Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00314-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00314-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2008-00314-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
24 de julio de 2024
Radicado: 05001-23-31-000-2008-00314-01 (66632)
Demandantes: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. Y OTRO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C. veinticuatro (24) de julio dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Apelación sentencia
Radicación: 05001-23-31-000-2008-00314-01 (66632)
Demandantes: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. Y
OTRO
Demandados: METROPLÚS S.A. Y OTRO
Temas: FALTA DE LEGITIMACIÓN DE HECHO EN LA CAUSA POR PASIVA – se configura cuando
en la reforma de la demanda se excluyen las pretensiones que inicialmente se habían planteado en
contra de uno de los demandados, desapareciendo así la relación procesal / PLIEGOS DE
CONDICIONES – forman parte esencial del contrato y se erigen como una fuente de derechos y
obligaciones / COSA JUZGADA – su configuración ante la concurrencia de los siguientes requisitos:
identidad de causa, de objeto y de partes / PRETENSIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL
CONTRATO – sin saldo a favor de ninguna de las partes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra la
sentencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Quinta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual liquidó el contrato No. 70
de 2005 sin saldo a favor para ninguna de las partes y negó las demás pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Metroplús y el Consorcio CCC–ETA, conformado por la Compañía Colombiana de
Consultores S.A.S. y Estudios Técnicos y Asesorías S.A., celebraron el contrato No.
70 de 2005, cuyo objeto consistió en la elaboración de los estudios y diseños de
ingeniería, arquitectónicos y aquellos necesarios para obtener los permisos
ambientales del corredor ‘pretroncal’ del sistema Metroplús en el Valle de Aburrá.
Dicho contrato tuvo un valor inicial de $1.548’344.800 y un plazo original de cinco
meses, negocio jurídico que fue adicionado, suspendido y prorrogado en su
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extensión en tres ocasiones, sin que el contratista, con los recursos asignados para
ello, lograra entregar los estudios y diseños dentro del término pactado.
Así las cosas, en ejercicio de la acción de controversias contractuales los
integrantes del Consorcio CCC-ETA presentaron en contra de Metroplús la
demanda que da origen al presente proceso, a fin de que se declare el
incumplimiento de la entidad, toda vez que, según afirma la parte actora: (i)
Metroplús no apropió para el contrato objeto de estudio suma de dinero alguna
destinada a soportar la utilización del recurso humano durante la última ampliación
del plazo; (ii) tampoco apropió recursos adicionales que se requerían para terminar
los estudios y diseños y cumplir con la finalidad del contrato; (iii) ningún profesional
utilizado fue pagado a partir de julio de 2006, omitiendo así el desembolso del valor
de las actas de pago Nos. 6, 7 y 8; y (iv) no liquidó el negocio jurídico en el plazo
establecido para ello, a pesar de que el Consorcio presentó la información necesaria
para el efecto. Subsidiariamente, el extremo activo solicita la declaratoria de
enriquecimiento sin causa por los trabajos realizados luego del vencimiento del
plazo contractual.
De manera paralela al presente proceso y, con ocasión del mismo negocio jurídico
en cuestión, Metroplús presentó demanda en ejercicio de la acción de controversias
contractuales en contra de los integrantes del Consorcio CCC-ETA, asunto en el
que se discutió acerca de quién debería responder por la falta de aprobación de los
estudios y diseños y sobre el incumplimiento del contratista; proceso aquel que en
primera instancia fue tramitado por el Tribunal Administrativo de Antioquia y en
segunda instancia fue decidido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante sentencia del 1° de marzo de 2023.
Es así que el contrato en cuestión y su desarrollo originaron controversias entre las
partes mencionadas, lo que condujo al surgimiento de dos procesos judiciales: uno
de Metroplús en contra de los integrantes del Consorcio CCC-ETA -que ya fue
resuelto de manera definitiva por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado-, y el otro, que es el presente, adelantado por los integrantes del
Consorcio CCC-ETA en contra de Metroplús y cuyo recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia se resuelve en esta oportunidad.
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II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 28 de febrero de 20081, la Compañía Colombiana de Consultores S.A.S. y
Estudios Técnicos y Asesorías S.A. -integrantes del Consorcio CCC-ETA-,
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción contractual, presentaron
demanda en contra de Metroplús S.A. y del señor Nelson Cadavid Cañola2.
1.2. El escrito introductorio fue reformado el 18 de diciembre del mismo año 3 y, en
consecuencia, las pretensiones de las demandantes quedaron planteadas de la
siguiente manera:
(…) [S]e solicita que, mediante sentencia que tenga efectos de cosa juzgada, se
declare:
Primero. Que Metroplús S. A. incumplió el contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto era
la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER
LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL
SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ", por las razones expuestas
en la parte motiva de este escrito.
Segundo. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S.A. y ETA
S.A., que conforman el consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S.A.,
por razón de la ejecución el Contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la
"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER
LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL
SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración
que se derivaba de la utilización de los recursos humanos de carácter profesional
que dispuso para su ejecución e hiciera el reembolso de los gastos directos que
fueron debidamente autorizados.
Tercero. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S. A. y ETA S.
A., integrantes del Consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S. A., por
razón de la ejecución el Contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la
"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER
LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL
SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración
que se deriva de los trabajos adicionales que tuvieron que realizarse después del
vencimiento del plazo y para la terminación de los estudios y diseños.
1 Fls. 3.577 a 3.744, C.2.
2 Inicialmente, la demanda también fue instaurada en contra de la señora María Isabel Mesa
Sánchez, pero, el 5 de noviembre de 2008, las accionantes manifestaron su voluntad de desistir de
las pretensiones formuladas respecto de aquella y del señor Nelson Cadavid Cañola. Mediante auto
del 11 de noviembre del mismo año, el a quo únicamente aceptó el desistimiento frente a la señora
Mesa Sánchez (Fls. 3.760 y 3.761, C. 2).
3 Fls. 3.951 a 4.020, C. 3. La reforma de la demanda fue admitida mediante auto del 7 de septiembre
de 2009 (Fl. 4.597, C. 4).
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Cuarto. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S. A. y ETA S.
A., integrantes del Consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S. A., por
razón de la ejecución el Contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la
"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER
LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL
SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración
que se deriva de la utilización de los recursos humanos de carácter profesional y al
reembolso de los gastos directos que se utilizaron y causaron durante el plazo de
suspensión del Contrato y que fueron necesarios para la terminación de los estudios
y diseños.
Quinto. Que, como consecuencia de las declaraciones precedentes, se condene a
Metroplús S.A. a pagar a las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S.
A. y ETA S. A., integrantes del Consorcio CCC-ETA, las sumas que se logren
demostrar en el proceso.
Sexto. Que Metroplús S. A. incumplió su obligación de liquidar el Contrato No. 70
de 2005.
Séptimo. Que, como consecuencia, de las declaraciones precedentes, se liquide
en sede judicial el Contrato No. 70 de 2005.
Octavo. Que, como consecuencia de la declaración de incumplimiento, Metroplús
S.A. es responsable de los perjuicios sufridos por el Consorcio CCC-ETA, ya
determinado y en las condiciones señaladas en este documento.
Noveno. Que, como consecuencia, se condene a Metroplús S. A. a pagar los
perjuicios que se logren demostrar en el curso de este proceso.
Décimo. Que, en subsidio, de las peticiones tercera y cuarta, se declare que
Metroplús S.A. se enriqueció a costas de las sociedades Compañía Colombiana de
Consultores S. A. y ETA S. A., integrantes del Consorcio CCC-ETA y por razón de
la ejecución del Contrato No. 70 de 2005, como consecuencia de la utilización de
recursos profesionales y la causación de costos directos durante los plazos de
suspensión del Contrato y con posterioridad a la terminación del plazo del Contrato.
Décimo Primero. Como consecuencia, se actualicen los valores adeudados al
Consorcio.
Décimo Segundo. Que se condene a Metroplús S. A. a pagar los intereses de mora
que se hayan causado. (…)
1.3. A fin de sustentar esas pretensiones, la parte actora narró los siguientes
hechos:
1.3.1. Indicó que, entre los años 2003 y 2004, Transmilenio S.A. elaboró los
estudios para el diseño de la pretroncal sur del sistema Metroplús, la cual
atravesaría los municipios de Envigado, Medellín e Itagüí. Afirmó que dichos
estudios fueron ajustados por Metroplús, en cuanto a la ubicación de las estaciones
y las secciones a diseñar.
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1.3.2. Señaló que Metroplús adelantó la licitación pública No. 2 de 2005, cuyo
objeto consistió en la “[e]laboración de los estudios y diseños de ingeniería,
arquitectónicos y todos aquellos necesarios para obtener los permisos ambientales
del corredor pretroncal sur del sistema Metroplús en el Valle de Aburrá”, la cual le
fue adjudicada al Consorcio CCC-ETA, integrado por la Compañía Colombiana de
Consultores S.A.S. y por Estudios Técnicos y Asesorías S.A.
1.3.3. Aseveró que Metroplús y el referido Consorcio suscribieron el contrato No. 70
de 2005, por el sistema de reembolso de costos de personal asignado al proyecto,
más otros gastos directos reembolsables previamente autorizados, pactándose un
plazo inicial de 5 meses y un valor de $1.548’344.800.
1.3.4. Según la demanda, Metroplús era la encargada de definir los parámetros
básicos para el diseño de la infraestructura, a pesar de lo cual, a la fecha de inicio
de ejecución del contrato -15 de diciembre de 2005-, tal entidad pública no los había
definido ni entregado al Consorcio, situación que llevó a que el contratista no pudiera
realizar su trabajo como lo había presupuestado; incluso, tres meses después de
iniciado el negocio jurídico, Metroplús continuaba sin definir los mencionados
parámetros de diseño, lo que condujo a retrasos, pérdidas y redireccionamientos en
los trabajos del contratista.
1.3.5. Sostuvo que, ante ese estado de indefiniciones, se solicitó una ampliación del
plazo y una adición de recursos para soportar la utilización de profesionales
dispuesta por el Consorcio durante el mayor plazo requerido para la terminación del
contrato, toda vez que la suma desembolsada se destinó inicialmente a la búsqueda
de definiciones de los parámetros de diseño. Afirmó que, frente a dicha solicitud, la
interventoría adujo que el contrato correspondía a uno de precio global fijo y no de
reembolso de gastos y le atribuyó un atraso al contratista; sin embargo, autorizó una
prórroga de 3.5 meses y una adición de $460’117.500.
1.3.6. Indicó que, después de varias discusiones entre las partes, Metroplús accedió
a prorrogar el contrato y a adicionarle recursos, por lo que se suscribió el Acta de
Ampliación de Plazo No. 1, mediante la cual se amplió el plazo en 3 meses y 15
días y en la que, además, se consignó que se realizaría un acuerdo frente a la
solicitud de adición de recursos, lo cual fue incumplido por Metroplús y condujo a
que, a mediados de julio de 2006, se agotaran los dineros.
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1.3.7. Anotó que, debido a lo anterior, el contratista presentó una nueva solicitud de
ampliación de plazo por 3 meses más y una petición de adición de recursos, a lo
cual se negó Metroplús, aduciendo que el Consorcio había incumplido sus
obligaciones, aserto que apoyó en el concepto de la interventoría, que insistía en su
postura acerca del pacto de un precio global fijo.
1.3.8. Destacó que el 15 de agosto de 2006, partiendo del incumplimiento endilgado
al Consorcio, Metroplús inició un proceso de apremio en contra del contratista por
retrasos e indefiniciones de los trabajos, así como por la presencia de cambios no
aprobados en los diseños. Afirmó que, posteriormente y luego de muchas
discusiones, se suscribió el Acta de Ampliación de Plazo No. 2, en la que se acordó
la extensión del plazo del contrato en 15 días más y, ad portas de culminar ese
lapso, el 13 de septiembre de 2006, se suscribió un Acta de Suspensión “debido a
la necesidad de abrir un espacio de discusión con el fin de lograr los acuerdos
definitivos que permitieran la continuidad de los trabajos de diseño en condiciones
óptimas y convenientes para todos los involucrados e interesados (…)”.
1.3.9. Mencionó que la suspensión fue prorrogada en dos ocasiones, el 12 de
octubre de 2006 y el 24 de noviembre de 2006, y que, a punto de terminar ese plazo
sin obtener recursos adicionales, Metroplús insistió en el incumplimiento del contrato
por parte del Consorcio, al punto de que dicha entidad, el 10 de diciembre de 2006,
emitió oficio por medio del cual se negó a adicionarle recursos al contrato,
argumentando que el contratista había incumplido sus obligaciones. Al respecto,
precisó que el Consorcio se opuso, indicando que quien realmente había incumplido
el acuerdo de voluntades había sido la entidad pública porque, entre otras razones,
no concretó la adición a la cual se había comprometido mediante el Acta de
Ampliación de Plazo No. 1.
1.3.10. Indicó que las partes suscribieron el Acta de Ampliación de Plazo No. 3, a
través de la cual se prorrogó el contrato por 3 meses más, con nuevos recursos,
documento en cuya cláusula tercera se estableció que “Una vez legalizada la
ampliación, METROPLÚS S.A. entregará al CONTRATISTA, a título de anticipo, el
veinte por ciento (20%) del valor del contrato antes de IVA, incluido el valor de la
adición, el cual será amortizado mediante deducciones hechas en las próximas tres
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actas de pago mensual, hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma
anticipada (…)”.
1.3.11. Resaltó que Metroplús incumplió nuevamente, porque no apropió los
recursos que se requerían para soportar las “utilizaciones” de personal durante la
ampliación del plazo, pese a haberse comprometido a hacerlo, situación que
condujo, según la demanda, a que el contratista entregara “lo que podía entregar”,
lo que anunció en la comunicación MED-PTS-320-07 del 1° de marzo de 2007.
A propósito de lo anterior, añadió que, no obstante la mencionada entrega, el
Consorcio continuó trabajando y presentó un informe final en el cual expuso que,
debido al incremento de las dimensiones de los diseños, se diseñaron las calzadas
de un área correspondiente al 245% de aquella pactada inicialmente, documento en
el que, según anotó, no se registró “(…) la gran cantidad de diseños que se hicieron
y que se tuvieron que abandonar, ni los que se adelantaron y no se pudieron
terminar porque hubo cambios en los parámetros de diseño, ni mucho menos las
alternativas que fueron estudiadas para definir los parámetros de diseño”.
1.3.12. Sostuvo que Metroplús revisó el trabajo entregado por el contratista,
planteando observaciones y correcciones sobre distintos aspectos, pero el
contratista puso de presente, entre otras cuestiones, que algunos estudios y diseños
fueron entregados luego del vencimiento del plazo contractual, en tanto Metroplús
proporcionó varias definiciones a última hora, aunado al hecho de que dicha entidad
“(…) no le hizo [i]nterventoría al avance de los estudios y diseños (…)”, y omitió
adquirir y entregar los documentos necesarios para la realización de estudios
prediales y jurídicos, frente a los cuales no autorizó reembolso alguno.
1.3.13. A partir de lo anterior, a manera de resumen, alegó: (i) que Metroplús no
apropió para el contrato ninguna suma de dinero destinada a soportar la utilización
del recurso humano durante la última ampliación del plazo; (ii) que no apropió
recursos adicionales que se requerían para terminar los estudios y diseños y cumplir
con la finalidad del contrato; (iii) que ningún profesional utilizado ha sido pagado a
partir de julio de 2006; y (iv) que ni siquiera se preocupó por amortizar el saldo del
anticipo inicial, ni mucho menos el segundo anticipo otorgado.
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1.3.14. Por último, señaló que, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, se
tramitó el proceso identificado con la radicación No. 05-0001-23-31-000-2008-
00243, incoado por Metroplús en contra de los integrantes del Consorcio CCC-ETA,
litigio en el que se discutió sobre quién debería responder por la falta de aprobación
de los estudios y diseños, así como también sobre cuál era el alcance de estos y si
ello abarcaba las estaciones del sistema; y, por supuesto, si el contratista incurrió
en un incumplimiento respecto del diseño de los patios de la ‘subtroncal’ sur, y si el
Consorcio CCC – ETA entregó los estudios y diseños con la calidad exigida.
1.4. Luego de los supuestos fácticos narrados por la parte actora, en la demanda
se expusieron los fundamentos de derecho, en los siguientes términos:
1.4.1. Preliminarmente, en el libelo se destacó que los estudios y diseños no fueron
entregados de conformidad con lo “presupuestado” en la oferta, debido a la falta de
definición de parámetros, lo cual respondió a la ausencia de una etapa intermedia
entre la entrega de los estudios de Transmilenio y la suscripción del contrato.
1.4.2. Aclarado lo anterior, se afirmó que Metroplús incurrió en un incumplimiento
contractual, debido a lo siguiente: (i) no adicionó oportunamente los recursos
contemplados en el numeral 6 de las consideraciones del Acta de Ampliación de
Plazo No. 1; (ii) solo reembolsó los costos de los trabajos hasta julio de 2006,
omitiendo así el desembolso del valor de las actas de pago Nos. 6, 7 y 8; (iii) no
adicionó “los recursos que soportarían las utilizaciones que se originaban del plazo
de 3 meses que fue objeto de Ampliación de Plazo No. 3”; (iv) debió responder por
la utilización de recursos durante el período de suspensión del contrato; y (v) no
liquidó el negocio jurídico en el plazo establecido para ello, a pesar de que el
Consorcio presentó la información necesaria para el efecto.
En concordancia con lo anterior, en la demanda se sostuvo que se trataba de un
contrato pactado bajo la modalidad de reembolso de gastos, del cual se originaban
obligaciones de medios, de ahí que resulta reprochable que Metroplús no hubiera
desembolsado el valor correspondiente a los gastos incurridos a partir de julio de
2006 y hubiera exigido que el contratista continuara con la disposición del personal,
además de “no haber liquidado oportunamente el contrato y al día de hoy no haber
pagado, ni siquiera parcialmente lo que se autorizó”, todo lo cual, a juicio del
extremo activo, equivale a una falta administrativa, incluso disciplinaria y penal,
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además de un engaño hacia el Consorcio “que lo único que hizo durante la ejecución
del contrato fue acatar órdenes de trabajo y constantes modificaciones a los criterios
de diseños que no solamente no estaban definidos antes de la iniciación del plazo,
sino que fueron constantemente variados y en forma inoportuna”.
1.4.3. Adicionalmente, la parte actora indicó que Metroplús no solo incurrió en un
incumplimiento, sino que generó un desequilibrio económico del contrato y
desconoció el principio de buena fe, al no adicionar recursos para la terminación de
los estudios y diseños.
1.4.4. Para finalizar, agregó que la entidad estaba obligada a responder por los
gastos causados después del vencimiento del plazo contractual, porque fueron
indispensables para la entrega de los estudios y diseños, lo que configuró un
enriquecimiento sin causa.
2. Contestaciones de demanda
El 7 de marzo de 20084, el Tribunal admitió la demanda y ordenó notificar
personalmente esa decisión a los demandados y al Ministerio Público; a su vez, el
7 de septiembre de 20095, el a quo admitió la reforma de la demanda.
2.1. Metroplús contestó la demanda6 y su reforma7 oponiéndose a sus
pretensiones, con sustento en que el contratista no entregó los estudios y diseños
en la calidad, cantidad y oportunidad exigidas en los términos de referencia de la
licitación, aunado al hecho de que en los pliegos de condiciones quedó consignado
que al contratista le correspondía presentar alternativas de los estudios y diseños,
pero como se negó a ello, el Consorcio fue el que incumplió el contrato;
incumplimiento que, según alegó, no solamente se concretó por ello, sino que
también se materializó en que no presentó informes mensuales, así como tampoco
acató las observaciones planteadas por la interventoría y por el coordinador del
negocio jurídico, quienes constantemente le llamaron la atención sobre la falta de
conformidad de los productos con los requisitos de los pliegos de condiciones.
4 Fls. 3.746 y 3.747, C.2.
5 Fl. 4.597, C.4.
6 Fls. 789 a 928, C.1 de contestación a la demanda.
7 Fls. 4.606 a 4.634, C. 4.
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Señaló, también, que el Consorcio incumplió el contrato de consultoría porque
entregó los trabajos después del vencimiento del plazo contractual, es decir, luego
del 15 de marzo de 2007, presentando, además, información incompleta e
inconclusa, junto con diseños obsoletos. Añadió que la dilación respondió a que el
contratista se atrasó en la finalización de varios productos y a que tardíamente
comenzó la elaboración de otro tanto, desatendiendo lo estipulado en el cronograma
del contrato. Agregó, entre otras cuestiones, que el contratista entregó estudios y
diseños técnicamente deficientes, de manera desorganizada, incompleta y
fragmentada, así como apartados de lo estipulado en los pliegos de condiciones.
La entidad resaltó que no podía imputársele incumplimiento alguno, en tanto
adelantó las gestiones necesarias para adicionar recursos al contrato e, incluso,
aceptó la entrega de los estudios y diseños durante el período de liquidación
contractual. También destacó que, si bien hubo algunos retrasos de su parte, el
cumplimiento tardío del objeto contractual fue causado por el contratista.
En cuanto al incumplimiento que el contratista alegó por no adicionar recursos
oportunamente, Metroplús expuso que, al suscribir el Acta de Ampliación de Plazo
No. 1, no se comprometió a adicionarle recursos al contrato, pues en ese documento
solo se consignó una consideración según la cual, para efectuar la adición, se
buscaría un acuerdo con el contratista y se realizaría el análisis detallado pertinente,
pero el Consorcio se negó reiteradamente a suscribir el acta por la cual se
adicionarían los recursos, objetando su contenido y dilatando la entrega de los
documentos necesarios para perfeccionarla.
Frente al supuesto incumplimiento por la ausencia de desembolsos desde julio de
2006, así como por la falta de pago de las actas de pago Nos. 6, 7 y 8, la entidad
accionada sostuvo que no se negó a pagar por los trabajos ejecutados después de
julio de 2006 y que, en realidad, el contratista entregó tardíamente las actas de pago
aludidas y sus respectivos informes, con un sinnúmero de inconsistencias. Agregó
que, pese a lo anterior, Metroplús aprobó y desembolsó el valor de las actas
presentadas entre enero y julio de 2006, procurando que el contratista contara con
recursos para realizar los trabajos; que los desembolsos se efectuaron bajo el
entendido de que se trataba de pagos parciales y advirtiendo que tales actas debían
ser ajustadas, a pesar de lo cual, según la accionada, el contratista no realizó los
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ajustes solicitados y volvió a presentar las actas de manera inadecuada, por lo que
el acta entregada en agosto de 2006 no fue aprobada.
Con respecto al supuesto incumplimiento de la tercera ampliación del contrato por
no efectuar adición de recursos, Metroplús indicó que en el Acta de Ampliación de
Plazo No. 3. se estipuló un aumento del anticipo, que no del valor del contrato, y
que en las consideraciones que allí se plasmaron solamente se señaló que durante
la liquidación del contrato se discutiría la posibilidad de adicionar más recursos para
las actividades adicionales que surgieran durante la prórroga. A lo anterior añadió
que optó por no realizar una segunda adición de recursos, debido a los retrasos en
la entrega de los estudios y diseños, así como a la injustificada inejecución de
algunas actividades, decisión que, argumentó Metroplús, se basó en el concepto de
la interventoría, la cual insistió en el incumplimiento por parte del contratista.
En relación con el presunto incumplimiento por la falta de liquidación bilateral del
contrato, la accionada expresó que el negocio jurídico no se liquidó porque el
Consorcio no allegó los documentos necesarios para hacerlo.
En cuanto al pago que el Consorcio solicita por trabajos desarrollados durante la
suspensión del contrato, la entidad manifestó que la suspensión fue atribuible al
consultor porque, aun cuando la terminación del plazo contractual era inminente, no
había entregado algunos productos ni avanzado en el proyecto. Además, aseguró
que, al suscribir la suspensión y sus prórrogas, el contratista consignó que en virtud
de aquellas no se generarían sobrecostos a Metroplús.
Finalmente, frente al pago que el contratista reclamó por los gastos causados
después del vencimiento del plazo contractual, la entidad expuso que el
demandante fue el causante de la entrega tardía de los trabajos y, por tanto, debía
responder por el costo de aquellos realizados con posterioridad al fenecimiento del
plazo, sumado a que, en virtud de los pliegos de condiciones, el Consorcio debía
asumir el costo de las correcciones y los trabajos perdidos por las deficiencias de
los diseños, mas no por un cambio de parámetros o por un aumento del alcance
contractual.
2.1.1. Metroplús formuló las siguientes excepciones: (i) la de contrato no
cumplido, con sustento en que el contratista incumplió sus obligaciones, en el
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entendido de que los diseños y estudios que le correspondía elaborar no se
entregaron oportunamente, ni tampoco con la calidad exigida en los términos de
referencia y, en consecuencia, ni Metroplús ni el coordinador del contrato tendrían
por qué pagar el valor restante del contrato o suma adicional alguna; (ii)
“cumplimiento y diligencia”, en tanto Metroplús no solo le entregó al contratista
todos los “(…) medios, estudios e información para el desarrollo del contrato”, sino
que suscribió todas las modificaciones y suspensiones, a efectos de propiciar la
terminación de los estudios y diseños; (iii) pleito pendiente, habida cuenta de la
existencia del proceso identificado con la radicación No. 05-0001-23-31-000-2008-
00243, incoado por Metroplús y dirigido a obtener la declaratoria de incumplimiento
del Consorcio CCC–ETA; (iv) la de pago, debido a que la entidad, entre anticipos y
lo consignado en las actas presentadas por el contratista, efectuó desembolsos
correspondientes al 92% del valor del contrato; (v) “ejecución del contrato con
las formalidades exigidas”, por cuanto el contrato se respaldó en su respectivo
registro presupuestal; (vi) insuficiencia de poder, en razón a que las demandantes
designaron a su apoderado a título individual, mas no en representación del
consorcio contratista, contrariando así lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 80 de
1993.
(vii) “previsibilidad de los efectos económicos en la ejecución de los estudios
y diseños, y aleas en la ejecución del contrato”, con sustento en que, según lo
establecido en los pliegos de condiciones, el Consorcio estaba obligado a presentar
alternativas de diseño, labor que se encontraba incluida en el valor del contrato, de
modo que el contratista no podía reclamar la variación del precio contractual por vía
judicial, escudándose en el sistema de reembolso de gastos; (viii) buena fe, en
tanto Metroplús efectuó desembolsos por el 92% del valor del contrato, consiguió
documentos relacionados con los estudios prediales y suscribió todas las
modificaciones y suspensiones necesarias para impulsar el cumplimiento del objeto
contractual; (ix) inexistencia de desequilibrio económico, en la medida en que el
contratista no entregó los estudios y diseños de conformidad con lo dispuesto en los
pliegos de condiciones, aun cuando la entidad contratante efectuó desembolsos por
el 92% del valor del contrato, y (x) ausencia total de pruebas, porque nada de lo
expuesto en la demanda evidenció un incumplimiento contractual o la generación
de un “perjuicio cierto y directo” por parte de Metroplús.
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2.2. El señor Nelson Cadavid Cañola contestó la demanda8 y su reforma9,
manifestando la oposición a las súplicas de la parte actora, con base en que no le
asistía responsabilidad alguna, en tanto el contrato fue celebrado por Metroplús y
no por él, entidad con la cual no poseía una relación de solidaridad. A lo anterior
añadió que su actuar como coordinador se sujetó a lo estatuido en la Ley 80 de
1993, así como a los lineamientos determinados por el contrato y por las directrices
de Metroplús, de la interventoría y de las autoridades y municipios involucrados.
2.2.1. A su turno, propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia de la
obligación, con fundamento en que el contrato objeto de controversia fue celebrado
entre Metroplús y el Consorcio CCC–ETA, y en que su intervención como
coordinador se limitó a solucionar los inconvenientes surgidos con ocasión del
incumplimiento del contratista, razón por la cual no podría imputársele
responsabilidad alguna; (ii) indebida integración del contradictorio por pasiva10,
bajo el argumento de que la interventoría (Unión Temporal Ingeocilcon Ltda. –
Hernán Pineda García) debió ser vinculada al proceso, en tanto la información
proporcionada por ella sirvió de sustento para ejercer las labores de coordinación
del contrato, la cual fue cuestionada en la demanda; (iii) la de contrato no
cumplido, reiterando los argumentos que Metroplús planteó al respecto; (iv)
“diligencia”, pues como coordinador adelantó todas las gestiones necesarias para
propiciar la terminación de los estudios y diseños por parte del contratista; (v) la de
pago, en tanto Metroplús desembolsó el 92% del valor del contrato, aun cuando el
contratista solo ejecutó el 62% de las obligaciones a su cargo, de modo que no
habría deuda alguna frente a lo entregado por este; (vi) indebida representación
de la parte demandante e insuficiencia de poder, en atención a que las
sociedades demandantes designaron a su apoderado a título individual, sin
determinar quién sería la representante del consorcio que suscribió el contrato;
además, omitieron especificar el motivo de inclusión del coordinador del contrato
8 Fls. 3.764 a 3.855, C. 2.
9 Fls. 4.636 a 4.658, C. 4.
10 Con fundamento en esta excepción, el Tribunal requirió al extremo pasivo para que aclarara si su
voluntad era solicitar la vinculación de los miembros de la Unión Temporal Ingeocilcon Ltda. – Hernán
Pineda García, en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva (Fl. 4.660, C.4). Metroplús contestó
afirmativamente dicho requerimiento (Fls. 4.661 y 4.662, C.4). Mediante auto del 7 de diciembre de
2010, el a quo admitió la integración de Ingeocilcon Ltda. y del ingeniero Hernán Pineda García a la
parte pasiva (Fls. 7.418 y 7.419, C.4), quienes interpusieron recurso de reposición contra tal
providencia (Fls. 4.730 a 4.735, C.4), la cual fue revocada el 1° de noviembre de 2012 (Fls. 5.760 y
5.761, C. 6), produciéndose así la desvinculación de la sociedad y del ingeniero aludidos.
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entre los demandados, lo cual implica una insuficiencia del poder conferido al
abogado de la parte demandante actora; y (vii) ausencia total de pruebas.
3. Alegatos de conclusión
Una vez vencido el término probatorio11, el Tribunal corrió traslado para alegar de
conclusión.
La parte actora reiteró los argumentos relacionados con el incumplimiento de
Metroplús y, además, adujo que el Consorcio cumplió con sus obligaciones
contractuales, afirmación esta última que sustentó en la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 25 de noviembre de 2015, en el marco del
proceso con radicación No. 05-0001-23-31-000-2008-00243, incoado por Metroplús
en contra de los integrantes del Consorcio CCC-ET, en la cual se desestimaron las
súplicas de la entidad pública, dejando sin sustento “cualquier duda que pueda
caber sobre el cumplimiento del contrato por parte de la COMPANIA COLOMBIANA
DE CONSULTORES S.A.S. y ETA S. A.”12.
El señor Nelson Cadavid Cañola y el Ministerio Público guardaron silencio, mientras
que Metroplús presentó sus alegatos de forma extemporánea13.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 17 de septiembre de 202014, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia liquidó el contrato No. 70 de 2005 sin saldo a
favor para ninguna las partes y negó las demás pretensiones de la demanda.
4.1. Preliminarmente, el Tribunal a quo se pronunció sobre las excepciones previas
que se denominaron de la siguiente manera: (i) “No comprender la demanda todos
los litisconsortes necesarios” e (ii) “Indebida representación e insuficiencia de
poder”. Sostuvo que no estaban llamadas a prosperar, la primera porque las
pretensiones se dirigieron en contra de Metroplús y del señor Nelson Cadavid
11 Fl. 6.929, C.6.
12 Fls. 6.930 a 6.974, C.6.
13 El auto que corrió traslado para alegar de conclusión se notificó por estado el 13 de mayo de 2019,
de manera que el plazo de 10 días para el efecto feneció el 27 del mismo mes y año. Metroplús
presentó sus alegatos el 28 de mayo de 2019 (folio 6.975 C.6).
14 Fls. 6.986 a 7.014, cuaderno del Consejo de Estado.
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Canola, sin que se hubiese hecho mención a la unión temporal interventora del
contrato de consultoría en cuestión, de ahí que no fuera necesaria la vinculación del
interventor para emitir pronunciamiento de fondo; y la segunda dado que, si bien los
consorcios pueden comparecer a los procesos judiciales a través de sus
representantes, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, ello no impedía que
sus integrantes de manera individual pudieran hacerlo, como ocurrió en este caso,
en tanto cada uno de los consorciados otorgó poder para ejercer la acción
contractual en contra de Metroplús y de los funcionarios encargados del contrato,
cumpliéndose así los requisitos del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.
4.2. En cuanto al fondo del asunto, el a quo precisó que el Tribunal Administrativo
de Antioquia profirió sentencia el 25 de noviembre de 2015 negando las
pretensiones de la demanda en el marco de una acción contractual instaurada por
Metroplús en contra del Consorcio CCC-ETA, en la cual la primera solicitó la
declaratoria de incumplimiento de la segunda frente al contrato No. 70 de 2005,
negocio jurídico que es el mismo que se debate en este asunto. Seguidamente, el
a quo transcribió las consideraciones de dicha sentencia y, con base en ellas,
sostuvo que, si bien el contratista incurrió en varios incumplimientos durante el
desarrollo del contrato, su causa fue el incumplimiento de Metroplús al no gestionar
los recursos necesarios para el desarrollo del negocio jurídico, no adicionando el
tiempo ni el dinero requeridos para el efecto, dado que lo pactado sobre el particular
se agotó con las diferentes modificaciones, requerimientos y adiciones solicitados
por la entidad contratante, los cuales generaron retrasos y costos adicionales.
Dicho lo anterior, el a quo destacó que, de acuerdo con el dictamen pericial
practicado en el proceso, el contratista se vio obligado a disponer de su personal
por un plazo mayor al establecido en el contrato, porque, primero, tuvo que
desarrollar alternativas distintas a la establecida en los pliegos de condiciones, en
tanto el estudio de Transmilenio no proporcionó los criterios suficientes para un
diseño de detalle y, segundo, tuvo que ajustar unos cuántos trabajos y descartar
otros, debido al cambio de algunos criterios iniciales de diseño y a diversas
solicitudes de Metroplús, de la interventoría y de los municipios involucrados.
Por lo expuesto, el a quo concluyó que las conductas de Metroplús llevaron al
contratista a entregar los diseños tardíamente, configurándose así la excepción de
contrato no cumplido. Sobre el particular, esto consideró:
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“(…) se advierte que en el presente caso se configuró la "excepción de contrato no
cumplido", como quiera que, si bien el contratista tuvo algunos incumplimientos en los
tiempos de entrega de los avances en los diseños, y frente algunos requerimientos
efectuados por la entidad contratante, nunca suspendió la ejecución del contrato de
forma unilateral, pues finalmente después de concluido el plazo contractual entregó
los diseños objeto de la consultoría, a pesar de que manifestó en varias oportunidades
la imposibilidad de cumplir con la totalidad de los diseños en el plazo fijado por la
entidad y con los recursos entregados, teniendo en cuenta lo ya manifestado por la
perito, y aun así la entidad se ratificó en el incumplimiento del contratista sin acceder
a la totalidad de las ampliaciones del plazo y las adiciones de recursos solicitadas
para evitar paralizar el contrato; por lo cual se concluye, que el contratista cumplió de
manera tardía, conducta atribuible a la entidad contratante”.
No obstante lo dicho en precedencia, el Tribunal consideró improcedente reconocer
pago alguno por mayor tiempo de permanencia y por gastos de administración
generados durante la ejecución y la suspensión del contrato, así como por los
causados con posterioridad al vencimiento del plazo contractual.
Lo anterior porque, si bien se presentó una mayor permanencia de los profesionales
encargados de ejecutar el contrato de consultoría, al suscribir modificaciones -tres
prórrogas y una adición- y suspensiones el contratista no manifestó salvedades e
inconformidades de forma clara, expresa y precisa frente a los sobrecostos, los
perjuicios y el desequilibrio económico señalados en la demanda. Agregó el a quo
que lo único que se consignó en dichos documentos contractuales -las
modificaciones y suspensiones-, de manera genérica, fue la existencia de
discrepancias con respecto a la necesidad de adicionar recursos.
A juicio del Tribunal, “el incumplimiento de la entidad contratante quedó superado
en las adiciones y ampliaciones suscritas por ambas partes, en aplicación de la
prevalencia del principio de la autonomía de la voluntad y de la buena fe”.
4.3. De otra parte, en cuanto a la pretensión subsidiaria planteada en la demanda,
el a quo la desechó en tanto el sub examine no se enmarcó en ningún supuesto de
enriquecimiento sin justa causa, por cuanto las pretensiones del libelo se
fundamentaron en un contrato estatal, así como en sus adiciones y prórrogas.
4.4. Finalmente, el Tribunal accedió a la pretensión de liquidación judicial del
contrato, pero sin reconocimiento de sumas en favor de las partes, ante la falta de
información para afirmar la existencia de pagos pendientes.
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A este respecto, consideró que al expediente se aportaron todas las actas de cobro,
que fueron 12, de las cuales fueron pagadas 5; mientras que las 7 actas restantes
contaban con observaciones de la interventoría, sin que fueran atendidas por el
contratista, de ahí que no se haya autorizado su pago. Señaló que, si bien el
dictamen pericial hizo referencia a las actas de pago presentadas por el contratista,
no proporcionó la certeza suficiente para establecer el valor de “(…) cuentas
pendientes en cabeza de alguno de los contratantes (…)”, a lo que agregó que la
perito no resolvió las discrepancias de las partes frente a las actas de pago No. 6 a
12, sobre las cuales no se autorizó desembolso alguno, en tanto el contratista no
atendió las observaciones que Metroplús y la interventoría formularon al respecto.
5. Recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual
fue concedido15 y admitido16. Solicitó la revocatoria del fallo apelado para que, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
5.1. La parte recurrente sostuvo que la decisión del Tribunal fue contradictoria, dado
que en el fallo se reconoció que quien incumplió no fue el consorcio contratista sino
Metroplús y que las modificaciones y adiciones solicitadas por la entidad generaron
retrasos y costos adicionales, requiriéndose al personal contratado por fuera de los
tiempos programados, de modo que lo lógico hubiese sido, según lo alegado en la
apelación, el reconocimiento de los recursos dispuestos para la ejecución del
contrato, “no como un perjuicio por mayor permanencia, sino como la destinación
de recursos que era necesario hacer para poder cumplir con la Consultoría, lo cual
constituye el incumplimiento declarado de METROPLÚS”.
Esto se señaló en el recurso:
“(…) la indemnización solicitada, como consecuencia del incumplimiento, no estaba
fundamentada en sobrecostos y perjuicios por mayor permanencia, sino en honrar la
forma de pago pactada, es decir, el valor de los recursos dispuestos para la
realización de la Consultoría. La discusión, por tanto, no era por sobrecostos y
perjuicios, sino por costos incurridos porque fue necesario realizar ‘…un reproceso en
las diferentes etapas del diseño…’, lo cual sólo se hace con profesionales que
15 Archivo 15 del índice 2 del expediente digital (híbrido) en la plataforma SAMAI.
16 Fl. 7.021, cuaderno del Consejo de Estado.
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tuvieron que estar dispuestos para atender las ‘…solicitudes presentadas por los
municipios, la entidad contratante y la interventoría…’
Tal error lleva al Tribunal a desviarse en la decisión y exigir salvedades, cuando lo
único que se estaba reclamando era la remuneración de los recursos dispuestos, la
cual no estaba constituida por la demostración contable de perjuicios, sino por las
actas de recursos que, debidamente (sic) presentadas, pero que no fueron
tramitadas”.
Agregó que la pretensión relativa a los costos generados por el personal que
mantuvo contratado después del vencimiento del plazo contractual fue la única
reclamación por mayor permanencia, frente a la cual no podía exigirse salvedad
alguna porque, luego del fenecimiento del plazo, no se suscribió ningún acuerdo.
Además, sostuvo que la sentencia apelada también erró al negar el reconocimiento
de los costos reclamados en relación con los profesionales utilizados, porque su
pago fue acordado mediante la suscripción del Acta de Ampliación No. 3.
A manera de resumen, la parte actora indicó (transcripción literal):
“No es justo dejar de reconocer el valor de los profesionales utilizados para poder
entregar los productos y en el plazo adicional, no reconocido por METROPLÚS, que
se requirió para cumplir con el objeto del contrato, cuando previamente se reconoce
que ello constituye la muestra de cumplimiento del Contratista, y en el entendido de
que sus valores fueron debidamente certificados por el dictamen pericial practicado.
En general, este recurso se presenta por cuanto, declarado en esta sentencia el
cumplimiento del CONSORCIO, declarado el incumplimiento de METROPLÚS, y
aceptada la necesidad de tener los profesionales contratados hasta que se cumpliera
con el objeto del contrato, no resulta justo sacrificar al Contratista haciéndolo perder
el valor de su remuneración, la cual, no fue discutida en cuanto a utilización de
recursos, sino en cuanto a producción de estudios y diseños que finalmente se
tomaron más tiempo por culpa de solicitudes de METROPLÚS S. A. y los Municipios
interesados en el proyecto, todo lo cual originó múltiples reprocesos. Quedando sin
piso el incumplimiento del Consorcio y existiendo su derecho al pago de los recursos
dispuestos, el Tribunal se equivoca pensando que esta demanda es un reclamo por
sobrecostos por mayor permanencia y negando el reconocimiento de los recursos
dispuestos, a cuyo pago se había comprometido METROPLÚS, cuando resolviera,
en sede de liquidación, quién había incumplido el contrato”.
5.2. Adicionalmente, la parte demandante indicó que la decisión del a quo también
fue contradictoria al no efectuar reconocimiento alguno frente a las actas de pago
objetadas por la interventoría, porque esta terminó funciones “antes de la última
ampliación del plazo” y dado que los retrasos en la entrega de los diseños fueron
consecuencia de las conductas de Metroplús y de los municipios involucrados, como
lo reconoció el mismo Tribunal de primera instancia.
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Afirmó que, en sede de liquidación, no debió negarse el valor de las actas por las
observaciones de la interventoría, acusando al Tribunal de efectuar una “(…)
inexacta interpretación del dictamen pericial, por cuanto [este] no se pidió para
resolver la controversia (…), sino para que detallara el valor de los recursos que se
tuvieron disponibles durante todo el plazo del contrato y con posterioridad a su
terminación, para efectos de cumplir con la entrega de los productos (…)”.
6. Actuación en segunda instancia
Mediante providencia del 7 de mayo de 2021 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión, así como al Ministerio Público para que emitiera concepto.
6.1. Dentro del término otorgado, Metroplús y la parte actora presentaron sus
alegaciones. Dicha entidad reiteró lo expuesto en la contestación a la demanda y la
parte actora insistió en lo alegado a lo largo del proceso.
6.2. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) acción
procedente; (3) legitimación en la causa; (4) ejercicio oportuno de la acción; (5) la
cosa juzgada y su configuración en el caso concreto; (6) objeto del recurso de
apelación y problema jurídico a resolver; (7) sobre la pretensión de liquidación
judicial del contrato de consultoría No. 70 de 2005; y (8) costas.
1. Jurisdicción y competencia
1.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
sobre contratos estatales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8217 del
Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 1° de la Ley
17 El artículo 82, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006, norma vigente a la fecha de la
presentación de la demanda, establece: “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de
los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos
y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley (...)”.
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1107 de 2006 -vigente para la fecha en que se interpuso la demanda-, norma que
dispone que a esta jurisdicción le corresponde el conocimiento de las controversias
y litigios que se originan en las actividades de las entidades públicas y de las
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
En este caso la controversia gira en torno al contrato de consultoría No. 70 de 2005,
que fue suscrito entre Metroplús y el Consorcio CCC-ETA. Pues bien, como la
contratante es una sociedad por acciones del orden municipal, constituida entre
entidades públicas y regida por las disposiciones aplicables a las empresas
industriales y comerciales del Estado18, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del
numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 199319 ostenta la calidad de entidad estatal
y, por ende, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde decidir
las controversias en las que sea parte.
1.2. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de septiembre de
2020, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, y por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia por razón
de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del CCA20, dado que la
18 En el expediente obra el certificado de existencia y representación legal de Metroplús, en el cual
consta que, mediante escritura pública No. 352 del 21 de febrero de 2005, otorgada en la Notaría 28
de Medellín, se constituyó dicha entidad como una sociedad anónima (Fl. 12, C. Ppal 1, tomo 2).
Consultada la página web de la entidad, se halló que “El 21 de febrero [de 2005] se constituye
Metroplús S.A. a través de una sociedad por acciones, conformada por los municipios de Medellín,
Envigado e Itagüí; Metro, Terminales de Transporte de Medellín y el IDEA [Instituto para el Desarrollo
de Antioquia]”. Igualmente, en la referida escritura pública se consignó, concretamente en el artículo
primero, lo siguiente: “La sociedad se denominará Metroplús S.A. y es una sociedad por acciones
de orden municipal, constituida entre entidades públicas, de la especie de las anónimas, circunscrita
a los municipios del Valle de Aburrá y regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables
a las empresas industriales y comerciales del Estado y en lo particular a lo previsto en el artículo 85
y siguientes de la Ley 489 de 1998 y sus decretos reglamentarios y las normas que la modifiquen,
sustituya o adicionen”
19 Según lo previsto artículo 32 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2 de la Ley 80
de 1993, norma esta última que dispone: “Para los solos efectos de esta ley (…) 1o. Se denominan
entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital
y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios
indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles” (se destaca).
20“ARTÍCULO 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
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pretensión mayor21 excede los 50022 salarios mínimos legales mensuales vigentes23
a la fecha de presentación de la demanda24.
2. Acción procedente
De acuerdo con el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446
de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante
el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia
derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta
herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la
ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos
administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de
las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal;
(ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii)
que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se
condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que
se hagan otras declaraciones y condenas.
Dado que la controversia formulada en este caso se refiere a la responsabilidad
contractual de Metroplús por incumplir las obligaciones contenidas en el contrato de
consultoría No. 70 de 2005, la acción procedente es la de controversias
contractuales, ya que se está ventilando la desatención de unas obligaciones,
solicitándose que se declare su incumplimiento.
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.
21 En las pretensiones de la demanda no se indicaron sumas específicas, pero del acápite de
estimación de la cuantía se extrae que, por concepto de “Lo adeudado por utilizaciones de recursos
durante la última ampliación de plazo, valores que debieron ser adicionados al Contrato”, se pidió la
suma de $441’285.117, pretensión mayor reclamada.
22 El numeral 5 del artículo 132 del CCA, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998,
establecía que a los tribunales administrativos les correspondía conocer en primera instancia -y por
ende el Consejo de Estado en segunda instancia- de los asuntos relativos a los contratos de
entidades estatales cuando la cuantía excediera 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esto consagraba dicha norma: “5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus
distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
23 A la fecha de presentación de la demanda (2008) 500 SMLMV equivalían a $230’750.000.
24 El 28 de febrero de 2008 se interpuso la demanda.
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3. Legitimación en la causa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8725 del CCA, subrogado por el
artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la legitimación en la causa en las acciones
contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato, de modo que
Metroplús y las sociedades demandantes -que conformaron el Consorcio CCC–
ETA- poseen el interés jurídico que se debate en el sub examine y se encuentran
legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, porque son los
extremos de la relación contractual que suscitó la controversia en esta sede
judicial26.
Por otra parte, la Sala advierte que el señor Nelson Cadavid Cañola no se encuentra
legitimado de hecho en la causa por pasiva. En efecto, aunque en la demanda inicial
se elevaron pretensiones concretamente dirigidas en contra de la persona en
mención27, lo cierto es que, al reformarse el libelo introductorio, la parte actora
modificó las pretensiones y excluyó las que inicialmente había planteado en contra
de Nelson Cadavid Cañola, tal como puede observarse en la transcripción que se
realizó en el punto 1.2. de los antecedentes de este proveído.
25 “ARTICULO 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un
contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las
declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare
su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras
declaraciones y condenas […]”.
26 En sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 19933, la Sección Tercera del
Consejo de Estado indicó: “a partir del presente proveído se concluye que tanto los consorcios como
las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultados para concurrir, por conducto de su
representante, a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del
procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución de los
contratos estatales en relación con los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera
excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios o
uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los
requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el efecto, comparecer a los procesos
judiciales –bien como demandantes, bien como demandados, bien como terceros legitimados o
incluso en la condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda–, opción que
de ser ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas con la
debida integración del contradictorio, por manera que, en aquellos eventos en que varios o uno solo
de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal concurran a un proceso judicial, en su
condición individual e independiente, deberán satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las
particularidades de cada caso específico, para que los demás integrantes del correspondiente
consorcio o unión temporal deban o puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, facultativos
o necesarios, según corresponda”.
27 Esto se consignó en las pretensiones séptima y octava de la demanda inicial: “Sección Séptima.
Pretensión (...) Séptimo. Que, como consecuencia de la declaración de incumplimiento, Metroplús
S. A., María Isabel Mesa Sánchez y Nelson Cadavid Cañola, son responsables de los perjuicios
sufridos por el Consorcio CCC-ETA, ya determinado y en las condiciones señaladas en este
documento. Octavo. Que, como consecuencia, se condene a Metroplús S. A., a María Isabel Mesa
Sánchez y a Nelson Cadavid Cañola, a pagar los perjuicios que se logren demostrar en el curso de
este proceso” (negrillas y subrayas del texto original) (Fl. 3.702, C.2).
Radicado: 05001-23-31-000-2008-00314-01 (66632)
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Es así que, con ocasión de la reforma de la demanda –la cual fue admitida el 7 de
septiembre de 200928-, desapareció la relación procesal entre la actora y Nelson
Cadavid Cañola -demandado en un principio-, situación que consecuencialmente
deviene en la falta de legitimación de hecho en la causa por pasiva respecto de
dicho señor29, excepción que, aunque pasó inadvertida en la sentencia de primera
instancia, esta Sala de Subsección la declarará probada de oficio30.
4. Ejercicio oportuno de la acción
El numeral 10 del artículo 136 del CCA dispone que la acción contractual caducará
al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento,
para lo cual contempla distintas hipótesis, entre las cuales existe una que hace
relación a los contratos que requieren de liquidación, actuación que en el caso bajo
análisis viene a ser el punto de referencia para efectos de computar el término para
ejercer el derecho de acción.
En efecto, en lo que a este caso interesa, resulta pertinente traer a colación la regla
consagrada en el artículo 136 del CCA, numeral 10, literal d), modificado por la Ley
446 de 1998, norma aplicable al caso31, que establece lo siguiente:
28 Fl. 4.597, C.4.
29 Esto ha señalado la jurisprudencia: “La legitimación de hecho se refiere a la relación procesal que
se deriva de la pretensión formulada por el demandante respecto del demandado, es decir, se trata
de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda (...)” (Consejo de
Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1 de marzo de 2024.Rad.: 52044).
30 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al unificar su jurisprudencia en
relación con el marco de competencia del juez ad quem en virtud del recurso de apelación, aceptó y
reiteró que dicho juez puede analizar de manera oficiosa la falta de legitimación en la causa. Esto
dijo “19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para
proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa
y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante
como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (se destaca) (Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
unificación del 6 de abril de 6 de 2018. Rad.: 46.005).
31 Para efectos del cómputo de la caducidad es menester acudir a las reglas contenidas en las
normas vigentes al momento en que inició a correr el término. Al respecto, Cfr. Consejo de Estado,
Sección Tercera. Auto del 24 de abril de 2017. Rad.: 50602. En esta providencia se puso de presente
que, “[e]n punto de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la
regla de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma
situación, esta Corporación puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el
conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de
términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto,
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“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se
contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho
que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria
del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del
establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la
liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes
al incumplimiento de la obligación de liquidar” (se destaca).
En la cláusula vigésima segunda32 del contrato de consultoría No. 70 de 2005 -que
se rige por la Ley 80 de 1993-33 se pactó que los términos de referencia de la
licitación pública No. 02 de 2005 formaban parte del negocio jurídico34. A su turno,
en los términos de referencia del proceso licitatorio, concretamente en el apartado
5.1335, se consignó que la liquidación del contrato debía realizarse de común
cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad
que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior,
se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este
proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que
establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal,
son de aplicación inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable
deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados
en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente”.
32 “CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos,
forman parte integrante del contrato: 1. Los términos de referencia de la licitación pública, que
sirvieron de base para la preparación de la propuesta (...)” (Fl. 40, anexo 1 Ppal, tercer tomo).
33 Se precisa que Metroplús es una sociedad anónima, constituida por entidades públicas, y sujeta
al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado -EICE-. El régimen jurídico
aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado es el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública previsto en la Ley 80 de 1993, porque para la fecha de
celebración del contrato en cuestión -18 de noviembre de 2005- se encontraba vigente la Ley 489
de 1998, en cuyo artículo 93 consagró “Los contratos que celebren [se refiere a las empresas
industriales y comerciales del Estado] para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales” (se destaca). A
lo anterior se añade que el contrato en cuestión tuvo por objeto que el Consorcio CCC–ETA elaborara
estudios y diseños de ingeniería, arquitectónicos y todos los necesarios para obtener los permisos
ambientales del corredor ‘pretroncal’ sur del sistema Metroplús en el Valle de Aburrá (Fl. 34, anexo
1 Ppal, tercer tomo), lo que significa que Metroplús celebró dicho negocio jurídico para el
cumplimiento de su objeto, concerniente a “planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la
adecuación de infraestructura y la operación del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros
–SITM- de mediana capacidad en el Valle de Aburrá y su respectiva área de influencia (...)”(Fl. 12,
C. Ppal 1, tomo 2).
34 Conviene destacar que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado
que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, lo cual “los erige como una fuente
de derechos y obligaciones a ser tenidas en cuenta por quien estudia el contrato y su correspondiente
ejecución”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 2020. Rad.: 48675.
35 “5.13 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato de consultoría se hará de
común acuerdo entre el contratista y la empresa Metroplús, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de
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acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación y que, si no se llegaba
a un acuerdo, Metroplús procedería a liquidarlo unilateralmente dentro de los 2
meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral.
En el contrato objeto de estudio, específicamente en la cláusula tercera36, se pactó
que su plazo sería de 5 meses contados a partir del acta de inicio, la cual se
suscribió el 15 de diciembre de 200537. Este negocio fue ampliado en su plazo en
tres oportunidades, extendiéndose hasta el 15 de marzo de 200738, dado que la
última prórroga se firmó el 15 de diciembre de 2006, por un plazo de 3 meses más39.
Es así que, de acuerdo con los términos de referencia de la licitación pública, los 4
meses dispuestos para liquidar bilateralmente el contrato en cuestión finalizaron el
16 de julio de 2007 y, en vista de que dicha actuación no se llevó a cabo, los 2
meses con los que contaba Metroplús para liquidarlo unilateralmente fenecieron el
17 de septiembre de 2007. En ese sentido, los 2 años de la caducidad vencían el
18 de septiembre de 2009 y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 28
de febrero de 2008, la Sala concluye que se interpuso en tiempo.
5. Cuestión preliminar: la cosa juzgada y su configuración en el caso concreto
Verificados los presupuestos procesales, tal como viene de establecerse, esta Sala
de Subsección observa que, con el fin de resolver la controversia objeto de estudio,
es menester comenzar por analizar y establecer si respecto de las pretensiones de
la demanda y de lo debatido en el presente proceso se configura o no el fenómeno
liquidación, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (...) Si el consultor no concurre a
la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la
empresa Metroplús S.A. lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el artículo 44, literal
d) de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo” (Fl.
83, anexo 1 Ppal, tercer tomo).
36 “CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato será de cinco
(5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, previa aprobación de
la Garantía Única Global por parte de la Dirección Jurídica de Metroplús S.A.” (Fl. 35, anexo 1 Ppal,
tercer tomo).
37 Fls. 41 y 42, anexo 1 Ppal, tercer tomo.
38 Es así como, de conformidad con las pruebas que militan en el expediente, se encuentra que: el
12 de mayo de 2006, las partes acordaron ampliar el plazo del contrato en 3 meses y 15 días
(Ampliación No. 1, Fls. 51, C.6.); Posteriormente, el 15 de agosto de 2006, suscribieron el documento
“Ampliación No. 2”, extendiendo el plazo en 15 días (Fl. 52, C.6.). A su vez, el 13 de septiembre de
2006, las partes decidieron suspender el plazo del contrato por un término de 30 días (Fl. 61, C.6.),
suspensión que prorrogaron en dos oportunidades, extendiéndose hasta el 15 de diciembre de 2006
(Fls. 62 y 63, C.6.). Finalmente, el 15 de diciembre de 2006, las partes convinieron ampliar el plazo
del contrato en tres meses más, esto es, hasta el 15 de marzo de 2007 (Fls. 64 y 65, C.6.).
39 Fls. 64 y 65, C.6.
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procesal de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que entre las mismas partes -
Metroplús e integrantes del Consorcio CCC-ETA- paralelamente se adelantó otro
proceso con ocasión del mismo contrato de consultoría No.70 de 2005, asunto que,
producto del recurso de apelación que interpuso Metroplús contra la sentencia de
primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda, ya fue
resuelto de manera definitiva en segunda instancia por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, revocando la decisión del a quo en ese
caso y determinando el incumplimiento de las obligaciones de los integrantes del
Consorcio CCC-ETA.
En efecto, en este punto de la providencia la Sala advierte, de entrada, que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del
1° de marzo de 2023, radicación No. 56885, decidió sobre el incumplimiento del
contrato de consultoría No. 70 de 2005 -mismo que se debate en el sub examine-
que le endilgó Metroplús a los integrantes del Consorcio CCC-ETA, asunto cuya
resolución, se anticipa, tiene efectos de cosa juzgada frente a las pretensiones
primera, segunda, tercera y cuarta de la demanda, así como sus consecuenciales,
sobre las que la parte actora insiste en la apelación que interpuso contra el fallo de
primera instancia dictado en este proceso, relacionadas con la declaratoria de
incumplimiento del negocio jurídico por parte de Metroplús y el reconocimiento
pecuniario que supuestamente les asiste a los consorciados demandantes por la
utilización de los recursos humanos de carácter profesional y por los gastos
adicionales que se dispusieron para la terminación de los estudios y diseños.
Se precisa que la pretensión de liquidación judicial del contrato y la subsidiaria de
enriquecimiento sin causa planteadas por los integrantes del Consorcio en la
demanda objeto de estudio, como se verá, no quedan comprendidas bajo los
efectos de la cosa juzgada, porque en el libelo introductorio que decidió la
Subsección B de la Sección Tercera no se debatió tal aspecto.
5.1. La jurisprudencia de la Corporación ha asimilado el instituto jurídico procesal
de la cosa juzgada al principio del non bis in ídem40, cuyo propósito no es otro
diferente que el de impedir que las pretensiones que han sido resueltas, a través de
cualquiera de los medios judiciales aceptados por la ley, vuelvan a ser debatidas en
40 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de agosto de 2023, Rad.:59021.
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otro juicio posterior, dado que lo previamente decidido o resuelto obliga de manera
vinculante a las partes, es inmutable y goza de plena eficacia41.
El sustento normativo de la cosa juzgada se encuentra en los artículos 175 del
Código Contencioso Administrativo (CCA)42 y 332 del Código de Procedimiento Civil
(CPC)43, disposiciones que establecen los requisitos para su configuración, los
cuales deben concurrir: identidad de partes, identidad de objeto e identidad de
causa. Sobre el particular, esta Subsección ha discurrido en los siguientes términos:
“Para que haya lugar a su declaratoria es preciso que se reúnan los siguientes
presupuestos: (i) identidad de objeto-eadem res, esto es, que entre la acción que se
tramita y la que ya se juzgó exista el mismo objeto (qué se litiga), esto es, que el
petitum coincida con el del otro proceso ya decidido; (ii) identidad de causa-eadem
causa petendi, vale decir, que se funde en la misma causa (el porqué del litigio), esto
es, el mismo hecho jurídico que sirve de motivo o fundamento a la pretensión; y (iii)
identidad de partes-eadem conditio personarum: que entre ambos procesos haya
identidad jurídica entre las partes, o lo que es igual, que se trate de los mismos sujetos
que comparecieron al proceso anterior (art. 332 del CPC)”44.
Lo expuesto significa que los jueces deben abstenerse de pronunciarse respecto de
una controversia al advertir la existencia de una decisión previa con el mismo objeto,
causa y partes, limitando exclusivamente su conocimiento a aquellas cuestiones
que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso judicial anterior 45.
5.2. Bajo el anterior contexto, la Sala pasará a estudiar la concurrencia de los
requisitos para la configuración de la cosa juzgada, haciendo el estudio comparativo
entre el caso sub examine y el decidido por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, este último que versó también sobre el contrato de
consultoría No. 70 de 2005, negocio jurídico que es objeto de debate en el sub lite.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de agosto de 2023, Rad.:60146.
42 “ARTÍCULO 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de
cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la
causa petendi juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la
misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la
proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en
el proceso y obtenido esta declaración a su favor (...)” (se destaca).
43 “ARTÍCULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde
en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes
(...)”
44 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 2024, Rad.:44548.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad.:66054.
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5.2.1. Identidad de partes
En el asunto objeto de estudio fungen como demandantes, la Compañía
Colombiana de Consultores S.A.S. y Estudios Técnicos y Asesorías S.A. -
integrantes del Consorcio CCC-ETA-, y como demandado Metroplús S.A.46
Ahora bien, en el proceso con radicado 56885, que decidió la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el demandante fue Metroplús S.A. y los
demandados fueron la Compañía Colombiana de Consultores S.A.S. y Estudios
Técnicos y Asesorías S.A. -integrantes del Consorcio CCC-ETA-.
Descrito lo anterior, la Sala considera pertinente traer a colación lo que ha dicho la
Sección Tercera de la Corporación en cuanto al cumplimiento del requisito de
identidad de partes para la configuración de la cosa juzgada:
“Si bien en este escenario contencioso las partes no ocuparon los mismos extremos
procesales que integraron el litigio promovido en el proceso 25000-23-36-000-2013-
00945-01 (57.276), lo cierto es que estuvieron presentes en ambos procesos
judiciales, en los que se controvirtieron los mismos hechos, aunque con intereses
contrapuestos”47.
Con lo anterior no queda duda de que, al margen de que las partes en contienda no
ocupan los mismos extremos que en el proceso 56885, se cumple el requisito de
identidad de partes48, porque en ambos procesos concurrieron los mismos sujetos.
5.2.2. Identidad de objeto
La doctrina autorizada49 ha señalado que el objeto del proceso no solamente se
encuentra en las pretensiones, lo que equivale a aceptar que igualmente debe
buscarse en los hechos en que se apoyan, sino también en lo decidido en la
sentencia, de manera que, en aras de constatar si existe el mismo objeto en el nuevo
46 También se demandó a los señores María Isabel Mesa Sánchez y a Néstor Cadavid Cañola, pero,
frente a la primera fue aceptado el desistimiento que presentó la actora (Fls. 3.760 y 3.761, C. 2) y
respecto del segundo se advirtió la falta de legitimación en la causa por pasiva, tal como se consideró
en el acápite 3 de las consideraciones del presente proveído.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de agosto de 2023, Rad.:60146.
48 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: “Identidad de partes, lo que implica que al proceso
deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada” (C-100 de 2019).
49 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso, Parte General. Dupré Editores, 2016.
P. 690.
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proceso para predicar una cosa juzgada, deben estudiarse las pretensiones, los
hechos y la sentencia previamente dictada, para confrontarlos con las pretensiones
y los hechos del proceso a decidir, a fin de determinar si existe o no identidad.
5.2.2.1. De cara al caso concreto la Sala observa que en la demanda objeto de
estudio, dejando de lado las pretensiones de liquidación del contrato y la subsidiaria
de enriquecimiento sin justa causa, los integrantes del Consorcio CCC-ETA solicitan
que se declare que Metroplús incumplió el contrato de consultoría No. 70 de 2005 y
que los consorciados tienen derecho a que se les reconozcan los recursos
derivados (i) de la utilización de los profesionales que dispuso para su ejecución; (ii)
de los trabajos adicionales que se realizaron después del vencimiento del plazo
contractual y “para la terminación de los estudios y diseños”; y (iii) de la utilización
de recursos humanos de carácter profesional y de gastos directos no reembolsados
que se utilizaron y causaron durante la suspensión del contrato y que fueron
necesarios “para la terminación de estudios y diseños”. Como consecuencia,
pretenden que se condene a pagar los perjuicios causados.
A su vez, en punto a los hechos en que se fundan dichas pretensiones, de
conformidad con el escrito introductorio se advierte que estos se circunscriben, en
resumen, al relato acerca de las prórrogas del plazo contractual y la adición de
recursos para la ejecución del negocio jurídico, así como también a las
suspensiones, alegándose que Metroplús no apropió ninguna suma de dinero
adicional al contrato para soportar la utilización del recurso humano para terminar
los estudios y diseños con la finalidad de cumplir con el negocio jurídico.
5.2.2.2. Por su parte, en el proceso que decidió la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con radicado 56885, Metroplús en su demanda
formuló las siguientes pretensiones50: que se declarara que los integrantes del
Consorcio CCC-ETA incumplieron el contrato de consultoría No. 70 de 2005, “al no
entregar los estudios y diseños, de acuerdo con las condiciones y obligaciones
contractuales exigibles”; que se declarara que hubo circunstancias originarias de
desequilibrio de la ecuación económica contractual, ante el incumplimiento de las
50 Información que se desprende de la sentencia del 25 de noviembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco de la acción contractual que interpuso Metroplús
en contra de los integrantes del Consorcio CCC-ETA (Fls. 6.847 a 6.951, C.6), así como también de
la sentencia dictada el 1 de maro de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado (consultada en la plataforma Samai).
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obligaciones a cargo de las sociedades integrantes del Consorcio; que, como
consecuencia, se ordenara a los consorciados “al pago de todas las sumas de
dinero de todo orden y que sin limitación resulten probados dentro del presente
proceso”, junto con la devolución del anticipo entregado por Metroplús.
En dicho caso los hechos también dieron cuenta de las ampliaciones del plazo, de
la adición de recursos y de las respectivas suspensiones del contrato No. 70 de
2005, afirmándose que los integrantes del referido Consorcio no entregaron a
Metroplús los estudios y diseños conforme con lo estipulado en los términos de
referencia, terminándose el negocio jurídico sin lograrse los objetivos acordados.
5.2.2.3. A la vista de lo anterior, esta Subsección evidencia en los dos procesos (el
sub lite y el 56885) la contraposición de intereses entre los integrantes del Consorcio
CCC-ETA y Metroplús. Mientras que en el caso en estudio los consorciados pidieron
que se declarara el incumplimiento del contrato No. 70 de 2005 por parte de
Metroplús, en el 56885 fue dicha entidad pública la que solicitó que se declarara el
incumplimiento del citado negocio jurídico por parte de las sociedades que
conformaron el Consorcio. De igual modo, como se observa, ambos procesos giran
en torno al incumplimiento de obligaciones respecto del contrato No. 70 de 2005.
Es cierto que, al margen de la declaratoria de incumplimiento del negocio jurídico
solicitada por cada una de las partes, las pretensiones concretas al respecto en
cada uno de los procesos son distintas, lo que es natural en tanto los integrantes
del Consorcio CCC-ETA y Metroplús no ocuparon los mismos extremos procesales
en los dos litigios, sin perjuicio de señalar que los pedimentos en uno y otro caso
guardan relación y encuentran conexión respecto del cumplimiento de las
obligaciones del contrato de consultoría No 70 de 2005, dado que la negativa de
desembolsar recursos adicionales por parte de la entidad pública, por la utilización
de profesionales por fuera del tiempo programado, se fundamentó en el
incumplimiento de los integrantes Consorcio CCC-ETA al no entregar los estudios
y diseños conforme las exigencias de los términos de referencia de licitación pública.
En efecto, en el proceso de la referencia los integrantes del Consorcio solicitan el
incumplimiento en tanto Metroplús no reconoció los valores correspondientes a la
utilización de recursos humanos de carácter profesional para la terminación de los
estudios y diseños. En este mismo juicio Metroplús, en su calidad de demandada,
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básicamente fundó su defensa, bajo la excepción de contrato no cumplido, en el
hecho de que el Consorcio fue quien incumplió sus obligaciones, porque los diseños
y estudios, además de que no los entregó oportunamente, tampoco cumplieron con
la calidad exigida, de ahí que no tuviera que reconocer suma adicional alguna a la
inicialmente acordada. Advierte la Sala, entonces, que lo que alegó Metroplús como
excepción en el caso en cuestión fue el sustento de la demanda que dicha entidad
pública formuló en contra de los integrantes del Consorcio (proceso 56885), cuya
pretensión principal, como ya se vio, consistió en que se declarara el incumplimiento
de contrato No. 70 de 2005, al no entregarse los estudios y diseños conforme las
exigencias de los términos de referencia.
Lo anterior muestra, clara e indefectiblemente, la relación inescindible entre las
pretensiones formuladas en la demanda objeto de estudio con las planteadas en el
proceso con radicado 56885, al punto de que lo alegado en el libelo introductorio
presentado por Metroplús en contra de quienes conformaron el Consorcio CCC-ETA
sirvió como sustento o como base para que la misma entidad pública se opusiera a
las pretensiones que los consorciados elevaron en su contra en este proceso.
A partir de lo expuesto la Sala concluye que, si bien las pretensiones formuladas en
el presente caso y en el proceso con radicado 56885 fueron distintas, ello no puede
ser motivo para descartar de plano el requisito de identidad de objeto que se
requiere para la configuración de la excepción de cosa juzgada, máxime porque del
análisis hecho en precedencia quedó clara la inescindibilidad entre el petitum del
sub examine y el planteado en el proceso que decidió la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
En este punto, viene bien resaltar que el anterior aserto no resulta ajeno al criterio
que en casos análogos ha expuesto esta Corporación, al declarar la cosa juzgada
a pesar de que las pretensiones elevadas en los procesos examinados fueran
diferentes, tras advertir la vinculación o relación inescindible entre lo peticionado en
ambos litigios:
“De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que en los dos procesos
analizados se presenta una correspondencia en la contraposición de intereses
entre Consulting Net S.A. y el Fontic. Al respecto, en el proceso con radicado interno
60.146 Consulting Net S.A. pretendió el incumplimiento del Fontic por el no pago de
las facturas 73 y 74 de 2010 y en el proceso 57.276 el Fontic pretendió la declaratoria
de incumplimiento por el no pago de parafiscales y seguridad social de los integrantes
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de la UT contratista, como motivo de improcedencia del pago de las referidas facturas;
no obstante, a pesar de tratarse de pretensiones distintas, la Sala destaca que
guardaron relación respecto del cumplimiento de las mismas obligaciones del
contrato 539 de 2008 y, además, en los dos procesos se discutió y las partes se
pronunciaron respecto de las contraprestaciones enunciadas, debido a que se
encontraban inescindiblemente ligadas la una con la otra, dado que el no pago
de las facturas por parte del Fontic se fundó en el incumplimiento de la obligación de
pago de seguridad social y parafiscales por parte de la UT Interfactory”51.
Tal es la relación existente entre este asunto y el proceso 56885, que el a quo en
este caso dictó fallo con fundamento en las consideraciones de la sentencia del 25
de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
marco del proceso No. 05-0001-23-31-000-2008-00243-00 que adelantó Metroplús
en contra de los integrantes del Consorcio CCC-ETA, con radicado interno 56885.
Al respecto, esto fue lo que sostuvo el Tribunal a quo en el caso sub examine:
“(…) Frente al incumplimiento contractual alegado en la demanda se advierte que el
Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 25 de noviembre de 2015 la
cual se encuentra en apelación ante el Consejo de Estado (Fls. 6897 y ss cdno 6), en
un proceso de controversias contractuales instaurado por Metroplús S.A. en contra
del Consorcio CCC-ETA y en el cual solicitó la declaratoria de incumplimiento del
contrato No. 70 de 2005, el mismo que se debate en el presente asunto.
De dicha sentencia se desprende que las pruebas de las que se sirve son las mismas
aportadas al presente proceso, por lo cual se seguirán derroteros similares a los allí
plasmados, los cuales son compartidos por la Sala de Decisión”52.
5.2.2.4. En la sentencia que dictó el Tribunal a quo en este asunto se negaron
las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento del contrato de
consultoría No. 70 de 2005 que formularon los integrantes del Consorcio CCC-ETA
en contra de Metroplús, al considerar que, si bien el Consorcio cumplió tardíamente
su obligación de entregar los diseños, ello obedeció a las conductas de Metroplús -
demandada-, al no gestionar los recursos necesarios para el desarrollo del negocio
jurídico y no adicionar el tiempo ni el dinero requeridos para el efecto; no obstante,
seguidamente el Tribunal sostuvo que el incumplimiento de la entidad contratante
quedó superado en las adiciones y en las ampliaciones del contrato en cuestión, en
las cuales no se consignaron salvedades en relación con el valor correspondiente a
la utilización de los profesionales por fuera del tiempo programado y a los gastos
generados durante la ejecución y la suspensión del contrato, así como los montos
causados con posterioridad al vencimiento del plazo contractual.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de agosto de 2023, Rad.:60146.
52 Fls. 7005 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Sobre el particular, en el recurso de apelación la parte actora alegó que,
comoquiera que en el fallo dictado por el a quo en este caso se reconoció que
Metroplús y no el Consorcio fue el que incumplió el contrato de consultoría No. 70
de 2005, lo lógico era el reconocimiento de los recursos dispuestos para la ejecución
del negocio jurídico, por la utilización del personal por fuera del tiempo contratado,
necesarios para cumplir el objeto contractual, sin que fuera viable la exigencia de
salvedades, dado que lo solicitado en la demanda, como consecuencia del
incumplimiento, no se fundó en sobrecostos y perjuicios por mayor permanencia,
sino que se encaminó al pago de los recursos en los que incurrió en la ejecución.
Ahora bien, en la sentencia que profirió la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado el 1º de marzo de 2023, en el proceso con radicado 56885
que adelantó Metroplús en contra de los integrantes del Consorcio CCC-ETA, se
revocó el fallo de primera instancia que había negado las súplicas de la demanda53
y, en su lugar, se declaró el incumplimiento del contratista al constatarse que no
entregó los diseños y estudios de acuerdo con las exigencias pactadas y, a su vez,
le ordenó a los consorciados la devolución del anticipo no amortizado54.
En este sentido, en la providencia de la Subsección B mencionada, luego de
analizar la forma de pago pactada en el negocio jurídico, se sostuvo que el
contratista no podía exigir mayores recursos para el cumplimiento del objeto
53 Las razones por las cuales el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso 56885, negó las
pretensiones fueron las siguientes: “En ese orden de ideas, dado el volumen de las actividades a
desarrollar y las especificaciones y especialidades técnicas de las mismas, los cumplimientos
parciales por parte del contratista que constantemente se reclaman, además de considerar esta
Corporación que la causa por la cual no se logró la ejecución del 100% del contrato fue la falta de
aprovisionamiento de recursos por la entidad, tal como lo constatan los peritajes, la Sala no
encuentra acreditado que se presente una responsabilidad contractual imputable al contratista.
Igualmente, se observa que los peritos coinciden en afirmar que los trabajos entregados por el
consorcio, si bien no son completos, sí tienen un importante grado de desarrollo y ejecución, incluso
al punto de que estos con una inversión no cuantiosa podrían haber sido viables, que además
coinciden en afirmar que dentro del marco de desarrollo y ejecución del contrato bajo el modelo de
reembolso de gastos no podría sostenerse que el consorcio generó por su actuación culposa,
pérdidas o perjuicios a Metroplús; por esta esta Corporación negará las pretensiones de la demanda
al no encontrar probada la responsabilidad por falta de cumplimiento del contratista” (Fl. 6950).
54 La parte resolutiva del citado fallo de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
fue la siguiente: ““1º) Revócase la sentencia de 25 de noviembre de 2015 proferida por la Sala
Primera de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
2º) Declárase que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores SA (CCC) y Estudios
Técnicos y Asesorías SA (ETA), como integrantes del consorcio CCCETA, incumplieron el contrato
de consultoría número 70 celebrado el 18 de noviembre de 2005 con Metroplús SA.
3º) Condénase a las sociedades Compañía Colombiana de Consultores SA (CCC) y Estudios
Técnicos y Asesorías SA (ETA), como integrantes del consorcio CCCETA, a pagar a la Metroplús
SA la suma de setecientos dieciocho millones cuarenta y dos mil novecientos treinta y nueve pesos
($718.042.939).
4º) Niéganse las demás súplicas de la demanda” (negrillas del texto original).
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contractual; se destacó, además, que las obligaciones derivadas del acuerdo de
voluntades en cuestión no eran de medio sino de resultado, y se expusieron algunas
consideraciones adicionales en el sentido de indicar que Metroplús -entidad
contratante-, en todo caso y para superar los problemas en la ejecución del contrato,
adicionó tiempo y dinero, sin que el contratista, al momento de suscribir las
adiciones y las prórrogas, aclarara “que lo acordado era incapaz de arreglar los
problemas”.
En efecto, en cuanto a las obligaciones del contratista y a la forma de pago pactada
en el negocio jurídico, a partir de lo cual en el fallo en comento se concluyó que el
contratista no podía exigir recursos adicionales a los acordados inicialmente, la
Subsección B sostuvo:
“(…) con fundamento en las cláusulas del contrato y lo dispuesto en el pliego de
condiciones, atinentes al alcance de las obligaciones, se concluye que el consultor
se comprometió a entregar todos los diseños y estudios a cambio del precio
pactado, en efecto, en los términos de referencia expresamente se indicó que el valor
de la propuesta debía ser suficiente para elaborar la totalidad de los productos, allí se
precisó que ‘el valor total de la oferta deberá cubrir íntegramente los costos (…)
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos’ (fl. 599 vlto. cdno. ppal.).
Lo anterior obligaba a que la propuesta económica desagregara y precisara con la
mayor exactitud la cantidad de fondos económicos requeridos pues, el participante
debía precaver, con fundamento en su experiencia técnica, que los recursos
serían suficientes para confeccionar todos los productos solicitados con el
dinero y en el tiempo indicados en los términos de referencia.
Desde un inicio se estableció un cronograma de entregas que debía ser cumplido –
más adelante se abordará lo relacionado con el cambio en la programación– y que
obligaba, por ejemplo, a entregar durante el segundo mes el ‘informe y planos de los
levantamientos topográficos’ (fl. 617 cdno. ppal.) para lo cual el contratista tenía
que emplear el personal –los ingenieros, dibujantes, etc señalados
anteriormente– y los costos indirectos por él propuestos durante el proceso de
selección, sin que pudiera destinar o exigir mayores recursos, en consecuencia,
el contrato obligaba a que el contratista adelantara –para seguir con el ejemplo– todo
lo relacionado con los estudios topográficos con el dinero disponible para esa
actividad.
Así las cosas, cada uno de los estudios y diseños contaba con un presupuesto
definido en la propuesta del contratista –la cual finamente definió el precio total del
contrato– lo cual le impedía al contratista pretextar la indebida planificación de
su propuesta para, posteriormente, requerir más dinero para efectos de
ejecutarla, además, tampoco podía emplear los recursos de una actividad para
adelantar otra distinta”.
En relación con la adición de recursos y la extensión del plazo contractual pactadas
por las partes contratantes, la Subsección B consideró que el Consorcio CCC-ETA
suscribió dichos documentos contractuales sin aclarar que lo acordado no bastaba
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para superar los problemas y añadió que, de acuerdo con la jurisprudencia,
resultaba contrario al principio de buena fe contractual tildar esos acuerdos de
insuficientes cuando los suscribió sin ningún tipo de reparo. Esto señaló:
“Además, el fallo impugnado sostuvo que no hubo incumplimiento, porque el
contratista demandado debió destinar recursos previstos para otras actividades a la
tarea de terminar los estudios preliminares; no obstante, las partes acordaron
prorrogar el plazo y adicionar el valor del contrato para superar los
inconvenientes derivados de esa circunstancia.
La entrega de los productos inacabados no puede excusarse en la falta de tiempo y
dinero pues, las partes acordaron reponer todos los recursos empleados en las otras
labores, en consecuencia, como los cocontratantes pactaron todo cuanto era
necesario para sortear esos inconvenientes, el consultor no podría válidamente
exculpar su incumplimiento con fundamento, precisamente, en los inconvenientes que
ya fueron superados.
El hecho de que los estudios preliminares estuvieran incompletos afectaba el cálculo
inicial del consorcio; sin embargo, la entidad, consciente de esa problemática,
adicionó tiempo y recursos para superar el problema, y el contratista estuvo de
acuerdo con la solución. El consultor suscribió los documentos contractuales
de prórroga y adición sin aclarar que lo acordado era incapaz de arreglar los
problemas, frente a lo cual la jurisprudencia ha entendido que el interesado
debe indicarle a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga
o suspensión lo afecta de alguna forma, con mayor razón cuando se llegan a
acuerdos para superar las dificultades y viabilizar la ejecución del contrato
pues, sería contrario a la buena fe contractual acordar una solución para luego
tildarla de insuficiente.
Lo anterior es suficiente para revocar la decisión impugnada pues, la parte
demandada no ejecutó en debida formal (sic) las prestaciones a su cargo, ninguno de
los estudios y diseños que entregó cumplían a cabalidad lo pactado”.
Por otra parte, lo expuesto por la Subsección B para señalar que las partes
acordaron obligaciones de resultado y no de medio se fundamentó en lo siguiente:
“A pesar de que el fallo impugnado reconoció que ninguno de los estudios y diseños
fue entregado con el lleno de los requisitos pactados, negó las pretensiones de
incumplimiento porque la forma de pago acordada solo obligaba al contratista a
destinar los recursos –talento humano y demás costos– al fin propuesto –actividad de
consultoría–, en consecuencia, según el a quo el incumplimiento solo se configuraría
si este desviaba los recursos a actividades distintas a las pactadas y nunca por no
entregar los productos. El anterior entendimiento, al igual que el sostenido por los
peritos, se sustentó en la idea de que las partes acordaron obligaciones de medio y
no de resultado.
(…).
Como ya se indicó, las partes acordaron la entrega de unos productos
previamente definidos en un lapso determinado, contexto propio de las
obligaciones de resultado, en ningún apartado se previó la posibilidad de no
entregarlos, por el contrario, al finalizar el plazo de ejecución el consultor tenía la
obligación de contar con ‘la totalidad de los estudios y diseños con todas las
correcciones y observaciones sugeridas por la interventoría y Metroplús SA y
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aprobados por las autoridades competentes para el recibo de los trabajos a entera
satisfacción’ (términos de referencia - fl. 618 cdno. ppal.), lo anterior pone en
evidencia que la máxima diligencia empleada no excusaría la ausencia de
resultados.
Ahora bien, las partes pactaron que el pago de la ejecución se haría mediante ‘el
reembolso de los costos del personal autorizado y efectivamente empleado en la
consultoría afectados por el factor multiplicador propuesto más el reembolso de los
costos directos ocasionados y autorizados por Metroplús SA’ (cláusula quinta del
contrato - fl. 612 cdno. ppal.); sin embargo, esta forma de pago no significa que
automáticamente las obligaciones acordadas fueran de medio y no de
resultado, como al parecer lo entendió el fallo de primera instancia.
Igualmente, los peritos sostienen en forma general que ese sistema de pago implicaba
que las obligaciones del contratista eran de medio; sin embargo, esa afirmación
genérica se hizo sin consultar el clausulado contractual, del cual es claro que las
partes estipularon la entrega de unos determinados productos al final del plazo de
ejecución con unas precisas especificaciones, en todo caso, si bien ambos peritajes
afirmaron que las obligaciones eran de medio ese no era el propósito del trabajo a
ellos encomendado el cual debió limitarse a revisar los aspectos técnicos requeridos.
El segundo dictamen aseguró que este sistema de pago se pacta para remunerar
obligaciones de medio cuando se desconoce la dimensión del trabajo a realizar; no
obstante, en el presente asunto los cocontratantes conocían de antemano las labores
a ejecutar, el consultor, en síntesis, debía llevar a nivel de detalle los estudios y
diseños de la vía con fundamento en unos estudios preliminares –cosa distinta era la
calidad de esos estudios preliminares y su impacto en la planeación, aspecto que se
abordará más adelante–, tanto se sabía cómo eran los productos que se requerían
que, precisamente, el contratista en su propuesta calculó el valor de los trabajos
necesarios para poder culminarlos en un plazo cinco (5) meses.
Si se aceptara la tesis de que se trataba de obligaciones de medio perdería todo
sentido la estipulación de un cronograma, la determinación de un precio para
cada producto y el deber de entregar los productos al cabo del plazo acordado;
en otros términos, las estipulaciones libre y autónomamente acordadas por las partes
del negocio jurídico sobre esos temas quedarían huérfanas, se vaciarían de contenido
y quedarían sin ninguna posibilidad de aplicación Una lectura de esa otra índole
reduciría dichas estipulaciones a la inutilidad, en contraposición a lo previsto en el
artículo 1620 del Código Civil, que ordena privilegiar aquella interpretación que
permita otorgarle algún efecto a las cláusulas contractuales pues, las partes buscan
que sus pactos tengan efecto en la relación negocial que perfilan y es por ello que el
juez debe optar por la interpretación que comporte alguna relevancia jurídica, toda
vez que ‘sería absurdo siquiera suponer la celebración de un contrato para que no
produzca efecto alguno cuando las partes, por principio, lo hacen bajo la premisa
cardinal de su cumplimiento y eficacia’.
Así las cosas, es claro que en este asunto objeto de examen el incumplimiento se
configuraba por la no entrega de los estudios y diseños con el lleno de los requisitos
acordados, la sola diligencia del contratista en el manejo de los recursos
destinados para la ejecución no es una razón válida para eximirlo de atender el
principal deber derivado del contrato –en todo caso el interventor señaló la
subutilización de los recursos por parte del contratista–, igualmente, la negativa de
la entidad estatal de adicionar tiempo y dinero por encima de lo ya acordado
tampoco le permitía al contratista no alcanzar el resultado” (se destaca)
Contextualizado lo anterior, hay que decir que el incumplimiento del contrato de
consultoría No. 70 de 2005 que declaró la Subsección B de la Sección Tercera del
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Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 1° de marzo de 2023 (proceso con
radicado interno 56885), recayó sobre los integrantes del Consorcio CCC-ETA -
demandados en ese asunto-, determinación que, como acaba de verse, trajo
consigo el consecuente análisis respecto de si era viable, ante la indefinición de los
estudios preliminares, el desembolso recursos adicionales -a los inicialmente
acordados- en favor del Consorcio contratista para el cumplimiento del objeto
contractual, con el examen de que del contrato se desprendían obligaciones de
resultado, y aparejado del estudio necesario e inescindible de los documentos
contractuales, como la adición y las prórrogas contractuales suscritas, sin que el
Consorcio contratista presentara reparo alguno o aclaración en ellos.
En este punto conviene destacar que la doctrina ha precisado que la cosa juzgada,
en cuanto al objeto se refiere, “se extiende a aquellos puntos que sin haber sido
materia expresa de la decisión de la sentencia, por ser consecuencia necesaria o
depender indispensablemente de tal decisión, resultan resueltos tácitamente (...)
Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa
materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad objeto”55.
Es así que, en el presente caso, se cumple el requisito de la identidad de objeto, en
la medida en que las pretensiones formuladas en el proceso 56885 llevaron a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado a analizar:
(i) que, de acuerdo con las obligaciones del Consorcio y con lo pactado en
cuanto a la forma de pago, no era posible, ante la indefinición de los estudios
preliminares, la exigencia de recursos adicionales para el cumplimiento del objeto
contractual, aspecto este que tiene relación con las pretensiones elevadas en el
asunto objeto de estudio, consistentes en que se le reconozca lo correspondiente
por la utilización del personal y los gastos en los que incurrió para la terminación de
los estudios y diseños56, punto sobre el cual insistió en su recurso de apelación.
(ii) que, de conformidad con los documentos contractuales alusivos a la
adición de recursos y a la extensión del plazo del negocio jurídico para superar los
55 Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso.
Quinta Edición. P. 461.
56 En el hecho 1.3.5. de la demanda objeto de estudio se sostuvo que, producto de la indefinición de
los parámetros de diseño, el Consorcio solicitó una ampliación del plazo y una adición de recursos
para soportar la utilización de profesionales dispuesta durante el mayor plazo requerido para la
terminación del contrato.
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inconvenientes -ante la indefinición de los estudios preliminares- en la ejecución en
cuanto a dinero y tiempo, los cuales suscribió el Consorcio sin reparo o sin
aclaración alguna, no era posible -dijo la Subsección B- que el contratista los tildara
de insuficientes, ya que ello contrariaba el principio de la buena fe contractual.
Advierte la Sala, entonces, que con ese análisis la Subsección B se pronunció sobre
los efectos e implicaciones de que el Consorcio no hubiese consignado reparos o
salvedades en las adiciones y prórrogas del contrato de consultoría, aspecto y
estudio que se hace extensivo frente a lo pretendido en relación con el reclamo por
la suma adicional que supuestamente debía reconocérsele al contratista para la
terminación de los diseños y estudios (pretensiones primera, segunda, tercera y
cuarta)57, evidenciándose, de esa manera, la identidad de objeto. De este modo,
hay que decirlo, con lo analizado por la Subsección B quedó resuelto el argumento
expuesto en la apelación interpuesta por los integrantes del Consorcio CCC-ETA en
contra del fallo dictado por el a quo en este caso, consistente en que no se le podía
exigir dejar plasmadas salvedades en las adiciones y en las prórrogas.
57 Las pretensiones indicadas, que tienen identidad de objeto con el análisis realizado por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, son las siguientes: “Primero. Que
Metroplús S. A. incumplió el contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto era la "ELABORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS
NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR
PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ", por las razones
expuestas en la parte motiva de este escrito.
Segundo. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S.A. y ETA S.A., que
conforman el consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S.A., por razón de la ejecución
el Contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA
OBTENER LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL
SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración que se derivaba
de la utilización de los recursos humanos de carácter profesional que dispuso para su ejecución e
hiciera el reembolso de los gastos directos que fueron debidamente autorizados.
Tercero. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S. A. y ETA S. A., integrantes
del Consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S. A., por razón de la ejecución el Contrato
No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS
PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS
EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración que se deriva de los trabajos adicionales
que tuvieron que realizarse después del vencimiento del plazo y para la terminación de los estudios
y diseños.
Cuarto. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S. A. y ETA S. A., integrantes
del Consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S. A., por razón de la ejecución el Contrato
No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS
PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS
EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración que se deriva de la utilización de los
recursos humanos de carácter profesional y al reembolso de los gastos directos que se utilizaron y
causaron durante el plazo de suspensión del Contrato y que fueron necesarios para la terminación
de los estudios y diseños” (negrillas del texto original).
Radicado: 05001-23-31-000-2008-00314-01 (66632)
Demandantes: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. Y OTRO
En este punto vale destacar que en la demanda objeto de estudio, concretamente,
se pidió declarar el incumplimiento por no habérsele reconocido al contratista
recursos adicionales por la utilización de profesionales, así como tampoco los
gastos en que incurrió para la terminación de los estudios y diseños, entre ellos los
valores plasmados en las actas de cobro Nos. 6, 7 y 8 que fueron radicadas en
octubre de 200658. A su vez, en la apelación la actora señaló que el Tribunal a quo,
partiendo de una inexacta interpretación del dictamen pericial, negó el
reconocimiento que le correspondía por las actas que supuestamente daban cuenta
de los gastos incurridos desde julio de 2006.
En punto a las actas aludidas, revisado el expediente, encuentra la Sala lo siguiente:
(i) Acta No. 659, radicada el 10 de octubre de 2006 ante Metroplús, por un valor de
$237’382.18260 y por concepto de utilización de recurso humano y otros gastos
como alquiler de vehículos, entre el 1° y el 31 de julio de 2006; (ii) Acta No. 761,
radicada el 22 de noviembre de 2006 -aunque en la demanda se afirmó que había
sido radicada en octubre-, por un valor de $196’149.92062 y por concepto, también,
del recurso humano utilizado para elaboración de diseños y estudios en el período
de agosto de 2006; y (iii) Acta No. 863, que no fue radicada ni suscrita por el
representante del Consorcio, en la que figura un valor de $62’839.172 64, por
concepto de utilización de personal en septiembre de 2006. Adicionalmente, una
vez revisadas las actas, se tiene que, si bien las Actas Nos. 6 y 7 cuentan con la
firma del representante del Consorcio CCC-ETA, no así con la del interventor, lo
cierto es que, según la cláusula quinta del contrato objeto de estudio65, para el pago
o reconocimiento de dichas actas se requería el visto bueno de la interventoría.
58 En la misma demanda se afirmó que las actas Nos. 6 y 7 fueron radicadas en octubre de 2006,
mientras que la No. 8 “no pudo ser presentada porque requería subsanar primero los inconvenientes
que se generaron con las actas anteriores” (Fl. 3.648, C.1).
59 Fls. 2.993 a 3.053, anexo 7.
60 Fl. 3.001, anexo 7.
61 Fls. 3.055 a 3.112, anexo 7.
62 Fl. 3.059, anexo 7.
63 Fls. 3.112 a 3.184, anexo 7.
64 Fl. 3.118, anexo 7.
65 “CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. METROPLÚS S.A. pagará mensualmente el valor del
contrato, mediante el reembolso de los costos del personal autorizado y efectivamente empleado en
la consultoría afectados por el factor multiplicador propuesto más el reembolso de los costos directos
ocasionados y autorizados por METROPLÚS S.A., dentro de los quince (15) días siguientes a la
presentación de las facturas correspondientes a cada acta parcial, y una vez sea dado el visto bueno
por la interventoría y el coordinador del proyecto señalado por METROPLÚS S.A.” (Fl. 36, anexo 1
Ppal).
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Dicho lo anterior, la Sala precisa que, con lo considerado por la Subsección B, se
abarcó lo debatido en el presente caso en relación con las referidas actas, las cuales
versan sobre los gastos adicionales por la utilización de personal y otros costos en
los que incurrió el contratista, dado que el proceso 56885 dejó resuelto que no era
viable el reconocimiento de sumas adicionales a las inicialmente acordadas en el
contrato de consultoría para la terminación y entrega de los diseños y estudios,
aunado al hecho de que, vale reiterar, se suscribieron adiciones y prórrogas sin que
el contratista presentara reparos, lo que consecuencialmente permite advertir la
concreción del requisito de identidad de objeto entre ese caso y el decidido por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. No está de más señalar
que la última ampliación del plazo del contrato se suscribió el 15 de diciembre de
200666, mientras que las actas referidas (6 y 7) se radicaron en octubre y noviembre
de ese mismo año.
(iii) que, conforme con lo estipulado en el contrato No. 70 de 2005, las
obligaciones eran de resultado y no de medio, punto este que en el caso objeto de
estudio también se alegó en la demanda interpuesta por los integrantes del
Consorcio CCC-ETA para sacar avante sus pretensiones relacionadas con el
reconocimiento de recursos adicionales por la disposición de personal para la
terminación de diseños y estudios, concretamente en los fundamentos de
derecho67, señalándose que del negocio se desprendían obligaciones de medio y
que, por tanto, resultaba reprochable que Metroplús no hubiera desembolsado
gastos a partir de julio de 2006 y a la vez que hubiera exigido que el Consorcio
continuara con la disposición del personal.
En ese contexto se advierte la configuración del requisito de identidad de objeto,
dado que lo considerado por la Subsección B abordó los puntos discutidos en este
caso, con la precisión de que dicha identidad de objeto no se predica respecto de la
pretensión de liquidación del negocio jurídico formulada en la demanda, ni tampoco
en relación con la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa, en tanto esas
peticiones no se plantearon en el proceso 56885 decidido por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
66 Fls. 64 y 65, anexo 1 del C.Ppal.
67 Ver el apartado 1.4.2. del acápite de antecedentes de este proveído.
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5.2.3. Identidad de causa
La Corporación ha señalado que este requisito se configura ante la coincidencia
entre la razón por la cual se demanda, es decir, en los hechos que originaron la
demanda y que sustentaron las súplicas formuladas en los dos procesos68.
5.2.3.1. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que las razones por las
cuales se demandó en ambos procesos coinciden, toda vez que parten de los
mismos supuestos fácticos, vale decir, las ampliaciones al plazo del contrato de
consultoría No. 70 de 2005, la adición de recursos y las suspensiones, cuyo punto
de convergencia se encuentra en la obligación principal consistente en la
elaboración de diseños y estudios, cumpliéndose este requisito de la identidad de
causa. Y es que, mientras que en este caso los integrantes del Consorcio CCC-ETA
se fundan en esos hechos para solicitar el reconocimiento pecuniario -que no se
hizo en el iter contractual- por la utilización del personal para la terminación de los
diseños y estudios y el rembolso de gastos en que se incurrió a dicho efecto, en el
proceso 56885, que decidió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, Metroplús alegó que esos diseños y estudios no fueron entregados por
parte del contratista en los términos acordados.
5.2.4. Lo expuesto en precedencia conduce a concluir que en el presente caso
concurrieron los requisitos de identidad de partes, de objeto y de causa, de ahí que
se configure la excepción de cosa juzgada, y es que, si bien la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 1° de marzo de 2023
(proceso con radicado 56885) zanjó la controversia contractual adelantada por la
entidad Metroplús -demandante- en contra de los integrantes del Consorcio CCC-
ETA -demandados-, declarando el incumplimiento de los segundos en relación con
el contrato de consultoría No. 70 de 2005, el análisis que realizó en esa oportunidad
necesariamente implicó el abordaje y la resolución de los puntos debatidos en el
presente caso, tal como se evidenció atrás.
Bajo el derrotero que ha quedado expuesto, es menester señalar que, decidir sobre
lo pretendido en este asunto en relación con los reclamos por la suma adicional que
supuestamente debía reconocérsele al contratista por la utilización del recurso
68 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 21 de junio de 2023. Rad.:60176.
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humano y por los diferentes gastos en los que la actora afirma haber incurrido para
la terminación de los diseños y estudios (pretensiones primera, segunda, tercera y
cuarta)69, incluyendo los valores plasmados en las actas de cobro Nos. 6, 7 y 8,
implicaría desconocer lo que ya fue objeto de pronunciamiento en el proceso 56885,
yendo en contravía de lo que ya hizo a tránsito a cosa juzgada, dado que existe una
relación de inescindibilidad entre el reconocimiento o no de la sumas adicionales a
las inicialmente acordadas en el contrato de consultoría para la terminación y
entrega de los diseños y estudios –que es lo que se debate- con lo considerado por
la Subsección B en lo que respecta a los efectos de la suscripción de las prórrogas
y adiciones sin salvedades.
Es así que se configuró la excepción de cosa juzgada frente a las pretensiones
declarativas primera, segunda, tercera y cuarta y sus consecuenciales, sobre las
cuales se insistió en el recurso de apelación que interpusieron los integrantes del
Consorcio CCC-ETA contra la sentencia de primera instancia -y así se declarará en
la parte resolutiva de esta providencia-, sin perjuicio de reiterar, como ya se había
anticipado, que los efectos de dicha institución procesal no cobijan la pretensión de
69 Las pretensiones mencionadas son las siguientes: “Primero. Que Metroplús S. A. incumplió el
contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto era la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS
PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS
EN EL VALLE DE ABURRÁ", por las razones expuestas en la parte motiva de este escrito.
Segundo. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S.A. y ETA S.A., que
conforman el consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S.A., por razón de la ejecución
el Contrato No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA
OBTENER LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL
SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración que se derivaba
de la utilización de los recursos humanos de carácter profesional que dispuso para su ejecución e
hiciera el reembolso de los gastos directos que fueron debidamente autorizados.
Tercero. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S. A. y ETA S. A., integrantes
del Consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S. A., por razón de la ejecución el Contrato
No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS
PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS
EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración que se deriva de los trabajos adicionales
que tuvieron que realizarse después del vencimiento del plazo y para la terminación de los estudios
y diseños.
Cuarto. Que las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S. A. y ETA S. A., integrantes
del Consorcio CCC-ETA, tienen derecho a que Metroplús S. A., por razón de la ejecución el Contrato
No. 70 de 2005, cuyo objeto consistía en la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS
PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS
EN EL VALLE DE ABURRÁ", les pague la remuneración que se deriva de la utilización de los
recursos humanos de carácter profesional y al reembolso de los gastos directos que se utilizaron y
causaron durante el plazo de suspensión del Contrato y que fueron necesarios para la terminación
de los estudios y diseños” (negrillas del texto original).
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liquidación judicial del contrato de consultoría, ni tampoco la pretensión subsidiaria
de enriquecimiento sin causa planteadas en este asunto.
6. El objeto del recurso de apelación y el problema jurídico a resolver
6.1. En los términos del artículo 35770 del CPC y de acuerdo con los reparos
concretos del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia y lo expuesto en precedencia en punto a los efectos de la cosa juzgada, a
la Sala le corresponde pronunciarse sobre la pretensión de liquidación del contrato,
en tanto en la alzada se pidió el reconocimiento de unos valores.
6.2. Por otra parte, esta Sala no se pronunciará sobre la pretensión subsidiaria de
la demanda -que fue la décima-71 consistente en que se declare el enriquecimiento
sin causa, ya que fue desechada por el Tribunal de primera instancia 72 y la
recurrente no planteó argumento de inconformidad en su contra. Recuérdese que
el ad quem no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue
objeto del recurso de apelación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 357 del CPC.
6.3. En ese sentido, el problema jurídico en este caso se contrae a determinar si es
viable, en la liquidación judicial del contrato objeto de estudio, incluir el
reconocimiento de los valores reclamados por la actora.
7. Sobre la pretensión de liquidación judicial del contrato No. 70 de 2005
En la sentencia de primera instancia se accedió a la pretensión liquidación judicial
del negocio jurídico, pero sin reconocimiento de sumas en favor de las partes, por
cuanto no se allegó información suficiente para determinar la existencia de pagos
pendientes. Contra la anterior determinación, en el recurso de apelación la parte
actora señaló que, en sede de liquidación, debió reconocerse el valor de las actas
70 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.
71 “Décimo. Que, en subsidio, de las peticiones tercera y cuarta, se declare que Metroplús S.A. se
enriqueció a costas de las sociedades Compañía Colombiana de Consultores S. A. y ETA S. A.,
integrantes del Consorcio CCC-ETA y por razón de la ejecución del Contrato No. 70 de 2005, como
consecuencia de la utilización de recursos profesionales y la causación de costos directos durante
los plazos de suspensión del Contrato y con posterioridad a la terminación del plazo del Contrato.
72 Ver el apartado 4.3. de acápite de antecedentes del presente proveído”.
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presentadas con ocasión de la ejecución del contrato para cumplir con la entrega
de diseños.
En este sentido, en el escrito inicial se indicó que “la entidad no reembolsó los gastos
en que incurrió el consultor a partir de julio de 2006”, entre ellos, el valor de las actas
Nos. 6, 7 y 873, precisándose en el libelo que la 6 y la 7 fueron presentadas a la
entidad en octubre de 2006, mientras que la 8 “no pudo ser presentada porque
requería subsanar primero los inconvenientes que se generaron en actas
anteriores”74.
Al respecto se advierte que, si bien sobre la pretensión de liquidación del contrato
no recayeron los efectos de la cosa juzgada estudiada, porque esa petición no fue
solicitada ni debatida en el proceso que decidió la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que no hay lugar a pronunciarse sobre
el reconocimiento del valor de las actas Nos. 6. 7 y 8, porque sobre este punto sí
operó la cosa juzgada. Adicionalmente, se precisa que en el proceso no se demostró
la existencia de ningún otro concepto que deba ser reconocido en la liquidación.
En ese sentido, la Sala confirmará la determinación del a quo de liquidar el contrato
No. 70 de 2005 sin saldo a favor ni a cargo de las partes, por las razones expuestas.
8. Costas
No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se
evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
73 Estas actas fueron las únicas cuyo valor se reclamó en la demanda, de ahí que la providencia gire
en torno a ellas y no a otras.
74 Fl. 3.648, C.1.
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RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por
la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará
así:
PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del señor Nelson Cadavid Cañola.
SEGUNDO: Declarar probada la excepción de cosa juzgada parcial, en los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Liquidar judicialmente el contrato de consultoría No. 70 de 2005,
sin saldo a favor ni a cargo de ninguna de las partes.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERA: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑÓZ
Magistrado
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
VF
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