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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2010-00455-01

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2010-00455-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO contra de la Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica a la doctora Claudia Alexandra Herrera Galvis portadora de la tarjeta profesional 109.283 del C.S. de la J. para actuar como apoderada principal de la entidad demandada, de conformidad con las facultades otorgadas en el poder visible a folio 520. TERCERO: RECONOCER personería jurídica al doctor Belfíde Garrido Bermúdez portador de la tarjeta profesional 202.112 del C.S. de la J. para actuar como apoderado sustituto de la entidad demandada, de conformidad con las facultades otorgadas en el poder visible a folio 547.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-31-000-2010-00455-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

28 de marzo de 2019

PROCESO DISCIPLINARIO - Patrullero de la policía nacional / CONDUCTA - Ausentarse del lugar donde presta el servicio y facilitar medios institucionales para fines ilegales / DEBIDO PROCESO - Procedimiento verbal / PROCESO VERBAL - Patrullero aprendido al momento de cometer la conducta / DEBIDO PROCESO - No vulnerado / ACERVO PROBATORIO - Suficiente respetando la sana crítica y el derecho de defensa / PRESUNCION DE LEGALIDAD - No desvirtuada

El patrullero demandante fue “aprendido al momento de cometer la conducta” como se indicó en el auto de 5 de mayo de 2006, hecho con fundamento en el cual y de acuerdo con el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 permitió impartir el trámite de procedimiento verbal a la actuación adelantada en su contra. Con este argumento sustentado en los medios de prueba aportados al expediente se desvirtúan las razones que expresa el demandante al considerar que no se daban los supuestos para que la actuación se llevara a cabo bajo el procedimiento verbal. Bajo los argumentos que anteceden no está llamado a prosperar el cargo que plantea la demanda por violación al debido proceso al haberse dado trámite a la actuación por el procedimiento verbal. La actuación disciplinaria estuvo precedida de la participación activa del investigado y/o de su apoderado, mediante defensa técnica, con ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. Está acreditado para la Sala que tanto en la primera como en la segunda instancia se efectuó un análisis del acervo probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica donde se apreciaron en conjunto e integralmente éstas frente a los argumentos expuestos por la defensa técnica. La Sala considera necesario precisar que en el presente caso la potestad sancionatoria del Estado se ejerció bajo las garantías que convencional y constitucionalmente amparan al disciplinado, sin violar sus derechos fundamentales y con plena observancia del principio de legalidad, con sujeción al procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002. La imposición de la sanción de destitución e inhabilidad de 18 años es proporcional a la gravedad de la falta y cumple el fin sancionatorio y preventivo frente a la realización de conductas contrarias a la ley, más aún si se trata de autoridades policiales a quienes la Constitución y la Ley han encomendado la salvaguarda y protección de los derechos y bienes de los ciudadanos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejero ponente: CESAR PALOMINO CORTES

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00455-01(1850-10)

Actor: JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - DECRETO 01 DE 1984. TEMA: SANCIÓN DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL DE 18 AÑOS IMPUESTA A UN PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL POR INFRINGIR EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 1015 DE 2006.

La Sala decide en única instancia sobre las pretensiones de la demanda presentada por el señor Julián Alexander Castro Osorio contra la Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

ANTECEDENTES

La demanda

Las pretensiones

El señor Julián Alexander Castro Osorio, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declaren NULOS los actos administrativos de 01 de junio de 2009. “Acta de audiencia (continuación) radicado MEVAL- 2009-84- ACTA QUE TRATA DE LA AUDIENCIA REALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA DE RADICACIÓN NÚMERO MEVAL -2009-84” por medio de la cual resuelve “Declarar responsable Disciplinariamente al señor JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.384.672 expedida en Medellín, Antioquia…” proferido por el Mayor Abogado FREDDY HERNÁN AGUIRRE MASTRODOMENICO -Jefe Oficina Control Disciplinario Interno MEVAL, y, el acto administrativo de 25 de junio de 2009, sin nomenclatura alguna proferido por el Teniente Coronel WILFRIDO OMAR PEREZ CHAMORRO; Inspector Delegado Regional Número Seis Policía Nacional, por medio del cual se resuelve en su artículo primero de la parte resolutiva “No acceder a las pretensiones de la defensa…”.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, se restablezca plenamente en sus derechos a JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO; disponiendo para el efecto lo siguiente:
-Que se ordene a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL- INSPECCIÓN GENERAL- INSPECCIÓN DELEGADA NÚMERO 6- OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ; la desanotación en la Hoja de Vida de JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO; así como del sistema SIJUR y se oficie a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN GRUPO SIRI, para lo de su competencia con el mismo efecto de desanotación de la sanción.

TERCERA: Que se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos y precisiones legales para el efecto.

CUARTA: Que se condene en costas a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICIA NACIONAL-INSPECCION GENERAL-INSPECCIÓN DELEGADA NÚMERO 6-OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

El demandante estuvo al servicio activo de la Policía Nacional, adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nivel ejecutivo con el grado de patrullero, desde el 8 de abril de 2002 hasta el 30 de enero de 2009.

Se relata en la demanda que el 30 de enero de 2009, en “cumplimiento de un deber legal”, el actor acudió ante el llamado de una ciudadana quien “lo abordó en la calle” y le manifestó su preocupación ante la actitud sospechosa de algunas personas, motivo por el cual el patrullero Castro Osorio se dirigió al sitio que le indicó la mencionada ciudadana. Y, que una vez llegó al lugar indicado (calle 56 con carrera 78 sector Los Colores), en compañía de Guillermo León Gallego Zapata, “una señora les abrió la puerta permitiéndoles el libre acceso” para efectuar una inspección del lugar y al no encontrar situaciones sospechosas, procedieron a retirarse del sitio. Se continúa con el relato señalando que “Al abordar la motocicleta oficial que utilizaban, mi representado como piloto y el compañero como tripulante, al recorrer pocos metros fueron cerrados por un vehículo automotor del cual se bajaron varios hombres armados identificándose como miembros de la DIJIN, procedieron a inmovilizarlos y capturar tanto a mi mandante (es decir, el señor Julián Alexander Castro Osorio) como a mi compañero policial.

El 30 de enero de 2009 le notifican al demandante la Resolución 00014 de la misma fecha, mediante la cual se retira del servicio activo como miembro de la Policía Nacional adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En la misma fecha, el Jefe de la oficina de control disciplinario interno MEVAL, profirió auto que ordenó abrir indagación preliminar por la presunta conducta de hurto. Según se indica en la demanda esta decisión no se comunicó al demandante.

El 30 de enero de 2009 se elaboró el acta de notificación personal y se corrió traslado “de todo el expediente” a los indagados, pero, se insiste, sin que se surtieran las notificaciones de rigor al demandante.

El 18 de mayo de 2009 se llevó a cabo la audiencia en la investigación disciplinaria y el demandante solicitó que se declarara la nulidad de toda la actuación porque no se había dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 176 de la Ley 734 de 2002. Al resolver esta solicitud, el jefe de la oficina de control disciplinario interno consideró que no prosperaba porque se trataba de un requisito formal que no afectaba la validez del proceso.

En la misma fecha, el demandante solicitó el decreto y práctica de algunas pruebas, así como que fuera escuchado en versión libre. La audiencia de pruebas fue aplazada y se reanudó el 27 de mayo de 2009, fecha en la que según la demanda no se practicó la versión libre. El Jefe de la oficina de control disciplinario interno no estaba presente en esa diligencia.

El demandante presentó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud para que dicho ente ejerciera el poder disciplinario preferente. El Procurador Regional mediante oficio de 18 de agosto de 2009 resolvió no conceptuar sobre la viabilidad de asumir el poder preferente y ordenó compulsar copia de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional a fin de que se investigara la conducta del Teniente Coronel Wilfredo Omar Pérez Chamorro por el desconocimiento de la solicitud de abstenerse de pronunciamiento de segunda instancia hasta que se decidiera la solicitud de poder preferente presentada por el demandante.

El 1 de junio de 2009 se profirió decisión de primera instancia en el proceso disciplinario adelantado por la oficina de control disciplinario interno, y se declaró responsablemente al demandante. El 25 de junio de 2009 se profirió decisión de segunda instancia y se resolvió “No acceder a las pretensiones de la defensa”, lo que se traduce en confirmar el acto de primera instancia. La decisión de segunda instancia se notificó por edicto el 16 de julio de 2009 y se desfijó el 22 del mismo mes y año.

Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se citan como vulneradas las siguientes disposiciones:

Constitución Política: Art. 29
Ley 734 de 2002: Artículos 92.3 y 176

El concepto de violación se desarrolla así:

Se argumenta que en el presente caso se configura una violación al debido proceso en la actuación administrativa disciplinaria que se adelantó porque se omitió la comunicación inmediata que requiere el artículo 176 de la Ley 734 de 2002. Se aduce además, que el acto sancionatorio es manifiestamente violatorio del derecho fundamental al debido proceso porque la entidad no escuchó en versión libre al investigado por una conducta omisiva atribuible al jefe de la oficina de control disciplinario interno, no obstante el demandante solicitó ser escuchado durante el trámite de las diligencias.

Contestación de la demanda

La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que los actos administrativos acusados se expidieron con acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen el procedimiento disciplinario. Señaló que la autoridad que disciplinó al demandante “en todo momento le hizo conocer al disciplinado y su apoderado las diligencias que se surtían y se adelantaban, dando cumplimiento al principio de publicidad”.

Indicó que mediante oficio del 5 de mayo de 2009 dirigido a la Procuradora Provincial del Valle de Aburrá, se le comunicó de la apertura de la investigación disciplinaria adelantada contra el señor Patrullero de la Policía Nacional, Julián Alexander Castro Osorio, por los hechos ocurridos el 30 de enero de 2009, cuando el mencionado patrullero, junto con otros policiales fueron aprehendidos por funcionarios de la Dirección de Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional, DIJIN, en el sector del barrio Los Colores, luego que presuntamente permitieran el ingreso de particulares que registraron el inmueble ocupado por la señora Luz Estela Vélez Carmona. De esto se tiene que la Procuraduría Provincial tenía conocimiento del proceso disciplinario que se adelantaba contra el mencionado patrullero por la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana de Medellín. Además, consta el oficio 5752 de 9 de diciembre de 2009, suscrito por la Procuradora Provincial del Valle de Aburrá en el que da cuenta que ese despacho recibió el oficio sin número proveniente de la oficina de control disciplinario interno.

De parte indica que la versión libre es un derecho del investigado y que en el proceso la autoridad disciplinaria “le hizo saber al señor ex policial CASTRO OSORIO y a su apoderado que podía hacer uso de este postulado y dependía de estos hacer uso o no de tal derecho”. El disciplinado dispuso de varios momentos procesales en los cuales tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

El demandante fue investigado y sancionado de acuerdo con la Ley 1015 de 2006, en la parte sustantiva, y en la parte procedimental, se dio cumplimiento a la Ley 734 de 2002.

Los argumentos esbozados por la defensa del actor no son de recibo por cuanto la conducta atribuida al señor Castro Osorio afectó el deber funcional que le era exigible en su condición de servidor público garante de derechos y libertades públicas.

El sujeto disciplinado contó con las garantías legales y constitucionales para ejercer el derecho de defensa y contradicción, por lo que “no cualquier alegato puede ser de conocimiento de la jurisdicción contencioso, ni cualquier tipo de error está en capacidad de cuestionar el fallo disciplinario, el cual goza de la presunción de legalidad y certeza”.

Alegatos de conclusión

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos para señalar que la actuación disciplinaria se adelantó con plena observancia de las normas en que debía fundarse. Indicó que no existió violación del derecho al debido proceso en la medida que el demandado fue notificado personalmente de las actuaciones como lo dispone la ley, y tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.

La parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

El Ministerio Público rindió concepto de fondo para solicitar que se nieguen las pretensiones de la demanda. Señala en primer lugar que la materialidad del derecho de defensa se mantuvo incólume como se advierte de la lectura del expediente. A folio 91 del cuaderno 4 consta el documento de fecha 5 de mayo de 2009 en el que se observa que se surtió la comunicación de rigor sobre la apertura de investigación disciplinaria en contra del actor. La comunicación no tiene por fin que el Ministerio Público asuma las diligencias, simplemente se lleva el registro de los procedimientos verbales. Sobre el argumento de la demanda que no se permitió que el investigado rindiera su versión libre, señala que la diligencia del 18 de mayo de 2009 se llevó a cabo con la participación de los funcionarios competentes y no consta en el acta que el disciplinado o su apoderado hubieran solicitado la práctica de esa diligencia.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección es competente para conocer en única instancia de este proceso que se rige por el Decreto 01 de 1984, pues esta Corporación precisó, por vía de interpretación judicial, que de conformidad con dicha normativa, le corresponde privativamente conocer de los asuntos en los cuales se controvierte una sanción disciplinaria administrativa consistente en la destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, expedida por una autoridad nacional.

Control Judicial

El Consejo de Estado se ha pronunciado en repetidas oportunidades, sobre el alcance del control judicial que ejerce respecto de las decisiones administrativas sancionatorias y, actualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016, consideró lo siguiente:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.

Conforme al precedente, la Sala considera que tiene plena competencia para realizar un control judicial integral de las decisiones acusadas, en aras de la tutela judicial efectiva de los derechos que reclaman los accionantes.

Problema jurídico

Corresponde establecer en el presente caso, si los actos sancionatorios de primera y segunda instancia, expedidos respectivamente por la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y el Inspector Delegado Regional Número Seis de la Policía Nacional, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente con destitución del cargo e inhabilidad general de 18 años al señor Julián Alexander Castro Osorio, en su condición de patrullero de la institución, son nulos por desconocimiento del derecho de audiencia o de defensa y por violación de los artículos 92.3 y 176 de la Ley 734 de 2002.

Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: (i) Actuación disciplinaria; (ii) Comportamiento reprochado; y (iii) Caso concreto.

Actuación disciplinaria

La actuación se inició con fundamento en un informe de 30 de enero de 2009, rendido por el Comandante de la Estación de Policía Laureles que da cuenta sobre la captura de varias personas, entre ellas, 5 miembros de la Policía Nacional dentro de quienes se encontraba el Patrullero, Julián Alexander Castro Osorio. En el informe se indica que: “Dichos sujetos y elementos fueron dejados a disposición ante el fiscal (…), por el delito de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. Según informaciones al parecer tenían como objetivo el ingreso al inmueble de la dirección citada para apoderarse de unos dineros que presuntamente existía en este lugar”.

Con fundamento en este informe, el Jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con fundamento en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, profirió auto de apertura de indagación preliminar el 30 de enero de 2009. De acuerdo con la constancia de la oficina de recursos humanos, el señor Julián Alexander Castro Osorio, estaba vinculado a la Policía Nacional, Grupo Comando de Reacción Motorizada, CORAM, Metropolitana Valle de Aburrá, MEVAL, en el cargo de Patrullero de Vigilancia.

El auto de apertura de indagación preliminar se notificó a cada uno de los implicados, incluido el demandante, según consta en los folios 102 y siguientes del cuaderno anexo al expediente. De acuerdo con el acta de notificación personal, se les indicó a los notificados los derechos que les asistía conforme el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, dentro de los cuales, está el de “Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia”.

Según consta a folio 112 del cuaderno anexo, al demandante se le comunicó sobre las fechas en las que se recepcionarían los testimonios dentro de la indagación preliminar.

Mediante auto de 5 de mayo de 2009 se impartió el trámite del procedimiento verbal a los señores Guillermo León Gallego Zapata y Julián Alexander Castro Osorio. La oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá consideró que se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 734 de 2002 para llevar a cabo el diligenciamiento mediante el rito verbal de que trata el artículo 175 ídem. En el auto dentro del análisis de las pruebas recaudadas se indicó:

“Revelan además evidencias documentales que los patrulleros GALLEGO ZAPATA y CASTRO OSORIO, había salido de la jurisdicción de la Estación Manrique con permiso del Comandante del servicio en esa zona, y con destino a las instalaciones del Comando Operativo Especializado a efectuar revisión e impronta a la motocicleta de placas CPL-84, conducida por el patrullero CASTRO OSORIO JULIAN, quien llevaba como parrillero o tripulante al también patrullero GALLEGO ZAPATA GUILLERMO, misión que salieron a cumplir según informe aproximadamente desde las 08:40 horas de la mañana, revisión que según consta en documentos nunca se realizó…

Dado que existen evidencias, de las cuales se colige que los patrulleros GALLEGO ZAPATA y CASTRO OSORIO, si pudieron haber ingresado a la residencia, y que además estaban en un sitio distinto al dispuesto para la prestación del servicio, este Despacho continuará el trámite disciplinario en su contra y por ello se les citará a audiencia”.

En el mismo auto sobre el análisis de los argumentos de defensa, se indicó:

“Se omite análisis a este respecto toda vez que hasta el momento los implicados no han hecho intervención a este respecto” (Resalta la Sala).

Y, sobre la determinación de la conducta investigada, se dijo:

“Las conductas por las cuales se cita a audiencia al señor Patrullero CASTRO OSORIO JULIAN ALEXANDER, sugiere que el día, 30 de enero a eso de las 10:30 horas aproximadamente, usted fue sorprendido y aprehendido en inmediaciones de la calle 55 con carrera 80, luego de ser visto en la 56 con 78 B, cuando debía estar en la jurisdicción de Manrique donde le había sido ordenado prestar su servicio, o en las instalaciones del CORAM, ubicada en la carrera 61 Nro. 48-104, Barrio Sagrado Corazón de Jesús, conducta que podría encuadrar dentro de la descripción típica contemplada en el artículo 34 numeral 27 de la Ley 1015/06.

Motiva además el citatorio a audiencia la presunta conducta imputable al uniformado Patrullero CASTRO OSORIO JULIAN ALEXANDER, consistente en que presuntamente para la misma fecha, es decir 30 de enero de 2009, a eso de las 10:10 horas, aprovechando su condición Policial, utilizó los medios de la institución, tales como su investidura Policial, entendida esta como la autoridad Policial, el uso de uniformes motocicletas, arma radios y demás elementos de servicio, cuyo avistamiento por parte del ciudadano, hace que éste confíe en que se trata de la Policía y abrirles las puertas de sus casa; además de medios tangibles como motocicleta de la Policía Nacional, uniformes y arma de dotación oficial, para un fin ilegal, como fue presuntamente permitir el ingreso de particulares, a allanar o registrar ilegalmente el inmueble de la señora LUZ ESTELA VELEZ CARMONA; conducta que podría encuadrar dentro de la descripción típica contemplada en el artículo 34 numeral 3. Cabe destacar que el ingreso de los particulares a la pluricitada residencia fue ilegal…”.

Sobre las normas presuntamente quebrantadas se indicó:

“(…) usted señor Patrullero JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, sujeto al régimen especial como miembro de la Policía Nacional, ha podido incurrir en infracciones al Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, respecto a los preceptos contemplados en los artículos 34 numerales 3 y 27 del citado Régimen Disciplinario Ley 1015-2006”.

Del análisis del material probatorio se estableció que el hecho investigado y el comportamiento presuntamente asumido por el señor JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, configuraba uno de los eventos previstos en el título VI, capítulo I, de la Ley 1015 de 2006, como falta disciplinaria y se trata “de uno de los eventos contemplados en el artículo 175 de la ley 734/02, en cuya concurrencia debe el funcionario con atribuciones Disciplinarias citar a audiencia, como lo es haber sido sorprendidos los disciplinables en el momento de cometer la conducta (…)”.

De acuerdo con el artículo 2 del auto en mención, se citó a audiencia al patrullero JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, “para que dentro del término improrrogable de dos (2) días rinda (…) su versión libre en forma verbal o escrita, sobre las circunstancias de los hechos que se le imputan y/o aporte o solicite pruebas”.

La decisión se notificó personalmente al señor Castro Osorio y en la diligencia de notificación, se hizo saber al notificado que es titular de los derechos previstos en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002.

Una vez notificado el demandante, a través de apoderado, presentó memorial de descargos y solicitó la práctica de pruebas. En esta oportunidad el abogado pidió que el investigado fuera escuchado en versión libre y que se decretara la nulidad de todo lo actuado porque no se daban los supuestos del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 y se desconoció el numeral 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002.

La diligencia de Audiencia dentro de la investigación disciplinaria se llevó a cabo el 18 de mayo de 2009. A esta diligencia asistió el disciplinado y su defensor ante el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En esta oportunidad se recordó de nuevo que el disciplinado gozaba de los derechos previstos en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, dentro de los que estaba el de ser oído en versión libre. El defensor del patrullero Castro Osorio presentó solicitud de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaban el debido proceso, fundada en las siguientes razones: i) en el caso concreto no se tipificó la flagrancia, es decir, que el señor Castro Osorio hubiera sido sorprendido en el momento de la comisión de la falta; ii) no se dio cumplimiento a la orden prevista en el artículo 176 de la Ley 734 de 2002 en cuanto no se comunicó de manera inmediata a la Procuraduría General de la Nación. A continuación el abogado procedió a presentar los descargos. Debe resaltarse, que ni el demandado ni su representante expresaron en la audiencia la intención de rendir versión libre. En esta audiencia el investigado no solicitó que se le escuchara en versión libre. Por conducto de su abogado pidió que “En cuanto a la versión libre de mi defendido solicito que se fije fecha y hora después de evacuada la etapa probatoria”.

Sobre la solicitud de nulidad formulada por el abogado del señor Julián Alexander Castro Osorio, la entidad indicó que no estaba llamada a prosperar, porque: i) los procesados fueron aprehendidos en un lugar diferente al que les correspondía ejecutar su orden de servicio, lo que quiere decir que su aprehensión se dio “en el momento en que estos presuntamente cometían la conducta”; ii) en lo que respecta a la comunicación a la Procuraduría, “esto se trata de un requisito meramente formal, que nada afecta el derecho a la defensa, pues su finalidad es la del ejercicio del poder preferente, que pueden solicitar los sujetos procesales en cualquier etapa del proceso, de otra parte cabe anotar que esta comunicación ya se surtió tal como se ordenó en auto, aunque físicamente no está anexado al expediente a lo cual se está a la espera de que este organismo de control, lo allegue firmado con el respectivo recibido”. El abogado defensor del demandante presentó recurso de reposición contra esta decisión, el cual se resolvió por el despacho confirmando la decisión recurrida.

Seguidamente se resolvió sobre la solicitud de pruebas. La diligencia se suspendió por cinco días hábiles, y se reanudó el 27 de mayo de 2009. El acta de la audiencia se suscribió por el demandante, entre otros. En la audiencia del 27 de mayo de 2009 se recepcionaron testimonios.

El apoderado del señor Julián Alexander Castro Osorio solicitó que la Procuraduría General de la Nación, asumiera el poder disciplinario preferente. Por medio de auto de 10 de julio de 2009 la Procuradora Provincial del Valle de Aburrá remitió las diligencias a la Procuraduría Regional de Antioquia para que se realizaran las diligencias pertinentes para desatar la viabilidad o no de asumir el conocimiento del proceso disciplinario. Mediante auto de 10 de agosto de 2009 la Procuraduría Regional de Antioquia se abstuvo de conceptuar sobre la viabilidad de asumir el poder preferente porque según el informe rendido por la funcionaria comisionada, no procede la solicitud, por sustracción de materia, toda vez que ya se había agotado el trámite en ambas instancias por la oficina de control interno disciplinario de la MEVAL.

En audiencia llevada a cabo el 1 de junio de 2009 el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno MEVAL, profirió decisión de primera instancia mediante la cual declaró responsable disciplinariamente al señor JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, en su calidad de patrullero de la Policía Nacional, por infringir el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, Ley 1015 de 2006, en su artículo 34, numerales 3 y 27. La falta cometida se atribuyó a título de dolo por cuanto “se trataba para entonces, de un miembro de la Policía que fue debidamente posesionado en el cargo (fl. 24) y por ende conoce sus deberes y funciones, que recibió formación profesional para el mismo, que además recibió instrucciones y órdenes directas (fl.34,42) respecto al lugar donde debía ejecutar sus órdenes de servicio, lo que conlleva a inferir que comprendía que no estaba permitido ausentarse de su lugar de facción sin permiso o causa justificada, como también comprendía, debido a que recibió formación Policial que no podía usar su investidura Policial y demás medios institucionales de autoridad para fines contrarios a los del servicio de Policía,…”. Como consecuencia de ello, sancionó al señor CASTRO OSORIO con destitución e inhabilidad general por el término de 18 años. La decisión se notificó en estrados.

El 25 de junio de 2009 el Inspector Delegado Regional Seis de la Policía Nacional, resolvió el recurso de apelación interpuesto, entre otros, por JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, y dispuso no acceder a las pretensiones de la defensa. En consecuencia, se mantuvo la sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 18 años.

5. Comportamiento reprochado

Al señor JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, se le atribuye responsabilidad disciplinaria por transgredir el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, Ley 1015 de 2006 en su artículo 34, numerales 3 y 27, que dispone:

“Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
3. Permitir, facilitar, suministrar información o utilizar los medios de la Institución, para cualquier fin ilegal o contravencional.
27. Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada”.

El patrullero CASTRO OSORIO se ausentó inicialmente con el conocimiento y bajo una orden legítima de su superior inmediato, como lo era el Comandante Patrulla Escorpión 2-10 CORAM, quien encontrándose en la jurisdicción de la Estación de Policía Manrique le ordenó al patrullero CASTRO OSORIO que se desplazara en la motocicleta que conducía hasta las instalaciones del Comando Operativo Especializado, ubicado en la Carrera 61 Nro. 48-104 de la ciudad de Medellín, para realizarle una revista a la motocicleta, pues la orden era clara y legítima, encaminada a realizar una actividad previamente determinada, pero el señor CASTRO y su compañero Patrullero GALLEGO, tomaron un rumbo totalmente diferente, y se dirigieron a un destino en el que fueron sorprendidos por personal de la DIJIN, lo que muestra que no existe justificación para que se haya ausentado del lugar autorizado.

En el acto de segunda instancia se dice que “si bien los policiales CASTRO y GALLEGO se desplazaron hasta el barrio los colores a verificar una supuesta información, por qué no terminaron con el procedimiento, simplemente porque no era un procedimiento adecuado y mucho menos legal, por cuanto lo que buscaban los uniformados era irrumpir en la residencia de la familia Mollina Vélez y ya en su interior permitirle el ingreso a las personas que con posterioridad ingresaron a dicho inmueble. Situación esta que desde ningún punto de vista genera ambigüedad frente a la imputación de la falta disciplinaria, por el contrario lo que hace es reafirmar la actividad irregular que realizaban los policías (…).

En cuanto a las garantías de los disciplinados, encuentra esta Delegada que en desarrollo del proceso investigativo y en cada una de las actuaciones procesales, se les respetaron en debida forma, pues fueron notificados del inicio de la indagación preliminar y les fueron comunicadas las pruebas practicadas y puestas a su disposición desde el momento mismo en que fueron notificados del auto de citación a audiencia (…)”.

La falta prevista en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 se estructura “por cuanto los disciplinados para el pasado 30 de enero de 2009, efectivamente utilizaron medios de la institución policial para un fin ilegal (…) fue bajo esa investidura de autoridad policial que lograron que estos particulares ingresaran a la citada residencia, sin ninguna orden de autoridad competente (…) además del engaño en el cual mantuvieron a la señora VELEZ CARMONA, en cuanto al procedimiento anómalo que realizaron”. Y, la falta prevista en el numeral 27 del mismo artículo, por cuanto efectivamente se ausentó del lugar de facción donde prestaba el servicio sin justificación alguna.

Sobre la sanción impuesta se consideró que al patrullero CASTRO OSORIO le concurren tanto un criterio favorable como desfavorable, dado que infringió dos veces el Régimen Disciplinario y “al dividir en cuartos la inhabilidad general -de diez años, de acuerdo a la diferencia entre diez y veinte- la sanción a imponer sería de destitución e inhabilidad general por un término hasta por veinte años, dado que la inhabilidad partiría de los dos cuartos medios e incrementada hasta en otro tanto, es por ello que considera esta Delegada que la sanción impuesta por el a-quo es adecuada, por lo tanto impone al señor Patrullero (hoy retirado) JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por un término de dieciocho años”.

4.3. Caso concreto

De acuerdo con la actuación administrativa adelantada por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora cuando argumenta que los actos administrativos sancionatorios se profirieron desconociendo el procedimiento administrativo disciplinario y con violación al derecho al debido proceso y contradicción.

En el trámite de la actuación, la entidad demandada garantizó los derechos de defensa y contradicción del señor Julián Alexander Castro Osorio, a quien le fueron notificadas las distintas decisiones, y participó en las diferentes etapas del proceso disciplinario ejerciendo plenamente su derecho de defensa sin que lograra desvirtuar los cargos imputados.

De acuerdo con los artículos 49 y 54.5 de la Ley 1015 de 2006 la competencia para asumir el conocimiento de las presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública imputables a un grupo de miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, correspondió al Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El artículo 175 de la Ley 734 de 2002 en su redacción original señalaba:

“El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve”.

En sentencia C- 242 de 2010 que declaró la exequibilidad del inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, la Corte al hacer mención al inciso primero de la norma dijo que el proceso verbal tiene un carácter instrumental y debe aplicarse en casos muy precisos: “ (i) "cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta", esto es, en caso de flagrancia o (ii) "cuando haya confesión" o (iii) "cuando la falta sea leve"; (iv) en casos de faltas gravísimas establecidos de manera taxativa en el artículo 48; (v) "en todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos". Como puede constatarse en este último evento, el inciso tercero permite la aplicación del procedimiento verbal en el proceso ordinario por mandato expreso de la ley, cuando se cumplen unas exigencias específicas”.

El procedimiento verbal se aplica en casos en que no queda duda de la configuración de la falta, sea porque se presentó flagrancia o confesión o se trata de falta leve o de las faltas gravísimas previstas taxativamente en el inciso segundo.

El juez administrativo en el control integral de legalidad de los actos administrativos disciplinarios debe actuar como garante que la función sancionadora se haya cumplido sin desconocimiento de derechos fundamentales y principios esenciales del debido proceso.

La oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante auto de 5 de mayo de 2009 dispuso impartir a la actuación adelantada, el trámite del procedimiento verbal, en razón a que los procesados (entre quienes se encontraba el patrullero Julián Alexander Castro Osorio), fueron aprehendidos en el momento de cometer la conducta.

El demandante argumenta dentro de los motivos de inconformidad que “no se ha debido seguir el procedimiento especial”. Al revisar la actuación administrativa la Sala encuentra que las razones que invocó el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para aplicar el procedimiento verbal, concretamente el hecho de que los procesados fueron aprehendidos en el momento de cometer la conducta que se reprocha, encuentra sustento en la prueba documental que hace parte de la actuación.

Ciertamente en el informe de novedad de 30 de enero de 2009 que el Comandante de la Estación de Policía Laureles dirigió al Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se indicó que a las 10:30 horas del 30 de enero de 2009 se adelantó un procedimiento en el barrio Los Colores por el personal del área investigativa de delitos contra el patrimonio económico, DIJIN, en el que se logró la captura de varias personas, entre ellas 5 miembros de la Policía Nacional, 2 de estos en traje de uniforme adscrito al grupo CORAM de la MEVAL, los 3 restantes pertenecientes a la DEANT, así como la captura de 4 personas más. Dentro del personal activo de la Policía Nacional capturado se encontraba el Patrullero Julián Alexander Castro Osorio, del grupo CORAM, lo que quiere decir que era uno de los miembros que al momento de la captura portaba el uniforme. Las personas detenidas y los elementos incautados fueron dejados a disposición del Fiscal URI de turno, por el delito de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas.

Lo anterior muestra que sin lugar a dudas, el patrullero Julián Alexander Castro Osorio fue “aprendido al momento de cometer la conducta” como se indicó en el auto de 5 de mayo de 2006, hecho con fundamento en el cual y de acuerdo con el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 permitió impartir el trámite de procedimiento verbal a la actuación adelantada en su contra. Con este argumento sustentado en los medios de prueba aportados al expediente se desvirtúan las razones que expresa el demandante al considerar que no se daban los supuestos para que la actuación se llevara a cabo bajo el procedimiento verbal.

El proceso verbal está autorizado por la ley y garantiza plenamente los derechos de defensa y contradicción del disciplinado. La Corte Constitucional ha analizado en varias oportunidades la constitucionalidad de los procesos verbales. Así, en sentencia C-1070 de 2002 consideró que el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 pretendía aplicar mayor celeridad a un número de eventos para de esta manera dotar a los órganos de control de herramientas para ejercer la potestad disciplinaria en forma efectiva y eficaz logrando mayor efectividad en los trámites disciplinarios. Igualmente, la Corte consideró en esa oportunidad que el establecimiento de procedimientos especiales en materia disciplinaria no vulnera el derecho a la igualdad.

En sentencia C- 763 de 2009 la Corte señaló que en el proceso verbal disciplinario los sujetos procesales cuentan con una serie de garantías derivadas del debido proceso constitucional, conocen previamente la acusación, pueden solicitar pruebas, y se encuentran habilitados para interponer recursos (arts. 175 a 180 de la Ley 734 de 2002). Sobre las principales características del procedimiento verbal de responsabilidad disciplinaria la Corte señaló en esta sentencia que i) se aplica para las situaciones establecidas expresamente en la ley; ii) todas las etapas del proceso se surten en el trámite de las audiencias; iii) los términos son breves; iv) las intervenciones de los sujetos procesales se recogen en medio magnético y sólo se levanta un acta con un resumen de las mismas. Según la Corte, “el proceso verbal es constitucionalmente admisible y se funda en los principios de celeridad, oralidad y publicidad”.

En este orden de ideas, bajo los argumentos que anteceden no está llamado a prosperar el cargo que plantea la demanda por violación al debido proceso al haberse dado trámite a la actuación por el procedimiento verbal.

Sobre la violación del derecho de audiencia y defensa por no haberse escuchado en versión libre al disciplinado debe señalar la Sala que el cargo tampoco está llamado a prosperar, por las siguientes razones:

El procedimiento verbal disciplinario estaba regulado, para la fecha en que se llevó a cabo la actuación que dio lugar a los actos sancionatorios, en el Título XI, Procedimientos especiales, capítulo I, de la Ley 734 de 2002. En el artículo 176 de esa normativa se dispuso que son competentes para la aplicación del procedimiento verbal, la oficina de control interno disciplinario de la dependencia en que labore el servidor público autor de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales. En el caso concreto se atendió a la regla de competencia establecida en la norma.

De acuerdo con el artículo 177 ídem, calificado el procedimiento a aplicar, el funcionario citará a audiencia al posible responsable para que en el término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre la comisión de la falta. En el curso de la audiencia el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales se practicarán en la misma diligencia.

Revisada la actuación, se observa, que mediante auto de 5 de mayo de 2009, luego de disponer que el trámite correspondería al del procedimiento verbal, se citó a audiencia al Patrullero Julián Alexander Castro Osorio, para que, como lo señala la norma, “dentro del término improrrogable de dos (2) días rinda (…) su versión libre en forma verbal o escrita, sobre las circunstancias de los hechos que se imputan y/o aporte o solicite pruebas”. La audiencia se fijó para el 18 de mayo de 2009. De manera clara y oportuna se le indicó al disciplinado sobre los derechos de aportar, controvertir o solicitar pruebas, y ser escuchado en versión libre, según se lee en la decisión de 5 de mayo de 2009, la cual fue notificada personalmente el 6 de mayo de 2009. Lo que significa que: i) el trámite se ajustó a la regla de procedimiento, y ii) la entidad garantizó el derecho del disciplinado a ser oído en versión libre.

El disciplinado Julián Alexander Castro Osorio, acudió por escrito y mediante apoderado para presentar descargos y solicitar pruebas. Es decir, ejerció con plenas garantías su derecho de contradicción y de defensa. Se pronunció frente a cada una de las conductas imputadas y faltas atribuidas a partir de los hechos de que dan cuenta las pruebas testimoniales y documentales aportadas a la investigación. Alegó causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Solicitó pruebas testimoniales y documentales, y en el mismo escrito de descargos, por conducto de su apoderado, luego de precluir el término fijado en la audiencia del 5 de mayo de 2009, pidió que fuera escuchado en versión libre.

El 18 de mayo de 2009 se llevó a cabo la audiencia a la que compareció el señor Julián Alexander Castro Osorio, y su apoderado. De manera puntual, sobre el cargo que se plantea por violación al debido proceso al no haberse escuchado en versión libre, debe señalar la Sala que, en esta audiencia, ni el apoderado ni su representado manifestaron el propósito de rendir la versión libre. El abogado del señor Castro Osorio presentó los argumentos en los que sustentó una solicitud de nulidad y luego procedió a presentar los descargos. Sin embargo, al finalizar su intervención de nuevo solicita, como ya lo había hecho por escrito, que se fijara fecha y hora después de evacuada la etapa probatoria para que el disciplinado rindiera su versión.

El procedimiento verbal es un trámite que aun cuando es breve en el tiempo, prevé todas las garantías para el investigado. Y en el caso particular, el funcionario citó al disciplinado para que en el término concedido rindiera su versión, sin que ello hubiera ocurrido. En la audiencia no hizo uso de este derecho, mientras que, contrario al principio de economía y celeridad que es característico en esta clase de procesos, su apoderado con una actitud dilatoria solicitó que se fijara nueva fecha para rendir la versión, cuando nada le impidió para intervenir en la audiencia del 18 de mayo de 2009.

No es cierto como se dice en la demanda, que existiera una conducta omisiva del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno con la que se hubiera impedido que el investigado fuera escuchado en versión libre. De acuerdo con lo probado, la Oficina de Control fue garante de los derechos del disciplinado quien tuvo la oportunidad de intervenir de manera verbal o escrita y rendir su versión, incluso en la audiencia de 18 de mayo de 2009, diligencia en la que según consta y se reitera, no hizo uso de este derecho. En este caso, el funcionario no omitió la recepción de la versión libre del investigado.

La audiencia programada para el 18 de mayo de 2009 continuó el 27 del mismo mes y año. En esta diligencia se escuchó en ampliación de declaración a la señora Luz Estela Velez Carmona, como lo había solicitado el investigado, se dio por agotada la etapa de pruebas porque fueron practicadas todas las decretadas. Se concedió el uso de la palabra a los sujetos procesales (a la audiencia asistió el señor Castro Osorio y su apoderado) para que presentaran sus alegatos de conclusión para lo cual se les concedió hasta las 16:00 horas del 29 de mayo de 2009. La diligencia se suspendió hasta el lunes 1 de junio de 2009 a las 8:30 horas, fecha y hora en la que se proferiría el respectivo fallo de instancia. Estas decisiones quedaron notificadas en estrados, y sin embargo, ni el señor Castro Osorio, ni su apoderado expresaron la intención de rendir versión libre. La oportunidad no se negó pues como ya se dijo el proceso verbal se surte a través de audiencias, y habiendo intervenido el demandante en ellas, no puede ahora alegar como motivo de impugnación del acto sancionatorio, la presunta violación al derecho de defensa y contradicción, cuando gozó de todas las garantías y oportunidades que le concede la ley. No fue entonces su voluntad rendir la versión libre, pues no lo manifestó en la audiencia. Además, si bien el señor Castro Osorio no expuso de manera espontánea su versión sobre los cargos y motivos de la investigación, sí compareció al proceso debidamente representado, controvirtió las pruebas aportadas, y solicitó la práctica de algunas, lo que muestra que ejerció su derecho de defensa y contradicción.

No es cierto, como lo afirma el demandante, que la autoridad que ejerció el poder disciplinario, negó la oportunidad al señor CASTRO OSORIO de rendir su versión libre, desconociendo con ello el artículo 92 de la Ley 734 de 2002. Tal y como quedó registrado en el resumen de la actuación administrativa adelantada, la Sala observa, que desde el inicio de la investigación, y como consta en las diligencias de notificación personal, se puso de presente al demandante el listado de derechos que en su condición de investigado y, para materializar la defensa y contradicción, la ley ha previsto en su favor. Sin embargo, pese a que a través de su apoderado solicitó fecha para rendir la versión, el demandante compareció al proceso disciplinario sin que hubiera ejercido el derecho que hoy reclama y alega que no pudo ejercer.

El auto de apertura de indagación preliminar se notificó al demandante, según se observa en los folios 102 y siguientes del cuaderno anexo al expediente. En la diligencia de notificación personal, se le indicó los derechos que le asistían conforme el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, dentro de los cuales, está el de “Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia”. En el auto que citó a audiencia al patrullero JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO, se le concedió el término de dos días “para que rinda (…) su versión libre en forma verbal o escrita, sobre las circunstancias de los hechos que se le imputan y/o aporte o solicite pruebas”. El demandante, a través de apoderado, presentó memorial de descargos y solicitó la práctica de pruebas. El abogado pidió que el investigado fuera escuchado en versión libre. La solicitud no fue negada por la entidad como se argumenta en la demanda. Al revisar la actuación se evidencia que si bien el disciplinado solicitó ser oído en versión libre, no ejerció su derecho, habiendo tenido oportunidad para ello. El demandante compareció al proceso y presentó los descargos, pero en las audiencias no manifestó su intención de rendir versión libre. Su apoderado postergó la solicitud de que fuera escuchado en versión libre luego de evacuada la etapa probatoria, pero ese derecho finalmente no lo ejerció el interesado, sin que ello permita atribuirle al investigador una conducta omisiva y dilatoria, con violación del derecho de defensa y contradicción del demandante.

Sobre la presunta violación del artículo 176 de la Ley 734 de 2002, debe señalar la Sala que la disposición contenida en el inciso segundo de la norma en mención, si bien es un mandato de imperativa observancia, ello no guarda relación en el caso particular, con el derecho de defensa y contradicción del demandante, a quien, en el curso de la actuación se le garantizaron sus derechos permitiéndole intervenir para ejercer la defensa frente a la imputación y los cargos formulados. De otra parte, en el auto de 5 de mayo de 2009 se dispuso que se surtiera la comunicación a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el artículo 176 de la Ley 734 de 2002. Y, consta a folio 413 del cuaderno principal de expediente copia de la comunicación recibida en la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá en la que la Sustanciadora de la Oficina de Control Disciplinario Interno, le pone en conocimiento a la Procuradora Provincial Valle de Aburrá la apertura de investigación disciplinaria, hecho que desvirtúa el argumento de la demanda en el sentido que no se dio cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 176 de la Ley 734 de 2002.

La actuación disciplinaria estuvo precedida de la participación activa del investigado y/o de su apoderado, mediante defensa técnica, con ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. Está acreditado para la Sala que tanto en la primera como en la segunda instancia se efectuó un análisis del acervo probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica donde se apreciaron en conjunto e integralmente éstas frente a los argumentos expuestos por la defensa técnica.

La Sala considera necesario precisar que en el presente caso la potestad sancionatoria del Estado se ejerció bajo las garantías que convencional y constitucionalmente amparan al disciplinado, sin violar sus derechos fundamentales y con plena observancia del principio de legalidad, con sujeción al procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002. La imposición de la sanción de destitución e inhabilidad de 18 años es proporcional a la gravedad de la falta y cumple el fin sancionatorio y preventivo frente a la realización de conductas contrarias a la ley, más aún si se trata de autoridades policiales a quienes la Constitución y la Ley han encomendado la salvaguarda y protección de los derechos y bienes de los ciudadanos.

DECISIÓN

La Sala negará las pretensiones de la demanda la actuación administrativa se adelantó respetando todas las garantías procesales -Ley 734 de 2002- y sustanciales -Ley 1015 de 2006- para que el disciplinado ejerciera el derecho de contradicción y defensa.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por JULIAN ALEXANDER CASTRO OSORIO contra de la Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica a la doctora Claudia Alexandra Herrera Galvis portadora de la tarjeta profesional 109.283 del C.S. de la J. para actuar como apoderada principal de la entidad demandada, de conformidad con las facultades otorgadas en el poder visible a folio 520.

TERCERO: RECONOCER personería jurídica al doctor Belfíde Garrido Bermúdez portador de la tarjeta profesional 202.112 del C.S. de la J. para actuar como apoderado sustituto de la entidad demandada, de conformidad con las facultades otorgadas en el poder visible a folio 547.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
La demanda se presentó inicialmente ante los Juzgados Administrativos. Mediante auto de 21 de enero de 2010 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín declaró la falta de competencia para conocer de la demanda de la referencia y ordenó la remisión del expediente al competente (Fls. 414 a 415). El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 7 de mayo de 2010 rechazó la demanda porque no se aportó el acta de conciliación y por lo tanto, no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la demanda (Fls. 418 y 419). El demandante interpuso recurso de apelación contra el auto de rechazo y por medio de auto de 27 de febrero de 2012 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad de todo lo actuado para avocar el conocimiento del asunto en única instancia (Fls. 437 a 443). Mediante auto de 27 de septiembre de 2012 se admitió en única instancia la demanda de la referencia (Fls. 447 y 448).
Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre competencia en materia disciplinaria, determinando que de acuerdo con las providencias del 12 de octubre de 2006, número interno 799-2006; 27 de marzo de 2009, número interno 1985-2006; y 4 de agosto de 2010, número interno 1203-2010, esta Corporación no solo conocía en única instancia de las sanciones disciplinarias administrativas de destitución, sino también las de suspensión en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones provinieran de autoridades del orden nacional.
Cfr., entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), 20 de marzo de 2014, Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (E), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11.
Folios 3 y 4
Folios 5 a 7
Folio 9
Folios 151 a 184 cuaderno anexo que contiene la copia de la investigación disciplinaria
Folio 160 cuaderno anexo
Folios 191 y 192 cuaderno anexo
Folios 197 a 208 cuaderno anexo
Folios 209 y s.s. cuaderno anexo
Folios 248 y s.s. cuaderno anexo
Folios 3 y 4 cuaderno No. 4
Folios 37 y38 cuaderno No. 4
Folios 45 y 46 cuaderno No. 4
Folios 14 a 34 cuaderno No. 4
“Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”.
Este artículo fue modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
Cfr., sentencias C- 1070 de 2002 y C- 370 de 2012.
Folio 183 cuaderno anexo
Folios 197 a 208 cuaderno anexo
“Cuando el procedimiento verbal se aplique por las oficinas de control interno se deberá informar de manera inmediata, por el medio más eficaz, al funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación o personerías distritales o municipales según la competencia”.

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