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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-03276-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-03276-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia de 24 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de INHIBIRSE de decidir sobre examen de legalidad contra el Auto 02 de 13 de junio de 2007, “POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN, SE FORMULAN CARGOS Y SE CONGELAN FONDOS A UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 24 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen. 56 Número único de radicación: 05001233100020070327601 Actora: Yolanda María Velásquez Osorio Nulidad y restablecimiento del derecho

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2007-03276-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 05001233100020070327601
Actora: YOLANDA MARÍA VELÁSQUEZ OSORIO
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Asunto: Resuelve recurso de apelación

TESIS: ACTO DE TRÁMITE NO ES OBJETO DE CONTROL. NO SE
CONFIGURA LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO NI AL DERECHO
DE DEFENSA RESPECTO DEL ACTO QUE FORMULÓ CARGOS POR
INDEBIDA NOTIFICACIÓN, POR CUANTO ESTÁ PROBADO QUE LA
ADMINISTRACIÓN OBSERVÓ EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN
LOS ARTÍCULO 44 Y 45 DEL CCA. NO SE CUESTIONÓ EL ACTO
DEFINITIVO POR VICIOS QUE AFECTEN LA VALIDEZ DE LA
DECISIÓN. LA CENSURA CONTRA LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO
DEFINITIVO NO AFECTA SU LEGALIDAD SINO SU EFICACIA.
TAMPOCO SE PROBÓ INDEBIDA NOTIFICACIÓN. NO SE
INOBSERVÓ EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 10° DEL
DECRETO 1529 DE 1990. EN TODO CASO LA NORMA NO FIJÓ
CONSENCUENCIA PARA LA EXPEDICIÓN POSTERIOR A DICHO
TÉRMINO NI LA INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría el proyecto presentado por el señor

consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta Sala procede a

decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante

contra la sentencia de 24 de enero de 2014, proferida por el

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones

de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La señora YOLANDA MARIA VELÁSQUEZ OSORIO, por

conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85

del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó

demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia 1, en la cual

formuló las siguientes pretensiones2:

“[…] PRIMERA: “PRIMERO: Declarar la nulidad del auto 02
del 13 de Julio de 2007 y la Resolución 16583 del 6 de Agosto
de 2007 expedida por el Gobernador de Antioquía Dr. Aníbal
Gaviria Correa mediante la cual se canceló la personería jurídica
de la Corporación Social Semillas de Paz.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de
nulidad, en calidad de restablecimiento de derecho,
ordenándose el reintegro de la personería jurídica de la
Corporación Social Semillas de Paz otorgada por la Cámara de
Comercio el 25 de mayo de 2000.

TERCERO: En consecuencia y como restablecimiento del
derecho, ordénesele al Departamento de Antioquía-
Gobernación de Antioquía que pague

1. A la corporación Social Semillas de Paz, representada por la
señora Yolanda María Velásquez Osorio:

Por daño emergente: Cincuenta y cinco millones ochocientos
dieciséis mil pesos ($55.816.000)
Por lucro cesante consolidado o vencido: Setecientos treinta
y ocho millones doscientos veintitrés mil ochocientos pesos
($738.223.800)

1
Conviene señalar que la demanda fue objeto de corrección en tres oportunidades mediante los
autos de 10 de diciembre de 2007 (fl. 63) 21 de enero de 2008 (fl. 111) y 12 de mayo de 2008 (fl.
185)-
2
Estas pretensiones se visualizan en los escritos presentados con ocasión de los autos de 10 de
diciembre de 2007, 21 de enero y 12 de mayo de 2008, por medios de los cuales el despacho
conductor del proceso pidió ajustar el escrito de demanda. (folios 63 y 185-186).

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Nulidad y restablecimiento del derecho

Por lucro cesante futuro: Veinticinco millones de pesos
($25.000.000)
Total daños materiales: Ochocientos diecinueve millones
treinta y nueve mil ochocientos pesos ($819.039.800)

2. A la señora Yolanda María Velásquez Osorio: Como socia de
la Corporación Social Semillas de Paz, por perjuicios morales la
suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes,
suma que se ajustará conforme a lo dispuesto en el artículo 179
del CCA.

3. A todas y cada una de las setenta y siete socias y socios por
perjuicios morales las siguientes sumas de dinero: […]3

CUARTO: La liquidación de las anteriores condenas deberá
efectuarse mediante sumas liquidas de moneda en curso legal en
Colombia, y se ajustara (sic) dichas condenas tomando como base
el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo
dispuesto el art 179 del Código Contenciosos (sic)
Administrativo.

QUINTO: Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenara (sic)
dar aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo5 […]”.

I.2.- Como hechos relevantes para decidir este asunto, la Sala los

resume así:

Alegó que mediante Auto 02 de 13 de julio de 2007 la

Gobernación de Antioquia abrió investigación en contra de la

Corporación Social Semillas de Paz, para lo cual formuló cargos y

congeló los fondos de ésta, decisión que asegura no fue

debidamente notificada, lo cual le impidió ejercer el derecho de

3
Mediante auto de 17 de junio de 2008 el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió admitir la
demanda instaurada por la señora YOLANDA MARÏA VELÄSQUEZ OSORIO en nombre propio y en
representación de la Corporación Semillas de Paz en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y la RECHAZÓ respecto de las personas enlistadas en los folios 206 y
207 del expediente, en tanto no confirieron poder. (auto de 17 de junio de 2008) (fls. 205 a 208 del
C.1)

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Nulidad y restablecimiento del derecho

defensa, además de que no se indicó la procedencia de recurso

alguno para controvertirlo.

En ese sentido, destacó que la solicitud de cancelación la hizo el

Secretario de Bienestar Social en cuanto quiso demostrar que las

actividades realizadas por la Corporación eran contrarias a la Ley,

las buenas costumbres y no atendían al desarrollo de los objetivos

sociales.

Alegó que no se aplicó el procedimiento previsto en el Decreto 1529

de 1990, debido a que no aparecen las pruebas que den cuentan

de la posibilidad de acceder a la cancelación de personería jurídica,

según lo ordenado por el artículo 8°.

Concomitante con los hechos que identificó la actora como

vulneradores de normas superiores, destacó que presentó denuncia

por los delitos de calumnia y constreñimiento; y que recibió

amenazas de muerte sustentadas en la revisión de los libros

contables, los cuales aseguró no prueban la existencia de malos

manejos y falsedades en el registro de la contabilidad.

Afirmó que la Resolución 16583 de 6 de agosto de 2007, que

canceló la personería jurídica de la Corporación Social, tampoco le

fue notificada en debida forma; y que el 14 de septiembre de 2007

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“el conductor del alcalde de Envigado” entregó un “oficio en papel

oficial” que da cuenta de dicha cancelación, la que también se

informó a través de Radio Super por conducto del congresista

Rodrigo Mesa Cadavid, quien agregó que la accionante “había

robado $116.000.000 millones de pesos y que la fiscalía la había

condenado por la suma de $196.000.000 millones de pesos”.

Agregó que pasaron dos meses sin que fuese enterada del

contenido de la Resolución 16583 de 6 de agosto de 2007.

La demandante con ocasión de estos hechos identificó una serie de

acontecimientos que calificó de adversos a la Corporación que

legalmente representaba y aseguró que fueron consecuencia de la

cancelación de la personería, así:

• Se causó agravio a 250 familias asociadas a la Corporación,

específicamente a las mujeres miembros de la junta directiva y las

mujeres asociadas.

• Persecución y señalamientos por el Alcalde de Envigado en

cuanto a la comunicación masiva por medios como la prensa, radio,

televisión y boletín oficial entregado “casa por casa” en los barrios

y veredas del municipio de Envigado.

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• Privación de recursos y donaciones en favor de la

Corporación.

• El retiro del aval político de ASI para la aspiración a curules

al concejo de Envigado, período 2008-2011.

• Suspensión de la elaboración de proyectos ante la comunidad

internacional para presentar uno concerniente con la construcción

de vivienda para mujeres, debido a la pérdida de credibilidad.

• Imposibilidad de compra del inmueble por la Corporación

Semillas de Paz.

• Ante la negativa de entregar el certificado de existencia se le

limitó ejercer un reclamo ante una empresa de telefonía.

• Pérdida de ingresos por el no pago de las deudas pendientes

de las familias asociadas.

En los cuatro (4) escritos de demanda presentados, el inicial

radicado el 23 de noviembre de 2007 y los de corrección de 18 de

diciembre de 20074, 14 de febrero5 y 21 de mayo6, estos últimos

4
Folios 66 a 77 del expediente.
5
Folios 114 a 131 del expediente.
6
Folios 187 a 193 del expediente.

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de 2008, la parte actora reiteró los argumentos fácticos aquí

esbozados y enlistó las razones que se registraron en precedencia,

como los motivos que sustentaron la pretensión de

restablecimiento.

I.3.- Como normas violadas la demandante invocó los artículos 14,

29, 37, 38 y 40 de la Constitución Política. En los hechos también

aludió al procedimiento previsto en el Decreto 1529 de 1990, el

que, a su juicio, no se cumplió.

Para sustentar el concepto de violación de las disposiciones

invocadas, expuso los siguientes argumentos:

Estimó que “[…] las actuaciones administrativas por parte de la

Gobernación de Antioquia […] violaron todos los presupuestos jurídicos

para que la Resolución 16583 de fecha 6 de agosto de 2007 pueda ser

considerada legal y eficaz. Aparte del análisis de fondo, también se

violaron los presupuestos de legalidad de las actuaciones administrativas

como son el derecho a la legitima defensa, presunción de inocencia, el

derecho a la reposición y apelación de los actos administrativos”.

I.4.- El Departamento de Antioquia contestó la demanda y se

opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Argumentó que no es cierto que los actos administrativos se hayan

expedido sin motivación, sin pruebas y con violación al debido

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proceso, para lo cual expuso las siguientes razones de defensa:

Los actos administrativos se expidieron en debida forma y sin

incurrir en ningún vicio en su expedición.

Aclaró que la inspección y vigilancia sobre fundaciones o

instituciones de utilidad común, tienen su fundamento en la

competencia que la Constitución le asignó al Presidente de la

República en su artículo 189, numeral 26, la que fue delegada7 por

éste a los gobernadores de departamento.

Con fundamento en ello, destacó que la Dirección de Vigilancia y

Control a las Entidades Sin Ánimo de Lucro, es una dependencia

adscrita a la Gobernación de Antioquia, creada mediante Decreto

núm. 2865 de 19 de julio de 1996, cuya finalidad es la inspeccionar,

vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales de

dichas entidades.

En relación con el asunto objeto de examen, destacó que:

• El 8 de febrero de 2007 el Secretario del Municipio de

Envigado le solicitó a la Dirección de control la práctica de una visita

7
Según el artículo 211 Superior y los Decretos 1318 de 1988, 1093 de 1989 y 1529 de 1990.

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de auditoria administrativa y contable a la Corporación Social

Semillas de Paz.

• El 13 de febrero de 2007 el Director de Asesoría Legal y

Control comisionó al profesional especializado, Orlando Hernández

Muñoz, para que realizara la inspección administrativa contable.

• Rendido el resultado de la visita que consta en el Informe

contable preliminar 010882 de 16 de abril de 2007, por auto de 19

de abril de 2007 y comunicado 023397 de la misma fecha, se puso

en conocimiento de la representante legal para que ésta en el

término de cinco días presentara sus descargos.

• Por auto de 28 de marzo de 2007 se comisionó al Profesional

Universitario, Luis Fernando Mesa Agudelo, para que realizara la

inspección administrativa, la cual se efectuó y se consignó en el

informe 011423 de 19 de abril de 2007.

• Indicó que mediante auto de 19 de abril de 2007 se puso en

conocimiento de la Corporación Social Semillas de Paz el informe

rendido para que se pronunciara de los hallazgos encontrados en la

inspección administrativa, según da cuenta el oficio 023397.

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• Por oficio de 26 de abril de 2007, radicado bajo el núm.

051485, la representante de la entidad presentó sus descargos, los

cuales se evaluaron por la Dirección de Asesoría Legal y de Control.

• Evaluadas las aclaraciones presentadas por la Corporación

Social Semillas de Paz, el profesional especializado, Orlando

Hernández Muñoz, presentó evaluación de los descargos de la

representante legal, según informe núm. 033390.

• Rendidos los correspondientes informes por Auto 02 de 13

de junio de 2007, se dispuso: i) abrir la investigación

administrativa y contable, ii) congelar fondos y iii) formular cargos

contra la entidad sin ánimo de lucro.

• Frente a la notificación de dicho auto, explicó que la secretaria

de la Dirección de Asesoría Legal y de Control dejó la siguiente

constancia: “[…] Se llamó a Doña Yolanda y no se encontró, le deje

razón para que se notificara, con la señora Martha Restrepo. Hora

4.20 pm día 13. Junio /2007. Quise enviarle por fax la notificación,

pero me dijo que el fax no recibía, firmado […]”. Que esta actuación

es consecuente con lo que manifestó la representante legal

mediante oficio 103322.

• Además de lo anterior, tal comunicado se remitió por correo

certificado a la representante legal de la Corporación Semillas de

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Paz, radicado 037632 de 14 de junio de 2007, por medio del cual

se le solicitó a la señora Yolanda María Velásquez Osorio para que

acudiera a notificarse del Auto 02 de 13 de junio de 2007.

• Ante la imposibilidad de lograr la notificación personal se fijó

edicto el 22 de junio de 2007 a las 7:30 am y se desfijó el 9 de julio

de 2007 a las 5:30 pm.

• Surtida esta actuación se dictó la Resolución 16583 de 6 de

agosto de 2007, por medio de la cual se canceló la personería

jurídica de la Corporación Social Semillas de Paz.

• Respecto de este acto, refirió que, según constancia

secretarial de 10 de agosto de 2007, se registró que acudió a

notificarse del acto el señor Edwin Molano Barona sin poder que lo

acreditara como apoderado de la Corporación Social Semillas de

Paz.

• En razón a dicha ausencia se envió comunicación por correo

certificado a la representante legal para que acudiera a notificarse

de la Resolución 16583 y ante la imposibilidad de lograrse por este

medio, se fijó edicto el 17 de agosto de 2007 a las 7:30 am y se

desfijó el 31 de agosto de 2007, a las 5:30 p.m.

En estos términos, la entidad accionada estimó que respetó el

debido proceso durante la actuación administrativa surtida, con lo

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cual observó las instancias procesales y la garantía de los derechos

invocados.

La parte accionada aludió al comportamiento de la parte actora para

indicar que la posición asumida fue la de eludir la actuación

administrativa, lo cual se verifica en el oficio radicado bajo el núm.

1033222 de 15 de agosto de 2007 dirigido a la Gobernación de

Antioquia, por medio de la cual manifestó no necesitar abogado,

junto con el cual anexó un escrito ilegible de la Procuraduría del

Valle de Aburrá.

De lo expuesto, concluyó que la actuación administrativa pudo ser

controvertida en cada instancia procesal, bien ejerciendo los

recursos en vía gubernativa o solicitando las pruebas aportadas.

Frente a estas últimas, destacó que las practicadas fueron

evaluadas en la oportunidad correspondiente, lo cual desvirtúa las

alegaciones planteadas en este proceso judicial.

Afirmó que, en esa medida, los reproches que plantea la parte

actora en realidad constituyen un ataque a los funcionarios que

rindieron las inspecciones contable y jurídica y aquellos que

resolvieron la actuación administrativa.

Finalmente, indicó que la actuación seguida en contra de la

Corporación tuvo por propósito evidenciar el estado de los soportes

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de contabilidad dado que encontró que faltaban soportes en tales

procesos, hallazgos que no logró desvirtuar la accionante.

Agregó a los argumentos de defensa, las siguientes excepciones:

Indicó que las causales para declarar la nulidad de los actos eran

inexistentes, porque aunque se afirmó que los actos acusados

fueron expedidos con violación al debido proceso, por cuanto no se

le notificaron los actos demandados y fueron expedidos sin pruebas

que demostraran las supuestas irregularidades, lo cierto es que

ninguna de ellas se configuró.

Frente a la excepción de caducidad, destacó que de conformidad

con el artículo 136 CCA la acción caduca al cabo de cuatro meses;

y que comoquiera que la Resolución 16583 de 6 de agosto de 2007

fue fijada por edicto del 17 de agosto de 2007 y desfijada el 31 de

agosto de 2007, la demanda fue presentada fuera del plazo, en

atención a que se radicó el 14 de febrero de 2008.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

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El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 24 de

enero de 2014, mediante la cual denegó8 las pretensiones de la

demanda, en las que se examinó la siguiente solicitud:

“[…]
1. Que se declare la nulidad del Auto 02 del 13 de
julio de 2007 y de la resolución N°16583 de agosto 6 de
2007, expedidos por el Gobernador de Antioquia[…]”.

Los argumentos en los que se fundó el a quo para adoptar esta

decisión, fueron:

Que la decisión de cancelación de la personería jurídica no es

extemporánea, pues si bien el artículo 10° del Decreto 1529 de

1990 concede el término de un mes para que se realice la

investigación administrativa, no prevé que el plazo sea perentorio

o preclusivo, ni tampoco fija una sanción en caso de incumplirse,

consecuencia que es inexistente y que no produce la nulidad de los

actos acusados.

En lo que concierne a la indebida notificación del Auto 02 de 13

de junio de 2007 y de la Resolución 16583 de 6 de agosto de

2007, destacó que es cierto que tales actos no se notificaron en los

términos de los artículos 44 y 45 del CCA, pues no se evidenció la

8
La parte resolutiva del fallo dispuso: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, conforme al
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de
1998”

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constancia de envío a la dirección de la Corporación Social

Semillas de Paz; sin embargo, esta falencia no conduce a la

nulidad de los actos administrativos indebidamente notificados.

Lo anterior porque: i) según la jurisprudencia del Consejo de

Estado, la notificación es un presupuesto de eficacia y no de validez,

y ii) que si lo que pretendía era el pago de una indemnización, la

acción procedente era la de reparación directa.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado de la

demandante interpuso recurso de apelación9 contra la sentencia de

24 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de

Antioquia. En sus planteamientos relevantes se encuentran los

siguientes reproches: i) para la cancelación de la personería

jurídica de la Corporación Semillas no medio la garantía del derecho

de defensa y ii) fue indebida la notificación de los actos

administrativos acusados.

Para explicar los argumentos en que fundó el recurso de alzada,

indicó:

9
Mediante escrito de 4 de marzo de 2004, visible a los folios 457 a 462 del Cuaderno 2.

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La violación del debido proceso ocurrió porque no tuvo derecho a

ejercer ningún tipo de defensa, ni en los descargos ni en otro

momento. Además, estimó que la actuación superó el término de

un mes previsto en el artículo 10° del Decreto 1529 de 1990, para

adelantar la investigación, la práctica de pruebas y expedir la

decisión, plazo contado a partir de la fecha en que se ordenó la

investigación por parte del gobernador.

Agregó que la violación al debido proceso se configuró en el

momento en que se ordenó la cancelación de la personería de la

Corporación sin habérsele dado la oportunidad para defenderse ni

ejercer el derecho de contradicción, básicamente porque no se le

notificó, sino que “se intentó”.

Que el procedimiento adelantado no cumplió con los requisitos

necesarios para declarar que sí hubo notificación; y que,

precisamente, el tribunal a quo aceptó que hubo una indebida

notificación, razonamiento que imponía acceder de manera

favorable a las pretensiones.

De esta manera, señaló que el fallo incurrió en dos causales de

ilegalidad, una, de forma y la otra, relativa a los motivos, por lo

siguiente:

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En cuanto a la primera, la ilegalidad de forma, señaló que hace

referencia a la omisión e inobservancia de las formalidades y

procedimientos impuestos por la ley, y no como equivocadamente

lo refirió el fallador al concluir que el incumplimiento de los términos

en la actuación administrativa no acarrea ningún tipo de sanción,

en claro desconocimiento del artículo 10° del Decreto 1529 de

1990.

Frente a la ilegalidad relativa a los motivos, indicó que el

Tribunal no verificó lo planteado en la demanda, pues solo enfatizó

en el entendimiento del artículo 10° del Decreto 1259 de 1990,

cuando los actos administrativos no produjeron efectos jurídicos

pues violaron el debido proceso y demás derechos asignados a la

demandante.

Aludió a que el procedimiento seguido debió operar a partir de la

“destitución de la gerente y efectuar el nombramiento de otro, y si

las irregularidades continuaban debían de llamar a descargos para

iniciar el trámite de la cancelación de la personería jurídica”. En el

caso bajo examen, estas medidas se omitieron, pues la cancelación

de la personería de la Corporación ocurrió de inmediato, lo que, a

su juicio, fue violatorio de los derechos del debido proceso y de

defensa. Por ello, pidió la nulidad del acto administrativo y el

restablecimiento del derecho reclamado.

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• En cuanto a la notificación de los actos administrativos,

afirmó que se opone al argumento del fallador en cuanto a que no

podía controvertir la nulidad del acto administrativo, pues desde su

expedición se violó el derecho de defensa, debido proceso y no

produjo efectos a su destinatario.

Se opuso a la conclusión respecto del medio de defensa idóneo para

el reclamo de los perjuicios causados en tanto que lo pretendido

deriva de la nulidad del acto administrativo y su posterior

restablecimiento o, incluso, la reparación del daño.

Afirmó que la acción de reparación directa, si bien es una acción

individual, subjetiva, temporal y desistible orientada a indemnizar

integralmente el perjuicio ocasionado a las personas, se predica de

un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación

temporal o permanente de un inmueble con la ejecución de un

trabajo público o por cualquier otra causa imputable al Estado.

Por lo tanto, señaló que aunque estas dos acciones compartan la

pretensión indemnizatoria no existió claridad del Tribunal para

colegir que el tipo de acción invocada es inadecuada.

Por lo expuesto, solicitó revocar el fallo del Tribunal y, en

consecuencia, acoger las pretensiones de la demanda.

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IV. TRÁMITE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso se admitió por auto de 15 de octubre de 2014. Mediante

providencia de 22 de febrero de 2016, se corrió el traslado para

alegar 10 . Vencido el plazo, la parte demandada pidió que se

confirmara la sentencia, para lo cual ratificó sus argumentos de

defensa, referentes a la observancia del procedimiento

administrativo y destacó que la indebida notificación no conduce a

la nulidad de los actos administrativos.

Por su parte, la actora durante el trámite en la segunda instancia

solicitó información sobre el estado del proceso 11 y la solicitud de

suspensión provisional12, e informó que se encontraba privada de

la libertad.

Surtidas las etapas de la segunda instancia y luego de haberse

sometido a discusión con la integración del señor Conjuez, doctor

CAMILO CALDERÓN RIVERA, la ponencia inicialmente presentada

fue improbada, motivo por el cual ingresó al Despacho de la

ponente para elaborar la postura de mayoría.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

10
Folio 16 C. 2.
11
Folio 29 C.2 auto de 13 de noviembre de 2018.
12
Folio 22 C.2 auto de 4 de octubre de 2018.

20

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

V.1 LÍMITES DE LA APELACIÓN

El reproche de la apelante se circunscribe a cuestionar la decisión

del fallador de primera instancia en cuanto consideró que: i) no se

acreditó la violación alegada por indebida notificación. En estricto,

se opuso a la conclusión del a quo frente a que el cuestionamiento

se centró en un elemento de eficacia, referido a la oponibilidad de

las decisiones y no a un elemento de validez, que sí enervan la

legalidad de los actos acusados, pues insistió en que lo transgredido

en la actuación administrativa fue el derecho al debido proceso y el

de defensa, y ii) que era necesario que se verificara el

incumplimiento del término previsto en el artículo 10° del Decreto

1529 de 1990.

De esta manera, la Sala se restringirá a estos reproches, a efectos

de determinar si procede confirmar o no, la negativa a declarar la

nulidad de los actos acusados.

Lo anterior, en razón a que, en materia de competencia en la

segunda instancia, el objeto de la apelación se circunscribe a los

argumentos de oposición del recurrente, no resultando viable

abordar puntos no discutidos, según lo prevé el artículo 357 del

CPC13. Entonces, conforme se ha reiterado por esta Corporación

13
Artículo 328 del CGP

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Nulidad y restablecimiento del derecho

son esos límites a los que se cierne la competencia y el

pronunciamiento del fallador en la segunda instancia.

Sobre el particular, esta Sección puntualizó:

“[…] Esta Corporación en reiterados pronunciamientos ha
considerado que cuando decide el recurso de apelación, tal
como lo indica el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, el juez de instancia DEBERÁ
PRONUNCIARSE SOLAMENTE sobre los argumentos
expuestos por el apelante único. […] Como ya se estableció
la parte demandante tiene la calidad de apelante único, por lo
que, el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia, en este caso, lo constituyen las referencias
conceptuales y argumentativas que aduce la apelante en
el escrito contentivo del recurso, contra la
decisión que adoptó la primera instancia. […]”14.

V.2 ACTO ACUSADO - CUESTIÓN PREVIA

Revisada la demanda y los escritos de corrección se aprecia que la

actora dirigió su pretensión incluso en contra del Auto 02 de 13 de

junio de 2007, el cual no tiene carácter definitivo.

Esta situación impone que se modifique la sentencia de primera

instancia a efectos de que la Sala se inhiba respecto del examen

de dicho acto por no tener la connotación que permite su control,

atendiendo a que su fin fue el de formular cargos en contra de la

Corporación Semillas, sin que decidiera sobre la pérdida de la

14
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 15 de
febrero de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2001-00470-02. Actor: Inmobiliaria San
José Ltda y María Del Pilar Sandoval Gómez Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes -
DNE C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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personería jurídica, esta sí de contenido definitivo, esto es, la

Resolución 16583 de 6 de agosto de 2007.

Sobre el particular la Sección, precisó:

“[…] [L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha identificado las
siguientes características del acto administrativo: i) Constituye
una declaración unilateral de voluntad. ii) Se expide en ejercicio
de la función administrativa por parte de una autoridad estatal o
de particulares. iii) Se encamina a producir efectos jurídicos
«por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la
situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante».
iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación,
modificación o extinción de una situación jurídica general o
particular, que impacta los derechos u obligaciones de los
asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito».
Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo únicamente
se ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o
fictos, que culminen un proceso administrativo, en la medida
en que se presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad
y ejecutoriedad e impactan en las relaciones de las personas
naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones. En
consecuencia, el control judicial de las decisiones administrativas
definitivas se torna obligatorio dentro de un Estado Social de
Derecho, en aras de garantizar su validez, así como los valores
constitucionales, el imperio de la legalidad y los derechos de los
asociados […]”15.

Esta delimitación frente al objeto de control no impide el análisis de

los cargos que cuestionan el adelantamiento del procedimiento

administrativo, en cuanto los actos de trámite inciden en la

expedición de la decisión definitiva, pero sin que devenga en nulos

por cuanto la declaratoria de ilegalidad recae sobre los

denominados actos definitivos.

15
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Sentencia de 14 de
octubre de 2021. Radicación número: 08001-23-31-000-2012-90245-01. Actora: Asamblea del
Departamento del Atlántico. C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Nulidad y restablecimiento del derecho

Entonces, con el objeto de resolver estos interrogantes, es

necesario identificar la actuación administrativa que dio lugar al

acto acusado y realizar el análisis planteado en el recurso de

apelación.

V.3 ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

En el expediente se verificó que el trámite administrativo que dio

lugar a la expedición del acto acusado se adelantó de la siguiente

manera:

• Oficio núm. 0832007 de 8 de febrero de 200716, por medio

del cual el Secretario de la Alcaldía de Envigado, invocando el

Decreto 1529 de 1990, solicitó al Director Asesor Legal y de Control

de la Gobernación de Antioquia, realizar una visita de auditoria

administrativa y contable a la Corporación Social Semillas de Paz,

dando a conocer su dirección Diagonal 32D N° 32Asur -39.

• Autos de 13 de febrero 17 y 28 de marzo 18 de 2007,

expedidos por el Director de Asesoría Legal y de Control de la

Gobernación de Antioquia, por medio de los cuales se comisionó

i) al profesional especializado, señor Orlando Hernández Muñoz,

(contador), para realizar inspección administrativa y contable

16
Folio 231 C.2
17
Folio 232 C.2
18
Folio 257 C.2

24

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y ii) al abogado Luis Fernando Mesa Agudelo, a fin de llevar a cabo

inspección administrativa a la entidad Corporación Social

Semillas de Paz, respectivamente.

• Documento radicado bajo el núm. 01088219 de 16 de abril de

2007, denominado “INFORME”, presentado por el funcionario

Orlando Hernández Muñoz, en el que da cuenta de los hallazgos de

su visita, conforme a la comisión ordenada20.

• Documento radicado bajo el núm. 01142321 de 16 de abril de

2007, denominado “Informe contable preliminar de la entidad

denominada Corporación Social Semillas de Paz”, presentado

por el funcionario Luis Fernando Mesa Agudelo (Abogado), en la

que dio cuenta de los hallazgos de su visita, conforme a la comisión

ordenada22.

• Oficio núm. 023397 de 19 de abril de 2007 23 dirigido a la

representante legal de la Corporación Social Semillas de Paz,

señora YOLANDA MARÍA VELÁSQUEZ OSORIO, por el cual se le

comunicó que en cumplimiento del auto de 18 de abril de 2007 se

ordenó poner en conocimiento los informes rendidos, para lo cual

19
En este documento se aprecia la siguiente inscripción: “Yolanda Ma Velásquez O. CC 42881586,
TEL: 3312792, Dirección: Dgnal: 32D N° 32Asur-39. Hay firma y registro de: 42881586 ENV”
20
folios 233 a 256 C.2
21
En este documento se aprecia la siguiente inscripción: “Yolanda Ma Velásquez O. CC 42881586,
TEL: 3312792, Dirección: Dgnal: 32D N° 32Asur-39. Hay firma”
22
folios 258 a 261 C.2
23
Folio 262 cuaderno 2

25

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se le confirió el término de 5 días a efectos de ejercer su

contradicción.

• Intervención de la señora YOLANDA MARÍA VELÁSQUEZ

OSORIO, en su condición de representante legal de la

Corporación Social Semillas de Paz, mediante los memoriales

radicados el 25 de abril de 2007 titulado: “Descargos frente al

informe presentado por el Dr. Luis Fernando Mesa Agudelo Abogado

Gobernación de Antioquia”24 y dos más de 26 de abril de 2007

distinguidos bajo el siguiente asunto: i) “Aclaración informe emitido

por su despacho el día jueves 19/04/07” 25 y ii) “Respuesta a

informe preliminar de la Corporación Social Semillas de Paz” 26 ,

todos dirigidos a la Dirección de Asuntos Legales y de Control de la

Gobernación de Antioquia, y remitidos en hoja membrete de la

Corporación que representa.

• Oficio fechado 8 de mayo de 2007 27 , mediante el cual el

profesional Luis Fernando Mesa Agudelo rindió ante el Director de

Asesoría Legal y de Control de la Gobernación de Antioquia, el

reporte sobre la evaluación de las aclaraciones remitidas por la

Corporación Social Semillas de Paz al informe jurídico.

24
Folios 276 a 279 del Cuaderno 2.
25
Folio 263 a 266 Cuaderno 2.
26
Folios 267 a 274 Cuaderno 2.
27
Folios

26

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Nulidad y restablecimiento del derecho

• Oficio núm. 03390 de 30 de mayo de 200728, a través del cual

el profesional Orlando Hernández Muñoz, rindió “Evaluación

descargos presentados por la Corporación Social Semillas de Paz al

informe contable, a través de radicado nùm.010882 del 16 de abril

de 2007”.

• Auto 02 de 13 de junio de 2007 29 , expedido por el

Gobernador del Departamento de Antioquía, “POR MEDIO DEL CUAL

SE ABRE INVESTIGACIÓN, SE FORMULAN CARGOS Y SE CONGELAN

FONDOS A UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO”. En la parte

resolutiva se dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Abrir investigación
administrativa y contable y formular los cargos
relacionados en la parte motiva de esta providencia
a la entidad denominada Corporación Social
Semillas de Paz entidad sin ánimo de lucro,
registrada en la Cámara de Comercio de Aburrá sur el 27
de abril del 2000, en el libro 1, bajo el número 0001442
con el fin de verificar el correcto funcionamiento
administrativo y contable y el cabal cumplimiento del
cuerpo estatutario vigente.

ARTICULO SEGUNDO: Para la práctica de las pruebas
necesarias, se comisiona por el término de un mes
contado a partir de la notificación del presente auto a la
Dirección de Asesoría Legal y de Control adscrita a la
Dirección Técnica Jurídica de la Secretaria General de la
Gobernación de Antioquia, finalizado el trámite deberá
rendirse los informes correspondientes. Además de
las que se puedan practicar, se tendrán como pruebas,
las siguientes:

• Auto del 13 de febrero del 2007
• Informe radicado con el núm. 0010882 del 16 de
abril de 2007 (contable)
• Auto del 28 de marzo de 2007

28
Folio 282 a 307 Cuaderno 2.
29
Folios 308 a 339, inclusive del Cuaderno 2.

27

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• Informe radicado con el núm. 011423 del 19 de
abril de 2007(jurídico)
• Auto del 19 de abril de 2007, que ordena poner en
conocimiento los informes.
• Comunicación núm. 023397 del 19 de abril de
2007.
• Informe de evaluación del 8 de mayo del 2007
(jurídico)
• Informe de evaluación número 033390 del 30 de
mayo de 2007.

ARTICULO TERCERO: Congelar transitoriamente los
fondos de la Corporación Social Semillas de Paz,
mientas se adelanta la investigación y se toma una
decisión. Al quedar congelados los fondos, la entidad solo
podrá ordenar los pagos de salarios y prestaciones
sociales y los gastos estrictamente necesarios para el
funcionamiento de la entidad. Estos pagos y gastos
requieren de previa autorización del Gobernador del
Departamento, la cual debe tramitarse en la oficina de
Asesoría Legal y de Control, ubicada en el piso 10 oficina
1011 del edificio de la Gobernación de Antioquia.

ARTICULO CUARTO: Conceder un término de 5 días
hábiles contados a partir de la notificación del presente
auto, para que la entidad a través de su representante
legal de respuesta de cargos formulados y solicite las
pruebas que considere pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Notificar la presente
providencia a la entidad sin ánimo de lucro
denominada CORPORACIÓN SEMILLAS DE PAZ, entidad
sin ánimo de lucro representada por la señora YOLANDA
MARÍA VELÁSQUEZ OSORIO CC. 42.881.586 o a quien
haga sus veces.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede
recurso alguno […]”.

• En el expediente se inscribió en el folio 1 del Auto 02 de 2007

la siguiente nota a mano 30 : “Se llamó a Doña Yolanda y no se

encontró, le dejo razón para que se notificara con la sra Martha

Restrepo. Hora 4:20 pm día 13 de junio/2007 quise enviarle por

30
Folio 308 del Cuaderno 2.

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fax la notificación, pero me dijo que el fax no recibía”. Hay firma,

iniciales R.M.

• También obra registro a mano31 en relación con el referido

auto en los siguientes términos: “El día 20 de junio de 2007 llamó

la señora Yolanda Velásquez Osorio, representante legal de la

Corporación Social semillas de Paz, la cual manifestó que no venía

a notificarse porque no quería ver al dr. Carlos Zuleta Hincapié y

al señor Orlando Hernández porque ya la habían llevado a la

Fiscalía”. Hay firma: ÁLVARO ALCANTARA FLOREZ CANO CC

71.600.958 (FIRMA) TEL 3312792

• Oficio núm. 037632 32 identificado como CORREO

CERTIFICADO 14/06/2007 dirigido a la señora: Yolanda María

Velázquez Osorio, representante legal, Corporación Semillas de

Paz, Diagonal 32D N° 32ª Sur 39 Medellín (Envigado) Tel. 3312792.

En la que se lee lo siguiente:

“ASUNTO: Notificación de Auto 02

Respetada Señora:
Sirvase presentarse a la Dirección de Asesoría Legal y de
Control, Secretaría General, Gobernación de Antioquia,
oficia 1011, piso 10; para notificarle el asunto de la
referencia, de no hacerlo se notificará por Edicto y se
continuará con el proceso”.

31
Folio 339 Cuaderno 2.
32
Folio 340 del Cuaderno 2.

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• Planilla núm. 20 de 15 junio de 200733de la empresa Servicios

Postales Nacionales S.A., en la que se relaciona el envío del oficio

37622(sic) YOLANDA M. VELÁSQUEZ MEDELLIN.

• Desprendible del soporte de mensajería POSTEXPRESS de

fecha: junio 15 de 2007, dirigido a: Yolanda Velásquez, dirección:

Diagonal 32D# 32Asur-39 Medellín. No tiene diligenciado el espacio

de quien recibe34.

• Edicto35 por medio del cual se cumple la notificación del Auto

núm. 02 de 13 de junio de 2007, fijado el 22 de junio de 2007 a las

7:30 am y desfijado el 9 de julio de 2007 a las 5:30 pm. Fijado por

10 días, bajo la advertencia “Una vez desfijado se entiende

como realizada la actuación”.

• Resolución núm. 16583 de 06 de agosto de 2007 36 ,

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNA PERSONERÍA

JURÍDICA”, expedida por el Gobernador de Antioquia. En relación

con este acto administrativo por ser relevante, la Sala transcribe el

siguiente aparte:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 16583
(06 DE AGOSTO DE 2007)

33
Folio 432 Cuaderno 2.
34
Folio 431 del Cuaderno 2.
35
Folios 342 a 343 del Cuaderno 2.
36
Folios 343 a 369, vuelto, inclusive, del Cuaderno 2.

30

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Nulidad y restablecimiento del derecho

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNA
PERSONERÍA JURÍDICA”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con
fundamento en la facultad constitucional consagrada en el
artículo 189, numerales 26, reglamentada mediante los
Decretos Nacionales 1318 de 1998, 1093 de 1989, 1529 de
1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que por acta de reunión de Asamblea General del 27 de abril
de 2000, inscrita en la cámara de comercio del Aburra Sur el
25 de mayo de 2000, bajo el número 00001442 del libro I de
las personas jurídicas sin ánimo de lucro, fue constituida la
entidad denominada CORPORACIÓN SOCIAL SEMILLAS DE
PAZ.

Que mediante comunicación radicada con el número 015786
del 8 de febrero de 2007, el doctor HERNAN FERNANDEZ
MONTOYA, Secretario de Despacho del municipio de
Envigado, solicitó a la Dirección de Asesoría Legal y de Control
la práctica de una visita de auditoria administrativa y contable
a la Corporación Social Semillas de Paz, con sede en el
municipio de Envigado.

Mediante auto de 13 de febrero de 2007, el Director de
Asearía (sic) Legal y de Control, comisionó al Profesional
Especializado (Contador) Orlando Hernández Muñoz, para
realizar inspección administrativa y contable a la entidad a
partir del 13 de febrero del 2007.

Mediante Auto del 28 de marzo de 2007, el Director de Asearía
(sic) Legal y de Control, comisionó al Profesional Universitario
(Abogado) Luis Fernando Mesa Agudelo, para realizar
inspección administrativa a la entidad a partir del 29 de marzo
de 2007.

Que mediante Auto N° 19 del 18 de abril de 2007, se colocó
en conocimiento de la Corporación Semillas de Paz, el informe
preliminar contable, radicado con el número 010882 del 16 de
abril de 2007 y el informe jurídico de fecha 18 de abril de
2007, a fin de que dentro de los cinco (5) días siguientes a su
comunicación presentará (sic) los descargos que estimarán
(sic) pertinentes.

Que mediante comunicado radicado 023397 del 19 de abril de
2007, se le informó a la señora Yolanda María Velásquez
Osorio, que los informes jurídico y contable se encontraban
en el expediente que reposa en la Dirección de Asesoría Legal
y de Control y que podrá presentar los descargos
correspondientes.

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Mediante escrito radicado bajo el N° 051485 de abril 26 de
2007, la Corporación Social Semillas de Paz, presenta
aclaración al informe contable preliminar radicado con el No.
010882 del 16 de abril de 2007.

Que por medio de Auto 02 del 13 de junio de 2007, el
Gobernador del Departamento de Antioquía, decidió abrir
investigación, formular cargos y congelar los fondos a la
Corporación Social Semillas de Paz, con base en los informes
jurídico y contable que servirán de fundamento para adoptar
la decisión de fondo.

Que el 13 de junio a las 4:20 p.m., se realizó llamada
telefónica a la señora Yolanda María Velásquez Osorio, con el
fin de informarle que debía venir a notificarse del Auto 02, con
la señora Marta Restrepo, quien recibió la llamada se dejo
(sic) el mensaje.

Mediante oficio radicado 037632 del 14 de junio de 2007, el
Director de Asesoría Legal y Control, le solicitó a la señora
Yolanda María Velásquez Osorio, que se presentara a la oficina
1011, del piso 10 de la Gobernación, para notificarle el Auto
02.

Por edicto fijado el 22 de junio de 2007 y desfijado el 9 de
julio de 2007, se notifico (sic) el auto 02 del 13 de junio de
2007, por medio del cual se abre investigación, se formulan
cargos y se congelan fondos a una entidad sin animo (sic) de
lucro.

[…]

Por lo anteriormente expuesto se concluye que la
CORPORACIÓN SOCIAL SEMILLAS DE PAZ incurre en las
siguientes violaciones:

I. VIOLACIÓN NORMA LEGAL

1. La ausencia de actas que soporten las decisiones contables
viola las siguientes normas: Código de Comercio en sus
artículos 189 y 431, Ley 222 de 1995 artículo 21, Decreto
Nacional 2649 de 1993, artículo 131;

2. Decreto 2649 de 1993 artículo 4, sobre cualidades de la
información contable, artículo 15, sobre revelación plena,
artículo 123, sobre soportes y artículo 124 sobre
comprobantes de contabilidad;

3. Ley 190 de 1995, con relación a la obligación que tiene las
entidades sin ánimo de lucro de llevar Contabilidad acorde
con los principios generalmente aceptados;

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4. Ley 222 de 1995, artículo 23 sobre deberes de los
administradores, artículo 36 sobre Notas a los estados
financieros y normas de preparación, artículo 37 sobre
estados financieros certificados;

5. Estatuto tributario, artículo 366 sobre retención en la
fuente.

II. VIOLACIÓN A NORMA ESTATUTARIA

1. Artículo 17: “Reuniones. La Junta Directiva se reunirá
mensual y extraordinariamente cuando las circunstancias
lo exijan.

Revisados algunos archivos informales con que cuenta la
Corporación, no se encontró constancia de reuniones
mensuales de la Junta Directiva.

2. Artículo 19, numeral 6, Funciones de la Junta Directiva…
6) determinar las cuantías de operaciones para que se
puedan celebrar directamente y autorizarlos en cada caso
para llevarlos a cabo, cuando excedan dicha cuantía”.

No se encontró soporte de la autorización de la Junta
directiva para que la representante legal ordenará las
operaciones que superan la cuantía autorizada
estatutariamente.

3. Artículo 19, numeral 10. Funciones de la Junta Directiva…
numeral 10 Reglamentar todos los servicios que preste La
Corporación Social semillas de Paz”.

Ninguno de los servicios que presta la corporación está
debidamente reglamentado por la Junta Directiva

4. “Artículo 25. Funciones del Tesorero: Ejercer actividades
que le asigne la junta directiva para el desempeño de su
cargo.”

No se encuentra constancia de la existencia de funciones
para el tesorero, siendo obligación de la Junta Directiva,
asignárselas oportunamente.

5. Artículo 27: Funciones del Fiscal: Hacer el control efectivo
sobre todas las gestiones de la Corporación Social Semillas
de Paz por un (1) año.

Que dadas las conclusiones aportadas al expediente en el
informe Contable, así como en la posterior evaluación de
los descargos hechos por la Corporación, se encuentra que
no está claro el manejo de los recursos que por distintos
conceptos ingresan a la Corporación. Fundamentado en la

33

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Nulidad y restablecimiento del derecho

defensa del interés público y en la competencia que nos
confiere el artículo 9 del decreto 1529 de 1990, se
procederá a congelar transitoriamente los fondos a la
entidad, mientras se adelanta la investigación y se toma
una decisión.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar la personería jurídica a la
entidad denominada CORPORACIÓN SOCIAL SEMILLAS
DE PAZ, domiciliada en el Municipio de Envigado, inscrita en
la Cámara de Comercio del Aburra Sur, el 25 de mayo del
2000, bajo el número 00001442 del Libro I, de las Personas
Jurídicas sin Animo (sic) de Lucro, representada legalmente
por YOLANDA MARÍA VELÁSQUEZ OSORIO, identificada con
cédula de ciudadanía 42.881.586, o por quien legalmente
haga sus veces.

ARTÍCULO SEGUNDO: Para dar cumplimiento a lo ordenado
en el artículo primero de esta resolución, la entidad deberá
proceder a nombrar un liquidador, de no hacerlo, lo será el
último Representante Legal inscrito y a falta de éste el
Gobernador lo designará, de conformidad con el Artículo 18
del Decreto 1529 de 1990.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la entidad denominada CORPORACIÓN SOCIAL
SEMILLAS DE PAZ, a través de su Representante Legal señora
YOLANDA MARÍA VELÁSQUEZ OSORIO, identificada con
cédula de ciudadanía 42.881.586, o por quien legalmente
haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44
y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente
Resolución se remitirá a la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia, para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede
el recurso de reposición, el cual debe ser interpuesto ante el
Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación […]”.

• Oficio núm. 050749 37 identificado como CORREO

CERTIFICADO 08/08/2007 dirigido a la señora: YOLANDA

37
Folio 370 del Cuaderno 2.

34

Número único de radicación: 05001233100020070327601
Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

MARÍA VELÁZQUEZ OSORIO, representante legal, Corporación

Semillas de Paz, Diagonal 32D N° 32ª Sur 39 Tel. 3312792.

Envigado- Antioquia. En la que se lee lo siguiente:

“ASUNTO: Notificación de Resolución No 16583 del 06 de
agosto de 2007

Respetada Señora:

Sírvase presentarse a la Dirección de Asesoría Legal y de
Control, Secretaría General, Gobernación de Antioquia,
oficia 1011, piso 10; para notificarle el asunto de la
referencia, de no hacerlo se notificará por Edicto y se
continuará con el proceso”.

• Planilla núm. 34 de 10 de agosto de 200738, de la empresa

Servicios Postales Nacionales S.A., en la que se relaciona el envío

del oficio 50749 YOLANDA M. VELÁSQUEZ Envigado.

• Desprendible del soporte de mensajería POSTEXPRESS de

fecha: 7 de agosto de 2007, dirigido a: Yolanda Velásquez,

dirección: Diagonal 32D# 32Asur-39 Envigado. No tiene

diligenciado el espacio de quien recibe39.

• Edicto40 por medio del cual se cumple la notificación de la

Resolución 16583 de 6 de agosto de 2007, fijado el 17 de agosto

de 2007 a las 7:30 am y desfijado el 31 de agosto de 2007 a las

38
Folio 430 Cuaderno 2.
39
Folio 429 del Cuaderno 2.
40
Folios 371 del Cuaderno 2.

35

Número único de radicación: 05001233100020070327601
Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

5:30 pm. Fijado por 10 días, bajo la advertencia “Una vez

desfijado se entiende como realizada la actuación”.

En el expediente obran algunos documentos que si bien no hacen

parte del procedimiento administrativo, se relacionan con el trámite

en cuanto a las diferentes medidas, como compulsa de copias a la

fiscalía, requerimientos que surgen con ocasión del trámite.

• Memorial de 15 de agosto de 2007, dirigido por la accionante

a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia, Carlos Zuleta

Hincapié y Orlando Hernández Muñoz, bajo el asunto “Marginarse

de la Corporación Social Semillas de Paz y envío de oficio de

remisión de sus procesos a la Fiscalía”. Allí se lee:

“[…] Como es de su conocimiento y en vista de sus
actuaciones corruptas en contra de la Corporación Social
Semillas de Paz, ustedes están demandados penal y
disciplinariamente y por lo tanto eviten llamar a mi oficina,
pues es la Fiscalía 285 y 812 seccional de Antioquía quien
determinará las responsabilidades penales.

No soy yo quien necesita apoderar un abogado para ir a su
despacho, son ustedes dos quienes deben de apoderar un
buen abogado, pues sus conductas son iguales y peores que
la de cualquier delincuente común. Son ustedes los
hampones […]”.

• Memorial de 22 de agosto de 2007, dirigido por la accionante

al Director Técnico Jurídico de la Gobernación de Antioquía41, en el

cual señaló:

41
Folio 375 a 376 Cuaderno 2.

36

Número único de radicación: 05001233100020070327601
Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

“[…] En vista del abuso de autoridad de los señores Orlando
Hernández Muñoz y Carlos Zuleta, funcionarios de la
Gobernación de Antioquía y delegados por el Gobernador para
ejercer vigilancia y control a las organizaciones no
gubernamentales, específicamente en el caso de nuestra
organización Semillas de Paz, donde se presenta una
persecución en contra nuestra con el objetivo de dejar en la
impunidad delitos en contra de la vida e integridad física de
la población y delitos en contra de la Administración Pública
en el municipio de Envigado.

Específicamente le solicito a su despacho canalizar el
proceso en coordinación con la Fiscalía 285 seccional del
municipio de Envigado y cuyo fiscal es la Dra. Elsy Estella
Arroyave Marín y en la Fiscalía 812 Seccional Antioquía cuyos
procesos fueron instaurados por muestra Corporación, donde
pretendemos que se penalice a dichos funcionarios y también
se sancione disciplinariamente por el atropello al que hemos
sido sometidos.

Por las razones anteriormente expuestas, no
reconozco el proceso de ustedes, que está viciado, solo
me someto a las disposiciones tomadas en las fiscalías
mencionadas anteriormente.

RESPECTO A LA RESOLUCIÓN EMANADA DE SU
DESPACHO, DONDE NOS CONGELARON LA CUENTA
NÚM. 10052653638 a nombre de la Corporación Social
Semillas de Paz, es completamente ilegal, pues la orden
debe ser expresa de un juez o fiscal competente
después de agotado un proceso jurídico. […]

Solicito a su despacho copia de la Resolución 102 de 13 de
junio de 2007 y el Decreto o Ley que les confiere facultades
para realizar tal procedimiento, aclaro que no tenemos
recursos en esta cuenta, más nos mueve el deseo de
defendernos de ustedes por tales atropellos […]”.

• Oficio de 7 de septiembre de 2007, por medio del cual el

Director Jurídico de la Gobernación de Antioquia, respondió la

petición presentada por la accionante:

“[…] En atención al derecho de petición mediante el cual
solicita específicamente canalizar el proceso en coordinación
con las Fiscalías 285 Seccional del Municipio de Envigado y

37

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

Fiscalías 812 Seccional Antioquia y otros aspectos
relacionados, le manifiesto:

1. En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 120
de la Constitución política, el señor Presidente de la
República de Colombia, delego (sic) mediante Decreto
1529 de 1990, en el Gobernador de Antioquia […]
2. […]
3. No es discresional de la Corporación Social Semillas de
Paz, ni de sus directivas o miembros, escoger el juez
natural, entidad o funcionario que debe impulsar las
investigaciones que se surten para la cancelación de
la personería jurídica, así como tampoco, para
realizar la inspección y vigilancia de la entidad sin
animo (sic) de lucro de utilidad común que ahora
nos ocupa.
4. […]
5. En cuanto a la copia solicita de la Resolución N° 102 del
13 de junio de 2007, le informo que luego de realizar
una revisión exhaustiva al expediente de la
Corporación Social Semillas de Paz, no existe una
Resolución con dicho número, por eso la invito a que se
acerque a la dirección de asesoría legal y de control […]”.

• Memorial de fecha 12 de septiembre de 200742, por el cual la

accionante, requiere, a título de derecho de petición, lo siguiente:

“[…] 1. Vuelvo y solicito la resolución emitida por su
despacho donde ordenaron congelar nuestra cuenta de
ahorros de Bancolombia N° 105 2653638.

2. También le solicité me refiera legalmente las
facultades que ustedes tienen iguales a la de los fiscales
y jueces de la republica (sic) para congelar una cuenta
de ahorros […]”.

• En respuesta del derecho de petición43, el Director Técnico

Jurídico anexa “[…] 1. El acto administrativo por medio del cual se

42
Folio 382 de Cuaderno 2.
43
Folio 383 de Cuaderno 2.

38

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Nulidad y restablecimiento del derecho

congelaron los fondos de la Corporación Social Semillas de Paz

(Auto N° 02 de 13 de junio de 2007) […]”

Examinado el trámite administrativo surtido con ocasión de la

expedición del acto que es objeto de reproche, se tiene que la

violación que se invoca surge del presunto desconocimiento del

derecho al debido proceso y, además, por inobservancia de los

plazos de fenecimiento de la actuación en su favor, según lo alega

la parte actora.

Entonces, para avanzar en la resolución del asunto es preciso

considerar el trámite administrativo especial en el que se fundó la

gobernación de Antioquia para seguir el procedimiento en contra de

la Corporación Semillas, por petición que elevara el Secretario de

la Alcaldía de Envigado.

V.4 RÉGIMEN NORMATIVO

La autoridad administrativa adelantó el procedimiento con

fundamento en el siguiente decreto, que se transcribe en lo

pertinente para resolver los cargos de la apelación.

“[…] DECRETO 1529 DE 1990
(julio 12)
por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación
de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones
y fundaciones o instituciones de utilidad común, en los
departamentos.

39

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Nulidad y restablecimiento del derecho

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las
facultades que le confiere el numeral 3 del artículo 120 de la
Constitución Política,

DECRETA:

Artículo 1.- Aplicación. El reconocimiento y la cancelación de
personerías jurídicas de las asociaciones o corporaciones
y fundaciones o instituciones de utilidad común, que tengan su
domicilio principal en el departamento, y que por
competencia legal le correspondan a los Gobernadores, se
regirán por las disposiciones del presente Decreto.

[…]Artículo 7.- Cancelación de la personería jurídica. El
Gobernador del Departamento podrá cancelar, de oficio o
a petición de cualquier persona, la personería jurídica de las
asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones
de utilidad común, o la inscripción de sus dignatarios, incluyendo
la del representante legal, además de los casos previstos en la
ley, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus
estatutos, o sean contrarias al orden público, a las leyes
o a las buenas costumbres.

La solicitud de cancelación de la personería jurídica se dirigirá
al Gobernador acreditando la prueba de configuración de
la causal invocada y formulando los hechos y los
fundamentos legales. Con la firma de la solicitud se entenderá
que la queja se presentar bajo la gravedad del juramento.

Artículo 8.- Procedimiento. Una vez recibida la queja, el
Gobernador ordenará investigar si efectivamente la acusación es
cierta, disponiendo la práctica de las pruebas que considere
pertinentes. De toda la documentación que configura el
expediente, se dará traslado al representante legal de la
entidad poniéndolo a su disposición en la dependencia
respectiva de la Gobernación, para que dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes haga los descargos y solicite
pruebas, las cuales serán ordenadas por el Gobernador siempre
y cuando sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Parágrafo.- Cuando la cancelación sea de oficio, el Gobernador
no requerirá de queja sino que ordenará la respectiva
investigación siguiendo el procedimiento establecido en este
artículo.

Artículo 9.- Congelación de fondos. Si la actuación que se le
atribuye a la entidad es grave y afecta los intereses de la misma
o de terceros, el Gobernador podrá congelar transitoriamente los
fondos de ésta, mientras se adelanta la investigación y se toma
una decisión, excepto para ordenar los pagos de salarios y
prestaciones sociales y los gastos estrictamente necesarios para
el funcionamiento de la entidad, los cuales requieren previa
autorización del Gobernador.

40

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Nulidad y restablecimiento del derecho

Artículo 10.- Término de la investigación. La investigación
incluyendo descargos, práctica de pruebas y decisión, que
deba tomarse, se realizará en un término máximo de un
mes, contado a partir de la fecha en que se ordene la
investigación por parte del Gobernador.

Artículo 11.- Cancelación de la inscripción de dignatarios. La
cancelación de la inscripción de cualquiera de los dignatarios,
incluyendo la del representante legal, podrá decretarse
cuando se compruebe su responsabilidad en los hechos
objeto de la investigación.

Artículo 12.- Sustanciación, providencia y recurso. La
dependencia respectiva de la Gobernación estudiará y
sustanciará las solicitudes de reconocimiento y cancelación de
personerías jurídicas, las de reformas de los estatutos, así como
las de cancelación de inscripción de dignatarios, de las entidades
de que trata este Decreto.

Las decisiones que recaigan sobre estos asuntos, se adoptarán
mediante resolución motivada del Gobernador, contra la
cual procede el recurso de reposición.

Artículo 13.- Notificación. Expedida la resolución que
reconozca o cancele la personería jurídica, la de inscripción
de dignatarios o la de su cancelación, o la de reforma de
estatutos, se notificará al representante legal o a los
dignatarios de la entidad, según sea el caso, en los
términos contemplados en el Código Contencioso
Administrativo.

[…] Artículo 23.- Aplicación de otras disposiciones. Los
Gobernadores ejercerán la inspección y vigilancia sobre
las instituciones de utilidad común que tengan su
domicilio principal en el respectivo Departamento, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1318 de
1988 y 1093 de 1989 y demás normas que los modifiquen
y adicionen. Si dichas entidades tienen fines educativos,
científicos, tecnológicos, culturales, de recreación o deportes, se
dará aplicación al Decreto 525 de 1990 y demás normas que lo
modifiquen y adicionen, no solo en cuanto a la inspección y
vigilancia de éstas, sino también en lo relativo al reconocimiento
y cancelación de personería jurídica y demás aspectos tratados
en el mismo.

Artículo 24.- Inspección y vigilancia. Además de lo previsto en
los Decretos 1318 de 1988 y 1093 de 1989, para ejercer la
inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común,
el Gobernador podrá ordenar visitas a las dependencias de
la entidad y pedir la información y documentos que
considere necesarios. Así mismo podrá asistir, directamente
o a través de un delegado, a las sesiones que realicen las
Asambleas de dichas entidades, con domicilio principal en el
Departamento, en las cuales se elijan representantes legales o
demás dignatarios […]”.

41

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Nulidad y restablecimiento del derecho

V.5 CASO CONCRETO

Examinadas las disposiciones que sirvieron de fundamento a la

expedición del acto acusado, la Sala procede al análisis de las

censuras del recurso de apelación, para lo cual se permite

distinguirlas en dos acápites, así:

V.5.1 Violación al debido proceso

La parte actora insistió en el recurso de apelación que el trámite

seguido en contra de la Corporación que representaba estuvo

viciado por violación al debido proceso, consistente en la indebida

notificación de los actos que se dictaron en su contra. Se opuso a

la conclusión del Tribunal a quo en cuanto a que la notificación no

es un elemento de validez del acto sino de eficacia, lo que impide

su afectación por ilegalidad; y que no resulta coherente la decisión

del tribunal que concluyó que sí hubo una indebida notificación,

pero no accedió a la nulidad deprecada.

Para examinar la conclusión a la que arribó el Tribunal es

importante destacar que: i) el procedimiento se adelantó en

vigencia del Código Contencioso Administrativo, y ii) que la

alegación que predica la actora en el recurso de apelación deviene

de dos momentos diferentes: uno en la vinculación al proceso a

42

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Nulidad y restablecimiento del derecho

través de la formulación de cargos; y el otro, respecto del acto que

decidió el procedimiento administrativo, motivo por el cual la Sala

identificará la manera en cómo se notificaron tales decisiones y si

en alguna etapa se afectó por ilegalidad el acto acusado en el

trámite adelantado o si se aprecia un reproche de eficacia respecto

de la notificación que debió surtirse.

V.5.1.1 Violación al debido proceso respecto de la indebida
notificación del Auto 02 de 2007

Conviene en primer lugar aclarar que la violación predicable de la

indebida notificación del acto que formula cargos en una actuación

administrativa, por ser aquel que vincula al posible infractor al

proceso administrativo, puede afectar de nulidad el trámite y el acto

definitivo en los términos del artículo 84 del CCA, esto es, por

expedición irregular o con desconocimiento del derecho de

audiencia y defensa.

Por este motivo, la Sala examinará de manera independiente esta

alegación que la parte actora también predicó de la Resolución que

canceló la personería jurídica de la Corporación Semillas, y que el

Tribunal estudio bajo un mismo razonamiento, esto es, la eficacia

del acto definitivo.

De las pruebas enlistadas en anterior acápite, se aprecia que la

administración acudió a las formas que el legislador fijó para la

43

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Nulidad y restablecimiento del derecho

notificación de actos administrativos, ante la imposibilidad de que

la representante legal de la Corporación Semillas acudiera a

notificarse personalmente de tal decisión, previo agotamiento de

los mecanismos previstos con tal fin. Así se advierte:

Acto Auto 02 del 13 de junio de 200744 “POR MEDIO DEL CUAL
administrativo SE ABRE INVESTIGACIÓN, SE FORMULAN CARGOS Y SE
CONGELAN FONDOS A UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO”
Procedimiento Oficio N° 037632 45 identificado como CORREO
para proceder CERTIFICADO 14/06/2007 dirigido a la señora: Yolanda
a la María Velázquez Osorio, representante legal, Corporación
notificación Semillas de Paz, Diagonal 32D N° 32ª Sur 39 Medellín
personal (Envigado) Tel. 3312792.
Planilla núm. 20 de 15 junio de 2007 46 (folio 432), de la
empresa Servicios Postales Nacionales S.A., en la que se
relaciona el envío del oficio 37622(sic) YOLANDA M.
VELÁSQUEZ MEDELLIN.

Desprendible del soporte de mensajería POSTEXPRESS de
fecha: junio 15 de 2007, dirigido a: Yolanda Velásquez,
dirección: Diagonal 32D# 32Asur-39 Medellín. No tiene
diligenciado el espacio de quien recibe47.
Procedimiento Edicto48 por medio del cual se cumple la notificación del Auto
ante la núm. 02 de 13 de junio de 2007, fijado el 22 de junio de
imposibilidad 2007 a las 7:30 am y desfijado el 9 de julio de 2007 a las
de notificarse 5:30 pm. Fijado por 10 días, bajo la advertencia “Una vez
personalmente desfijado se entiende como realizada la actuación”.

De esta manera, se aprecia que la actuación que cumplió la

Gobernación de Antioquia para enterar del inicio de la actuación

administrativa a la representante legal de la Corporación Semillas,

estuvo precedida del agotamiento del procedimiento fijado en el

CCA, según remisión normativa del artículo 13 del Decreto 1529 de

1990, que prevé que ante la imposibilidad de notificar

44
Folios 308 a 339, inclusive del Cuaderno 2. Expedido por el Gobernador del Departamento de
Antioquía.
45
Folio 340 del Cuaderno 2.
46
Folio 432 Cuaderno 2.
47
Folio 431 del Cuaderno 2.
48
Folios 342 a 343 del Cuaderno 2.

44

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

personalmente el acto que da inicio a la actuación y aquel que la

finaliza, se debe acudir a la notificación por edicto. Las normas en

comento señalan:

“[…] ARTÍCULO 44. DEBER Y FORMA DE NOTIFICACION
PERSONAL. Las demás decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al
interesado, o a su representante o apoderado.

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación
personal podrá hacerse de la misma manera.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para
hacer la notificación personal SE LE ENVIARÁ por correo
certificado UNA CITACIÓN a la dirección que aquél haya
anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la
nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal
propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al
expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto.

[…] Al hacer la notificación personal se entregará al notificado
copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es
escrita.

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas
en la parte primera de este Código.

ARTICULO 45. NOTIFICACION POR EDICTO. Si no se
pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5)
días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público
del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con
inserción de la parte resolutiva de la providencia. […]”.

De las anteriores normas se tiene que en las actuaciones

administrativas regidas por el CCA, la notificación preferente es la

personal, lo cual de ningún modo implica que ante la imposibilidad

de realizarse la administración esté vedada para destrabar la

situación y acudir una vez agotados los medios previstos para el

efecto, a realizarla mediante edicto.

45

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Nulidad y restablecimiento del derecho

En este caso, la actuación administrativa que desarrolló la

Gobernación de Antioquia para notificar a la representante legal de

la Corporación Semillas del contenido del Auto 02 de 2007,

observó el procedimiento previsto por la ley, que permitió dar por

cumplido dicho acto procesal, con garantía de los principios de

publicidad y la garantía de los derechos de defensa, contradicción

y el debido proceso, independiente que la vinculada al trámite no

haya acudido a presentar sus descargos.

Se aprecia por la Sala y no fue desvirtuado por la parte actora, la

manifestación que se registró frente a que la representante legal

expresó su deseo de no acudir al llamado con el ánimo de enterarla

de la decisión adoptada, pese a las llamadas telefónicas49 que en

un primer momento se le hicieron, y que al manifestar su renuencia

de presentarse en las oficinas de la Gobernación de Antioquia, se

le envió la citación por correo certificado del oficio emitido por la

autoridad administrativa, a través del cual le comunicaba de la

necesidad de presentarse para adelantar dicha diligencia.

De este modo, la alegación de la parte actora no tiene respaldo en

la actuación acreditada en el expediente. Tampoco puede

desconocerse que con anticipación a la expedición del Auto 02 de

49
Según la consulta en el expediente se registraron 2 llamadas una atendida por una persona que
se identificó como Martha Restrepo y la otra atendida, según registro, por la actora sin que hubiese
reprochado ni desvirtuado lo allí anotado.

46

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2007, por el cual se le formularon cargos a la Corporación que

representaba la actora, la señora Velásquez, tuvo la oportunidad de

participar en las diligencias previas realizadas por los funcionarios

que fueron comisionados por la Gobernación de Antioquia para

rendir la auditoria administrativa y contable, y lo hizo a través de

los memoriales de 25 y 26 de abril de 2007, que se identificaron

atrás, requerimientos para los cuales se le contactó a la misma

dirección a la que se remitió el correo certificado.

De allí que no se encuentra explicación a la manifestación del a quo

frente a que la notificación fue indebida, cuyo razonamiento carece

de explicación que la soporte.

Así pues, para la Sala no es de recibo que la notificación por edicto

realizada para enterar a la representante legal de la Corporación

Semillas del Auto 02 de 2007, esté afectada de vicio de ilegalidad,

pues se cumplieron los requisitos previstos por la norma, cuyo

propósito era que conociera de las conductas atribuidas en el pliego

de cargos, como posibles causales que podían llevar a la

cancelación de la personería jurídica de la referida Corporación y en

el término conferido presentara sus descargos y/o solicitara la

práctica de pruebas.

47

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Entonces, aunque la demandante cuestiona que la administración

solo “intentó” notificarla, lo demostrado es que la actuación se

surtió bajo las formas que autorizó el legislador, esto es, que luego

de haberla citado para que acudiera a notificarse personalmente,

sin haber logrado su presencia se procedió a fijar el edicto por el

término dispuesto por la ley (10 días), y transcurrido ese tiempo,

la administración dio por notificado el acto procesal allí identificado.

En estas condiciones, cabe señalar que la garantía del derecho a la

defensa que reclama la parte actora se complementa con la

habilitación conferida a la autoridad administrativa para que las

actuaciones que adelanta no queden suspendidas en el tiempo

cuando es imposible notificar personalmente al interesado, pues

ante tales evento dotó a la administración de herramientas para

salvaguardar los principios a la seguridad jurídica, celeridad y

economía, como garantes de la actividad a su cargo, y estableció

la notificación por edicto como un recurso frente al administrado

cuando éste no acude o no quiere darse por notificado de la decisión

que se le quiere enterar.

Comoquiera que en el caso bajo examen se aprecia que ante la

imposibilidad de que la interesada acudiera por su cuenta a

notificarse personalmente, se procedió a fijar el edicto que

autorizaba a la administración a tener por notificada dicha

48

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Nulidad y restablecimiento del derecho

actuación y continuar con el trámite fijado, sin que se hubiese

probado para invalidarla: i) que la citación a notificarse se remitió

a una dirección que no era la que le correspondía, ii) que el edicto

se fijó sin haber intentado la notificación personal y iii) que el edicto

no permaneció fijado por el tiempo previsto por el legislador.

De manera que para la administración bastaba que agotara el

procedimiento de remisión de la citación mediante el envío de ésta

a la parte actora por correo certificado, siendo carga de quien

plantea el cargo de violación, demostrar la ilegalidad y su

imposibilidad de generar efectos en los términos del artículo 4850

del CCA, circunstancia que, se insiste, no se acreditó.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección51 señaló:

“[…] Al tenor de lo dispuesto en las normas del Código Contencioso
Administrativo - C.C.A. todos los actos de contenido particular
en una actuación administrativa se deben notificar a los
interesados en la forma y oportunidad allí establecida. Las
notificaciones son de varios tipos, lo anterior depende de la
naturaleza de la decisión, que es precisamente la que debe darse
a conocer al interesado. En términos generales si el administrado
ha promovido o participado de alguna manera en la
actuación surtida, la Administración debe citarlo para que
proceda a notificarse personalmente. CUANDO EN ESTE
CASO EL LLAMADO OFICIAL NO ES ATENDIDO, LA
DECISIÓN SERÁ NOTIFICADA POR EDICTO, trámite
subsidiario que opera al cabo de cinco días del envío de la citación
correspondiente (artículo 45 del C.C.A.). Esta clase de

50
“[…] Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se
tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos
legales[…]”
51
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 30 de
octubre de 2014. Radicación número: 25000-23-24-000-2007-00114-0. Actor: Johnny Peter
Heshusius Logreira - Hilda Gladys Adriana Pinzón López. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

49

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Nulidad y restablecimiento del derecho

interesados están protegidos por la notificación personal
que produce, entre otras cosas, la certeza de enterarlos de
la providencia. En relación con la efectiva prueba de la
notificación, esto es, LA CONSTANCIA DE ENVÍO de la
comunicación, es claro que se trata del documento que arroja
certeza del procedimiento mismo y del cual se desprende el
verdadero conocimiento de la actuación. En efecto, el artículo
44 del C.C.A. es claro en establecer que las decisiones se
notificarán personalmente al interesado, para lo cual, si no hay
otro medio más eficaz para citarlo a fin de efectuar tal notificación,
SE LE ENVIARÁ por correo certificado esa citación dentro de los
5 días siguientes a la expedición del acto, debiéndose anexar al
expediente la constancia del envío […]”.

Entonces, en lo que respecta al reproche de la apelante frente a la

violación de su derecho al debido proceso y al derecho de defensar

a fin de cuestionar el Auto 02 de 2007, se tiene que la reiteración

de su reproche no tiene vocación de prosperidad, pero por los

motivos aquí expuestos.

V.5.1.2 Violación al debido proceso respecto de la
Resolución 16583 de 2007

En lo que respecta a esta censura la apelante insiste en que también

se violó el debido proceso, por indebida notificación del acto que

ordenó la cancelación de la personería jurídica de la

Corporación Semillas, bajo el entendido que no fue enterada

tampoco de esta decisión, esta sí, de carácter definitivo.

Sobre el reproche reclamado, es necesario resaltar que, en

seguimiento de la decisión adoptada en el acápite anterior, no se

probó que la vinculación al proceso administrativo estuviese viciada

50

Número único de radicación: 05001233100020070327601
Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

de nulidad, lo que deviene que la acusación contra la Resolución

16583 de 2007 debió cuestionarse con fundamento en las

causales de nulidad previstas en el artículo 84 del CCA, en tanto

como lo concluyó el Tribunal a quo, la indebida notificación no

afecta la validez sino la eficacia de los actos definitivos, condición

que recae en la resolución en cita.

De esta manera, debe precisarse que los presupuestos de validez

del acto administrativo son aquellos que permiten identificar que

la decisión de la administración nació a la vida jurídica, y que de

contera por este hecho están investidos de la presunción de

legalidad.

Así, se considera que el mismo ha sido expedido en cumplimiento

de las condiciones o elementos esenciales que lo identifican y que

se refieren a: i) órgano competente, ii) objeto, causa, motivo y

finalidad, y iii) procedimiento de expedición, elementos de

formación que son los sometidos a control judicial52.

52
Sobre el particular la Sección Primera ha dicho: “[…] Al respecto, lo primero que debe observar la
Sala es que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente, pacífica y reiterada en
afirmar que es necesario diferenciar los requisitos de validez de los presupuestos de eficacia de
los actos administrativos52 . Así, cuando se incumplen los primeros (falta de competencia,
falsa motivación, desviación de poder, etc.) el instrumento procesal puesto a disposición
de la ciudadanía para controlar la voluntad unilateral de la Administración que produce
efectos jurídicos es la nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho […]”.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Sentencia del 12 de julio
de 2018. Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00073-00 Actor: Ingrid Soraya Ortiz Baquero
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima. C.P. Oswaldo Giraldo López.

51

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

Mientras que los elementos de eficacia del acto administrativo se

definen como aquellas actuaciones indispensables que la

administración debe adelantar para que el acto existente 53 y válido

provoque frente a los destinatarios, los efectos jurídicos que tiene

dispuestos.

Entonces, la notificación del acto acusado no tiene la entidad de

invalidar la legalidad del acto cuestionado, sino su eficacia, tal como

se vio. Esta conclusión representa para esta Sala un motivo

suficiente para confirmar el fallo cuestionado.

No obstante, para examinar la certeza de la afirmación del fallo de

primera instancia, respecto de la indebida notificación se tiene que

la actuación administrativa que finalizó con dicha Resolución,

también se notificó por edicto, en tanto la representante legal no

acudió a notificarse personalmente luego de haber sido enviada la

citación por correo certificado.

En efecto, según el propósito de identificar el procedimiento de

notificación adelantado, se tiene que esta actuación se cumplió por

edicto, tal como se constata en el siguiente cuadro:

53
“[…] La existencia del acto administrativo coincide con su nacimiento a la vida jurídica, en otro
entendido, se presenta cuando la voluntad de la administración está integrada de los elementos
necesarios que permiten considerar que ha proferido una decisión con efectos jurídicos […]”. Consejo
de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera. Sentencia de 26 de septiembre
de 2019. Radicación número: 05001-23-31-000-2008-01225-01. Actor: Cooperativa Norteña De
Transportadores Ltda - COONORTE LTDA. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

52

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

Acto Resolución núm. 16583 de 06 de agosto de 200754 “POR
administrativo MEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNA PERSONERÍA
JURÍDICA”, expedida por el Gobernador de Antioquia
Procedimiento Oficio N° 050749 55 identificado como CORREO
para citar a la CERTIFICADO 08/08/2007 dirigido a la señora: Yolanda
notificación María Velázquez Osorio, representante legal, Corporación
personal Semillas de Paz, Diagonal 32D N° 32ª Sur 39 Tel. 3312792.
Envigado - Antioquia.

Planilla núm. 34 de 10 de agosto de 200756, de la empresa
Servicios Postales Nacionales S.A., en la que se relaciona el
envío del oficio 50749 YOLANDA M. VELÁSQUEZ envigado.

Desprendible del soporte de mensajería POSTEXPRESS de
fecha: 7 de agosto de 2007, dirigido a: Yolanda Velásquez,
dirección: Diagonal 32D# 32Asur-39 Envigado. No tiene
diligenciado el espacio de quien recibe57.
Procedimiento Edicto58 por medio del cual se cumple la notificación de la
ante la Resolución 16583 de 6 de agosto de 2007, fijado el 17 de
imposibilidad agosto de 2007 a las 7:30 am y desfijado el 31 de agosto
de notificarse de 2007 a las 5:30 pm. Fijado por 10 días, bajo la advertencia
personalmente “Una vez desfijado se entiende como realizada la
actuación”.

Todo lo anterior es suficiente para que la Sala determine que le

asistió razón al fallador de primera instancia, frente a que el

reproche no vicia de nulidad el acto acusado, en tanto que su

cuestionamiento por este motivo afectaría la eficacia de las ordenes

allí dadas, no así el procedimiento y la validez de la decisión

controlada.

Ello, no obsta para señalar que concomitante con la expedición de

la actuación administrativa y sin acudir a controvertir de fondo las

razones que llevaron a la Gobernación de Antioquia a cancelar la

personería jurídica de la Corporación, la representante legal inició

54
Folios 343 a 369, vuelto, inclusive, del Cuaderno 2.
55
Folio 370 del Cuaderno 2.
56
Folio 430 Cuaderno 2.
57
Folio 429 del Cuaderno 2.
58
Folios 371 del Cuaderno 2.

53

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

actuaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios que

intervinieron en el procedimiento administrativo, lo que identifica

que prefirió otras vías para cuestionar la investigación adelantada,

cuando lo procedente era que hubiese acudido a ésta a efectos de

debatir los hallazgos que soportaron la formulación de cargos,

máxime que como quedó probado no se encontraron falencias en

las notificaciones controvertidas.

Por lo expuesto se confirmará la sentencia, pero por las razones

aquí expuestas.

V.4.2 Violación de la norma superior

Respecto de los argumentos atrás examinados, se tiene que la

recurrente insistió en que el acto cuestionado es nulo por

incumplimiento del plazo que prevé el artículo 10°59 del Decreto

1529 de 1990.

Analizado el término que delimita la referida norma, se aprecia que

es cierto que la autoridad fijó en un mes el plazo para adelantar la

investigación, pero determinó que esta incluiría: i) descargos, ii)

59 “[…] Término de la investigación. La investigación incluyendo descargos, práctica de pruebas

y decisión, que deba tomarse, se realizará en un término máximo de un mes, contado a
partir de la fecha en que se ordene la investigación por parte del Gobernador […]”

54

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Nulidad y restablecimiento del derecho

práctica de pruebas y iii) decisión, sin abarcar la notificación de ésta

ni el acto de formulación de cargos y su notificación.

Así las cosas, atendiendo a las pruebas que se encuentran en el

plenario, se tiene que fue el 13 de junio de 2007 que se expidió el

acto que formuló cargos y que su notificación ocurrió el 9 de julio

2007, al desfijarse el edicto que lo notificaba, lo que permite

entender que el plazo para presentar descargos venció el 16 de

julio de 2007; y comoquiera que la actuación administrativa se

definió el 6 de agosto de 2007, cuando se expidió el acto

definitivo, puede considerarse que dicho plazo no se excedió.

En todo caso, en el evento de haberse superado tal plazo, lo

relevante es que la norma superior no estableció una consecuencia

por su inobservancia, lo que impediría que el juez declara su

ilegalidad por pérdida de competencia para decidir el asunto, que

es en últimas lo pretendido por la actora con el objeto de dejar

inane la decisión que afectó a la Corporación que representaba.

De este modo, para la Sala la decisión que sobre el particular

adoptó el juez de primera instancia debe confirmarse, pero por lo

aquí expresado.

En este orden de ideas, y comoquiera que la Sala no halló probados

55

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

los reproches planteados en el recurso de apelación, se impone

confirmar la sentencia, previa modificación de la misma para

declarar la decisión inhibitoria anunciada frente al Auto 02 de 2007.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativa, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia de 24 de enero de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido

de INHIBIRSE de decidir sobre examen de legalidad contra el Auto

02 de 13 de junio de 2007, “POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE

INVESTIGACIÓN, SE FORMULAN CARGOS Y SE CONGELAN

FONDOS A UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO”, de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 24 de enero

de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de

origen.

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Actora: Yolanda María Velásquez Osorio
Nulidad y restablecimiento del derecho

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Aclara voto Salva voto

CAMILO CALDERÓN RIVERA
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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