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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2008-00258-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2008-00258-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada absoluta respecto de los artículos 45, 256, 275 a 279 del Acuerdo nro. 13 de 6 de septiembre de 2006, en consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia de 21 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y confirmada mediante sentencia de 22 de marzo de 2018 dictada por la Sección Quinta de esta Corporación, en el expediente con radicación nro. 05001-23- 31-000-2008-00254-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2008-00258-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad
Radicación: 05001-23-31-000-2008-00258-01
Demandante: José Vicente Blanco Restrepo
Demandado: Municipio de La Ceja del Tambo
Tema: Procede declarar de oficio la excepción de cosa juzgada
absoluta cuando se demandan disposiciones que ya
fueron anuladas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia de 4 de abril de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

El señor José Vicente Blanco Restrepo, en ejercicio de la acción de nulidad
prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante
CCA), promovió demanda contra los artículos 45, 256, 275 a 279 del Acuerdo
nro. 13 de 6 de septiembre de 2006 emitido por el Concejo municipal de La
Ceja del Tambo; para el efecto, presentó las siguientes pretensiones:

«Que se declare la nulidad parcial del artículo 256 del Acuerdo 13 de 2006
por medio del cual el Concejo municipal de La Ceja, Antioquia, definió la
longitud del retiro a fuentes de agua, por haber incurrido en vicios de forma
en su formación, por ser violatorio de las normas superiores en que debía
fundarse y por haberse expedido con desviación de poder. La parte
demandada es la que aparece subrayada a continuación:

Radicación: 05001-23-31-000-2008-00258-01
Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

Artículo 256. Retiros obligatorios:

[…]

RURALES

100.00m. a los ríos Miel, Buey, Piedras, Pantanillo y Pereira (aguas abajo
del perímetro urbano)

50.00m. a las demás fuentes. Si el cauce de la fuente supera en 3 veces
más la profundidad de la misma, el retiro será de 30.00m.

NACIMIENTOS

100.00m. de radio desde el nacimiento.
Si al tomar centro en el nacimiento principal se abarcan otros nacimientos
en un radio de 80m., estos estarán amparados por el principal, de lo
contrario cumplirán el retiro de 100m.

En cualquier caso el retiro se calculará de acuerdo con la cartilla
suministrada para el efecto por CORNARE, pero en ningún caso el retiro
podrá ser inferior al descrito anteriormente. En las zonas Urbana y
de Expansión Urbana estos retiros constituyen la conformación de
los parques lineales.

[…]

Igualmente solicito que se declare la nulidad de los textos subrayados y en
negrilla de los artículos 45, 275, 276, 277, 278 y 279 del mismo Acuerdo
13 de 2006 en cuanto se hace referencia a los retiros de las fuentes de
agua, por esta afectados también de los mismos vicios que la regulación
contenida en el artículo 256 del Acuerdo 13 de 2006. La parte pertinente
de los artículos citados es la siguiente:

Artículo 45. Parcelación

4.1. La Zona Suburbana 2301 Pakita – Toledo tendrá el siguiente
perímetro:

Desde el límite de la expansión urbana con el eje de la vía a Rionegro
(margen oriental), siguiendo en la dirección Sur-este en una distancia de
200 metros, desde allí continuando con el mismo retiro paralelamente a la
vía, hasta encontrar el predio 2-1-5-233, por este continuando por los
linderos de los predios 2-1-5-034, 2-1-5-356 y 2-1-5-355 hasta la
proyección en línea recta hasta la intersección con el eje de la vía
carreteable, siguiendo por este en dirección Sur-este hasta la intersección

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Radicación: 05001-23-31-000-2008-00258-01
Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

con la prolongación en línea recta del lindero sur del predio 2-1-5-319,
siguiendo por este en dirección Este, pasando por el predio 2-1-5-020
bordeándolo para seguir en dirección Nor-oeste por los predios 2-1-5-222,
2-1-5-192, 2-1-5-024, 2-1-5-200, 2-1-5-178, 2-1-029, 2-1-5-344 y 2-1-
5-031 hasta la intersección con el eje de la vía que conduce al Municipio de
Rionegro, por esta en dirección Nor-este hasta la intersección con el límite
municipal, por este hasta encontrar el retiro de 50 metros al río Pereira.
[…]

Artículo 275. Normas Específicas para el Suelo Suburbano Residencial
Vivienda

[…]

8. Retiro de construcciones a fuentes de agua: 50 metros desde la
llanura de inundación.

[…]

Artículo 276. Normas Específicas para el Suelo Suburbano de Turismo y
servicios:

[…]

7. Retiro de construcciones a fuentes de agua: 50 metros a partir de la
llanura de inundación. Será indicada por las autoridades ambientales del
Municipio.

[…]

Artículo 277. Normas Específicas para el Suelo Suburbano Industrial
1.- CORREDORES INDUSTRIALES

[…]

Retiro de construcciones a fuentes de agua: 50 metros desde la llanura
de la inundación

[…]

2.- CORREDOR DE PEQUEÑA INDUSTRIA (depósitos, talleres y bodegas):

[…]

Retiro de construcciones a fuentes de agua: 50 metros desde la llanura
de la inundación

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Radicación: 05001-23-31-000-2008-00258-01
Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

[…]

Artículo 278. Normas Específicas para el Suelo Suburbano de Parcelación
(o condominio)

[…]

8. Retiro de construcciones a fuentes de agua: 50 metros desde la
llanura de inundación.

[…]

Artículo 279. Normas Específicas para la Zona Rural No Suburbana:

[…]

7. Retiro de construcciones a fuentes de agua: La indicada por la
cartilla de retiros a fuentes de agua de CORNARE, pero nunca menor
a 50 metros a partir de la llanura de inundación. Será indicada por
las autoridades ambientales del Municipio. […]».

I.1.2. Hechos

El demandante señaló que el Concejo municipal de La Ceja del Tambo expidió
el Acuerdo 013 de 2006, «Por medio del cual se revisa y ajusta el Acuerdo 031
de 2000, Plan Básico de Ordenamiento Territorial»; la norma en su artículo
256 definió los retiros a fuentes de agua1.

Refirió que el artículo 361 del Acuerdo 031 de 2000 había fijado las zonas de
retiro a fuentes de agua de la siguiente manera:

«1. RETIROS:

1
«RURALES

100.00m. a los ríos Miel, Buey, Piedras, Pantanillo y Pereira (aguas abajo del perímetro urbano)

50.00m. a las demás fuentes. Si el cauce de la fuente supera en 3 veces más la profundidad de la misma, el retiro
será de 30.00m.

NACIMIENTOS
100.00m. de radio desde el nacimiento.
Si al tomar centro en el nacimiento principal se abarcan otros nacimientos en un radio de 80m., estos estarán
amparados por el principal, de lo contrario cumplirán el retiro de 100m.

En cualquier caso el retiro se calculará de acuerdo con la cartilla suministrada para el efecto por CORNARE, pero en
ningún caso el retiro podrá ser inferior al descrito anteriormente. En las zonas Urbana y de Expansión
Urbana estos retiros constituyen la conformación de los parques lineales».

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Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

La franja de retiro de toda fuente de agua tendrá un ancho de 30 metros a
lado y lado, que es lo que indica la legislación ambiental vigente. […]».

Sostuvo que entre una y otra regulación existía una diferencia, pues los retiros
contemplados en el Acuerdo 031 de 200 eran de 30 metros, mientras los
retiros del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial fueron
incrementados a 100 y 50 metros.

Manifestó que la Corporación Autónoma Regional Rionegro – Nare CORNARE
(en adelante CORNARE) realizó el estudio denominado «Elementos
ambientales para tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes
hídricas y nacimientos de agua en el Suroriente antioqueño», y que en éste se
concluía que «lo razonable es que las zonas de retiro se fijen en función de las
características de la respectiva fuente de agua, fijando una regla contraria a
la definida por el Municipio, en donde se determinó la zona de retiro en un
área fija sin importar las características particulares del nacimiento o del río o
quebrada (100 metros en cualquier tipo de nacimiento independientemente de
sus características, 100 o 50 metros en ríos o quebradas sin tener en cuenta
sus características particulares ni mucho menos los factores reales de riesgo)».

Precisó que, el 9 de febrero de 2006, la División Jurídica de CORNARE expidió
el auto nro. 112, en el que se consideró lo siguiente:

«5. Que del seguimiento adelantado a los POT de los municipios del área
comprendida por el Valle de San Nicolás, se ha establecido

“d. Por último se ha evidenciado que algunos municipios han emitido actos
administrativos que modifican parcialmente el plan de ordenamiento
territorial en aspectos con incidencia ambiental, modificación que debió ser
sometida a consideración ante la Corporación para efectos de evaluación,
aval y concertación, de lo contrario se podría pregonar un vicio en el acto
expedido por el ente territorial, razón por la cual, se hace indispensable
exigir a los municipios agotar la fase de dicha concertación con la autoridad
ambiental cuando se pretende establecer dichas modificaciones; por el
momento, se procederá a evaluar aquellas determinaciones que impliquen
una modificación al POT en lo ambiental, a fin de valorar si su incidencia es
positiva en cuanto a las exigencias ambientales».

En vista de lo anterior, se dispuso en el mencionado auto lo siguiente:

«Artículo 1. REQUERIR al Municipio de La Ceja, por intermedio del doctor
[…] en calidad de representante legal, para que acate las siguientes
exigencias relacionadas con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
Municipio:

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Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

“2. Presentar a consideración previa de la autoridad ambiental cualquier
modificación al PBOT en aquellos aspectos ambientales».

Afirmó que la anterior exigencia era acorde al artículo 24 de la Ley 388 de
1997, en el que se establecía que antes de la presentación del plan de
ordenamiento territorial a consideración del concejo era necesario que se
surtieran los procedimientos de concertación con las diferentes autoridades,
en especial con la Corporación Autónoma Regional competente para la
aprobación de los asuntos ambientales.

Sostuvo que el municipio puso a consideración de CORNARE las modificaciones
ambientales que proyectaba introducir en la revisión al plan básico de
ordenamiento territorial; sin embargo, no hizo referencia a la regulación de los
retiros a fuentes de agua, lo que privó a la autoridad ambiental de
pronunciarse sobre la razonabilidad o no de las determinaciones demandadas.

I.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante acusó como infringidos los artículos 29 de la Constitución
Política, el artículo 84 del CCA, los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1993 y
el artículo 7º del Decreto 4002 de 2004; lo anterior con sustento en que en
los planes de ordenamiento territorial el componente ambiental era
fundamental, al igual que el respeto por los mecanismos de concertación con
las demás autoridades y con la comunidad en general, los que se encontraban
previstos en la Ley 388 de 1997 (artículos 24 y 25), motivo por el cual la ley
exigió de manera expresa que dichos trámites debían realizarse previamente
a la presentación por parte del alcalde al concejo municipal del proyecto a
través del cual se expedía o se reformaba el plan de ordenamiento territorial.

Explicó que, para el caso concreto, la modificación introducida con relación a
los retiros a las fuentes de agua prevista en la norma demandada violaba las
normas invocadas en tanto el alcalde no puso a consideración de la autoridad
ambiental los cambios que proyectaba introducir en esa materia; lo anterior
se desprendía, a juicio del demandante, de la lectura de la «Matriz control de
cambios Acuerdo 031 de 2000» que fue presentada por el municipio y en el
cual se debían señalar los cambios propuestos.

Adujo que en ese documento no se hizo referencia alguna a la modificación de
tal aspecto ambiental, el relacionado con los retiros a fuentes de agua, lo que
privó a la autoridad ambiental de la oportunidad para pronunciarse al respecto,
con lo que se violó el mandato legal según el cual todos los aspectos
ambientales debían concertarse con la autoridad ambiental.

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Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

Aunado a lo anterior, indicó que la etapa de concertación no se produjo con
anterioridad a la presentación del proyecto de revisión al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial presentado por el alcalde al concejo, vicio que
afectaba el acuerdo.

Explicó también que la facultad que en materia ambiental se les otorgaba a
los municipios, y que se había denominado rigor subsidiario (artículo 63 de la
Ley 99 de 1993), no podía ser ejercida de manera arbitraria, sino acudiendo a
criterios técnicos que justificaran la necesidad de esa medida de mayor
rigurosidad. Insistió en que la misma norma exigía que el rigor subsidiario se
justificara en las características de las circunstancias locales, motivo por el
cual se concluía que debían existir razones técnicas que justifiquen esa mayor
rigurosidad.

Por lo anterior, a su juicio, también se vulneraba el artículo 36 del CCA, por
afectación al principio de proporcionalidad, pues las zonas de retiro definidas
no guardaban relación con la necesidad de protección de las fuentes de agua
y, al contrario, terminaban sacrificando sin justificación los derechos de los
propietarios de los bienes rurales en los cuales se encontraban las fuentes de
agua.

I.2. La contestación de la demanda

I.2.1. El Municipio de La Ceja del Tambo, a través de apoderado judicial,
presentó contestación de la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones, con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que, conforme al artículo 313 de la Constitución Política, los concejos
tenían la función de reglamentar los usos del suelo y vigilar y controlar las
actividades relacionadas con la construcción. Lo anterior implicaba que cada
municipio fijaba de manera autónoma lo concerniente a las áreas del suelo que
tenían el carácter de medio ambiente y espacio público.

Con base en lo anterior, sostuvo que el concejo municipal expidió el Acuerdo
nro. 031 de 2000, en el cual se habían fijado zonas de retiro a fuentes de agua,
y el Acuerdo nro. 013 de 2006, por medio del cual se revisó y ajustó el Acuerdo
nro. 031, sin vicios de trámite ni violación a las normas superiores.

Precisó que el concejo municipal actúo de manera legal en el Acuerdo nro. 013
de 2006 en la medida en que revisó los retiros de las fuentes de agua, lo que

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Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

le permitió ampliarlos para el cuidado del medio ambiente; lo anterior
buscando el beneficio ambiental.

Afirmó que se cumplieron todos los trámites de ley para la expedición del
acuerdo demandado, en tanto se puso en consideración de CORNARE las
modificaciones ambientales para concertar el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, a lo que CORNARE hizo observaciones; como también se adoptaron
recomendaciones de CORNARE por parte del concejo en el Acuerdo 013 para
retiro de construcciones de fuentes de aguas, como quedó consignado en el
artículo 279 numeral 7º.

En consecuencia, sostuvo que las recomendaciones de CORNARE sí fueron
acatadas como soporte técnico de directrices ambientales en lo referente a las
zonas de retiro de corrientes hídricas y nacimientos de agua; empero, eran
normas más rigurosas.

I.2.2. CORNARE, a través de apoderado judicial, contestó la demanda en
defensa del acto impugnado; en ese sentido inició por afirmar que, a partir de
la sentencia C-431 de 2000, estaba claro que ningún acuerdo contentivo del
Plan de Ordenamiento Territorial o de sus modificaciones podía tramitarse si
previamente no se había concertado con la autoridad ambiental.

Explicó que, en el caso concreto, la entidad territorial demandada atendió los
preceptos de la ley y, en consecuencia, sometió a concertación el proyecto de
acuerdo modificatorio del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y, tras las
discusiones de rigor, el 4 de septiembre de 2008 se firmó el Protocolo de
concertación de modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
Municipio de La Ceja del Tambo.

En virtud de lo anterior, añadió que el director de CORNARE, el 14 de
septiembre de 2008, expidió la Resolución nro. 112 4966, «Por la cual se
declara concertado las modificaciones al Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de La Ceja».

Sostuvo que el demandante acusaba que existía una contradicción por el hecho
de que el municipio exigió unos retiros mayores de los requeridos por
CORNARE, pero resultaba que al obrar así el concejo ejerció la potestad que
se conoce como rigor subsidiario, prevista en el artículo 63 de la Ley 99 de
1993.

Por lo anterior, sostuvo que el concejo municipal podía tomar en consideración
que la protección de las fuentes hídricas ameritaba una exigencia mayor que

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la impuesta por la autoridad ambiental o bien que era imperativo asegurar un
retiro mayor por razones paisajísticas, para la adecuación posterior de las
rondas o parques lineales a lo largo de ríos o quebradas.

I.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 4 de abril de
2013, resolvió declarar la nulidad de los artículos 45, 256, 275, 276, 277, 278
y 270 del Acuerdo nro. 013 de 2006 en lo que hacía referencia a los retiros de
las fuentes de agua; para el efecto consideró lo siguiente:

Inició por señalar que, si bien ese Tribunal, en sentencia de 21 de marzo de
2012 dictada en el proceso 2008-00254-01, declaró la nulidad íntegra del
acuerdo que se demandaba en esta oportunidad, se tenía que no podía
declararse la cosa juzgada, comoquiera que la sentencia de primera instancia
había sido apelada por el municipio y se encontraba pendiente la resolución
del recurso por parte del Consejo de Estado, por lo que no habiendo una
decisión en firme no había cosa juzgada.

Precisado lo anterior sostuvo que, en la sentencia de 21 de marzo de 2012,
quedó claro que el proyecto de plan de ordenamiento territorial, como
documento consolidado después de surtir la etapa de la participación
democrática y de la concertación interinstitucional de que trataba el artículo
24 de la Ley 388 de 1997, debía ser presentado por el alcalde a consideración
del concejo, dentro de los 30 días siguientes al recibo del concepto del Consejo
Territorial de Planeación.

En ese sentido, examinado el presente asunto, señaló que el acuerdo
demandado fue expedido con anterioridad a la resolución que finalizó el
proceso de concertación interinstitucional, por lo que resultaba evidente la
violación al trámite establecido en la ley.

Explicó que, si bien la autoridad ambiental tuvo conocimiento del acuerdo, no
bastaba solo ponerlo en su conocimiento, sino que se surtieran los trámites de
concertación interinstitucional y consulta ciudadana, de conformidad con el
procedimiento indicado en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997.

Anotó que la Resolución nro. 12 4966 fue expedida el 14 de septiembre de
2006, mientras que el acuerdo demandado fue aprobado el 6 de septiembre
de 2006, por lo que era evidente que la concertación finalizó cuando el
proyecto ya había sido aprobado en el concejo y no previamente, como lo

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disponía la norma, por lo que la conclusión era que no se cumplió con el trámite
establecido; en consecuencia, debía declararse la nulidad de los artículos
demandados.

I.4. El recurso de apelación

El Municipio de La Ceja del Tambo, a través de apoderada judicial, presentó
recurso de apelación contra la sentencia dictada el 4 de abril de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia; para el efecto, señaló que la
administración pública debía ser moderadamente formalista, y en ese sentido,
no podía dudarse de que la concertación con la autoridad ambiental era una
formalidad sustancial, esto en atención a la alta connotación constitucional del
bien a cuya protección se encaminaba la norma, el medio ambiente.

A su juicio, si no se realizaba la concertación, sin lugar a duda se afectaría la
validez del acuerdo; sin embargo, cuestión diferente era el momento en el cual
se realizaba la consulta. Afirmó que, «si el texto del Acuerdo y el criterio de la
Corporación Autónoma Regional son plenamente concordantes, ¿se justifica
invalidar el primero por el sólo hecho de que la expresión de conformidad de
la autoridad ambiental no fue previa sino concomitante o aún posterior?».

Sostuvo que en el presente caso se estaba dando lugar a una consecuencia
demasiado severa, como lo era la anulación de la reforma al Plan de
Ordenamiento Territorial por el incumplimiento de una forma que para el caso
concreto tenía característica de no sustancial, en la medida en que la autoridad
se pronunció y expresó su conformidad con las normas del acuerdo
demandado tal y como fue aprobado por el concejo, así ese pronunciamiento
haya sido posterior y no previo a la tramitación de éste.

Explicó que, en atención al pronunciamiento de la autoridad ambiental,
concluía que se había convalidado el acto administrativo demandado, en virtud
de que el requisito que debía cumplirse con anterioridad se satisfizo de manera
posterior sin que este cambio tuviera efecto o consecuencia alguna.

Finalmente, señaló que se hacía hincapié en que «se reconoce la sustancialidad
del trámite ante la Corporación Autónoma Regional. // Lo que se cuestiona es
que se otorgue tanta importancia al factor temporal, pues el único quebranto
que el Tribunal reprocha es que el concepto de CORNARE haya llegado después
de las discusiones en el Concejo, no antes, como dispone la norma».

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I.5. Trámite de la segunda instancia

Mediante auto de 5 de febrero de 2014 se admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad territorial; a través de auto de 19 de diciembre de
2014, el consejero sustanciador requirió a la parte demandada para que
allegara el poder especial conferido a la abogada que representaba a la entidad
territorial; dicho memorial fue allegado el 19 de febrero de 2015.

Por auto de 28 de mayo de 2018, se corrió traslado para alegatos de
conclusión. En esta etapa los sujetos procesales guardaron silencio.

II. Consideraciones

II.1. Competencia

De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto, en segunda instancia.

II.2. Planteamiento

De acuerdo con lo expuesto en la providencia recurrida y en atención al recurso
de apelación, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a anular las
disposiciones demandadas por haber sido expedidas en forma irregular, pues
el requisito de concertación interinstitucional ante la Corporación Autónoma
Regional se celebró de manera posterior a la expedición del acto.

Previo a abordar el planteamiento anterior y comoquiera que el Tribunal y esta
Corporación se han pronunciado previamente sobre la legalidad del Acuerdo
nro. 13 de 2006, la Sala encuentra pertinente estudiar de oficio si se configura
la excepción de cosa juzgada.

II.3. Análisis de la Sala

El artículo 175 del CCA dispuso que «[l]a sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo tendrá́ fuerza de cosa juzgada erga omnes», mientras
que la que la deniegue tendrá́ el mismo efecto, pero únicamente en cuanto
«[a] la causa petendi juzgada».

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En interpretación de la precitada norma, esta Corporación ha explicado que 2,
«[d]e conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, para
que se configure la cosa juzgada es menester que haya identidad de objeto,
identidad de causa e identidad jurídica de partes».

En cuanto al carácter absoluto y relativo de este fenómeno en los procesos
tramitados en el medio de control de nulidad, la Sección ha señalado que, «si
la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la excepción
fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será́ absoluto respecto de las
disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que
resultaría improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas
mismas normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser
contrarias a este. // Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión
fuese desestimatoria de los cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de
la cosa juzgada es relativa, lo que significa que se predicará únicamente de
los cargos en ella analizados y respecto de las disposiciones acusadas»3.

Siendo ello así, se advierte que, mediante sentencia de 21 de marzo de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y confirmada en su
integridad por esta Corporación el 22 de marzo de 20184, se declaró la nulidad
del Acuerdo nro. 13 de 2006 emitido por el Concejo municipal de La Ceja del
Tambo.

En efecto en la parte resolutiva de la providencia de 21 de marzo de 2012, el
Tribunal dispuso lo siguiente:

«PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad del Acuerdo No. 013 del seis (6) de
septiembre de dos mil seis (2006), expedido por el Concejo Municipal de
La Ceja del Tambo, ‘Por medio del cual se revisa y ajusta el Acuerdo 031
de 2000, Plan Básico de Ordenamiento Territorial’».

En vista de lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto se
demandan parcialmente disposiciones del Acuerdo nro. 013 de 2006 y éstas
fueron declaradas nulas previamente en sentencia de 21 de marzo de 2012;
en consecuencia, expulsadas del ordenamiento jurídico en decisión que se
encuentra en firme y produce efectos erga omnes, conforme lo dispone el
artículo 175 del CCA. Por lo que se concluye que se configuró el fenómeno
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 22 de abril de 2004,
radicación nro. 25000-23-27-000-2000-1034-01(13274), C.P. Germán Ayala Mantilla.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2022,
radicación nro. 11001-03-24-000-2015-00163-00, C.P. Oswaldo Giraldo López; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo de 2023, radicación nro. 11001-03-24-000-
2012-00015-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 22 de marzo de 2018,
radicación nro. 05001-23-31-000-2008-00254-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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www.consejodeestado.gov.co
12

Radicación: 05001-23-31-000-2008-00258-01
Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

jurídico de la cosa juzgada absoluta frente a la pretensión de nulidad invocada,
por lo anterior no hay lugar a estudiar nuevamente su legalidad.

En suma, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa juzgada absoluta,
por lo que las partes deberán estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el
21 de marzo de 2012, confirmada en su integridad el 22 de marzo de 2018
por esta Corporación, en el expediente con radicación nro. 05001-23-31-000-
2008-00254-01.

Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, como se trata de
una acción pública no hay lugar a condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada absoluta
respecto de los artículos 45, 256, 275 a 279 del Acuerdo nro. 13 de 6 de
septiembre de 2006, en consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia de
21 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y
confirmada mediante sentencia de 22 de marzo de 2018 dictada por la Sección
Quinta de esta Corporación, en el expediente con radicación nro. 05001-23-
31-000-2008-00254-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

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Radicación: 05001-23-31-000-2008-00258-01
Demandante: José Vicente Blanco Restrepo

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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