Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00429-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: daños causados a sujetos que se encuentran bajo relaciones de especial sujeción
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00429-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2008-00429-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
26 de abril de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados a sujetos que se encuentran bajo relaciones de especial sujeción / DAÑOS CAUSADOS A SUJETOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RELACIONES DE ESPECIAL SUJECIÓN – A soldado conscripto / DAÑOS CAUSADOS A SOLDADO CAMPESINO – Por explosión de granada de fragmentación en operativo de seguridad / DAÑO ANTIJURÍDICO – Lesiones causadas a soldado campesino por explosión de granada / LESIONES CAUSADAS CON GRANADA DE FRAGMENTACIÓN – Traumas craneoencefálico y acústico, heridas en miembro superior izquierdo
Tal y como se consignó en el acta No. 21276 del 25 de octubre de 2007, emanada de la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional, como consecuencia del estallido de la granada de fragmentación, el soldado campesino Camilo Díaz Lopera padeció unas lesiones consistentes en i) trauma craneoencefálico moderado con hematoma subdural izquierdo; ii) trauma acústico y iii) heridas en miembro superior izquierdo, las cuales generaron la disminución de su capacidad sicofísica en un 76,32%. (…) se evidencia que el daño alegado por la parte actora está acreditado, toda vez que el 17 de marzo de 2006 el conscripto Camilo Díaz Lopera, quien se desempeñaba como soldado campesino, adscrito al Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, resultó lesionado como consecuencia del estallido de una granada de fragmentación.
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR DAÑOS CAUSADOS A SOLDADO CAMPESINO – Término dos años / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – No operó por presentación en tiempo de la demanda
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. En el presente caso, los demandantes reclaman la indemnización de los perjuicios que se les habrían ocasionado por las lesiones de que fue víctima el señor Camilo Díaz Lopera, el 17 de marzo de 2006; en ese sentido, toda vez que la demanda se interpuso el 14 de marzo de 2008, se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO – Régimen aplicable / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE A SOLDADO PROFESIONAL Y CONSCRIPTO – Diferencias / DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A SOLDADOS CONSCRIPTOS - Garantizar la integridad sicofísica por encontrarse bajo relación de especial sujeción con el Estado
Cuando se discute la responsabilidad de la Administración por daños causados durante la prestación del servicio militar obligatorio, el régimen bajo el cual se resuelve dicha situación es diferente al que se aplica respecto de quienes voluntariamente ingresan a ejercer funciones de alto riesgo como la defensa y la seguridad del Estado, pues a diferencia del soldado profesional, que ingresa a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación salarial y prestacional, el soldado que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por los deberes impuestos en la Constitución Política y en la ley, derivados de los principios de solidaridad y de reciprocidad social, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Por lo anterior, en tanto las personas tengan el deber de prestar servicio militar obligatorio, la Administración está obligada a garantizar la integridad sicofísica de los conscriptos, por cuanto aquellos se encuentran bajo una relación de especial sujeción con el Estado, lo cual lo hace responsable, en principio, de los daños que les sean irrogados durante el cumplimiento de dicha relación.
REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD APLICABLES POR DAÑOS CAUSADOS A SOLDADOS QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO – Conscriptos. Daño especial, riesgo excepcional, culpa exclusiva de la víctima, hecho exclusivo de un tercero / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA – Daño especial / DAÑO ESPECIAL - Resultado lesivo se produce por rompimiento de igualdad frente a las cargas públicas / RIESGO EXCEPCIONAL – Daño se ocasiona por realizar actividades peligrosas o de utilizar artefactos que en su estructura fueron peligrosos / HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA – Exime de responsabilidad al Estado
Respecto del régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sección, en aplicación del principio iura novit curia, ha establecido que la Administración puede responder con fundamento en el régimen de daño especial, cuando el resultado lesivo se produjo como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas; bajo el de falla del servicio, cuando la irregularidad administrativa fue la causante del daño y, bajo el de riesgo excepcional, cuando aquel provino de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura fueren peligrosos. Sin embargo, si el resultado lesivo se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, el daño no será imputable al Estado, debido al rompimiento del nexo causal. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la responsabilidad del Estado por los daños causados a quienes prestan servicio militar obligatorio, consultar sentencia de 2 de marzo de 2000, CP. Alíer Eduardo Hernández Enríquez
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO – Aplicación de la teoría del riesgo excepcional / TEORÍA DEL RIESGO EXCECIONAL - Lesiones ocasionadas a conscripto por explosión de granada de fragmentación / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS A SOLDADO CAMPESINO – Existente / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO – Se configuró por las lesiones causadas a soldado campesino / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS CAUSADOS A PERSONAS BAJO ESPECIAL RELACIÓN DE SUECIÓN – Existente bajo el régimen de riesgo excepcional
En el presente asunto, está demostrado que las lesiones que sufrió el señor Camilo Díaz Lopera se ocasionaron mientras se encontraba en servicio activo, esto es, durante el operativo de seguridad que desarrolló la compañía Delhuyer del Batallón de Infantería No. 10, desde las 23:00 horas del 16 de marzo de 2006 y las 4:00 horas del día siguiente, y como consecuencia del estallido de una granada de fragmentación dentro del vehículo donde descansaba por órdenes de su comandante. En ese sentido, pese a que no se acreditó que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio, dicha circunstancia no implica la negativa de las pretensiones, porque, como se advirtió de manera precedente, en virtud de la relación especial de sujeción que se presenta entre el Estado y quienes prestan servicio militar obligatorio, siempre que no opere alguna causal eximente de responsabilidad, aquel debe asumir la reparación de los daños que se les hubiere podido ocasionar. Por lo anterior, dado que se probó que para el día de los acontecimientos el señor Camilo Díaz Lopera estaba vinculado al Ejército Nacional como soldado campesino y que en tal condición padeció las lesiones por las cuales hoy se reclama una indemnización, resulta claro que el daño le resulta atribuible a la entidad pública demandada, bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional, por cuanto se concretó el riesgo al que fue sometido el conscripto con la puesta en marcha de un operativo militar, actividad peligrosa que para su despliegue lógicamente exige el uso de artefactos explosivos y armas de dotación oficial.
CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Eximente de responsabilidad / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – No se acreditó que operara una causa extraña
Conviene señalar que la entidad pública demandada no alegó y tampoco acreditó que en este caso hubiere operado una causa extraña (fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o el hecho exclusivo y determinante de la víctima) con la capacidad de romper el nexo de causalidad existente entre el daño irrogado a los demandantes y la actividad peligrosa ejecutada por la Administración, pues, aunque solicitó el decreto de unas pruebas, no adelantó alguna actuación tendiente a que fueran debidamente incorporadas al proceso.
PERJUICIOS INMATERIALES – Perjuicios morales / PERJUICIOS MORALES
Tal y como se advirtió en el acápite de legitimación en la causa, los señores Carlos Julio Díaz Muñoz, Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas acreditaron su relación de parentesco, en primer y en segundo grado de consanguinidad, con el señor Camilo Díaz Lopera, razón por la cual se infiere que se vieron afectados por las lesiones que padeció su ser querido.
DAÑO A LA SALUD – Indemnización por disminución de la capacidad laboral / INDEMNIZACIÓN POR LESIONES CAUSADAS A SOLDADO CAMPESINO – Se reconoce en salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño a la salud
Tal y como se desprende del acta No. 21276 del 25 de octubre de 2007, emanada de la junta médica laboral del Ejército Nacional, las lesiones que sufrió el señor Camilo Díaz Lopera, consistentes en i) trauma craneoencefálico moderado con hematoma subdural izquierdo; ii) trauma acústico y iii) heridas en miembro superior izquierdo, generaron la disminución de su capacidad sicofísica en un 76.32%. Bajo ese entendido, toda vez que la gravedad de la lesión del señor Camilo Díaz Lopera es superior al 50%, de acuerdo con los criterios expuestos en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, la indemnización que, en su calidad de víctima directa, le corresponde es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud.
PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE – Se reconoce en salarios mínimos legales mensuales vigentes
Pese a que los medios probatorios que reposan en el expediente no permiten establecer la actividad económica del señor Camilo Díaz Lopera antes de su incorporación al Ejército Nacional, el reconocimiento de la indemnización se estima procedente, porque si no se hubiera presentado el resultado dañino, luego de cumplir con su deber constitucional, lo esperable era que el aquí demandante se dedicara a alguna actividad económica y, como ello no sucedió, se debe dar aplicación a la presunción, según la cual toda persona que se encuentra en edad productiva devenga, al menos, un salario mínimo legal mensual vigente. (…) Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($781.242), en tanto que resulta más favorable que el que regía en la época de los hechos; adicionalmente, se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual determina un ingreso base de liquidación de $976.552.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 05001-23-31-000-2008-00429-01(43744)
Actor: CAMILO DÍAZ LOPERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: COPIAS SIMPLES – valoración de los documentos aportados en copia simple / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados a las personas durante la prestación del servicio militar obligatorio – RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO – aplicación de la teoría del riesgo excepcional – lesiones ocasionadas a conscripto por explosión de granada de fragmentación / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – niega reconocimiento de perjuicios a hermana de la víctima directa porque no se pidió ninguna suma a su favor / LUCRO CESANTE – indemnización con base en el salario mínimo legal mensual vigente.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2008, los señores Camilo Díaz Lopera, Carlos Julio Díaz Muñoz, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Marcela Díaz Lopera; Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados por las lesiones que padeció el señor Camilo Díaz Lopera, en hechos ocurridos el 16 de marzo de 2006, mientras prestaba servicio militar obligatorio.
Como consecuencia de lo anterior, se solicitó que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, las sumas equivalentes a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Camilo Díaz Lopera, cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Carlos Julio Díaz Muñoz y el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas; mismos montos que, a su vez, se pidieron por concepto de “daño a la vida de relación”, en favor de cada uno de los referidos demandantes.
Adicionalmente, por concepto de perjuicios morales objetivados, se solicitó el pago de “los costos que genere el litigio”, por el pago “de honorarios al abogado que presentó la acción de reparación directa”.
Finalmente, por concepto de perjuicios materiales, bajo la modalidad de lucro cesante, se pidió que en favor del señor Camilo Díaz Lopera se pagaran las sumas de dinero que resultaren probadas en el proceso, para lo cual se debía tener en cuenta lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“El trabajo que realizaba el señor Camilo Díaz Lopera, calculada su vida probable por el capital con los incrementos legales vigentes, desde la fecha de los hechos, esto fue el día 16 de marzo de 2006.
“El derecho a exigirle alimentos, considerado en abstracto o en subsidio si no aun existieren bases suficientes para hacer los cálculos de estos perjuicios, el Tribunal por razones de equidad, los concretará en el equivalente en pesos al momento de la fecha de la sentencia a s.m.l.v”.
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que el señor Camilo Díaz Lopera prestó servicio militar obligatorio desde el 14 de noviembre de 2005 hasta el 12 de mayo de 2007.
De acuerdo con el libelo, durante los tres primeros meses el conscripto recibió entrenamiento en el Batallón de Infantería No. 10; posteriormente, fue trasladado al municipio de Valdivia (Antioquia).
Tal y como se indicó en la demanda, el 16 de marzo de 2006, a las 2:10 horas aproximadamente, el soldado Camilo Díaz Lopera resultó lesionado como consecuencia de la explosión de una granada de fragmentación, mientras se desarrollaba un operativo de seguridad en “la carretera que conduce de Medellín a la Costa”.
Según los demandantes, el estallido de la granada se produjo por el manejo inadecuado del artefacto explosivo dentro del vehículo oficial Ford 600 de placas IBA-01 de Itagüí, donde descansaban varios soldados, entre ellos, el conscripto Camilo Díaz Lopera.
Por lo anterior, el ahora demandante fue llevado al hospital del municipio de Valdivia; sin embargo, por la gravedad de sus heridas, tuvo que ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, institución en la que le practicaron una cirugía para remover las esquirlas de granada que se incrustaron en su cerebro.
Finalmente, se adujo que el señor Camilo Díaz Lopera sufrió alteraciones en la movilidad y la sensibilidad del lado derecho de su cuerpo, “en tal sentido, se ven relacionados el brazo, tórax, pie y dedos del brazo”.
3. Trámite de primera instancia
3.1 La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 7 de abril de 2008, providencia debidamente notificada a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y al Ministerio Público.
3.2 La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Respecto de los hechos manifestó que se atenía a las resultas del proceso.
Señaló que el daño ocasionado al señor Camilo Díaz Lopera no era atribuible a la entidad pública demandada, por cuanto las lesiones que sufrió se produjeron como consecuencia de la materialización de un riesgo propio del servicio.
Indicó que, como en las actividades militares resultaba normal la ocurrencia de ese tipo de “accidentes laborales”, las indemnizaciones a las que podían acceder los militares únicamente correspondían a las establecidas en el régimen laboral o a forfait, pues no era “lógico, ni justo, ni razonable que además de la pensión vitalicia, el Estado deba asumir una costosa indemnización por la materialización de un riesgo propio del servicio”.
Bajo ese entendido, dado que “todos los soldados en ejercicio de sus funciones” tenían el deber jurídico de soportar la concreción de los riesgos de la actividad militar, el daño causado al señor Camilo Díaz Lopera no podía catalogarse como antijurídico, en términos del artículo 90 de la Constitución Política.
3.3 Concluido el período probatorio, mediante proveído del 4 de diciembre de 2009, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
En sus alegaciones, la parte demandada indicó que, pese al escaso material probatorio que reposaba en el expediente, se demostró su ausencia de responsabilidad, dado que las lesiones padecidas por el conscripto fueron consecuencia de la materialización de un riesgo propio del servicio y no de un riesgo excepcional, el cual tampoco fue acreditado por la parte actora.
La parte demandante, en síntesis, manifestó que el Ejército Nacional debía reparar los perjuicios ocasionados al soldado regular Camilo Díaz Lopera, pues si bien los soldados eran responsables “del manejo, manipulación y utilización de las armas, también era cierto que el Estado debía velar por la buena utilización de estas, además por la salud física y mental de dichos soldados”.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa del proceso.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 23 de enero de 2012, negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, sostuvo que toda vez que al expediente se aportaron únicamente documentos públicos en copia simple, no se demostraron “los elementos basilares del daño y la falla” y, por tanto, no procedía la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública demandada.
5. El recurso de apelación
En contra de la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
Afirmó que, si bien se aportaron documentos en copia simple, no era cierto que aquellos carecieran de valor probatorio, por cuanto la entidad pública demandada no los tachó de falsos, de hecho, fue con base en aquellos que sustentó su defensa a lo largo del proceso contencioso administrativo.
Indicó que los hechos descritos en el libelo no solo se probaron con el acta de la junta médica laboral del Ejército Nacional, según la cual el señor Camilo Díaz Lopera quedó con un 76% de incapacidad laboral, sino también con la contestación de la demanda, “en la cual hace notar claramente que son responsables del perjuicio causado al demandante, donde el nexo causal propone una existencia notoria”.
Con todo, señaló que el Ejército Nacional incumplió con la carga probatoria que le correspondía, pues, aunque solicitó los originales de tales pruebas, no adelantó ninguna actuación tendiente a que fueran allegadas al proceso.
6. Trámite en segunda instancia
El recurso fue admitido a través de auto del 18 de mayo de 2012. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente, oportunidad procesal en la cual la parte actora reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.
En su concepto, el Ministerio Público solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, porque, a su juicio, los documentos que reposaban en el expediente daban cuenta de que la lesión sufrida por el señor Camilo Díaz Lopera se presentó mientras prestaba servicio militar obligatorio.
En ese sentido, dado que el daño se produjo cuando el conscripto se encontraba sometido al imperio del Estado, sobre aquel recaía la obligación de reparar, bajo un régimen de responsabilidad objetivo, los perjuicios que se hubieren causado a los demandantes.
El Ejército Nacional no se pronunció en esta etapa procesal.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia de la sala
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de todas las pretensiones, supera la exigida por la norma para tal efecto.
2. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
En el presente caso, los demandantes reclaman la indemnización de los perjuicios que se les habrían ocasionado por las lesiones de que fue víctima el señor Camilo Díaz Lopera, el 17 de marzo de 2006; en ese sentido, toda vez que la demanda se interpuso el 14 de marzo de 2008, se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.
3. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, en relación con el extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
A este proceso acudieron como demandantes los señores Camilo Díaz Lopera, Carlos Julio Díaz Muñoz, Manuel Alejandro Díaz Lopera, Juan Carlos Díaz Vargas
y la menor Marcela Díaz Lopera, por lo cual está probada su legitimación en la causa de hecho.
En cuanto al señor Camilo Díaz Lopera, la Sala encuentra probada su legitimación material en la causa, por cuanto de las pruebas que reposan en el expediente se desprende que aquel resultó lesionado el 17 de marzo de 2006, como consecuencia de la explosión de una granada de fragmentación.
De igual manera, está acreditada la legitimación material de los señores Carlos Julio Díaz Muñoz, Manuel Alejandro Díaz Lopera, Juan Carlos Díaz Vargas y Marcela Díaz Lopera, porque el primero de los mencionados es padre de la víctima directa del daño y los demás demandantes son sus hermanos.
Finalmente, toda vez que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es la entidad pública a la cual se le endilgó responsabilidad por los perjuicios ocasionados a los aquí demandantes, la Sala encuentra que le asiste legitimación de hecho en la causa por pasiva; sin embargo, el análisis de la legitimación material se efectuará en el análisis del caso concreto.
4. Caso concreto
La Sala considera necesario precisar que, pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, bajo la consideración de que los documentos aportados en copia simple carecían de valor probatorio, a partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, se le ha dado validez a dichas pruebas incorporadas por una de las partes, cuando aquellas dentro del curso del proceso hubieren tenido la oportunidad de discutir su contenido, de conformidad con los principios de contradicción y de defensa.
En el presente asunto, las pruebas documentales aportadas en copia simple por la parte actora permanecieron a disposición de los sujetos procesales para su contradicción, sin que alguno de ellos hubiere manifestado su oposición al respecto, luego, resulta procedente otorgarles el valor probatorio correspondiente.
De conformidad con los medios de convicción debidamente aportados al expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:
4.1 Con la finalidad de cumplir la misión táctica Metrópolis, según la cual se debía garantizar la seguridad de la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica, el 16 de marzo de 2006, miembros de la compañía Delhuyer del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot iniciaron un “caza retén” en el sector de Sevilla, ubicado en el municipio de Valdivia (Antioquia).
4.2 Según el informe administrativo por lesiones No. 19 del 17 de marzo de 2006, suscrito por el Teniente Coronel comandante del Batallón de Infantería No. 10, la vía debía permanecer cerrada desde las 23:00 horas del 16 de marzo hasta las 4:00 horas del día siguiente, para lo cual se ordenó, entre otras, el estacionamiento del vehículo blindado Ford 600 de placas IBA-01 en el sentido sur norte de la carretera.
4.3 Tal y como se desprende del aludido informe, luego de que el comandante del operativo “coordinara todo lo referente a seguridad”, ordenó a los soldados descansar en el vehículo blindado; no obstante, a las 2:10 horas aproximadamente se produjo la explosión de una granada de fragmentación dentro del referido automotor, la cual arrojó como resultado cuatro heridos, entre ellos, el soldado campesino Camilo Díaz Lopera (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“Unidad táctica: Batallón Infantería No. 10 Girardot.
“Grado y nombre: SLC Díaz Lopera Camilo.
“Lugar y fecha: Sector Sevilla mpio Valdivia, Antioquia, día 17 de marzo de 2006.
“Concepto
“Teniendo como base el informe rendido por el señor CT Galeano Aguilara Heriberto, comandante compañía Delhuyer, conceptúa lo siguiente:
“El día 17 de marzo de 2006, en cumplimiento de la misión táctica Metrópolis, el cual tenía como fin garantizar la seguridad del eje principal sobre la carretera de Medellín – la costa, en desarrollo de un caza retén para cumplir a cabalidad la consigna permanente del comando de la Cuarta Brigada, sobre el eje vial de vital importancia económica para nuestro país y evitar cualquier acción terrorista por parte de los bandidos sobre esta vía.
“El día 16 de marzo de 2006 aproximadamente a las 21 horas inició un caza retén en un vehículo blindado FORD-600 de placas IBA-01 de Itagüí, el cual es empleado para misiones especiales como caza retenes y pertenece al plan Meteoro caza retén, estaba organizado a 01-00-08 y 4 soldados regulares y un dragoneante de Delhuyer 66, 3 soldados orgánicos del pelotón Furia, se impartieron las órdenes a cada uno de los integrantes para el cumplimiento de una misión minutos después desde el sitio conocido como el Socorro, municipio de Valdivia, dirección norte – sur pasando por el sector de la Habana (…), llegando aproximadamente a las 22:00 al sitio conocido como Sevilla, municipio de Valdivia, allí se encontraba el señor CP Roja Girón Álvaro en el punto de control realizando un dispositivo especial de seguridad, de inmediato hablé y coordiné todo lo referente a la seguridad y le dije que en la vía a partir de las 23:00 se debía cerrar hasta las 4:00 de la mañana, de acuerdo a coordinaciones coloqué el vehículo blindado al lado izquierdo de la vía dirección sur – norte, le ordené al personal de soldados que descansaran dentro del carro y afuera coloqué al centinela, aproximadamente a las 2:10 horas me encontraba hablando con un personal de conductores y pasajeros cuando se escuchó una detonación en el sector de Sevilla, de inmediato se reaccionó y se tomó el dispositivo de seguridad, minutos después se verificó que cuatro soldados los cuales se encontraban descansando en el vehículo blindado empleado por el caza retén presentaron múltiples heridas debido a la explosión de una granada de fragmentación. De inmediato fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, dentro de los heridos se encontraba el SLC Díaz Lopera Camilo, el cual presentaba múltiples heridas en el muslo izquierdo y derecho como también herida abierta en la pierna derecha e izquierda causados por el artefacto explosivo, más tarde fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.
“De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1796 de 2000 (…), la lesión sufrida por el SLC Díaz Lopera se considera en el servicio pero no por causa y razón del mismo” (se resalta).
Dicho informe se corrigió, a través del acta del 28 de septiembre de 2006, de la siguiente manera (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“El señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot hace constar que verificadas las órdenes de operaciones que reposan en la sección tercera de esta unidad táctica, verificando los archivos de las diferentes dependencias, el informativo por lesiones del soldado regular Díaz Lopera Camilo se permite certificar:
“Que el informativo administrativo por lesiones No. 19 de fecha 17 de marzo de 2006, se hace la corrección de que el soldado sufrió múltiples heridas en la cabeza y en los dedos de la mano derecha y que se debió haber calificado de acuerdo al Decreto 1796 de 2000 artículo 24 literal B, la lesión sufrida por el SLR Díaz Lopera Camilo se considera en el servicio y por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y o accidente de trabajo y no como allí aparece” (subrayas fuera del original).
4.4 Luego de la explosión, el señor Camilo Díaz Lopera fue trasladado al hospital de Valdivia, donde le brindaron tratamiento inicial y lo remitieron al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, institución a la que, de conformidad con su historia clínica, el 17 de marzo de 2006, a las 13:00 horas, ingresó a cirugía (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“Fecha inicio de episodio: 2006 / 03 / 17. 8:58 horas.
“Motivo de ingreso: sufrió heridas por granada, viene remitido de Valdivia con dx: heridas múltiples en cuero cabelludo, herida en tórax, heridas en mano derecha, al ingreso.
“Observaciones: álgico, con heridas cubiertas con gasa sucia de material hemático fresco, está en CUB9.
“Historia clínica.
“Motivo de consulta:
“Fecha: 17/03/2007.
“Texto: heridas por granada.
“Enfermedad actual: paciente que es remitido del hospital Valdivia, presentando heridas en cuello cabelludo con trauma encefalocraneano, trauma de tórax, trauma de ambos hombros y en mano derecha, acompañado de heridas en lugares descritos, es evaluado en hospital donde realizan sutura, colocan sonda vesical y remiten.
“Examen físico (…).
“Descripción.
“Paciente en pésimas condiciones generales, agitado, se activa al dolor hablando incoherencias, hidratado.
“Cabeza: heridas suturadas en cuero cabelludo 6 a nivel fronto occipital herida de 7 cm suturada irregular, a nivel occipital 5, heridas muy pequeñas de 1 y 2 puntos de sutura.
“Hemotimpano derecho izquierdo tapón de cerumen.
“Tórax: herida suturada en tórax anterior a nivel infra clavicular izquierdo, heridas en ambos hombros.
“Pulm buena ventilación bilateral.
“Abd blando depresible.
“Pelvis estable salida de orina clara.
“Extr: equimosis en hombro derecho con edema y limitación del movimiento por dolor, hombro izquierdo limitado pero con menor edema.
“Herida de mano derecha con sangrad puntos de sutura y deformidad.
“Extrm moviliza cuatro extremidades.
“Reflejos rotulianos bilaterales, ausencia de babinski.
“Opinión.
“Idx: TEC descartar fractura abierta por esquirlas de granada.
“Trauma cervical.
“Trauma de hombro bilateral descartar fractura de hombro derecho.
“Heridas en mano descartar fractura abierta.
“Tx de tórax cerrado vs penetrante.
“Heridas en cuero cabelludo.
“Hemotimpano.
“C/ se inicia estabilización del paciente se solicita TAC urgente, evaluación por med interna para el traslado a UCE, ortopedia y neurocirugía (…).
“Evolución.
“17/03/2007.
“Especialidad: neurocirugía (…).
“Hoy sufrió TAC por granada con inconsciencia.
“Plan: TAC simple de cráneo (…).
“Paciente al parecer sin antecedentes personales de importancia que hoy a las 3.00 horas aproximadamente sufrió accidente con granada, presentando trauma en cráneo, tórax y extremidad superior derecha. Es evaluado en el hospital de Puerto Valdivia y se inicia tratamiento inicial y lo remiten (…).
“La TC de cráneo evidencia hematoma frontoparietal izquierdo, HSA traumática, con múltiples fragmentos intracerebrales, con efecto de masa, esquirla metálica temporal, neumoencéfalo y defecto óseo parietal izquierdo. Está pendiente el turno quirúrgico en unos minutos.
“(…).
“Descripción operatoria.
“Hora de inicio: 1pm Hora de finalización: 2.30pm Duración: 1.30.
“Grupo herida: contaminada grupo 3.
“Especialidad tratante: neurocirugía (…).
“Dx preoperatorio: haf en cráneo.
“Dx postoperatorio: hematoma ic subdural frontoparietal izq laceración meningocortical esquirlas ic.
“Incisión: semi curva parieto – occipital izq desperiostiso, esguirlectomía craneal, hallazgos descritos, evacuación de hic mas subdural – esquirlectomia craneal, injerto dural cierro por plano.
“Hallazgos: ídem.
“Procedimientos: esquirlectomia craneal-evacuación de hic más subdural más injerto dural.
“Descripción del procedimiento: ídem.
“Especialidad: cirugía plástica maxilofacial y de la mano.
“17/03/2017.
“Solicitan evaluación intraoperatoria por presentar múltiples heridas en mano derecha, asimismo, se extraen múltiples cuerpos extraños y se deja curación con furacin, dejo férula antebranquiopalmar.
“C/ curación en sala en 72 horas, continuar manejo ortopédico con férula.
“Especialidad: medicina crítica y cuidados intensivos.
“17/03/2007.
“Ingreso UCI.
“Se inicia estabilización y se ordenan exámenes.
TAC de cráneo evidencia hematoma frontoparietal izquierdo, HSA traumática, múltiples fragmentos intracerebrales, con efecto de masa, esquirla metálica temporal, neumoencéfalo y defecto óseo parietal izquierdo, por lo cual se programa para cirugía.
“Neurocirugía evidencia al paciente isocórico, mirada divergente, facial derecho, no fístula de lcr, moviliza extremidades.
“IDX:
“Politraumatismo por explosión de granada.
“TCE penetrante (HIC, HSD, esquirlas).
“Post qx inmediato: drenaje hematoma intracerebral más subdural frontoparietal izq equirlectomía más injerto.
“Especialidad: medicina crítica y cuidados intensivos.
“18/03/2007.
“DX politraumatismo por explosión de granada.
“TCE penetrante (HIC, HSD, esquirlas).
“Post qx inmediato: drenaje hematoma intracerebral más subdural frontoparietal izq equirlectomía más injerto (…).
“Plan: paciente con TEC grave penetrante, ya operado, ahora estable, pupilas OK, con algo de HTE pero ha respondido a terapia con SHT. Se continúa manejo (…)”.
4.5 Tal y como se consignó en el acta No. 21276 del 25 de octubre de 2007, emanada de la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional, como consecuencia del estallido de la granada de fragmentación, el soldado campesino Camilo Díaz Lopera padeció unas lesiones consistentes en i) trauma craneoencefálico moderado con hematoma subdural izquierdo; ii) trauma acústico y iii) heridas en miembro superior izquierdo, las cuales generaron la disminución de su capacidad sicofísica en un 76,32% (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“Concepto de los especialistas (afección por evaluar, diagnóstico, etiología, tratamientos verificados – estado actual- pronóstico – firma médico).
“Fecha: 31/08/2007. Servicio: ortopedia.
“Diagnóstico: múltiples fracturas intra articulares en falanges del 2, 3, 4 y 5 dedos de la mano derecho, 2 esquirlas alojadas en ambas manos ambos hombros y región posterior del cuello extra vertebrales. Estado actual: hombros y cuello con arcos de movimiento conservados pero dolorosos, mano derecha con múltiples deformidades digitales y limitación para la prensión. Concepto: secuelas dolores episódicos de cuello, hombros y mano derecha con actividades físicas prolongadas, mano derecha con defecto estético y para la prensión completa.
“Fecha: 03/10/2007. Servicio: fisiatría.
“Fecha de inicio: 17 de marzo de 2006 estallido de granada (AT) diagnóstico: TEC con hematoma intracerebral y subdural izquierdo fractura esquirlas en falanges dedos 2 al 5 derechos. Concepto: secuelas definidas hemiparesia espástica derecha funcionalmente adaptado a actividades de vida diaria, deformidad en dedo 2 al 5 no puede realizar actividades de alta.
“Fecha: 04/10/2007. Servicio: neurocirugía.
“fecha de inicio el día 17 de marzo de 2006, sufrió trauma craneoencefálico por estallido de granada con inconciencia, fue intervenido quirúrgicamente diagnóstico: trauma craneoencefálico moderado, hematoma IC + subdural. Concepto: tiene secuelas de TEC por esquirlas de granada, hemiplejia derecha espástica irreversible.
“Fecha: 19/09/2007. Servicio: otorrino.
“Fecha de inicio octubre 23/07. Diagnóstico: otitis media crónica oído izquierdo. Antecedentes: explosión en el año 2006, se produjo perforación timpánica hipoacusia asociada. Estado actual: se realizó cirugía timpanoplastia en junio 06/07 buena evolución cerró perforación timpano, mejora audición según examen de agosto 27/07. Concepto: oído izquierdo perforación timpánica e hipoacusia se hizo cirugía con buena evolución.
“Fecha: 03/07/2007. Servicio audiología.
“Fecha de inicio detonación de granada marzo 17/06 diagnóstico: OD sensibilidad auditiva frecuencia normal y en OI hipoacusia mixta leve media con presencia de GAP óseo aéreo en frecuencias de 250 a 3000 HZ (perfil descendiente) estado actual: otoscopia OD MT íntegra OI MT injerto. Concepto: OI hipoacusia mixta leve media con mayor componente conductivo.
“Fecha: 10/10/2007. Servicio: cirugía plástica:
“Fecha inicio trauma 17/03/2006 diagnóstico lesiones múltiples tejidos blandos en región cráneo cerebral. Estado actual: las secuelas neurológicas en hemicuerpo derecho hemiparesia cicatrices en región cervical posterior, tórax posterior. Concepto: cicatrices no favorables, secuelas funcionales y lesión nerviosa motora superior en miembro superior y miembro inferior derecho.
“Fecha: 04/07/2007. Servicio: siquiatría.
“Fecha de inicio el 17/03/2006 recibió herida y fractura cráneo TEP no sicótico. Estado actual: examen mental normal en el momento de esta entrevista. Concepto: presentó TEP no sicótico para el cual fue tratado.
“Situación actual.
“A. Anamnesis. Refiere tener paralizado todo el hemicuerpo derecho, necesita su bastón.
“B. Examen físico. Cabeza y cráneo cicatrices craneotomía en región temporal izquierda, cicatrices de heridas en cuero cabelludo de 0.5 cm de hemicuerpo derecho, hemiparesia espástica derecha dificultad para el agarre, dificultad para la marcha, necesita bastón, mano derecha, limitación para la flexión en dedos 2,3,4,5 limitación para la presión, cicatrices en hombro y cuello con arcos de movimientos conservados.
“Conclusiones.
“A. Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones:
“1. Durante actividades del servicio por explosión de artefacto explosivo granada de mano sufre trauma craneoencefálico moderado con hematoma subdural izquierdo, trauma acústico, heridas en miembros superior izquierdo, valorado y tratado quirúrgicamente por neurocirugía, ortopedia, fisiatría, otorrinolaringología, siquiatría, audiometría que deja como secuela: A. hemiparesia espástica derecha. B. hipoacusia oído izquierdo de 30 DB. C. cicatriz con defecto estético leve sin limitación funcional. D. síndrome de estrés postraumático, no sicótico, controlado. E. Alteración de la movilidad de la mano derecha, callos óseos dolorosos por fracturas. Fin de la transcripción.
“B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad sicofísica para el servicio.
“Invalidez.
“No apto para la actividad militar.
“C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
“Le produce una disminución de la capacidad laboral del setenta y seis punto treinta y dos porciento 76.32%.
“D. Imputabilidad del servicio.
“Lesión ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo, literal B (AT) de acuerdo a informativo.
“(…)” (se destaca).
4.6 Por lo anterior, a través de las resoluciones No. 74599 del 10 de marzo de 2008 y No. 3627 del 5 de diciembre de 2008, se reconocieron prestaciones sociales y pensión de invalidez, respectivamente, en favor del aquí demandante.
En este caso, se evidencia que el daño alegado por la parte actora está acreditado, toda vez que el 17 de marzo de 2006 el conscripto Camilo Díaz Lopera, quien se desempeñaba como soldado campesino, adscrito al Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, resultó lesionado como consecuencia del estallido de una granada de fragmentación.
Sin embargo, a pesar de que el primer elemento de la responsabilidad está acreditado, dicha circunstancia no es suficiente para responsabilizar al Estado, por cuanto se requiere efectuar el correspondiente juicio de imputación, para determinar si el daño le resulta atribuible o no a la entidad pública demandada y cuál es el fundamento jurídico de dicha determinación o si operó alguna causal eximente de responsabilidad.
Como de manera reiterada lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se discute la responsabilidad de la Administración por daños causados durante la prestación del servicio militar obligatorio, el régimen bajo el cual se resuelve dicha situación es diferente al que se aplica respecto de quienes voluntariamente ingresan a ejercer funciones de alto riesgo como la defensa y la seguridad del Estado, pues a diferencia del soldado profesional, que ingresa a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación salarial y prestacional, el soldado que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por los deberes impuestos en la Constitución Política y en la ley, derivados de los principios de solidaridad y de reciprocidad social, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
Por lo anterior, en tanto las personas tengan el deber de prestar servicio militar obligatorio, la Administración está obligada a garantizar la integridad sicofísica de los conscriptos, por cuanto aquellos se encuentran bajo una relación de especial sujeción con el Estado, lo cual lo hace responsable, en principio, de los daños que les sean irrogados durante el cumplimiento de dicha relación.
En ese sentido, respecto del régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sección, en aplicación del principio iura novit curia, ha establecido que la Administración puede responder con fundamento en el régimen de daño especial, cuando el resultado lesivo se produjo como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas; bajo el de falla del servicio, cuando la irregularidad administrativa fue la causante del daño y, bajo el de riesgo excepcional, cuando aquel provino de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura fueren peligrosos.
Sin embargo, si el resultado lesivo se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, el daño no será imputable al Estado, debido al rompimiento del nexo causal.
Al respecto, la Sección Tercera ha indicado lo siguiente:
“(...) demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”.
En el presente asunto, está demostrado que las lesiones que sufrió el señor Camilo Díaz Lopera se ocasionaron mientras se encontraba en servicio activo, esto es, durante el operativo de seguridad que desarrolló la compañía Delhuyer del Batallón de Infantería No. 10, desde las 23:00 horas del 16 de marzo de 2006 y las 4:00 horas del día siguiente, y como consecuencia del estallido de una granada de fragmentación dentro del vehículo donde descansaba por órdenes de su comandante.
En ese sentido, pese a que no se acreditó que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio, dicha circunstancia no implica la negativa de las pretensiones, porque, como se advirtió de manera precedente, en virtud de la relación especial de sujeción que se presenta entre el Estado y quienes prestan servicio militar obligatorio, siempre que no opere alguna causal eximente de responsabilidad, aquel debe asumir la reparación de los daños que se les hubiere podido ocasionar.
Por lo anterior, dado que se probó que para el día de los acontecimientos el señor Camilo Díaz Lopera estaba vinculado al Ejército Nacional como soldado campesino y que en tal condición padeció las lesiones por las cuales hoy se reclama una indemnización, resulta claro que el daño le resulta atribuible a la entidad pública demandada, bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional, por cuanto se concretó el riesgo al que fue sometido el conscripto con la puesta en marcha de un operativo militar, actividad peligrosa que para su despliegue lógicamente exige el uso de artefactos explosivos y armas de dotación oficial.
Con todo, conviene señalar que la entidad pública demandada no alegó y tampoco acreditó que en este caso hubiere operado una causa extraña (fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o el hecho exclusivo y determinante de la víctima) con la capacidad de romper el nexo de causalidad existente entre el daño irrogado a los demandantes y la actividad peligrosa ejecutada por la Administración, pues, aunque solicitó el decreto de unas pruebas, no adelantó alguna actuación tendiente a que fueran debidamente incorporadas al proceso.
De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por las lesiones padecidas por el soldado campesino Camilo Díaz Lopera, el 17 de marzo de 2006, mientras prestaba servicio militar obligatorio, por lo cual procederá a analizar las pretensiones indemnizatorias de la demanda.
5. Indemnización de perjuicios
5.1 Cuestión previa
En este punto conviene señalar que, si bien la menor Marcela Díaz Lopera acreditó su relación de parentesco, en primer grado de consanguinidad, con el señor Camilo Díaz Lopera, lo cierto es que en el escrito de demanda no se estructuró pretensión indemnizatoria alguna a su favor.
En efecto, tal y como se evidencia en el acápite de “declaraciones y condenas”, la única referencia que se efectuó en relación con la menor fue cuando se identificó al señor Carlos Julio Díaz Muñoz de la siguiente manera (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“Primero. La Nación Ministerio de Defensa y cuya dependencia el Ejército Nacional es responsable directa y administrativamente por perjuicios morales, del daño a la vida de relación y daños materiales que ha recibido con motivo de las lesiones personales ocurridas el día 16 de marzo de 2006 en el municipio de Valdivia, Antioquia, hechos que ocasionaron daños y perjuicios materiales, morales, sicológicos y de relación a mis poderdantes, Camilo Díaz Lopera, Carlos Julio Díaz Muñoz, quien es el padre biológico del directo perjudicado y representante legal de la menor Marcela Díaz Lopera, hermana del directo perjudicado, Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas.
“Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la reparación integral por parte de la Nación Ministerio de Defensa y cuya dependencia es el Ejército Nacional a pagar a cada uno de mis poderdantes señores Camilo Díaz Lopera, Carlos Julio Díaz Muñoz, quien es el padre biológico del directo perjudicado y representante legal de la menor Marcela Díaz Lopera, hermana del directo perjudicado, Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas, los siguientes rubros:
“3. Por daños extrapatrimoniales.
“3.1 Perjuicios morales.
“(…).
“A Carlos Julio Díaz Muñoz, quien es el padre biológico del perjudicado directo y representante legal de la menor Marcela Díaz Lopera, con motivo de las lesiones personales ocurridas el día dieciséis (16) de marzo del año 2006. Y en relación con el daño de la vida, así mismo el perjuicio moral, los daños materiales y psicológicos causados, el equivalente en pesos a (400) cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia condenatoria definitiva.
“(…).
“3.2 Daño a la vida de relación.
“(…).
“A Carlos Julio Díaz Muñoz, quien es el padre biológico del perjudicado directo y representante legal de la menor Marcela Díaz Lopera. El equivalente en pesos a (400) cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia condenatoria definitiva” (se destaca).
En igual sentido, en el acápite de cuantía, la parte actora fue enfática en señalar que aquella equivalía a 3.200 S.M.L.M.V. (1.600 S.M.L.M.V., por concepto de perjuicios morales, y 1.600 S.M.L.M.V., por concepto de “daño a la vida de relación”), cifras que se acompasan con los montos pedidos en favor de los demás demandantes, es decir, 1.600 S.M.L.M.V. para el señor Camilo Díaz Lopera, 800 S.M.L.M.V. para el señor Carlos Julio Díaz Muñoz y 400 S.M.L.M.V. para cada uno de los señores Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas, sin que se evidencie la existencia de algún rubro adicional en favor de la menor.
Por lo anterior, dado que ni en las pretensiones ni en la estimación razonada de la cuantía se elevó solicitud indemnizatoria con destino a la menor Marcela Díaz Lopera, la Sala, en aplicación del principio de congruencia de la sentencia, se abstendrá de efectuar algún reconocimiento a su favor.
5.2 Perjuicios inmateriales
5.2.1 Perjuicios morales
En la demanda se solicitó que, por concepto de perjuicios morales, se pagaran las siguientes sumas de dinero, en favor de las personas que se relacionan a continuación:
Demandante
Indemnización solicitada, expresada en S.M.L.M.V.
Camilo Díaz Lopera
800 S.M.L.M.V.
Carlos Julio Díaz Muñoz
400 S.M.L.M.V.
Manuel Alejandro Díaz Lopera
200 S.M.L.M.V
Juan Carlos Díaz Vargas
200 S.M.L.M.V
En relación con la indemnización de perjuicios morales cuando el daño proviene de lesiones causadas a la integridad sicofísica de las personas, la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, sostuvo que su reconocimiento se efectuaría dependiendo del grado de parentesco o de cercanía que cada uno de los demandantes tuviera con la persona lesionada, así:
“Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.
“Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.
“(…)” (se destaca).
En cuanto a su acreditación, en la referida sentencia de unificación se precisó que a las personas que se encontraren en el primer y en el segundo nivel de relación afectiva, únicamente, les bastaba con aportar la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir su afectación moral.
Tal y como se advirtió en el acápite de legitimación en la causa, los señores Carlos Julio Díaz Muñoz, Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas acreditaron su relación de parentesco, en primer y en segundo grado de consanguinidad, con el señor Camilo Díaz Lopera, razón por la cual se infiere que se vieron afectados por las lesiones que padeció su ser querido.
En ese sentido, toda vez que el señor Camilo Díaz Lopera sufrió una disminución de capacidad laboral del 76,32%, la indemnización que le corresponde a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, es la siguiente:
Demandante
Calidad acreditada
Indemnización a otorgar en S.M.L.M.V.
Camilo Díaz Lopera
Víctima directa
100 S.M.L.M.V.
Carlos Julio Díaz Muñoz
Padre
100 S.M.L.M.V.
Manuel Alejandro Díaz Lopera
Hermano
50 S.M.L.M.V.
Juan Carlos Díaz Vargas
Hermano
50 S.M.L.M.V.
5.2.2 Daño a la salud o “daño a la vida de relación”
En el caso particular, los demandantes solicitaron el reconocimiento de una indemnización por el “daño a la vida de relación” que sufrieron como consecuencia de las lesiones de que fue víctima su ser querido.
Sea lo primero manifestar que esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación (alteración a las condiciones de existencia), para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.
En relación con la reparación del daño a la salud, la Sección Tercera estableció que aquella procedía únicamente en favor de la víctima directa del daño y que su cuantificación dependía de la gravedad o levedad de la lesión que se hubiere probado en el proceso, es decir, de acuerdo con el porcentaje de disminución de capacidad sicofísica que se hubiere causado, así:
Reparación daño a la salud
Gravedad de la lesión
Indemnización en S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%
100 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 40% e inferior al 50%
80 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 30% e inferior al 40%
60 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 20% e inferior al 30%
40 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 10% e inferior al 20%
20 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 1% e inferior al 10%
10 S.M.L.M.V.
Tal y como se desprende del acta No. 21276 del 25 de octubre de 2007, emanada de la junta médica laboral del Ejército Nacional, las lesiones que sufrió el señor Camilo Díaz Lopera, consistentes en i) trauma craneoencefálico moderado con hematoma subdural izquierdo; ii) trauma acústico y iii) heridas en miembro superior izquierdo, generaron la disminución de su capacidad sicofísica en un 76.32%.
Bajo ese entendido, toda vez que la gravedad de la lesión del señor Camilo Díaz Lopera es superior al 50%, de acuerdo con los criterios expuestos en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, la indemnización que, en su calidad de víctima directa, le corresponde es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud.
5.3 Lucro cesante
En la demanda se pidió el reconocimiento de esta tipología de perjuicio material, con base en los siguientes argumentos (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“El trabajo que realizaba el señor Camilo Díaz Lopera, calculada su vida probable por el capital con los incrementos legales vigentes, desde la fecha de los hechos, esto fue el día 16 de marzo de 2006.
“El derecho a exigirle alimentos, considerado en abstracto o en subsidio si no aun existieren bases suficientes para hacer los cálculos de estos perjuicios, el Tribunal por razones de equidad, los concretará en el equivalente en pesos al momento de la fecha de la sentencia a s.m.l.v”.
Pues bien, pese a que los medios probatorios que reposan en el expediente no permiten establecer la actividad económica del señor Camilo Díaz Lopera antes de su incorporación al Ejército Nacional, el reconocimiento de la indemnización se estima procedente, porque si no se hubiera presentado el resultado dañino, luego de cumplir con su deber constitucional, lo esperable era que el aquí demandante se dedicara a alguna actividad económica y, como ello no sucedió, se debe dar aplicación a la presunción, según la cual toda persona que se encuentra en edad productiva devenga, al menos, un salario mínimo legal mensual vigente.
Frente a un caso similar al que ahora se debate, esta Subsección consideró lo siguiente:
“La Sala adoptará dentro de este proveído el salario mínimo legal vigente para la fecha de la presente providencia, toda vez que por tratarse precisamente de un soldado amparado bajo el régimen de conscripción, no existen en el proceso pruebas que determinen que el soldado Ibáñez Méndez percibía un ingreso como contraprestación por el servicio prestado de manera obligatoria, pero que en consideración al criterio de la Corporación según el cual se entiende que a partir del retiro del servicio el demandante iniciaría su vida productiva, se accederá a la referida indemnización.
“De igual manera se precisa que la indemnización que dentro de esta sentencia se reconocerá será cuantificada desde la fecha en la cual el actor se retiró de la entidad a causa de su lesión, hasta su vida probable -con base, claro está, en su incapacidad física- y no a partir de la ocurrencia de los hechos” (se resalta).
Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($781.242), en tanto que resulta más favorable que el que regía en la época de los hechos; adicionalmente, se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual determina un ingreso base de liquidación de $976.552.
A su vez, se tomará el 100% de $976.552, porque la disminución de la capacidad laboral del señor Camilo Díaz Lopera fue de 76.32%.
Así las cosas, se realizará la liquidación del lucro cesante en favor del señor Camilo Díaz Lopera, de la siguiente manera:
• Indemnización debida o consolidada:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
Donde:
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Camilo Díaz Lopera: $976.552.
i= Interés puro o técnico: 0,004867.
n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde su retiro del Ejército Nacional (enero 2008) hasta la fecha de esta sentencia (abril 2018), esto es, 123 meses.
Reemplazando tenemos:
S = $976.552 (1 + 0,004867)123 – 1
0,004867
S = $163’929.886.
Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado: $163’929.886.
• Indemnización futura:
Para la época en que ocurrieron los hechos, la víctima directa tenía 19 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 60.9 años, los cuales equivalen a 730.8 meses, de los cuales se descontaran los 123 meses del período consolidado.
Por lo anterior, el período a indemnizar es de 607.8 meses.
Entonces, la fórmula a aplicar es la siguiente:
S = Ra _(1+ i)n - 1_
i (1+ i)n
Donde:
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Camilo Díaz Lopera: $976.552.
i= Interés puro o técnico: 0,004867.
n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 607.8.
Reemplazando tenemos:
S = $976.552 _(1+ 0,004867)607.8 - 1_
0,004867 (1+ 0,004867)607.8
S = $190’156.151.
Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro: $190’156.151.
Total indemnización lucro cesante (consolidado y futuro): $354’086.037.
Con todo, conviene señalar que si bien mediante las resoluciones No. 74599 del 10 de marzo de 2008 y No. 3627 del 5 de diciembre de 2008, se ordenó el reconocimiento de prestaciones sociales y de pensión de invalidez, respectivamente, en favor del señor Camilo Díaz Lopera, lo cierto es que aquellas derivan de una relación jurídica diferente a la que aquí se reclama, en tanto que su naturaleza es prestacional y no indemnizatoria, de ahí que no exista justificación legal para descontar alguna cifra del monto de la reparación que se acaba de reconocer.
6. Condena en costas
Finalmente, en lo relacionado con la pretensión formulada por la parte demandante, con la finalidad de que se indemnicen “los costos que genere el litigio” por “lo que debe ser pagado a los abogados para hacer valer procesalmente los derechos mediante este escrito”, conviene precisar que este tipo de erogaciones no son una consecuencia directa de las lesiones ocasionadas al señor Camilo Díaz Lopera, razón por la cual su pago no depende de la declaratoria de responsabilidad del Estado, sino de la imposición de la condena en costas, la cual, en asuntos como el de la referencia, se encuentra regulada en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, de la siguiente manera:
“Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
Por lo anterior, dado que no se advierte una conducta que amerite y justifique la condena en costas, la Sala se abstendrá de imponerla y, de manera consecuente, negará el pago de los honorarios alegados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR responsable al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por las lesiones padecidas por el señor Camilo Díaz Lopera, durante la prestación del servicio militar obligatorio, el 17 de marzo de 2006.
TERCERO: CONDENAR al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, lo siguiente:
• Para el señor Camilo Díaz Lopera, víctima directa del daño, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para el señor Carlos Julio Díaz Muñoz, padre de la víctima directa del daño, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para los señores Manuel Alejandro Díaz Lopera y Juan Carlos Díaz Vargas, hermanos del señor Camilo Díaz Lopera, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.
CUARTO: CONDENAR al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor del señor Camilo Díaz Lopera, por concepto de daño a la salud.
QUINTO: CONDENAR al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones ochenta y seis mil treinta y siete pesos ($354’086.037), en favor del señor Camilo Díaz Lopera, por concepto de lucro cesante.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MARÍA ADRIANA MARÍN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 9 del cuaderno principal. Otorgamiento de poderes visibles a folios 10 y 11 del cuaderno principal. La Sala precisa que, de acuerdo con el escrito de demanda, aquella fue la fecha en que resultó lesionado el señor Camilo Díaz Lopera. Folio 5 del cuaderno principal. Folios 4 y 5 del cuaderno principal. Folio 3 del cuaderno principal. Folios 95 – 100 del cuaderno principal. Folio 103 del cuaderno principal. Folio 100 del cuaderno principal. Folios 105 – 115 del cuaderno principal. Folio 133 del cuaderno principal. Folios 134 – 140 del cuaderno principal. Folios 148 – 149 del cuaderno principal. Folios 162 – 183 del cuaderno principal. Folios 185 – 188 del cuaderno principal. Folio 135 del cuaderno principal. Folios 192 – 195 del cuaderno principal. Auto del 15 de junio de 2012. Folio 201 del cuaderno principal. Folios 213 – 222 del cuaderno principal. Según el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010, la cuantía se determinaba así:
“(…).
“2. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994" \l "3" Modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda.
“(…)”. De conformidad con el numeral 5 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, los Tribunales Administrativos conocían en primera instancia, entre otras, de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales a la fecha de presentación de la demanda -14 de marzo de 2008- eran iguales a $230’750.000; en ese sentido, como en la demanda la sumatoria de las pretensiones fue de tres mil doscientos (3.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, resulta claro que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de enero de 2012. Informe administrativo por lesiones No. 19. Folio 82 del cuaderno principal. Folio 9 del cuaderno principal. Folio 91 del cuaderno principal. Según los registros civiles de nacimiento que obran a folios 88, 92 y 93 del cuaderno principal, los aquí demandantes son hijos de Carlos Julio Díaz Muñoz y, por ende, hermanos de la víctima directa del daño. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25002. M.P. Enrique Gil Botero. Informe administrativo por lesiones No. 19, suscrito por el Teniente Coronel Comandante Batallón de Infantería No. 10 Girardot. Folio 82 del cuaderno principal. Ibíd. Calidad acreditada con las resoluciones No. 74599 del 10 de marzo de 2008 y No. 3626 del 5 de septiembre de 2008, a través de las cuales se reconocieron prestaciones sociales y pensión de invalidez, respectivamente, en favor de Camilo Díaz Lopera. Folios 154 – 156 del cuaderno principal. Folio 82 del cuaderno principal. Folio 83 del cuaderno principal. Folios 39 – 81 del cuaderno principal. Folios 157 y 158 del cuaderno principal. Folio 156 del cuaderno principal. Folios 154 y 155 del cuaderno principal. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 48 de 1993, las modalidades de prestación del servicio militar obligatorio son las siguientes: a) como soldado regular, de 18 a 24 meses; b) como soldado bachiller durante 12 meses; c) como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses y d) como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. Según el inciso segundo del artículo 216 de la Constitución Política, “(…) todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11401. M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, reiterada en:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de marzo de 2017, exp. 39624, radicación No. 68001-23-31-000-2003-00903-01, entre muchas otras. En un caso similar al que ahora analiza la Sala, la Sección Tercera de esta Corporación indicó lo siguiente: “Esta última posibilidad merece especial consideración en el sub judice como quiera que, de acuerdo con el caudal probatorio del cual se ha hecho acopio en el expediente -y que será referido y valorado más adelante-, la muerte de José Fabio Piratoba Ruiz tuvo lugar con ocasión de la ejecución y puesta en práctica de un retén militar, actividad ésta que por razón de los lugares en los cuales se despliega, los elementos cuyo uso exige -entre los cuales se incluyen armas de dotación oficial- y las circunstancias a las cuales aboca a quienes en ella intervienen, bien puede catalogarse como una actividad peligrosa, esto es, generadora del antes referido ‘riesgo peligro’, una de las modalidades que pueden dar lugar a la aplicación del título jurídico de imputación consistente en el riesgo excepcional, título respecto del cual la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, frente a supuestos en los cuales se declara la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños originados en el despliegue -por parte de la entidad pública o de sus agentes- de ‘actividades peligrosas’, es aquél a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien se encuentra obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, exp. 16530. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Al respecto, se puede consultar la siguiente providencia que versó sobre un caso similar al que ahora analiza la Sala: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 32242. M.P. Hernán Andrade Rincón.
Folio 3 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 31172. M.P. Olga Mélida Valle De la Hoz
Acta No. 21276 del 28 de octubre de 2007, emanada de la junta médica laboral del Ejército Nacional. Folios 157 – 159 del cuaderno principal.
“(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Folios 4 y 5 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de febrero 4 de 2010, exps. acumulados 15061 y 15527. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2013, exp 29.088. M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 37704, radicación No. 44001-23-31-000-2005-00412-01, entre muchas otras.
El salario mínimo legal mensual vigente para cuando el señor Camilo Díaz Lopera resultó lesionado era de $408.000 (en 2006).
Es decir, $195.310.
Lo anterior, de acuerdo con la postura de esta Sección, según la cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se condena a la totalidad del ingreso base de liquidación cuando una persona ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
De conformidad con la resolución No. 3627 del 5 de diciembre de 2008, por medio de la cual se ordenó el pago de una pensión mensual de invalidez, el retiro del señor Camilo Díaz Lopera se produjo el 18 de enero de 2008. Folio 154 del cuaderno principal.
Según el registro civil de nacimiento de Camilo Díaz Lopera, aquel nació el 24 de abril de 1986. Folio 91 del cuaderno principal.
De acuerdo con la Resolución No. 1555 del 30 de julio de 2010.
Folio 156 del cuaderno principal.
Folios 154 y 155 del cuaderno principal.
Al respecto, se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 32242. M.P. Hernán Andrade Rincón.
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