Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-31-000-2007-02480-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-31-000-2007-02480-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-31-000-2007-02480-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de diciembre de 2022
Radicado: 05001-23-31-000-2007-02480-01 (20850)
Demandante: AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA – ACES (EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-31-000-2007-02480-01 (20850)
Demandante: AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA - ACES (EN
LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA)
Demandado: DIAN
Temas: Capacidad procesal. Sociedad liquidada
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas1.
ANTECEDENTES
El 31 de marzo de 2004, ACES (EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA), presentó la declaración
del impuesto sobre la renta del año gravable 2003, en la cual registró saldo a favor de
$4.519.308.0002, devuelto mediante Resolución 2250 del 2 de junio de 2004, proferida
por la División de Devoluciones de la Administración de Impuestos Nacionales de
Medellín3.
El 2 de octubre de 2006, la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín profirió
la Resolución 01 por la cual (i) revocó parcialmente la Resolución 2250 de 2 de junio 2
de 2004, (ii) declaró que de la suma devuelta, la sociedad solo tenía derecho a la
devolución de $1.125.524.665 y (iii) le ordenó a ACES SA reintegrar $3.393.783.335,
más intereses moratorios, «por corresponder dicha suma al valor de las retenciones en la fuente
que no le fueron practicadas (…)»4. Contra este acto se interpuso recurso de
reconsideración5.
El 28 de mayo de 2007, mediante Resolución 012, la citada administración confirmó la
Resolución 01 del 2 de octubre de 20066.
1
Fl. 270 vto. c.p.
2
Fl. 13 c.a.
3
Fls. 66-67 c.a.
4
Fls. 95 a 118 c.p.
5
Fls. 287 a 312 c.a.
6
Fls. 34 a 68 c.p.
1
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Demandante: AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA – ACES (EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA)
DEMANDA
AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA – ACES (EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrada en el artículo 85 del CCA, formuló las siguientes7:
«PRETENSIONES:
1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 012 del 28 de mayo de 2007, proferida
por el ADMINISTRADOR DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLÍN (…) por ser
contraria al ordenamiento constitucional y legal.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 01 del 2 de octubre de 2006, proferida
por la ADMINISTRADORA DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLÍN (…) por ser
contraria al ordenamiento constitucional y legal.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y en calidad de
restablecimiento del derecho, se declare que ACES S.A. EN LIQUIDACIÓN no está
obligada a reembolsar a la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales suma alguna
por concepto del saldo a favor generado en la declaración del impuesto a la renta y
complementarios por el año gravable 2003. En caso de que ACES S.A. haya cancelado
valor alguno por efecto de los actos administrativos demandados, como
restablecimiento del derecho se solicita que la DIAN reintegre dichos valores con los
intereses que los mismos hayan generado hasta la fecha de la efectiva devolución.
4. Que se condene en costas al demandado».
La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:
• Artículo 29 de la Constitución Política
• Artículos 73 y 136 [1] del Código Contencioso Administrativo
• Artículos 27 y 714 del Estatuto Tributario
• Artículo 48 del Decreto 2649 de 1993
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Las resoluciones acusadas violaron el artículo 73 del CCA por aplicación indebida,
porque no se configuraron las causales para que operara la revocatoria directa, en
tanto: (i) la sociedad no otorgó consentimiento expreso, y manifestó que no autorizaba
iniciar el trámite de la revocatoria, (ii) la Resolución 2250 del 2 de junio de 2004, que
ordenó la devolución del saldo a favor, reunió los requisitos del Estatuto Tributario y del
Decreto 1000 de 1997 y, (iii) los actos acusados no pretendieron corregir errores
aritméticos sino desconocer un derecho adquirido de forma legítima, que constituía una
situación jurídica consolidada.
La Administración vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, cuando omitió
acudir a la jurisdicción en ejercicio de la acción de lesividad a efectos de demandar su
propio acto, y al proceder con la referida revocatoria.
La actuación acusada es nula, el expedirse con posterioridad al 3 de junio de 2006,
cuando venció el término de dos años que tenía la Administración para demandar la
Resolución 2250 del 2 de junio de 2004, y carecía de competencia temporal.
7
Fls. 4-5 c.p.
2
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Demandante: AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA – ACES (EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA)
Se violó el artículo 714 del ET pues, aunque la firmeza de la declaración de renta del
año gravable 2003 ocurrió el 22 de abril de 2006, en razón a que la solicitud de
devolución se presentó el 22 de abril de 2004, la Administración profirió la resolución
que revocó el acto que ordenó la devolución del saldo a favor el 2 de octubre de 2006,
con lo cual modificó una situación jurídica consolidada.
La controversia se originó porque en el año 2003, la contribuyente emitió cuatro facturas
y una nota crédito a Avianca y Sam por $16.898.916.674, empresas que, aunque
devolvieron las referidas facturas -no por el desconocimiento de la obligación, sino porque se
entregaron sin los soportes requeridos-, las registraron en su contabilidad y posteriormente
reversaron la operación sin asidero jurídico; no obstante, como la actora está obligada
a llevar contabilidad por el sistema de causación, debía registrar el hecho económico
cuando ocurrió y no debía reversar la operación. Así, no son admisibles las
certificaciones emitidas por dichas sociedades que sustentaron la revocatoria directa,
en las que señalaron que en el año 2003 no tuvieron operaciones con Aces que
generaran pagos o causaciones.
La actora no podía desconocer el valor de retenciones, porque: (i) la obligación no fue
negada por Avianca y Sam, (ii) al entrar en liquidación obligatoria no podía modificar
los estados financieros, que incluían cuentas por cobrar y retenciones; (iii) la actuación
de Aces se ajustó a la ley y a lo señalado en el concepto DIAN 029144 de 21 de
noviembre de 1990, según el cual, cuando los agentes retenedores y el retenido llevan
contabilidad por el sistema de causación, deben reflejar la retención en la fuente al
momento de presentación de las facturas.
La DIAN, ante la omisión de los agentes retenedores de consignar la retención en la
fuente causada, debió efectuar el cobro respectivo, y no revocar la Resolución 2250 de
2004, ya que la información de la declaración de renta del año 2003 es consecuencia
de la aplicación de los artículos 48 del Decreto 2649 de 1993 y 27 del ET.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguientes argumentos8:
Procede la revocatoria de oficio de la Resolución 2250 de 2004, sin consentimiento de
la contribuyente, y no el ejercicio de acción de lesividad, pues conforme al artículo 73
[inc. 2] del CCA, se comprobó que la sociedad registró en la declaración de renta
cuestionada, retenciones en la fuente que no le fueron practicadas, como lo certificaron
los agentes de retención, sin que la utilización de medios ilegales para la producción de
un acto contrario a la ley, se refiera de forma exclusiva a la existencia de conductas
punitivas, como lo señaló la Corte Constitucional.
En demanda instaurada por la actora contra Avianca y Sam, se precisó que las facturas
emitidas a estas empresas fueron devueltas el 29 de agosto de 2003, lo que evidencia
que no serían pagadas, que las retenciones en la fuente no serían practicadas por lo
que, al incluirlas en la declaración de renta del año gravable 2003, incumplió la
obligación de los artículos 14 del Decreto 1000 de 1997 y 383 del ET.
8
Fls. 149 a 187 c.p.
3
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OBLIGATORIA)
Aunque se acreditaron los requisitos del Estatuto Tributario y del Decreto 1000 de 1997
para tramitar la solicitud de devolución del saldo a favor, la sociedad indujo a error a la
Administración, quien devolvió un saldo a favor conformado por retenciones no
practicadas.
Las pruebas recaudadas por la demandada (certificaciones expedidas por Avianca SA y Sam
SA, y la certificación del Juzgado 15 Civil del Circuito sobre la demanda interpuesta por la actora contra
dichas sociedades) fueron puestas en conocimiento de la actora, con lo cual se garantizó
el debido proceso y el derecho de defensa.
Las conductas de la actora, que llevaron a la expedición irregular de la Resolución 2250
de 2004, fueron (i) incluir en la declaración retenciones que no le fueron practicadas y
(ii) entregar con la solicitud de devolución, una relación de retenciones, que incluían las
supuestamente practicadas por Avianca y Sam, sin que la DIAN pudiera exigir
certificados de retención en la fuente, pues no lo exigía el Decreto 1000 de 1997.
El acto revocatorio no modificó la declaración de renta en firme; como las retenciones
son recaudos y afectan la cuenta corriente del contribuyente, la DIAN podía exigir su
demostración.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas, con fundamento en lo siguiente9:
Las pruebas del proceso evidencian que la sociedad incluyó en la declaración
cuestionada retenciones que no le fueron practicadas, lo cual constituye una conducta
irregular, que llevó a que la por error la Administración expidiera el acto revocado,
teniendo en cuenta que en la fecha de presentación de la solicitud de devolución (22 de
abril de 2004), la actora conocía que las facturas no serían pagadas por Avianca y Sam
y, por tanto, no había certeza de su pago, por lo que no es válido afirmar que solo se
discutían aspectos formales.
No es de recibo que la contribuyente pretenda blindar la irregularidad de su actuación
al argumentar que, al llevar contabilidad por el sistema de causación y encontrarse en
liquidación, no podía modificar los estados financieros en los que figuraban cuentas por
cobrar y retenciones, pues era claro que, si las facturas fueron devueltas antes de la
presentación de la declaración, no fueron pagadas y no había lugar a retenciones; así,
no se entiende por qué asentó en sus estados financieros retenciones inexistentes.
Se probó la actuación irregular de la actora para que la DIAN revocara el acto
cuestionado sin su consentimiento en los términos del artículo 73 del CCA, y que la
entidad surtió el procedimiento establecido en dicha codificación para tal fin, en cuanto
le informó su intención de revocar el acto que ordenó la devolución, le dio la oportunidad
de controvertirlo y manifestó su voluntad mediante la expedición del acto, debidamente
motivado, recurrido y resuelto en reconsideración.
No se evidenció violación al debido proceso por falta en el ejercicio de lesividad a fin de
obtener la nulidad de un acto propio, pues la DIAN estaba facultada para decretar de
9
Fls. 256 a 270 c.p.
4
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oficio la revocatoria directa (art. 73 del CCA); además, la jurisprudencia del Consejo de
Estado consideró que esa figura solo es viable cuando en el error no participa el
administrado y, en este caso, el error fue inducido por la sociedad.
Si bien operó la firmeza de la declaración de renta cuestionada, la misma solo se
predica en los procesos de determinación del tributo, sin afectar la facultad de la
Administración de revocar sus propios actos, aún sin el consentimiento del interesado,
acción que se ejerce en cualquier tiempo. La DIAN no modificó el denuncio rentístico,
sino que revocó la decisión que surgió de la solicitud de devolución presentada por la
actora, que nació a la vida jurídica por un error por esta provocado.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con fundamento en lo siguiente:10
El a quo desconoció la aplicación del principio de causación, al presumir que la actora
actuó con dolo o mala fe para solicitar el reconocimiento del saldo a favor, cuando era
claro que, al aplicar dicho principio, podía solicitar la devolución de retenciones por
facturas presentadas, aceptadas y reconocidas por agentes de retención.
A pesar de las certificaciones de agentes retenedores que desconocieron las facturas
presentadas por la actora, para la época en que se presentó la declaración de renta y
se solicitó el saldo a favor, la sociedad contaba con la legítima convicción de que las
facturas le eran adeudadas en cuanto se encontraban en el rubro de cuentas por cobrar,
y la solicitud se presentó con cumplimiento de los requisitos del artículo 850 del ET.
Cuando la sociedad determinó que Avianca no iba a pagar las facturas, presentó
demanda ejecutiva, lo que constituye una conducta de buena fe. Además, en acuerdo
global de conciliación suscrito en agosto de 2008 -prueba que sobrevino como un hecho nuevo-
se demostró que Avianca conocía las facturas y reconoció la deuda, sin que se pueda
castigar la conducta de la sociedad, quien obró de buena fe, bajo la convicción de actuar
conforme a derecho, lo que desvirtúa la producción de un acto administrativo por
medios ilegales que viciaron la voluntad de la DIAN.
El Tribunal se equivocó al considerar que el acto debatido ocurrió por medios ilegales,
sin que se probara el error, fuerza o dolo, máxime cuando el Consejo de Estado
determinó que para la procedencia de la revocatoria directa de un acto administrativo
de carácter particular es necesario que se trate de una «abrupta, abierta e incontrovertible
actuación ilícita o fraudulenta debidamente probada», con lo cual se violó el debido proceso, ya
que la acción procedente para revocar el acto era la acción de lesividad, que sería
extemporánea al haber operado la caducidad.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación11.
10
Fls. 272 a 278 c.p.
11
Fls. 337 a 342 c.p.
5
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OBLIGATORIA)
La demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda y confirmar la actuación
acusada12, al señalar que en la apelación la actora no presentó elementos que tengan
la entidad para dejar sin piso la sentencia impugnada, o que permitan inferir que la DIAN
deba realizar una argumentación complementaria a la que sentó para fundamentar su
actuación, salvo la solicitud de práctica de pruebas en segunda instancia, que se debe
ser denegada por no corresponder a los eventos del artículo 214 del CCA.
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada13. En apelación, la actora
aceptó que las facturas solo fueron reconocidas en el acuerdo de conciliación de agosto
de 2008, situación que, junto con la improcedente aplicación del principio de causación,
ratificó la inexistencia de las retenciones al momento de la solicitud de devolución, lo
cual coincide con lo certificado por los agentes retenedores quienes manifestaron que,
en junio de 2004, no tenían registros contables de tales facturas.
Hacer creer a la Administración la existencia de retenciones que no fueron practicadas,
al incluirlas en la declaración de renta de 2003, significa que se indujo a error a la DIAN
para que ordenara la devolución, lo que justifica la revocatoria directa sin el
consentimiento de la contribuyente conforme a lo previsto en el artículo 73 del CCA y
la jurisprudencia aplicable. Se debe confirmar la decisión del Tribunal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, corresponde
decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que revocaron parcialmente la
Resolución 2250 del 2 de junio de 2004 -la cual resolvió devolver la suma de $4.519.308.000-,
y le ordenó a la actora reintegrar la suma de $3.393.783.335 con los respectivos
intereses, por corresponder a «retenciones en la fuente que no le fueron practicadas».
Encontrándose el proceso para dictar sentencia14 se evidenció que si bien en la fecha
en que se ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho15, ACES (EN
LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA), tenía capacidad procesal, motivo por el cual se admitió la
demanda y se adelantó el proceso, en la fecha de proyección de esta decisión, se
allegaron elementos de juicio que demuestran que, durante el curso del proceso16, dicha
sociedad dejó de existir y no hay sucesión procesal.
En efecto, en atención a lo dispuesto en los artículos 60 del Código de Procedimiento
Civil17 y 169 del Código Contencioso Administrativo18, para efectos de determinar la
sucesión procesal, por auto del 22 de agosto del año en curso, se consideró necesario
oficiar: (i) a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para que certificara el
estado actual de la sociedad demandante; (ii) a Felipe Negret Mosquera, en calidad de
liquidador y representante legal de la actora, para que allegara la cuenta final de la
liquidación con la constancia de inscripción en el registro mercantil, y (iii) a la
12
Fls. 333 a 336 c.p.
13
Fls. 343 a 346 c.p.
14
Expediente recibido por el despacho el 15 de diciembre de 2021, aceptado el impedimento manifestado por el exconsejero doctor
Julio Roberto Piza Rodríguez.
15
6 de julio de 2007. Fl. 25 c.p.
16
Ver sentencia del 4 de abril de 2019, Exp. 18729, CP. Milton Chaves García.
17
«Sucesión procesal. […]. Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad
que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo
caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran». Hoy, artículo 68 CGP.
18
Hoy, artículo 213 CPACA.
6
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Demandante: AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA – ACES (EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA)
Superintendencia de Sociedades para que certificara el estado actual del proceso
liquidatorio adelantado a la demandante, y quién asumiría los derechos u obligaciones
que se llegaran a derivar del presente litigio.
En cumplimiento de lo ordenado en el mencionado auto, la Cámara de Comercio de
Medellín manifestó que19 «según nuestros registros la sociedad denominada AEROLÍNEAS
CENTRALES DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit. 890.910.430-8 y matrícula mercantil Nro.21-
1505-04, se encuentra liquidada. Por ello, le remitimos el respectivo Certificado de Liquidación
donde consta lo indicado». Verificado el certificado especial allegado, se advierte que en el
mismo se hizo constar20:
«Que por Auto No.405-024700 de 17 de diciembre de 2009, aclarado y adicionado por Auto
No.405-000869 de 28 de enero de 2010 y modificado parcialmente por Auto No.405-001802
de 16 de febrero de 2010, de la Superintendencia de Sociedades - Bogotá, registrados en
esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2010, en el libro 3o, bajo el No.4, se
aprobó la TERMINACIÓN a la LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA de la sociedad
AEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S.A.».
«Que por Auto No.405-024700 de 17 de diciembre de 2009, aclarado y adicionado por Auto
No.405-000869 de 28 de enero de 2010 y modificado parcialmente por Auto No.405-001802
de 16 de febrero de 2010, de la Superintendencia de Sociedades - Bogotá, registrados en
esta Entidad el 10 de septiembre de 2010, en el libro 15o., bajo el No.42944, se ordena
cancelar la matrícula mercantil de la sociedad AEROLINEAS CENTRALES DE
COLOMBIA S.A.» (Se resalta)
Por su parte, la Superintendencia de Sociedades allegó una certificación en la que
indicó, expresamente, lo siguiente21:
«Que mediante Auto identificado con número de radicación 2003-01-177883 del 24 de octubre
de 2003, se admitió a la sociedad Aerolíneas Centrales de Colombia S.A. ACES, al proceso de
Liquidación Obligatoria, en los términos de la Ley 222 de 1995.
Que posterior a ello y una vez cumplidas las etapas procesales establecidas en la precitada
Ley 222 de 1995, correspondientes al proceso de Liquidación Obligatoria, mediante radicados
n° 2009-01-254886 y 2009-01-256973 del 9 y 14 de septiembre de 2003 respectivamente, el
liquidador designado, Doctor Felipe Negret Mosquera, presentó la rendición final de
cuentas, la cual fue aprobada por medio del Auto n° 2009-01-372471 del 17 de diciembre de
2009, y en el mismo Auto se declaró terminado el proceso de Liquidación Obligatoria de
la sociedad Aerolíneas Centrales de Colombia S.A. ACES.
Que actualmente la referida sociedad se encuentra extinta del mundo jurídico, y cancelada
ante nuestro Sistema de Información General de Sociedades (SIGS) y en el Registro Único
Empresarial de Cámaras de Comercio (RUES)». Se resalta.
Los anteriores documentos acreditan que la persona jurídica demandante dejó de
existir el 10 de septiembre de 2010.
La Sala ha dicho22 que la capacidad para actuar, como atributo de las personas
jurídicas, subsiste hasta el momento de su liquidación, lo cual ocurre con la inscripción
en el registro mercantil de la cuenta final de la liquidación, y que es a partir de ese
momento que la persona jurídica desaparece definitivamente del mundo jurídico. Al
efecto, señaló23:
19
Índice 73 en Samai
20
Fls. 100 del c.a. y 20 del c.p.
21
Índice 77 en Samai
22
Sentencia del 7 de marzo de 2018, Exp. 23128, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en la sentencia del 19 de
noviembre de 2020, Exp. 25174, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
23
Sentencia del 12 de noviembre de 2015, Exp. 20083, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia
7
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Demandante: AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA – ACES (EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA)
«De acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, una vez constituida legalmente, la
sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Así,
la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones,
y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide
definitivamente, esto es, se apruebe la cuenta final de su liquidación y se inscriba este acto
en el registro mercantil, momento en el cual desaparece o se extingue la persona jurídica 24.
Sobre el momento en que se extingue o desaparece la persona jurídica, la Sala ha precisado
lo siguiente25:
«Refiriéndose a este tema, la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción
en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, “desaparece del mundo jurídico la
sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren,
desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede
de ninguna manera seguir actuando, ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones, y al ser
inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica
de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona
jurídica que no existe26». Se destaca.
Conforme con la jurisprudencia transcrita, la capacidad para actuar se extingue con la
inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil y, a partir de ese
momento, las personas jurídicas desaparecen del mundo jurídico, no pueden ser sujeto
de derechos y obligaciones, y no pueden ser parte de un proceso.
De modo que las sociedades en estado de liquidación pueden comparecer en juicios
con observancia del límite de su capacidad, pues su objetivo es la inmediata liquidación.
Pero una vez se inscribe el acta de aceptación de terminación de la liquidación en el
registro mercantil, se liquida la sociedad, lo cual apareja la extinción de la personalidad
jurídica. Al darse esa situación mientras se tramita el proceso, como ocurre en el sub
examine, no necesariamente conllevaría a la terminación de este, porque podría darse
la figura de la sucesión procesal. No obstante, conforme a lo certificado por la
Superintendencia de Sociedades, entidad que inició y llevó hasta su culminación el
proceso de liquidación obligatoria de la actora, la misma «se encuentra extinta del mundo
jurídico, y cancelada ante nuestro Sistema de Información General de Sociedades (SIGS) y en el
Registro Único Empresarial de Cámaras de Comercio (RUES)», sin que exista una persona o
entidad que asuma la aludida sucesión procesal.
Así, es forzoso concluir que la demandante tuvo capacidad para ser parte hasta el 10
de septiembre de 2010, fecha en la que se inscribió en la matrícula mercantil el auto
2009-01-372471 del 17 de diciembre de 2009, por el cual la Superintendencia de
Sociedades aprobó la rendición final de cuentas presentada por el liquidador, y declaró
terminado el proceso de liquidación obligatoria de la sociedad Aerolíneas Centrales de
Colombia SA ACES, sin que de la certificación expedida por la referida entidad se
desprenda que exista la posibilidad¸ como lo afirmó quien actuó como apoderado de la
extinta demandante, de reapertura del proceso liquidatario27. Dado que, en el presente
caso, se tiene la certeza de la inexistencia de la persona jurídica demandante, carece
de objeto cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
24
Sentencia del 11 de junio de 2009, Exp. 16319, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
25
Sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 19575, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
26
Oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades.
27
Dentro del término concedido en el auto del 22 de agosto de 2022, el apoderado de la extinta demandante aludió a la posibilidad
de reapertura del proceso liquidatorio en caso de un fallo favorable a la actora, para lo cual acompañó sendos autos proferidos por
la Superintendencia de Sociedades; no obstante, en la certificación aportada por la referida entidad, no se dijo nada sobre dicha
posibilidad. Índice 74 en Samai.
8
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Radicado: 05001-23-31-000-2007-02480-01 (20850)
Demandante: AEROLÍNEAS CENTRALES DE COLOMBIA SA – ACES (EN LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA)
El artículo 164 [inc. 2] del Código Contencioso Administrativo 28, dispone que «En la
sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus». Se resalta.
Así, y en línea con la jurisprudencia que se reitera29, acreditada la inexistencia de la
demandante, como persona jurídica, circunstancia que afecta la capacidad jurídica para
ser parte en el proceso, de oficio, la Sala declarará probada la excepción de inexistencia
de la parte demandante prevista en el artículo 97 [4] del CPC30, aplicable por remisión
expresa del artículo 267 del CCA31, y terminado el proceso32. Consecuentemente, ante
la falta de definición de la litis por inexistencia de la parte actora, los actos demandados
no constituyen títulos ejecutivos que puedan ser objeto de cobro por vía
administrativa33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia del 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión. En su lugar, se dispone:
DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DECLARAR la terminación del proceso.
Notifíquese. Comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior
providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
28
Hoy, artículo 187 CPACA.
29
Ver sentencia del 4 de abril de 2019, Exp. 18729, CP. Milton Chaves García, que reitera la sentencia del 7 de marzo de 2018,
Exp. 23128, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
30
Hoy, artículo 100 [3] CGP.
31
Hoy, artículo 306 CPACA.
32
Ibidem sentencias citadas en la nota 29.
33
En este sentido, sentencia del 4 de abril de 2019, Exp. 18729, CP. Milton Chaves García, que reitera la sentencia del 7 de marzo
de 2018, Exp. 23128, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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