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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-01519-03

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-01519-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de mayo del 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío y, en su lugar, disponer: “1°.- NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.” SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. 30 Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918) Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y Construcción, y Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A. Asunto: Reparación directa TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2009-01519-03

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y Construcción, y
Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A.
Proceso: Acción de reparación directa – Decreto 01 de 1984, subrogado
por la Ley 446 de 1998 y modificado por la Ley 1107 de 2006

DAÑO-Primer elemento de la responsabilidad civil y del Estado. DEFINICIÓN DE DAÑO-Toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona. LICITUD DEL BIEN AFECTADO-Requisito del daño resarcible. DERECHO DE
DOMINIO-Se ejerce de manera exclusiva e implica los atributos de uso, goce y disposición. SERVIDUMBRES
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS-Limitación legítima al derecho de dominio por
razones de utilidad pública.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las
partes en contra de la sentencia de 12 de mayo del 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión1, mediante la cual se declaró
la responsabilidad administrativa y solidaria de la sociedad Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A. y el municipio de Envigado. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRENSE como no probadas las excepciones de petición antes de
tiempo, falta de legitimación por pasiva, culpa exclusiva de un tercero, inexistencia de
nexo causal de los hechos narrados con acción u omisión de Optima S.A., falta de
causa y prescripción, propuestas por Optima S.A. Vivienda y Construcción; las
excepciones de falta de jurisdicción y competencia, buena fe y principio de confianza
legítima, improcedencia de la acción de reparación directa, caducidad de la acción,
responsabilidad exclusiva de la víctima, mala fe de la demandante, compensación de
culpas, e inexistencia del nexo causal, propuestas por Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.; y las excepciones de no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios, inexistencia de causa legítima para pedir a la demandante
e inexistencia de responsabilidad por parte de la entidad demandada – Municipio de
Envigado y falta de nexo causal, propuestas por el Municipio de Envigado.

SEGUNDO: DECLÁRENSE como no probadas las objeciones por error grave

1 Acuerdo PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021 “Por medio del cual se adopta una medida de

descongestión de procesos del sistema procesal anterior a la Ley 1437 de 2011en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo”, prorrogado a través del ACUERDO PCSJA21-11889 del 30 de
noviembre de 2021.

Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

formuladas frente al dictamen pericial del señor Israel de Jesús Zapata Osorio, perito
Contador, y frente al dictamen pericial del Ing. Carlos Alberto Vega Posada, perito
Ingeniero Civil, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: DECLÁRESE administrativa y solidariamente responsables a la
sociedad POBLADO CLUB CAMPESTRE EJECUTIVO S.A. y al MUNICIPIO DE
ENVIGADO por los perjuicios materiales causados a la entidad demandante
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN -EPM- a raíz del daño sobre el colector de
la quebrada la Honda y que atraviesa los predios pertenecientes a la Urbanización
Rocío de la Mañana y al Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A. en el Municipio de
Envigado.

CUARTO: CONDÉNESE solidariamente a la sociedad POBLADO CLUB
CAMPESTRE EJECUTIVO S.A. y al MUNICIPIO DE ENVIGADO a pagar a la
entidad demandante EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN -EPM-, a título de
reparación del daño y por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, la suma de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS
($1.649.782.239.08) MC.

QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones conforme lo dicho en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia por lo previamente considerado.
(…)”2.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a los daños generados a EPM por la
destrucción de un colector de su red de alcantarillado, por causa de unas obras
hidráulicas ejecutadas y la conformación de unos llenos antrópicos por el Poblado
Club Campestre Ejecutivo S.A. y Óptima S.A. Vivienda y Construcción en sus
inmuebles, pero sobre el trazado del colector, que lo sobrecargaron y produjeron su
hundimiento.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 12 de noviembre de 2009, Empresas Públicas de Medellín – EPM3, por medio de
apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en la cual se solicitó que se declarara la responsabilidad del Poblado Club
Campestre Ejecutivo S.A., Óptima S.A. Vivienda y Construcción y el municipio de
Envigado por los daños causados al colector de agua residual de la cuenca sanitaria
de la quebrada la Honda, en los siguientes términos:

2 Expediente híbrido. Sentencia: Índice SAMAI 195 en radicado 05001233100020090151900 ante el

Tribunal Administrativo de Antioquia.
3
Folios 2 a 43 cuaderno 1.

2

Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

“PRIMERA: Que se declare que POBLADO CLUB CAMPESTRE EJECUTIVO S.A.,
OPTIMA S.A. VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN y el MUNICIPIO DE ENVIGADO son
responsables del daño del colector de propiedad de EE.PP.M., que recolecta y
transporta el agua residual de la cuenca sanitaria de la quebrada la Honda en el
Municipio de Envigado.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a
POBLADO CLUB CAMPESTRE EJECUTIVO S.A., OPTIMA S.A. VIVIENDA Y
CONSTRUCCIÓN y al MUNICIPIO DE ENVIGADO a indemnizar a EE.PP.M. el valor
de todos los perjuicios patrimoniales que resulten probados por el daño del colector
que recoge y transporta el agua residual de la cuenca sanitaria de la quebrada la
Honda, en el Municipio de Envigado.

TERCERA: La suma a reconocer deberá ser debidamente indexada y además, se
condene a las entidades demandadas a cubrir sobre la misma los intereses
comerciales correspondientes y subsidiariamente los intereses civiles.

CUARTA: Que en la sentencia sé tenga en cuenta lo dispuesto en los artículos 177
y 178 del Código Contencioso Administrativo.”

En fundamento de las anteriores pretensiones, expuso, como hechos de la
demanda, que entre 1993 y 1994 EPM construyó el colector de alcantarillado,
paralelo a la quebrada la Honda, para la recolección y transporte del agua residual
de la cuenca sanitaria, infraestructura que sufrió un daño a la altura de la carrera 28
con calle 27 Sur, dentro de los predios del Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A.
y la urbanización Rocío de la Mañana, del cual EPM únicamente tuvo conocimiento
en octubre del 2007.

Según la narración, el daño fue causado porque Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, al construir la urbanización Rocío de la Mañana, y el Poblado Club
Campestre Ejecutivo S.A., al realizar unas obras sobre su inmueble, sobrecargaron
la tubería del colector con materiales de construcción, estructuras hidráulicas y
llenos. La obra del Poblado Club fue autorizada por el municipio de Envigado
mediante las Resoluciones 083 de 1995 y 334 de 1996, quien, no obstante, omitió
ejercer el control y vigilancia sobre su cumplimiento.

El extremo activo relató que el daño desencadenó la necesidad de verter las aguas
residuales directamente en la quebrada hasta que se solucionara el problema de la
red, lo que derivó en malos olores, y condujo a EPM a ejecutar un proyecto para
disminuir esta contingencia, además de que manifestó estar adelantando un
proceso de contratación para la reconstrucción del colector.

3

Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

Contestaciones de la demanda

1. Municipio de Envigado4

En primer lugar, presentó la excepción previa de (i) no comprender la demanda a
todos los litisconsortes necesarios, en cuanto Corantioquia no había sido vinculada,
a pesar de ser la entidad que había otorgado el permiso de ocupación de cauce y,
de contera, era la encargada de la vigilancia y control. Seguidamente, alegó (ii)
inexistencia de causa legítima de la demandante, e inexistencia de responsabilidad
del municipio, porque le correspondía a EPM la vigilancia y cuidado sobre sus obras
de alcantarillado, que sufrieron daños porque las constructoras realizaron las obras,
sobre las cuales el municipio no tenía control alguno, correspondiéndole
exclusivamente a la autoridad ambiental. En esta misma línea, excepcionó (iii) falta
de nexo causal entre los perjuicios materiales y las actuaciones del ente territorial.

En los fundamentos de derecho, alegó que no existe ninguna omisión imputable al
municipio, en cuanto éste sí ejerció el control que le correspondía, y fueron EPM, el
Poblado Club, Óptima y Corantioquia quienes hicieron caso omiso de los oficios de
advertencia. Señaló que no existen actos administrativos de sanción al Poblado
Club por parte de EPM por el daño a las redes públicas, lo que indica su conducta
omisiva de cara a la mitigación o prevención del daño, ni sanciones por parte de
Corantioquia, dado que fue el incumplimiento de las obligaciones del permiso
ambiental lo que produjo la afectación al colector.

2. Óptima S.A. Vivienda y Construcción5

Expuso que la acción de reparación directa, regulada en el artículo 86 del CCA, no
le resultaba aplicable a Óptima, dada su naturaleza privada. Manifestó que no se
había probado técnicamente el hecho dañoso, el nexo de causalidad ni el daño
sufrido, y alegó que no podía ser obligado a pagar la reparación del colector con
base en el deber de solidaridad. En desarrollo de este argumento, mencionó que la
comunidad cercana a la urbanización Rocío de la Mañana había instaurado una
acción popular en contra de EPM para el amparo del derecho a la prestación de los
servicios públicos y un ambiente sano, en la que no se habían vinculado a los
particulares, correspondiéndole únicamente a EPM y Corantioquia las soluciones

4 Folios 511 a 540. Cuaderno 2.
5 Folios 488 a 505. Cuaderno 2.

4

Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

para enfrentar la problemática. Agregó que el demandante estaba obligado a la
reparación del daño al colector en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 142 de
1994.

En cuanto a las excepciones, alegó (i) petición antes de tiempo, por cuanto EPM no
había realizado la reparación o el cambio del colector, en desconocimiento de la Ley
142 de 1994, por lo cual no podía ejercer ninguna acción de repetición en contra de
los responsables, ya que el servicio no podía ser suspendido.

(ii) Falta de legitimación por pasiva, en cuya virtud manifestó que Óptima no había
sido la causante del daño, pues las obras de urbanismo y los llenos fueron
aprobados por EPM en 1993, momento para el cual no existía regulación sobre la
profundidad de las cajas de registro, a lo que añadió que, para ese momento,
Promotora Escodia S.A. había sido la ejecutora del proyecto.

También (iii) presentó la excepción de culpa exclusiva de un tercero, en cuanto el
daño había sido causado por el Poblado Club y el municipio de Envigado, puesto
que el Club había realizado el proceso constructivo sin garantizar la seguridad de la
infraestructura de EPM, y el ente territorial había omitido su obligación de
supervisión y control.

Expuso (iv) la inexistencia de nexo causal de los hechos con la acción u omisión de
Óptima, quien no construyó las redes de alcantarillado, no generó el daño en dichas
redes, ni era quien debía realizar su oportuno mantenimiento y reparación, o ejercer
el control sobre las acciones que se desarrollaron, pues todas esas obligaciones
recaían sobre el municipio, el Poblado Club y EPM, a quien además le correspondía
la prestación eficiente y oportuna, en virtud de lo cual alegó (v) una falta de causa.

Finalmente, (vi) excepcionó prescripción, puesto que el hecho generador del daño
fue la conformación de los llenos en Rocío de la Mañana, que ocurrió hace más de
16 años, tiempo suficiente para que hubiera operado la prescripción de la acción en
contra de los constructores, promotores o vendedores del proyecto.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

3. Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A.6

Alegó (i) falta de jurisdicción y competencia, porque el Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A., al ser un particular, debía ser demandado ante la jurisdicción
ordinaria, sin que la naturaleza pública de EPM, en su condición de parte
demandante, modificara su juez natural. (ii) En cuanto a la buena fe y principio de
confianza legítima, expuso que el Club contaba con las autorizaciones
administrativas por parte de las entidades necesarias para la construcción del lleno,
por lo que su actuar se había ajustado a los postulados de buena fe.

(iii) Improcedencia de la acción de reparación directa, porque el municipio de
Envigado expidió las Resoluciones 873 de 1995 y 334 de 1996 mediante las cuales
autorizó al Club a realizar los llenos, de lo cual se derivó la construcción de las obras
objeto del presente proceso, por lo que la acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho. Así, en consecuencia, (iv) había operado la caducidad
de esa vía procesal.

Asimismo, (v) presentó la excepción de caducidad de la acción de reparación
directa, en virtud de la cual arguyó que EPM siempre supo de la construcción de los
llenos y, además, advirtió de su eventual colapso, por lo cual el perjuicio lo sufrió
desde el momento en el que el Club hizo la obra, esto es, entre 1995 y 1997, y es
desde esa última fecha que debía contarse el término.

Excepcionó (vi) responsabilidad exclusiva de la víctima, en el sentido de señalar
que EPM construyó el colector en el predio de propiedad del Club, sin previamente
haber constituido la respectiva servidumbre, y supo de la realización del lleno desde
el primer momento, a pesar de lo cual no tomó acciones de mitigación y prevención
del daño, aunado a que no efectuó el mantenimiento del colector durante 12 años,
situación que redundó en que, por negligencia, no advirtió oportunamente los daños
paulatinos que tuvieron que haberse presentado tiempo antes del colapso. En este
mismo sentido, (vii) manifestó que la demandante había actuado de mala fe, pues
si bien sabía, desde la construcción, que el lleno sobre el colector le generaba un
peso superior al permitido, no tomó ninguna acción para evitar el daño, ni legalizó
la situación jurídica de la servidumbre y, por el contrario, esperó a que se presentara
la fractura al colector. Todo lo anterior, según se señala, (viii) implica una

6 Folios 892 a 904. Cuaderno 2 Tomo II.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

compensación de culpas.

Finalmente, respecto de la excepción de (ix) inexistencia de nexo causal, determinó
que no resultaba lógico argumentar una relación de causalidad entre el colapso del
colector y la construcción del lleno 12 años antes, además de que, en ese lapso, no
se presentaron informes de daños, fisuras o deterioros del colector, por lo que
concluye que el daño tuvo que haber sido súbito, repentino y ajeno a los llenos
realizados 12 años antes.

Sentencia de primera instancia

El 12 de mayo del 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de
Decisión profirió sentencia7 en la que se accedió parcialmente a las pretensiones,
declarando la responsabilidad solidaria del municipio de Envigado y la sociedad
Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A., exonerando a la sociedad Óptima S.A.
Vivienda y Construcción, y reduciendo la condena en el 50% por considerar que
EPM había contribuido en la producción del daño.

En primer lugar, se ocupó de las objeciones por error grave del dictamen pericial
elaborado por Israel de Jesús Zapata Osorio, perito contador, y del informe pericial
en ingeniería de la Universidad de Antioquia formuladas por Óptima S.A., en cuya
virtud determinó, respecto de la primera, que no se había indicado ni detallado el
supuesto error aritmético cometido y, de la segunda, que las argumentaciones no
se orientaban a enrostrar ningún yerro, sino que se reducían a manifestar la falta de
complementación de algunas preguntas puntuales. Por lo expuesto, desestimó las
objeciones.

En segundo lugar, se refirió a la caducidad de la acción, en cuyo análisis expuso
que, si bien el hecho dañoso se circunscribía a las obras realizadas por Poblado
Club Campestre y Óptima S.A. Vivienda y Construcción sobre el colector propiedad
de EPM, la demandante únicamente había conocido del daño —que, según
argumentó, consistió en el colapso de la infraestructura— el 30 de octubre del 2007,
a raíz de la comunicación que le envió el Poblado Club Campestre informándole

7 Acuerdo PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021 “Por medio del cual se adopta una medida de

descongestión de procesos del sistema procesal anterior a la Ley 1437 de 2011en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo”, prorrogado a través del ACUERDO PCSJA21-11889 del 30 de
noviembre de 2021.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

sobre el deslizamiento del talud, por lo que era desde esa fecha que debía
computarse el término, por manera que, la demanda se había presentado en tiempo.

En cuanto al fondo del asunto, determinó que se había acreditado la causación del
daño, que provocó que EPM tuviera que desviar provisionalmente las aguas
transportadas por la red de alcantarillado hacia la quebrada la Hondita y realizar un
lleno en la urbanización Rocío de la Mañana, lo que derivó en afectaciones
ambientales, extendiéndose hasta noviembre del 2009, cuando se acometieron las
obras provisionales y, finalmente, el 27 de junio de 2012 se recibieron las obras de
rehabilitación del colector en inmediaciones del Poblado Club y la urbanización
Rocío de la Mañana, con las que se conjuró, definitivamente, la contingencia.

Concluyó, con base en un informe técnico, que el daño se asociaba a la presencia
de llenos antrópicos muy espesos que reposaban sobre la tubería, y cuyo origen se
atribuía a procesos urbanísticos en la zona, durante la construcción de unidades
residenciales en el sector. Señaló que el colector había sido construido por EPM en
1994, para la conducción de aguas residuales, atravesando varios predios, entre
ellos, el del Poblado Club y la urbanización Rocío de la Mañana, ésta última,
construida entre 1994 y 1995 por Óptima S.A.

Al efecto, encontró que, durante la construcción de la urbanización Rocío de la
Mañana, Óptima S.A., en desconocimiento de la normativa ambiental, edificó una
estructura hidráulica tipo Box Culvert en la quebrada la Hondita y el posterior lleno
sobre ésta para el aprovechamiento de las zonas del inmueble, que también cubrió
el colector. Esta estructura fue construida al mismo tiempo que el colector de EPM.

No obstante, señaló que la inobservancia de las normas no había tenido incidencia
«en la construcción del lleno sobre el colector», puesto que fue la misma
demandante la que solicitó la realización de esta obra de forma paralela, “a
sabiendas de las alturas que estarían sobre dicha estructura”. Por ello, consideró
que no era posible atribuir la responsabilidad a Óptima S.A. por las sobrecargas al
colector.

Respecto del Poblado Club, manifestó que estaba acreditada la construcción de un
Box Culvert sobre la quebrada la Hondita a la altura de su predio, así como el lleno
sobre ésta, que también cubría el colector. Según arguyó, esta ejecución implicó el

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

desconocimiento de varias disposiciones normativas técnicas y ambientales —que
redundó en los distintos requerimientos realizados por el municipio de Envigado y
Corantioquia, incluso con posterioridad a la culminación de las obras— de lo cual
destacó el incumplimiento de la altura máxima del lleno sobre el colector de EPM.
Asimismo, estableció que el Poblado Club se había comprometido con la
demandante a construir una variante del colector, que nunca realizó. De esta
manera, comprobó que el actuar del Club había contribuido en gran medida a la
ocurrencia del hecho dañoso, por lo que le era imputable la responsabilidad por la
causación del daño reclamado.

Frente al municipio de Envigado —a quien se le endilgó la responsabilidad con
sustento en la omisión de sus deberes de vigilancia y control sobre las actuaciones
del Poblado Club— dispuso que, aun cuando había efectuado un control adecuado,
existieron omisiones determinantes para la ocurrencia del daño. En primer término,
porque no suspendió la obra cuando se verificó que continuaba el incumplimiento
respecto de la altura de los llenos, y tampoco lo hizo cuando la sociedad no presentó
el diseño de la variante del nuevo colector debidamente aprobada por EPM, a pesar
de haber sido un requisito impuesto para la viabilidad de continuidad de la
conformación del lleno. En efecto, según el a quo, el municipio permitió que las
obras terminaran en febrero del 2007, a pesar de que contaba con las herramientas
idóneas para impedir la afectación, por lo cual su omisión implicaba su
coparticipación en el hecho dañoso.

Finalmente, expuso que existían elementos de juicio que permitían establecer que
EPM había concurrido en la producción del daño, en cuanto conocía de la altura del
lleno realizado por Óptima en la urbanización Rocío de la Mañana y, además,
porque “fue omisivo en lo que respecta a la realización de actividades de
mantenimiento del sistema de alcantarillado”, de modo que debía reducirse el
quantum indemnizatorio.

Encontró acreditado el daño emergente correspondiente a los montos que la
demandante asumió para la reparación del colector, con los cuatro contratos que
celebró para los efectos, suma que redujo en un 50%, en virtud de la concausa por
el hecho de la víctima.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

Recursos de apelación

EPM8 censuró la decisión de exonerar la responsabilidad de Óptima S.A. y rechazó
la conclusión de que la demandante había participado cierta y eficazmente en la
causación del daño, puesto que se acreditó, con pruebas documentales, que la
demandante advirtió reiteradamente al Poblado Club y a la sociedad Óptima de los
posibles daños al colector, que fueron ignorados por los demandados, aunado a
que el municipio no evitó la ejecución de estas obras, sin que EPM pudiera forzar
una suspensión.

Argumentó que la entidad demandante únicamente se había enterado de la
construcción de los llenos por parte de Óptima en octubre de 2007, además de que
la omisión en las labores de mantenimiento no fueron la causa adecuada del daño,
en cuanto el colapso obedeció a la sobrecarga estructural del colector, en lo que no
incide el mantenimiento operacional de las redes.

El municipio de Envigado9 solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia respecto de su responsabilidad, por cuanto (i) no se vinculó a Corantioquia
como litisconsorte necesario en el extremo pasivo en virtud de su competencia y la
responsabilidad que le era atribuible por los hechos de la demanda; (ii) el ente
territorial no omitió el cumplimiento de sus funciones, pues no ostentaba la
competencia para sancionar al Poblado Club por la construcción del lleno, sino
únicamente la de requerirlo y advertirle de sus incumplimientos, dando aviso de lo
respectivo a la autoridad que sí era competente, Corantioquia, como en efecto hizo
diligentemente; (iii) no existe solidaridad entre el municipio y el Poblado Club en el
resarcimiento de los perjuicios, en virtud del artículo 140 del CPACA.

Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A.10 argumentó que (i) había operado la
caducidad, porque el hecho generador del daño había sido la construcción del
llenado de material antrópico sobre el colector, que finalizó en el 2002, por lo que,
de acuerdo con el artículo 136 del CCA, el término debía contarse desde ese
momento, e igual conclusión se deriva con el cómputo desde el 30 de octubre de
2007, en consideración a que la demanda se presentó el 18 de noviembre de 2009.

8 Índice SAMAI 200. Expediente digital ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
9 Índice SAMAI 203. Expediente digital ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
10 Índice SAMAI 202. Expediente digital ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

Aunó que, en cualquier caso, las pruebas acreditaban que desde 1997 EPM estuvo
enterado del daño porque sabía que el llenado sobre el colector superaría el límite
de 4 metros, además de que conoció el acto administrativo del 9 de febrero del 2004
expedido por el municipio de Envigado, que evidenciaba que la estructura de la red
se había fisurado. Expuso que la demandante no podía excusarse en la
imposibilidad de haber conocido el daño antes del 2007, porque en múltiples
ocasiones el Club lo requirió para que efectuara visitas técnicas para revisar el
estado del colector, cosa que nunca sucedió, y también porque en el 2002 el
municipio recibió la comunicación de la comunidad del barrio El Esmeraldal sobre
el “inminente colapso del alcantarillado por la cantidad de tierra” soportada por la
tubería.

En consideración a lo anterior, alegó que el colapso acaecido en el 2007 era
producto del agravamiento del daño, que ya se había materializado con anterioridad,
sin que EPM pudiera alegar que no lo había podido conocer.

(ii) En relación con la imputación del daño, señaló que la misma decisión que se
tomó respecto de la responsabilidad de Óptima correspondía adoptarse respecto
del Poblado Club, por cuanto EPM también conoció desde un principio la altura del
lleno antrópico sobre el colector en su predio. Añadió que, en cualquier caso, el
daño era responsabilidad exclusiva de EPM, porque construyó el colector sin
previamente haber constituido la respectiva servidumbre, en violación del artículo
14 del Decreto 951 de 1989 y sin entregar al Poblado Club un manual que diera
cuenta de las restricciones del colector; además, no adoptó las acciones provistas
por el artículo 29 de la Ley 142 de 1994 para prevenir que el Club construyera el
lleno o para mitigar el daño, y no se enteró de la avería de la infraestructura sino
hasta 12 años después, de lo que se evidencia que no efectuó el mantenimiento,
desconociendo la Ley 142 de 1994 y el artículo 22 del Decreto 302 del 2000.

Manifestó (iii) que había actuado de buena fe y con apego a la ley, en cuanto solicitó
permiso al municipio para realizar el lleno antrópico en terrenos de su propiedad,
que fue debidamente otorgado mediante Resolución 873 de 1995 por el ente
territorial y por la Resolución 334 de 1996, en lo referente a la ocupación de cauce,
por Corantioquia. Según expuso, ejecutó la obra ciñéndose a todos los criterios
técnicos dispuestos por las autoridades, incluido el espesor de 12 metros del lleno
sobre el colector, que fue expresamente autorizado por CORNARE, mediante

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Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

informe técnico del 15 de febrero de 1999. Alegó que la razón por la cual nunca
desarrolló el nuevo trazado del colector fue la falta de interés de EPM. Esgrimió que
el Poblado Club no cometió delito o culpa, por lo cual el daño no le es imputable.

Sobre el (v) perjuicio, señaló que el colector que colapsó tenía una longitud
aproximada de 500 metros, de los cuales únicamente 290 se encontraban en su
inmueble, lo que redunda en que los daños causados por fuera de su predio no le
sean atribuibles y, en consecuencia, que el a quo erró al condenarlo por la totalidad
de la reparación.

Trámite en la segunda instancia

En el curso de la audiencia de la que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010,
celebrada el 22 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Quindío concedió
los recursos de apelación formulados11, que fueron admitidos por el Consejo de
Estado en auto del 31 de marzo del 202312.

El 12 de mayo de 2023 se corrió traslado a las partes por un término común de 10
días para que presentaran sus alegaciones finales y se ordenó que, en caso de que
el Ministerio Público lo solicitara, se surtiera el trámite previsto en el artículo 59 de
la Ley 446 de 199813.

EPM14 y Poblado Club Campestre Ejecutivo S.A.15 presentaron sus alegatos, en
los que reiteraron los argumentos que esgrimieron en sus escritos de impugnación.

El municipio de Envigado16 destacó la inexistencia de una falla en el servicio, por
cuanto, mediante la Resolución 873 de 1995, autorizó el lleno de tierra en las
instalaciones del Poblado Club sobre la quebrada, con un volumen máximo inicial
de 50.000m3 y una altura sobre la cobertura de 5m, y dispuso que haría una
interventoría de las obras, como en efecto lo hizo, al punto que en el informe 212
del 23 de febrero del 2007, la Secretaría de Medio Ambiente del municipio dejó
sentado que, para ese momento, no se presentaban daños al colector.

11 Índice SAMAI 208. Expediente digital ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
12 Índice SAMAI 4. Expediente digital ante Consejo de Estado – 68918.
13 Índice SAMAI 11. Expediente digital ante Consejo de Estado – 68918.
14 Índice SAMAI 20. Expediente digital ante Consejo de Estado – 68918.
15 Índice SAMAI 17. Expediente digital ante Consejo de Estado – 68918.
16
Índice SAMAI 18. Expediente digital ante Consejo de Estado – 68918.

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Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

Adujo que el daño fue causado de manera concurrente por la misma demandante,
en la medida en la que no realizó adecuadamente el mantenimiento de las redes, a
cuyo efecto reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda. Manifestó que,
con la conducta de EPM, se había incrementado el riesgo jurídicamente relevante
para la producción del daño.

Señaló que el a quo había efectuado un análisis del cual era posible colegir que el
ente territorial había realizado múltiples acciones de control y vigilancia sobre las
obras, cuyos responsables desconocieron incluso la orden de suspensión emitida
por la autoridad.

Óptima S.A. Vivienda y Poblado Construcción17 alegó que se había acreditado
que EPM había construido las cámaras de inspección mientras la constructora
realizaba el lleno del Box Culvert, de modo que la demandante conocía de la altura
del lleno, sin que en ese momento hubiera manifestado alguna inconformidad,
aunado a que, como quedó probado, el lleno y las demás cámaras de inspección
no fueron alteradas o sometidas a cargas adicionales luego de la construcción del
colector.

El Ministerio Público18 conceptuó que debía confirmarse la sentencia de primera
instancia. En primer lugar, sostuvo que la demanda se había presentado
oportunamente, puesto que, si bien en 1997 EPM se había enterado de las
construcciones irregulares, el daño únicamente se había materializado con el
deslizamiento del talud el 30 de octubre de 2007, sin que el demandante pudiera
advertir — siquiera en ese momento— la magnitud de los efectos sobre el colector,
que únicamente fue descubriendo a partir las visitas oficiales que iniciaron el 22 de
noviembre de 2007, y respecto de lo cual no tuvo certeza sino hasta el 29 de octubre
del 2009, con el informe de estimación de daños elaborado por INTEINSA, en el
que, además, se calculó el valor del reemplazo del colector.

Expuso que se había demostrado la producción de un daño antijurídico sufrido por
EPM, que resultaba imputable al Poblado Club y al municipio de Envigado. El
primero, porque fue quien acometió las obras de llenos sobre el colector, atribución

17 Índice SAMAI 19. Expediente digital ante Consejo de Estado – 68918.
18 Índice SAMAI 22. Expediente digital ante Consejo de Estado – 68918.

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Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
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Construcción, y Poblado Club Campestre
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Asunto: Reparación directa

que no se desdibujaba por las omisiones de mantenimiento que pudieran endilgarse
a EPM, máxime teniendo en cuenta que la construcción fue irregular y, a sabiendas,
encima del colector. Y respecto del ente territorial, determinó que se había probado
su falla en el servicio, por haber omitido el ejercicio de las acciones policivas, a pesar
de que EPM había solicitado su intervención en los hechos relacionados con la
inminente afectación de la red. Asimismo, destacó la contribución de EPM en la
causación del daño, con fundamento en que la demandante no había desarrollado
acciones directas en contra de la construcción de los llenos antes del 2007, lo que
implicó la agravación del riesgo.

Consideró que no debía prosperar la solicitud subsidiaria del Poblado Club en su
censura respecto de la modulación proporcional de la condena, pues si bien era
cierto que el canal de desagüe afectado recorría varios predios, quedó acreditado
que la causa puntual de su colapso fue el lleno conformado por esta sociedad.

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 12 de noviembre de 2009, el régimen procesal
aplicable a la causa será el regulado por el Decreto 01 de 1984 – CCA – con la
subrogación de la Ley 446 de 1998 y la modificación de la Ley 1107 de 2006, por lo
que serán las reglas allí plasmadas las llamadas a disciplinar los aspectos
referentes a los presupuestos procesales.

1. Jurisdicción y competencia

2. El artículo 82 del CCA – modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006,
vigente para el momento de presentación de la demanda – dispone que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las
controversias originadas en la actividad de Entidades Públicas.

3. En virtud del fuero de atracción, que se fundamenta en el factor de conexión de
la competencia, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de
controversias en las que se demande a personas naturales o jurídicas, cuyo
juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que

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Asunto: Reparación directa

acuden a esta en razón a que fueron demandados de forma concurrente con una
entidad pública. En estos eventos, la jurisdicción conoce, en el mismo proceso, de
la controversia que involucra a entidades públicas y a particulares que, en principio,
serían ajenos a esta jurisdicción. Es importante aclarar que el fuero de atracción,
aunque implica la modificación de la jurisdicción, no afecta el régimen jurídico al
amparo del cual se deben resolver las pretensiones formuladas en contra de los
particulares. De manera que, al margen de que el proceso se tramite ante el juez
administrativo, la conducta de los sujetos de derecho privado será evaluada desde
el ángulo de la normativa que les resulte aplicable.

En el caso concreto, en consideración a que se demandó al municipio de Envigado,
que, de acuerdo con el artículo 286 de la Constitución Política, es una entidad
territorial, le corresponde a esta jurisdicción conocer de la controversia, en virtud del
fuero de atracción, incluso respecto de Óptima S.A. y el Poblado Club Campestre,
que son particulares. Es importante aclarar que el caso puede resolverse respecto
de todos los demandados, por cuanto el escenario fáctico planteado permite
desprender una atribución directa de responsabilidad de cada uno.

4. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto, de conformidad con el artículo 129 del CCA – subrogado por el artículo 38
de la Ley 446 de 1998 –, según el cual conoce de los recursos de apelación contra
las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de
la pretensión material mayor19 supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6
del CCA, esto es, $248’450.00020.

2. Acción procedente

5. De acuerdo con el artículo 86 del CCA, subrogado por el artículo 31 de la Ley 446
de 1998, la reparación directa —aquí incoada— es la acción idónea para perseguir
la reparación de un daño cuando la causa sea un hecho, omisión, operación
administrativa, ocupación temporal o permanente de un inmueble, o cualquiera otra
causa distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya legalidad no se

19 De acuerdo con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
20 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2009 ($496.900) por 500. La pretensión

mayor fue estimada en la suma de $2.614’000.000, por concepto de daño emergente por la
reconstrucción del colector.

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Construcción, y Poblado Club Campestre
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Asunto: Reparación directa

cuestiona21.

En este caso, se pretende que se declare la responsabilidad patrimonial de los
particulares demandados por haber construido el lleno sobre el colector, con lo que
ocasionaron el daño en dicha estructura, y del municipio de Envigado, por haber
omitido su deber de control y vigilancia en la ejecución de dichas obras, lo que,
según el alegato del extremo activo, contribuyó a la producción del daño.

6. Se resalta que, al margen de que el municipio haya expedido los actos
administrativos de autorización de obras, el daño —que se le atribuye a la entidad—
emana de la omisión en la vigilancia y control sobre la ejecución de los llenos, y no
de una supuesta ilegalidad de las autorizaciones administrativas, por lo cual no es
de recibo el argumento de indebida escogencia de la acción.

3. Demanda en tiempo

7. La oportunidad en la que la demanda fue presentada, además de ser un
presupuesto procesal que le concierne al juez evaluar de oficio, constituye en el
presente asunto uno de los motivos de censura del Poblado Club Campestre S.A.,
por lo que se procederá a estudiar lo atinente.

8. De acuerdo con el artículo 136.8 del CCA, el término para presentar la demanda
en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa”. No obstante, la jurisprudencia de la
época estableció que una situación distinta se presenta cuando:

“(…) la parte demandante solo haya tenido conocimiento del daño tiempo después
de la ocurrencia del hecho, omisión u operación, pues en tales eventos, en
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
(artículo 228 C.P.), el cómputo del plazo debe iniciar a partir de la fecha en que
la persona tuvo conocimiento del daño. (…)”22.
(Negrillas fuera del texto original).

21 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y
sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421 [fundamento jurídico 3].
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 5 de

marzo del 2020. Exp: 46869. En estudio de una demanda presentada bajo la égida del CCA.

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Construcción, y Poblado Club Campestre
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Es decir que, en aquellos casos en los que el afectado únicamente pudo conocer
del daño sufrido tiempo después del hecho que lo causó, la caducidad inicia su
conteo desde que advirtió de la lesión, que de ninguna manera puede confundirse
con sus efectos o su agravación:

“Como acaba de verse, en casos como este el conteo de la caducidad empieza a
correr desde el momento en que los daños se hicieron evidentes para los
demandantes, sin que en dicho análisis influya la agravación del daño o la extensión
de sus efectos, eventos estos últimos que no tienen la virtualidad de modificar, en
manera alguna, el punto de partida ya señalado para computar la caducidad.”23.
(Negrillas fuera del texto original).

9. Al efecto, el daño objeto del petitum consiste en el hundimiento que sufrió el
colector de propiedad de EPM —en virtud de que los hechos de la demanda se
refieren a su colapso—, que derivó en la imposibilidad del sistema de continuar con
la recolección y transporte de las aguas residuales, por lo que se realizó una
descarga puntual y temporal a la quebrada la Honda24, de modo que los perjuicios
que se reclaman consisten en los costos que ha asumido EPM para mitigar los
efectos ambientales del vertimiento y los de reposición del colector.

Del colapso dan cuenta los oficios de EPM 139997525 y 140656226, los testimonios
de Hemel Adolfo Serna Valencia27, Angélica María Orozco28 y Carmen Cecilia

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 19 de

junio de 2020. Exp: 55394. En estudio de una demanda presentada bajo la égida del CCA.
24 Hecho quinto de la demanda.
25 De EPM al Poblado Club Campestre del 22 de noviembre de 2007. Folios 80 y 81 cuaderno 1.
26 De EPM a la urbanización Rocío de la Mañana del 21 de diciembre de 2007. Folios 91 y 92

cuaderno 1.
27 Testimonio solicitado por la demandante y decretado en el auto del 4 de julio de 2013 (folios 939

a 944 cuaderno 6). El testigo era empleado de EPM en calidad de profesional de Mantenimiento de
Aguas para la época de los hechos. Al respecto conviene señalar que, aun cuando el artículo 217
del CPC consagra que son sospechosas para declarar las personas que, en concepto del juez, se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en función de su
parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas, la jurisprudencia unánime de esta Corporación ha
sostenido que sus dichos no pueden relegarse de plano. Lo que supone es que su valoración debe
pasar por un filtro más riguroso, en contraste y cotejo con el resto del acervo probatorio que integra
la cusa y con las particulares que la circundan, al tiempo que deberán apreciarse en consonancia
con las reglas de la sana crítica y la experiencia. En atención a los términos descritos, la prueba será
valorada. Folios 981 a 988 cuaderno 6.
28 Testimonio solicitado por la demandante y decretado en el auto del 4 de julio de 2013 (folios 939

a 944 cuaderno 6). Ingeniera Sanitaria de EPM para la época de los hechos. Las mismas
consideraciones respecto del artículo 217 del CPC le resultan aplicables. Folio 994 reverso cuaderno
6.

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López29, los videos del colector aportados por la demandante30, así como el
dictamen pericial elaborado por la Universidad de Antioquia al determinar que:

“(…) en octubre del 2007 se presenta la falla del colector, del cual se obtiene un
video grabado por E.P.M. como producto de sus labores de diagnóstico de lo
ocurrido. En él se observa un colapso total del colector en predios de la
Urbanización Roció [sic] de la Mañana, además de numerosas infiltraciones,
desajustes en los empalmes de los tubos, además de largas y variadas tipologías
de agrietamientos.”31.
(Negrillas fuera del texto original).

10. En este orden de ideas, para esta Sala es diáfano que el daño cuya
indemnización se pretende es, particularmente, el hundimiento del colector.

Y de los elementos de juicio aportados, es posible establecer que EPM conoció de
su ocurrencia el 23 de octubre del 2007, con el reporte de hundimiento de la
urbanización Rocío de la Mañana32, sin que de ninguna prueba pueda derivarse que
el colapso ocurrió antes.

En este punto es menester destacar que, en el presente asunto, el daño no lo
constituyen las fisuras que eventualmente precedieron el colapso, sino el
hundimiento mismo, que es el que se reclama y fue reportado por primera vez en la
fecha ya expuesta, motivo por el cual no puede concluirse —como lo plantea la
impugnación del Poblado Club— que EPM conocía de la afectación a partir del acto
administrativo del 2004, o que, de haber efectuado el mantenimiento y las visitas
técnicas, lo habría conocido, porque lo cierto es que el colapso no había acontecido.
Admitir esta postura implicaría exigir al extremo activo la carga de demandar en un
momento en el que el daño era apenas eventual.

Aún más, las fisuras de las que da cuenta el acto administrativo del 9 de febrero del
200433 se refieren al Box Culvert, que, a pesar de la errónea concepción del

29 Quien manifestó que el colector “finalmente colapsó”. Testimonio solicitado por el municipio de

Envigado en su contestación y decretado en el auto del 4 de julio de 2013 (folios 939 a 944 cuaderno
6). Jefa de la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Envigado desde febrero del 2006, es
decir, para la época del daño. Las mismas consideraciones respecto del artículo 217 del CPC le
resultan aplicables. Folio 994 reverso cuaderno 6.
30 Folio 179 cuaderno 1. Videos del 13 de diciembre del 2007: Urb Rocio de la Mañana-1a-1h-CL 27

sur 28 1311. Minutos 33:57 a 34:54 aproximadamente; video: Urb Rocio de la Mañana-1a-1h-CL 27
sur 28 1312
31 Folio 1118 cuaderno 6.
32 Pedido de hundimiento 14484765. Folio 169 cuaderno 1. También lo acreditan los oficios de EPM

1399975 (folios 80 y 81 cuaderno 1) y 1406562 (folios 91 y 92 cuaderno 1).
33 Folios 595 y 597 tomo IV cuaderno exhorto 1916D del municipio de Envigado, relacionado en el

folio 980 cuaderno 6.

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impugnante, no es el mismo colector, como lo explica Juan Guillermo Ortiz 34 en su
declaración:

“(…) el colector y su construcción se compone [sic] básicamente de dos fases: La
primera es la colocación de la tubería como tal. Esa tubería se coloca en el caso
concreto, muy cercana al box-coulvert de acuerdo a los diseños realizados (…)”35.
(Negrillas fuera del texto original).

El mismo acto administrativo explica que, en el marco del permiso y autorización de
cauce, “[s]e construyó un boxcoulvert de 230.8 ml cuando lo autorizado eran 200
ml”36, de lo cual deviene claro que esa es la estructura que el Poblado Club edificó
—y que, según lo alegado por el extremo activo es la causa del daño—, distinta a
la red de alcantarillado construida por EPM.

Se resalta que este es un evento en el que el daño se materializó con posterioridad
al hecho que supuestamente lo causó, de modo que el conocimiento de EPM
respecto de las obras o de los riesgos que éstas entrañaban —como lo apunta el
censor— no tiene la virtualidad de acreditar que el colapso hubiera acaecido en un
momento anterior, sino que el extremo activo advertía la probabilidad de producción
de un daño que era apenas eventual.

Así, es desde el momento en el que EPM conoció del daño, el 23 de octubre del
2007, que debe computarse la caducidad de dos años, con lo cual se impone la
conclusión de que —contrario a lo señalado por la censura del Poblado Club— el
término se suspendió oportunamente con la presentación de solicitud de
conciliación extrajudicial el 29 de julio de 200937 —cuando restaban 2 meses y 24
días para su fenecimiento— que se declaró fallida el 6 de octubre del 200938, al
paso que la demanda se presentó en tiempo el 12 de noviembre del 200939.

Debe señalarse que no se comparte la posición del Ministerio Público según la cual
la caducidad debe correr desde el momento en el que la demandante conoció de la

34 Testimonio solicitado por Óptima S.A. en su contestación y decretado en el auto del 4 de julio de

2013 (folios 939 a 944 cuaderno 6). El testigo trabajaba en Óptima S.A. para la época de los hechos.
Las mismas consideraciones arriba hechas respecto del artículo 217 del CPC le resultan aplicables.
Folios 1009 a 1014 reverso cuaderno 6.
35 Folio 1012 cuaderno 6.
36 Folio 596 tomo IV cuaderno exhorto 1916D del municipio de Envigado, relacionado en el folio 980

cuaderno 6.
37 Momento para el cual, el trámite ya era un requisito de procedibilidad, de conformidad con la Ley

1285 de 2009.
38 Folio 451 cuaderno 1 tomo II.
39 Folio 43 cuaderno 1.

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Asunto: Reparación directa

magnitud y gravedad del daño, esto es, el 29 de octubre del 2009, cuando recibió el
informe de estimación de perjuicios por parte de INTEINSA, puesto que —según lo
ya explicado— el descubrimiento de la agravación del daño o la extensión de sus
efectos no modifica el cómputo, cuyo punto de partida permanece en el momento
en el que se hizo evidente el daño.

4. Legitimación en la causa

11. El daño recayó sobre el colector sobre el cual EPM acreditó su propiedad, entre
otras, con la comunicación de adjudicación del contrato cuyo objeto era la
construcción de esta estructura40, la correspondiente acta de recibo de obra y paz y
salvo del 22 de julio de 199441, los planos del sistema de alcantarillado del proyecto
DAL-010-17542, el informe de INTEINSA que determina que “se realizó una
evaluación para la reparación y recuperación de la red de alcantarillado propiedad
de E.P.M. localizada entre la carrera 28 (…)”43 y el dictamen pericial elaborado por
la Universidad de Antioquia al exponer que “[e]ntre los años 1993 y 1994, mediante
proyecto DAL-101-075 de E.P.M. se construyó el colector de alcantarillado paralelo
a la Quebrada [sic] La Honda (…)”44. Por lo anterior, el extremo activo está
legitimado en la causa.

12. Por otra parte, los demandados están legitimados en la causa por pasiva, en
cuanto se demostró que Óptima S.A. y Poblado Club Campestre desarrollaron las
obras que, según el dicho de EPM, causaron el daño. Entre otras, el informe de
INTEINSA dispuso que el tramo del colector que había sufrido daño y sobre el cual
se realizaba el estudio:

“(…) tiene una longitud de 500 m, de los cuales 210 m se encuentran al interior de
la unidad residencial Rocío de la Mañana y los 290 m restantes se localizan en lotes
del Poblado Club Campestre Ejecutivo, bordeando la margen izquierda de la
quebrada La Honda”45.

Y posteriormente, advirtió que:

“Aproximadamente a principios de la década actual, se realizó sobre el cauce de

40 Folios 128 a 132 cuaderno 1.
41 Folio 133 cuaderno 1.
42 Folios 168 y 168A cuaderno 1.
43 Folio 305 cuaderno 1 tomo II.
44 Folio 1118 cuaderno 6.
45 Folio 306 cuaderno 1 tomo II.

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Construcción, y Poblado Club Campestre
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Asunto: Reparación directa

la quebrada La Honda un box-culvert como estructura de cobertura del cauce
para lo que sería la protección de la quebrada contra la conformación de un
lleno antrópico. Dicho lleno actualmente se encuentra localizado sobre la quebrada
La Honda hacia la zona derecha del Poblado Club Campestre Ejecutivo
finalizando en los límites de la Urbanización Rocío de la Mañana hacia la margen
izquierda y con Recintos de la Abadía hacia la [sic] margen derecho de la quebrada
La Honda. (…)

Hacia la zona donde está emplazado el lleno, por debajo del cual se encuentra el
box culvert, se encuentra también localizada la red de aguas residuales
propiedad de E.P.M.”46.
(Negrillas fuera del texto original)

Igualmente, respecto de la urbanización Rocío de la Mañana, construida por Óptima
S.A.47, expuso que:

“Parte de la ladera donde se encuentra emplazado el colector está conformado
superficialmente por llenos antrópicos (…). Los llenos se originaron durante las
actividades de urbanismo y empradización de las zonas verdes de la unidad, siendo
materiales producto de las excavaciones realizadas de manera que son fácilmente
confundibles con el material in-situ de la zona.”48.
(Negrillas fuera del texto original)

Estas conclusiones encuentran respaldo en el dictamen pericial de la Universidad
de Antioquia49, los testimonios de Carlos Alberto Ortiz50, Juan Guillermo Ortiz51, Luis
Eduardo Arias52 y las comunicaciones cruzadas entre EPM y el Poblado Club53,
entre otras.

13. El municipio de Envigado, a quien se le atribuye la responsabilidad por haber
omitido el control y el seguimiento al proyecto desarrollado por el Poblado Club,
también está legitimado en la causa por pasiva, pues obra en el expediente la

46 Folios 308 y 309 cuaderno 1 tomo II.
47 “Aguas abajo del lleno, hacia la margen izquierda de la quebrada La Honda, se encuentra
localizada la Urbanización Rocío de la Mañana ejecutada por OPTIMA Construcción y Vivienda S.A.
(…)”. Folio 310 cuaderno 1 tomo II. Confirmado por el testimonio de Luis Eduardo Arias (folios 1002
a 1008 cuaderno 6).
48 Ibid.
49 Particularmente, a folios 1118, 1119 y 11121 cuaderno 6.
50 Testimonio solicitado por Óptima S.A. en su contestación y decretado en el auto del 4 de julio de

2013 (folios 939 a 944 cuaderno 6). El testigo trabajaba en Óptima S.A. para la época de los hechos.
Las mismas consideraciones arriba hechas respecto del artículo 217 del CPC le resultan aplicables.
Folios 1067 a 1070 cuaderno 6.
51 Testimonio solicitado por Óptima S.A. en su contestación y decretado en el auto del 4 de julio de

2013 (folios 939 a 944 cuaderno 6). El testigo trabajaba en Óptima S.A. para la época de los hechos.
Las mismas consideraciones arriba hechas respecto del artículo 217 del CPC le resultan aplicables
Folios 1009 a 1014 cuaderno 6.
52 Testimonio solicitado por Óptima S.A. en su contestación y decretado en el auto del 4 de julio de

2013 (folios 939 a 944 cuaderno 6). El testigo trabajaba en Óptima S.A. para la época de los hechos.
Las mismas consideraciones arriba hechas respecto del artículo 217 del CPC le resultan aplicables.
Folios 1002 a 1008 cuaderno 6.
53 Folios 50 a 126 cuaderno 1.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

Resolución 873 del 15 de agosto de 1995, en la que autorizó el lleno en las
instalaciones del Club, sobre la quebrada la Honda, y ordenó a su Secretaría de
Obras Públicas adelantar la interventoría54.

14. El hecho de que no se hubiera vinculado a Corantioquia no excluye la
legitimación en la causa del municipio y deviene, eventualmente, en un asunto
atinente al fondo de la litis.

II. Problema Jurídico

15. En virtud de que los dos extremos apelaron, esta Sala tiene competencia para
resolver sin limitaciones, de acuerdo con el artículo 357 del CPC55. En este orden,
le corresponde a la Sala definir si la lesión reclamada recaía sobre un interés
legítimo.

III. Análisis de la Sala

3.1. El daño: primer elemento de la responsabilidad civil y del Estado

16. La acción se dirige tanto en contra de personas privadas como públicas, por lo
que, como se ha explicado, el análisis de responsabilidad respecto de cada
demandado obedece al régimen que le es propio.

No obstante, el daño, tanto en el régimen de responsabilidad civil como del Estado,
constituye —invariablemente— el primer elemento, puesto que sin su demostración
no surge la obligación indemnizatoria:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”56.

54 Folio 97 cuaderno 5.
55 “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y

por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.”
56 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan

Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín – EPM
Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

Este elemento ha sido entendido como la afectación, vulneración o lesión a un
interés legítimo y lícito57, que debe quedar certera y suficientemente probado, sin
que sea posible presumirlo. En efecto, la doctrina nacional lo define como:

“(…) toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos
pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se
presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico
y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si
los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber
de reparar- se encuentran reunidos” 58.
(Negrillas fuera del texto original).

Así, el daño —para ser resarcible—, por definición, debe recaer sobre un interés
lícito, de modo que, como lo ha determinado esta Sección:

“(…) la licitud del bien afectado59 es requisito sine quanon [sic] para que el daño
tenga el carácter de antijurídico, en otros términos, el menoscabo no debe tener
por objeto relaciones o situaciones jurídicas ilegítimas, so pena de no poder ser
resarcido (…)”60.
(Negrillas fuera del texto original).

En este punto resulta menester poner de presente que la licitud del interés se erige
como parte del carácter personal del daño. En esta línea, deviene diáfano que,
independientemente del régimen —por definición— la responsabilidad exige la
lesión a un interés, derecho o bien lícito, que debe ser demostrado por el
demandante.

3.2. Sobre las servidumbres para la prestación de los servicios públicos

17. El artículo 669 del Código Civil dispone que “[e]l dominio que se llama también
propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
58 Henao, J.C. Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État

en droit colombien et en droit français, tesis doctoral. Universidad de París 2 Panthéon-Assas,
sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de reparación
en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el
estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28,
enero-junio de 2015; y en la obra colectiva: La responsabilidad extracontractual del Estado. XVI
jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p.
35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-080
de 2020.
59 Nota al pie original del texto: “Por bien se hace referencia a interés, derecho o subjetivo o bien

jurídicamente tutelado.”
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 12 de junio de 2014. Exp: 31185.

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Construcción, y Poblado Club Campestre
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Asunto: Reparación directa

siendo contra ley o contra derecho ajeno.” Y de acuerdo con la doctrina jurídica
especializada:

“El dominio de la propiedad se llama así porque es el derecho en virtud del cual una
cosa me es propia y me pertenece con exclusión de todos los demás. Este
derecho de propiedad considerado con relación a sus efectos debe definirse: el
derecho de disponer libremente de una cosa, sin menoscabar, con todo el derecho
de otro ni atentar contra las leyes. Jus de re libere disponendi o jus utendi et
abutendi.”61.
(Negrillas fuera del texto original).

Así, de antaño se ha señalado que:

“[e]l dominio es en principio un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, que
confiere a su titular las tres facultades de usar, de gozar y de disponer de la cosa
o bien sobre que recae”62.
(Negrillas fuera del texto original).

La Corte Constitucional ha definido los atributos, de la siguiente manera:

“(…) i. el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse
de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir, ii. el ius fruendi o
fructus, que es la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden
o se derivan de su explotación. Finalmente, el derecho de disposición consistente
en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar
por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la
titularidad del bien”63.

Asimismo, ha explicado que “[e]s un derecho exclusivo en la medida en que, por
regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en
su ejercicio”64.

Ahora, según el artículo 793 del Código Civil, la servidumbre es un modo de
limitación del dominio, definida como “un gravamen impuesto sobre un predio, en
utilidad de otro predio de distinto dueño”65, pudiendo ser naturales, voluntarias o
legales66. El artículo 897 ibidem dispone:

“Las servidumbres legales son relativas al uso público, o a la utilidad de los

61 POTHIER. Tratado del derecho de dominio de la propiedad. Madrid, Librería de V. Suárez. P.8.

Disponible en: https://archive.org/details/BRes046820/page/n3/mode/2up.
62 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de marzo de 1965. G.J. LXI,

LXII, p.62. Reiterado, entre otras, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia
del 16 de abril del 2008. Rad. 2000-00050-01 y del 11 de septiembre del 2015, rad: SC12323-2015.
63 Corte Constitucional. Sentencia C-133 de 2009.
64 Corte Constitucional. Sentencia C-189 de 2006.
65 Artículo 879 Código Civil.
66 Artículo 888 Código Civil.

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particulares. Las servidumbres legales, relativas al uso público, son: El uso de las
riberas en cuanto sea necesario para la navegación o flote. Y las demás
determinadas por las leyes respectivas.”
(Negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con el tenor del artículo 760 de la codificación civil67, la servidumbre se
constituye en escritura pública debidamente registrada.

Este gravamen se acompasa con el artículo 58 de la Constitución Política, que reza:

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.”68.
(Negrillas fuera del texto original).

Para el momento en el que empezó la construcción del colector —fecha en la cual
debía constituirse la servidumbre para los efectos— regía el Decreto 951 de 198969,
cuyo artículo 14 expresaba:

“Las redes de acueducto y de alcantarillado deberán ir por la vía pública. De ser
necesaria la utilización de predios privados para el tendido de redes, se deberá
contar con la correspondiente servidumbre en los términos de la ley.

No se podrá construir ninguna edificación sobre las redes de acueducto o de
alcantarillado.”
(Negrillas fuera del texto original).

De esta manera, el paso para las redes de alcantarillado por predios de propiedad
privada —para la época en la que se construyó el colector por el predio ajeno y,
actualmente, en virtud de la Ley 142 de 199470— requiere de la constitución de una
servidumbre, de conformidad con los términos del Código Civil, es decir, mediante

67 “La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública, debidamente
registrada, en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo; podrá esta escritura ser
la misma del acto o contrato principal a que acceda el de la constitución de la servidumbre.”
68 Texto vigente en la época de construcción del colector de EPM. Modificado mediante Acto

Legislativo 1 de 1999.
69 Declarado nulo por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia del 16 de julio de 1998. Exp: 4653. La sentencia no moduló sus efectos, por lo cual el acto
administrativo se presumió válido y debió acatarse hasta la fecha en la que fue removido del
ordenamiento jurídico. Se recuerda que EPM construyó el colector entre 1993 y 1994, momento para
el cual aún no estaba vigente la Ley 142 de 1994.
70 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia del 15 de agosto del 2019. Rad: 2001-23-39-003-2014-00294-01. Acá se asimilan las
servidumbres de paso de tuberías de aguas servidas o acueducto y/o alcantarillado; y Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 14 de enero de 2010. Exp:
35278.

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escritura pública debidamente registrada.

Se concluye entonces que el derecho de dominio es, en principio, exclusivo y le
otorga al propietario el uso, goce y disposición sobre el bien, ejercicio que, no
obstante, puede ser limitado en virtud de la imposición de una servidumbre por
asuntos que, según defina el legislador, reporten utilidad pública, como lo es la
prestación del servicio público de alcantarillado, para lo cual, incluso bajo la
normativa vigente para la época de los hechos71, debía ser constituida mediante
escritura pública y consecuentemente registrada.

3.3. Caso concreto

18. Como se expuso atrás, el daño que se reclama consiste en el colapso del
colector, y los efectos que de ese siniestro emanaron, como que EPM tuvo que
efectuar un vertimiento de aguas residuales en la quebrada, solución provisional
que posteriormente implicó la necesidad de ejecutar un proyecto para disminuir los
problemas ambientales que se causaron, así como la reconstrucción de la
estructura de alcantarillado.

Ya se ha establecido que el colector, propiedad de EPM, efectivamente sufrió el
hundimiento alegado y, de otro lado, que el Poblado Club construyó el Box Culvert
y los llenos en su terreno, y Óptima lo hizo en la urbanización Rocío de la Mañana,
sobre la franja del trazado del colector propiedad de EPM, a lo que se atribuye el
colapso reclamado.

19. Ahora bien, no puede desconocerse que el Poblado Club, desde su
contestación, adujo que EPM no había constituido la servidumbre para que el
colector pasara por el predio de su propiedad, sobre lo cual el a quo guardó silencio,
de modo que este punto se reiteró en la censura.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Sala advierte que EPM, sobre todo para
la época en la que construyó la red, en virtud del Decreto 951 de 1989, debía
constituir la servidumbre sobre los predios de la urbanización Rocío de la Mañana

71Bajo la Ley 142 de 1994, la constitución de las servidumbres puede hacerse mediante acto
administrativo expedido por la entidad competente o proceso judicial, de acuerdo con la Ley 56 de
1989. En cualquier caso, la servidumbre debe registrarse en el respectivo folio de matrícula como
una limitación de la propiedad.

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Construcción, y Poblado Club Campestre
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y Poblado Club para pasar el colector por ese trazado, como un gravamen sobre la
propiedad privada de los demandados. De lo contrario, las sociedades gozaban
plenamente de sus derechos de uso, goce y disposición, con exclusividad, sobre
sus bienes.

20. Revisado el material probatorio, se destaca que no existen elementos de
convicción que permitan establecer que EPM hubiera constituido la servidumbre
sobre los predios del Poblado Club ni de la urbanización Rocío de la Mañana.

En efecto, las únicas pruebas que tratan este punto son los documentos relativos a
la disputa de la construcción del nuevo colector que el Poblado Club pretendía
construir, en cuyo marco el libelista le informó que, si acometía esta obra72, debía
“ceder mediante escritura pública a favor de las Empresas Públicas de Medellín la
servidumbre de la faja de terreno en la cual se instalará el nuevo colector”73. De otro
lado, obra el oficio 535811 del 8 de febrero de 1995, en el que Óptima 74 manifestó
a EPM que remitía “la minuta de servidumbre a favor de las Empresas Públicas de
Medellín”, sin que se aportara al plenario el correspondiente contrato, ni el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria en el que constara la inscripción de la
referida limitante.

Aún más, las declaraciones rendidas en este proceso coinciden en señalar que
sobre los predios no existió ningún gravamen. Así, por ejemplo, Hemel Adolfo Serna
Valencia —vinculado, para el momento de los hechos, con EPM— adujo que:

“PREGUNTADO: Manifieste al despacho si lo sabe, si existía para la fecha de la
ocurrencia de los hechos, es decir, del daño del colector, una servidumbre, u otro
tipo de gravamen en el predio de propiedad del Poblado Club.

CONTESTO [sic]: Tenía conocimiento de acuerdo con la información de bienes
inmuebles de EPM, que no existía servidumbre mediante escritura pública, de
hecho era un porcentaje de participación que realizaría EPM, en el proyecto como
lo mencioné anteriormente, cuando se reunió con los demandados, con el fin de
darle solución a la problemática del asunto. Sin embargo, era conocido por parte de
la Corporación Poblado Club, que existía allí una [sic] redes de alcantarillado
correspondiente al colector la Honda, y que no podrían ser intervenidas, sin realizar
los trámites y autorización por parte de EPM (…)”75.
(Negrillas fuera del texto original).

72 Hecho que el mismo demandante relata que nunca ocurrió y del cual no hay prueba.
73 Oficio 690985 del 21 de mayo de 1997 (folios 56 y 57 cuaderno 1) Reiterado en el oficio 1754 del

10 de diciembre del 2007 (folios 84 a 90 cuaderno 1).
74 Folio 146 cuaderno 1.
75 Folio 986 cuaderno 6.

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En igual sentido, Angélica María Orozco —vinculada a EPM para el momento de los
hechos— narró:

“PREGUNTADO: En una de sus respuestas dadas en la presente declaración, Usted
afirmó que dentro de los costos que asumiría las EPM, estaba la de constituir una
servidumbre para el colector de aguas residuales. Diga si lo sabe, si para la época
en la que se hicieron los llenos, existía alguna servidumbre en favor de las EPM de
Medellín, en el sector que se realizó el daño.

CONTESTO [sic]: Hasta donde tengo conocimiento, no se tenía servidumbre ya
que para la fecha, cuando se construyó el colector, se pedía autorización de paso,
pero no se legalizaba mediante escritura pública (…)”76.
(Negrillas fuera del texto original).

Esta versión concuerda con la de Luis Eduardo Arias —vinculado a Óptima—, quien,
al ser interrogado sobre las condiciones en las que se construyó el colector, depuso:

“(…) Ya después de haber construido el box-coulvert, iniciamos el movimiento de
tierra. Cuando estábamos realizando el movimiento de tierra, EPM fue a la obra y
nos dijo que le permitiéramos construir una red que iría paralela al box-coulvert
(…)”77.

De acuerdo con estos testimonios, EPM no constituyó el gravamen al ejercicio del
derecho real que ostentaban los titulares de los terrenos; su conducta se limitó a
pedir autorización a Óptima para la ejecución de las obras. No obstante, esta Sala
destaca que, de acuerdo con la normatividad vigente para la época, era
indispensable que se impusiera la servidumbre para el paso de las redes de
alcantarillado por predios privados ajenos.

Por otra parte, Claudia María Villegas78 —quien fungía como directora de proyectos
de EPM— manifestó que:

“PREGUNTADO: Diga si lo sabe, si sobre esos predios, de los cuales manifiesta
que no es propietaria las EPM se ha constituido alguna servidumbre para la
construcción del colector.

CONTESTO [sic]: Si [sic]. Se constituyó una servidumbre con la Urbanización Rocío
de la mañana [sic] y con la firma vértice que estaba construyendo unos edificios que
no sé como [sic] se llama la urbanización.

76 Folios 999 y 1000 cuaderno 6.
77 Folio 1002 reverso cuaderno 6.
78
Testimonio solicitado por EPM y decretado en el auto del 4 de julio de 2013 (folios 939 a 944
cuaderno 6). Las mismas consideraciones arriba hechas respecto del artículo 217 del CPC le
resultan aplicables.

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Construcción, y Poblado Club Campestre
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Asunto: Reparación directa

PREGUNTADO. Sabe Usted la época en la cual se constituyó la servidumbre a la
cual hace referencia.

CONTESTO [sic]: Pues antes de iniciar la rehabilitación como tal, se negoció
con Rocío de la mañana [sic] pero no sé exactamente las fechas.

PREGUNTADO: Dígale al despacho, si con relación a los predios de propiedad de
Poblado Club Ejecutivo, sabe Usted si se constituyó alguna servidumbre.

CONTESTO [sic]: Cuando estábamos previos a los trabajos del colector, yo sé que
había una negociación entre vértice y Poblado Club y con Vértice [sic], en la etapa
que se estaban aprobando los diseños de las redes de acueducto y alcantarillado,
acordamos la cesión de la servidumbre del colector a EPM. Todo esto pudo
haber sido en el año 2011.”79.
(Negrillas fuera del texto original).

Nótese que la testigo se refiere a unas servidumbres que, según su dicho, EPM
impuso en el 2011, después del daño y para los trabajos de rehabilitación del nuevo
colector.

A lo anterior se añade que, de acuerdo con el artículo 177 del CPC80, le
correspondía al demandante probar que el paso del objeto que sufrió el daño estaba
permitido de acuerdo con la Ley, pues sólo así podría demostrar la licitud del interés
supuestamente afectado para, junto con los demás requisitos, configurar la
existencia del daño y su eventual antijuridicidad, para la prosperidad de sus
pretensiones resarcitorias. Sin embargo, en la demanda no aportó ni solicitó los
respectivos medios de prueba, ni tampoco lo hizo en el traslado de pronunciamiento
respecto de las excepciones, sobre todo, en consideración a que el Poblado Club lo
puso de presente en su contestación. Tampoco se refirió a este asunto en los
alegatos de conclusión de segunda instancia, a pesar de que fue materia de
impugnación.

En vista de todo lo anterior, EPM no demostró que hubiera gravado los predios por
los cuales pasó, por vía subterránea, su colector, de lo cual se deriva que el Poblado
Club y la urbanización Rocío de la Mañana mantenían el pleno uso, goce y
disposición, con exclusión de terceros, sobre la totalidad de sus inmuebles, de modo
que el tránsito de la estructura de alcantarillado por esos terrenos no estaba
legalmente constituido.

79 Folio 1043 reverso cuaderno 6.
80 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico

que ellas persiguen.”

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Asunto: Reparación directa

Las afectaciones sufridas por el colector construido por EPM en los terrenos del
Poblado Club y la urbanización Rocío de la Mañana no recaen sobre un interés lícito
en cuanto incumben un bien cuyo paso por los predios ajenos no se hallaba
amparado ni protegido por el ordenamiento jurídico, por lo que no se configura un
daño, y por consiguiente resulta estéril analizar los demás elementos de la
responsabilidad civil.

IV. Conclusión

21. De acuerdo con el problema jurídico esbozado, se concluye que las afectaciones
al colector se debieron —según se alega— a las sobrecargas a las que fue sometido
por cuenta de las obras del Poblado Club en su terreno y de Óptima S.A. en la
urbanización Rocío de la Mañana, sin que la demandante hubiera constituido las
servidumbres necesarias para trazar sus redes por los predios ajenos. En este
sentido, no existe una lesión a un interés legítimo que permita considerar la
existencia de un daño resarcible y, en consecuencia, no se demuestra el primer
elemento de la responsabilidad, razón suficiente para revocar la sentencia apelada.

V. Costas

22. En virtud del artículo 171 del CCA – subrogado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998, norma vigente al momento de la presentación de la demanda – la Sala no
condenará en costas, porque no está probada una actitud temeraria del recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de mayo del 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Quindío y, en su lugar, disponer:

“1°.- NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de este proveído.”

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

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Radicación: 05001-23-31-000-2009-01519-03 (68.918)
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Demandado: Municipio de Envigado, Óptima S.A. Vivienda y
Construcción, y Poblado Club Campestre
Ejecutivo S.A.
Asunto: Reparación directa

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE81
NICOLÁS YEPES CORRALES

81 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado

y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF

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