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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00379-01

Fecha
27 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00379-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: DECLARAR que el municipio de Medellín es patrimonialmente responsable por la ocupación permanente sobre una franja del predio de propiedad de la sociedad Poblado Country Club S.A., identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-727165, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR EN ABSTRACTO al municipio de Medellín, a pagar a la sociedad Poblado Country Club S.A., la suma correspondiente al valor de la franja de terreno del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-727165 que fue ocupada permanentemente por la entidad, de acuerdo con lo que se establezca mediante el incidente de regulación de perjuicios que promueva la parte interesada bajo los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia. 23 Radicación: 05001233100020100037900 (65530) Actor: Poblado Country Club S.A. Demandado: Municipio de Medellín Referencia: Acción de Reparación Directa CUARTO: Una vez se pague la indemnización de perjuicios a favor de la sociedad Poblado Country Club S.A., la franja de terreno ocupada saldrá de su patrimonio y pasará a ser de propiedad del departamento de Antioquia, para lo cual deberán adelantarse los actos registrales correspondientes. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: Sin condena en costas. SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2010-00379-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

27 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00379-01 (65530)
Demandante: POBLADO COUNTRY CLUB S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: CESIÓN GRATUITA OBLIGATORIA – Corresponde a una contraprestación que
deben asumir los propietarios por la plusvalía que generan las actuaciones urbanísticas que
desarrollen en sus predios, bajo el amparo de una licencia urbanística / ZONAS DE RETIRO
VIAL – En sí mismas no constituyen cesión gratuita obligatoria, aunque tengan la naturaleza
de bienes privados sometidos a uso público / DERECHO DE DOMINIO – La variación en la
titularidad del derecho de dominio no opera por el solo ministerio de la Ley, sino que se
requiere de título y modo, conforme a lo previsto en los artículos 673 y 745 del Código Civil,
concordados para el caso concreto con el artículo 5 de la Ley 9 de 1989.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 1 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Poblado Country Club S.A., propietaria del inmueble identificado con
folio de matrícula inmobiliaria 001-727165 de Medellín, pretende el reconocimiento
de los perjuicios materiales causados por la ocupación permanente de una fracción
de ese inmueble, con ocasión del proyecto de ampliación de una vía pública que
colinda con su predio.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 5 de febrero de 2010, la sociedad Poblado Country Club S.A., a través de
apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa en contra del municipio

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

de Medellín, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los
perjuicios de orden material que le fueron causados como consecuencia de la
ocupación permanente de una franja del inmueble de su propiedad, así:

Primera: Que se declare que el Municipio de Medellín es
administrativamente responsable de los perjuicios causados a la sociedad
Poblado Country Club S.A., como consecuencia de la ocupación
permanente e ilegal de un inmueble de propiedad de la demandante
ubicado en el municipio de Medellín; los linderos y descripción de este
inmueble se encuentran consignados en la escritura pública número 5099
del 29 de agosto de 1997, de la Notaría 12 de Medellín, registrada en el
folio de matrícula inmobiliaria número 001-727165.

Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene
al municipio de Medellín a pagar a mis representados la totalidad de los
perjuicios materiales ocasionados, los cuales aparecen estimados en el
capítulo correspondiente a la estimación razonada de la cuantía y que
para la fecha de presentación de la demanda ascienden a mil seiscientos
sesenta y cuatro millones doscientos treinta y ocho mil pesos
($1.664´238.000) tal como se detalla en el capítulo correspondiente a la
estimación de la cuantía.

En todo caso deberá condenarse al municipio de Medellín a pagar la
totalidad de los perjuicios que resulten demostrados en el proceso, así
sean superiores a los inicialmente estimados, incluyendo los que se
causen entre el momento de la presentación de la demanda y el momento
en que se expida la sentencia.

Tercera: Que se condene al reconocimiento del lucro cesante ocasionado
por la pérdida del inmueble ocupado, el cual se calculará aplicando la tasa
del interés bancario corriente vigente entre el momento de la ocupación
(febrero de 2008) y el momento del fallo, calculado a la tasa del interés
bancario corriente. Para efectos de la determinación de la cuantía, esta
pretensión se estima en la suma de $671’566.262.

Cuarta: Que se condene al municipio de Medellín a pagar las sumas a las
que resulte condenado debidamente actualizadas teniendo en cuenta la
variación del índice de precios de la propiedad raíz estimado por la Lonja
de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia o en subsidio con base en la
variación del índice de precios al consumidor.

Quinta: Que la condena sea tasada en salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento del fallo, para evitar de esta manera la
pérdida del poder adquisitivo que ocurre entre el momento en que se dicta
el fallo de primera instancia y el momento en el cual se produce el fallo de
segunda instancia.

Sexta: Que se ordene al municipio de Medellín a dar cumplimiento a la
sentencia en los términos y condiciones previsto en los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo.

Séptima: Que se condene en costas a la parte demandada.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que la Sociedad
Poblado Country Club S.A. es propietaria de un predio de 44.722,54 m 2, ubicado en
el municipio de Medellín, cuyos linderos están consignados en la Escritura Pública

2

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

5099 del 29 de agosto de 1997 de la Notaría Doce de esta misma ciudad, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria 001-727165 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Sur.

El anterior inmueble está conformado por dos lotes: El primero fue adquirido por la
sociedad demandante, mediante Escritura Pública 1116 del 6 de mayo de 1996 de la
Notaría Séptima de Medellín. El segundo fue objeto de compra mediante la Escritura
5099 del 29 de agosto de 1997 de la Notaría Doce de Medellín. En este último acto
notarial, los lotes descritos fueron englobados; razón por la cual se generó la nueva
unidad inmobiliaria señalada en el párrafo anterior.

La sociedad demandante construyó su sede principal en dicho inmueble, bajo el aval
que en su momento le fue conferido mediante licencia urbanística. En cumplimiento
de las cargas y obligaciones derivadas de esa actuación urbanística, mediante la
Escritura Pública 426 del 6 de febrero de 1998 de la Notaría Segunda de Medellín, la
sociedad Poblado Country Club S.A. cedió de manera «gratuita e irrevocable», una
faja de terreno de su propiedad al municipio de Medellín, con el fin de que este último
adelantara la construcción de la vía pública denominada «Diagonal 28 o vía Las
Palmas». Mediante el Oficio 1746 de 1997, el Departamento Administrativo de
Planeación Metropolitana de Medellín aprobó la referida cesión, luego de verificar la
información técnica contenida en el plano del 7 de noviembre de 1995.

En consecuencia, el municipio de Medellín expidió el acto administrativo del 4 de
marzo de 1999, en el que dejó expresa constancia del cumplimiento y lleno de los
requisitos establecidos en las obligaciones impuestas con la licencia de construcción,
correspondientes a obras de alcantarillado, luz, canalizaciones telefónicas y cesiones
gratuitas obligatorias, entre otras.

Pese a lo anterior, y pasados algunos años, el municipio de Medellín “se apropió de
un lote de terreno de propiedad de la parte demandante, con el fin de permitir el
desarrollo de un proyecto vial como la ampliación o doble calzada de la Vía Las
Palmas argumentando un supuesto incumplimiento de obligaciones urbanísticas
previas y la existencia de una zona de retiro” (fl. 78 c. 1).

Según se expresa en la demanda, esto ocurrió el 6 de febrero de 2008, cuando la
líder del Programa de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda
del municipio suscribió un documento denominado “acta de entrega material de dos
fajas de terreno”, en el que explícitamente se efectuó la referida cesión, bajo la
consideración de que dichas áreas “formaba[n] parte de la zona de retiro de la vía

3

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

[…] y de las “obligaciones urbanísticas” supuestamente incumplidas por la sociedad
actora. En ese documento también se ordenó al Catastro «el descargue de las fajas
que figuraban a nombre de la sociedad [actora]», y se identificó el terreno cedido de
la siguiente manera:

Faja 1
Área lote de 1.470,24 m2
Faja de terreno ubicado en el municipio de Medellín, hace parte
del lote de mayor extensión PREDIO CT-1 (PREDIO 78) y se
enmarca dentro de los puntos 1, 2, 3 y 1 punto de partida [...]

Faja 2
Área lote de 70.69 m2
Faja de terreno ubicado en el municipio de Medellín, hace parte
del lote de mayor extensión PREDIO CT-1 (PREDIO 78) y se
enmarca dentro de los puntos 1 y 2 con 1 como punto de partida
[…]

Como consecuencia de esa cesión, las obras para la construcción del tramo de vía
iniciaron meses después y finalmente se ocupó un área total de 2.773,73 m 2 sobre el
costado norte del inmueble propiedad de la demandante.

Finalmente, cuando la sociedad Poblado Country Club S.A. solicitó al municipio de
Medellín la explicación de los fundamentos de su actuación, este le señaló -mediante
oficio 200900016047 del 19 de enero de 2009- que el área objeto de litigio es
propiedad del municipio, en la medida en que a través de la escritura 496 del 6 de
febrero de 1998, la hoy demandante «transfirió, a título de cesión gratuita e
irrevocable, al municipio de Medellín, una faja de terreno que, según el texto expreso
de la citada escritura pública, sería destinada a vía pública para la Diagonal 28, mas
no así para la Vía a las Palmas, es decir, se cumplió parcialmente con la obligación,
quedando pendiente parte de la misma con motivo del retiro obligado».

2. Trámite en primera instancia

Mediante providencia del 12 de marzo de 20101, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda que fue notificada en debida forma a las partes y al
Ministerio Público.

2.1 El 26 de octubre de 2010 el municipio de Medellín contestó la demanda
oportunamente2. Como fundamento de su oposición señaló que el proyecto
urbanístico “Country Club” fue aprobado mediante la licencia de construcción 1238-

1
Obrante a folio 86 del cuaderno 1.
2
Obrantes a folios 94 – 116 del cuaderno 1.
4

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

93 del 7 de octubre de 1992, en la que, también, se dejaron previstas las obligaciones
viales que debían ser cumplidas por la demandante, con el fin de ejecutar el proyecto.

Al respecto destacó que para la aprobación y posterior ejecución del proyecto se
debían conservar unas vías obligadas, como áreas de «infraestructura de apoyo a
las futuras urbanizaciones […] que rigen de carácter obligatorio para adelantar dichos
procesos». El área destinada para cumplir esta obligación fue de 30 metros de lado
y lado del eje de la vía “Las Palmas”. Luego, mediante oficio M-9034 del 7 de abril de
1994 el área antes señalada fue modificada quedando así de 25 metros, los cuales
debían ser distribuidos así: 15 metros como públicos, no objeto de cerramiento, y 10
metros de antejardín. El plano presentado por la sociedad demandante, y aprobado
por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal contenía la correcta
demarcación de las zonas que debían ser respetadas.

Mediante la Escritura Pública 496 del 6 de febrero de 1998, la Sociedad demandante
cedió al municipio de Medellín una faja de terreno, correspondiente «al área donde
se construyeron las maniobras de acceso y salida de dicho proyecto, donde se
incluyó la bahía de aproximación, carril de emergencia y carril de tránsito». No
obstante, el municipio considera que la cesión se cumplió de manera parcial, toda
vez que dicho acto se llevó a cabo sobre una faja de terreno destinada a la vía pública
para la Diagonal 28, pero no respecto a la zona de retiro obligatorio al eje de la vía -
15 metros- destinada para la vía de Las Palmas.

Al respecto, destacó el carácter público de las áreas destinadas para las obligaciones
urbanísticas, y que estas son objeto de cesión “sin que sea necesario el acto de
formalidad de la escritura pública […] pues es evidente que estas son una obligación
de carácter legal”.

Finalmente, señaló que, si bien, el municipio le hizo entrega de dos franjas de terreno
a la Gerencia de Concesiones Aburrá Oriente S.A. para la ejecución del Proyecto Vía
de la Doble Calzada en el sector “Country Club – Chuscalito”, lo cierto es que el
municipio no fue el que ocupó permanentemente el predio de la demandante porque
la entidad propietaria de la obra, quien, a su vez, la ejecutó, fue el Departamento de
Antioquia.

En virtud de lo anterior, propuso las excepciones de (i) falta de legitimación en la
causa por pasiva, (ii) inexistencia del nexo de causalidad, e (iii) inexistencia del daño.

5

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

Mediante auto del 28 de abril de 2011 se abrió a pruebas el proceso. Luego, mediante
auto del 8 de febrero de 2018, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

3. La sentencia impugnada3

Mediante sentencia del 1 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia
negó las pretensiones. En primer lugar, precisó que al municipio de Medellín le asiste
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, entre este y la Gobernación de
Antioquia existió el convenio 4800002223, cuyo objeto radicó en la cofinanciación de
la construcción de la vía de la doble calzada “Las Palmas”, para lo cual el municipio
cedió a la Gobernación las franjas de terreno necesarias para proyectar el tramo de
la vía denominado “Country Club – Chuscalito”.

En cumplimiento de ese convenio, el municipio le entregó a la Concesión Túnel
Aburrá Oriente S.A., dos franjas de terreno, toda vez que dichas áreas correspondían
a las obligaciones urbanísticas que estaban pendientes de cumplimiento por la
sociedad demandante, conforme a las disposiciones contenidas en la Licencia de
Construcción 1238 de 1992.

Esto es así, pues, aunque el 21 de marzo de 1997, el municipio aceptó la cesión de
las fajas de terreno por concepto de vías y, a través de la Escritura Pública 426 del 6
de febrero de 1998 se hicieron las cesiones gratuitas correspondientes, había otra
faja de terreno que estaba pendiente por ceder. A esta determinación se llegó al
revisar el contenido de la cláusula sexta de la escritura de cesión, en la que se indicó
que el predio con el que se quedó la sociedad demandante colindaba por el Este con
«otro lote que estaba pendiente por ceder al Municipio».

Además, pese a que con dicho negocio jurídico el municipio dio su visto bueno sobre
el área que debía ceder el Club, dando a entender que quedaban cumplidas todas
las obligaciones urbanísticas establecidas en la licencia de construcción, lo cierto es
que, de acuerdo con las declaraciones rendidas por los señores Rodrigo Alberto
Correa Palacio y Jhon Jairo Zapata -quien además aportó algunos documentos con
información técnica-, pudo establecerse que tal aprobación constituía una omisión de
la administración, al no exigir la cesión completa de la faja destinada para la vía Las
Palmas.

3
Obrante a folio 569 del cuaderno principal.
6

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

Además, el Tribunal resaltó que el área descrita en la escritura de cesión presentaba
inconsistencias, puesto que el área real del predio en cuestión era de 42.424,73 m 2
y no de 44.012,51 m2.

En este sentido, determinó que no está debidamente acreditado el cumplimiento de
las obligaciones urbanísticas a cargo de la demandante, toda vez que, de acuerdo
con el material probatorio obrante en el expediente, había una fracción de terreno
pendiente por ceder gratuitamente. Y aunque esa cesión no se hubiera perfeccionado
a través de una escritura pública, la faja de terreno en cuestión ya era de dominio
público, por virtud de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 9 de 1989. En tal sentido,
no era relevante si se había omitido elevar la escritura pública correspondiente o se
hizo exigible la obligación de ceder gratuitamente luego de 10 años de haberse
expedido la licencia urbanística.

Finalmente, se pronunció respecto a la objeción por error grave formulada por el
municipio en contra del dictamen pericial practicado por el ingeniero civil Rafael
Estrada Londoño. Señaló que los reparos expuestos por el demandado no discuten
el objeto del dictamen, sino que pretenden cuestionar las conclusiones a las que llegó
la experticia. Además, aunque el peritaje careciera de fundamentación probatoria,
esto no es razón suficiente para que se considere que se haya incurrido en un error
grave que genere la necesidad de repetir la diligencia.

4. Del recurso de apelación de la parte demandante

La sociedad demandante afirmó que el Tribunal incurrió en errores de interpretación
respecto a: (i) la naturaleza y alcance de las figuras denominadas zonas de retiro y
zonas de cesión obligatoria; (ii) la identificación de los efectos jurídicos que la
determinación de un bien privado como de uso público conlleva para el patrimonio de
su dueño; (iii) el hecho de que exista una mención sobre una «faja de terreno
pendiente de ser cedida» no impone el deber jurídico de hacer una cesión gratuita;
(iv) ni la licencia de construcción 1238 de 1993, ni la escritura 496 de 1998 exigían
el cumplimiento de la obligación de ceder, de forma gratuita, la franja de terreno
objeto de litigio; (v) en todo caso, suponiendo que el presente conflicto se radicara
sobre una zona de cesión obligada, la transferencia del dominio solo se materializa
con la existencia de un título y el modo.

En relación con la naturaleza jurídica de la faja de terreno en cuestión, adujo que el
área ocupada no corresponde a una zona de cesión gratuita, toda vez que la licencia
de construcción no definió tal obligación y no obra reglamento alguno que determine

7

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

que la zona afectada tiene dicha condición. Además, la escritura pública 496 de 1998,
si bien se refirió a una faja de terreno objeto de reserva -zona de retiro-, lo cierto es
que esta quedó definida, para que, en un futuro, fuera objeto de adquisición por la
entidad correspondiente con el fin de llevar a cabo la ampliación de la vía “Las
Palmas”, es decir, que la zona ocupada nunca salió del patrimonio de la demandante.

Destacó que, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, las cesiones
gratuitas son procedentes respecto a las vías locales, mientras que, para las vías de
carácter urbano o metropolitano, se debe cumplir con las reglas del régimen de
reserva o zona de retiro.

Finalmente, señaló que la experticia practicada por el perito topógrafo Reyner Melo
Jaramillo tenía como objeto determinar la zona ocupada, más no identificar cuál era
su naturaleza jurídica. La experticia determinó que el área afectada es de 2.773,73,
metraje que no fue cuestionado por el municipio.

5. Actuación en segunda instancia

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 7 de noviembre de 2019 y
admitido el 20 de enero de 2020. Posteriormente, mediante auto del 21 de febrero
siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto.

5.1 El municipio de Medellín reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda. Indicó que el ejecutor de la obra vial fue la Gobernación de Antioquia y
que, mediante los comunicados y las diferentes etapas para aprobar la licencia de
construcción, el Departamento Administrativo de Planeación del municipio exigió a la
sociedad demandante conservar una zona de retiro de 25 metros a cada lado de la
vía, para lo cual debía efectuar la cesión gratuita; situación que no ocurrió. Sin
embargo, al ser una zona destinada al uso público, el municipio tenía la facultad de
disponer de dicha faja de terreno para ejecutar las obras de ampliación de la vía “Las
Palmas”.

5.2 La sociedad demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
alzada, respecto del error en el que incurrió el Tribunal al analizar las zonas de retiro
y las cesiones obligatorias gratuitas como una misma figura, desconociendo así los
modos de transferir el dominio, las consecuencias jurídicas de cada uno de los
conceptos inicialmente señalados y las disposiciones consagradas en la licencia de
construcción 1238 de 1992 y la escritura pública 496 de 1998.

8

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

5.3 El Ministerio Público solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, en
tanto está acreditada la indebida ocupación de la faja de terreno del predio objeto de
litigio, por parte del municipio de Medellín. Al respecto precisó que el Tribunal
confundió la naturaleza de las zonas de cesión obligatorias gratuitas y las zonas de
retiro o reserva, siendo estas últimas las áreas que fueron ocupadas.

Sobre este último punto, destacó que las zonas de retiro o reserva mantienen su
condición de bienes privados, pero sobre las que recae una afectación al uso público;
circunstancia que impone al municipio el deber de adquirirlas mediante los
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico -Ley 1228 de 2008 y Ley
105 de 1993-.

Señaló que el municipio no podía ocupar el área objeto de litigio aduciendo un error
u omisión en la escritura pública 426 de 1998, mediante la que la sociedad
demandante cumplió con sus obligaciones urbanísticas, ni tampoco podía adquirir las
zonas afectadas en virtud de una errónea interpretación del referido documento
notarial, sin que mediara el respectivo proceso de adquisición.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 1° de octubre de
2019, toda vez que el proceso tiene vocación de doble instancia.

En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado el 11 de marzo de 2010
tuviera apelación ante esta Corporación, la cuantía debía ser equivalente o superior
a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la época -$257.500.0004-
. En este caso, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010 -
modificatorio del numeral 2 del art. 20 del CPC-, la sumatoria de las pretensiones
equivale a $2.335´804.262, de modo que el presente asunto puede ser conocido por
el Consejo de Estado en segunda instancia.

4
El salario mínimo para el año 2010 se fijó en $515.000, mediante el Decreto No. 5053 del 30 de
diciembre de 2009.
9

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

2.- Ejercicio oportuno de la acción

El numeral 8º del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de
19985, reguló lo concerniente a la caducidad de las acciones, en el sentido de señalar
que, en materia de reparación directa, este término debía computarse “a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

Como se indicó previamente, la sociedad Poblado Country Club S.A. instauró la
acción de reparación directa con el propósito de obtener la declaratoria de
responsabilidad del municipio de Medellín, por la ocupación permanente sobre el
inmueble de su propiedad. Como fundamento de su reclamo señaló que la entidad
territorial demandada “entregó materialmente” a la Concesión Túnel Aburrá Oriente
S.A. una faja de terreno perteneciente a su predio, con el fin de que está última
iniciara la intervención requerida para la ejecución del proyecto vial denominado
“Conexión Vial Aburrá Oriente”.

Según se expresó en la demanda, esto ocurrió el 6 de febrero de 2008, cuando el
municipio demandado, actuando a través de la líder del Programa de la Unidad de
Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda, emitió un documento denominado
“acta de entrega material de dos fajas de terreno” (fl. 16 c. 1), mediante el cual señaló
que una faja de terreno que formalmente figuraba como de propiedad de la hoy
demandante, en realidad hacía parte del patrimonio del municipio, por tratarse de una
zona de cesión gratuita obligatoria establecida en la licencia de construcción 1238
del 7 de octubre de 1992. Y a partir de esa consideración, procedió a entregar
materialmente la referida área a favor de la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.,
debido a que dichas franjas eran requeridas para la ejecución del proyecto de
ampliación vial denominado “Conexión Vial Aburrá Oriente”, en el quinto tramo de la
doble calzada “Las Palmas”.

Al encontrarse acreditada tal actuación del municipio de Medellín, se tomará la fecha
de su ocurrencia como punto de partida para el cómputo de la caducidad, aunque
más adelante se abordará con más detenimiento su contenido y efectos de cara a la

5
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquiera otra causa”.
10

Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

determinación de la responsabilidad patrimonial de la demandada. Así las cosas, la
oportunidad para demandar corría inicialmente hasta el 7 de febrero de 2010. Sin
embargo, como el 2 de septiembre de 2009 se presentó solicitud de conciliación
extrajudicial y este trámite culminó con la constancia de no acuerdo proferida el 6 de
noviembre siguiente (fl. 64 c. 1), el término de caducidad se extendió hasta el 11 de
abril de 2010. Y como la demanda de reparación directa se presentó el 5 de febrero
de 2010 (fl. 84 c. 1), se entiende que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.

3.- Legitimación en la causa

La sociedad Country Club S.A. se encuentra legitimada en la causa por activa, toda
vez que ostenta la propiedad del predio identificado con matrícula inmobiliaria No.
001-727165 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona
Sur, respecto del cual se alega la ocupación por la que se demanda. A su vez, el
municipio de Medellín se encuentra legitimado por pasiva de hecho, por cuanto en el
libelo inicial se adujo que fue una actuación suya acaecida el 6 de febrero de 2008 -
acta de entrega material de dos fajas de terreno- la que fundamenta las pretensiones
resarcitorias objeto de pronunciamiento.

4.- Caso concreto

Como quedó reseñado previamente, las partes no refutan el hecho de haberse
destinado una franja de terreno del predio de matrícula inmobiliaria No. 001-727165
a la ampliación de un tramo de la vía Las Palmas. Lo que acá se discute es la
juridicidad de esa destinación del inmueble y sus efectos patrimoniales, pues
mientras la demandante afirma que el área objeto de litigio es de dominio privado y
que la referida destinación constituye una ocupación que debe ser indemnizada, el
municipio de Medellín sostiene que esa zona es dominio público, en tanto
corresponde a un área de cesión gratuita obligatoria por parte de la sociedad Poblado
Country Club S.A., en cumplimiento de las obligaciones derivadas de licencia de
urbanismo 1238-93 del 7 de octubre de 1992, y que dicha cesión operaba
directamente por mandato legal, por lo que no era necesario elevar dicho acto a
escritura pública.

En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la
responsabilidad patrimonial del municipio de Medellín, por la ocupación de una franja
de terreno del inmueble de propiedad de la sociedad Poblado Country Club S.A.,
identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-727165. Conforme al objeto de la
apelación, en esta instancia debe verificarse si el a quo erró al identificar la franja de

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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

terreno en cuestión como un área de cesión gratuita obligatoria a favor de la entidad
accionada, de cara a la determinación de la responsabilidad patrimonial de la
demandada.

El conflicto que ahora se resuelve surgió con ocasión de la expedición del “Acta de
entrega material de dos fajas de terreno” del 6 de febrero de 2008. En esta actuación
el municipio de Medellín consideró que el área objeto de entrega estaba pendiente
de ser cedida gratuitamente por la hoy demandante, en cumplimiento de las
obligaciones emanadas de la licencia 1238 del 7 de octubre de 1992. Sin embargo,
señaló que no era necesario hacer una escritura pública, porque esa cesión operaba
por el simple ministerio de la Ley, de modo que el municipio ya era dueño de esa
franja de terreno y, por tanto, se encontraba habilitado para entregar a un tercero lo
que era suyo. En dicha actuación se señaló (fls. 16 a 18 c. 1):

[L]a entrega se hace teniendo en cuenta que estas fajas son objeto de
obligaciones urbanísticas generadas a partir del otorgamiento de la licencia de
construcción 1238—93 del 07 de octubre de 1992 y en atención a la disposición
contenida en el artículo 97 del acuerdo 38 de 1990, relativa al área para retiros
obligatorios, que hace parte de este documento.

Igualmente, se entrega y se permite la intervención para la ejecución del proyecto
denominado “Doble Vía Las Palmas”, tramo 5, teniendo en cuenta que se
encuentran comprometidas para la ejecución de una obra declarada de interés
público, según lo que establece el artículo 58 de la Constitución Política de
Colombia, artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 46 de 2006,
Resolución de Urgencia 273 de diciembre 6 de 2007 que superponen los
intereses particulares frente al interés de la comunidad.

Para el caso particular, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha formalizado
la cesión obligada a las fajas por parte de la sociedad Country Club Ejecutivos, a
través de una escritura pública, se da aplicación a la normatividad vigente que
establece la incorporación de los predios objeto de las obligaciones urbanísticas
y que se transcribe [Se transcriben los artículos 117 de la Ley 388 de 1997 y 51
del Decreto 564 de 2006 (municipio de Medellín)] (…).

Posteriormente, mediante el oficio 200800047954 del 13 de febrero de 2008, el
municipio de Medellín dio alcance a su anterior actuación para señalar que el área
en cuestión hace “parte de la vía pública desde el momento en el cual se recibió la
obra [se alude a la adelantada por el Poblado Country Club S.A.], atendiendo
lineamientos normativos que obligan al particular frente a la Administración como son
los RETIROS OBLIGADOS, que para el caso se consolidan en una faja que debe
respetar una distancia de 15 metros a partir del eje de la vía y que fueron condición
básica consagrada en la misma licencia que se les otorgó, en cumplimiento del
requisito exigido por la norma urbana” (fl. 23 c. 1).

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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

En este punto, la Sala estima necesario hacer un breve recuento de las actuaciones
jurídicamente relevantes relacionadas con la licencia urbanística en mención, a
efectos de determinar lo concerniente a su cumplimiento en relación con las áreas de
cesión gratuita obligatoria.

Mediante licencia de construcción 1238-93, del 7 de octubre de 1992, el municipio de
Medellín autorizó la construcción de la sede del Country Club en el predio localizado
en la Calle 18C con Diagonal 28, de esa ciudad. En el acto de otorgamiento de la
licencia, se estableció que su titular debía “respetar zonas verdes, parqueaderos,
retiro a caño, vías internas según planos aprobados6 (…)”, aunque no se señaló
específicamente a cuánto equivalía dicha área de retiro (fl. 221 c. 1).

Previo al otorgamiento de la referida licencia, se expidieron por parte del municipio
de Medellín los oficios 06499 del 16 de octubre de 1986 (fl. 13 c. 1), 01793 del 24 de
marzo de 1987 y M-03919 del 24 de abril de 1992 (fl. 205 c. 1) en los que se señaló
que el área de retiro para el futuro proyecto urbanístico sería de 30 metros.

Sin embargo, mediante oficio M-9034 del 7 de abril de 1994 -luego del otorgamiento
de la licencia- el municipio de Medellín le comunicó al urbanizador una actualización
de la información sobre el área de retiro, en la que le precisó que ésta correspondía
a 25 metros contados a partir del eje de la vía, así (fl. 208 c. 1):

Asunto: Actualización de sección para la vía Las Palmas en [el] proyecto Poblado
Country Club.

En atención a su solicitud referente al retiro para la vía Las Palmas a la altura del
proyecto del asunto, y previa nuestra conversación efectuada el 17 de marzo del
presente año, les informamos que en dicho sitio se debe conservar un retiro de
25,00 metros, medido a partir del eje de la calzada actual, de los cuales los
primeros 15,00 metros se tratarán como públicos y los 10,00 metros restantes
como privados pero libres de cualquier tipo de construcción.

Aclaramos además que los 15,00 metros públicos deberán quedar por fuera del
cerramiento que esta entidad les aprueba (sic).

Precisado lo atinente a las áreas de retiro, mediante el oficio M-6746 del 21 de marzo
de 1997, el municipio de Medellín aprobó el plano presentado por el urbanizador,
mediante el cual se identificó el área del predio de propiedad de la sociedad Poblado
Country Club S.A., que sería objeto de la cesión gratuita obligatoria a la que se
encontraba obligada por virtud de la licencia urbanística No. 1238-93 del 7 de octubre
de 1992. En dicho acto se precisó (fl. 214 c. 1):

Asunto: Vo. Bo. Cesión de fajas obra POBLADO COUNTRY (ilegible)

6
Los planos a los que se aluden en el acto de otorgamiento de la licencia no obran en el expediente.
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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

Le estamos remitiendo el Vo. Bo. al plano elaborado por el urbanizador y que se
encuentra cumpliendo con lo exigido en Licencia de Construcción 1230/93, así:

Área a ceder al municipio por concepto de vía 1645,(ilegible) M2,
correspondientes a la diagonal 28.

Puede continuar con el trámite ante la Secretaría de Hacienda.

Se resalta igualmente que mediante el oficio M-32992 del 10 de octubre de 1994, el
municipio de Medellín también concedió el visto bueno de los planos de vías y
rasantes presentados para el proyecto urbanístico del Poblado Country Club (fl. 21 c.
1).

Luego, mediante la escritura pública No. 426 del 6 de febrero de 1998, la sociedad
Poblado Country Club S.A. cedió gratuitamente al municipio de Medellín la faja de
terreno identificada y aprobada previamente en el oficio M-6746 del 21 de marzo de
1997. En dicho acto jurídico se estipuló (fls. 199 a 202 c. 1):

(…) CUARTO: Que por medio de éste instrumento procede a segregar del lote
alinderado en la cláusula SEGUNDA de ésta escritura, un lote de terreno
destinado a vía pública para la Diagonal 28, denominado lote No.2 determinado
según área linderos que figuran en el plano de Caicedo y Gómez, escala 1:500
de Noviembre 7 de 1.995 aprobado por Planeación Metropolitana según oficio
6746/97 (…).

SÉPTIMO: Que por medio de este instrumento y debidamente facultado por la
Junta Directiva, transfiere a título de cesión gratuita e Irrevocable a favor del
MUNICIPIO DE MEDELLÍN, con destino a Vía pública para la Diagonal 28, el
derecho de dominio y la posesión material que la Sociedad que representa tiene
sobre el lote de terreno No. 2 alinderado en la cláusula cuarta de este mismo
instrumento, cuya cesión fue aprobada por el departamento Administrativo de
Planeación Metropolitana mediante oficio Nro. 6746/97, con fundamento en el
plano de Noviembre 7/95, escala 1:500 que se anexa a la presente escritura para
su protocolización (…).

DÉCIMO SEGUNDO: Que la sociedad CEDENTE se compromete a entregar
materialmente el inmueble antes descrito al MUNICIPIO DE MEDELLÍN dentro
de un término no mayor a seis (6) meses (…).
Presente el doctor PEDRO JUAN GONZÁLEZ CARVAJA (…) quien obra en el
presente acto por delegación del señor alcalde manifestó:
Que obrando en la calidad indicada, acepta la cesión a título de cesión gratuita e
irrevocable del inmueble descrito en el literal cuarto de esta escritura (…).

Posteriormente, mediante acto administrativo del 4 de marzo de 1999, el municipio
de Medellín indicó que recibía las obras adelantadas por el urbanizador, quien
cumplió con la totalidad de las obligaciones derivadas de la licencia urbanística,
relacionada con las obras de alcantarillado, suministro de energía eléctrica,
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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

canalizaciones telefónicas y cesiones gratuitas obligatorias, entre otras. En este acto
se señaló (fl. 163 c. 1):

El departamento administrativo de planeación metropolitana mediante el
presente acto administrativo, concede el recibo de URBANISMO a nombre del
municipio de Medellín, al proyecto que a continuación se referencia:
Nombre del proyecto: COUNTRY CLUB EJECUTIVOS
Dirección: Diagonal 28 16-129 Licencia de 1238/93
(…)
Características de la obra a recibir: Sede club campestre, portería, subestación
eléctrica externa, 425 celdas de parqueo cubiertas y 68 celdas de parqueo
descubiertas.
El recibo se celebra una vez observado el cumplimiento y lleno de los requisitos
con las distintas entidades o dependencias responsables; conforme obligaciones,
especificaciones y términos consignados en la licencia, según las siguientes
actas y certificaciones de interventoría: (…)
Escritura de cesión de fajas No. 426 de febrero 6/98, Notaría 2ª de Medellín,
debidamente registrada (…).

Además de la actuación que se acaba de citar, mediante el oficio 201100369428 del
5 de septiembre de 2011 (fl. 161 c. 1) -prueba practicada en el transcurso del presente
proceso-, el municipio de Medellín certificó que no se adelantó procedimiento
sancionatorio alguno derivado del incumplimiento de obligaciones urbanísticas, todo
lo cual apunta a confirmar que se cumplió a cabalidad con las exigencias de la
referida licencia por parte de su beneficiario.

En este punto, la Sala precisa que la tesis de la defensa según la cual la franja de
terreno objeto del litigio debía ser cedida gratuitamente con base en lo previsto en la
licencia urbanística 1238-93 de 1992 no puede abrirse paso. Esto, por cuanto fue el
mismo municipio quien aprobó los planos en los que se señalaba cuál era esa área
objeto de cesión -oficio M-6746 del 21 de marzo de 1997 (fl. 214 c. 1)-, suscribió el
negocio jurídico correspondiente -escritura pública No. 426 del 6 de febrero de 1998
(fl. 199 c. 1)-, avaló la entrega de obras al verificar que se cumplieron todas las
obligaciones de la licencia -acto administrativo del 4 de marzo de 1999 (fl. 163 c. 1)-
y certificó que no adelantó procedimiento sancionatorio alguno del que se
desprendiera lo contrario -oficio 201100369428 del 5 de septiembre de 2011 (fl. 161
c. 1)-.

Con base en lo anterior, queda claro que desde 1999 se estableció que la sociedad
accionante cumplió con los términos y obligaciones de la licencia de urbanismo que
le fue conferida, de modo que no es jurídicamente plausible que, casi diez años
después, la administración pretenda reabrir las diligencias de un trámite que ella

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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

misma dio por finalizado, luego de verificar que el particular cumplió plenamente con
las obligaciones urbanísticas que tenía a su cargo.

Esta conclusión no se desvirtúa con lo señalado por el testigo Rodrigo Alberto Correa
Palacio, quien, en su calidad de abogado adscrito al Departamento Administrativo de
Planeación del Municipio de Medellín, en ningún momento dio cuenta de hechos que
contradigan lo señalado previamente en torno al cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la licencia urbanística ya mencionada, sino que simplemente se limitó a
manifestar su posición jurídica de respaldo frente a la tesis de defensa de la entidad,
sin fundarla en aspectos fácticos o técnicos diferenciados (fl. 272 c. 1).

Lo mismo debe decirse del testimonio técnico rendido por el ingeniero Jhon Jairo
Zapata Marulanda, quien, en su condición de profesional vinculado a la Unidad de
Cartografía del Municipio de Medellín, tuvo a su cargo la elaboración del estudio
técnico GT 1033 de 2015, que sirvió como fundamento para la actualización de
linderos y rectificación de áreas de varios predios -entre los que se encontraba el
inmueble de la accionante y algunos circundantes- efectuada mediante la Resolución
No. 4207 del 2 de julio de 2014 -aspecto sobre el que se regresa más adelante en la
presente providencia-.

En su exposición, el ingeniero explicó las labores realizadas en la confección del
citado concepto técnico y manifestó igualmente su respaldo a la tesis sostenida por
la demandada en este proceso. Sin embargo, cuando en audiencia se le preguntó si
tenía conocimiento de los hechos y documentos específicos de la licencia de
construcción 1238-93, manifestó que no, así (CD fl. 537A min 39:44):

Apoderado demandante: ¿Usted tuvo conocimiento para preparar esta
exposición, este informe, de la licencia de urbanismo o construcción del proyecto
Poblado Country Club?
Jhon Jairo Zapata Marulanda: No. Decir (sic) que yo haya verificado planos,
planos arquitectónicos, estructurales y urbanísticos, no.
AD: ¿Y usted tiene conocimiento de qué se dijo en la licencia de urbanismo de
este proyecto con respecto a las vías obligadas?
JJZM: Dentro de las vías obligadas el único documento que me facilitaron fue
este [exhibe un documento que no quedó registrado en video] y no conozco otro
distinto.
AD: ¿Usted conoce un documento que obra en el expediente que fue aportado
por el municipio de Medellín obrante a folio 205 del 24 de abril del 92 suscrito por
Dora Inés Restrepo como ingeniera de sección de vías y Carlos Alberto Naranjo
Loaiza como jefe de sección de diseños de vías en el que se dice los siguiente
[lee el contenido del documento sobre vías obligadas].
JJZM: No.
AD: ¿Usted tiene conocimiento del hecho de que cuando se exigen vías
obligadas se exige necesariamente la cesión a través de una escritura pública de
la vía obligada?

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JJZM: Sí. Es el deber ser. El deber ser es que cuando se establece inicialmente
la vía obligada el constructor hace el desarrollo precisamente de su edificación
nueva y a través de ese tiempo él formaliza las fajas que están contenidas en ese
certificado [inaudible].
AD: ¿Usted tiene conocimiento de algún documento a través del cual el municipio
de Medellín le hubiera exigido al Poblado Country Club una cesión a través de
escritura pública de determinada faja de terreno durante la etapa del
licenciamiento para la construcción y urbanización de este predio?
JJZM: No.

Por tal motivo, debido a que el ingeniero Zapata Marulanda manifestó no tener
conocimiento de las circunstancias específicas atinentes a las obligaciones derivadas
del aludido instrumento de planificación urbanística, su dicho no tiene la entidad de
desvirtuar las conclusiones probatorias señaladas anteriormente.

Debe precisarse que la cesión gratuita obligatoria corresponde a una
contraprestación que deben asumir los propietarios por la plusvalía que generan las
actuaciones urbanísticas que desarrollen en sus predios, bajo el amparo de una
licencia urbanística7. De este modo, cuando en el trámite administrativo inherente a
dicho instrumento de planificación se señala explícitamente por la administración
municipal que se han cumplido todas las obligaciones que de ella se derivaron, esto
necesariamente abarca lo concerniente a las cesiones correspondientes, pues dicho
acto jurídico hace parte del conjunto de obligaciones que adquiere un titular de una
licencia de urbanismo.

Al construirse un tramo de la vía Las Palmas en la zona cedida en 1998, las franjas
de terreno contiguas adquirieron la condición de zonas de retiro, las cuales, a pesar
de estar afectadas a un uso público, seguían siendo de dominio privado por parte de
la sociedad Poblado Country Club S.A. Por tal motivo, cuando en el año 2008 se
necesitaron dichas áreas para adelantar la ampliación a doble calzada de la vía Las
Palmas, se debieron adquirir a título oneroso los predios correspondientes por parte
de la entidad encargada de la gestión predial del proyecto, pues la cesión gratuita es
aplicable solamente cuando el particular es quien desarrolla en su propio beneficio la
actuación urbanística bajo una autorización estatal, pero cuando es el Estado el que
adelanta esa actuación, debe llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria con el
propietario o acudir a la figura de la expropiación para hacerse con el terreno
requerido para adelantar su proyecto.

7 Sobre la noción de la cesión gratuita obligatoria en materia urbanística, ver: Consejo de Estado,

Sección Primera, Sentencia del 12 de marzo de 2020, exp. 73001-23-31-000-2009-00333-01 (M.P.
Nubia Margoth Peña); Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 27 de enero de 2011, exp.
15001-23-31-000-2002-02582-01(AP) (M.P. Maria Claudia Rojas Lasso). Corte Constitucional,
Sentencia C-495 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

En vista de lo anterior, se concluye que el a quo erró al determinar que el área objeto
de litigio corresponde una zona de cesión gratuita obligatoria por virtud de la licencia
urbanística de marras, toda vez que dicha obligación quedó saldada desde el año
1998.

Además, de acuerdo con los artículos 673 y 745 del Código Civil, para que la
titularidad del derecho de dominio de un inmueble varíe se requiere de título y modo;
lógica que han seguido las normas urbanísticas al señalar que las cesiones operan
luego de inscribirse la escritura pública correspondiente -art. 5° Ley 9 de 1989-. De
este modo, no resulta viable sostener, como lo ha hecho el municipio de Medellín,
que las cesiones gratuitas a que se encuentra obligado el beneficiario de una licencia
de urbanismo operan por ministerio de la ley, sin que haga falta un título traslaticio
de dominio.

Así las cosas, como la franja de terreno objeto de litigio localizada en el predio de
matrícula No. 001-727165 corresponde a un bien de dominio privado cuyo titular es
la sociedad demandante, su destinación como vía pública sin el reconocimiento del
precio correspondiente a su propietaria, constituye un daño antijurídico que debe ser
reparado y así se declara mediante la presente providencia.

Este daño es atribuible al municipio de Medellín, pues, aunque no construyó
directamente la vía pública, sí tuvo la condición de dueña de la obra, en tanto
cofinanció el proyecto y tuvo a su cargo la cesión de las áreas requeridas para su
ejecución. Esto, pues en virtud del Convenio Interadministrativo N° 4800002223 del
27 de junio de 2007 el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín
acordaron aunar esfuerzos para cofinanciar la construcción de la doble calzada de la
vía Las Palmas, en el tramo denominado Country Club – Chuscalito (fl. 302 c. 1).

En dicho acuerdo, se estableció que las obras de ampliación vial se venían realizando
en varios tramos, algunos de los cuales estuvieron a cargo del municipio de Medellín
y otros de la Gobernación de Antioquia. Para el caso particular del tramo denominado
Country Club – Chuscalito, en el convenio se precisó que era el que unía los
segmentos de obra realizados separadamente por las entidades, razón por la cual
convinieron aunar esfuerzos para cofinanciar y construir conjuntamente esa sección
de la vía Las Palmas8.

8
Así se precisó en las consideraciones: “(…) 11) Que el Proyecto de "Conexión Vial Aburrá - Oriente"
se considera de importancia estratégica para EL DEPARTAMENTO, EL MUNICIPIO la región del
oriente antioqueño 12) Que el departamento de Antioquia en este programa de integración construyó
la doble calzada entre Chuscalito y el alto Palmas. 13) Que el Municipio de Medellín construyó en el
mismo corredor vial una doble calzada entre San Diego y el Country Club 14) Que se hace necesario
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Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

Conforme a lo previsto en la cláusula segunda del convenio, el municipio de Medellín
se comprometió, entre otras cosas, a poner a disposición del proyecto los recursos
necesarios para su ejecución9, así como a “la cesión del tramo de la vía municipal
comprendido entre el sitio Country Club y Chuscalito, durante el tiempo que dure su
construcción hasta el momento del recibo de las obras, a no ser que las partes
consideren que la vía siga siendo parte del contrato de Concesión en cuyo caso EL
MUNICIPIO asumirá todos los costos inherentes a la operación y mantenimiento” (fl.
303 c. 1).

Además, como el departamento venía ejecutando un contrato de concesión para la
ampliación de otros tramos de la vía Las Palmas, mediante el convenio
interadministrativo en mención se obligó a realizar “la gestión contractual inherente
con el concesionario para incluir dentro del contrato de concesión el tramo de vía
objeto de [ese] convenio” (fl. 303 c. 1).

Finalmente, en la cláusula octava del convenio se pactó que “EL MUNICIPIO se
obliga una vez se llegue al acuerdo definitivo con el Concesionario y en el marco de
su competencia a ceder al Departamento de Antioquia el tramo de la vía Municipal
comprendido entre el sitio Country Club y Chuscalito, tramo que será incorporado al
contrato de Concesión departamental No. 97-CO-20-1811 [celebrado con la sociedad
Concesión Vial Túnel Aburrá Oriente S.A.], para la construcción de la doble calzada
proyectada por el Departamento de Antioquia, previa reestructuración del Proyecto y
ajustes a fin de lograr el cierre financiero respectivo” (fl. 304 c. 1).

Para el cumplimiento de tales obligaciones, mediante “Acta de entrega material de
dos fajas de terreno” del 6 de febrero de 2008, el municipio de Medellín cedió a la

la unión de estos corredores viales en una extensión de 2.7 km. Construyendo una doble calzada 15)
Que el Proyecto de "Conexión Vial Aburrá - Oriente" permitirá un mejor entorno de operación para el
transporte y una mayor integración económica. 16) Que el mencionado Proyecto contribuye
significativamente a la calidad de vida de los habitantes de la zona, generando empleos durante la
etapa de construcción y en general constituye un aporte al desarrollo social y económico de la región
occidente del DEPARTAMENTO. 17) Que es voluntad del Gobierno Departamental la ejecución de las
obras vinculadas al proyecto total de comunicación del Valle de Aburrá con el oriente antioqueño con
la doble calzada San Diego Altos Palmas. 18) Que para la consecución de los fines señalados
anteriormente, es favorable celebrar el presente Convenio Interadministrativo de Cooperación,
Colaboración y Cofinanciación (…)”.
9
En la cláusula tercera del convenio se pactó su valor y el monto de los aportes de cada entidad, así:
“CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONVENIO Y APORTES: EL valor del presente Convenio
asciende a la suma de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (18.998.760.000). 1) EL DEPARTAMENTO: obtendrá los
recursos por un monto de ONCE MIL MILLONES DE PESOS (11.000.000.000), de la modificación del
modelo financiero de la Concesión Aburrá Oriente. 2) EL MUNICIPIO aportará la suma de SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
(7.998.760.000)” (fl. 303 vto., c 1).
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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
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Demandado: Municipio de Medellín
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Concesión Vial Túnel Aburrá Oriente S.A. un área de propiedad de la sociedad
Poblado Country Club S.A., bajo la errada consideración de estar disponiendo de un
predio de dominio público.

De acuerdo con la accionante, esta actuación dio lugar a la ocupación por la que se
demanda, pues allí fue cuando el municipio de Medellín “se apropió de un lote de
terreno de propiedad de la parte demandante, con el fin de permitir el desarrollo de
un proyecto vial (…) argumentando un supuesto incumplimiento de obligaciones
urbanísticas previas y la existencia de una zona de retiro” (fl. 78 c. 1).

Esta consideración es acertada, en la medida en que el municipio de Medellín, al
actuar en el marco de un convenio interadministrativo en el que se pactó que la obra
de infraestructura vial se construiría conjuntamente con el departamento de
Antioquia, participó activamente en la ocupación de la franja de terreno en cuestión,
al disponer de un bien de dominio privado para destinarlo a la obra pública, sin
realizar la gestión predial necesaria para cumplir con su deber de poner a disposición
del proyecto zonas aptas para la ejecución de las obras, con observancia de los
derechos de los propietarios de los predios afectados.

Y aunque no se pierde de vista que por virtud del Convenio Interadministrativo N°
4800002223 del 27 de junio de 2007 el departamento de Antioquia tendría a su cargo
la ejecución material de la obra a través del concesionario vial -Contrato No. 97-CO-
20-1811-, y esto podría dar lugar a la aplicación de la regla prevista en el artículo
2344 del Código Civil, lo cierto es que en el presente asunto únicamente fue
demandado el municipio de Medellín, bajo una imputación que permite declarar su
responsabilidad patrimonial, sin perjuicio del ejercicio de los mecanismos que esta
entidad estime pertinente aplicar frente a los demás sujetos intervinientes en la
construcción de la vía.

Por lo anterior, mediante la presente providencia se revoca la decisión proferida el 1
de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se
declara la responsabilidad patrimonial del municipio de Medellín, por la ocupación de
una franja de terreno del predio de matrícula inmobiliaria No. 001-727165 de
propiedad de la sociedad Poblado Country Club S.A.

5.- Perjuicios

En la demanda se pretendió la indemnización de perjuicios materiales en las
modalidades de daño emergente -correspondiente al valor de la franja de terreno-,

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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

así como el “lucro cesante ocasionado por la pérdida del inmueble ocupado, el cual
se calculará aplicando la tasa del interés bancario corriente vigente entre el momento
de la ocupación (febrero de 2008) y el momento del fallo, calculado a la tasa del
interés bancario corriente” (fl. c. 1).

Para demostrar la causación de tales perjuicios, en el presente proceso se practicó
un primer dictamen pericial en el que se determinó que el área ocupada corresponde
a 2773,73 m2 (fls. 310 y 365 c. 1).

Luego se practicó un segundo dictamen pericial, cuyo objeto consistió en establecer
el valor comercial de esa área. Sin embargo, a partir de las pruebas practicadas en
la contradicción de dicho dictamen, se pudo establecer que el perito erró en sus
conclusiones, porque tasó el monto de los perjuicios sin tener en consideración los
usos de suelo permitidos. Específicamente, no se percató de que al construirse la
primera calzada de la vía Las Palmas, el área objeto de litigio quedó contigua al
trazado de la vía y, en esa medida, pese a ser una zona de dominio privado, una
parte de ella quedó afectada al uso público, por lo que su valor no podía ser el de un
predio en el que se permite su destinación a fines comerciales o residenciales.

Por esa razón, como el referido dictamen no ofrece convicción sobre el monto del
perjuicio pretendido, dada su falta de precisión, se impartirá una condena en
abstracto en relación con el daño emergente, con base en los parámetros que se fijan
más adelante.

Ahora bien, en el transcurso del proceso se demostró que mediante la Resolución
4207 del 2 de julio de 2014, el municipio de Medellín efectuó una actualización de
linderos y rectificación de áreas de varios predios, entre los que se encontraba el
inmueble de la accionante y algunos circundantes. Esta decisión fue el resultado de
un procedimiento en el que, previa solicitud ciudadana, se corrigieron las áreas
definitivas de esos inmuebles, luego de verificar en campo la alinderación contenida
en los diversos instrumentos públicos mediante los cuales se identificaron tales
inmuebles (fl. 506 c. 1).

Como producto de esa actuación, se determinó que mediante la escritura pública No.
3979 del 24 de septiembre de 1960 (fl. 83 c. 2), el municipio de Medellín ya había
adquirido una franja de terreno que destinaría a la construcción de una vía pública.
Parte de ese terreno se superpone con el área objeto de litigio, lo cual implica que,
por virtud de los efectos registrales que supone la actualización de alinderación y
corrección de áreas contenida en la Resolución 4207 del 2 de julio de 2014 -conforme

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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

a lo previsto el Decreto 148 de 2020, en la Resolución Conjunta IGAC No. 1101 SNR
No. 11344 de 2020, concordados con los artículos 104 de la Ley 1753 de 2015 y 79
a 82 de la Ley 1955 de 2019-, el área de la ocupación inicialmente determinada en
2773,73 m2 debe verificarse en campo nuevamente, teniendo en consideración la
situación jurídica a que se acaba de aludir.

Así las cosas, pese a encontrarse plenamente acreditada la ocupación sobre una
franja del bien de matrícula inmobiliaria No. 001-727165 de propiedad de la sociedad
Poblado Country Club S.A., no obran en el plenario medios de convicción idóneos
para liquidar el monto específico de la indemnización que se debe pagar a dicha
entidad por concepto de daño emergente, razón por la cual esta se deberá determinar
en un incidente de liquidación de perjuicios que adelantará el tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso
Administrativo, en el que se valdrá de un dictamen pericial que deberá tener en
cuenta los siguientes parámetros:

i) El dictamen pericial tendrá por objeto establecer el área superficiaria que el
municipio de Medellín ha ocupado de manera antijurídica con la destinación a obra
pública de una franja del predio de matrícula No. 001-727165, de propiedad de la
sociedad Poblado Country Club. También deberá determinarse el valor de esa franja
de terreno para el momento de los hechos y actualizarse a valor presente.

ii) Para la determinación del área ocupada se tendrá como punto de partida el
dictamen pericial rendido en el presente proceso, en el que se identificó
preliminarmente que la superficie ocupada corresponde a 2773,73 m2 (fls. 310 y 365
c. 1). A dicha cifra deberá sustraérsele el área que presenta superposición con la
zona que el municipio de Medellín adquirió mediante la escritura pública No. 3979 del
24 de septiembre de 1960 (fl. 83. c. 2), de acuerdo con lo determinado en la
Resolución 4207 del 2 de julio de 2014, proferida por la Subdirección Administrativa
de Catastro de la Alcaldía de Medellín (fl. 506 c. 1).

iii) El avalúo de la franja de terreno localizada dentro del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 001-727165 se hará con base en los criterios técnicos
establecidos en la Resolución 620 de 2008, proferida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.

Conforme a lo previsto en el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo, una
vez se agote el incidente de liquidación de perjuicios y se cancelen por parte del
municipio de Medellín los montos a que sea condenada, el municipio de Medellín
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Demandado: Municipio de Medellín
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deberá protocolizar y registrar esta providencia -y su decisión complementaria- para
que obre como título traslaticio de dominio frente a la franja de terreno ocupado, a
efectos de que pase del patrimonio de la sociedad Poblado Country Club S.A. a
formar parte de los bienes de propiedad de dicho municipio.

Por otra parte, la Sala precisa que como no existe medio de prueba alguno que tenga
por objeto la acreditación de la existencia cierta del lucro cesante pretendido, la Sala
se abstendrá de imponer una condena en tal sentido, en concordancia con lo previsto
en el artículo 177 del CPC, en la medida en que ni siquiera se encuentra acreditado
que la demandante realizara labores de explotación económica en el área de terreno
afectada con la ocupación permanente.

6.- Costas

Como en el presente asunto no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo establecido en el
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: DECLARAR que el municipio de Medellín es patrimonialmente
responsable por la ocupación permanente sobre una franja del predio de propiedad
de la sociedad Poblado Country Club S.A., identificado con matrícula inmobiliaria No.
001-727165, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR EN
ABSTRACTO al municipio de Medellín, a pagar a la sociedad Poblado Country Club
S.A., la suma correspondiente al valor de la franja de terreno del bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-727165 que fue ocupada
permanentemente por la entidad, de acuerdo con lo que se establezca mediante el
incidente de regulación de perjuicios que promueva la parte interesada bajo los
parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación: 05001233100020100037900 (65530)
Actor: Poblado Country Club S.A.
Demandado: Municipio de Medellín
Referencia: Acción de Reparación Directa

CUARTO: Una vez se pague la indemnización de perjuicios a favor de la sociedad
Poblado Country Club S.A., la franja de terreno ocupada saldrá de su patrimonio y
pasará a ser de propiedad del departamento de Antioquia, para lo cual deberán
adelantarse los actos registrales correspondientes.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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