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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-01428-01

Responsabilidad solidaria

Fecha
18 de mayo de 2018
Consejero ponente
Stella Conto Díaz del Castillo (e)
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-01428-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la sentencia del 23 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Reparación Directa y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón.. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial a indemnizar a los accionantes, de la siguiente manera: A favor del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales. A favor de Ana Lucila Tobón Vélez, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales. A favor de Juan Carlos Estrada Tobón y de Marta Catalina Estrada Tobón, el equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno, por concepto de perjuicios morales. A favor de Ana Lucila Tobón Vélez, Juan Carlos Estrada Tobón y de Marta Catalina Estrada Tobón, el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, suma que se deberá dividir entre ellos en partes iguales. A favor de Gabriel Jaime Estrada Tobón, la suma de diecinueve millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos con treinta y seis centavos ($19 488 880,36 m/cte), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. TERCERO: DENEGAR las restantes súplicas de la demanda. CUARTO: Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia. QUINTO: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2008-01428-01

Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo (e)

18 de mayo de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena. Caso medida de aseguramiento de detención preventiva contra ciudadano, trabajador de biblioteca, sindicado de la comisión de los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Investigación penal: Medios de prueba o de convicción adolecían de incongruencias / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Sentencia absolutoria. Presunción de inocencia se mantuvo incólume / DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL

[S]e encuentra debidamente acreditado que entre el 8 de marzo de 2005 y el 11 de julio de 2006, el señor (…) estuvo privado de la libertad por cuenta del procedimiento penal iniciado en su contra, con ocasión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, esto es, por el período total de 1 año, 4 meses y 3 días, es decir, 16,1 meses (…) la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín lo absolvió de toda responsabilidad penal, habida cuenta de que contrario lo aducido por dichas autoridades, tales medios de convicción adolecían de múltiples incongruencias que no posibilitaban tener por demostrado su participación en la comisión de las conductas punibles aludidas, por lo que concluyó que su presunción de inocencia se mantenía incólume (…) se considera posible imputar la privación de la libertad del señor (…) al aparato estatal, toda vez que no cabe duda de que se le absolvió de responsabilidad penal debido a que se consideró que él no había sido quien cometió el hecho punible objeto de investigación, dado que se estimó que los elementos de convicción en su contra no ofrecían la suficiente credibilidad para desvirtuar su presunción de inocencia.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Inpec

[E]l INPEC, como persona jurídica de derecho público -artículo 2 del Decreto 2160 de 1992-, carece de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que sus actuaciones no incidieron de manera alguna en la concreción de dicha restricción de la libertad y por ende, mucho menos, en que la misma hubiese sido injusta (…) se observa que la parte demandada en el sub judice no se conformó por el Ministerio del Interior y del Derecho directamente, sino por la persona jurídica Nación, puesto que ésta, por tratarse de un sujeto de derechos, es quien cumple con el presupuesto procesal formal consistente en la capacidad para ser parte del proceso (…) en la sentencia impugnada no se debió estudiar la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia, en consideración a que no se trata una persona jurídica de derecho público y por ende, no es factible analizar si se encuentra legitimada en la causa por pasiva o no. (…) la Sala únicamente declarará la ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, lo que como se aclaró, no resulta posible respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho

FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 153 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 49 / LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38 / LEY 65 DE 1993 - ARTÍCULO 16

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / CONDENA SOLIDARIA - Fiscalía General de la Nación y Rama judicial: Porcentaje de la condena

[A] la Nación-Fiscalía General de la Nación le corresponderá indemnizar con su patrimonio por el 40% de la condena que se va imponer, porcentaje que corresponde al término de 6 meses y 15 días o 6,5 meses, mientras que a la Nación-Rama Judicial le corresponderá asumir el 60% restante

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Aplicación de criterio de unificación jurisprudencial / PERJUICIOS MORALES - Procedía reconocimiento en el rango de 100 smlmv. Evitar fallo extra petita o petitum / PERJUICIOS MORALES - Mantiene sumas reconocidas por la primera instancia, aunque les correspondía monto mayor / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

[E]stá probado que el señor (…) estuvo privado de la libertad por el período de 1 año, 4 meses y 18 días, entre el 8 de marzo de 2005 y el 11 de julio de 2006, y que es hijo de (…), y hermano de (…) la mayoría de tales actores, en su escrito inicial, pidieron que su resarcimiento fuera menor a los montos indicados, a saber (i) 50 smmlv a favor de (…) para cada uno, de tal forma que en con fundamento en el principio de congruencia contemplado en el artículo 305 del C.P.C., el resarcimiento del detrimento moral en análisis sólo se les podrá reconocer hasta tales sumas, puesto que de lo contrario, en abierto incumplimiento del ordenamiento jurídico, esta Corporación proferiría de un fallo extrapetita (…) por concepto de perjuicios morales, la Sala condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, a pagar a favor de (i) (…), la suma equivalente a 100 smmlv; (ii) (…), la suma equivalente a 50 smmlv, y (iii) (…), las sumas equivalentes a 25 smmlv, para cada uno.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE - Por gastos de honorarios de abogado / PERJUICIOS MATERIALES - Tasación. Fórmula actuarial

[L]os demandantes no aportaron prueba alguna y por ende, no se tiene certeza del monto del perjuicio que radica en el precio establecido por las partes para la defensa judicial del señor (…) se acudirá a la remuneración que establecía el Colegio Nacional de Abogados para los apoderados que prestaran sus servicios con ocasión de las etapas instructivas y de juicio adelantadas ante (…) la Resolución n.º 1 del 25 de julio del 2000 del Colegio Nacional de Abogados, que establecía como honorarios para dichos servicios profesionales la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigente.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE - Actividad laboral de tiempo completo / LUCRO CESANTE - Por el tiempo en que estuvo privado de la libertad 16,76 meses

[T]eniendo en cuenta que se demostró que para el momento de su privación de la libertad, el referido actor trabajaba tiempo completo en la biblioteca José Félix de Restrepo de Envigado, tal como consta en certificado del 19 de mayo de 2008, suscrito por el representante legal de la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado (…) se indemnizará al señor (…) por el tiempo en que estuvo privado de la libertad y hasta el 1 de agosto de 2006 -fecha en que se vinculó nuevamente en la Biblioteca José Félix de Restrepo luego de salir de la prisión-, lapso consistente en 1 año, 4 meses y 23 días -16,76 meses-.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 115 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 176 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 177 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO (E)

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 05001-23-31-000-2008-01428-01(43221)

Actor: GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - SENTENCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de septiembre de 2011, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Reparación Directa, denegó las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será revocada con fundamento en los siguientes antecedentes y consideraciones.

SÍNTESIS DEL CASO

El 8 de marzo de 2005, el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón fue detenido por los delitos de homicidio en grado de tentativa y de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, motivo por el cual, el 11 de marzo del mismo año, ingresó al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista”. El 30 de junio de 2005, la Fiscalía Catorce Seccional perteneciente a la Unidad Segunda de Delitos Contra la Vida de Medellín profirió resolución de acusación en su contra, y el 16 de diciembre de 2005, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín lo declaró penalmente responsable como coautor de los delitos referidos y por consiguiente, le impuso la pena de 88 meses de prisión. Debido a lo anterior, el señor Estrada Tobón impugnó la sentencia señalada, recurso de apelación con base en el cual el 11 de julio de 2006, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín revocó dicha decisión y absolvió al procesado de toda responsabilidad penal, habida cuenta de que no se tenían los suficientes elementos probatorios para colegir que aquél había sido quien cometió los crímenes reseñados.

ANTECEDENTES

Lo que se demanda

El 12 de julio de 2007, los señores Gabriel Jaime Estrada Tobón, Ana Lucila Tobón, Juan Carlos Estrada Tobón y Marta Catalina Estrada Tobón, ésta última en nombre propio y representación de su hijo menor de edad Felipe Estrada Tobón, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con el fin de que se les declarara extracontractual, patrimonialmente y solidariamente responsables por la privación injusta de la libertad del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón y, por consiguiente, se les condenara a indemnizar los perjuicios causados con ocasión de la misma. Al respecto, formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN (MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EL JUZGADO 21 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN Y EL INPEC) o quien haga sus veces al momento de la notificación, por la totalidad de los daños y perjuicios, patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los demandantes, con motivo de la captura y retención ilegal al señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN desde el día 08 de marzo del año 2005 hasta el día 11 de julio del año 2006, fecha en la que recuperó su libertad, que se encontraba retenido en la Cárcel Nacional Bellavista de Bello (Antioquia), hecho que produjo un daño antijurídico a cada uno de los acá demandantes como se probará en el proceso. SEGUNDA: Condenar a la NACIÓN (MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EL JUZGADO 21 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN Y EL INPEC), a reconocer y pagar a cada uno de los demandantes las siguientes cantidades de dinero que deberán ser actualizadas al momento de la sentencia según la actualización del valor monetario. PERJUICIOS PATRIMONIALES
DAÑO EMERGENTE
Gastos efectuados por la madre y los hermanos del señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN, la señora ANA LUCILA TOBÓN VÉLEZ y los hermanos JUAN CARLOS, MARTHA ESTRADA TOBÓN y su hijo menor FELIPE ESTRADA TOBÓN al tener que sufragar los gastos a que dio lugar desde el día 08 de marzo del año 2005 hasta el día 11 de julio del año 2006, daño causado al señor ESTRADA. Este perjuicio está estimado en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) (…). LUCRO CESANTE
-Padecido por la madre, los hermanos y el sobrino del señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN, la señora ANA LUCILA TOBÓN VÉLEZ y los hermanos JUAN CARLOS, MARTHA ESTRADA TOBÓN y su hijo menor FELIPE ESTRADA TOBÓN al dejar de percibir los frutos que ese dinero referido en el lucro cesante le hubiese producido y se detalla de la siguiente manera: ingreso mensual por ese concepto seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000) más las correspondientes proporciones mensuales de los beneficios o prestaciones que la ley contempla (…). Estas prestaciones legales, que conlleva a un mayor ingreso para el asalariado, deben tenerse en cuenta en el momento de calcular la productividad para efectos de la indemnización. Lucro cesante consolidado o debido que es el que se debe entre el momento del daño y el momento del fallo y lucro cesante futuro el que corresponde al período que transcurre entre el momento del fallo y la terminación de la obligación que se reclama y que debe tenerse en cuenta al dictar la correspondiente sentencia. Para un total aproximado de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) o lo que el perito determine.
-Solicito señor juez se condene a los demandados a pagar a los demandantes ANA LUCILA TOBÓN VÉLEZ, JUAN CARLOS, MARTHA CATALINA Y FELIPE TOBÓN ESTRADA (sic), la suma que represente el interés legal anual más el incremento del IPC, mes a mes, sobre la cantidad de dinero desde la fecha en que el fallo deba cumplirse y hasta el día en que se cumpla el pago total de la obligación. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
PERJUICIOS MORALES
1. A favor del señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN causados por la grave afectación que se le produjo en primer lugar, en su entorno laboral por la pérdida de su trabajo, quedando privado de la posibilidad de ejercer, disfrutar y gozar de las actividades que normalmente desarrollaba como empleado de la SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS del municipio de Envigado (Antioquia) el equivalente a SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) correspondientes a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, para él como afectado. 2.

En favor de ANA LUCILA TOBÓN VÉLEZ en calidad de madre del señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN, el equivalente a TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($32.500.000) correspondientes a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso. 3. En favor del señor JUAN CARLOS ESTRADA TOBÓN en calidad de hermano del señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN, el equivalente a DIECISÉIS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.250.000) correspondientes a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso. 4. En favor de la señora MARTHA CATALINA ESTRADA TOBÓN, en calidad de hermana del señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN, el equivalente a DIECISÉIS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.250.000) correspondientes a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso. 5. A favor de la señora MARTHA CATALINA ESTRADA TOBÓN, en representación de hijo menor FELIPE TOBÓN ESTRADA, en calidad de sobrino del señor GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN, el equivalente a NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($9.750.000) correspondientes a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso. TERCERO: Ordénese a LA NACIÓN (MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EL JUZGADO 21 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MEDELLÍN Y EL INPEC), cumplir la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), e imputar a intereses todo pago que se haga. CUARTA: Condena en costas a los demandados. LA NACIÓN dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 121 y 122 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.) (f. 2-7, c. 1).

Como fundamento de las anteriores peticiones, los actores señalaron que el 8 de marzo de 2005, el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón fue detenido por personal del Cuerpo Técnico de Investigación -C.T.I.-, en las instalaciones de la biblioteca José Félix de Restrepo, ubicada en la ciudad de Envigado, lugar en el que trabajaba como asistente, en consideración a que se le individualizó como el autor del intento de homicidio de Edwin Darley Taborda Rodríguez, de tal forma que se le procesó por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, indicaron que el 30 de junio de 2005, con ocasión de las conductas punibles aducidas, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución acusatoria en contra del señor Estrada Tobón, y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho a libertad provisional. Por su parte, señalaron que el 16 de diciembre del año 2005, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín le profirió sentencia penal condenatoria por los crímenes referidos, de modo que le impuso una pena de 88 meses de prisión y la interdicción de ejercer funciones públicas durante ese mismo lapso.

Sin perjuicio de lo reseñado, advirtieron que el 11 de julio de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión penal aseverada, y absolvió al señor Gabriel Jaime Estrada Tobón de toda responsabilidad penal, momento en el que éste recuperó su libertad.

Con observancia de lo reseñado, adujeron que se los entes demandados debían repararles los perjuicios invocados en su demanda, en consideración a que (i) todos tuvieron que soportar los gastos derivados del proceso penal del privado de la libertad; (ii) éste perdió su trabajo y por consiguiente, no pudo seguir aportándole a los demás accionantes con sus ingresos, punto en el que resaltaron que hasta el momento de presentación de la demanda no le había sido factible encontrar otra labor, y (iii) todos los demandantes padecieron dolor con ocasión de los hechos descritos.

Finalmente, señalaron que los entes demandados debían responderles patrimonialmente, habida cuenta de que se exoneró de responsabilidad penal al señor Estrada Tobón, punto en el que manifestaron que jurisprudencialmente se ha indicado que ello es posible incluso cuando se absuelve al investigado y condenado por aplicación del principio in dubio pro reo (f. 1-24, c. 1).

Trámite procesal

La Nación-Rama Judicial, la Nación-Fiscalía General de la Nación, la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia -hoy Ministerio de Justicia y del Derecho-, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, contestaron oportunamente la demanda y se opusieron a la totalidad de las pretensiones elevadas por los accionantes, en los siguientes términos:

La Nación-Rama Judicial comenzó por señalar que no le correspondía responder por los hechos dañosos cometidos por las demás entidades demandadas, de modo que por ejemplo, no se le podían enrostrar las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en relación con la instrucción del proceso penal.

De otro lado, manifestó que únicamente podía verse comprometida su responsabilidad patrimonial, en el evento en que los demandantes demostraran que incurrió en un yerro al haber condenado inicialmente al señor Estrada Tobón, análisis que ni siquiera fue incluido en el libelo introductorio y que no era factible reducir a la simple verificación de la revocatoria de la decisión judicial condenatoria.

En ese sentido, recordó que la Corte Constitucional indicó que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad requiere de una actuación estatal abiertamente desproporcionada, arbitraria o violatoria de los procedimientos legales establecidos, lo que no sucede en el sub judice, interpretación que de no ser acogida devendría en que todos los detenidos podrían obtener la reparación de su retención y por ende, en una grave e indebida lesión al patrimonio público (f. 125-133, c. 1).

El INPEC advirtió que no le asiste legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, habida consideración de que no tuvo conexión alguna con los hechos objeto de la demanda, esto es, con la supuesta privación injusta de la libertad del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón. Al respecto, reseñó que dentro de sus funciones está la de administrar el sistema carcelario y penitenciario, pero no interviene en las decisiones en virtud de las cuales se restringe la libertad de las personas, de tal forma que en el caso concreto se limitó a cumplir la orden de la autoridad judicial competente al recluir en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista” al actor referido.

De otra parte, se opuso a la indemnización de los perjuicios requerida en el escrito inicial, toda vez que su comportamiento no tenía conexión alguna con ninguno de ellos y por el contrario, le prestó atención social al demandante mientras estuvo recluido. Finalmente, señaló que la responsabilidad de los demás entes demandados debía revisarse bajo la egida del título de imputación de falla del servicio, en el entendido de que los actores tenían la carga de probar que la detención del señor Estrada Tobón obedeció a una deficiente valoración probatoria o a una irrazonable interpretación normativa (f. 134-137; c. 1).

La Nación-Fiscalía General de la Nación indicó que al ordenar la detención del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón obró dentro del ámbito de las funciones que constitucional y legalmente le fueron asignadas por el ordenamiento jurídico, en consideración a que (i) era su deber garantizar su comparecencia al proceso, y (ii) contaba con los indicios exigidos por la ley para el efecto, de tal forma no se puede argüir que tiene la obligación de indemnizar a los accionantes.

De esta forma, destacó que la medida de aseguramiento no fue caprichosa o inoficiosa, puesto que contaba con los suficientes indicios para inferir que el demandante señalado fue el autor de los crímenes investigados -sin que le correspondiera tener plena certeza al respecto, lo que únicamente puede verificarse en la etapa del juicio-, puesto que (i) contó con elementos probatorios que demostraron que conocía personalmente a la víctima; (ii) ésta lo individualizó y reconoció como su atacante, en un primer momento por su sobrenombre, y posteriormente en fila de personas; (iii) los sujetos idóneos para respaldar su coartada no lo hicieron; (iv) varias personas coincidieron en el apodo del accionante, el cual inicialmente fue referido por la víctima del atentado, y (v) en otra investigación penal que se adelantó en su contra, el ofendido también se refirió a él con el sobrenombre aludido.

Asimismo, adujo que según la Corte Constitucional, la responsabilidad del Estado en eventos de privación injusta de la libertad sólo procede cuando se logra determinar que la detención se derivó de una actuación abiertamente arbitraria y desproporcionada, lo que aseveró que no ocurrió respecto del señor Estrada Tobón, cuya investigación corresponde a una carga que él se encontraba en la carga de soportar, más aún cuando la misma se dio dentro de los límites impuestos por la Constitución Política, la ley y sus reglamentos. Por último, reseñó que la tasación de los perjuicios le parecía excesiva (f. 144-153, c. 1).

La Nación-Ministerio del Interior y de Justicia elevó la excepción de indebida representación, puesto que de conformidad con el ordenamiento jurídico, no le correspondía la representación de “la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación” y, comoquiera que fueron los actos de dichos entes los que dieron origen al proceso, se le debía desvincular del mismo (f. 170-175, c. 1).

Durante la etapa probatoria en primera instancia, el Consejo de Estado, mediante providencia del 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009-00, reinterpretó las normas de competencia establecidas en la Ley 270 de 1996, y señaló que los procesos en los que se debatiera la responsabilidad de la administración de justicia por error judicial, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, eran de competencia exclusiva de los Tribunales Contenciosos Administrativos en primera instancia, y del Consejo de Estado en segunda instancia. En virtud de lo anterior, mediante auto del 3 de octubre de 2008, el Juzgado Doce Contencioso Administrativo de Medellín, autoridad que adelantaba el trámite del presente asunto, declaró su falta de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 148 del C.P.C. y 215 del C.C.A., y conforme a dichas normas, (i) estimó que no se afectaba la validez de las actuaciones efectuadas, y (ii) remitió el sub judice al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.

Por medio de auto del 3 de diciembre de 2008, dicha corporación reiteró la postura del juzgado referido, y precisó que comoquiera que las actuaciones surtidas eran de mero trámite, el mantenerlas en el ordenamiento jurídico no vulneraban el debido proceso de las partes, máxime cuando todas participaron debidamente en el mismo, razones por las cuales avocó el conocimiento del caso y ordenó continuar con su procedimiento (f. 347-349, 380-382, c. 1).

Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones elevadas por la parte demandante.

En primer lugar, señaló que en consideración a que la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y el INPEC no tuvieron vínculo alguno con los hechos y el daño demandados, se debía entender que carecían de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, las pretensiones elevadas por los demandantes no podían prosperar frente a ellos.

Ahora bien, en relación con la supuesta privación de la libertad del señor Estrada Tobón, advirtió que los accionantes no aportaron en copias auténticas las pruebas documentales pertinentes para declarar la responsabilidad de los entes demandados, y los medios de prueba que allegaron sólo lo hicieron en copias simples, las cuales no era factible valorar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 254 del C.P.C.

Adicionalmente, aclaró que si bien los actores pidieron que se oficiara a las autoridades competentes para que se aportaran tales pruebas, las mismas fueron allegadas al plenario de manera extemporánea, lo que al igual que el aporte de documentos en copias simples, evidenciaba el incumplimiento de los actores en cuanto a su carga probatoria, puesto que era a ellos a los que les correspondía auxiliar el oficio librado para que las copias auténticas indicadas fuesen incorporadas al expediente en el tiempo requerido.

De otro lado, señaló que no era viable sostener que como autoridad judicial imparcial le correspondiera decretar una prueba de oficio para que los documentos señalados fuesen allegados, en la medida en que (i) los accionantes las aportaron y solicitaron, motivo por el cual no se puede “hablar de su decreto oficioso”, lo que además podría implicar la vulneración del derecho de contradicción y de defensa de los integrantes de la parte pasiva del litigio, y (ii) el juez sólo puede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos dudosos, y no para relevar a las partes de su obligación de acreditar los supuestos fácticos cuyos efectos jurídicos persiguen.

En consecuencia, indicó que los demandantes incumplieron su carga de probar con certeza la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación y por consiguiente, concluyó que se debían negar las pretensiones de la demanda (f. 397-410, c. ppl.).

El 24 de octubre de 2011, la parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el fin de que se revocara y, en su lugar, se accediera a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

En ese sentido, reiteró que el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón fue privado de la libertad, condenado y a la postre absuelto de responsabilidad penal, de lo que obligatoriamente se sigue que las entidades demandadas incurrieron en un error jurisdiccional y en una falla del servicio que pueden ser demandados mediante el medio de control de reparación directa.

Por su parte, señaló que era viable valorar las pruebas aportados al plenario, para lo que citó el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, doctrina sobre dicha norma, e invocó la Ley 446 de 1998, fundamentos de conformidad con lo cuales indicó que los manuscritos y documentos privados elaborados por las partes pueden ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, y se presumen auténticos sin necesidad de autenticación (f. 418-421, c. ppl.).

Durante el término para alegar de conclusión, la Nación-Fiscalía General de la Nación y el INPEC reiteraron los argumentos de defensa esbozados en sus escritos de contestación de la demanda. De otro lado, los accionantes, los demás entes demandados y el Ministerio Público guardaron silencio (f. 430, 431, 438-447, 460, c.ppl.).

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, sin que resulte necesario realizar consideración alguna en relación con la cuantía del proceso.

Igualmente, conviene precisar que como la parte demandante fue el único extremo del conflicto en apelar la decisión de primera instancia, en principio, la Sala se limitará a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación -artículo 357 del C.P.C.-.

Sin embargo, no se puede perder de vista que la anterior regla no es absoluta y admite ciertas excepciones derivadas (i) de la facultad del juzgador de segunda instancia para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la apelación y, (ii) de los cuerpos normativos que le imponen el deber de pronunciarse de oficio sobre asuntos específicos -normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y normas legales de carácter imperativo-, de tal forma que en el evento de que las especificaciones del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión que corresponda. En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.
3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.
3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…).

Por su parte, se debe aclarar que debido a que en el asunto objeto de debate se alegó la privación de la libertad del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, el mismo puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sesión del 25 de abril de 2013.

Validez de los medios de prueba

En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, se advierte lo siguiente:

Con la presentación de la demanda, los accionantes aportaron en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del C.P.C., es decir, en copias simples, las providencias proferidas en relación con el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón con ocasión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, y de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal de primera instancia negó las pretensiones de los actores, puesto que consideró que incumplieron su carga probatoria al no poderse apreciar tales medios de prueba, y al no haber allegado otros elementos de convicción que demostraran la responsabilidad patrimonial de los entes demandados.

Al respecto, conviene recordar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación, siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.//Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.
(…) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De esta manera, de conformidad con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación y contrario a lo decidido en la sentencia impugnada, se valorarán las copias simples de los documentos que se hubiesen allegado al plenario y en consecuencia, de entrada, se advierte que su aportación en tal calidad no será óbice para la eventual declaratoria de responsabilidad y condena del Estado.

De otro lado, se observa que con la demanda, los accionantes también presentaron la declaración extraproceso del señor Luis Hernando Bedoya Ochoa, declaración que no fue ratificada durante el trámite del presente asunto.

Al respecto, cabe aclarar que dicha declaración no será apreciada por esta Sala, en consideración a que se constituye en una prueba sumaria en tanto no fue ratificada en los términos del artículo 229 del C.P.C., cuyo contenido, adicionalmente, no versa sobre la acreditación de la relación de compañeros permanentes entre la víctima directa del daño y alguno de los accionantes.

Finalmente, durante el procedimiento adelantado en primera instancia, se recepcionó la declaratoria de parte del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, prueba que fue decretada y practicada por petición del INPEC.

De acuerdo con lo establecido por los artículos 194 y 195 del C.P.C., las declaraciones formuladas por las partes sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas a los demandantes o que favorezca a la parte contraria. En este sentido, la doctrina jurídica ha señalado:

Confesión es un medio de prueba judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, expresa, terminante y seria, hecha conscientemente, sin coacciones que destruyan la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el reconocimiento de otros hechos, perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso, o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso. (…) La apreciación de la confesión tiene un triple aspecto: 1) determinar si existe confesión válida y si es judicial o extrajudicial; 2) determinar el contenido de la confesión, o sea cuáles son los hechos confesados; y 3) asignarle el mérito probatorio como instrumento de convicción respecto a la existencia o inexistencia de tales hechos.

En igual sentido, esta Subsección ha indicado que no es posible apreciar las declaraciones de alguna de las partes como si se trataran de la versión de los hechos rendida por un tercero imparcial, puesto que ello resulta completamente contrario a la misma naturaleza de esa clase de pruebas -medios probatorios históricos o de reconstrucción de hechos, que deben provenir de una persona imparcial o que no esté sumergida en la contienda a resolver-, de manera que ha señalado que sólo se les puede valorar de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones señaladas.

Por consiguiente, la declaración de parte rendida por el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, al provenir de un integrante del extremo activo de este litigio, únicamente será apreciada con fundamento en los lineamientos decantados, esto es, en lo que les resulte desfavorable a los accionantes o favorable a las entidades demandadas.

Los hechos probados

De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

El 8 de marzo de 2005, el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón fue detenido por los delitos de homicidio en grado de tentativa y de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, en consideración a que se le individualizó como el atacante del señor Edwin Darley Taborda Rodríguez, quien el 7 de marzo de 2004, fue impactado por múltiples proyectiles de arma de fuego. Debido a lo anterior, el 11 de marzo del mismo año ingresó al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista” (copias de la providencia del 30 de junio de 2005, proferida por la Fiscalía Catorce Seccional perteneciente a la Unidad Segunda de Delitos Contra la Vida de Medellín, de los oficios del 10 de marzo y 27 de marzo, suscritos por el fiscal coordinador de la Unidad Segunda de Delitos Contra la Vida de Medellín, y de la hoja de situación jurídica del capturado Gabriel Jaime Estrada Tobón, relacionada por la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista”; f. 269-271, c. 1).

El 30 de junio de 2005, la Fiscalía Catorce Seccional perteneciente a la Unidad Segunda de Delitos Contra la Vida de Medellín, profirió resolución de acusación en contra del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón por los delitos referidos, y determinó que no era factible concederle libertad provisional.

Al respecto, manifestó que existían los suficientes elementos probatorios para colegir que el acusado cometió los crímenes investigados, puesto que no obstante en las distintas declaraciones recepcionadas se presentaron incongruencias sobre aspectos residuales de los hechos -como el número de disparos, las prendas exactas que tenía el agresor, entre otros aspectos-, no se podía perder de vista que la misma víctima individualizó al investigado como su atacante, de lo que se seguía que “no necesitaba de la colaboración de persona alguna para concretar procesalmente la imputación”.

Además, señaló que (i) a pesar de que el señor Taborda Rodríguez no conocía el nombre de su atacante, logró individualizarlo desde un comienzo por su apodo -May, Maicol o Maifrend- y por su amistad con el señor Luis Augusto Estrada -conocido como Gato-, quien lo amenazó debido a que anteriormente había sido lastimado por él en una pelea, instante en que le dijo que una persona muy cercana a él lo iba vengar, y (ii) lo identificó como su agresor antes de su captura y en reconocimiento en fila de personas. En este sentido, señaló:

En suma:
Edwyn Darley conocía personalmente a MAY, MAICOL o MAIFREND, a quien mucho veía en compañía de Luis Augusto Estrada (…).
Lo reconoció en los momentos en que accionaba el revólver el 7 de marzo de dos mil cuatro (…) Traslado al hospital a raíz de los balazos que encajó, le dijo a sus familiares: “Fue May, el amigo del GATO” (…).
Lo reconoció inmediatamente antes de la retención transitoria de MAY y EL GATO (luego se surtió la captura definitiva de MAY): “… de la cuadra del frente que llaman La Doce salía LUIS AUGUSTO ESTRADA el MAY, entonces mi hermano me dijo a mí: “Ojo que ahí va El Gato y el May, el que le dio los tiros a usted”, cuando yo lo miré el May ya me estaba mirando y él llevaba un maletín y él se quedó así como mirándome fijamente, entonces él mandó la mano al maletín, cuando él se mandó la mano al maletín, yo me abrí a correr y ya mi hermano llamó a los policías o el CTI” (…) Al rato le aseguró a los del CTI que ese, el que él conocía como MAY, fue el que le disparó (…)
Y lo reconoció -ya sabiéndole el nombre- en diligencia de reconocimiento en fila de personas (…).
Conociendo a su agresor, como en efecto lo conocía, éste bien pudiera tener otro nombre, otros apodos, o ninguno, pues la individualización personal era y es la que a Edwin Darley lo motiva para inculpar a Gabriel Jaime. Él no fijó en su mente los apodos de un hombre cualquiera para distinguirlo de los demás; él fijó al hombre mismo; el hombre al que singularizaba perfectamente, aún con anterioridad a la agresión.

De otra parte, indicó que a pesar de que Gabriel Jaime Estrada Tobón trató de construir una coartada para demostrar que no estuvo presente en el sitio y en el momento en que la víctima fue lesionada, para lo que aseveró que en ese instante se encontraba ayudando al señor Carlos Arturo Franco Londoño con su trasteo, destacó que dicho sujeto y los celadores del edificio en el que éste vivía no respaldaron adecuadamente esa versión de los hechos, habida cuenta de que al rendir sus declaraciones, ninguno dio información exacta y concordante con la fecha de la tentativa del homicidio.

Finalmente, reseñó que en la pesquisa se recibieron varias declaraciones que identificaron al atacante con los sobrenombres referidos por la víctima, sobrenombres con que también fue individualizado por el señor Julio Cesar Restrepo Pabón, en una denuncia que éste presentó en su contra a su vez por intento de homicidio - denuncia que la fiscalía aclaró que no sabía si se mantenía vigente o había culminado, y respecto de la cual no se allegó prueba alguna a este proceso- (copia de la resolución del 30 de junio de 2005, expedida por la Fiscalía Catorce Seccional perteneciente a la Unidad Segunda de Delitos Contra la Vida de Medellín; f. 34-54, c. 1).

Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2005, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín declaró penalmente responsable al señor Gabriel Jaime Estrada Tobón como coautor de los delitos de tentativa de homicidio y de porte ilegal de armas de fuego y, en consecuencia, le impuso la pena de 88 meses de prisión, a la cual precisó que se le debía descontar el tiempo que hasta ese momento había permanecido privado de la libertad en detención preventiva.

Al respecto, señaló que fueron recepcionados varios testimonios, mayoritariamente de familiares del lesionado Taborda Rodríguez, que si bien no presenciaron los hechos con fundamento en los cuales se adelantó la pesquisa y que en ocasiones parecen contradecirse, permitían identificar al señor Gabriel Jaime Estrada Tobón como el autor de los delitos investigados, puesto que lo identificaron como amigo de Luis Augusto Estrada, alias “el gato”, sujeto a quien la víctima hirió en una pelea y que adujo que uno de sus amigos se iba a desquitar en su nombre, y señalaron que era conocido con varios alias, los cuales a la postre fueron también referidos por el señor Rodríguez Taborda para referirse al aducido demandante.

De otro lado, consideró que no se podía descartar la sindicación hecha por el propio afectado, quien si bien en un principio no pudo reconocer a su atacante con nombre propio puesto que sólo conocía su alias, finalmente al verlo en la calle y al oír a su hermano decirle que era él quien le había disparado lo reconoció, momento en el que lograron que miembros del CTI lo detuvieran para identificarlo durante la pesquisa penal, y señalar que se trataba del sujeto que le disparó en repetidas ocasiones con la finalidad de quitarle la vida.

Por su parte, narró los argumentos de defensa del procesado y las pruebas que trajo al expediente para respaldar su ausencia de responsabilidad penal, elementos que descartó con fundamento en su vaguedad e incoherencias. De esta manera, a pesar de las contradicciones de los elementos de convicción, indicó (copia de la sentencia del 16 de diciembre de 2005, proferida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín; f. 55-84, c. 1):

También quedó evidenciada la responsabilidad de GABRIEL JAIME ESTRADA TOBÓN, cuya coartada es desmentida en principio por el mismo doctor FRANCO cuando en declaración rendida ante la Fiscalía (…) sostuvo que efectivamente aquél le colaboró en la mudanza que se llevó a cabo en los días de semana santa, y aunque de la colaboración que prestó GABRIEL JAIME no surge ninguna duda, lo que sí está claro es que ello no ocurrió el 7 de marzo de 2004, pues como bien lo advirtió la Fiscalía, las celebraciones de la semana mayor para el 2.004 fueron en abril y no en marzo, cuando ocurrió el hecho aquí investigado. Los vigilantes del conjunto residencial donde vivía el Dr. FRANCO, no alcanzaron a sustentar lo planteado por la defensa, porque el señor (…) dice que para el día de los hechos no estaba de turno y a su vez el otro vigilante (…) no logró precisar tampoco la fecha exacta en que le ayudó en el trasteo. Tal vez fue la falta de contundencia de este argumento defensivo el que llevó al Dr. CARLOS ARTURO FRANCO LONDOÑO a indicar en su segunda intervención algo que no había dicho antes, a pesar de lo trascendental en la investigación y que consistió en sostener en que el 7 de marzo GABRIEL JAIME estaba en su apartamento y allí lo llamó LUIS AUGUSTO ESTRADA “A. EL GATO”, para contarle que había atentado contra EDWIN DARLEY. No es lógico que un abogado interrogado desde un comienzo por este hecho (atentado contra EDWIN), no haya dicho nada en su primera intervención, sabiendo que era sobre ello que se le interrogaba y por lo que se encontraba vinculado su amigo GABRIEL JAIME.
(…) Además, aunque el señor ESTRADA TOBÓN FUE enfático en asegurar que él no tiene bicicleta y que no usa cachuchas tal como lo aseguró el mismo Dr. FRANCO LONDOÑO, en su historia clínica, remitida por Cafesalud, se observa que el 6 de febrero de 2004 fue atendido por un dolor que tenía a casa de una caída en bicicleta (…) y uno de los vigilantes (…) dijo: “(…) cachuchas por ahí así de vez en cuando, cuando sale a caminar pero nada más, una como gricesita le he visto pero no más (…) yo le distingo una bicicleta todo terreno, grande, prácticamente en el color no me he fijado en ella”. Finalmente en cuanto a la identidad de May, se lograron despejar las dudas al escuchar la declaración de ALEJANDRA GÓMEZ VÉLEZ, quien lo describió, sabía que residía en el sector de La Colinita, con quien vivía e indicó que el padre e ella había hecho política con GABRIEL JAIME y con su hermano JUAN CARLOS, a favor de unos “COSSIOS”, tal como se acreditó al interior del a audiencia pública cuando el mismo GABRIEL JAIME (…) dijo que ha colaborado repartiendo propaganda política y que su hermano también se dedica a actividades políticas (…). Es que como si lo anterior fuera poco, debe tenerse en cuenta que lo dicho por GABRIEL JAIME sobre su amistad con LUIS AUGUSTO y especialmente con la madre de éste, desde 1998, encuentra contradicción con lo expuesto por esta dama, según la cual, conoció a GABRIEL JAIME hace un año cuando tuvo un ataque de asfixia y éste la auxilió. Tampoco se puede pasar por alto la denuncia del señor JULIO CESAR RESTREPO PABÓN, quien a pesar de las inconsistencias que quedaron evidenciadas en la audiencia pública, se dice víctima de un atentado perpetrado por el aquí procesado y señala a GABRIEL JAIME como “MAY”, refiriéndose a él como mono (…). En cuanto a que la denuncia se instauró en fecha muy posterior, el denunciante explicó que le daba temor y que luego la había instaurado porque el mismo EDWIN DARLEY le había contado que estaba detenido y que contra él también GABRIEL JAIME había atentado. Finalmente se destaca que a pesar de que Gabriel Jaime negó desde un comienzo haber tenido anteriormente contacto con algún tipo de arma, se pudo establecer que había sido condenado a 28 meses de prisión, por un juzgado regional (…) por el porte de una granada de fragmentación M-26.

Los argumentos hasta ahora esbozados sólo platean serías contradicciones e inconsistencias que se observaban en las diligencias, las cuales si bien no son despreciables, deben valorarse conjuntamente con el contundente señalamiento directo que realiza el ofendido EDWIN DARLEY, no sólo en diligencia de reconocimiento en fila de personas, sino durante la audiencia pública. EDWIN DARLEY es muy claro en señalar a quien únicamente conocía como “MAICOL”, “MAY” o “MAYFREND”, en tanto que si bien no conocía su nombre y apellidos exactos, sí suministró a la Fiscalía datos que individualizaban a su agresor como la amistad que sostenía con quien conocía como “El Gato”, que vivía por una calle llamada Casa Linda subiendo hacía la colinita (lo cual confirma el mismo Dr. FRANCO cuando dijo que LUIS AUGUSTO vivía por La Colinita) y la descripción física del mismo. De la misma manera el testimonio de EDWIN DARLEY es coherente con los demás rendidos en este proceso, mírese que éste si pudo haber visto a su agresor pues de la declaración rendida por LEONEL GUSTAVO ZAPATA BUSTAMANTE , expresó (…) “(…) Cuando sonó el primer impacto miré hacía atrás, vi que el tipo estaba montado en la bicicleta pero parado casi de frente a EDWIN (…)” testimonio que corrobora y da validez a lo asegurado por el ofendido en este proceso; y bueno sea decirlo, no es familiar de éste, sino habitante del sector (…). Esta declaración no pierde su valor por haber expresado ante el médico legalista que lo había lesionado “un desconocido”, considerando que un comienzo sólo lo había visto por el sector y como frecuente amigo del “GATO”, la verdad era que no le conocía el nombre y sólo por averiguaciones propias y posteriores determinó que era el apodado “MAY” o “MAYCOL”. El defensor no puede desestimar los testimonios rendidos por los familiares de la víctima, pues de manera diferente piensa el Juzgado, dado que analizados en conjunto, se considera que son dignos de confianza, veraces en la medida de lo que a cada uno le corresponde, obviamente todos no pueden guardar una exacta correspondencia, pues cada ser humano puede tener diferentes percepciones de los sucesos que a diario ocurren en el mundo exterior; pero en el presente caso si bien ninguno a excepción de la víctima, vio al agresor cuando descerrajó los disparos, sí son enfáticos en ubicar en el lugar de los hechos a un sujeto de quien sólo conocían la descripción física y la profunda amistad con LUIS AUGUSTO ESTRADA “El Gato”, de lo cual se puede inferir que el único ánimo de los mismos, es declarar solamente lo que vieron y no mentir. Es que si dichos testimonios son mentirosos, amañados y tuvieran ánimos vindicativos contra LUIS AUGUSTO (Quien también rondaba el sector) cuál sería la razón para dejar de señalar a éste y en su lugar señalar directamente a GABRIEL JAIME? Considera este despacho que su único propósito era asegurar que el verdadero responsable del acontecimiento fuera sometido a juicio criminal por lo sucedido (…).
(…) Las exculpaciones que se han tratado de hacer valer, se han venido derrumbando una a una y se ha ido debilitando la presunción de inocencia, pues a pesar de que el defensor ha tratado de convencer no sólo a la Fiscalía sino también a este despacho, de que existe otro MAY, MAICOL o MAYFREN, lo que realmente cobra importancia ante el señalamiento que se hace en contra de GABRIEL JAIME es que EDWIN DARLEY al momento del atentado lo pudo percibir, posteriormente lo reconoció en fila de personas, lo cual igualmente hizo por separado su sobrino y lo ha venido ratificando en sus declaraciones, incluso en presencia del mismo GABRIEL JAIME, denotando seguridad en su acusación; por lo cual no puede obviarse ese señalamiento tan directo (…).

Es cierto que inicialmente EDWIN DARLEY, describió a MAY como una persona que tenía una cicatriz y un tatuaje, pero ello fue explicado por el mismo, cuando dijo que posterior a lesionamiento, algunas personas le dijeron sobre dichas características, pero no era así; sin embargo, no por ello puede desestimarse de un todo y por todo el señalamiento directo que hace este ciudadano contra GABRIEL JAIME, pues esas características no son determinantes y en tanto que como se ha dicho el único interés que tiene es el de que no quede impune el atentado de que fue víctima y que por fortuna no terminó con su vida (…).

Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 11 de julio de 2006, la cual quedó debidamente ejecutoriada, revocó la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín y, en su lugar absolvió al procesado de los delitos materia del proceso.

Como fundamento de su determinación, adujo que contrario a lo considerado por el operador judicial de primera instancia, no existían los elementos de convicción suficientes para que fuese factible indicar que el señor Estrada Tobón fue quien le disparó al señor Taborda Rodríguez, habida cuenta de que las declaraciones directas de la víctima e indirectas de los demás testigos, revelaban ciertas incongruencias que disminuían considerablemente su credibilidad y que por el contrario, daban cuenta de que su contenido se reducía a investigaciones posteriores a los acontecimientos, de lo que se seguía que realmente no les constaba que el señor Gabriel Jaime Estrada hubiese realizado las conductas delictivas.

De esta manera, concluyó que se imponía revocar la decisión de primera instancia para absolver de responsabilidad penal al sindicado, en consideración a que existían serias dudas de que él hubiese tratado de asesinar al señor Edwin Darley Taborda Rodríguez y por ende, ordenó que se librase orden de libertad inmediata a su favor. Al respecto, adujo (copia de la sentencia del 11 de julio de 2006, proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín; f. 85-103, c. 1):

Y bien, para entrar en materia sobre el primer punto objeto de controversia, vale la pena advertir que la responsabilidad del señor Estrada se fundamenta, básicamente, en el testimonio directo del ofendido Edwin Darley Taborda Rodríguez y en los indirectos de los parientes más inmediatos de este último (…). Y ello es así por cuanto el primero dice haber identificado plenamente a su agresor y porque los restantes añaden elementos que hablan de la presencia de Gabriel Jaime en el lugar de los hechos, de su amistad con un enemigo declarado de Edwin y de algunas manifestaciones anteriores que hablaban de un móvil de una venganza que sería ejecutada por un tal MAY, Maicol o Mayfrend, apodos todos que se atribuyen a Gabriel Jaime, quien quería entrañablemente a un individuo apodado El Gato que en un problema de barrio había sido herido en su cuello por Edwin. De otro lado, como contrapartida, se cuenta con una radical manifestación de inocencia por parte del hoy procesado, quien arguyó en su favor una coartada que lo situaría en lugar distinto el día del atentado y que aparece corroborada por el profesional del derecho Carlos Arturo Franco Londoño, quien funge como Secretario de la Sociedad de mejoras públicas de Envigado.
(…) Y bien, en tal orden de ideas digamos, para empezar, que muchos y muy dicientes son los obstáculos que se ofrecen, a la luz de la sana crítica, para creer en forma irrestricta lo que informan todos esos testigos de cargos, incluido el propio Edwin, quien definitivamente interpola en sus dichos elementos que no son ciertos y que debilitan en no poco grado su imputación (…). Quien primero compareció al proceso fue la señora María Oliva Rodríguez de Taborda, madre de Edwin y quien advierte que en los momentos antecedentes al conato de homicidio, cuando ella se hallaba entregando un dinero a Edwin para que se marchara del barrio en virtud de que sobre él pesaban amenazas de muerte, observó que en la acera de enfrente se hallaba el sujeto apodado el Gato, de quien habían surgido dichas amenazas y quien realizaba extrañas señas, por lo que ella le entregó a su hijo el numerario y lo acució para que se marchara, luego de lo cual, mientras éste permanecía esperando un colectivo, ella se dirigió a su residencia, cruzándose en el camino por un (sic) individuo, cuyo nombre o identificación no realiza, que se desplazaba en una bicicleta y quien, según se enteró luego, pues ella no observó directamente lo acaecido, le descargó todo el tendido de un arma de fuego en la espalda a Edwin. Cuando se le preguntó a dicha señora si conocía al individuo que iba en la bicicleta, así contestó: “No lo conozco, (…) se llama MAICOL, le dicen MAY. Eso me dijeron”. Tal atentado lo atribuye dicha señora a determinación del sujeto apodado Gato, quien (…) le habría advertido “es que esto no se va a quedar así, yo tengo un amigo que me estima mucho, me quiere como si yo fuera su papá y él es el que va a devengar (sic) esto” (…) aserción que, por lo que se ve, no estuvo acompañada de la identificación de la persona que supuestamente realizaría la venganza. Pues bien, seis días después, la señora Rodríguez volvió a declarar y aunque en lo sustancial dijo lo mismo (…) varió radicalmente su versión sobre el conocimiento e identificación del sujeto que vio pasar en bicicleta, pues olvidando que había dicho que no lo conocía, ya señala en forma muy categórica que el sujeto que ella vio en la bicicleta fue “MAICON”, agregando además, respecto de la amenaza previa del El Gato (sic), que éste había añadido que para su venganza había hablado con unos pelados y que también habló “con el de la colinita y del treinta y uno no pasa Edwin”.

Mencionó también la señora una serie de datos identificativos del tal MAICON que (…) fueron más el fruto de una percepción posterior del sujeto así supuestamente denominado ante el señalamiento de terceros que de la observación realizada por ella antes del delito (…) siendo oportuno resaltar que mientras en su primera declaración había hablado de un sujeto de pelito como amonado y tuso, ya en la segunda aduce (…) que tal individuo iba de una gorra blanca, lo que de ser cierto, dado además que para el momento de observarlo no tenía razón alguna para fijar en él su atención y que si pasó en bicicleta poco fue el tiempo que tuvo para reparar en él, le habría impedido ver que ese sujeto era de “pelito amonado y tuso”. En sana lógica, entonces, es obvio que la percepción que menciona la señora Rodríguez respecto del sujeto de la bicicleta no corresponde a la realidad y que la descripción que correlativamente ella realiza de dicho sujeto es fruto de observaciones posteriores y de conversaciones con su nieto Julián Alexander Arando, quien, como veremos, es quien dijo haber visto al apodado Maicol pasar en bicicleta poco antes de que dispararan contra su tío Edwin. En efecto, Julián narra que si bien no vio el acontecimiento contra su tío, sí observó que un sujeto que él conocía con el nombre de Maicol pasó momentos antes en una bicicleta, lo que lo llevó a declarar que fue este el autor de ese atentado, pues según lo advierte a reglón seguido, “Maicol es al que el Gato se refiere cuando dice que tiene un amigo que lo quiere como un hijo. Es que el Gato dijo que Maicol era el que se iba a vengar por lo que Edwin le había hecho. Ese Maicol fue el que yo vi segunditos antes de los tiros, entonces ese fue” (…). Y sucede entonces que, primero, la inferencia que hace de autoría el testigo no surge de haber visto los hechos o algo que le hubiera podido llevar a pensar objetivamente, como la exhibición de un arma por ejemplo, que el aludido Maicol era el autor, sino de la supuesta afirmación hecha por el apodado el Gato a la señora María Oliva Rodríguez, y, segundo, que según el contexto de lo que esta dama afirmó, a ella nunca le mencionó el señor Luis Augusto Estrada, quien es el apodado el Gato, el nombre de su presunto vengador, por lo que es evidente que el supuesto de atribución del delito por parte del testigo corresponde, una vez más, no a hechos ciertos sino a composiciones mentales. Tan manifiesta falencia, por cierto, se le puso de presente al testigo en una ampliación posterior que rindió, en la cual hubo de admitir que “el Gato” nunca mencionó el nombre de su vengador, “pero como yo sabía que el MAYCOL era tan parcero de él, yo más o menos sabía que él era el que le iba a dar” (...). Obvio, entonces, que la imputación carece de soporte real y se funda solamente en elucubraciones del testigo.
(…) Pero, además, la señora Beatriz Elena parece alejarse también de la verdad cuando dice (…) que cuando Edwin fue herido les dijo al llegar ellos al hospital que el autor de sus lesiones “fue May, el amigo del gato”, pues si se sigue lo dicho por Julián en sus intervenciones, lo mismo que por su tío Didier en la suya, quienes recogieron y llevaron al hospital a Edwin fueron ellos dos, y la verdad es que ninguno de ellos menciona que el herido hubiese hecho una manifestación como la que le atribuye Beatriz Elena, amén que el estado en que quedó él fue sumamente grave y difícilmente podría haber hecho alguna manifestación inmediata en tal sentido, gravedad que claramente describe la propia María Olivares (…) “estaba como muerto” (…). Es claro entonces, por lo que se viene de anotar, que las más importantes manifestaciones de la testigo en cuestión surgen más de componendas familiares que de verdaderas sensopercepciones que les den contenido.

En este orden de ideas, tampoco las atestaciones de (…) los otros hermanos de Edwin, aportan mucho al descubrimiento de la verdad, pues lo que ellos relatan, en esencia, remite a lo que sobre los hechos venía afirmando su sobrino Julián (…). Y bien, todo lo anterior revela que la prueba de apoyo en cuanto a la identidad del heridor es bastante inarmónica y mal puede considerarse como tal cuando tantas y tan evidentes falencias contiene, lo que nos sitúa, en pro de adquirir certeza sobre dicha identidad, frente al testimonio del propio Edwin Darley, quien se constituye, en principio, como el único testigo directo del atentado que sufrió con supuesta capacidad para identificar al autor del mismo, por lo que se impone un cuidadoso análisis de sus dichos.
(…) hay que anotar que siete meses después del atentado que sufrió y cinco meses de que hubiere cesado su incapacidad definitiva por las lesiones que le fueron causadas, Edwin Darley compareció finalmente ante la Fiscalía para señalar que pudo reconocer a su atacante (…).
(…) aunque Edwin Darley reconoció en rueda de presos al procesado Gabriel Jaime Estrada Tobón como el autor de su atentado, la verdad es que tal reconocimiento parece ser más el fruto de la observación posterior y de la indagación que hizo para conocer más de cerca al sujeto que él menciona como Maicol, pues la verdad es que su testimonio integral, más allá de lo tardío del mismo (…) enfrenta serios obstáculos de credibilidad que no permiten descartar que dicha imputación sea más el fruto de composiciones y elucubraciones realizadas a posteriori que de una real sensopercepción directa.
(…) Llama en primer lugar poderosamente la atención que para su señalamiento al Maicol (…) se hubiera basado en dos datos sumamente reveladores de una individualización clara, a saber, una cicatriz en el mentón por un accidente en moto y un tatuaje arriba de la muñeca en alguno de sus dos miembros superiores (…) ninguna de tales características le son propias al mismo, en cuyo caso es evidente que aflora una duda muy sensible sobre el verdadero conocimiento de Edwin sobre la persona de su heridor, pues dicha falencia, de cara la valoración integral de la prueba (…) nos remite necesariamente a la posibilidad de que la identificación fuese más el resultado de sus personales pesquisas posteriores que de un verdadero reconocimiento el día de los hechos. No en balde, para que esta eventualidad adquiera fuerza, el propio Edwin, cuando se le preguntó por tal discordancia, advirtió para justificarla: “en cuanto a la cicatriz fue porque yo estuve averiguando por él cuando pusimos la denuncia. Yo salí del hospital y todo el mundo me lo describía a mí que él había tenido un accidente en moto y que tenía una cicatriz en la cumbamba y todo el mundo lo conoce en el barrio como el MAY o como el MAYFREND” (…). Ahora es evidente que Edwin no escapa a cierta capacidad de acomodamiento sobre los hechos. Recordemos, al punto, que inicialmente involucró en su desarrollo a un sujeto que él llama Juancito, que sería el que le salió al paso con una pistola que no pudo accionar (…). Pues bien, en la ampliación de su testimonio, el siguiente es el relato con el que indiscutiblemente incurre en una muy notable contradicción personal sobre el grado de intervención de tal individuo: “lo que pasa es que él a mi solamente no me disparó, JUANCITO, cuando yo corrí, JUANCITO me salió en el puentecito… él también me disparó… el me pegó un tiro a mí por detrás con una pistola calibre siete setenta y cinco”. (…) No sobra decir, en este punto, que ese cuarto disparo (…) y que se agregaría a los tres que dice haber recibido de “Maicol”, carece, por lo demás, de cualquier respaldo probatorio, pues el dictamen pericial final sólo reporta la existencia de tres orificios de entrada (…).

No concuerda tampoco el testigo con otros declarantes sobre la forma como vestía y como se desplazaba el autor del atentado. (…) Como se ve, no hay identidad sobre la vestimenta que portaba el agresor, y tampoco la hay respecto a (sic) la forma cómo disparó, pues mientras Edwin dice que lo hizo de pie por cuanto había dejado la bicicleta cuadrada sobre un murito, el testigo que acabamos de citar sostiene que lo hizo desde la bicicleta. Más aún, tampoco la hay respecto de la actitud del lesionado al momento de la agresión, pues ya vimos como según el señor Zapata aduce que Edwin arrancó a correr tras el primer disparo y éste en cambio dice que lo hizo luego de que su atacante le vaciara el primer tendido de su revólver, confrontación de dichos en la que , sin duda, se ofrecen mucho más verosímiles la del citado Leonle Gustavo, pues si las cosas hubieran ocurrido como dice Edwin muchos más con toda seguridad habrían sido los disparos recibidos, amén de que no parece muy creíble que tuviera tiempo, en su lógica huida desesperada, para mirar que su atacante tomaba la bicicleta del lugar donde supuestamente la había dejado para evadirse en dirección contraria a la suya, mucho menos cuando él tenía de frente a otro supuesto atacante (…). Y bien, lo que se viene de anotar nos muestra como una probabilidad bastante factible que la imputación contra Gabriel Jaime sea, como lo hemos repetido, el fruto de las elucubraciones de la familia de Edwin Darley y no de una observación personal y directa del autor del atentado (…). Y bien, frente a tan incierto panorama suasorio, para obstaculizar aún más la asunción de la certeza sobre la responsabilidad del procesado se tiene, como ya tuvimos la oportunidad de resaltarlo, una coartada que recibe confirmación por parte de un testigo que por lo razonado de su dicho y por su condición de funcionario público de alto rango en el municipio de Envigado no se puede desestimar fácilmente.
(…) Correlativamente, sino se tiene certeza de que fue el autor del atentado criminal en cuestión, tampoco la hay de que hubiera estado ese día en posesión del arma de fuego, cuya tenencia también se le reprocha. En conclusión, la prueba de cargo en este proceso carece de la contundencia y suficiencia necesaria para infundir plena certeza sobre la responsabilidad del señor Estrada Tobón respecto de los delitos que se le atribuyen, por lo que, al subsistir dudas insalvables sobre tal tópico, es claro quien no se logró desvirtuar su presunción de inocencia y se impone entonces en su favor la revocatoria del fallo impugnado para ampararlo, tal cual lo solicita la defensa, con una sentencia absolutoria. En tal sentido, por ende, marchará esta decisión, como consecuencia de la cual por razón exclusiva de este proceso, se impone su inmediata liberación.

Con fundamento en la anterior sentencia, el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón recuperó su libertad el 11 de julio de 2006, tal como consta en varios documentos de su hoja de vida expedida por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista”, entre estos su boleta de libertad -entidad que informó mediante oficio que el señor Estrada Tobón ingreso al reclusorio el 11 de marzo de 2005, y fue liberado en la fecha aducida-.

Por su parte, en dichos documentos -los cuales fueron aportados al expediente el 22 de septiembre de 2008-, únicamente le obran datos (i) del año 1996, por un proceso penal en el que se le condenó a una pena de prisión por la conducta de porte ilegal de explosivos, siendo dejado en libertad en el año 1998 por “PENA CUMPLIDA”, y (ii) correspondientes al proceso objeto del sub judice, sin que en tales elementos de prueba se refleje información relacionada con la segunda denuncia que para la época del último proceso aludido fue presentada en su contra por parte del señor Julio Cesar Restrepo Pabón, también por tentativa de homicidio, y sin que en la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial se hubiese encontrado que la misma hubiese sido conocida por una autoridad judicial de Medellín.

Sin embargo, de acuerdo con ese sistema de información, el 22 de diciembre de 2007, el señor Estrada Tobón fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, no obstante lo cual, fue dejado en libertad ese mismo día. Adicionalmente, se encontró que si bien se le condenó a pena privativa de la libertad por dicho delito, se le concedió su suspensión condicional hasta que en el año 2010, se le declaró extinta por parte de un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad (copias del oficio n.° 9305 del 18 de septiembre de 2008, suscrito por el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista”, de la boleta de libertad del 11 de julio de 2006, y de la boleta de libertad del 22 de julio de 1998, y consulta página web de la rama judicial; f. 250, 253, 266, c. 1).

Problema jurídico

Con observancia de las diferentes intervenciones efectuadas en la presente litis, teniendo en cuenta las facultades que tiene el juez de segunda instancia para pronunciarse de oficio en relación con ciertos temas en específico -ver párrafos 7.1 y 7.2-, y con observancia de que los accionantes insistieron en la responsabilidad patrimonial de todas las entidades por ellos demandadas, la Sala debe examinar (i) si es factible realizar un estudio de responsabilidad patrimonial de fondo respecto de todos los entes demandados o, si por el contrario, de entrada es evidente que alguno de ellos no debe responder por el daño objeto del escrito inicial y, (ii) si la detención impuesta al señor Gabriel Jaime Estrada Tobón se constituyó en una privación injusta de la libertad, evento en el que se establecerá si la misma le resulta atribuible a alguna o varias de las entidades demandadas, de modo que surja su deber de indemnizar a los accionantes.

Análisis de la Sala

En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante ⎯legitimado en la causa de hecho por activa⎯ y demandado ⎯legitimado en la causa de hecho por pasiva⎯ y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores.

Igualmente, cabe destacar que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio. De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

Adicionalmente, la Sala Plena de la Sección Tercera, en decisión que unificó jurisprudencialmente el criterio a seguir respecto de la representación judicial de la Fiscalía General de la Nación, antes y después de la entrada en vigencia del artículo 49 de la Ley 446 de 1998, señaló que la legitimación en la causa se encuentra íntimamente relacionada con la capacidad para ser sujeto del litigio y con el atributo de la personalidad, de modo que en los eventos en los que se demanda a personas complejas como la Nación, la cual actúa por intermedio de diferentes dependencias que carecen de personería jurídica, el instituto de la legitimación en la causa únicamente se puede predicar de aquélla como persona jurídica, y no de esos últimos órganos. En este sentido, señaló:

Por un lado, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v.gr. art. 2º ley 80 de 1993), para ser parte de cualquier relación jurídica. Así pues, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquélla. Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso. En igual sentido, la doctrina comparada más autorizada sostiene:
“La capacidad para ser parte es la proyección, en la esfera procesal, de la capacidad jurídica. Será, por tanto, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal.
“La capacidad para ser parte va unida a la condición de persona. Toda persona tiene capacidad jurídica y, por tanto, para ser parte. (…) Todo hombre, por el hecho de serlo, es persona. La capacidad para ser parte acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su muerte.
“Las personas jurídicas –públicas y privadas- desde el momento que adquieren tal carácter tienen capacidad para ser parte. La condición de parte se atribuye a la persona, no a sus órganos. De aquí que es impropio, al referirse a la administración pública, decir que es parte ‘la autoridad’ que dictó el acto. Será parte la persona jurídica pública – Estado, Provincia, Municipio, entidad institucional – a que pertenece el órgano de que proviene el acto que dio lugar al proceso. Otra cosa será el órgano al que se otorga competencia para intervenir en el proceso a nombre de la entidad pública que es parte.” (Se destaca)
En este orden de ideas, en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte del proceso proviene de su personería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitación procesal (v.gr. entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993). Asimismo, la doctrina ha señalado que, en tratándose de las entidades de derecho público, sólo aquellas que tengan personería jurídica pueden constituirse como partes en el proceso contencioso administrativo, así:
(…) En este sentido, se reitera, los órganos que hacen parte de las ramas del poder público y, en general, todos aquellos que no tengan personería jurídica propia no pueden ser parte del proceso contencioso administrativo.

Ahora bien, desde esta perspectiva, podrían surgir interrogantes como: ¿Qué ocurre con los perjuicios ocasionados por un órgano que carece de personería jurídica? ¿A quién se le imputa, procesalmente, ese daño?
Como ha quedado expuesto, las personas, por regla general, pueden ser parte en el proceso, y por ende, cuando se está en presencia de hechos que se dirigen a uno de los órganos del Estado, carentes de personería, el daño debe ser imputado a la persona jurídica de la que aquél hace parte, que en muchos casos es la Nación, que es la persona jurídica de derecho público por antonomasia.
(…) Por otro lado, la capacidad para comparecer al proceso es el equivalente procesal de la capacidad de ejercicio del derecho sustancial. (…) Ahora bien, en lo que concierne a las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, siempre deberán acudir al proceso por medio de su representante legal, no obstante, esto no significa que carezcan de legitimación para actuar por sí mismas, y que su capacidad procesal deba ser suplida por su representante. Es claro que las personas jurídicas son constructos autorizados por el Derecho y dotados de plena capacidad para ser sujetos autónomos de derechos y obligaciones, empero, como sólo existen en el mundo del derecho, deben valerse necesariamente de personas naturales para el ejercicio de todos sus actos, sin perjuicio de su autonomía como sujetos jurídicos independientes.
(…) Ahora bien, según se hable de la legitimación del demandante o del demandado, estamos en presencia de la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo, necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva sólo puede predicarse de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los órganos o de los representantes de éstos que acuden al proceso en nombre de la persona jurídica de derecho público. Así, es claro que en los casos en los que se demanda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad carente de personería jurídica, no se está en presencia de falta de legitimación en la causa, sino de un problema de representación judicial. Desde esta perspectiva, por el contrario, estamos ante un problema de falta de legitimación en la causa, cuando se demanda a una persona de derecho público en particular, verbigracia la Nación, y quién debió ser demandado era otra persona, entiéndase un Municipio, un Departamento u otra entidad pública con personería jurídica (resaltado del original).

Con observancia de lo anterior, y teniendo en cuenta que los accionantes exclusivamente persiguen la reparación de la supuesta privación injusta de la libertad del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, conviene poner de presente que tal como se indicó en la sentencia de primera instancia, el INPEC, como persona jurídica de derecho público -artículo 2 del Decreto 2160 de 1992-, carece de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que sus actuaciones no incidieron de manera alguna en la concreción de dicha restricción de la libertad y por ende, mucho menos, en que la misma hubiese sido injusta.

En efecto, no obstante el establecimiento público en comento tenía como función administrar el centro de reclusión en el que el demandante estuvo recluido en virtud de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal que se adelantó en su contra -artículo 16 de la Ley 65 de 1993-, lo cierto es que los accionantes no demandaron por un daño producido con ocasión del despliegue de dicho deber funcional, sino porque consideraron que el señor Estrada Tobón estuvo arbitraria e injustamente privado de la libertad, es decir, porque estuvo recluido sin haber cometido un crimen, situación en la que evidentemente el INPEC no tuvo ninguna participación e incidencia y, por consiguiente, al no tener su actuación una relación con los hechos que motivaron la demanda, es evidente que no le asiste legitimación en el sub lite.

De otro lado, de conformidad con la jurisprudencia analizada, no le asistió razón al Tribunal de primera instancia al colegir que el Ministerio del Interior y de Justicia -ahora Ministerio de Justicia y del Derecho- también carecía de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que dicho ente no tiene personería jurídica y por ende, no es posible predicar respecto de éste el instituto jurídico en comento.

Al respecto, conviene recordar que según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los ministerios, como el Ministerio de Justicia y del Derecho, son organismos que integran el sector central de la rama ejecutiva en el orden nacional, razón por la que al conformar dicho sector de la rama del poder público, en la instancia referenciada, hacen parte de la Nación como persona jurídica de derecho público -artículo 80 de la Ley 153 de 1887- y en consecuencia, no tienen personería jurídica. Sobre este punto, la doctrina jurídica ha indicado:

La administración nacional está integrada por el conjunto de personas jurídicas de derecho público del orden nacional, esto es, las que han sido creadas o autorizadas por la Constitución Política o la ley como autoridades nacionales para ejercer sus funciones con competencia en todo el territorio nacional o parte de él. Las personas jurídicas de derecho público del orden nacional son la Nación, las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios y las entidades autónomas con régimen constitucional y legal propios.
Las Nación es la persona jurídica principal de la organización estatal en la cual se centraliza el conjunto de dependencias que ejercen las funciones públicas esenciales propias del Estado unitario. Desde la Ley 153 de 1887, la Nación es una persona jurídica, de la cual forman parte las siguientes entidades o dependencias que, por lo tanto, no tienen personería jurídica y se organizan en aplicación del principio de desconcentración: (…) las entidades que integran el sector central de la rama ejecutiva del poder público, orden nacional, esto es, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, los Consejos Superiores de la Administración, los Ministerios (…).
(…) La rama ejecutiva es aquella faceta del poder público que concentra el mayor cúmulo de acciones para lograr la realización de los fines del Estado, pues a su cargo está principalmente el ejercicio de la función administrativa.
(…) La rama ejecutiva comprende un sector central y dos sectores descentralizados; uno funcional o por servicios del orden nacional, y otro, territorial.
a. Sector central. El sector central de la rama ejecutiva del poder público es el que se halla incorporado en la Nación y está integrado por las siguientes entidades públicas:
(…) 4) Los ministerios y los departamentos administrativos. Son entidades públicas, creadas por la ley, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica y, por lo tanto, que forman parte de la estructura de la Nación, encargados de preparar o proyectar las decisiones de política pública (…).

Con observancia de lo anterior, se observa que la parte demandada en el sub judice no se conformó por el Ministerio del Interior y del Derecho directamente, sino por la persona jurídica Nación, puesto que ésta, por tratarse de un sujeto de derechos, es quien cumple con el presupuesto procesal formal consistente en la capacidad para ser parte del proceso -circunstancia en la que no incide que de acuerdo a lo señalado por los artículos 149 del C.C.A. y 99 de la Ley 270 de 1996, hubiera entrado a ser representada dentro de la litis por el funcionario de mayor jerarquía de la dependencia referenciada, es decir, por el ministro correspondiente- y en consecuencia, es ella quien conformó la parte pasiva del litigio y quien se encuentra legitimada en la causa, y no el ministerio en comento.

De este modo, en la sentencia impugnada no se debió estudiar la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia, en consideración a que no se trata una persona jurídica de derecho público y por ende, no es factible analizar si se encuentra legitimada en la causa por pasiva o no.

Ahora bien, en este punto conviene aclarar que en cualquier caso, no es posible invocar la figura señalada de la persona de la que ese ministerio hace parte, esto es, en relación con la Nación, toda vez que la misma se encuentra debidamente legitimada y representada en el sub lite por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, órganos cuyas decisiones conllevaron a que el señor Estrada Tobón fuese detenido, de lo que se desprende que sus comportamientos sí tuvieron una conexión intrínseca con los hechos que informan la litis y en ese orden de ideas, hacen que la Nación tenga un interés jurídico sustancial en las resultas del proceso.

De este modo, la Sala únicamente declarará la ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, lo que como se aclaró, no resulta posible respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Sin embargo, conviene señalar ab intio que de llegar a declararse la responsabilidad del Estado y a condenársele a indemnizar a los demandantes, no resultará factible gravar el patrimonio del Ministerio de Justicia y del Derecho, en la medida en que sin perjuicio de que no es factible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, de entrada es evidente que el daño y los hechos de la demanda no habrían sido el producto de alguna actuación u omisión por su parte, habida cuenta de que sus funciones no tienen conexión alguna con las decisiones por las cuales se privó de la libertad al señor Estrada Tobón, de tal forma que se denegaran las pretensiones del escrito inicial elevadas en ese sentido.

Sobre la configuración del daño deprecado en el libelo introductorio, la Sala observa que se encuentra debidamente acreditado que entre el 8 de marzo de 2005 y el 11 de julio de 2006, el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón estuvo privado de la libertad por cuenta del procedimiento penal iniciado en su contra, con ocasión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, esto es, por el período total de 1 año, 4 meses y 3 días, es decir, 16,1 meses -ver párrafos 9.1, 9.3, 9.4 y 9.5-.

En cuanto a la imputación del daño señalado, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad está generalmente constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual disponía:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de privación injusta de la libertad, es que cuando el proceso judicial culmina con una decisión favorable a la inocencia del detenido, porque se determinó que el hecho objeto de pesquisa no existió, éste no era un delito, o aquél no fue el autor de la conducta punible investigada, al damnificado con esa retención le basta con acreditar que se le generó un daño derivado de la medida privativa de la libertad que soportó. De esta manera, se advirtió:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél.

Igualmente, se ha señalado que el anterior criterio de imputación por los casos contemplados en la normativa procesal penal del año 1991, rige y es aplicable a pesar de que para el caso que se resuelva hubiesen entrado en vigencia la Ley 270 de 1996 y la Ley 600 del 2000, cuyo artículo 535 derogó expresamente dicho código de procedimiento penal -normativas que efectivamente existían para el momento de ocurrencia de los hechos-.

Ciertamente, a pesar de que en el sub lite, el demandante Estrada Tobón fue privado de la libertad una vez entró vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con el cual “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, ello no es óbice para abordar la responsabilidad del Estado con fundamento en el criterio de responsabilidad expuesto. Al respecto, se debe tener en cuenta que al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).
Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

No obstante, de conformidad con la anterior interpretación, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló que dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución Política para derivar el derecho a la reparación, cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos, lo que evidentemente sucede en los casos en que las personas son privadas de la libertad a pesar de no haber cometido un hecho punible, situaciones que se equiparan a los eventos que refería el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

En el mismo sentido, la jurisprudencia indicó que las hipótesis de responsabilidad establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger el criterio que considere viable para respaldar su decisión.

Además de los tres eventos previstos en el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, consideró que los eventos en los que el sindicado es absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, es decir, cuando las pruebas dentro del proceso penal no generan en el juzgador una certeza más allá de toda duda razonable respecto de la configuración de la conducta típica, antijurídica y culpable, pueden ser suficientes en sí mismos para comprometer la responsabilidad del Estado. Al respecto se ha dicho:

15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.
(…) ¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales –como que la limitación al ejercicio del poder público sólo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados–? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial –fin esencial– para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?.

De acuerdo con estos lineamientos y contrario a lo sostenido por las entidades demandadas, si el caso bajo estudio coincide con las circunstancias analizadas, podrá surgir la responsabilidad del Estado, incluso no obstante se hubiera (i) cumplido con las disposiciones legales que regían la materia, y (ii) contado con los elementos probatorios que en un principio indicaran que el accionante participó en la comisión de los punibles objeto de la pesquisa.

Adicionalmente, también se puede configurar la obligación de indemnizar del Estado en los eventos en que para exonerar al procesado se hubiese aplicado el principio in dubio pro reo.

En consecuencia, la privación de la libertad puede ser imputada al Estado para que se radique en su cabeza el deber de reparar, siempre y cuando dicha privación no se derive en su totalidad de una causa extraña, tal como ocurre cuando se configura la culpa exclusiva de la víctima.

En el caso concreto, la Sala advierte que si bien mediante providencias del 30 de junio de 2005 y del 16 de diciembre de la misma anualidad, la Fiscalía Catorce Seccional perteneciente a la Unidad Segunda de Delitos Contra la Vida de Medellín y el Juzgado Veintiuno del Circuito de Medellín, respectivamente, expidieron resolución de acusación y condenaron penalmente al señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, en consideración a que estimaron que tenían los suficientes elementos probatorios para inferir que había sido el autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de porte ilegal de armas, crímenes frente a los que falló en probar una coartada que lo exonerara, lo cierto es que por medio de la sentencia del 11 de julio de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín lo absolvió de toda responsabilidad penal, habida cuenta de que contrario lo aducido por dichas autoridades, tales medios de convicción adolecían de múltiples incongruencias que no posibilitaban tener por demostrado su participación en la comisión de las conductas punibles aludidas, por lo que concluyó que su presunción de inocencia se mantenía incólume -ver párrafos 9.2 a 9.4.2-.

En efecto, sin perjuicio de que las primeras autoridades mencionadas hubiesen hecho de lado las contradicciones que presentaban los elementos de prueba con los que contaban, para colegir que el señor Estrada Tobón le disparó en varias ocasiones al señor Taborda Rodríguez, habida cuenta de que (i) varios testigos lo individualizaron como amigo del sujeto conocido como gato, quien había amenazado de muerte al señor Taborda Rodríguez; (ii) lo identificaron con los sobrenombres de May, Maicol, Maicon o Maifrend, uno de los cuales habría sido mencionado por el propio señor Taborda Rodríguez cuando era llevado al hospital, en tanto que aseveró que logró ver a su atacante, sólo que al principio no lo conocía por nombre sino por su alias; (iii) fue denunciado a su vez por intento de homicidio por el señor Restrepo Pabón, quien presentó esa denuncia por petición del señor Taborda Rodríguez, y (iv) no logró acreditar debidamente la coartada que invocó, no escapa a la Sala que el Tribunal Superior de Medellín descartó tales medios probatorios, en tanto que luego de analizarlos detalladamente, encontró que:

(i) presentaron varias incoherencias entre sí, especialmente los testimonios, puesto que además de ser en su mayoría indirectos, no coincidieron en aspectos claves sobre los motivos del atentado, lo sucedido durante el mismo, y la individualización del autor, así como se podía inferir que otorgaron datos sin fundamento alguno;

(ii) dichas declaraciones en realidad reflejaron que la información que vertieron al proceso obedeció únicamente a su impresión personal de lo ocurrido, o a sus propias averiguaciones posteriores al respecto, de modo que no se podía concluir que efectivamente les hubiese constado que el señor Estrada Tobón fue el agresor;

(iii) era poco probable que la víctima hubiere visto a su atacante y mucho menos, que camino al hospital lo identificase por su supuesto sobrenombre, puesto que como lo revelaban algunos testimonios, cuando fue llevado a recibir a atención médica, estaba inconsciente o parecía muerto;

(iv) el hecho de que la víctima se tardara tanto tiempo en comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, develó una gran inconsistencia e indicó que su señalamiento del señor Estrada Tobón, pudo deberse a averiguaciones posteriores hechas por él cuyos fundamentos le eran completamente desconocidos, máxime cuando se equivocó en cuanto a diferentes aspectos físicos del accionante y a hechos acecidos durante el ataque, como el número de disparos que recibió para implicar a otro sujeto que también era amigo de alias “El Gato”, quien lo había amenazado con anterioridad, y

(v) en sentido opuesto a la fiscalía y juez de primera instancia, le dio mayor credibilidad al dicho del señor Franco, quien aseveró que el señor Estrada Tobón se encontraba con él durante el acaecimiento de los hechos delictivos.

Así las cosas, se considera posible imputar la privación de la libertad del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón al aparato estatal, toda vez que no cabe duda de que se le absolvió de responsabilidad penal debido a que se consideró que él no había sido quien cometió el hecho punible objeto de investigación, dado que se estimó que los elementos de convicción en su contra no ofrecían la suficiente credibilidad para desvirtuar su presunción de inocencia, lo que coincide con uno de los eventos que en su tiempo fueron previstos por el artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991, y que actualmente se identifican con casos en los que procede la atribución de la privación injusta para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Ahora bien, en el evento de considerarse que el fundamento de la señalada decisión absolutoria fue la aplicación del principio in dubio pro reo, en todo caso, como se analizó, dicha circunstancia igualmente permitiría que el daño objeto de la demanda fuera atribuido a los entes demandados.

Por su parte, es preciso señalar que la responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable tanto a la Nación-Fiscalía General de la Nación como a la Nación-Rama Judicial, pues fue en virtud de las actuaciones de dichos organismos, al decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva, y al dictar la sentencia condenatoria de primera instancia, que el afectado directo se vio injustamente privado de la libertad.

A pesar de que la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial argumentaron que la privación de la libertad del señor Estrada Tobón no les era atribuible, en tanto simplemente se limitaron a cumplir con los deberes que constitucional y legalmente le fueron asignados, labores en las que no cometieron irregularidad alguna, máxime cuando contaban con las pruebas para adoptar la decisiones que profirieron, es evidente que debe radicarse en su cabeza la obligación de resarcir a la parte demandante, habida consideración de que dicha detención legalmente impuesta fue injusta.

En efecto, al proferirse la sentencia absolutoria a favor del accionante en comento, la cual quedó en firme, se demostró que éste no tenía el deber jurídico de soportar la grave restricción de sus derechos que comportó el haberse encontrado detenido por el término de un poco más de un año, comoquiera que no cometió la conducta punible investigada por la cual se le acusó y condenó en primera instancia, circunstancia en la que se fundamenta la obligación de las entidades aludidas de reparar los daños ocasionados al privado de la libertad y a su familia.

Finalmente, cabe verificar si en el presente asunto se configuró alguna de las causas extrañas desarrolladas jurisprudencialmente por esta Corporación, en especial aquella consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

Sobre la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima, esta Corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales ha sido ésta la que con su conducta induce a error a la administración, con lo que provoca que se inicie la investigación penal y que se le imponga la medida de aseguramiento en su contra.

Cabe anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa adecuada, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento -análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio-, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad.

En el sub judice, la Sala considera que las integrantes de la parte pasiva del litigio no demostraron la culpa de la víctima, así como tampoco probaron otra causa extraña, de modo que de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., incumplieron con la carga probatoria de acreditar algún hecho que sirviera de fundamento a las excepciones en comento que podían redundar a su favor, por lo que las mismas no se pueden tener por configuradas y por consiguiente, no se rompe el nexo causal entre la privación de la libertad demandada y sus actuaciones.

Ciertamente, a la luz del material probatorio obrante en el expediente, no se observa evidencia alguna que permita dilucidar que la privación de la libertad se desprendió de alguna actuación dolosa o gravemente culposa del señor Estrada Tobón, puesto que lo único que se encuentra debidamente acreditado, es que dicho accionante conocía o era amigo del señor Luis Augusto Estada, quien con anterioridad había amenazado a la víctima del atentado, situación que claramente no es suficiente para dar por acreditada la causa extraña aludida.

De este modo, la Nación a través de sus entidades demandadas, omitió desplegar adecuadamente su labor probatoria, puesto que no aportó prueba alguna con fundamento en la cual se pudiera argüir que el daño objeto de la demanda se derivó de la conducta sumamente negligente y voluntaria de la propia víctima de la detención, de manera que no resulta factible tener por acreditada esa causa extraña y exonerar de responsabilidad patrimonial a los entes demandados, conclusión que se puede aducir de cualquier otra causa extraña que se pudiera invocar.

Evidentemente, la Sala tampoco advierte que exista alguna circunstancia que permita inferir la configuración de otra causal de exoneración, como el hecho de un tercero, causas extrañas que las integrantes de la parte demandada tenían la carga de probar fehacientemente, carga probatoria que no cumplieron y que por ende, conlleva a que no se puedan denegar las pretensiones de la demanda a su favor.

En consecuencia, debido a que el menoscabo demandado, consistente en la privación injusta de la libertad del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, le resulta plenamente imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, se impone revocar la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, se procederá a declarar su responsabilidad patrimonial y a verificar los perjuicios demandados, con la finalidad determinar la indemnización que corresponde.

Liquidación de perjuicios

De manera previa a abordar el resarcimiento de los perjuicios solicitados en la demanda, conviene abordar la repartición de la condena que se llegué a determinar entre las entidades que se procede a condenar, es decir, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, las cuales tienen un patrimonio autónomo, para lo cual se tendrá en cuenta el tiempo en que el señor Estrada Tobón estuvo detenido por cuenta de cada uno de los entes en comento

De este modo, la totalidad del tiempo en que el actor estuvo retenido, el cual asciende a 16,33 meses, se equiparará con el 100% de la condena, porcentaje del cual, a la Nación-Fiscalía General de la Nación le corresponderá asumir el respectivo a los meses en que dicho accionante estuvo a su disposición durante la investigación, más aproximadamente, la mitad del lapso en que estuvo a órdenes del Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, debido a que (i) el hecho de que el ente investigador hubiese proferido una resolución de acusación para que se iniciara el proceso jurisdiccional, pese a que en ese instante pudo precluir la investigación y hacer cesar el daño antijurídico soportado por el actor aludido, indudablemente incidió en el término de detención ante el juzgado, y (ii) no se observa que la Rama Judicial hubiese sido negligente en tomar la decisión de primera instancia, máxime cuando de las providencias obrantes en este asunto contencioso administrativo, se puede advierte que en ese proceso penal se tenía varias pruebas, en especial testimonios, cuya valoración no es sencilla.

Por su parte, a la Nación-Rama Judicial le corresponderá pagar el porcentaje que sobre del porcentaje que se determine a la luz de los anteriores parámetros en cabeza de la Nación-Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, a la Nación-Fiscalía General de la Nación le corresponderá indemnizar con su patrimonio por el 40% de la condena que se va imponer, porcentaje que corresponde al término de 6 meses y 15 días o 6,5 meses, mientras que a la Nación-Rama Judicial le corresponderá asumir el 60% restante.

En este punto, se advierte que para el momento en que la parte demandante pretenda hacer efectiva la condena, puede solicitar la totalidad de su pago a cualquiera de las entidades cuya responsabilidad se declara en la presente decisión, sin perjuicio de que entre ellas, posteriormente, se restituyan de acuerdo con el porcentaje de su participación en el daño demandado.

Una vez precisado lo anterior, por concepto de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad objeto de la demanda, los accionantes solicitaron las sumas equivalentes a (i) 100 smmlv en beneficio de señor Gabriel Jaime Estrada Tobón; (ii) 50 smmlv a favor de la señora Ana Lucila Tobón; (iii) 25 smmlv en beneficio de Juan Carlos Estrada Tobón y Marta Catalina Estrada Tobón, para cada uno, y (iv) 15 smmlv a favor de Felipe Estrada Tobón.

Al respecto, la Sala precisa que en cuanto a la prueba de los perjuicios morales, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en casos de detención en establecimientos carcelarios, se deduce el dolor moral, la angustia y la aflicción de la víctima directa del daño por la privación de la libertad, de la misma manera que se infiere dicho dolor respecto de sus seres queridos y más allegados -cónyuge, compañero permanente y hasta el segundo grado de consanguinidad-, conforme a las reglas de la experiencia.

Igualmente, se debe tener en cuenta que la Sala Plena de la Sección Tercera, no obstante recordó que queda al prudente juicio del juez determinar el monto de la indemnización pertinente del perjuicio referido de conformidad con las circunstancias propias de cada caso, unificó los criterios de las Subsecciones al concluir que el dolor de los padres, del cónyuge o compañero permanente, y de los hijos del privado de la libertad se equiparan al padecimiento que éste siente por tal situación, motivo por el cual el resarcimiento reconocido en principio debería ser igual o semejante, y a su vez sugirió ciertos parámetros fundamentados en el tiempo de reclusión, con el fin de establecer de manera objetiva -en la medida de lo posible- un criterio que garantizara los principios de reparación integral, igualdad material y dignidad humana. En este sentido, señaló:

De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad; en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades, al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad.
Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.
(…) Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa –se insiste– y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

La anterior postura fue recientemente ratificada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la que a su vez se incluyó el porcentaje de indemnización que en principio deberían recibir parientes más lejanos y allegados del privado injustamente de la libertad, en los siguientes términos:

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa –radicación No. 25.022– y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal Derecho Fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito.

Con observancia de que en el caso concreto está probado que el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón estuvo privado de la libertad por el período de 1 año, 4 meses y 18 días, entre el 8 de marzo de 2005 y el 11 de julio de 2006, y que es hijo de Ana Lucila Tobón, y hermano de Juan Carlos Estrada Tobón y Marta Catalina Estrada Tobón, (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento correspondientes; f. 28-30, c.1), se puede colegir que dichos accionantes sufrieron el perjuicio moral en estudio -el privado de la libertad, por la misma privación, y su madre y sus hermanos, en virtud de sus vínculos de parentesco por consanguinidad con éste- y en consecuencia, se impone ordenar a su favor la correspondiente indemnización.

De esta forma, no obstante de conformidad con el período de duración de la detención y las pautas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación, dichos actores en principio podrían ser resarcidos con las sumas equivalentes a (i) 100 smmlv a favor de Gabriel Jaime Estrada Tobón y Ana Lucila Tobón, para cada uno, y (ii) 50 smmlv en beneficio de Juan Carlos Estrada Tobón y Marta Catalina Estrada Tobón, para cada uno, no se puede perder de vista que la mayoría de tales actores, en su escrito inicial, pidieron que su resarcimiento fuera menor a los montos indicados, a saber (i) 50 smmlv a favor de Ana Lucila Tobón, y (ii) 25 smmlv en beneficio de Juan Carlos Estrada Tobón y Marta Catalina Estrada Tobón, para cada uno, de tal forma que en con fundamento en el principio de congruencia contemplado en el artículo 305 del C.P.C., el resarcimiento del detrimento moral en análisis sólo se les podrá reconocer hasta tales sumas, puesto que de lo contrario, en abierto incumplimiento del ordenamiento jurídico, esta Corporación proferiría de un fallo extrapetita.

En consecuencia, por concepto de perjuicios morales, la Sala condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, a pagar a favor de (i) Gabriel Jaime Estrada Tobón, la suma equivalente a 100 smmlv; (ii) Ana Lucila Tobón, la suma equivalente a 50 smmlv, y (iii) Juan Carlos Estrada Tobón y Marta Catalina Estrada Tobón, las sumas equivalentes a 25 smmlv, para cada uno.

En este punto, conviene precisar que no resulta factible reconocer indemnización alguna a favor de Felipe Estrada Tobón, puesto que a pesar de que está debidamente probado que es sobrino del injustamente privado de la libertad Gabriel Jaime Estrada Tobón (copia auténtica de su registro civil de nacimiento; f. 31, c. 1), la simple acreditación de ese grado de parentesco no es suficiente para inferir la causación del daño moral, puesto que jurisprudencialmente se determinó que dicha inferencia sólo aplica para quienes se encuentran vinculados hasta el segundo grado de consanguinidad -ver párrafo 16.1-.

De este modo, es claro que los demandantes adicionalmente tenían la carga de allegar otros elementos probatorios que demostraran que aquél había sufrido en su calidad de sobrino por la sentencia de su tío, carga probatoria que incumplieron y que por consiguiente conlleva a que se deniegue la indemnización requerida.

En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, en la demanda se pidió la indemnización del daño emergente consistente en los gastos en que incurrieron la madre y los hermanos del privado de la libertad, derivados de dicha situación, detrimento en virtud del cual solicitaron la suma de $20 000 000.

Al respecto, la Sala observa que los accionantes no allegaron medio probatorio alguno que se pudiera apreciar válidamente y que acreditara las erogaciones que adujeron padecer al respecto.

Sin embargo, se puede colegir que dentro de su petición indemnizatoria se encuentra incluido los gastos de la defensa judicial del privado de la libertad. Con observancia de lo anterior, si bien no se aportaron las intervenciones de su abogado defensor, lo cierto es que en las providencias que fueron incorporadas al plenario se hizo mención de sus actuaciones sin referírsele como un abogado de oficio, razón por la cual se le puede tener como un abogado de confianza y por ende, por acreditado el pago de los honorarios que se habrían pactado por la prestación de los servicios de ese profesional en derecho para defender a la víctima de la retención injusta, pago que se configura en el detrimento en análisis.

Ahora bien, en cuanto a la estimación del quantum al que debe ascender el resarcimiento del perjuicio aludido, en la medida en que los demandantes no aportaron prueba alguna y por ende, no se tiene certeza del monto del perjuicio que radica en el precio establecido por las partes para la defensa judicial del señor Estrada Tobón, se acudirá a la remuneración que establecía el Colegio Nacional de Abogados para los apoderados que prestaran sus servicios con ocasión de las etapas instructivas y de juicio adelantadas ante fiscalías seccionales, ante juzgados de circuito y ante tribunales superiores.

De este modo, se tendrá en cuenta la Resolución n.º 1 del 25 de julio del 2000 del Colegio Nacional de Abogados, que establecía como honorarios para dichos servicios profesionales la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor que corresponderá al resarcimiento del perjuicio en análisis a favor de la madre y los hermanos de Gabriel Jaime Estrada Tobón, y que se deberá dividir entre ellos en partes iguales.

Por su parte, en el libelo introductorio se pidió la reparación del lucro cesante consistente en la suma de dinero que Ana Lucila Tobón, Juan Carlos Estrada Tobón, Marta Estrada Tobón y Felipe Estrada Tobón dejaron de percibir por parte del privado de la libertad, durante la restricción de su libertad.

En relación con el detrimento mencionado, se advierte que no resulta viable conceder resarcimiento alguno a favor de dichos demandantes, comoquiera que omitieron acreditar su causación a través de elementos de convicción que pudieran ser valorados a su favor.

En efecto, los actores en comento no probaron debidamente que el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, de manera previa a su privación de la libertad, les otorgara periódicamente una suma de dinero que les hubiese dejado de ingresar luego de que lo detuvieran, de tal modo que no demostraron el supuesto lucro que cesó luego de la producción del daño demandado.

Asimismo, en este punto en el que se debe tener en cuenta que para el momento de la privación de la libertad, el señor Estrada Tobón contaba con 31 años de edad, de tal forma que no es factible acudir a la inferencia desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, consistente en que los hijos menores de 25 años le colaboran a sus padres económicamente, para poder tener por probada la referida ayuda económica y así, el perjuicio deprecado en el escrito inicial.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que se demostró que para el momento de su privación de la libertad, el referido actor trabajaba tiempo completo en la biblioteca José Félix de Restrepo de Envigado, tal como consta en certificado del 19 de mayo de 2008, suscrito por el representante legal de la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado -sociedad administradora de la referida biblioteca-, la Sala considera viable interpretar la petición aludida en el sentido de que también se elevó a su favor, puesto que además de ser demandante, fue respecto de él que el extremo activo del litigio probó que trabajaba y que a la postre resultó efectivamente afectado en sus ingresos con ocasión de dicha restricción (fue dicha parte la que solicitó oficiar a la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado para que acreditara que el detenido laboraba allí; f. 180, c. primero), de tal forma que en su beneficio se reconocerá la reparación pertinente.

De esta forma, se indemnizará al señor Gabriel Jaime Estrada Tobón por el tiempo en que estuvo privado de la libertad y hasta el 1 de agosto de 2006 -fecha en que se vinculó nuevamente en la Biblioteca José Félix de Restrepo luego de salir de la prisión-, lapso consistente en 1 año, 4 meses y 23 días -16,76 meses-, sin reconocer el período adicional de 35 semanas -8,75 meses- que corresponde al tiempo en que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, puesto que precisamente, se acreditó que dicho sujeto logró adquirir una nueva fuente de ingresos en un tiempo menor al contemplado por la presunción señalada.

Igualmente, el resarcimiento se liquidará con cimiento en el salario que se acreditó que el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón devengaba para la época de su privación de la libertad -$650 000-, en tanto que su actualización resulta superior al salario mínimo legal vigente con la adición de un 25% por prestaciones sociales, suma en la que se infiere que se encontraba contenida las prestaciones sociales a las que aquél tenía derecho, comoquiera que así lo permite colegir la redacción del certificado laboral al indicar dicha suma como un total entregado al demandante por sus labores. Por lo tanto, primeramente se actualizará el valor en comento:

Ra = R I. Final (abril de 2018)
I. Inicial (marzo 2005)

En donde:

Ra = renta actualizada.
R = renta histórica.
I Final = Índice de precios al consumidor del mes anterior al de la sentencia.
I Inicial = Índice de precios al consumidor del mes en que se produjo la captura.

Ra= $650 000 x 141,70(abril 2018)
82,32(marzo 2005)
Ra=$1 118 865,40

Ahora bien, con fundamento en la suma aludida se procede a determinar el resarcimiento de lucro cesante de acuerdo con el tiempo a reparar aludido, de la siguiente manera:

S= Ra (1 + i)n - 1
i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado, es decir $1 118 865,40.
i= Interés puro o técnico: 0.004867.
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 16,76 meses.

S= $1 118 865,40 (1 + 0.004867)16,76 - 1
0.004867

S= $19 488 880,36

Conforme a lo anterior, la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, es de $19 488 880,36 m/cte.

Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 23 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Reparación Directa y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Gabriel Jaime Estrada Tobón..

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial a indemnizar a los accionantes, de la siguiente manera:

A favor del señor Gabriel Jaime Estrada Tobón, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Ana Lucila Tobón Vélez, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Juan Carlos Estrada Tobón y de Marta Catalina Estrada Tobón, el equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Ana Lucila Tobón Vélez, Juan Carlos Estrada Tobón y de Marta Catalina Estrada Tobón, el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, suma que se deberá dividir entre ellos en partes iguales.

A favor de Gabriel Jaime Estrada Tobón, la suma de diecinueve millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos con treinta y seis centavos ($19 488 880,36 m/cte), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

TERCERO: DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

CUARTO: Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

QUINTO: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

SEXTO: EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

SÉPTIMO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Presidenta de la Sala de Subsección

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Magistrado

Conviene aclarar que si bien la demanda se dirigió en contra del Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, al momento de admitirse la demanda, se precisó que la entidad demandada en realidad era la Nación-Rama Judicial, habida cuenta de que dicho juzgado carecía de personería jurídica (f. 112, 113, c. 1).
“Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. (…) La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces”.
“(…) La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto”. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
“Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.//En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01(21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez
[2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
[3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01(20104), C.P.

Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01(21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Acta n.° 010 de la sesión celebrada el 25 de abril de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.
“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos://1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior.//2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.//Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.//Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. Si bien así lo ha considerado esta Subsección, recientemente se ha reformulado parcialmente dicha posición -con salvamento de voto del consejero de Estado Ramiro Pazos Guerrero-, para estimarse que la valoración de ese tipo de pruebas es viable sin necesidad de su ratificación, únicamente “cuando la prueba sumaria aludida verse sobre la relación de compañeros permanentes entre un demandante y la víctima”. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 26 de julio de 2012, exp. 44001-23-31-000-1999-00858-01(ACU), y del 8 de junio de 2017, exp. 47001-23-31-000-2009-00284-01(39739), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
“Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.
“La confesión requiere://1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.//2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.//3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.//4. Que sea expresa, consciente y libre.//5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.//6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada”. Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Quinta Edición, p. 187, 212, 213, 219.
“Los artículo 213 a 232 del C. de P.C., son las disposiciones que regulan lo atinente al testimonio, modalidad probatoria que denomina ´Declaración de Terceros´, con lo cual se quiso dejar claro que es una especie del género probatorio que se llama ´declaración´, pues es lo cierto que son muchos los elementos comunes que existen con la ´declaración de parte´, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que personas naturales que no son parte dentro del proceso ilustren con sus relatos referentes a hechos que interesan al mismo, para efectos de llevar certeza al juez de las circunstancias que constituyen el objeto del proceso”. Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo III, Pruebas, Dupre Editores, Bogotá D.C. Colombia, 2001, p. 159. Sobre la imposibilidad de valorar, con otros fines distintos a la obtención de una confesión, las manifestaciones de las partes en los procesos contenciosos administrativos, consultar las siguientes sentencias de la subsección: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, exp.

27001-23-31-000-2001-01384-01(29408), sentencia del 5 de marzo de 2015, exp. 50001-23-31-000-1999-00008-01(29546), sentencia del 5 de marzo de 2015, exp. 63001-23-31-000-2001-00257-01(30469), y sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. 25000-23-26-000-2003-01310-01(37337), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Si bien en el expediente no obra constancia de ejecutoria de la decisión referida, el proceso fue archivado de manera definitiva el 13 de septiembre de 2006, sin que se tramitara recurso de casación alguno, lo que consta en la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial. Al respecto, desde el momento de concesión del recurso de apelación, se registró: Número de Proceso Consultado: 05001310402120050038500
13 Sep 2006ARCHIVO DEFINITIVOSEPTIEMBRE 13/06 SE ARCHIVA DEFINITIVAMENTE 7 CUADERNOS13 Sep 200623 Aug 2006AUTO CONCEDIENDO APELACIÒNEN AGOSTO 23/06 REGRESA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, EL CUAL REVOCA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y EN SU LUGAR ABSUELVE AL SEÑOR GABRIEL JAIME ESTRADA TOBON, DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO AGRAVADO (TENTADO) Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO23 Aug 200610 Feb 2006AUTO CONCEDE APELACI=N Y ENVÌO A TRIBUNALEN FEBRERO 9/06 SE ENVIA ORIGINAL AL H.- TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN EN APELACION DEL FALLO, SON 2 CUADERNOS OARIGINALES Y 2 CUADERNILLOS,10 Feb 2006Página web consultada el 30 de enero de 2018, en: http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=G7%2b2o3GAGxp%2bfRCiRhnIfxhT3JU%3d
Información consultada el 30 de enero de 2018, en: http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=G7%2b2o3GAGxp%2bfRCiRhnIfxhT3JU%3d
“(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.
[6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1 de marzo de 2006, exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764).

Artículo 80 de la Ley 153 de 1887: “La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas ó reconocidas por la ley, son personas jurídicas”.
[1] Por ejemplo, las entidades señaladas en el artículo 80 de la ley 153 de 1887: “La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas.” (Se destaca).
[2] González Pérez, Jesús. Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano. Ed. Temis S.A., Bogotá-Colombia, 1985. págs. 113-4.
[4] En pronunciamientos de esta misma fecha, se unificó la jurisprudencia en torno a la capacidad procesal de los Consorcios y Uniones Temporales, para establecer que sí tienen capacidad para ser parte de un proceso judicial. En este sentido, esa capacidad representa una excepción a la regla general que prescribe que la capacidad procesal proviene de la personalidad jurídica, pues estas asociaciones, sin ser personas jurídicas, están facultadas por la ley para acudir válidamente a un proceso, siempre que la controversia verse sobre el contrato o su proceso de adjudicación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 25 de septiembre de 2013. Exps: 19.933 y 20.529. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-1997-5033-01(20420), C.P. Enrique Gil Botero.
“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa”.
“Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos y vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El mismo Instituto determinará los lugares donde funcionarán estos establecimientos”.
“La Rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades://1. Del sector central: (…) d) Los ministerios y departamentos administrativos”.
“La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas”. IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique. Estudios de Derecho Constitucional y Administrativo, segunda edición. Legis Editores S.A., tercera reimpresión, 2009, Bogotá D.C., Colombia, p. 222, 236-237, 259- 260. Artículo 44 del C.P.C.: “Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso”. Sobre la materia, la doctrina ha resaltado: “Ser parte en el proceso equivale a ser sujeto de la relación jurídico procesal (…); por consiguiente, la capacidad para ser parte se identifica con la de ser sujeto de esa relación, como demandante, demandado, interviniente, sindicado, parte civil, o ministerio público.//La capacidad para ser parte en el proceso es la misma que para ser parte en cualquier relación jurídica material, es decir, para ser sujeto de derecho y obligaciones, o capacidad jurídica en general, que reglamenta el Código Civil (…).//Por consiguiente, toda persona natural o jurídica, de derecho privado o público, tiene capacidad para ser parte en procesos, o, lo que es igual, para ser sujeto del proceso o de la relación jurídica procesal”. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, segunda edición. Editorial ABC, Bogotá, Colombia, 1972, p. 301-302.
“Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.//En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.//El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-rama judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial”.
“El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá tener título profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y experiencia no inferior a cinco años en dichos campos. Su categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.//Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial: (…) 8. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales; (…)”.
[18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
“Derogase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente”. Artículo 210 de la Ley 270 de 1996: “La presente ley tiene vigencia a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2652 de 1991”. Dicha norma fue publicada en el Diario Oficial 42745 del 15 de marzo de 1996
Artículo 536 de la Ley 600 del 2000: “Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación”. La ley señalada fue publicada en el Diario Oficial 44097 del 24 de julio del 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.
[14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe –en el verdadero sentido de su expresión–, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que sólo se justifica y se explica en función de la protección de los Derechos de los asociados, amén de que la consagración de una Carta de Derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 2003-02376 (29890), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. La doctrina ha referido sobre la teoría de la causalidad adecuada, lo siguiente: “a) Gravitación de la teoría.

La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…)// b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(…)// El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…)// A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(…)// Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.// La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento.(…)// d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).// Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(…)// En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 22-27.
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa.

Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15980, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, exp. 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, exp. 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
[35] Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
[36] Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
[37] Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. (e) Hernán Andrade Rincón.
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.//No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.//Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.//En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.
http://conalbos.com/tarifas.
“Que el señor Gabriel Jaime Estrada T. ingresó como trabajador de medio tiempo el (sic) servicio de la Biblioteca José Félix de Restrepo el día 1 de febrero de 1999 con una asignación mensual de $200.000.oo.//Que el 8 de marzo de 2005 fue detenido y separado del servicio cuando devengaba $650.000.oo mensuales por tiempo completo.//Que el 1 de agosto de 2006 se vinculó nuevamente mediante contrato de prestación de servicios por un término de 5 meses hasta el 31 de diciembre del mismo año, con una asignación mensual de $600.000.oo”. original del certificado del 189 de mayo de 2008, suscrito por el representante legal de la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado obrante en el folio 193 del cuaderno primero.

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