RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2010-00324-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00324-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00324-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda. 2°) Sin condena en costas en segunda instancia. 3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2010-00324-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

10 de octubre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Demandantes: GUSTAVO ALBERTO CORREA FLÓREZ Y OTROS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - NO REMOCIÓN
OPORTUNA DE UN AUXILIAR DE LA JUSTICIA

Síntesis del caso: el 19 de marzo de 2005, la Superintendencia de Sociedades convocó a
la Corporación Médica CMD SA al trámite de liquidación obligatorio contemplado en la Ley
222 de 1995, en consecuencia, designó al señor Adrián Osorio Lopera como liquidador de
la sociedad, no obstante, pese a que este incurrió en diversas omisiones no fue removido
de su cargo de manera oportuna lo que contrajo una serie de perjuicios, por lo cual la parte
actora estima que le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual a la entidad estatal.
La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será
confirmada.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 1852 a
1859 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018
por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 1824 a 1848 cdno. apelación) que
dispuso:

“PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin costas en la presente instancia por no aparecer
causadas (…).” (fl. 1848 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del
texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 1° de febrero de 2010 (fl. 1262 cdno. 4), los señores
Clara Isabel Correa Flórez, Adriana María Velásquez Mejía, Juan Bautista Cano
Héncker y Gustavo Alberto Correa Flórez, este último quien actúa en nombre propio
y en representación de su hija menor de edad María Antonia Correa Ángel, en la
condición de socios de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación por
intermedio de apoderado judicial promovieron demanda de reparación directa
consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la

2

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Superintendencia de Sociedades (fls. 1213 a 1261 cdno. 4) con las siguientes
súplicas:

“PRIMERO: Que se declare que la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES incurrió en una omisión administrativa, al abstenerse de
ejercer, conforme a la ley, el control sobre las omisiones y hechos del
liquidador de la CORPORACIÓN MÉDICA CMD SA EN LIQUIDACIÓN,
no obstante haberse puesto en su conocimiento las mismas.

SEGUNDO: Que se declare que la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES generó una operación administrativa, al incurrir de manera
reiterativa en omisiones y hechos, desconociendo sus funciones, desde
el inicio de la liquidación obligatoria de la CORPORACIÓN MÉDICA CMD
SA EN LIQUIDACIÓN hasta la fecha en que se efectuó el cierre de la
liquidación al abstenerse de ejercer, conforme a la ley.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se declare que la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES es administrativamente
responsable de los perjuicios materiales causados a GUSTAVO
ALBERTO CORREA FLÓREZ, a su menor hija MARÍA ANTONIA
CORREA ÁNGEL, CLARA ISABEL CORREA FLÓREZ, ADRIANA MARÍA
VELÁSQUEZ MEJÍA y JUAN BAUTISTA CANO HÉNCKER, en su
condición de socios de la CORPORACIÓN MÉDICA CMD LTDA (sic),
HOY CORPORACIÓN MÉDICA CMD SA EN LIQUIDACIÓN por la
omisión administrativa en que incurrió, al abstenerse de ejercer, conforme
a la ley, el control sobre las omisiones y hechos del liquidador de la
CORPORACIÓN MÉDICA CMD SA EN LIQUIDACIÓN, no obstante
haberse puesto en su conocimiento las mismas.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se declare que la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES es administrativamente
responsable de los perjuicios materiales y morales, causados a
GUSTAVO ALBERTO CORREA FLÓREZ, a su menor hija MARÍA
ANTONIA CORREA ÁNGEL, CLARA ISABEL CORREA FLÓREZ,
ADRIANA MARÍA VELÁSQUEZ MEJÍA y JUAN BAUTISTA CANO
HÉNCKER, en su condición de socios de la CORPORACIÓN MÉDICA
CMD LTDA (sic), HOY CORPORACIÓN MÉDICA CMD SA EN
LIQUIDACIÓN, por la operación administrativa, al incurrir de manera
reiterativa en omisiones y hechos, desconociendo sus funciones, desde
el inicio de la liquidación obligatoria de la CORPORACIÓN MÉDICA CMD
SA EN LIQUIDACIÓN hasta la fecha en que se efectuó el cierre de la
liquidación al abstenerse de ejercer, conforme a la ley.

QUINTO: Condenar a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, como
reparación del daño ocasionado, a pagar a los convocantes, los perjuicios
de orden material, los cuales se estiman como mínimo en la suma de
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS MCTE ($66.981.991.853) o lo que resulte probado dentro
del proceso.

SEXTO: CONDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,
como reparación del daño ocasionado, a pagar a los convocantes, los
perjuicios morales objetivados causados, los cuales se estiman como
mínimo en la suma equivalente a 1000 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES o lo que resulte probado dentro del proceso y
sea tasado por el despacho (…).” (fls. 1214 a 1216 cdno. 4 - negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).

3

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) En el acápite de estimación razonada de la cuantía de la demanda se consignó
lo siguiente:

“Perjuicios materiales: consistente en el lucro cesante y el daño
emergente causado. Erogaciones económicas que dejó de percibir CMD
EN LIQUIDACIÓN, como consecuencia de las omisiones y de la
operación administrativa, en las que incurrió la CONVOCADA y el
liquidador designado por la misma, representadas en las cantidades
aprobadas a cada una de las personas que se mencionan a continuación,
que equivalen a valores superiores a los que en efecto se adeudaban,
sanciones, cartera no cobrada, sumas dejadas de percibir por no
interposición de acciones judiciales dentro de los términos legales, pagos
sin soporte, títulos judiciales no cobrados, bonos de paz no tramitados y
mayores valores aprobados por la DIAN:

Nombre Daño Lucro cesante Total
emergente
Bonsalud 87.366.030 445.557.569 532.923.599
Municipio de 11.369.292 27.412.755 38.782.047
Sonsón
Contrato 1284 2.476.433.545 1.845.992.432 4.322.425.977
Contrato 1120 379.721.199 687.416.521 1.067.137.720
Radicado 2003-
00335
María Cristina
Duque
Superintendencia 23.436.449.73 33.703.986.70 57.140.436.43
Nacional de Salud 4 1 5
Créditos aprobados 1.157.954.608 966.930.571 2.124.885.179
de más
DIAN 39.837.000 7.097.386 46.934.386
Bonos de paz 7.891.999 23.541.858 31.433.857
Total 28.579.426.00 38.402.565.85 66.981.991.85
2 1 3

Total DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
($66.981.991.853) o lo que resulte probado dentro del proceso.

PERJUICIOS MORALES: Los cuales se estiman como mínimo en la suma
equivalente a 1000 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES” (fls. 1260 a 1261 cdno. 4 - mayúsculas fijas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 19 de marzo de 2005, la Superintendencia de Sociedades convocó a la
Corporación Médica CMD SA al trámite de liquidación obligatorio contemplado en
la Ley 222 de 1995 y, en consecuencia, designó al señor Adrián Osorio Lopera como
liquidador de la sociedad.

4

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) En el transcurso del proceso de liquidación, el señor Adrián Osorio Lopera incurrió
en las siguientes omisiones:

a) No objetó el auto de calificación y graduación de créditos a pesar de que se
aprobaron unas sumas de dinero que excedían el valor de lo realmente debido por
la sociedad, tampoco demandó dicha providencia.

b) No instauró acciones judiciales en procura de obtener el pago de acreencias en
favor de la sociedad y a cargo del municipio de Sonsón (Antioquia), la Caja Nacional
de Previsión Social, la Superintendencia de Salud, SaludCoop y el señor Ómar
Ramírez.

c) No ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Superintendencia de Salud quien, a través de unos actos administrativos, sancionó
a la sociedad.

d) No presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Superintendencia de Salud quien profirió las Resoluciones números 1839 de 2003
y 005 de 2004, mediante las cuales negó la promoción del acuerdo de
restructuración de la sociedad.

e) No formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Caja Nacional de Previsión Social, quien expidió la Resolución número 903 de 2006
que causó una serie de perjuicios de tipo económico a la sociedad.

f) No inició procesos de reparación directa en contra de la Superintendencia de
Salud por haber inadmitido la entrada de la sociedad a una restructuración de
pasivos conforme lo dispone la Ley 550 de 1999, así como también por no haber
ejercido sus funciones de vigilancia y control.

g) No otorgó poder de representación judicial en los procesos contractuales y de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciados por la sociedad en contra de la Caja
Nacional de Previsión Social.

h) No realizó el cobro de unas inversiones efectuadas por la sociedad consistente
en unos bonos de solidaridad.

i) No declaró la retención en la fuente por los servicios pagados entre los años 2005

5

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

a 2007.

j) Perdió parte de la documentación de la sociedad que estaba a su cargo, tales
como los movimientos contables de abril a diciembre del año 2005, RUT, libros de
actas, libros de las juntas directivas, declaraciones de IVA, declaraciones de
retención en la fuente, declaraciones de renta, declaraciones de industria y
comercio.

k) No recaudó la cartera en favor de la sociedad y a cargo de Caprecom, Clínicas
Unidas, Colsanitas, Humana Vivir, Salud Vida, SaludCoop, Coosalud, Fundación
Médico Preventiva, Colsanitas, Coomeva Medicina Prepagada, Libérty Seguros,
Coodan, Fracturas la 33, Farmasanitas, Salud Colombia EPS y Red Salud.

l) Realizó el pago de unos supuestos créditos a cargo de la sociedad sin existir
soportes para ello.

3) Se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la
Superintendencia de Sociedades porque no removió de manera oportuna al
liquidador Adrián Osorio Lopera a pesar de que se le informó a la entidad sobre las
graves omisiones que este incurrió, lo que trajo como consecuencia una serie de
perjuicios que deben ser indemnizados1 (fls. 1213 a 1261 cdno. 4).

3. Contestación de la entidad demandada

Por auto del 8 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda y ordenó la notificación personal del representante legal de la entidad
demandada (fls. 1263 a 1264 cdno. 4).

1
Del escrito de la demanda se advierte lo siguiente “El señor Gustavo Correa remitió copia de todas
las comunicaciones que dirigía al liquidador a la Superintendencia de Sociedades, más esta nunca
realizó actividad alguna tendiente a relevar al liquidador de su cargo con antelación al 6 de noviembre
de 2007, fecha en la cual mediante auto fue removido teniendo en cuenta las graves y reiteradas
conductas y omisiones; previo a esta fecha, la convocada jamás lo requirió ante su ineficiencia, pues,
no obstante enterarse de las diversas acciones judiciales que debía adelantar este, así como de las
actuaciones que el señor Correa le informaba debían realizarse en beneficio de la entidad,
entiéndase, CMD en liquidación, la aquí convocada guardó total silencio, y peor aún, no hizo ninguna
gestión, ni tan siquiera seguimiento como era su obligación y omitiendo el ejercicio de las facultades
de inspección y vigilancia y control que la misma tiene, al tenor de lo dispuesto en la normatividad
vigente sobre la materia. (…) La inactividad de la convocada al no requerir, vigilar, controlar,
sancionar, ni relevar oportunamente al liquidador ha generado daño a mis mandantes, en virtud a
que se dejaron de percibir considerables sumas de dinero, las cuales podían recuperarse, entre otras
actividades, mediante la interposición de las acciones que debían iniciarse a favor de CMD en
liquidación” (fl. 1237 cdno. 4).

6

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Mediante escrito radicado el 29 de abril de 2010, la Superintendencia de Sociedades
se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que i) sus funciones en
el marco de un proceso concursal son de carácter jurisdiccional, en ese sentido, no
es posible atribuirle responsabilidad patrimonial extracontractual por las actuaciones
del liquidador quien era el administrador de la sociedad Corporación Médica CMD
SA en Liquidación; ii) el señor Adrián Osorio Lopera es el responsable de sus
omisiones como lo dispone el artículo 167 de la Ley 222 de 1995 y, iii) se debe
declarar la culpa de la víctima porque el señor Gustavo Alberto Correa Flórez, quien
era el representante legal de la sociedad previo a entrar en proceso de liquidación,
hizo un inadecuado manejo de los recursos (fls. 1268 a 1306 cdno. 4).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 28 de febrero de 2018
negó los requerimientos de la demanda (fls. 1824 a 1848 cdno. apelación); como
argumentos de la decisión expuso lo siguiente:

1) En la medida que el demandante Gustavo Alberto Correa Flórez hizo parte de la
junta asesora del liquidador, podía haber presentado objeciones en contra del auto
de calificación y graduación de créditos con base en las facultades otorgadas por el
ordenamiento jurídico.

2) No hay evidencia de que los socios de la Corporación Médica CMD SA en
Liquidación formularon alguna queja o solicitado la remoción del liquidador Adrián
Osorio Lopera ante la Superintendencia de Sociedades, por el contrario, los
elementos materiales probatorios acreditan que dicha entidad inició de oficio un
incidente de remoción del auxiliar de la justicia luego de advertir unas
irregularidades.

3) La junta directiva de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación tenía la
posibilidad de iniciar un proceso ordinario en contra del liquidador Adrián Osorio
Lopera si consideraba que este incumplió de manera grave sus funciones en virtud
del artículo 167 de la Ley 222 de 1995.

4) No puede predicarse un daño a la sociedad Corporación Médica CMD SA en
Liquidación por el hecho de que el liquidador no inició las acciones judiciales que se
describen en la demanda porque los resultados de estos procesos eran inciertos.

7

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

5. Recurso de apelación

El 3 de abril de 2018, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fls. 1852
a 1859 cdno. apelación), las razones de inconformidad con el fallo de primera
instancia se resumen así:

1) Se debe tener en cuenta el dictamen pericial según el cual la Corporación Médica
CMD SA entró en proceso de liquidación obligatorio debido a que la Caja Nacional
de Previsión Social le debía una suma de dinero superior a los tres mil millones de
pesos, de modo que no se puede concluir que lo fue por un manejo irresponsable
de los recursos por parte del señor Gustavo Alberto Correa Flórez.

2) La objeción al auto de calificación y graduación de créditos le correspondía al
liquidador Adrián Osorio Lopera por ser quien representaba en su momento a la
sociedad, además, debe tenerse en cuenta que fue la Superintendencia de
Sociedades quien calificó y graduó los créditos en detrimento de la parte actora
porque lo hizo por un valor mayor al que realmente debía.

3) La junta directiva de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación sí informó a
la Superintendencia de Sociedades sobre las omisiones del liquidador Adrián Osorio
Lopera, pero, a pesar de ello, la entidad no tomó las medidas necesarias para
impedir que se causaran perjuicios.

4) No es cierto que la junta directiva de la Corporación Médica CMD SA en
Liquidación no hizo uso de sus facultades, en el acta número 1 del 24 de octubre de
2005 consta que el señor Gustavo Alberto Correa Flórez le informó al liquidador
Adrián Osorio Lopera que los créditos de la sociedad fueron calificados por un valor
superior de lo que realmente se adeudaba.

5) Si bien el liquidador Adrián Osorio Lopera fue removido por la Superintendencia
de Sociedades, lo cierto es que ello se hizo cuando ya se habían causado los
perjuicios a la sociedad y, por ende, la actuación de la entidad no fue oportuna.

6) El señor Gustavo Alberto Correa Flórez remitió copia a la Superintendencia de
Sociedades de todas las comunicaciones que dirigía al liquidador Adrián Osorio
Lopera en las que se le informaba sus omisiones, sin embargo, la entidad no lo
removió de su cargo de manera oportuna.

8

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

7) Debe tenerse en cuenta el segundo dictamen pericial rendido en el proceso de la
referencia que da cuenta de los perjuicios sufridos por la parte actora, así como
también la declaración de la señora Edilma Hidalgo quien conoció todo el proceso
por el que tuvo que atravesar la Corporación Médica CMD SA en Liquidación.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 13 de julio de 2018 (fl. 1983 cdno. apelación) se admitió el recurso de
apelación y el 10 de abril de 2019 (fl. 1996 cdno. apelación) se corrió traslado a las
partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de
diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, las partes (fls. 1986 a 2001 cdno. apelación)
reiteraron los argumentos expuestos durante el trámite del proceso, mientras que el
Ministerio Público guardó silencio (fl. 2016 cdno. apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual, 3)
conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso la Superintendencia de Sociedades es patrimonial y
extracontractualmente responsable por la no remoción oportuna del liquidador de la
Corporación Médica CMD SA en Liquidación Adrián Osorio Lopera, lo cual, según
la parte actora, trajo como consecuencia una serie de perjuicios que deben ser
indemnizados.

2
En el presente asunto, se pretende que se declare la responsabilidad patrimonial extracontractual
de la Superintendencia de Sociedades porque no removió de manera oportuna al liquidador de la
Corporación Médica CMD en Liquidación Adrián Osorio Lopera, actuación que finalmente se ejecutó
el 19 de diciembre de 2007 (fls. 89 a 91 cdno. 4); la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó
el 13 de noviembre de 2009 y se declaró fallida el 14 de enero de 2010 (fl. 1211 cdno. 3), mientras
que la demanda se formuló el 1° de febrero de 2010 (fl. 1262 cdno. 4), de modo que se interpuso en
tiempo de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del CCA.

9

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

En ese sentido, se confirmará la decisión de primera instancia que denegó los
requerimientos de la demanda porque el daño invocado no recayó sobre los
demandantes Clara Isabel Correa Flórez, Adriana María Velásquez Mejía, Juan
Bautista Cano Héncker y Gustavo Alberto Correa Flórez, quienes comparecieron al
proceso de la referencia en la condición de socios de la Corporación Médica CMD
SA en Liquidación, sino que, el mismo fue padecido por la sociedad en su carácter
de persona jurídica y, en todo caso, lo cierto es que, aún si en gracia de discusión
se admitiera que los demandantes sufrieron un menoscabo, este no es atribuible a
la entidad demandada.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual

2.1 Hechos probados

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentran
demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la
controversia:

1) El 19 de abril de 2005, la Superintendencia de Sociedades convocó a la
Corporación Médica CMD SA al trámite de liquidación obligatoria de los bienes que
conformaban su patrimonio en los términos de la Ley 222 de 1995, en consecuencia,
nombró como liquidador de la sociedad al señor Adrián Osorio Lopera (fls. 13 a 18
cdno. 1).

2) El 25 de abril de 2005, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez en la condición de
accionista de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación le informó al liquidador
Adrián Osorio Lopera que i) la abogada María Cristina Duque estaba encargada de
unos procesos judiciales iniciados por la sociedad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y, ii) la abogada Diana Patricia Cano estaba a cargo de
dos procesos ejecutivos, uno incoado en contra del municipio de Sonsón (Antioquia)
por el incumplimiento de una conciliación y, el otro, entablado en contra del señor
Omar Ramírez por el no pago de unos cánones de arrendamiento y servicios
públicos; asimismo, le puso en conocimiento que en contra de la última apoderada
se impuso una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura porque esta no había
informado sobre los estados de los trámites judiciales (fls. 24 a 141 cdno. 1).

3) El 17 de mayo de 2005, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez le entregó al
liquidador Adrián Osorio Lopera una serie de documentos, entre ellos una carta

10

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

suscrita el 31 de mayo de 2004 por la abogada Diana Patricia Cano dirigida a la
Corporación Médica CMD SA en la que puso de presente que i) se debían iniciar
labores para recuperar las acreencias a cargo de la Fundación Médico Preventiva,
Humana Vivir SA, Salud Vida SA EPS -quien adeudaba la suma de $7.071.852
desde el 31 de julio de 2002-, Farmasanitas -cuya deuda ascendía a la suma de
$1.989.383 desde el 31 de octubre de 2002-, SaludCoop -la cual debía el valor de
$7.866.809 desde el 10 de febrero de 1999- y Caprecom -entidad que adeudaba la
suma de $3.341.710 desde el 27 de marzo de 2000- y ii) era pertinente estar
pendiente del estado de las reclamaciones presentadas ante Bonsalud quien debía
la suma de $87.366.030.

Igualmente, le informó que la abogada Diana Patricia Cano estaba encargada de
realizar el cobro de los “bonos de paz” del Banco de Occidente (fls. 143 a 145 cdno.
1).

4) El 17 de mayo de 2005, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez le informó al
liquidador Adrián Osorio Lopera que con antelación al trámite de liquidación la
Corporación Médica CMD SA i) inició un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Superintendencia de Salud porque negó la solicitud de
acuerdo de restructuración, ii) presentó derechos de petición ante la Caja Nacional
de Previsión Social en procura de obtener el reconocimiento de unas acreencias a
su cargo y así poder instaurar en su contra una demanda e, iii) inició un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión
Social porque impuso una sanción con ocasión del contrato número 258 de 2003,
trámite en el que se vulneró el derecho de defensa (fls. 147 a 155 cdno. 1).

5) El 14 de septiembre de 2005, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez le solicitó
al liquidador Adrián Osorio Lopera que i) otorgara poder a un abogado para que
iniciara un proceso contractual en contra de la Caja Nacional de Previsión Social
con el objeto de que se declarara la existencia del contrato número 258 de 2003,
así como también su incumplimiento y liquidación, asimismo, le puso de presente
que el término de caducidad vencía el 31 de octubre de 2005; ii) otorgara poder a
un abogado para que convocara un tribunal de arbitramento con el objeto de que se
declarara la existencia del contrato número 1284 de 2000 celebrado con la Caja
Nacional de Previsión Social, y que se declarara su incumplimiento y liquidación,

11

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

igualmente, le puso de presente que el término de caducidad vencía en el mes de
octubre de 20053 (fls. 156 a 157 cdno. 1).

6) El 16 de septiembre de 2005, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez le solicitó
al liquidador Adrián Osorio Lopera que i) otorgara poder a un abogado para que
presentara una demanda de reparación directa en contra de la Superintendencia de
Salud por haber inadmitido a la Corporación Médica CMD SA a un proceso de
restructuración, puesto que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que había sido impuesta fue “devuelta”, igualmente, le puso de presente que el
término de caducidad vencía el 6 de noviembre de 2005; ii) otorgara poder a un
abogado para que presentara una demanda de reparación directa en contra de la
Superintendencia de Salud por el incumplimiento de sus funciones de vigilancia y
control sobre Bonsalud EPS, al propio tiempo, le puso de presente que el término
de caducidad vencía el 31 de mayo de 2006 y, iii) otorgara poder a un abogado para
que estuviera a cargo de tres procesos (dos contractuales y uno de restablecimiento
del derecho) iniciados en contra de la Caja Nacional de Previsión Social que
cursaban ante el Tribunal Administrativo de Antioquia4 (fls 158 a 159 cdno. 1).

7) El 24 de octubre de 2005 se reunieron el liquidador Adrián Osorio Lopera y la
Junta Asesora de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación, ocasión en la que
el señor Gustavo Alberto Correa Flórez puso de presente que varias de las
graduaciones y calificaciones de créditos no correspondían a lo realmente
adeudado, de modo que el auxiliar de la justicia se comprometió a realizar una
“verificación y confrontación con cada uno de ellos para conciliar los valores que no
se pudieron objetar en su momento”, de otra parte, el liquidador solicitó autorización
para otorgar poder a un abogado para que promoviera una nueva demanda en
contra de la Caja Nacional de Previsión Social (fls. 539 a 541 cdno. 2).

8) El 31 de marzo de 2006, el liquidador Adrián Osorio Lopera informó a la Junta
Asesora de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación que inició un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión
Social para que se declarara la ilegalidad de la Resolución número 903 de
noviembre de 2006 y se reconociera en favor de la sociedad la suma de dos mil
trescientos sesenta y seis millones de pesos ($2.366.000.000) (fl. 685 cdno. 2).

3
Se precisa que este comunicado fue enviado con copia a la Superintendencia de Sociedades.
4
Ibidem.

12

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

9) El 9 de marzo de 2007, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez solicitó al
liquidador Adrián Osorio Lopera que expidiera copias i) de las demandas de
reparación directa formuladas en contra de la Superintendencia de Salud, ii) la
demanda del proceso ejecutivo iniciado en contra del municipio de Sonsón
(Antioquia) y, iii) la demanda incoada ante un tribunal de arbitraje en contra de la
Caja Nacional de Previsión Social por las acreencias derivadas del contrato 1284
de 2000, asimismo, le solicitó que informara en caso de no haberse interpuesto tales
demandas.

Por otro lado, lo requirió para que comunicara el estado actual del proceso
contractual iniciado en contra de la Caja Nacional de Previsión Social en virtud del
contrato número 258 de 2003, así como también del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por una sanción impuesta a la sociedad.

Finalmente, lo instó para que informara sobre las acciones ejecutadas para
recuperar las acreencias debidas por parte de Clínicas Unidas, Caprecom,
Colsanitas, Humana Vivir EPS, Red Salud EPS, Salud Vida EPS, SaludCoop EPS,
Coosalud ARS, Coodan, Fundación Médico Preventiva, Salud Coomeva Medicina
Prepagada, Fracturas la 33 y Farmasanitas5 (fls. 536 a 537 cdno. 2).

10) El 9 de marzo de 2007, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez pidió al liquidador
Adrián Osorio Lopera que evaluara la posibilidad de presentar una demanda en
contra del auto mediante el cual la Superintendencia de Sociedades calificó y
graduó los créditos de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación, toda vez que
algunos de ellos fueron aprobados por un mayor valor al realmente debido conforme
se desprendía de la contabilidad de la sociedad6 (fl. 537 cdno. 2).

11) El 9 de marzo de 2007, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez requirió al
liquidador Adrián Osorio Lopera que evaluara la posibilidad de otorgar poder a un
abogado para que presentara una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión Social quien expidió la
Resolución número 00903 del 30 de noviembre de 20067 (fls. 542 a 543 cdno. 2).

12) El 23 de marzo de 2007, el liquidador Adrián Osorio Lopera informó al señor
Gustavo Alberto Correa Flórez que i) desarrolló diversas labores para recuperar los

5
Se pone de presente que este comunicado fue enviado con copia a la Superintendencia de
Sociedades.
6
Ibidem.
7
Se advierte que este comunicado fue enviado con copia a la Superintendencia de Sociedades.

13

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

activos y cuentas por cobrar a terceros -sin especificar cuáles- y, ii) se comunicó
con los apoderados judiciales que estaban a cargo de los procesos iniciados por la
Corporación Médica CMD SA en Liquidación y que estaba a la espera de que le
informaran el estado de los mismos. Por otro lado, le solicitó que se contactara con
la abogada Ivette Gardeazábal para que presentara la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la resolución emitida por la Caja Nacional
de Previsión Social que fue notificada el 14 de diciembre de 2006, así: “dado que
usted tiene sus contactos en la ciudad de Bogotá con la doctora Ivette Gardeazabal,
le solicitamos sus buenos oficios para que ella presente y atienda esta demanda en
dicha ciudad, sin que ello implique un gasto para la empresa” (fls. 611 a 612 cdno.
2).

13) El 4 de abril de 2007, el señor Gustavo Alberto Correa Flórez manifestó su
preocupación ante el señor Adrián Osorio Lopera, pues, a pesar de que contactó a
la abogada Ivette Gardeazábal para que instaurara la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, lo
cierto es que este último no le facilitó los documentos necesarios para elaborar la
misma8.

De dicha comunicación se destaca lo siguiente:

“En mi calidad de accionista de CMD en liquidación, manifiesto a usted mi
preocupación con relación a lo dispuesto por Cajanal en Liquidación,
mediante resolución número 903 de 2006, a través de la cual se reconoce
a favor de CMD una mínima parte de las acreencias.

(…) Imperioso resaltar que CMD se encuentra actualmente en sus manos
en razón a su carácter de liquidador, teniendo como uno de sus deberes,
propender con la mínima diligencia, por la recuperación de las acreencias,
aspecto que a la postre, igual beneficiaría a los acreedores de CMD, en
la medida en que, habría más liquidez para cancelarles a estos.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta su comunicación de marzo 13 de
2007, contacté a la doctora Ivette Gardeazábal como la profesional del
derecho para encargarle la gestión judicial en comento, en virtud de lo
cual, la misma se desplazó a su oficina el día 3 de abril de 2007, a fin de
obtener la información y los documentos necesarios para presentar la
demanda respectiva.

De acuerdo a lo informado por la doctora Gardeazábal fue imposible
obtener los documentos mínimos para interponer la demanda
correspondiente, pues ni usted ni el doctor John William Álvarez, último
este que representó a CMD en Liquidación ante Cajanal en Liquidación
en el agotamiento de la vía gubernativa respecto de las resoluciones 291
y 300 de 2005, suministraron los mismos, pues ni siquiera fue posible
obtener copia del memorial mediante el cual el profesional del derecho
agotó la referida vía, y mucho menos los documentos relacionados en la

8
Ibidem.

14

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

propuesta por ella presentada ante su oficina.

Frente a esta circunstancia, la doctora Gardeazábal no asumió el caso,
toda vez que al no contar con la documentación que conforme a la
normatividad vigente es indispensable para instaurar la demanda, sin
correr el riesgo de una posible inadmisión frente a la que no existe certeza
de su rechazo al desconocer el término de entrega efectiva de los
documentos, en el entendido en que el término de caducidad se vence el
día 13 de abril de 2007, dado que el día 14 es sábado y no es hábil para
los juzgados, mal podría la misma asumir una responsabilidad de este
talante.

(…) no me queda más remedio que recordarle la importancia de esta
acción, así como su responsabilidad frente a la defensa de los intereses
de CMD en Liquidación” (fls. 613 a 617 cdno. 2).

14) El 13 de abril de 2007 y el 31 de julio de 2007, el liquidador Adrián Osorio Lopera
presentó un informe de gestión ante la Junta Asesora de la Corporación CMD SA
en Liquidación en el que puso de presente que contrató a un abogado para que
presentara la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Caja Nacional de Previsión Social (fls. 1506 a 1507 cdno. 4, 702 cdno. 2).

15) El 25 de octubre de 2007, el accionista Juan Bautista Cano Héncker presentó
un derecho de petición al liquidador Adrián Osorio Lopera en el que requirió que i)
realizara un informe detallado de los procesos judiciales y administrativos
adelantados antes y durante el trámite de la liquidación, ii) expidiera copias de los
contratos suscritos con los abogados que asumieron la representación de la
Corporación Médica CMD SA en Liquidación, iii) desarrollara un informe final de la
liquidación; iv) expidiera copia de la denuncia penal por la pérdida de los
documentos de la liquidación y, v) informara sobre la gestión hecha para el cobro
de las acreencias en favor de la sociedad (fl. 847 cdno. 2).

16) El 25 de octubre de 2007 y el 27 de febrero de 2008, el accionista Juan Bautista
Cano Héncker solicitó a la Superintendencia de Sociedades que interviniera con el
fin de que el liquidador resolviera la petición formulada (fls. 844 a 845 cdno. 2).

17) El 6 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Sociedades inició de oficio
un incidente de remoción en contra del liquidador Adrián Osorio Lopera (fls. 82 a 86
cdno. 4).

18) El 19 de diciembre de 2007, la Superintendencia de Sociedades removió al
señor Adrián Osorio Lopera del cargo de liquidador de la Corporación Médica CMD
SA en Liquidación porque incurrió en las siguientes irregularidades i) no ejecutó la
totalidad del plan de pagos en favor de los acreedores de la sociedad a pesar de

15

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

que este informó al despacho lo contrario, ii) pagó unos servicios públicos desde el
año 2006 hasta el año 2007 a pesar de que los inmuebles de propiedad de la
concursada fueron vendidos a través de subasta pública el 22 de junio de 2006, iii)
pagó la suma de $125.961.154 al señor John Wílliam Álvarez por concepto de
honorarios de asesoría jurídica aun cuando en la cuenta de cobro el abogado
especificó que el valor correspondía a la suma de $90.561.154, iv) elaboró unos
cheques sin los comprobantes de pago correspondientes, v) no realizó la retención
en la fuente de los pagos realizados por concepto de servicios y honorarios y, vi) los
estados financieros no correspondían a la realidad patrimonial existente de la
concursada. En reemplazo del auxiliar de la justicia se nombró al señor Juan
Guillermo Valencia Ochoa (fls. 89 a 91 cdno. 4).

19) El 24 de abril de 2008, la Superintendencia de Sociedades remitió el derecho
de petición presentado por el accionista Juan Bautista Cano Héncker al nuevo
liquidador Juan Guillermo Valencia Ochoa, quien informó lo siguiente:

“A continuación me permito dar respuesta a los puntos solicitados por el
señor Juan Bautista Cano de acuerdo a la información recibida por parte
del ex liquidador de CMD (…).

1. Informe detallado de los procesos judiciales y administrativos que se
hayan adelantado antes, dentro y con posterioridad a la liquidación,
determinando el estado actual de los mismos: al respecto, me permito
informarle que el señor Adrián Osorio me hizo entrega de cuatro carpetas
que contienen copias simples de procesos ante Cajanal, Super Salud por
‘prácticas inseguras’, Super Salud por resolución sanción número 258 de
2004 y Cajanal por contrato 1329 de 2000 unión temporal. De dichos
procesos, sólo se entregó copia simple sin un informe del estado de los
mismos, es más, no se informó la ubicación del apoderado de cada
proceso.

2. Copia de los contratos suscritos con los respectivos abogados para
asumir la defensa de la entidad en dichos procesos y de los pagos
efectuados a los mismos acompañados de los soportes de dichos pagos:
la copia de los contratos a los que se alude en este numeral no fue
entregado por el ex liquidador, en relación con los comprobantes de pago
de los honorarios a los abogados, se anexan los encontrados en las
carpetas entregadas por el señor Osorio.

3. Informe final de la liquidación: no figura en los documentos entregados
el informe final de la liquidación, se encontraron los informes de rendición
de cuentas del año 2005 y 2006.

4. Copia del denuncio penal y de pérdida de los documentos de la
liquidación, en informe detallado de cuáles de ellos fueron objeto de dicha
pérdida: no tengo conocimiento de que se hayan perdido documentos de
la liquidación.

5. Informe de la gestión efectuada respecto de las cuentas por cobrar a
favor de CMD: de los documentos entregados por el señor Osorio, se
observa que se realizaron las labores tendientes al cobro de la cartera a
Cajanal; no se observa gestión para los demás acreedores,

16

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

adicionalmente a la fecha de entrega de los documentos, en los libros
registrados las cuentas por cobrar figuran en cero pesos.

6. Por qué se tomó la decisión de llevar como impuestos asumidos, la
retención que hizo Cajanal que asciende a $24.587.637: este es un punto
del cual sólo el anterior liquidador puede pronunciarse, pues es este y la
misma Superintendencia de Sociedades que tienen mayor conocimiento
del proceso liquidatorio del que yo pueda tener, pues sólo recibí la poca
información entregada por el ex liquidador, el día 11 de febrero de 2008,
lo cual no me permite entregar un concepto al respecto” (folio 848 cdno.
2 y fls. 95 a 96 cdno. 4).

20) El 7 de julio de 2008, el nuevo liquidador Juan Guillermo Valencia Ochoa informó
a la junta asesora de la Corporación CMD SA en Liquidación lo siguiente i) el señor
Adrián Osorio Lopera no realizó la retención en la fuente de los pagos realizados
por concepto de honorarios y servicios prestados a la sociedad ni presentó las
declaraciones de renta de los años 2005 y 2006, ii) se tiene conocimiento que en
contra de la Caja Nacional de Previsión Social existen cinco (5) demandas, pero
que no se cuenta con la información de cada proceso, de modo que iba a proceder
a hacer una gestión para su ubicación (fl. 127 cdno. anexo).

21) El 18 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Sociedades aprobó la
rendición final de cuentas con corte a noviembre 30 de 2008 presentada por el
liquidador Juan Guillermo Valencia Ochoa y declaró terminado el proceso concursal
de liquidación obligatoria de la Corporación Médica CMD SA en Liquidación (fl. 1199
a 1202 cdno. 3).

22) El 3 de marzo de 2009 se inscribió ante la Cámara de Comercio de Medellín
(Antioquia) el acto que declaró terminado el proceso concursal obligatorio de la
Corporación Médica CMD SA en Liquidación (fl. 13 cdno. 1).

23) El 15 de julio de 2011 se llevó a cabo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la diligencia de recepción de testimonio de la señora María Edilma
Hidalgo Ospina quien manifestó que i) trabajó en la Corporación Médica CMD SA y
que perteneció a la Junta Liquidadora y, ii) le consta que el liquidador Adrián Osorio

17

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Lopera cometió una serie de irregularidades9 las cuales fueron puestas en
conocimiento ante la Superintendencia de Sociedades por el accionista Gustavo
Alberto Correa Flórez (fls. 1567 a 1568 cdno. 4).

24) El 3 de junio de 2011, el a quo decretó la práctica de un dictamen pericial
solicitado por la parte actora para que se determinaran los valores que dejó de
percibir la Corporación Médica CMD SA en Liquidación con ocasión de las
omisiones presentadas por el liquidador Adrián Osorio Lopera (fl. 1534 cdno. 4); el
30 de mayo de 2014 y el 10 de julio de 2014, el señor Hernán Botero en la condición
de auxiliar de la justicia presentó su dictamen junto con su aclaración (fls. 1651 a
1717 cdno. 5) el cual fue objetado por error grave10, de modo que el tribunal designó
a un nuevo auxiliar de la justicia para que rindiera un nuevo dictamen teniendo en
cuenta los aspectos de la objeción (fls. 1718 a 1736 cdno. 5); el 19 de diciembre de
2016, el señor Luis Álvaro Velandia Marín allegó el nuevo informe técnico (fls. 1778
a 1795 cdno. 5).

2.2 El daño

1) En ese contexto fáctico y probatorio, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se declare la responsabilidad patrimonial extracontractual de la
Superintendencia de Sociedades porque, en su criterio, en el marco del proceso
concursal al que fue sometida la Corporación Médica CMD SA no se removió del
cargo de manera oportuna al liquidador Adrián Osorio Lopera a pesar de que se
puso en conocimiento de la entidad algunas irregularidades cometidas por este,
circunstancia que provocó que la compañía dejara de percibir considerables sumas
de dinero.

9
“Preguntando: precise al despacho las irregularidades más relevantes cometidas por el liquidador.
Contestó: cuando yo salí de CMD que fui la última persona que me echaron tenía conocimiento de
que Cajanal debía a CMD grandes sumas de dinero que al momento de la liquidación no nos habían
pagado, había cuentas por cobrar a las diferentes IPS y EPS las que recuerdo Coosalud, Coomeva,
Caprecom, municipio de Sonsón, hay otras que no recuerdo bien los nombres, había una muy
grande que era Bonsalud y al momento de la liquidación esos dineros no los había pagado y el
pertenecer a la junta liquidadora por parte de los empleados me doy cuenta de que dichos dineros
no habían sido recuperados. Otra irregularidad que me di cuenta con base en la contabilidad
entregada a la Superintendencia de Sociedades había dineros que no se debían o que se debía
menos valores que los aprobados y pagados, otra irregularidad cuando CMD tenía una abogada
para unos procesos y sé que el liquidador no le mandó el poder para que siguiera con ese proceso,
o sea que había varias demandas que quedaron sin abogado, en el momento no recuerdo más
irregularidades” (fl. 1567 cdno. 4).
10
La Sala advierte que la parte actora junto con el escrito de objeción grave aportó un informe técnico
suscrito por la contadora pública María Stella Londoño, pero, este documento no fue decretado como
prueba por parte del a quo y, por lo tanto, no puede ser valorado.

18

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) Sobre el particular, debe ponerse de presente que el 27 de marzo de 1987 a
través de la escritura pública número 1267 de la Notaría Tercera de Medellín
(Antioquia) se constituyó la Corporación Médica CMD Ltda; no obstante, el 21 de
mayo de 2003 mediante la escritura pública número 1313 de la Notaría Quinta de
Medellín (Antioquia) fue transformada en sociedad anónima, cuyo objeto social era
el siguiente:

“La realización de todas las actividades propias de las Instituciones
Prestadoras de Servicio de Salud (IPS) al tenor de lo dispuesto en la ley
colombiana para la organización del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, específicamente la Ley 100 de 1993 y los decretos o leyes que
regulen o lleguen a regular la materia, concretamente para consultoría
médica permanente en todas las áreas de la medicina, servicios de
urgencias en salud, evaluación y observación de pacientes, cirugías
menores, servicios odontológicos, de nutrición, bacteriología y laboratorio
clínico, para celebrar toda clase de contratos típicos o atípicos, como de
prestación de servicios de salud de todos los niveles de complejidad,
consultoría y asesorías en salud, promoción de la salud y prevención de
la enfermedad, compraventa de medicamentos, suministro de
medicamentos, contratos de servicios relacionados con el área de la
salud, compraventa, administración, intermediación como el corretaje o la
comisión de servicios de salud con las Administradoras de Riesgos
Profesionales (ARP), con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con
las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) con los Fondos de
Pensiones y cualquier otra persona jurídica o natural del orden nacional o
internacional, en general toda clase de actos o contratos cuyo objeto no
esté prohibido por la ley” (fl. 171 cdno. 1).

Asimismo, del documento público se advierte que los accionistas de la mencionada
compañía fueron los señores Gustavo Alberto Correa Flórez, Juan Bautista Cano
Héncker, Adriana María Velásquez Mejía, Clara Isabel Correa Flórez y María
Antonia Correa.

3) Por su parte, el artículo 98 del Código de Comercio dispone que, una vez
constituida una sociedad legalmente se forma una persona jurídica distinta de los
socios individualmente considerados, de modo que se convierte en una entidad
autónoma que adquiere capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, que
posee un patrimonio independiente del de sus miembros.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente11:

La constitución de una sociedad -por regla general- implica el
nacimiento de una persona distinta de los socios, dotada de
atributos propios de la personalidad jurídica -nombre, domicilio,
nacionalidad, capacidad y patrimonio- para el desarrollo del objeto
de su creación. Por ello, la legislación universal ha dispuesto que el ente

11
Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014, MP Mauricio González Cuervo.

19

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

social -ser diferente de las personas naturales que lo constituyeron-
responde por las actuaciones y obligaciones que contrae con terceros e
incluso frente a los accionistas.

Dijo, al respecto, la Corte C-865 de 2004: ‘La finalidad de este derecho
constitucional [a la personalidad jurídica] se plasma entonces en la
creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales, con
capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, en aras de
lograr la satisfacción de un interés u objetivo común, no siempre ligado a
la obtención de lucro. Desde esta perspectiva, el derecho de asociación
se concreta en la existencia de personas jurídicas, libres y capaces, para
responder autónomamente por su devenir jurídico’.

La restricción de la responsabilidad al monto de los aportes se justifica en
el hecho de que el patrimonio de la sociedad es distinto al patrimonio de
cada socio (...).” (resalta la Sala).

4) En esa perspectiva, la Sala estima que el daño alegado por la parte actora recayó
en la Corporación Médica CMD SA en Liquidación y no sobre sus accionistas,
puesto que los activos de la sociedad no les pertenecían a los aquí demandantes
Gustavo Alberto Correa Flórez, Juan Bautista Cano Héncker, Adriana María
Velásquez Mejía y Clara Isabel Correa Flórez en virtud del principio de personalidad
jurídica.

5) De igual manera, es preciso advertir que, si bien desde el 3 de marzo de 2009 se
extinguió la mencionada corporación en virtud del artículo 199 de la Ley 222 de
199512, dado que para esa fecha se registró ante la Cámara de Comercio de
Medellín (Antioquia) el acto que declaró terminado el proceso concursal obligatorio,
lo cierto es que ello no habilita a quienes fueron sus accionistas para demandar en
su nombre por los daños padecidos por esta porque a partir de ese instante la
corporación dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones.

6) Así las cosas, se concluye que los aquí demandantes no tienen la capacidad legal
para demandar por un daño del cual no ostentan la titularidad.

7) Sin perjuicio de lo anterior, si en gracia de discusión se aceptara que los actores
se encuentran habilitados para promover la acción de reparación directa -sobre el
supuesto de que la sociedad dejó de percibir unos activos cuyos remanentes se

12
El artículo 199 de la Ley 222 de 1995 preceptúa lo siguiente: “Efectuado el pago de los pasivos
externo e interno, la Superintendencia de Sociedades declarará terminada la liquidación y ordenará
el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Cumplido lo anterior, se archivará el
expediente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda contra el deudor, los
administradores y el liquidador.
Si quedaren créditos insolutos, después de agotados los bienes que conforman el patrimonio a
liquidar, incluyendo el producto de las acciones de reintegración del patrimonio, la Superintendencia
de Sociedades declarará terminado el trámite y ordenará archivar el expediente.
Copia de la providencia se inscribirá en el registro mercantil o en el que corresponda y conllevará la
extinción de la entidad deudora”.

20

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

repartirían entre los accionistas- lo cierto es que no se acreditó el daño13 y, en todo
caso, este tampoco sería imputable a la entidad demandada, pues, debe advertirse
que las supuestas irregularidades cometidas por el liquidador Adrián Osorio Lopera
durante el proceso de liquidación no fueron puestas en conocimiento de la
Superintendencia de Sociedades lo que impidió que la entidad pudiera ejercer
control y supervisión de manera efectiva sobre el auxiliar de la justicia.

En efecto, los artículos 168 y siguientes de la Ley 222 de 1995 disponen que el
liquidador anualmente debe rendir cuentas comprobadas de su gestión y para el
efecto debe presentar i) estados de liquidación, ii) estados financieros básicos y, iii)
una memoria detallada de las actividades realizadas durante el periodo, ante lo cual
los accionistas pueden objetarlas ante la Superintendencia de Sociedades por
falsedad, inexactitud, error grave o por cualquier otra causa.

De igual manera, el artículo 178 ibidem predica que la Junta Asesora del liquidador
tiene como función la de asesorar y fiscalizar la gestión del liquidador, de modo que
también puede presentar objeciones a sus actuaciones y solicitar la remoción del
mismo cuando considere que está incumplimiento con sus deberes y obligaciones.

En este caso concreto, no se probó que los accionistas de la Corporación Médica
CDM SA en Liquidación o la junta asesora de la cual hacia parte el señor Gustavo
Alberto Correa Flórez hicieron objeciones a las actuaciones del liquidador Adrián
Osorio Lopera ni tampoco solicitaron su remoción, pues, por el contrario, se observa
que esta se hizo de oficio por parte de la entidad.

De otra parte, debe destacarse que las solicitudes efectuadas por el señor Gustavo
Alberto Correa Flórez al liquidador Adrián Osorio Lopera que, a su vez fueron
remitidas con copia a la Superintendencia de Sociedades14, en las que se le pedía
al auxiliar de la justicia que iniciara una serie de acciones judiciales en favor de la
Corporación Médica CMD SA en Liquidación no resultan ser suficientes para ser
consideradas como objeciones a su actuación, pues, en ellas el accionista se limitó

13
Se observa que los dictámenes periciales presentados en el marco del proceso de referencia se
fundamentaron en la premisa planteada por la parte actora, según la cual, como consecuencia de
las omisiones del liquidador Adrián Osorio Lopera, la Corporación Médica CMD SA en Liquidación
dejó de percibir determinadas sumas de dinero, sin embargo, el daño calculado en dichos
dictámenes no es certero ya que, no se aportaron pruebas materiales que demuestren, por ejemplo,
que las acreencias en favor de la sociedad estaban vigentes o no; además, no existe certeza de que
los procesos judiciales que no se interpusieron habrían sido fallados en beneficio de la concursada.
14
Se advierte que en total fueron seis comunicaciones las que se enviaron con copia a la
Superintendencia de Sociedades que aparecen referenciadas en los hechos probados número 5, 6,
9, 10, 11 y 13.

21

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

a exigir el desarrollo de su gestión sin que ello implique que, en efecto, haya
comunicado que aquel dejó de cumplir con sus obligaciones; en consecuencia,
esos documentos no cumplieron con el propósito de informar de manera clara y
directa sobre las irregularidades en la actuación del liquidador.

En cuanto tiene que ver con la comunicación del 4 de abril de 2007, aunque el aquí
demandante le manifestó su preocupación al liquidador porque no entregó a una
abogada los documentos necesarios para que iniciara un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social, lo cierto
es que el 13 de abril de 2007 este último le informó que ya le había otorgado poder
a otro profesional del derecho.

8) Finalmente, debe también anotarse que si los actores consideraban que con las
actuaciones del liquidador Adrián Osorio Lopera se les causó unos perjuicios, estos
tenían la posibilidad de presentar una demanda en su contra ante la justicia ordinaria
conforme lo prevé el artículo 167 de la Ley 222 de 1995 que dispone lo siguiente:

“Artículo 167. Responsabilidad. El liquidador responderá al deudor, a
los asociados, acreedores y terceros, y si fuere del caso a la entidad
deudora, por el patrimonio que recibe para liquidar, razón por la cual, para
todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo de los
mismos realizado conforme a las normas previstas, determinarán los
límites de su responsabilidad. De la misma manera, responderá de los
perjuicios que por violación o negligencia en el cumplimiento de sus
deberes cause a las mencionadas personas.

Las acciones contra el liquidador caducarán en un término de cinco años,
contado a partir de la cesación de sus funciones y se promoverán ante la
justicia ordinaria de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

En virtud de lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

3. Conclusión

Ante la falta de demostración de la aptitud de los aquí demandantes para
experimentar el daño alegado y, al propio tiempo, que en todo caso este tampoco
sería imputable a la entidad demandada, se impone la confirmación del fallo apelado
por ser denegatorio de las pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 dispone que se condenará en costas a la parte

22

Expediente 05001-23-31-000-2010-00324-01 (61.454)
Actor: Gustavo Alberto Correa Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

que hubiere actuado en forma temeraria, en el presente caso la Sala no observa
comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la entidad demandada
dentro del proceso, razón por la cual no será condenada por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

2°) Sin condena en costas en segunda instancia.

3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.