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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2007-03265-01

Acción de reparación directa

Fecha
28 de octubre de 2019
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2007-03265-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2007-03265-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

28 de octubre de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FLAGRANCIA / DESERCIÓN DEL SOLDADO / AUXILIAR DE LA POLICÍA

En suma se observa que el daño deprecado por la parte demandante consistente en la privación injusta que padeció el [demandante] tiene el carácter de antijurídico, toda vez que se ordenó cesar el procedimiento en su favor porque la conducta era atípica. […] [P]ara la Sala existen elementos de juicio que permiten inferir sin vacilación alguna que el referido daño no es imputable a la entidad demandada porque se configuró la culpa exclusiva de la víctima […]. […] Al realizar la Sala un análisis sobre la culpa exclusiva de la víctima, […] se tiene que la misma se encuentra acreditada, comoquiera que el capturado fue sorprendido en flagrancia al ejecutar una conducta sospechosa al no presentarse durante 5 días a prestar el servicio militar obligatorio, situación que imponía a las autoridades competentes la realización de los procedimientos legales para investigar la posible comisión del delito de Deserción previsto en la normativa penal militar, de la cual si bien es cierto que resultó favorecido el investigado con cesación del procedimiento, no por ello se genera de manera automática la responsabilidad del Estado. […] Así las cosas y teniendo en cuenta que fue la propia víctima con su actuar negligente la que propició o dio origen a la investigación penal en su contra y por ende a la privación de la libertad por ausentarse del servicio militar obligatorio sin informar previamente a sus superiores, encuentra la Sala que el daño no es imputable a la entidad demandada.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; y Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta violatorio del ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia, dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso concreto, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el título de imputación en casos de privación de la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 15 de agosto de 2018, rad. 46947, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / RENUNCIA DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 05001-23-31-000-2007-03265 01(49070)

Actor: IVÁN DARÍO CABRERA MORENO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Privación injusta de la libertad. Culpa exclusiva de la víctima.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 23 de noviembre de 2004, fue capturado en flagrancia el auxiliar bachiller de la Policía Nacional Iván Darío Cabrera Moreno por el presunto delito de Deserción. Luego, por providencia del 29 de noviembre de 2004 el Juzgado 154 de Instrucción Penal Militar de Medellín resolvió su situación jurídica con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva. Por su parte, la Fiscalía 143 Penal Militar mediante providencia del 20 de mayo de 2005 resolvió cesar el procedimiento a favor del Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno por atipicidad de la conducta, la cual fue confirmada mediante proveído del 11 de noviembre de 2005 proferido por la Fiscalía Sexta Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Iván Darío Cabrera Moreno fue injusta.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 20 de noviembre de 2007, Iván Darío Cabrera Moreno, Nazaria Moreno Garrido, Nora Cecilia Cabrera Moreno y Adriana Patricia Cabrera Moreno actuando en nombre propio, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional – Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, por los daños y perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de Iván Darío Cabrera Moreno.

Como pretensiones la parte demandante solicita condenar a la entidad demandada a pagar 300 SMLMV para cada uno de los accionantes, por concepto de perjuicios morales; $1.000.000 por concepto de daño emergente; $16.150.000 por lucro cesante; $65.055.000 y 200 SMLMV para cada uno de los demandantes por daño a la vida de relación y $41.656.676 por concepto de “merma de la capacidad laboral” para Iván Darío Cabrera Moreno.

En apoyo de las pretensiones la parte demandante afirma que el 23 de noviembre de 2004 fue capturado por agentes de la Policía Nacional el auxiliar bachiller Iván Darío Cabrera Moreno por el delito de Deserción.

Se refirió que ese mismo día, el Capitán Edgar Edilson Briceño Suárez en calidad de Jefe del Grupo Militar de Auxiliares Bachilleres de la Policía, dejó a disposición de un Juez Penal Militar al auxiliar bachiller Iván Darío Cabrera Moreno, informándose para tales efectos que éste se había ausentado del servicio del 18 al 23 de noviembre de 2004.

Afirman, que mediante providencia del 29 de noviembre de 2004, el Juzgado 154 de Instrucción Penal Militar resolvió la situación jurídica del investigado con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de Deserción. Luego, por auto del 21 de febrero de 2005 la Fiscalía 143 Penal Militar resolvió conceder la libertad provisional a Iván Darío Cabrera Moreno previa suscripción de la respectiva caución.

Sostienen que el 20 de mayo de 2005 la Fiscalía 143 Penal Militar mediante proveído del 20 de mayo de 2005 dictó cesación de procedimiento por atipicidad de la conducta, a favor de Iván Darío Cabrera Moreno, la cual fue confirmada en providencia del 11 de noviembre de 2005 dictada por la Fiscalía Sexta Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar.

Indican los demandantes que con la privación injusta de la libertad que padeció el señor Iván Darío Cabrera Moreno, se les causó un daño antijurídico y perjuicios económicos que no estaban en la obligación de soportar, máxime cuando no se alcanzaron a cumplir los días para configurarse el delito de Deserción por el cual se le procesó.

2. Contestaciones

El 19 de febrero de 2008 el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Medellín admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a todas y cada una de las pretensiones, y argumentó en su defensa que por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la captura del demandante, se podía afirmar que la misma estuvo “acorde a derecho” y no se configuraba una conducta dolosa o culposa de los miembros de la Policía Nacional al efectuar el procedimiento, pues estaba acreditado que el señor Iván Darío Cabrera Moreno se ausentó del servicio del 18 al 23 de noviembre de 2004 y, en consecuencia, correspondía dejarlo a disposición de la autoridad competente quien finalmente debía determinar si se configuró o no el delito de Deserción.

Propuso las excepciones de ausencia de responsabilidad, falta de legitimación en la causa por pasiva e indebida actuación de la apoderada del actor frente al caso.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 11 de julio de 2011 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

2.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el libelo de la demanda. Adicionalmente, señalaron que en el caso bajo estudio la responsabilidad administrativa del Estado era de carácter objetivo, razón por la que no es necesario analizar la legalidad o ilegalidad de la medida de detención preventiva y de los supuestos facticos que llevaron a la Fiscalía a decretarla.

2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y refirió que no era la encargada de adelantar el proceso penal, pues la competente era la Dirección Ejecutiva de Administración de la Justicia Penal Militar, y en esa medida, era la llamada a responder en caso de una eventual condena.

2.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 9 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda al considerar que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le era exigida, pues aportó las pruebas que pretendía hacer valer en copia simple.

Al efecto refirió:

“Observa la Sala que los documentos aportados al proceso para demostrar la privación injusta sufrida por el accionante así como lo decidido en relación a la solicitud de libertad provisional, no son más que copias simples
(…)
De conformidad con lo expuesto anteriormente considera la Sala que al no haberse demostrado el hecho dañoso no hay posibilidad de endilgar responsabilidad alguna a la entidad demandada.”

5. Recurso de apelación

Los demandantes interpusieron recurso de apelación, que fue concedido el 19 de septiembre de 2013 y admitido por esta Corporación el 31 de octubre de 2013.

5.1. Los recurrentes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, manifestaron que en el caso bajo estudio no era admisible el argumento del fallador de primera instancia al pregonar una serie de formalismos para restarle validez a las pruebas documentales aportadas al proceso. En ese orden, el Tribunal desconoció de forma flagrante las disposiciones consagradas en el artículo 228 de la Constitución Política, que prevé que en las decisiones de los jueces deberá prevalecer el derecho sustancial sobre las formas y ritualidades.

Resaltaron que en el fallo recurrido se vulneraron los principios de buena fe y lealtad procesal, porque si bien las actuaciones que se tramitaron en el proceso penal militar se aportaron en copia simple, era una realidad que desde el mismo momento en que se presentó la demanda dichas piezas procesales han actuado en el asunto aquí ventilado sin ser controvertidas.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 5 de diciembre de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional ratificó los argumentos de la contestación de la demanda, adicionalmente resaltó que su actuación se efectuó en cumplimiento de un deber legal y reiteró que en caso de existir condena, esta debía dirigirse a la Dirección ejecutiva de la Justicia Penal Militar porque fue la encargada de llevar el proceso penal.

6.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES

Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bipolar, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine, la providencia que confirmó la cesación del procedimiento a favor del Auxiliar Bachiller de la Policía Nacional, Iván Darío Cabrera Moreno, fue proferida el 11 de noviembre de 2005 por la Fiscalía Sexta Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar, cobrando ejecutoria el 22 de noviembre de 2005, y la demanda fue presentada el 20 de noviembre de 2007, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A

4. Legitimación en la causa

4.1. Iván Darío Cabrera Moreno, Nazaria Moreno Garrido, Nora Cecilia y Adriana Patricia Cabrera Moreno son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que el primero es el sujeto pasivo del proceso penal y los demás conforman su núcleo familiar.

4.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad que investigó e impuso medida de aseguramiento en contra de Iván Darío Cabrera Moreno.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar:

5.1. Si los documentos aportados al proceso en copia simple tienen valor probatorio.

5.2. Conforme a los anterior, establecer si en el caso de autos se configura un daño antijurídico cuando el privado de la libertad es absuelto por atipicidad de la conducta, caso en el cual corresponderá analizar si dicho daño es imputable a la entidad demandada o por el contrario se configura una causal eximente de responsabilidad.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta violatorio del ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el daño especial, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65 dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad.

En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, consagró que:

“ARTICULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”

Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia, dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso concreto, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: (i) el detenido no cometió el delito, (ii) el hecho no existió, (iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, (iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradice el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, rompiendo la imputación de la responsabilidad y desestimando el deber de responder para la Administración. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de los títulos de atribución en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto.

En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijurídicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad.

Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado.

6.3. El caso concreto

En el presente caso Iván Darío Cabrera Moreno y su familia, pretenden que se declare patrimonialmente responsable a La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad que sufrió el primero.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado se encuentran acreditados.

6.3.1. Hechos Probados

En aras de resolver el primer problema jurídico, la Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso, conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial.

Así las cosas, está acreditado que el 23 de noviembre de 2004 el Capitán Edgar Edilson Briceño Suárez en calidad de Jefe Grupo Militar Auxiliares Bachilleres de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dejó a disposición del Juez 154 de Instrucción Penal Militar al Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno por la presunta infracción del artículo 128 del Código Penal Militar, tal como consta en la copia del oficio No. 1320 de esa misma fecha en el que se consignó:

“Respetuosamente me permito dejar a disposición de ese Estrado Judicial el Auxiliar Bachiller IVÁN DARÍO CABRERA MORENO (…) adscrito al Tercer contingente de dos mil cuatro, una vez terminada la instrucción en el centro de Instrucción Carlos Holguín, fue destinado a prestar sus servicios en la Estación de Policía Laureles. Por múltiples quejas que colocaban en deterioro de la imagen Institucional y a solicitud del señor Subintendente Albeiro Álzate Maya, fue devuelto al Centro de Instrucción Carlos Holguín, dándole la orden de presentación el día 18/11/04 a las 08:00 horas en el citado Centro de Instrucción, orden esta que no se cumplió dejando de asistir al servicio sin causa justificada los días 18, 19, 20, 21 y 22/11/04, presentándose el día de hoy 23/11/04, por lo tanto al parecer infringió el Artículo 128 del Código Penal Militar.

Es de anotar que el referido Auxiliar recibió instrucción sobre el Decreto 836 de 2003 Reglamento de Disciplina para los soldados bachilleres y regulares, como también Código Penal Militar donde se les explicó los perjuicios que acarrea la infracción a este Decreto. Así mismo el Subintendente Álzate Comandante del citado, se comunicó telefónicamente (…) con sus familiares (…) el mencionado es reincidente en este tipo de faltas, como lo demuestra su folio de vida, demostrando negligencia a la prestación del Servicio Militar Obligatorio.”

Se encuentra probado que el 23 de noviembre de 2004 el Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno suscribió el documento de “Diligencia de comunicación de los derechos del capturado”, en el que se le puso en conocimiento que su captura en flagrancia se produjo al sindicársele por el presunto delito de Deserción.

También está probado que por providencia del 29 de noviembre de 2004, el Juzgado 154 de Instrucción Penal Militar de Medellín, resolvió la situación jurídica de Iván Darío Cabrera Moreno con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva por encontrarse incurso en el delito penal militar de Deserción, en efecto así se fundamentó la medida:

“(…)
Fue escuchado en indagatoria con defensor el AB. CABRERA MORENO quien manifestó en su defensa en relación con la imputación por Deserción que tiene una hermana embarazada con amenaza de aborto y que además tiene un niño de cuatro años y que el auxiliar bachiller tiene que atenderla y llevarle los alimentos y que ella vive en un cuarto piso, hasta que llegó su hermana NORA CECILIA y ya pudo ir a presentarse el día 23 de noviembre a la ESCOL.

Afirma que el día 23 de noviembre lo sacaron al servicio y después al medio día lo condujeron al Comando MEVAL.
(…)
En el Presente caso de manera alguna son justificables los argumentos que en su defensa utiliza el sindicado soldado bachiller CABRERA MORENO, esa hermana de quien habla que está en embarazo tiene marido o compañero, un señor DARIO de quien dice el sindicado no recordar el apellido, situación que es verdaderamente lastimosa y que deja por el suelo cualquier credibilidad en el dicho del indagado.
(…)
Es importante anotar que la Flagrancia para este caso, es válida aun presentándose el desertor a formación, ya que eso a nuestro criterio no rompe la continuidad de la acción que viene de atrás, es decir que hay plena flagrancia cuando por su voluntad luego de haber cumplido cinco o más días de no presentarse al servicio resuelve hacerlo no mediando orden que lo obligue militarmente y por lo tanto puede la autoridad o mando correspondiente dejarlo a disposición como capturado en flagrancia aunque se encuentre uniformado y en fila.

En este orden el despacho encuentra que está tipificado el delito de DESERCIÓN en la investigación contra el AB. CABRERA MORENO IVAN DARIO, donde su acción ilegal vulneró el bien jurídico tutelado del SERVICIO y sin que haya habido justificación alguna aceptada por este despacho para hacerlo el sindicado. Por lo expuesto se dará aplicación al artículo 529-2 del C.P.M. Ordenando la suspensión de funciones y atribuciones del sindicado (…) quien continuará en el Centro de Reclusión AURES de la Policía Nacional a órdenes de este Juzgado Penal Militar”

Está demostrado que por proveído del 21 de febrero de 2005 la Fiscalía 143 Penal Militar concedió la libertad provisional al AB. Iván Darío Cabrera Moreno, de conformidad con los siguientes argumentos:

“(…)
En este orden de ideas, aparece claro, que en caso de ser condenado el Auxiliar CABRERA MORENO, la pena a imponerle sería de tres (3) meses, que aunado a las constancias de trabajo que se anexan por el peticionario y habida cuenta que el procesado se halla efectivamente privado de la libertad desde el 23112004, transcurriendo hasta la fecha un lapso de noventa (90) días o sea tres (3) meses de estar el acriminado Auxiliar Bachiller privado de su libertad, la pena a imponer en caso de ser condenado, bajo estos parámetros legales se encuentra cumplida, ante lo cual el Despacho considerando que se encuentran reunidos los requisitos estatuidos en el artículo 539 numeral 2º.- Código Penal Militar, tal como lo solicita el defensor del procesado, concederá la libertad provisional (…)”

Se acreditó que la Fiscalía 143 Penal Militar mediante providencia del 20 de mayo de 2005 resolvió cesar el procedimiento a favor del Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno por atipicidad de la conducta, así lo expuso el ente acusador:

“(…) [S]e considera que en el presente asunto, se debe cesar el procedimiento a favor del procesado ex – Auxiliar Bachiller; no porque exista una causal de inculpabilidad, como lo expone el profesional del derecho citado – la que a juicio del Despacho no existió- sino porque al examinar con detenimiento las pruebas incursas en el dossier; emerge la presencia de una conducta atípica en el proceder adoptado por el Procesado, habida cuenta que el término de ausencia proyectado por el Auxiliar Bachiller de marras, no logró adecuarse al término de ausencia temporal, reclamado por el injusto penal de Deserción (…).

(…) [L]a tipificación que se debe tener en cuenta para adecuar la conducta del Procesado, no es la que provisionalmente escogió el señor Juez Instructor en la providencia que resolvió la situación jurídica del Auxiliar Bachiller pluricitado, sino la conducta que hace relación al delito de Deserción, contenida en el artículo 128, numeral 2.- del Código Penal Militar, que a la letra preceptúa: “Incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años, quien estando incorporado al servicio militar realice alguna de las siguientes conductas: 2. No se presente a los superiores respectivos dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licencia, una incapacidad, un permiso o terminación de comisión u otro acto del servicio o en que deba presentarse por traslado…(El subrayado es nuestro).

Acorde a lo anteriormente expuesto, tenemos que la prueba recaudada en el expediente, nos indica que si bien a IVÁN DARÍO CABRERA MORENO, se le leyeron sus derechos como capturado (…) a las 12:00 horas del veintitrés (23) de noviembre de dos mil cuatro (2004) del testimonio de la ya tantas veces mencionada Sargento Primero ANA TERESA MESA VAHOS se entiende porque así lo dice expresamente la Suboficial en su declaración, que el Auxiliar Bachiller evadido, hizo su presentación a la formación para el veintitrés (23) de noviembre de dos mil cuatro (2004) a las 07:00 horas, lo que permite concluir que IVÁN DARÍO CABRERA MORENO permaneció ausente de las labores propias del servicio militar obligatorio (…) exactamente cinco (5) días consecutivos –teniendo en cuenta que los días a que se refiere el precepto contenido en el artículo 128 del esjudem (sic) son de 24 horas y no se cuentan atendiendo a los servicios ordenados por el superior, como se registró en la minuta de vigilancia de la Estación Laureles- lo que está acorde al dicho del procesado expresado en su indagatoria, cuando dice que se presentó las 06:45 horas de la ya anotada (sic); y si como se aprecia en el entorno , que el Auxiliar Bachiller hoy licenciado (…) estuvo ausente exactamente cinco (5) días de sus labores policivo-militares y en ese término se presentó a sus superiores; salta a la vista, que al hacer la adecuación típica de su conducta con el precepto consignado en el artículo 128, numeral 2.-) del Código Penal Militar, aparece evidenciado, que IVÁN DARÍO CABRERA MORENO se presentó a sus superiores, “dentro de los cinco (5) días siguientes” de su traslado de la Estación Laureles a la Escuela Carlos Holguín; y si esto fue así, es lógico, que exigiendo la norma antes enunciada que el prestador del servicio militar obligatorio, deba presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que debió presentarse por traslado, está demostrado que el hoy procesado lo hizo en el plazo límite exigido por la normatividad en cita, para que se estructurara la conducta punible.”

Demostrado quedó que la Fiscalía Sexta Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar, en proveído del 11 de noviembre de 2005 confirmó por vía de grado jurisdiccional de consulta la decisión del 20 de mayo de 2005 proferida por la Fiscalía 143 Penal Militar que cesó el procedimiento en favor del señor Iván Darío Cabrera Moreno.

Finalmente, se acreditó que mediante Resolución No. 00919 de 2005 proferida el 29 de marzo de 2005 por la Policía Nacional, se resolvió restablecer en la prestación del servicio militar obligatorio al Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno a partir del 22 de febrero de 2005.

6.3.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En el case sub examine se tiene que el daño alegado es la privación de la libertad de Iván Darío Cabrera Moreno, la cual es calificada como injusta por los demandantes.

De los elementos materiales probatorios está acreditado entonces: i) Que el 23 de noviembre de 2004 fue capturado en flagrancia por el delito de Deserción el Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno adscrito a la Policía Nacional; ii) que el 23 de noviembre de 2004 el Capitán Edgar Edilson Briceño Suárez en calidad de Jefe Grupo Militar Auxiliares Bachilleres de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dejó a disposición del Juez 154 de Instrucción Penal Militar al capturado; iii) que por providencia del 29 de noviembre de 2004 el Juzgado 154 de Instrucción Penal Militar de Medellín, resolvió la situación jurídica de Iván Darío Cabrera Moreno con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva; iv) que el 21 de febrero de 2005 la Fiscalía 143 Penal Militar concedió la libertad provisional a Iván Darío Cabrera Moreno; v) que la Fiscalía 143 Penal Militar mediante providencia del 20 de mayo de 2005 resolvió cesar el procedimiento a favor del Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno por atipicidad de la conducta, la cual fue confirmada mediante proveído del 11 de noviembre de 2005 proferido por la Fiscalía Sexta Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar; y vi) que mediante Resolución No. 00919 de 2005 proferida el 29 de marzo de 2005 por la Policía Nacional, se restableció en la prestación del servicio militar obligatorio al Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno a partir del 22 de febrero de 2005.

En suma se observa que el daño deprecado por la parte demandante consistente en la privación injusta que padeció el señor Iván Darío Cabrera Moreno tiene el carácter de antijurídico, toda vez que se ordenó cesar el procedimiento en su favor porque la conducta era atípica.

Pese a lo anterior, para la Sala existen elementos de juicio que permiten inferir sin vacilación alguna que el referido daño no es imputable a la entidad demandada porque se configuró la culpa exclusiva de la víctima, en atención a las razones que pasarán a exponerse.

Sobre los eximentes de responsabilidad, tuvo la oportunidad esta Corporación de referirse, en los siguientes términos:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima-, constituyen diversos eventos que impiden imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio. Para que se estructuren se requiere lo siguiente: “Tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado (…) Por otra parte, a efectos de que operen los mencionados eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño.”

De lo anterior, claramente se deduce que cuando se alega la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier actuación de la misma puede generar un verdadero rompimiento de la imputación, pues deben cumplirse sin restricción alguna los requisitos de irrestibilidad, imprevisibilidad y exterioridad en los términos anteriormente expuestos para que se pueda exonerar de responsabilidad al Estado.

Adicionalmente, de conformidad con lo expuesto en los numerales 6.1 y 6.2 de esta providencia, se reitera que cuando el juez de lo contencioso administrativo encuentra acreditado que el derecho fundamental a la libertad de la persona que solicita su reparación ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, se configura según lo previsto en el artículo 90 de la norma Constitucional, un daño antijurídico que debe repararse.

Precepto que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 desarrolló de la siguiente manera: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. Lo dicho, sin perjuicio de lo consignado en el artículo 70 de la norma en cita que consagra: “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de dicho artículo, refirió en la sentencia C-037 de 1996 lo siguiente:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa
(…).”

Igualmente, en reciente oportunidad la Corte Constitucional, en sentencia SU-072 del 2018, donde se pronunció sobre el régimen de responsabilidad aplicable en casos de privación injusta de la libertad, precisó que: “el análisis de la conducta de la víctima no supone un nuevo juzgamiento, toda vez que el dolo y la culpa no son abordados para definir la responsabilidad en una conducta punible, sino para establecer el grado de descuido o la intención de quien soportó la investigación a la hora de afrontar la misma”. Con otras palabras, queda claro que la aproximación al estudio de la culpa exclusiva de la victima se hace desde una perspectiva civil, y no penal, de la conducta de quien sufrió la privación de la libertad; toda vez que el propósito de dicho análisis no es determinar la participación en una conducta delictiva, sino constatar la existencia de un eximente de responsabilidad del Estado.

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, exime de responsabilidad al Estado cuando el daño reclamado se origina por la acción u omisión de la propia víctima, razón por la que le corresponde asumir las consecuencias de su actuar doloso o gravemente culposo, que en términos del artículo 63 del Código Civil se entiende el primero como la intención de hacer daño a otro y el segundo en “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”.

Sobre el tema, está misma Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”.

De los medios de prueba que reposan en el expediente se tiene que el Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno adscrito al Tercer Contingente de 2004 de la Policía Nacional, por órdenes de su superior, debía presentarse el día 18 de noviembre de 2004 en el Centro de Instrucciones Carlos Holguín, al cual acudió solo hasta el 23 de noviembre de 2004, ausentándose del servicio por un total de cinco (5) días.

Está probado, que el día de su presentación, esto es, el 23 de noviembre de 2004, fue capturado en flagrancia por estar incurso presuntamente en el delito de Deserción previsto en el artículo 128 del Código Penal Militar, razón por la que fue puesto disposición del Juez 154 de instrucción Penal Militar, quien mediante providencia del 29 de noviembre de 2004 le impuso medida de detención preventiva.

Pues bien, aunque el actuar irregular y negligente del Auxiliar Bachiller Iván Darío Cabrera Moreno frente a los hechos que dieron origen a la investigación penal y en consecuencia a la privación de la libertad, o el comportamiento por él asumido dentro de la prestación del servicio militar obligatorio no haya sido suficiente ante la justicia penal militar para proferir resolución de acusación o sentencia condenatoria en su contra, no significa per se que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración.

Al realizar la Sala un análisis sobre la culpa exclusiva de la víctima, es decir, de la conducta del señor Iván Darío Cabrera Moreno, se tiene que la misma se encuentra acreditada, comoquiera que el capturado fue sorprendido en flagrancia al ejecutar una conducta sospechosa al no presentarse durante 5 días a prestar el servicio militar obligatorio, situación que imponía a las autoridades competentes la realización de los procedimientos legales para investigar la posible comisión del delito de Deserción previsto en la normativa penal militar, de la cual si bien es cierto que resultó favorecido el investigado con cesación del procedimiento, no por ello se genera de manera automática la responsabilidad del Estado.

Sobre el particular y en un caso similar al que aquí se resuelve, el Consejo de Estado al decidir una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en la que el investigado resultó absuelto por atipicidad de la conducta, sostuvo lo siguiente:

“(…)
Así las cosas, si bien la exoneración de responsabilidad penal del señor Juan Carlos Cano se produjo en virtud de uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, esto es, que el hecho investigado es atípico, lo cual, en principio, llevaría a que el Estado tuviera que indemnizarle los perjuicios que le fueron causados por razón de la medida de detención preventiva que lo privó de su libertad, lo cierto es que, en el presente asunto, se configura la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que fue la conducta del demandante la que dio lugar a la investigación penal que se adelantó en su contra y que lo privó de su derecho fundamental a la libertad.”

Así las cosas y teniendo en cuenta que fue la propia víctima con su actuar negligente la que propició o dio origen a la investigación penal en su contra y por ende a la privación de la libertad por ausentarse del servicio militar obligatorio sin informar previamente a sus superiores, encuentra la Sala que el daño no es imputable a la entidad demandada y en consecuencia se despacharán negativamente las pretensiones de la demanda.

7. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para ésta proceda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad.36146-15 #1, Rad.37100-16 #1

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 05001-23-31-000-2007-03265 01(49070)

Actor: IVÁN DARÍO CABRERA MORENO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Cfr. Rad. 36146 15 # 1

Temas: Privación injusta de la libertad–Competencia del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia. Privación injusta de la libertad-La sentencia C-037 de 1996 fijó el sentido del artículo 68 de la Ley 270 de 1996. Privación injusta de la libertad por in dubio pro reo-El demandante tiene la carga de demostrar que su detención es injusta.

ACLARACIÓN DE VOTO

1. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala:

Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.

A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones.

Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, también se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 2 de mayo de 2007, con arreglo al cual los tres eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 se deben abordar bajo un título objetivo de responsabilidad:

En tercer término, se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.

En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad no puede radicarse en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, justamente porque se trata de una norma que no se encuentra vigente.

Dicho fundamento se encuentra en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que previó la posibilidad de demandar al Estado la reparación de perjuicios cuando la privación de la libertad tenga el carácter de injusta.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, condicionó la exequibilidad de esta norma, al indicar que la expresión “injustamente” hace referencia a una actuación “abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”, por lo que los eventos de privación injusta de la libertad deben ser abordados en los estrictos y precisos términos de la modulación que se hizo en este control de constitucionalidad, que por tratarse de una norma estatutaria, tiene el alcance de cosa juzgada absoluta.

3. Igualmente, esta decisión reiteró el criterio adoptado en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y en la sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, con arreglo al cual cuando la absolución obedece a la aplicación del in dubio pro reo, la responsabilidad es de carácter objetivo:

Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían ⎯probablemente⎯ conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ⎯ex post⎯ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.

Considero que aún en vigencia del artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, los casos de in dubio pro reo no podían analizarse bajo un título de imputación objetivo, toda vez que la norma previó esta posibilidad solo para los eventos en que la sentencia absolutoria o su equivalente se hubiere dictado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible. En los demás casos, el demandante tenía la carga de demostrar que su detención había sido injusta.

Esta conclusión se impone con más fuerza a partir de la sentencia C-037 de 1996, que definió el sentido del artículo 68 LEAJ, al establecer que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en todos los eventos, debía ser abordada desde el título de imputación por antonomasia: la falla del servicio.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 05001-23-31-000-2007-03265 01(49070)

Actor: IVÁN DARÍO CABRERA MORENO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Cfr. Rad. 37100-16 # 1

ACLARACIÓN DE VOTO

El deber de reparar en eventos de privación de la libertad no se fundamenta exclusivamente en la existencia de una decisión judicial que ordene su restricción, como señala la providencia objeto de la aclaración, sino que es preciso que medie una decisión absolutoria o equivalente, pues solo en ese momento el daño deviene en antijurídico.

Adicionalmente, no basta que el daño tenga la connotación de antijurídico, pues el artículo 90 de la Constitución Política exige que sea imputable al Estado, conforme a los títulos que la jurisprudencia administrativa ha venido construyendo.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado

Fl. 66, C. 1. Fl. 71 a 75, C.1. Fl. 123, C. 1. Fl. 124 a 129, C. 1. Fl. 591 y 595, C.1. Fl. 134 a 139, C. Ppal. Fl. 152, C. Ppal. Fl. 157, C. Ppal. Fl. 141 a 151, C. Ppal. Fl. 159, C. Ppal. Fl. 651 a 662, C. Ppal. Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Fl. 46, C.1. Fl. 3, 6 y 7, C.1. Reposan los respectivos registros civiles de nacimiento que dan cuenta que Iván Darío, Nora Cecilia y Adriana Patricia Cabrera Moreno son hijos de Nazaria Moreno Garrido.
“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Consejo de Estado, Sección Tercera.

Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867
Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996. Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018. Ibíd. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013; Exp. 25022. Fl. 8, C. 1. Fl. 9, C. 1. Fl. 10 a 13, C. 1. Fl. 13, C. 1. Fl. 17 a 20, C. 1. Fl. 19, C. 1. Fl. 28 a 38, C. 1. Fl. 35 y 36, C. 1. Fl. 43 a 45, C. 1. Fl. 41 a 42, C. 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, radicación número: 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067). Corte Constitucional, Sentencia SU-072 del 2018. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2002, Exp.: 13.744. Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección C, sentencia del 21 de febrero de 2018, Exp.: 42.531. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Exp.: 27.577. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 14 de septiembre de 2016, Exp.: 43.562. Cfr. Salvamento de voto de la Magistrada Ruth Stella Correa Palacios a la sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25.508.

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