Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-00779-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-00779-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2009-00779-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
8 de agosto de 2023
1 •l
Radicado: 050012331000200900779 01 (59971)
Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., ocho (8) deagosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 050012331000200900779 01 (59971)
Demandantes: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
Demandado: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Tema 1: Daño derivado de la ejecución de actos administrativos
Subtema 1.1. Notificación de acto administrativo al representante legal de la sociedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 16 de
junio de 2017, en la que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Defensa y negó las pretensiones de la
demanda.
1. SÍNTESIS
Ibsen Eduardo Ochoa Franco reclama indemnización de los perjuicios causados
como consecuencia de la falta de notificación de las Resoluciones 3288 del 25 de
agostó de 2008 y 3950 del 1 de octubre de 2008, mediante las cuales la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló la licencia de
funcionamiento de la empresa Caninos Profesionales Ltda., de la que era socio. El
demandante alega que, debido a que los efectos jurídicos de los mencionados actos
administrativos afectaron su patrimonio de manera directa, la Superintendencia
tenía la obligación de notificarlo personal e individualmente para vincularlo al
procedimiento administrativo y así poder ejercer sus derechos.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Pretende el accionaniel qúe esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo
de la Nación-Ministerio de Defensa-Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada como responsable del daño causado con ocasión de la ejecución de las
Resoluciones 3288 del 25 de agosto de 2008 y 3950 del 1 de octubre de 2008, sin
que estas hubieran sido rotificadas a Ibsen Eduardo Ochoa Franco, socio de la
empresa Caninos Porfesionales Ltda. Subsidiariamente, solicitó la nulidad de dichas
resoluciones y el correspondiente restablecimiento del derecho.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
1
Radicado: 050012331000200900779 01 (59971)
Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
El Tribunal Administrativo de Antioquia en auto del 03 de febrero de 2010, dispuso
la admisión de la demanda, en el entendido que la acción ejercida es la de
reparación directa. En el auto admisorio se anotó':
"Resulta claro para el Despacho que la parte actora dentro del mismo
texto de la demanda presentó una acción de Reparación Directa y una
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Frente a los
mismos hechos ( ... ).
( ... ) Se procederá a la admisión de la demanda, como se indicó ( ... )
imprimiendo el trámite correspondiente a una acción de reparación
directa, en virtud de la manifestación expresa contenida en el escrito de
9 de junio de 2009 según la cual 'lo pretendido con la acción no es la
nulidad de las resoluciones' (...)".
El auto admisorio fue notificado en debida forma2.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contestó la demanda y
manifestó que al haber notificado al representante legal de la empresa Caninos
Profesionales Ltda. las Resoluciones 3288 del 25 de agosto de 2008 y 3950 del 1
de octubre de 2008, se cumplió tanto con el trámite de notificación establecido en
los artículos 44 y 45 del C.C.A., como con la parte final del artículo 358 del Código
de Comercio, por cuanto la junta de socios delegó la representación legal al
gerente, por lo que era improcedente la notificación a cada uno de los socios. Por
lo anterior, propuso como excepción la inexistencia de la obligación de notificar los
actos administrativos al demandante.
También, afirmó que la Superintendencia actuó en cumplimiento de las funciones
asignadas por el artículo 2 de la Constitución, referentes al deber de asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia del orden justo, pues la cancelación de la licencia
de funcionamiento de la empresa Profesionales Caninos S.A. obedeció a la
desaparición de la confianza pública que se había depositado en esta, al otorgar la
licencia. L
Seguidamente, manifestó que la acción impetrada no es la adecuada, en tanto el
daño alegado por Ibsen Eduardo Ochoa no se derivó dé una acción u omisión sino
de una decisión que fue expedida de conformidad con las normas vigentes que
regulan la materia.
Por último, señaló que el 4 de junio de 2009, mediante radicado 2009-199, fue
repartida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada por
Caninos Profesionales Ltda., contra las resoluciones 3288 del 25 de agosto de 2008
y 3950 del 1 de octubre de 2008, en la que solicitan el pago de $8.000.000.000.
Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión4. Así lo hicieron: el Ministerio de Defensa, para manifestar su falta de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que la Superintendencia cuenta con
autonomía administrativa, financiera y personería jurídiqa, de acuerdo a lo prescrito
en la Ley 1151 de 2007; la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para
1
Auto admisorio de la demanda, 124 a 129, c. 1.
2
Constancias de notificación, f. 137 y 138, c. 1.
Contestación de la demanda, f. 139 a 148, c. 1.
Auto de pruebas, auto de traslado, f. 189 y 498.
2
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
reiterar los argumentos esgrimidos en la demanda y su contestación; así como la
parte actora5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino para
presentar alegatos, en los que expuso que ya se había presentado una demanda
por los mismos hechos, la cual fue rechazada por el Tribunal, además, que es claro
que se está atacando directamente la legalidad de los actos, por lo que considera
que existe un posible desgaste ¡necesario de la administración de justicia y un
ejercicio abusivo del derecho de acción.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Antioquia estableció que los fundamentos fácticos que
edifican la reclamación judicial no pueden servir de sustento tanto para la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, como para la acción de reparación directa,
por cuanto el origen del daño no depende de la discrecionalidad del demandante,
por lo que procedió al estudio de las pretensiones planteadas como principales
a través de la acción de reparación directa, dejando de lado aquellas relativas a
la ilegalidad de las Resoluciones 3288 del 25 de agosto de 2008 y 3950 del 1 de
octubre de 2008. Lo anterior, teniendo en cuenta que las pretensiones principales
se enmarcan dentro de lo que la jurisprudencia ha trazado como daños causados
por una operación administrativa.
En cuanto al daño, el Tribunal afirmó que la afectada con la decisión de cancelar la
licencia fue la sociedad Caninos Profesionales Ltda., sin que se entienda que cada
uno de los socios deba estar vinculado a la actuación, pues se trata de personas
naturales distintas a la persona jurídica que conforman, y que cuenta con autonomía
y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se hizo
evidente cuando Caninos Profesionales Ltda. Interpuso recurso de reposición,
mediante su presentante legal, en desarrollo del derecho de defensa contra el acto
que le canceló su licencia de funcionamiento.
El a quo señaló que el demandante no demostró que se hubiera incurrido en el
desconocimiento de un precepto legal de obligatorio cumplimiento que pueda ser
imputable a la Superintendencia de Vigilancia, pues las Resoluciones 3288 del 25
de agosto de 2008 y 3950 del 1 de octubre de 2008, por medio de las cuales se
canceló la licencia de funcionamiento a la Sociedad Caninos Profesionales Ltda. no
tenían que ser notificadas a persona distinta que su destinataria, por lo que negó
las pretensiones de la demanda.
También, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Defensa, por cuanto no tuvo participación en las decisiones que se acusan.
2.4. El recurso
2.4.1. La parte actora sustentó su recurso de apelación y solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes cargos6:
2.4.1.1. Si bien la empresa Caninos Profesionales Ltda. es una persona
jurídica independiente, el demandante Ibsen Eduardo Ochoa Franco debía
ser notificado de las Resoluciones 3288 del 25 de agosto de 2008 y 3950 de¡
Alegatos de conclusión en primera instancia, f. 515 a 517, (Ministerio de Defensa); f. 552 a 559
(Supervigilancia); f. 1015 a 1021 (parte actora); f. 979 a 985 (ANDJE), c. lA.
6 Recurso de apelación, f. 1039 a 1054, c. ppal.
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
1 de octubre de 2008, porque, como socio, resultó afectado con los efectos
jurídicos de estas.
2.4.1.2. En virtud de la cancelación de la licencja de funcionamiento de la
empresa Caninos Profesionales Ltda., Ibsen Eduardo Ochoa Franco dejó de
percibir utilidades correspondientes a su participación accionaria del 42.5%,
por lo que se vio obligado a responder personalmnte por los pasivos que no
alcanzaron a ser cubiertos con los activos de la sociedad.
2.4.1.3. Cuando la administración decide ejecutar un acto administrativo
particular sin que medie notificación alguna y de ello se deriven efectos
patrimoniales para el administrado, el medio de control procedente es el de
reparación directa, toda vez que el origen del perjuicio no consulta la
legalidad de la decisión, sino su ejecución.
2.4.1.4. Los testimonios del gerente general y la gerente administrativa de la
compañía Caninos Profesionales Ltda. dan cuenta de que no existían motivos
para cancelar la licencia de funcionamiento de la empresa, solo dos meses
despúes de su renovación, máxime cuando., en ningún momento se
especificaron los motivos de seguridad ciudadana que llevaron a tomar dicha
determinación. La existencia de una facultad discresional por parte de la
Superintendencia no excluye el deber de cumplimiento del debido proceso y
las garantías constitucionales en la materia.
2.4.1.5. El Tribunal desconoció las pruebas obrantes en el expediente que
demuestran la omisión del deber de vincular en la. actuación a Ibsen Eduardo
Ochoa Franco y notificarle la decisión. Además'.ips testimonios del gerente
general y la gerente administrativa de Canino.s Profesionales Ltda. dan
cuenta de la actuación legítima de la empresa, que la hacía merecedora de
la renovación de la licencia negada por la Superintendencia.
2.4.1.6. A pesar de la inexactitud financiera de los perjuicios, el dictamen
rendido permite conluir que existió una afectación al patrimonio de Ibsen
Eduardo Ochoa Franco, debido a la depreciación injusta de su participación
en una empresa completamente consolidada, a la que sin motivo aparente
se le canceló su licencia de funcionamiento.
2.4.1.7. Existe una violación al artículo 29 de la Constitución Política que
consagra el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que Ibsen
Eduardo Ochoa Franco no tuvo la oportunidad de controvertir las
Resoluciones 3288 del 25 de agosto de 2008 y 3950 de¡ 1 de octubre de
2008.
2.4.1.8. La administración no puede actuar caprichosamente, por lo que las
Resoluciones 3288 de¡ 25 de agosto de 2008 y 3950 del 1 de octubre de 2008
son actos administrativos que presentan un vicio., por falta de motivación.
2.4.1.9. Por último, solicitó que, de encontrarse mérito para desestimar las
pretensiones, deberá considerarse la "pretensión constitucional de excepción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, como.pretensión superior a todas
aquellas legales en virtud de la constitución". Eto por cuanto una potestad
discrecional absoluta por parte de la Superintendencia para cancelar la
licencia de funcionamiento iría *en contra de los artículos 4 y 6 de la
4
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Constitución Política por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En
el recurso se anotó: "si el Despacho desatiende los argumentos expuestos
anteriormente en el presente escrito, y considera que la potestad ejercida por
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es una potestad o
facultad discrecional mal llamada "de plano", como sinónimo oscuramente
camuflado de arbitrario, deberá inaplicarlas por inconstitucionales, toda vez
que las mismas violan de manera expresa el referido "principio de legalidad"
(...)".
En el recurso se menciona en varias ocasiones a la empresa Control Total
Ltda., la cual no hace parte del presente proceso.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, en auto del 25 de septiembre de 2017v, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el 16 de junio de 2017.
Por auto del 22 de noviembre de 20178, corrió traslado a las partes, para que
presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera
concepto.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó sus alegatos, en los
que manifestó que la decisión debe ser inhibitoria, por cuanto la parte actora ejerció
la acción de reparación,`directa alegando cargos de legalidad contra actos
administrativos. También afirmó que no había lugar a notificar a los socios de la
empresa Caninos Profesionales Ltda., como quiera que el procedimiento objeto de
las resoluciones demandadas versó sobre un asunto que se relacionaba
directamente con el objeto de la empresa9.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en sus alegatos de
conclusión señaló que la notificación de los actos administrativos a la persona
jurídica se realizó por intermedio de su representante legal, quien era el facultado
para estos eventos, tal como lo dicta el Código de Comercio10.
La parte actora presentó alegatos de conclusión11, en los que reiteró que la
cancelación de la licencia no es una potestad discresional de la Superintendencia,
por lo que dicha decisión requería de una motivación legal, también señaló que,
debido al efecto jurídico de las resoluciones expedidas, el demandante debía ser
notificado y vinculado al procedimiento administrativo de manera individual.
El Ministerio Público rindió su concepto y solicitó confirmar la decisión de primera
instancia, por cuanto ninguna norma obliga a la Superintendencia a notificar sus
decisiones a los socios. Además, señaló que el procedimiento de cancelación de la
licencia de funcionamiento de la empresa Caninos Profesionales atendió al ejercicio
de la facultad discresional de la Superintendencia, para otorgar la licencia de
funcionamiento en favor de la empresa y no, de cada uno de sus socios
individualmente12.
Auto que admite recurso de apelación, f. 1059, c. ppal.
8
Auto de traslado, f. 1062, c. ppal.
Alegatos de conclusión, ANDJE, f: 1064 a 1074, c. ppal.
°
Alegatos de conclusión, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, f. 1082, c. ppal.
11 Alegatos de conclusión, parte actora, f. 1086 a 1113, c. ppal.
12
Concepto Ministerio Público, 1114 a 1122 c. ppal.
5
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
En auto de 9 de julio de 2019, el despacho declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales para conocer el presente
asunto, por estar inmerso en la causal que dispone el numeral 12 del artículo 141
del CGP13.
III. PROBLEMA JURÍDICO.
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") -
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de lá Ley 153 de 18871415_ el
"recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley', como lo
establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como lamisma norma lo establece,
"cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia, o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".
Al punto, recuerda la Sala qLie, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse'.. oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir ua decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada"16 .
3.2. En este orden de ideas, de acuerdo con los cargosde la apelación, es preciso
resolver el siguiente problema jurídico:
¿La falta de notificación a Ibsen Eduardo Ochoa Franco, como socio de la empresa
Caninos Profesionales Ltda. constituye un hecho generdor de un daño antijurídico
atribuible a la entidad demandada?
Cabe aclarar que no hay lugar a analizar las preteniones que la parte actora
denomina como "subsidiarias" y que tienen fundamento en la falta de motivación de
los actos administrativos en mención, pues estas son pro'pias de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho que fueron descartadas desde el auto de
admisión de la demanda.
13
Auto de¡ 9 de julio de 2019, f. 1128, c. ppal.
14
"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diigencias.iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. [ ... ]" (subrayado fuera del texto original).
15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Ato de unificación del 25 de junio de
2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ).
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de a'bril de 2018, exp. 46005.
6
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
La Sala procede a resolver el problema atinente al fondo de la controversia, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello, por tratarse del recurso de
apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en un proceso con vocación de doble instancia17.
4.2. Acción procedente
En reiterada jurisprudencia18, la Sección ha indicado que la escogencia de la acción
o medio de control judicial no depende de la discrecionalidad del demandante, sino
del origen del perjuicio alegado, de forma tal que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta pertinente para traer a esta jurisdicción
pretensiones de restablecimiento e incluso reparación de perjuicios que hayan
venido consecuenciales a un acto administrativo ilegal, al tiempo que la acción de
reparación directa resulta ser el medio idóneo para dar cauce a pretensiones de
reparación de daños que han tenido por fuente a un hecho, omisión u operación
administrativa. Sin embargo, ha reconocido que, excepcionalmente, la de
reparación directa procede para demandar la reparación de daños que se hubieren
causado por un acto administrativo legal, excepción que se explica en cuanto se
edifica con base en el desconocimiento del principio del equilibrio que debe regir la
distribución de las cargas públicas, sin perjuicio de la observancia de la legalidad
formal por el acto; como que también viene pertinente para la reparación de aquellos
daños que han tenido causa i) en un acto administrativo particular que no sea
susceptible de control judicial por haber sido revocado en sede administrativa; o u)
en un acto administrativo de carácter general, previa declaratoria de nulidad y
siempre que entre el daño y el acto general no medie uno de carácter subjetivo que
pueda ser objeto de cuestionamiento en sede judicial, "lo que quiere decir que si la
causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto
administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse
la presunción de ilegalidad que lo caracteriza". Asimismo, la Sección ha señalado
que este medio de control -reparación directa- es el mecanismo procesal idóneo
para pedir el resarcimiento en la ejecución de un acto administrativo que haya sido
objeto de revocación directa o de anulación judicial19.
El hecho que el accionante señala en la demanda como fuente del daño materia de
su pretensión de reparación se concreta en la falta de notificación del acto
administrativo que denegó la licencia de funcionamiento a la empresa Caninos
Profesionales Ltda. de la cual el demandante era socio. De esta manera manifiesta
que su pretensión principal deriva de dicha omisión y no de la ilegalidad del acto, la
cual constituye solamente una pretensión subsidiaria. Por tanto, la Sala analizará si
17
La cuantía estimada en la demanda ($3.446.325.000) supera el monto establecido en el artículo 132 del
C.C.A., para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble
instancia ante esta Corporación, -500smlmv- considerados al momento de presentación de la demanda-, que
para el 2009 ($496.900) ascendía a $284.500.000.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de abril
de 2013, Exp. 26437; de cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015), Exp. 34254; y los autos de 24 de
agosto de 1998, Exp. 13685; de 19 de abril de 2001, Exp. 1951; de 15 de mayo de 2003, Exp. 23205; y de 5 de
julio de 2006, Exp. 21051.
19Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 16079; y del
cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), Exp. 60502
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la existencia de dicha omisión en la notificación daría lugar al estudio de las
pretensiones mediante la vía de la reparación directa.
La notificación es un acto procesal que constituye una garantía al debido proceso.
Por tanto, la falta de notificación o la notificación irregular de un acto administrativo
puede generar un daño antijurídico, en la medida en,que el incumplimiento del
principio de publicidad podría impedir que el acto produzca los efectos para los que
fue proferido. Sin embargo, como la publicidad de los actos administrativos no es
un requisito para su existencia ni para su validez, si un acto administrativo se ejecuta
con vicios de publicidad, por irregularidades en su notificación, el reproche tendrá
que recaer sobre la operación administrativa que constituye su ejecución y no sobre
la ilegalidad del acto administrativo, ya que su validez no se ve afectada por la
ineficacia causada por la irregularidad en la publicidad.
En consecuencia, si un administrado considera que el 1año que sufrió deviene de
una irregularidad en la notificación del acto admini strativo que lo afecta, lo
procedente es incoar sus pretensiones mediante la acción de reparación directa,
teniendo en cuenta que dicha irregularidad no tiene efectos en la legalidad del acto.
Así lo expresó esta Subsección en sentencia de 8 de agosto de 2012:
"[SI¡ el acto administrativo que se encuentra viciado en su publicidad
no le produce efectos al destinatario, es conclusión obligada que si lo
en él previsto de todas maneras se ejecuta O Se;,lleva á efecto, tal
situación no puede tenerse como la consecuencia de un acto
administrativo sino como el resultado de una operación administrativa
que será ilegal por consistir en la ejecución de un acto que aún no
puede producir sus efectos por haberse omitido la: notificación o por
haber sido ésta indebidamente realizada.
Siendo la existencia y la validez del acto cuestiones diferentes a su
ejecución, es también lógico concluir que la ilegalidad de ésta no
determina la invalidez de aquelyporende lo que procede en ese caso
es cuestionar el acto de ejecución pues es éste quien ostenta el vicio
de ilegalidad y con fundamento en ello solicitar la reparación del daño
que con él se hubiere causado. Y la acción procedente no es otra que
la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del
Código Contencioso Administrativo, si es que con esa operación
administrativa se causó un daño
Así, teniendo en cuenta que la parte actora alegó que él daño que sufrió se deriva
de la operación administrativa de notificación irregular.del acto administrativo por
medio del cual se canceló la licencia de funcionamieñto a la empresa Caninos
Profesionales Ltda., la Sala considera procedente analizar los presupuestos de la
responsabilidad por vía de reparación directa.
4.3. Caducidad de la acción
La parte demandante hizo un oportuno ejercicio del medio de control de reparación
directa, ya que presentó su demanda dentro de los dos (2) años previstos en el
artículo 136.8 del CCA21, teniendo en cuenta que la Resolución
I.
3950 del 1 de octubre
20
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, exp. 23358.
21
Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de
los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de ¿aducidad de dos años previsto en el
8
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
de 2008, en la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la empresa
Caninos Profesionales Ltda., y se confirmó la decisión de cancelar la licencia de
funcionamiento, fue notificada mediante edicto desfijado el 7 de noviembre de
200822, y, de acuerdo con lo consignado en el acta de la audiencia de conciliación
extrajudicial23, el comité de conciliación de la Superintendencia tomó la decisión de
no conciliar, el 9 de marzo de 2009, lo que quiere decir que para esa fecha ya se
había interrumpido el término de caducidad con la solicitud de conciliación, el cual
se reanudó el 18 de mayo de 2009, cuando se declaró fallida la respectiva audiencia,
misma fecha en la que fue presentada la demanda, antes de que venciera el término
de caducidad.
4.4. Legitimación en la causa
La presente decisión tendrá alcance respecto de Ibsen Eduardo Ochoa Franco, que
la Sala encuentra legitimado en la causa por activa, por cuanto acreditó ser uno de
los socios de la empresa Caninos Profesionales Ltda., afectada con la cancelación
de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada24.
Y, en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la
causa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por ser el órgano al
que la parte actora le atribuye la omisión en el trámite de la notificación del acto
administrativo mediante el cual se canceló la licencia de funcionamiento de la
empresa Caninos Profesionales Ltda.
No ocurre lo mismo frente'al Ministerio de Defensa Nacional, pues mediante la Ley
1151 de 2007, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010", se
dotó de personería jurídica a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
lo que implica que dicho órgano puede acudir al proceso sin la intermediación del
Ministerio al que se encuentra adscrita. Por lo anterior, y en atención a que ningún
hecho referido en la demanda tiene relación con las funciones del Ministerio de
Defensa Nacional, se declarará su falta de legitimación por pasiva en el presente
asunto tal como lo determinó el a quo.
4.2. Sobre la declaración'- de responsabilidad deprecada
4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad
patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico
y (u) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.
En el presente caso, el demandante alude a que la indebida notificación de las
Resoluciones 003288 de 25 de agosto de 2008 y 003950 del 1 de octubre de 2008,
por medio de las cuales se canceló la licencia de funcionamiento de la empresa
artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de
la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la
investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño
antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de
julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de
julio de 2010, expediente 37410).
22
Constancia de notificación por edicto, f. 80, c. 1.
23
Acta de audiencia de conciliación extrajudicial, f. 48, c. 1.
24
Copia del Certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Medellín, f. 284, c. 1.
9
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
Caninos Profesionales Ltda., de la cual era socio, le generó el daño antijurídico por
el cual pretende reparación.
Al respecto, la Sala advierte que las notificaciones dentro del procedimiento
administrativo adelantado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada se realizaron de la siguiente manera:
• El 25 de agosto de 2008, el secretario general de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44 y 45 del C.C.A., remitió oficio de -citación para notificación
personal al representante legal de la empresa Caninos Profesionales Ltda.,
con ocasión de la expedición de la Resolución 003288 de 25 de agosto de
2008, mediante la cual se canceló la licencia?de funcionamiento de la
empresa25.
• El 9 de septiembre de 2008, la Super¡ ntendenciade Vigilancia y Seguridad
Privada fijó edicto para surtir la notificación a la empresa Caninos
Profesionales Ltda. de la Resolución 003288 de 25 de agosto de 2008,
teniendo en cuenta que no se notificó personalmente, a pesar de haberse
enviado por correo certificado la comunicación, de citación. El edicto se
desfijó el 22 de septiembre de 2008 en cumplimiento del término legal
previsto para el efecto26.
• El 1 de octubre de 2008, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada profirió la Resolución 003950, en virtud del recurso de reposición
interpuesto por el señor Jorge Alonso Botero Mesa, actuando como
representante legal de la empresa Caninos Profesionales Ltda., en contra de
la Resolución 003288 de 25 de agosto de 2008. .n el numeral quinto de la
parte resolutiva de este acto administrativo se ordenó la notificación de la
decisión de confirmar la Resolución mediante la cual se canceló la licencia
de funcionamiento de la empresa Caninos Profesknales Ltda., nuevamente,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del C.C.A.27.
• Obra en el expediente copia del oficio enviado el'2 de octubre de 2008, por
la Superintendencia, a la dirección de la empresa Caninos Profesionales
Ltda., transversal 39 B No. 76-7, dirigido a su representante legal, con el fin
de solicitarle que comparezca para notificarle personalmente la Resolución
3950 del 1 de octubre de 200828.
• Más adelante, consta el edicto de notificación de la Resolución 3950 del 1
de octubre de 2008, desfijado el 7 de noviembre de 2008, en el cual se anotó
que no fue posible efectuar la notificación personal, a pesar de haberse
enviado mediante correo certificado la comunicación de citación para
notificación29.
El demandante Ibsen Eduardo Ochoa Franco alegó quecomo socio de la empresa
Caninos Profesionales Ltda., debió ser notificado de• los actos administrativos
mediante los cuales la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló
la licencia de funcionamiento de dicha empresa, por lo que considera que su
25
Citación para notificación personal, 25 de agosto de 2008, f. 81, c. 1. -
26
Edicto de notificación de la Resolución 003289 de 25 de agosto de 2008, f. 80, c. 1.
27
Resolución 3950 de 1 de octubre de 2008, f. 70, c. 1.
26
Citación para notificación personal, 2 de octubre de 2008, f. 75, c. 1.
29
Edicto de notificación de la Resolución 3950 de 1 de octubre de 2008, f.76, c. 1.
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
ejecución, sin que medie notificación, constituye una omisión en el deber de
vincularlo al procedimiento administrativo adelantado por la Superintendencia.
Sobre la notificación de las decisiones que pongan fin a una actuación
administrativa el artículo 44 del C.C.A. dispone que esta se hará de manera
personal "al interesado o a su representante o apoderado". Además, señala que
"para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación
a la dirección que haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación".
Seguidamente, la citada norma procesal, en su artículo 45, establece que "si no se
pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de
diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia".
En este caso, está demostrado que la citación para la notificación personal fue
enviada por correo certificado al representante legal de la empresa Caninos
Profesionales Ltda. a la dirección comercial y judicial registrada en el certificado de
matrícula mercantil30.
No obstante lo anterior, advierte la Sala que la notificación personal no surtió efecto,
puesto que la Superintendencia acudió a la notificación por edicto, que fue fijado
durante el término previsto en la ley, de lo cual no se desprende ninguna
irregularidad en el trámite de notificación de las Resoluciones 003288 de 25 de
agosto de 2008 y 003950 del 1 de octubre de 2008, adelantado por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pues, por el contrario, agotó
todos los requisitos señalados en la ley para cumplir con el mismo y, como muestra
de que la notificación surtió efectos, se evidencia que el representante legal de la
empresa Caninos Profesionales Ltda. interpuso el respectivo recurso de reposición
en contra de la Resolución 003288 de 25 de agosto de 2008.
Por tanto, frente a la omisión que el demandante alega configurada, al no efectuarle
la notificación de manera individual como socio de la empresa Caninos
Profesionales Ltda., la Sala advierte que el procedimiento administrativo adelantado
por la Superintendencia tiene fundamento en el ejercicio de sus facultades de
inspección y vigilancia sobre la mencionada empresa como persona jurídica, cuyo
representante legal está llamado a comparecer, en nombre de los socios que la
integran, ante las instancias administrativas y judiciales que la requieran, para hacer
efectiva su participación, notificación y defensa en los diferentes trámites en los que
se vea involucrada, por lo que no se avisora ningún' error en el procedimiento de
notificación.
En efecto, de conformidad con las normas procesales, las sociedades comparecen
ante los procesos a los que sean vinculadas como personas jurídicas, por medio
de sus representantes legales31. Además, como requisito para la participación de
una sociedad en cualquier procedimiento administrativo es necesario señalar el
nombre y domicilio de su representante legal y acompañar la prueba de tal
representación, que para el caso de las sociedades comerciales es el certificado
expedido por la Cámara de Comercio32.
30 Certificado de existencia y representación legal de la empresa Caninos Profesionales Ltda. f. 152-153, c. 1.
31
Código de Procedimiento Civil, articulo 44: "Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de
sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos".
32 Corte Constitucional, sentencia C-621 de 2003.
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Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
Al respecto, el Código de Comercio, establece, en: su artículo 196, que "la
representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se
ajustarán a las estipulaciones del contrato social, según el régimen de cada tipo de
sociedad' y, para la constitución de la sociedad es obligatorio expresar en la
escritura "el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta
función no corresponda, por la ley o por el contrato,a todos o algunos de los
asociados"33. Todo esto, con el fin de que la sociedad tenga una representación
legal definida para celebrar contratos y ejecutar todos los actos comprendidos
dentro del objeto social.
La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad deJos artículos 164 y 442 del
Código de Comercio, referentes a la responsabilidad que endilgan a los
representantes legales salientes de sus cargos, mientras se registra un nuevo
nombramiento, señaló que "La necesidad de que cada sociedad tenga definido
quién ejercerá su representación legal y en qué condiciones lo hará estribar en que,
como personas jurídicas y entes colectivos que son, requieren de un órgano llamado
a expresar la voluntad societaria, a través del cual puedan actuar en el mundo
jurídico adquiriendo derechos y obligaciones para el logro de su objeto social. Frente
a terceros y aun frente a los mismos socios, la sociedad no podrá celebrar contratos,
adquirir obligaciones o responder jurídicamente sino a través de su representante
legaf'34.
1.
2
Por todo lo anterior, la Sala no encuentra que la notificación, por parte de la
Superintendencia, de la resolución en la que canceló la.,licencia de funcionamiento
de la empresa Caninos Profesionales Ltda., a su representante legal, contravenga
ninguna norma dispuesta en el ordenamiento jurídico, pues, por el contrario, así se
encuentra establecido para una persona jurídica de está naturaleza. Tampoco se
demostró en el proceso que existiera alguna condición o estipulación por parte de
los socios, que impidiera realizar la referida notificación mediante el representante
legal de la empresa, por lo que no se encuentra configurada alguna falla u omisión
que pudiera dar origen al daño que el demandante alega haber padecido con
ocasión de una indebida notificación del acto administrativo en mención.
Teniendo en cuenta que ¡p. Resolución 003288 del 25 de agosto de 2008 fue
impugnada por el represennte legal de la compañía Caninos Profesionales Ltda.,
quien er ejercicio de las facultades que reviste como tal, interpuso el
correspondiénte recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente
mediante acto administrativo que fue debidamente notificado por edicto, se
encuentra demostrado que, para la época en que fueron expedidas las
Resoluciones 003288 de 25 de agosto de 2008 y 003950 del 1 de octubre de 2008,
el representante legal ejercía su labor de representación, por lo que le correspondía
ser notificado de los actos administrativos que afectaban a la empresa Caninos
Profesionales Ltda.
Así las cosas, y en atención a la delimitación del presente asunto a la solución del
problema jurídico correspondiente a la acción de reparación directa ejercida, no
habrá lugar al estudio de los demás cargos del recurso de apelación referentes a
los vicios de contenido de los actos administrativos expedidos por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
33 Artículo 110, numeral 12, Código de Comercio.
31 Corte Constitucional, sentencia C-621 de 2003.
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Radicado: 050012331000200900779 01 (59971)
Demandante: Ibsen Eduardo Ochoa Franco
Tampoco es procedente el análisis de una excepción por inconstitucionalidad
planteada en el recurso de apelación, pues ello supone necesariamente un estudio
de legalidad de los actos administrativos expedidos que, como se dijo, no son objeto
de análisis en el presente asunto.
Por consiguiente, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en la que el
Tribunal Administrativo deAntioquia declaró la falta de legitimación en la causa de
la Nación-Minsiterio de Defensa y negó las pretensiones de la demanda.
V. COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 16 de junio de 2017, en la que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
~.i
UE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNC . 2 LUQUE
Magistrado s rado
JCDB
13
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