por lo que la Sala confirmará la decisión de instancia,
tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
82. Finalmente, la Sala no condenará en costas a la parte demandante como quiera
que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y
393 del CPC, aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de julio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Distracom y Cía. Ltda.
Demandado: Municipio de Copacabana
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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