Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-00385-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Expropiación por vía administrativa: indemnización y forma de pago
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-00385-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2007-00385-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
24 de mayo de 2018
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA – Indemnización y forma de pago / AVALÚO DE INMUEBLE – Métodos / AVALÚO DE INMUEBLE – Etapas / AVALÚO DE INMUEBLE – Parámetros
[L]a elaboración de los avalúos ordenados en la Ley 388 de 1997 debe seguir ciertos y específicos parámetros y condiciones que demuestren la veracidad, legalidad y exigibilidad de la información en ellos consignada, pues, bajo el cumplimiento de tales requisitos, se arribaría a la conclusión de que el avalúo fue elaborado de acuerdo con las normas que regulan la materia, y por ende, el acto o actos administrativos que ordenen la expropiación tienen el debido y necesario soporte legal, fáctico y probatorio.
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA – Avalúo comercial / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y DE CERTEZA DEL AVALÚO CATASTRAL - Se presenta cuando el valor del avalúo es incorporado al acto administrativo / AVALÚO DE INMUEBLE – Para su determinación no se tienen en cuenta las obras de urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos legales / CARGA DE LA PRUEBA - Le corresponde a quien quiera desvirtuar el avalúo
[E]s claro que en el avalúo del inmueble ubicado en la Carrera 54 No. 81F-18 interior 201, se tuvo en cuenta que no cumplía con los requisitos ambientales y de construcción, razón por la que se aplicó lo establecido en el artículo 30 del decreto 1420 de 1998 […] En este contexto, no se evidencia trasgresión alguna a los artículos 10, 11 o 13 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, puesto que de forma clara se explicó la manera en la que se hizo el avalúo, […] En este punto es importante reiterar que en razón a que el avalúo fue incorporado en la motivación de los actos administrativos acusados, debe entenderse que aquel también se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones definitivas de la administración, de tal suerte que a la parte actora le corresponde la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial practicado es equivocado o las inconsistencias de las que adolece.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58 / DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789 – ARTÍCULO 17 / PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA - ARTÍCULO 21 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 61 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 67 / DECRETO 1420 DE 1998 – ARTÍCULO 25 / DECRETO 1420 DE 1998 – ARTÍCULO 26 / DECRETO 1420 DE 1998 – ARTÍCULO 30 / RESOLUCIÓN 762 DE 1998 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – ARTÍCULO 6 / RESOLUCIÓN 762 DE 1998 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – ARTÍCULO 7 / RESOLUCIÓN 762 DE 1998 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – ARTÍCULO 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00385-01
Actor: MARÍA CECILIA RAMÍREZ Y OTRO
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Referencia: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – EXPROPIACIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandante, contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Los señores María Cecilia Ramírez Usme y José Ángel Parra Morales, por conducto de apoderada judicial, presentaron el 25 de enero de 2007 demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra el municipio de Medellín, en la que solicitaron:
«1. Que se declare nula la Resolución Nro. 1228 de agosto 25 de 2006, expedida por el Doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, Alcalde de Medellín, “Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble”, en lo relativo al valor total real de este inmueble.
2. Que se declare nula la Resolución Nro. 1387 de septiembre 19 de 2006, expedida también por el Doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, Alcalde de Medellín, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICION (sic)”.
3. Que conforme a lo dispuesto en el Artículo (sic) 71 numerales 7, literal d) y 8 de la Ley 388 de 1997, se restablezca el derecho de los señores MARIA (sic) CECILIA RAMIREZ (sic) USME y JOSE (sic) ANGEL (sic) PARRA MORALES, en el sentido de que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar de contado a mis representados el reajuste al valor real del metro cuadrado en el mercado inmobiliario del inmueble expropiado, a la fecha en que quedó en firme la expropiación, reajuste que se estima para efectos de la demanda de una suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS (sic) PESOS ($ 11.297.322), o la mayor que se logre demostrar en el proceso.
4. Que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar de contado a mis representados, la suma anterior, pero actualizada al valor que corresponda a la fecha de ejecución de la sentencia que ponga fin al proceso.
5. Que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar a mis representados, la suma a que se refiere el numeral 3. de este acápite, de acuerdo con los intereses bancarios corrientes que tal cifra haya producido desde el momento en que la expropiación quedó en firme, y hasta el momento en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso.
6. Que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar de contado a mis representados, la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($475.525.00), correspondiente a las primas y compensaciones ofrecidas en la Oferta (sic) de compra para enajenación voluntaria, o la mayor que se logre demostrar en el proceso.
7. Que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar de contado a mis representados, la suma anterior, pero actualizada al valor que corresponda a la fecha de ejecución de la sentencia que ponga fin al proceso.
8. Que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar a mis representados, la suma a que se refiere el numeral 6. de este acápite, de acuerdo con los intereses bancarios corrientes que tal cifra haya producido desde el momento en que la expropiación quedó en firme, y hasta el momento en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso.
9. Que se dé cumplimiento a la sentencia respectiva, en los términos de los Artículos (sic) 176,177 y 178 del C.C.A.
10. Que se condene en costas y agencias en derecho al MUNICIPIO DE MEDELLÍN.»
2. Hechos
La parte actora expuso, en síntesis, los siguientes:
Relató que es propietaria del inmueble ubicado en la carrera 54 No 81 F-18 interior 201 barrio Moravia, que pertenece a un lote de mayor extensión identificado con matrícula inmobiliaria No. 001N-0419556 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte.
Indicó que el derecho de dominio del predio lo obtuvo mediante Resolución de Cesión Gratuita SH-051 del 26 de mayo de 2006, expedida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, según consta en la Escritura Pública No. 992 del 23 de mayo de esa misma anualidad de la Notaría 10 del Círculo de Medellín, del cual le corresponde a cada uno –María Cecilia Ramírez Usme y José Ángel Parra Morales– el 12.656%.
Sostuvo que la propiedad fue requerida por el mencionado ente territorial para la ejecución del proyecto “Centro de Desarrollo Cultural Barrio Moravia”, motivo por el que profirió la Resolución No. 885 del 28 de junio de 2006, con la cual inició las diligencias tendientes para la adquisición por enajenación voluntaria y formuló una oferta de compra por la suma total de $18.101.686, conforme al avalúo comercial 20060243 del 3 de marzo de 2006 realizado por la Corporación Avalúos Asesoría en Desarrollo Urbano.
Señaló que el 27 de julio de 2006, elevó una petición de aclaración al Alcalde de Medellín sobre el referido avalúo, en particular, sobre los parámetros o procedimientos resultantes del estudio del avaluador en la zona del proyecto y el análisis de mercado con su debida homologación; solicitud que fue contestada por la Coordinadora de Negociaciones de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín en un sentido no favorable a sus intereses.
Afirmó que debido a que no se llegó a un acuerdo respecto al valor de reposición del metro cuadrado pues, en su sentir, el precio reconocido por la administración era inferior al real del inmueble, se procedió a la expropiación por vía administrativa mediante la Resolución No. 1228 de 25 de agosto de 2006.
Advirtió que inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de reposición, que fue decidido por medio de la Resolución No. 1387 de 19 de septiembre de 2006, en el sentido de no reponer el acto cuestionado.
Aseguró que en forma oportuna recibió el pago de precio indemnizatorio que se fijó por la expropiación de inmueble descrito, de acuerdo con las solicitudes de pago Nos. 109085 y 109087 del 10 de octubre de 2006.
3. Normas violadas y concepto de la violación
La apoderada de la parte actora, señaló como vulneradas las siguientes normas: (i) Constitución Política: artículos 2, 4, 13, 58, 83, 209, 315-1; (ii) Ley 388 de 1997: artículos 61, 67 y 69; (iii) Ley 489 de 1998: artículos 3 y 4; (iv) Decreto 1420 de 1998: artículos 2, 20 a 26.
Para argumentar lo anterior, expresó que los actos censurados adolecen de falsa motivación y quebrantamiento de la ley, toda vez que el municipio de Medellín al momento de realizar el proceso de expropiación fue negligente al aceptar un avalúo realizado con un “criterio subjetivo”, sin efectuar auditoría técnica alguna, situación que originó un desequilibrio a sus representados, en tanto que fijó el valor del metro cuadrado de su inmueble por debajo del precio real.
Agregó que el referido ente territorial transgredió el derecho a la igualdad al no tener en cuenta las políticas aplicadas en trámites de expropiación similares a la del barrio de Moravia, como es el caso del Metro Cable Línea K y el del barrio Santo Domingo Savio, entre otros.
Concluyó que los actos demandados materializaron una ruptura del ordenamiento jurídico, en la medida en que ocasionan una lesión al derecho de propiedad privada, a la justicia que debe regir las relaciones entre el Estado y los particulares, y a que la Administración no abuse de sus competencias y prerrogativas, “enriqueciéndose a cosa del correlativo empobrecimiento del particular”.
3. Actuación procesal en la primera instancia
Por auto del 2 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia, admitió la demanda y ordenó notificar al representante legal del municipio de Medellín y al agente del ministerio público.
Dentro del término de ley, la apoderada de la entidad demandada contestó la demanda y llamó en garantía a la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU; solicitud que fue admitida en providencia de 12 de octubre de 2007.
A su vez, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU llamó en garantía a la Corporación Avalúos – Asesoría en Desarrollo Urbano, petición admitida mediante auto de 29 de abril de 2008.
En proveído de 24 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió a pruebas el proceso.
Cerrada la etapa probatoria, mediante auto de 18 de marzo de 2013, el a quo ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión. Dentro del término de ley, presentaron escrito la apoderada de la parte demandante, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU y la alcaldía de Medellín.
4. Contestación de la demanda
4.1. El municipio de Medellín, por conducto de apoderada judicial, propuso las excepciones de falta de causa para pedir y falta de legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo con los siguientes argumentos:
Advirtió que la administración municipal celebró con la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU el convenio interadministrativo N° 4800001014 de 2005, mediante el cual se estableció que esta última sería la encargada de realizar el trámite administrativo dentro del proceso de expropiación y posterior entrega de 78 predios en el sector de Moravia.
En ese sentido, sostuvo que el legitimado por pasiva es la EDU, junto con la sociedad Corporación Avalúos – Asesoría en Desarrollo Urbano, la cual elaboró el avalúo 20060243 del 3 de marzo de 2006 del predio objeto de estudio.
Aseguró que la parte actora no acreditó que en el sector se hubieran presentado ofertas superiores al valor del metro cuadrado señalado en el mencionado avalúo.
4.2. La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, se opuso al llamamiento en garantía y planteó las siguientes excepciones de mérito:
a. Improcedencia del llamamiento en garantía, debido a que no hay lugar al mismo en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con el artículo 217 del CCA, pues solo es procedente en los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa.
b. Inexistencia de la obligación de la EDU, dado que los actos emanados no fueron proferidos por la EDU, sino por el municipio de Medellín: resaltó que los actos demandados fueron proferidos por el Alcalde de Medellín y, por lo tanto en el evento en que exista una condena no se le puede endilgar responsabilidad alguna a la empresa.
c. Inexistencia por conducta dolosa o gravemente culposa por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano, dado que el proceso de expropiación fue llevado a cabo por el municipio de Medellín: aclaró que la Empresa de Desarrollo Urbano actuó en calidad de mandataria del aludido ente territorial, al colaborar con el trámite por administración delegada para la adquisición de predios para la construcción y consolidación de espacios públicos y equipamientos comunitarios, dentro del marco del proceso de intervención integral Moravia.
Precisó que fue el alcalde de Medellín, como ordenador del espacio territorial, quien adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial y en su artículo 306 facultó a la Secretaría de Planeación para expedir la resolución por medio de la cual se declaró las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles para el proyecto que autorizaba la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la carrera 54 No. 81F-18 interior 201.
d. Falta de legitimación por pasiva para el llamamiento en garantía por inexistencia de responsabilidad de la Empresa de Desarrollo Urbano al actuar como un mandatario: subrayó que llevó a cabo la adquisición de predios para el proyecto de intervención urbana en el sector de Moravia, en atención al convenio interadministrativo que suscribió con el municipio demandado, lo que significa que la representación se ve sistematizada en el contrato de mandato, es decir, que la Alcaldía de Medellín no se exonera de responsabilidad alguna.
e. Inexistencia de la obligación dado que el Municipio de Medellín es el responsable de la calidad de propietario del inmueble adquirido: teniendo en cuenta que en las cláusulas del convenio que celebró con la alcaldía, se estableció que la compra de los inmuebles obtenidos para la renovación urbana recaería directamente al patrimonio del municipio.
f. Buena fe: sostuvo que actuó de buena fe al momento de realizar los trámites para el proyecto de renovación en Moravia, dando aplicación a las normas legales correspondientes.
A su vez, la EDU se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de inepta demanda, falta de causa, buena fe, indebida acumulación de pretensiones y las genéricas.
Al respecto, señaló que la parte demandante no individualizó todos los actos administrativos proferidos en el año 2006, que dieron lugar a la expropiación por vía administrativa, es decir, las Resoluciones 058 del 14 de marzo, 068 y 110 del 19 de mayo, 885 del 28 de junio, 1228 del 25 de agosto y 1387 del 19 de septiembre.
Adujo que las decisiones objeto de reproche no adolecen de vicio alguno comoquiera que fueron debidamente motivadas, además advirtió que el avalúo censurado cumplió con todos los requisitos establecidos en las normas vigentes y lo practicó una persona jurídica que tiene experiencia técnica, jurídica y física en este tipo de experticios.
4.3. El representante legal de la sociedad Corporación Avalúos – Asesoría en Desarrollo Urbano, llamada en garantía por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, trajo a colación que el perito avaluador en su informe indicó que los terrenos de la parte actora no cumplían con los requisitos necesarios para acogerse al Decreto 1420 de 1998 del Instituto Agustín Codazzi porque no había punto de comparación siquiera con las expectativas técnicas del tipo de construcción de viviendas de interés social.
Añadió que los actos administrativos demandados no tienen yerro alguno, pues el valor que se pagó a título de indemnización se ajustó a los parámetros señalados en la ley, y propuso las excepciones de inepta demanda, inexistencia de la obligación y falta de causa jurídica.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 7 de noviembre de 2013, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda al considerar que la parte actora no acompañó sus peticiones de una prueba idónea, contundente y fehaciente mediante la cual se acreditara que los valores expresados por el avaluador estaban errados y, de esta forma, desvirtuar la presunción de legalidad de los actos censurados.
Llegó a la anterior resolutiva, luego de desestimar la prosperidad de la excepción de inepta demanda propuesta por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU y Corporación Avalúos – Asesoría en Desarrollo Urbano, toda vez que los actos administrativos demandados fueron relacionados e individualizados.
Expresó que de la revisión del material probatorio obrante en el plenario, se puede evidenciar que el Municipio de Medellín cumplió los trámites legales para lograr la expropiación por vía administrativa, contenidos en la Ley 388 de 1997 y demás normas que regulan la materia.
Resaltó que si bien los actores sostuvieron que el avalúo comercial del bien inmueble expropiado fue elaborado sin efectuarse alguna auditoría técnica, con criterio subjetivo y desconocimiento de las reglas fijadas por la ley, lo cierto es que no lograron demostrar tales afirmaciones debido a que no se pudo realizar el dictamen pericial por falta de interés de los mismos.
Subrayó el a quo que, en vista que la edificación ubicada en la zona objeto de expropiación era informal dado que se construyó sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos vigentes, no contaba con un “registro de antecedentes de ofertas y transacciones”, motivo por el cual el perito avaluador no podía tener en cuenta otras viviendas similares con la finalidad de establecer el valor comercial del inmueble, tal como lo señala el artículo 30 del Decreto 1420 de 1998 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
6. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión adoptada, el 6 de diciembre de 2013 la apoderada judicial de los actores interpuso recurso de apelación, el cual se concedió mediante providencia del día 15 de enero de 2014.
Los argumentos expuestos por la parte recurrente se pueden sintetizar, en los siguientes:
Resaltó que la prueba pericial decretada no se practicó por falta de recursos económicos de los demandantes, mas no por desinterés de los mismos.
Sostuvo que contrario a lo afirmado por el a quo, sí existen dentro del plenario elementos de convicción con los cuáles se puede evidenciar que el avalúo cuestionado tiene errores en la metodología empleada para establecer el valor del inmueble objeto de expropiación, como la prueba documental que contiene los valores de Camacol y Construdata, en los que presuntamente se apoyó el perito Rubén Franco Medina.
Precisó que en el listado de costos se puede observar que el valor del metro cuadrado para la “VIVIENDA UNIFAMILIAR MÍNIMO 1” en la ciudad de Medellín era en total de $441.618, el cual aplicaba a las viviendas de Moravia por tener características similares.
Adujo que el avaluador ignoró en su estudio la Resolución 620 de 1008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 762 de 1998, entre otras.
Con fundamento en lo anterior, solicito revocar el fallo de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.
7. Actuación procesal en esta instancia
Por auto del 4 de agosto de 2014, la magistrada ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el recurso y ordenó la notificación del señor agente del ministerio público.
En providencia del 31 de mayo de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado dispuso que por Secretaría se corriera traslado a las partes para que en el término de 10 días presentaran sus alegatos de conclusión.
8. Alegatos de conclusión
Dentro del término concedido, la apoderada de la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU y de la parte demandada, presentaron alegatos de conclusión en los que reiteraron los argumentos que expusieron durante el trámite del proceso.
Por su parte, los demandantes y el representante del ministerio público guardaron silencio.
9. Concepto del Ministerio Público
El procurador delegado para la conciliación administrativa guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Decisión, en los términos del artículo 129 del C. C. A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia apelada, para cuyo propósito se deberán analizar los argumentos del recurso de apelación relacionados con establecer si el perito ignoró en su trabajo valuatorio los artículos 10, 11 y 13 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como los Decretos 1420 de 1998, 2620 de 2000 y la Resolución 762 de 1998, y si no se tuvo en cuenta la prueba documental aportada por la parte actora en la que se evidencia que el valor de viviendas con características similares era de $367.699 metro cuadrado el costo directo y el total de $441.618.
3. Análisis de los argumentos de la apelación
Con el fin de abordar el estudio de la censura planteada, tal como se ha dicho por esta Corporación en ocasiones anteriores, es importante recordar que el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política tiene una inherente función social y ecológica que implica su protección legal y el correlativo deber del propietario de cederlo por motivos de utilidad pública o interés social, definidos expresamente por el legislador.
La noción de ordenamiento del territorio implica que la administración deba disponer de instrumentos eficientes para orientar su desarrollo y para regular la utilización, transformación y ocupación del espacio público, todo ello, en armonía con la protección del medio ambiente, con miras a lograr un desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Como consecuencia directa del carácter material del concepto del Estado de derecho, surge como presupuesto determinante del ejercicio de los poderes públicos, el principio de la prevalencia del interés general sobre el individual o subjetivo. En ese sentido, se consideran como prevalentes los intereses del frente común a los específicos de cada uno de sus integrantes, respetando, en cualquier evento, el interés individual, solo que debe, en caso de que haya conflicto con el interés general, ceder el espacio suficiente para este último, en procura de la estabilidad del sistema.
Una de las manifestaciones del ejercicio de función administrativa y del principio de la prevalencia del interés general sobre el subjetivo, lo constituye la enajenación voluntaria de inmuebles y la expropiación previstas en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1999. Este último instrumento que se erige como la modalidad de cesión forzosa del derecho de dominio en pro del bienestar de la comunidad, dirigido al cumplimiento de los deberes constitucionales vinculados a la noción de Estado de derecho.
La obligación de la administración de adquirir los bienes necesarios para materializar sus cometidos debe realizarse con plena sujeción al principio de legalidad y con la garantía del respeto del derecho al debido proceso durante el trámite de la enajenación voluntaria y de la posterior expropiación.
La prevalencia del interés general sobre el privado no significa, en modo alguno, que con la materialización de ese principio queden excluidas las garantías que la Constitución Política reconoce en favor del propietario del bien inmueble cuya propiedad debe ceder forzosamente, pues, no puede pretenderse que este deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.
En esos términos, el pago del precio de la indemnización por la privación de la propiedad por motivos de utilidad pública o interés social encuentra sustento en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, postulado según el cual “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización.”
Asimismo, el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 hace parte del llamado “bloque de constitucionalidad” señala que “ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.
Dentro del trámite de expropiación por vía administrativa, el artículo 67 de la ley 388 de 1997 establece la indemnización y forma de pago, para cuyo efecto deberá indicarse el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual es igual al avalúo comercial que se utiliza para los fines previstos en el artículo 61 ibídem, vale decir, que el precio de adquisición deberá corresponder al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto 2150 de 1995, en concordancia con las normas y procedimientos establecidos en el decreto 1420 de 1998.
El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, con su destinación económica.
En ese sentido, el artículo 25 del Decreto 1420 de 1998 consagra los métodos que deben aplicarse para la elaboración de los avalúos que se requieran cuando se trate de los procesos expropiatorios consagrados en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, en los siguientes términos:
“Artículo 25º.- Para la elaboración de los avalúos que se requieran con fundamento en las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos observando los parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual. La determinación de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será materia de la resolución de que trata el artículo 23 del presente Decreto.
Para aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso anterior, se requiere que previamente se someta a estudio y análisis tanto en los aspectos conceptuales como en las aplicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio y análisis serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por resolución de carácter general”.
Por su parte, el artículo 26 ibídem prevé que cuando las condiciones del inmueble objeto de avalúo permitan la aplicación de uno o más de los métodos enunciados en el artículo 25 antes transcrito, el avaluador deberá realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor determinado en el respectivo estudio.
Así, de las normas referidas, se tiene que el avalúo para efectos de la aplicación de las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, puede hacerse siguiendo cualquiera de los siguientes métodos:
a) De comparación o de mercado.
b) De capitalización o rentas de ingreso.
c) De costo de reposición.
d) Residual.
Las normas metodológicas para la utilización de los métodos por los cuales deben efectuarse los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997 fueron objeto de reglamentación a través de la Resolución 762 del 23 de octubre de 1998 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuyo artículo 6 establece las etapas para la elaboración de avalúos, en los siguientes términos:
“Artículo 6º. Etapas para elaboración de los avalúos. Para la elaboración de los avalúos utilizando cualesquiera de los métodos enunciados anteriormente deben realizarse las siguientes etapas:
“1. Revisión de la documentación suministrada por la entidad peticionaria, y si hace falta algo de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998 se procede a solicitarlo por escrito.
“2. Definir y obtener la información que adicionalmente se requiere para la correcta identificación del bien. Se recomienda especialmente cartografía de la zona o fotografía aérea, para la mejor localización del bien.
“3. Verificar la reglamentación urbanística vigente, haciendo especial énfasis en que ésta se encuentre debidamente publicada.
“4. Reconocimiento en el terreno del bien objeto de avalúo. En los casos en que el avalúo se haya asignado a una persona jurídica, este proceso deberá ser realizado por una persona con las mismas características técnicas y profesionales de la persona que ha de liquidar y firmar el avalúo.
“5. Siempre que sea necesario se verificarán las mediciones y el inventario de los bienes objeto de la valoración. En caso de edificaciones deberán constatarse en los planos las medidas y escalas en que se presente la información.
“6. En la visita de reconocimiento deberán tomarse fotos que permitan identificar las características más importantes del bien, las cuales posteriormente permitirán sustentar el avalúo.
“7. Cuando se realicen las encuestas, deberán presentarse las fotos a los encuestados para una mayor claridad del bien que se investiga.
“8. Aun cuando el estudio de los títulos es responsabilidad de la entidad interesada en la adquisición del bien, una correcta identificación requiere que el perito realice una revisión del folio de matrícula inmobiliaria para constatar la existencia de afectaciones, servidumbres y otras limitaciones que puedan existir sobre el bien”.
A su vez, los artículos 7 y 8 de ese precepto fijan las condiciones para la identificación física y legal del predio objeto de avalúo, con la precisa y concreta exigencia que debe efectuarse, entre otras especificaciones, una correcta identificación física, el uso y la revisión de las afectaciones de uso que pesen sobre el mismo.
De igual manera, se requiere que los avalúos contengan, adicional a otros aspectos, la revisión de los documentos suministrados por la entidad peticionaria, la información complementaria que se requiere para la identificación del bien, el reconocimiento del terreno y las fotos que permitan identificar las características más importantes del bien inmueble objeto de análisis.
Los anteriores requisitos ponen de presente que la elaboración de los avalúos ordenados en la Ley 388 de 1997 debe seguir ciertos y específicos parámetros y condiciones que demuestren la veracidad, legalidad y exigibilidad de la información en ellos consignada, pues, bajo el cumplimiento de tales requisitos, se arribaría a la conclusión de que el avalúo fue elaborado de acuerdo con las normas que regulan la materia, y por ende, el acto o actos administrativos que ordenen la expropiación tienen el debido y necesario soporte legal, fáctico y probatorio.
Ahora bien, para resolver el caso concreto, se tiene que en el avalúo realizado por la Corporación Avalúos Asesoría en Desarrollo Urbano –afiliado a Asolonjas- con número 20060243 se señaló lo siguiente:
• En descripción del inmueble, se indicó que se trata de una casa ubicada en la Carrera 54 No. 81F-18 Piso 2.
• En el análisis de la construcción, se señaló que el inmueble es usado con fecha de construcción 1990, con buena habitabilidad. El área del lote es de 54.00 metros, con frente de 7.25 metros, fondo 8.30 metros, área construida 61.00 metros y un coeficiente de 25.31%.
• En la evaluación técnica se señaló que era buena frente a los aspectos de estabilidad y solidez, diseño y construcción, acabados, estado general del inmueble, vías de acceso, transporte urbano y servicios públicos y regular en cuanto a seguridad, ubicación del sector, vecindario, valorización y desarrollo y proyecto urbano.
• En el estudio de mercado se indicó que se homogenizó a vivienda de estrato bajo y se estableció que el valor promedio de venta por metro cuadrado es de $229.685.
En los valores se indicó:
Construcción
Área construida aproximada
61.00 m2
Edad
1990
Costo directo de construcción actual por m2
229,685 Pesos m2 (Construdata) según estrato
Depreciación calificación
3 Calificación según estado de conservación
Coeficiente de depreciación
9.88 según tabla Fitto Corvini
Valor a depreciar
264,138
Costo total construcción por m2
256,416 Pesos m2
Costo total construcción
15,641,360 Pesos
Terreno (método residual)
Área del terreno
54.00 m2
Venta
299,685 Pesos m2
Costo directo de construcción actual por m2
29,685 Construdata
Costo m2 del terreno
180,000 Pesos m2
Cuota participación sobre la construcción
0.25312 Coeficiente
Costo total del terreno
2,460,326 pesos
Sumatorias
Costo terreno + construcción
(valor inmueble)
18,101,686
Valor del inmueble (en letras)
Avalúo comercial:
DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
En relación con este avalúo la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín mediante oficio del 27 de julio de 2006, por medio del cual dio respuesta a una petición que se presentó en relación con la oferta de compra de unos inmuebles en el sector de Moravia, explicó:
“En el primer caso hicimos estudio de mercado en el sector de Moravia. Por ser una zona de poca firmeza por las condiciones conocidas se recurrió a 3 promedios que oscilan entre $100.000 y $180.000.
En el segundo caso, para el avalúo de las construcciones utilizamos como referencia la revista Construdata la cual se actualiza cada 3 meses. Esta nos indica el valor de la vivienda nueva.
La tabla Fitto & Corvini la cual nos suministra el coeficiente por el estado de conservación y la antigüedad de la propiedad. Además el método valuatorio exige una calificación que va de 1 a 5, en calidad de construcción del inmueble (…)
Mezclando todas esas variables existe una fórmula matemática que ya está en el sistema y nos arroja un resultado final. Este resultado puede ser ligeramente modificado hasta un 10% más o menos de acuerdo a la experiencia y el conocimiento de la zona por el perito avaluador.
Sintetizar la metodología de avalúos en varios renglones es casi imposible, porque encierra conceptos complejos y que requieren de un mínimo conocimiento para que sean entendidos adecuadamente. Los avaluadores tienen sus sistemas de trabajo que son universalmente aceptados.
El respaldo de la Corporación avaluadora en el caso de Moravia, consiste en los centenares de avalúos realizados a todo tipo de entidades, tanto oficiales como privadas y particulares.” (Negrillas fuera del texto original)
De otra parte, en la Resolución 1387 del 19 de septiembre de 2006, de la Alcaldía de Medellín, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 1228 del 25 de agosto de 2006, mediante la cual se dispuso la expropiación por vía administrativa del inmueble, se hicieron las siguientes explicaciones:
• En cuanto al valor base de reposición se dijo que se consultó a la Cámara Colombiana de la Construcción “CAMACOL”, Regional Antioquia, para que conceptuara sobre los precios base de reposición que se constituyen en fuentes oficiales de consulta para fijar avalúos a través del método de reposición. Dicha entidad, mediante escrito 67473 del 18 de agosto de 2006, se pronunció expresando que los valores eran producto del estudio periódico del mercado inmobiliario, pero al remitir su información a las “construcciones formales” esa metodología no se podía aplicar de forma estricta y vertical a las construcciones atípicas del sector de Moravia.
• Para la realización de los avalúos se consultó como fuente oficial la revista Construdata del periodo diciembre-febrero de 2006.
• Que las investigaciones de mercado para llegar al valor final del avalúo comercial, no fueron el factor predominante toda vez que la actividad inmobiliaria en el sector es nula.
Así mismo dentro del expediente obra el testimonio del señor Rubén de Jesús Franco Medina, en su calidad de director de avalúos de la Corporación de Avalúos, en el cual sostuvo:
“(…) PREGUNTADO: Manifieste al Despacho, si conoce sobre la expropiación que se realizó al predio ubicado en la carrera 54 No. 81F-18 interior 201. CONTESTÓ: Sí el avalúo fue realizado en su oportunidad, entregado a la EDU y pagado en su oportunidad, el cual se realizó de la siguiente manera: se hace la visita física del inmueble verificando ubicación, linderos, estado general del inmueble y aspectos que se tienen en cuenta en todo avalúo de inmueble. Luego se toman las fotos correspondientes para verificar lo anterior y dejar registro de dicha visita. Luego esta información se procesa elaborando un documento llamado avalúo comercial. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: valor de la tierra en el sector de acuerdo al extracto, ubicación, afectaciones que pueda tener dicho predio, tamaño del predio y con relación a la construcción tenemos en cuenta su antigüedad, clase de construcción, aspectos jurídicos, si el inmueble está sometido a reglamento de propiedad horizontal o no, al conjugar todos los aspectos anteriores y analizar objetivamente se le da un valor a la tierra y otro valor a la construcción y se totaliza generando el valor final y definitivo para dicho predio, ese valor será el pagado en el proceso de expropiación por la EDU. El valor de la tierra en el momento del avalúo, tiene en cuenta la zona geoeconómica, el valor comercial de lotes en la misma zona y las afectaciones que tiene el predio en el momento de la visita. En los predios de la zona de Moravia tienen las siguientes afectaciones: Son terrenos inestables, porque Moravia fue una zona creada para depositar las basuras del Valle de Aburra en los últimos 40 o 50 años, no existía normatividad para la construcción de dicho barrio y las construcciones se fueron levantando de acuerdo a la necesidad, deseos y conveniencias de cada propietario, muchos de estos predios o lotes fueron cedidos por la Alcaldía de Medellín, mediante un decreto del Alcalde Fajardo y luego esos predios fueron comprados mediante los avalúos comerciales, lo anterior lo hizo la administración para amortiguar un poco el problema ocasionado por el traslado de dichas familias a otros sectores de la ciudad para poder ejecutar los planes de desarrollo en marcha en ese momento iniciados en el año 2005 hasta la fecha. En la construcción se tiene en cuenta si llenan los requisitos técnicos exigidos por la norma, lo que no ocurre en la mayoría de las construcciones en el sector de Moravia, no se llenaban los requisitos ambientales ni de construcción por la Oficina de Planeación Municipal, lo que castiga este tipo de construcciones. Para el valor a construcción a nuevo se toma como base el valor actualizado de la revista “Construdata” y dicho valor se castiga por la antigüedad y por el estado de conservación del inmueble. Esta es la forma general utilizada para la elaboración de un avalúo comercial elaborado por nuestra Empresa. Aquí conjugamos la normatividad existente principalmente en la Ley 80, el Decreto 1420 de 1998, la resolución 620. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho, si usted fue la persona encargada de realizar en avalúo del inmueble ubicado en la Carrera 54 No. 81F-18 interior 201. CONTESTÓ: es correcto. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho, cómo se encontraba interior y exteriormente y que tiempo tenía el inmueble de construido el cual estaba ubicado en la Carrera 54 No. 81F-18 interior 201. CONTESTÓ: La respuesta está en el avalúo presentado. Aclaro que el sector de Moravia, se empezó a construir a medida que los recicladores empezaron a llegar al sector y fueron construyendo poco a poco sus viviendas, fue una construcción anormal.
Moravia no era un barrio organizado urbanísticamente fue una ocupación que se dio a través del tiempo. (…) Nosotros nos sostenemos en los valores porque los terrenos de Moravia son zonas de alto riesgo tanto físico como ambiental y las construcciones la mayoría no llenan la normatividad exigida por planeación y por los entes de control.” (Negrillas fuera del texto original)
De acuerdo con todo lo anterior, es claro que en el avalúo del inmueble ubicado en la Carrera 54 No. 81F-18 interior 201, se tuvo en cuenta que no cumplía con los requisitos ambientales y de construcción, razón por la que se aplicó lo establecido en el artículo 30 del decreto 1420 de 1998 dispone:
“Cuando el inmueble objeto del avalúo cuente con obras de urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos legales, estas no se tendrán en consideración para la determinación del valor comercial y deberá dejarse expresa constancia de tal situación en el avalúo.” (Negrillas fuera del texto original)
En este contexto, no se evidencia trasgresión alguna a los artículos 10, 11 o 13 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, puesto que de forma clara se explicó la manera en la que se hizo el avalúo, el cual tal como obra a folios 399 a 401 del cuaderno No. 1 del expediente, fue acompañado de:
• Un documento denominado “Evolución de Costos” de Construdata.
• Un documento denominado “Tala de Fitto y Corvini. Depreciación total de una construcción en %y su valor a nuevo, debido a su edad y estado de conservación, del Instituto Agustín Codazzi.
En este punto es importante reiterar que en razón a que el avalúo fue incorporado en la motivación de los actos administrativos acusados, debe entenderse que aquel también se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones definitivas de la administración, de tal suerte que a la parte actora le corresponde la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial practicado es equivocado o las inconsistencias de las que adolece.
Ahora bien, en cuanto al argumento consistente en que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas documentales aportadas con la demanda allegadas al expediente, en donde se puede ver que el valor de la vivienda unifamiliar mínimo 1 para la ciudad de Medellín con características similares a las viviendas de Moravia era de $367.699 metro cuadrado el costo directo y el total de $441.618, debe reiterarse que en las resoluciones demandadas se explicó que tales valores no podían ser tenidos en cuenta de manera absoluta, dado que el inmueble no cumplía con los requisitos ambientales y de construcción establecidos en la ley.
Finalmente, en cuanto a la afirmación que se hace en el recurso consistente en que el dictamen pericial no se practicó por falta de interés de la parte demandante sino debido a la falta de recursos de los accionantes, debe decirse que ante tal situación la apoderada hubiera podido solicitar el amparo de pobreza establecido en el artículo 160 del CPC.
Por los anteriores argumentos, la sentencia apelada deberá ser confirmada por estar acorde con la solución que jurídicamente corresponde a la cuestión planteada a la presente instancia.
Finalmente, a folio 21 del cuaderno de apelación obra poder conferido por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) a la señora Paula Escobar Escobar, con los respectivos soportes, razón por la cual en la parte resolutiva de esta providencia le será reconocida personería para actuar en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 7 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Decisión, por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Reconócese personería para actuar como apoderada de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) a la señora Paula Escobar Escobar, en los términos del poder que obra a folio 21 del cuaderno de apelación.
TERCERO: En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Ausente
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 545 a 547 del cuaderno 2 del expediente.
Folios 530 a 543 del cuaderno 2 del expediente.
Folios 46 a 60 del cuaderno 1 del expediente.
Folios 47 a 49 del cuaderno 1 del expediente.
Notificada el 6 de julio de 2006.
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.”
Folio 71 del cuaderno 1 del expediente.
Folios 79 a 96 del cuaderno 1 del expediente.
Folios 163 y 164 del cuaderno 1 del expediente.
Folios 242 y 243 del cuaderno 1 del expediente.
Folio 251 del cuaderno 1 del expediente.
Folio 508 del cuaderno 2 del expediente.
Folios 509 a 529 del cuaderno 2 del expediente.
Folios 95 y 96 del cuaderno 1 del expediente.
“Declaró las condiciones para la adquisición de unos inmuebles para el proyecto de Moravia”
“Por medio de la cual se adicionan las resoluciones 058 y 068 de 2006, mediante las cuales se declaró las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles para el barrio Moravia.”
“Por la cual e indican las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra.”
“Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble.”
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición.”
Folios 530 a 543 del cuaderno 2 del expediente.
“Artículo 30º.- Cuando el inmueble objeto del avalúo cuente con obras de urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos legales, estas no se tendrán en consideración para la determinación del valor comercial y deberá dejarse expresa constancia de tal situación en el avalúo.
Lo dispuesto en el artículo no se aplicará a los casos a que hace referencia el artículo 27 del presente Decreto.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafot Pianeta, sentencia del 14 de mayo de 2009, rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01.
Folios 545 a 547 del cuaderno 2 del expediente.
Folio 548 del cuaderno 2 del expediente.
Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
Folio 19 del cuaderno principal de segunda instancia.
Folio 20 del cuaderno principal de segunda instancia.
Folios 27 a 31 del cuaderno principal de segunda instancia.
Ver fallo del 17 de mayo de 2018, expediente número 05001-2331-00-2005-07058-02. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia proferida en el proceso con radicación núm. 05001-23-31-000-2005-03509-01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
Folios 40 a 45 cuaderno principal.
Visible a folios 5 a 9 del cuaderno No. 1 del expediente
Visible a folios 33 a 37 del cuaderno No. 1 del expediente
Folios 278 y 279 del cuaderno No. 1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia proferida en el proceso con radicación núm. 05001-23-31-000-2005-03509-01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
Expediente: 05001-23-31-000-2007-00385-01
Demandantes: María Cecilia Ramírez y otro
Demandado: Municipio de Medellín
Nulidad y Restablecimiento del derecho - Expropiación
Fallo de segunda instancia
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