Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00467-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00467-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2010-00467-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
27 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / DELITO DE LESA HUMANIDAD / CRIMEN DE GUERRA / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD / EXCEPCIÓN AL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA / CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA / CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
El amparo dispuesto por el juez de tutela encontró fundamento en la consideración de que debía mantenerse la aplicación de la tesis, supuestamente imperante para el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia, en la Sección Tercera del Consejo de Estado, que era precisamente la contraria a la que aplicó el tribunal administrativo a quo, en virtud de la cual, cuando se trate de un delito de lesa humanidad, la caducidad de la acción debía ser excepcionada o inaplicada. (…) De las consideraciones expuestas, es claro que el amparo dispuesto por el juez de tutela, en el sentido de “Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden”, está encaminado a que se aplique aquella postura jurisprudencial (ya recogida), en virtud de la cual, cuando se trate de delitos de lesa humanidad -como ocurrió en el caso sub examine- se excepcione la aplicación de la regla de caducidad prevista en el ordenamiento jurídico interno frente a las acciones de reparación directa. La Sala acatará la decisión de tutela, no sin antes señalar que, si bien es cierto que en el fallo de unificación dictado sobre este tema por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se precisó que se trataba de jurisprudencia anunciada, ello se traduce, claramente, en que la postura allí sentada aplica a los procesos que ya estuvieren en curso, criterio que, además, fue avalado por la Corte Constitucional, la cual, también en sentencia de unificación sobre la misma materia (…). Así las cosas, pese a que mayoritariamente la Subsección no está de acuerdo con la postura sentada por el juez de tutela, inaplicará la regla de caducidad prevista en el artículo 136 del C.C.A. (aplicable a este asunto), pues está acreditado, como se verá más adelante, que la muerte del señor (…) fue producto de una masacre (delito de lesa humanidad) cometida por integrantes del Ejército Nacional, en cumplimiento de sus funciones, quienes, además, pretendieron hacer ver a las cinco víctimas como miembros de un grupo insurgente. Así las cosas, en cumplimiento del fallo de tutela, se revocará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró probada la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136
NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa, consular providencia de 13 de agosto de 2020, Exp. SU-312, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / DAÑO CAUSADO POR INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO OCASIONADO POR MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / DELITO DE LESA HUMANIDAD / CRIMEN DE GUERRA / MUERTE DE CIVIL / USO ILEGÍTIMO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / HOMICIDIO / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL / FALLA EN EL SERVICIO DEL EJÉRCITO NACIONAL / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / COSA JUZGADA MATERIAL / PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA
[L]a Sala, en sentencia (…) se pronunció en relación con los hechos materia de este mismo proceso y decidió los dos litigios acumulados que se surtieron contra el Ejército Nacional (…). En ese sentido, la Subsección encontró ampliamente demostrado que efectivamente fueron miembros del Ejército Nacional los que causaron esa muerte colectiva y responsabilizó patrimonialmente a dicha institución (…). Dado que la anterior decisión se encuentra en firme y en ella la Sala se pronunció en relación con los mismos hechos que aquí se analizan, pues la víctima directa de este proceso fue asesinada por miembros de la entidad demandada junto con el señor (…), hay lugar a predicar la existencia de cosa juzgada material. (…) Con base en todo lo expuesto, la Sala declarará en este caso la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por cuanto incurrió en una falla en el servicio, pues sus integrantes, de manera deliberada, desproporcionada y arbitraria, asesinaron a cinco personas (…).
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el antecedente jurisprudencial con identidad de presupuestos facticos al caso que se debate en el sub lite, consultar providencia de 19 de marzo de 2021, Exp. 52730 y 53528 acumulados, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En relación con la cosa juzgada material, consultar providencia de 8 de mayo de 2020, Exp. 48170, C.P. María Adriana Marín.
DAÑO EMERGENTE / SERVICIO FUNERARIO / PAGO DEL SERVICIO FUNERARIO / GASTOS DEL SERVICIO FUNERARIO / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / FACTURA DE VENTA / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE
Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se pidió la suma (…) a favor de la madre de la víctima, quien probó que pagó ese valor por los servicios funerarios de su hijo a (…), según factura de venta (…), motivo por el cual se reconocerá esa suma, actualizada a valor presente (…).
PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR PERDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / COMPAÑERO PERMANENTE / HIJO SUPÉRSTITE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO MÍNIMO LEGAL / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Por lucro cesante se solicitó lo que el señor (…) dejó de reportar a su núcleo familiar, integrado por su compañera permanente e hijos. En la demanda se indicó que era propietario de una licorera (…). La Sala reconocerá esta indemnización, pero no en los términos en que fue solicitada, dado que no se demostró que la víctima fuese propietaria de un establecimiento de comercio ni que este habría resultado afectado en su funcionamiento o en sus utilidades como consecuencia de la ausencia de la víctima; en el proceso se demostró que el señor (…), para el momento de su deceso, ejercía una actividad productiva, pues trabajaba en una licorera y también vendía ropa, (…). En ese sentido, se reconocerá el lucro cesante a favor de la compañera permanente e hijos de la víctima. Como salario base de liquidación, se tomará el mínimo legal vigente a la fecha de este fallo (…) menos el 25% que la víctima destinaba para su propia manutención (…). Ingreso base de liquidación (…) el cual se distribuye entre los cuatro demandantes (la mitad para la compañera permanente y la otra mitad entre sus tres hijos). No se reconoce valor alguno por concepto de prestaciones sociales, dado que no se demostró la existencia de un vínculo laboral.
PERJUICIO INMATERIAL / CLASES DE PERJUICIO INMATERIAL / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL / BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / DAÑO AL BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD CONDENADA / PUBLICACIÓN DE SENTENCIA
La parte actora, de manera separada, solicitó 1.000 s.m.l.m.v. por daño a la vida de relación y 1.000 s.m.l.m.v. por la afectación al honor y al buen nombre. La jurisprudencia de esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado de esa manera (daño a la vida de relación), para en su lugar reconocer la categoría de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. (…) Dado que la muerte del señor (…), con sus cuatro compañeros, constituyó un acto de violación grave a los derechos humanos, se estima la protección de esta tipología de daño autónomo, para cuyo efecto se privilegiarán, según los parámetros jurisprudenciales antes señalados, las medidas restaurativas o de carácter no pecuniario. En ese sentido, se dispondrá que el Ejército Nacional efectúe la publicación de la presente providencia en un link destacado en la página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis (6) meses. La Sala estima que la anterior determinación resulta suficiente, pues no se evidencia que la víctima hubiere sido expuesta o presentada ante la opinión pública como un subversivo dado de baja en combate, pues ese señalamiento, por supuesto falaz, fue expuesto por algunos miembros de la entidad de manera interna, para tratar de excusar su actuación irregular.
NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la reparación por la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, consultar providencias de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero: de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con aclaraciones de voto de la consejera María Adriana Marín, de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, y del consejero José Roberto Sáchica Méndez.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00467-01(52730)R
Actor: MARÍA LUCELLY HERRERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Temas: FALLA EN EL SERVICIO – Uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza por parte de miembros del Ejército Nacional / MUERTE DE CIUDADANOS POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA – Como consecuencia de su actuación irregular / FALLA EN EL SERVICIO – Homicidio múltiple / FALLA EN EL SERVICIO – Los agentes del Estado accionaron sus armas de manera ilegítima sin que existiera un ataque en su contra
En cumplimiento del fallo de tutela proferido por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado el 21 de julio de 2021, procede la Sala, nuevamente, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, el 25 de julio de 2014, mediante la cual declaró probada la caducidad de la acción.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se demandó por la muerte de Francisco Javier Galeano Herrera, quien, junto con cuatro personas más, fue asesinado en la noche del 12 de enero de 2007 por integrantes del batallón de artillería número 4 en la vereda el Tronco, jurisdicción del municipio de Guatapé, en el departamento de Antioquia. Se pretendió hacer ver a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.
II. A N T E C E D E N T E S
1. Los hechos
El 12 de enero de 2007, Francisco Javier Galeano Herrera, junto con otras cuatro personas, fueron asesinados sin justificación alguna por parte de integrantes del batallón de artillería número 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez”, en la vereda el Tronco del municipio de Guatapé (Antioquia), lo que configuró un caso de “falsos positivos”, por lo que la entidad demandada debe responder patrimonialmente por un hecho que constituyó una violación grave a los derechos humanos.
Con fundamento en lo anterior, se demandó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, “por la ejecución extrajudicial” de la víctima.
La demanda de reparación directa fue promovida por el grupo familiar del señor Francisco Javier Galeano Herrera, en la que se solicitó, para cada demandante, 1.000 s.m.l.m.v. por concepto de perjuicios morales, 1.000 s.m.l.m.v. por daño a la vida de relación y 1.000 s.m.l.m.v. por la afectación al honor y al buen nombre.
Por daño emergente, se pidió la suma de $2’600.000 a favor de la madre de la víctima y por lucro cesante se solicitó lo que el señor Galeano Herrera dejó de reportar a su núcleo familiar, integrado por su compañera permanente e hijos.
2.1.1. Mediante auto de 2 de septiembre de 2010 se admitió la demanda y se dispuso la notificación a las partes.
La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por medio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que el daño era atribuible a la propia víctima, quien, con su actuar ilegal, produjo la actuación armada de los integrantes de la fuerza pública.
2.1.2. El 4 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia corrió traslado para alegar, oportunidad en la que las partes se refirieron al acervo probatorio del proceso y ratificaron sus posturas.
2.1.3. La sentencia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, en sentencia de 25 de julio de 2014, declaró probada la caducidad de la acción, por considerar que en el proceso se encontraba plenamente establecido que los demandantes conocieron de la muerte de Francisco Javier Galeano Herrera, por parte del Ejército Nacional, el 13 de enero de 2007, “cuando fue reclamado su cuerpo, por la hermana del occiso, … además, cuando existe factura de venta … correspondiente al pago de las exequias del occiso …”.
En ese sentido, consideró que la demanda se presentó de manera tardía, dado que se radicó el 2 de marzo de 2010, en tanto que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de diciembre de 2009, cuando el término de caducidad ya había fenecido.
2.1.4. El recurso de apelación
La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, la caducidad no operó en este caso, por cuanto se trató de un crimen de lesa humanidad, el cual es imprescriptible, según la normativa internacional.
Agregó que, en todo caso, los demandantes solo conocieron que el hecho era imputable al Ejército Nacional el 7 de diciembre de 2007, cuando la señora María Lucelly Herrera (madre del occiso) fue llamada a declarar ante la fiscalía de conocimiento y allí se enteró de que su hijo fue presentado como un “NN” y que, por tanto, se trató de un “falso positivo”.
2.1.5. El recurso se concedió a través de auto de 7 de octubre de 2014 y se admitió mediante proveído de 4 de diciembre del mismo año.
2.1.6. El 13 de febrero de 2015 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad en la que la parte actora reiteró lo expuesto en su recurso de apelación, mientras que la entidad demandada solicitó la confirmación del fallo apelado, por considerar, de un lado, que sí se configuró la caducidad y, del otro, que no le asiste responsabilidad patrimonial por cuanto la víctima, al atacar a la fuerza pública, propició su deceso.
El Ministerio Público solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, dado que la muerte del señor Francisco Javier Galeano Herrera se trató de una grave violación a los derechos humanos, por lo que no opera la caducidad de la acción.
2.1.7. Mediante auto de 11 de septiembre de 2019, se decretó la acumulación con el proceso 53.528.
2.1.8. Por medio de auto de 20 de febrero de 2020, la Sala decretó como prueba de oficio copia de la sentencia dictada el 14 de febrero de 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia y solicitó a dicho despacho que certificara la firmeza de tal decisión.
2.1.9. De la respuesta dada por el mencionado juzgado se dio traslado a los sujetos procesales el 9 de septiembre de 2020 por el término de cinco (5) días, sin pronunciamiento al respecto.
2.1.10. El expediente –acumulado– ingresó al despacho de la magistrada ponente el 17 de noviembre de 2020 para dictar sentencia.
2.1.11. La Sala, mediante sentencia de 21 de marzo de 2021, resolvió la segunda instancia de los procesos acumulados. Confirmó la declaratoria de caducidad en este proceso (52.730) y declaró la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, a título de falla en el servicio, por la muerte de Wilson García Posada en el proceso 53.528.
2.1.12. La parte demandante en el proceso 52.730 presentó demanda de tutela contra la referida sentencia de segunda instancia, la cual fue resuelta por la Sección Segunda -Subsección A- del Consejo de Estado, a través de sentencia de 21 de julio del año en curso, en el siguiente sentido:
Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora María Lucelly Herrera Monsalve, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia:
Segundo. Dejar sin efectos el numeral primero de la sentencia del 19 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicado 44001-33-40-001-2018-00358-01, acumulado 05001-23-31-000-2009-00121-01.
Tercero. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Las anteriores determinaciones se fundamentaron, en síntesis, en lo siguiente:
En el caso que se analiza, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la providencia de primera instancia, proferida el 25 de julio de 2014, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, se dirigió a cuestionar, entre otros aspectos, la inoperancia de la figura de la caducidad de la acción en asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad, y, para estos efectos, trajo a colación la jurisprudencia en la que se acogía dicho criterio, a fin de contradecir la consideración utilizada por el despacho judicial.
Pese a ello, se evidencia que la Sala de decisión accionada no hizo hincapié en los alegatos presentados por los demandantes, sino que aplicó, con radicalidad, la sentencia de unificación, sin pasar a analizar las circunstancias particulares del caso, esto es, que existía plena convicción de que en el asunto se controvertía la reparación administrativa por existencia de una ejecución extrajudicial (la cual estaba debidamente acreditada en el plenario) y que, además, para el momento en que se resolvió el asunto en la primera instancia, existía un criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado que apuntaba a no aplicar la figura jurídica de la caducidad en estos casos.
En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado por la configuración del defecto «desconocimiento de precedente jurisprudencial», al no encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso, de acuerdo con los argumentos señalados por el a quo para rechazar la acción y los alegatos presentados por los demandantes en el recurso de apelación, ya que lo que hizo fue sorprender a la parte activa con la aplicación ipso iure de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
Además, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o «ex nunc», de ahí que la Sala decisión estaba en la obligación de ponderar los derechos al debido proceso, la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los demandantes, de cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es diáfano el daño causado por el Estado.
Finalmente, se repara en que, aunque esta Sala de decisión, en la sentencia de tutela del 15 de abril de 2021, al analizar un caso con circunstancias fácticas similares al presente, negó las pretensiones de la demanda, a partir de la sentencia de 1 de julio de 2021, rectificó su posición en el sentido de acoger el criterio expuesto en esta providencia.
Aunque la anterior sentencia de tutela fue impugnada por la magistrada ponente de la decisión, la cual se encuentra en trámite, la Subsección procede a dictar sentencia de reemplazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo normado en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues solo por perjuicios morales, se solicitó 1.000 s.m.l.m.v. para cada actor.
2. El ejercicio oportuno de la acción
El amparo dispuesto por el juez de tutela encontró fundamento en la consideración de que debía mantenerse la aplicación de la tesis, supuestamente imperante para el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia, en la Sección Tercera del Consejo de Estado, que era precisamente la contraria a la que aplicó el tribunal administrativo a quo, en virtud de la cual, cuando se trate de un delito de lesa humanidad, la caducidad de la acción debía ser excepcionada o inaplicada.
Esa fue, en suma, la razón de la decisión del juez de tutela, quien, vale la pena destacar, descartó la existencia del defecto fáctico alegado por la parte tutelante e incluso aceptó, según su propia valoración probatoria, que era cierto que los actores -como lo dijo esta Subsección en el fallo tutelado- conocieron que la muerte de su familiar le era atribuible al Ejército Nacional desde el día siguiente de su ocurrencia. Así lo señaló el juez colegiado de tutela:
Bajo dichos derroteros, esta Sala de decisión puede evidenciar que, a diferencia de lo planteado por la parte actora, en el caso bajo análisis no se configura la existencia de un defecto fáctico, pues es diáfano que con fundamento en lo previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033, la Sala de decisión procedió a determinar desde qué fecha los demandantes tuvieron la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia, lo cual demostró de manera amplía, arribando a la conclusión de que los accionantes conocieron que la muerte del señor Francisco Javier Galeano Herrera era atribuible al Ejército Nacional, a partir del día siguiente a su muerte.
Sin embargo, se encuentra que aunque en el asunto no se configura la existencia un defecto fáctico, con fundamento en el cual la accionante pretendió controvertir (de acuerdo con los criterios exigidos por la sentencia de unificación) la fecha en que tuvo conocimiento de la muerte de su familiar, si tiene vocación de prosperidad el segundo de los argumentos presentados en el libelo, en cuanto al desconocimiento del desarrollo argumentativo presentado en la alzada para que se excepcionara la aplicación del fenómeno de la caducidad, orientado a mostrar, en consideración de la postura jurisprudencial sentada hasta ese entonces por el Consejo de Estado, que los hechos se enmarcaban en un acto de lesa humanidad.
Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 19 de marzo de 2021, objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del medio de control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, que es el que se encuentra previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado; y que, por tanto, puede concluirse prima facie que la Sala de decisión accionada estaba en la obligación de aplicar la sentencia unificadora, en atención a su carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y en la Sentencia C-836 de 2001.
No obstante, en el sub lite debe tomarse en cuenta que, para el año 2010, cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación administrativa, y hasta antes de que fuera proferida la sentencia de unificación, año 2020, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o la esclavitud, en atención a su naturaleza imprescriptible.
Lo anterior, puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del 17 de septiembre de 2013; ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015; iii) auto del 11 de abril de 2016; iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016; y v) sentencia del 31 de julio de 2019, en las que, en aplicación al control de convencionalidad, no se aplicó la caducidad (se destaca).
De las consideraciones expuestas, es claro que el amparo dispuesto por el juez de tutela, en el sentido de “Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden”, está encaminado a que se aplique aquella postura jurisprudencial (ya recogida), en virtud de la cual, cuando se trate de delitos de lesa humanidad -como ocurrió en el caso sub examine- se excepcione la aplicación de la regla de caducidad prevista en el ordenamiento jurídico interno frente a las acciones de reparación directa.
La Sala acatará la decisión de tutela, no sin antes señalar que, si bien es cierto que en el fallo de unificación dictado sobre este tema por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se precisó que se trataba de jurisprudencia anunciada, ello se traduce, claramente, en que la postura allí sentada aplica a los procesos que ya estuvieren en curso, criterio que, además, fue avalado por la Corte Constitucional, la cual, también en sentencia de unificación sobre la misma materia, señaló:
6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes, el término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.
6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador, los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el entendido de que dicho plazo únicamente empezará a contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad penal que se predica de las mencionadas conductas delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de la participación, por acción u omisión, del Estado y se encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño causado.
6.43. Por último, este Tribunal considera que, además de las razones expuestas por el Consejo de Estado en el fallo de unificación, la aplicación del término legal de caducidad frente al medio de control de reparación directa cuando el hecho dañoso es constitutivo de un delito de lesa humanidad resulta acorde con el criterio interpretativo que puede extraerse de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra contra Chile.
…
6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional (se destaca).
Así las cosas, pese a que mayoritariamente la Subsección no está de acuerdo con la postura sentada por el juez de tutela, inaplicará la regla de caducidad prevista en el artículo 136 del C.C.A. (aplicable a este asunto), pues está acreditado, como se verá más adelante, que la muerte del señor Francisco Javier Galeano Herrera fue producto de una masacre (delito de lesa humanidad) cometida por integrantes del Ejército Nacional, en cumplimiento de sus funciones, quienes, además, pretendieron hacer ver a las cinco víctimas como miembros de un grupo insurgente.
Así las cosas, en cumplimiento del fallo de tutela, se revocará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró probada la caducidad de la acción.
3. La legitimación en la causa
3.1. Por activa
Por la muerte de señor Francisco Javier Galeano Herrera demandaron María Lucelly Herrera de Galeano (madre), Luis Javier Galeano Cataño (padre), Claudia Elena Galeano Herrera (hermana), Estefanía Buriticá Galeano (sobrina), Santiago Buriticá Galeano (sobrino), Ana María Buriticá Galeano (sobrina), Juan Pablo Galeano Díaz (hijo), Kevin Galeano Díaz (hijo), Ana Milena Arias Arrubla (compañera permanente), María Camila Arias Arrubla (hija de crianza), Mónica Patricia Galeano Cataño (hermana), María Carolina Cataño (abuela paterna) y Reina del Socorro Monsalve Herrera (abuela materna).
A través de la copia del registro civil de nacimiento de Francisco Javier Galeano Herrera, se probó la legitimación de Lucelly Herrera de Galeano y de Luis Javier Galeano Cataño como padres de la víctima directa del daño.
Juan Pablo Galeano Díaz y Kevin Galeano Díaz, con sus registros civiles de nacimiento, demostraron ser hijos de Francisco Javier Galeano Herrera.
Por su parte, Mónica Patricia Galeano Cataño y Claudia Elena Galeano Herrera acreditaron ser hermanas de la víctima directa del daño.
Estefanía Buriticá Galeano, Santiago Buriticá Galeano y Ana María Buriticá Galeano son hijos de Claudia Elena Galeano Herrera (hermana de la víctima), por lo que demostraron ser sobrinos de Francisco Javier Galeano Herrera.
María Carolina Cataño y Reina del Socorro Monsalve Herrera también acreditaron ser las abuelas de Francisco Javier Galeano Herrera.
Ana Milena Arias Arrubla demostró ser compañera permanente de Francisco Javier Galeano Herrera, de conformidad con los testimonios de María Guisela Restrepo Vásquez, Gloria Cecilia Arrubla Gaviria y Sandra Margarita Restrepo Gómez.
En cuanto a María Camila Arias Arrubla, quien demandó en condición de hija de crianza de la víctima, tal condición se encuentra acreditada con los testimonios de María Guisela Restrepo Vásquez, Gloria Cecilia Arrubla Gaviria y Sandra Margarita Restrepo Gómez.
3.2. Por pasiva
Con el acervo probatorio que sirve de sustento a los hechos probados (acápite a continuación), se encuentra suficientemente acreditado que el Ejército Nacional cuenta con legitimación material por pasiva en este asunto, toda vez que sus integrantes fueron quienes causaron la muerte del señor Francisco Javier Galeano Herrera.
4. Los hechos probados
Francisco Javier Galeano Herrera falleció el 12 de enero de 2007, en la vereda el Tronco (municipio de Guatapé), como consecuencia de 3 impactos de bala que le produjeron “shock traumático debido a estallido de encéfalo y pulmón debido a heridas penetrantes a tórax y cráneo por proyectil de arma de fuego de carga única y alta velocidad”, los cuales le fueron propinados por miembros del Ejército Nacional.
Una vez se tuvo conocimiento de ese hecho, el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar abrió indagación preliminar, para cuyo efecto se practicó una inspección judicial en el lugar de los hechos, en el que fueron hallados cinco (5) cadáveres, entre ellos el del señor Francisco Javier Galeano Herrera.
A través de oficio 073 de enero 13 de 2007, el fiscal 11 seccional de Antioquia autorizó a la señora Ángela María Galeano Herrera para que retirara el cadáver de su hermano, Francisco Javier Galeano Rivera.
El mismo 12 de enero de 2007 se produjo el reporte de iniciación FPJ-1, en el que se registró que, según información de miembros del Ejército Nacional, se produjo un enfrentamiento en la vereda el Tronco del municipio de Guatapé, en el que perdieron la vida cinco personas.
El 13 de enero de 2007, el comandante del batallón de artillería número 4 rindió informe sobre la misión táctica “ESPINA No. 11”, en el que señaló que unidades del batallón tenía información de que en la vereda el Tronco existían “bandidos al margen de la ley” y que sobre las 10:30 de la noche se distribuyó la contraguerrilla en tres equipos de combate.
Que, aproximadamente a las 12:30 p.m., se advirtió la presencia de unas personas, a quienes “se les lanzó la proclama y estos haciendo caso omiso a esta dispararon a la tropa, de esta manera reaccionamos sosteniendo un combate por un lapso de 10 minutos aproximadamente. Terminado el combate se mantuvo la tropa en los puntos críticos, y haciendo el reconocimiento se estableció la baja de 05 bandidos”.
El 18 de enero de 2007, el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar comunicó a la Fiscalía Seccional de Marinilla (Antioquia) que ese despacho adelantaba la investigación por los hechos ocurridos el 12 de enero anterior “cuando en desarrollo de la Operación Militar Galilea, Misión Táctica Espina, tropas del Batallón de Artillería No. 4 sostuvieron enfrentamiento armado dando resultado la muerte de cinco personas de sexo masculino”.
Agregó que: “obra en el plenario prueba documental que nos permite colegir que dicho procedimiento estuvo directamente relacionado con el servicio, y fue desplegado por miembros del Ejército en servicio activo”.
El personero municipal de Guatapé señaló que tuvo conocimiento de que la muerte de esa persona ocurrió en desarrollo de la orden de operaciones “Galilea”, misión táctica “Espina”, realizada el 12 de enero de 2007 en la vereda el Tronco por parte de tropas del Ejército Nacional.
El Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar abrió la indagación preliminar No. 003/2007 contra ocho miembros de la tropa que participó en el mencionado operativo, la cual se archivó el 5 de agosto de 2008, pues para el funcionario investigador –comandante del batallón de artillería número 4– existían (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):
… dudas sobre la certeza de la falta disciplinaria y la responsabilidad del personal militar que intervino en los hechos objeto de investigación, de la antijuridicidad de las conductas, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte del subversivo por haber ocurrido en horas y en lugar de poca presencia de población civil, sin ningún testigo presencial, donde este último accionaron sus armas, sin que pueda establecerse cual se ellos originó el resultado negativo.
No obstante lo anterior, el 30 de septiembre de 2008, la Procuraduría General de la Nación creó una comisión especial para adelantar una investigación por casos de violaciones al DIH y DDHH por parte de la fuerza pública, entre ellos la muerte de cinco personas en el corregimiento el Tronco, ocurrida el 12 de enero de 2007, causada por integrantes del Ejército Nacional (operativo en el que murió Francisco Javier Galeano Rivera).
En ese sentido, mediante auto de 28 de octubre de 2008, la Procuraduría provincial de Rionegro Antioquia (comisionada para el efecto) asumió el conocimiento del asunto.
En decisión de 28 de octubre de 2009 se remitió la actuación al presidente de la Comisión Especial Disciplinaria, para que estableciera la viabilidad de revocar la decisión de archivo dispuesta por el Ejército Nacional en la indagación preliminar 003/2007, pues, a juicio del procurador provincial, no hubo una investigación integral encaminada, de un lado, a analizar los hechos desde los estándares internacionales y, del otro, a determinar realmente la manera cómo ocurrieron los hechos.
A su turno, la Procuradora delegada para la Policía Nacional –presidente de la Comisión Especial Disciplinaria–, el 28 de octubre de 2010, remitió el asunto al Procurador General de la Nación, por ser el competente para revocar el auto de archivo de 5 de agosto de 2008, decisión que finalmente se produjo el 28 de julio de 2011, por lo que la actuación disciplinaria se mantuvo, pero esta vez en la Procuraduría delegada para la Policía Nacional.
Los argumentos expuestos por el Procurador General de la Nación para revocar la decisión de archivo fueron los siguientes (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):
Es menester acotar que el recaudo probatorio realizado por Batallón señalado carece de pruebas tan vitales como la práctica de absorción atómica que hubiera podido demostrar la presencia de pólvora en las manos o ropa de los occisos, así mismo la valoración de la trayectoria de los proyectiles con los cuales fueron ultimados los sujetos señalados, ello al tenerse en cuenta que la decisión de archivo se dijo por parte de tal Batallón que el hecho fatal se presentó en un intercambio de disparos entre varios presuntos guerrilleros y las tropas del Ejército.
De igual forma no se tuvo en cuenta los testimonios de los familiares y personas cercanas a los occisos ni la conclusión de que aquellos el día y la noche misma de su muerte, estuvieron en la ciudad de Medellín en sus respectivos trabajos o sus actividades personales, circunstancia que permite concluir que no estaban asentados en dicho sector como efectivamente lo hubieran hecho facinerosos o narcoterroristas de las FARC.
(…) esta agencia del ministerio público, como defensora de los Derechos Humanos, y supremo vigilante de los servidores públicos, no puede permitir que la muerte a manos presuntamente del miembros del Ejército nacional, de los ciudadanos señores Wilson García Posada … quede cubierta por el manto de la incertidumbre y que no se garantice a las víctimas el derecho a la verdad y a la justicia, mediando una investigación seria, objetiva e imparcial en procura del restablecimiento de los daños producidos y la reparación adecuada de las víctimas, observando como referente obligado, los tratados internacionales de reconocimiento y protección de tales derechos y garantías que fundan los deberes esenciales del Estado en este especial aspecto.
Así las cosas, y a efecto que se esclarezca la verdad real d ellos hechos que desencadenaron la muerte de los cinco individuos, que las faltas investigadas no queden en la impunidad y se garanticen a plenitud los derechos fundamentales de los sujetos procesales que puedan llegar a hacerse parte dentro de la actuación, así como una efectiva acción protectora de los Derechos Humanos, se dispone revocar la providencia de archivo definitivo de fecha agosto 5 de 2008 (…).
Finalmente, a través de sentencia dictada el 14 de febrero de 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, se condenó al señor Luis Norberto Serna a la pena principal de 264 meses de prisión en calidad de coautor del homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo.
De la referida sentencia, se extrae la siguiente información:
• Que participó en la muerte de Wilson García Posada, Germán Uribe Posada, Francisco Javier Galeano Herrera, Jhon Fredy Mira Mazo y Adrián Steven Henao Espinel, toda vez que el condenado era “reclutador” del Ejército Nacional.
• Que por esa “labor” recibió $1’000.000 y así condujo a las mencionadas víctimas para ser asesinadas por miembros del Ejército Nacional y ser presentadas como bajas en combate en “la misión táctica Espina de la orden de operaciones Galilea”, desarrollada por el batallón de artillería número 4, bajo el mando del coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez.
• Que, para el juez penal de conocimiento, el procesado “sin ningún tipo de escrúpulos ni respeto por la vida humana, decidió hacer parte de una estrategia criminal elaborada por el Ejército Nacional para ganar indulgencias administrativas a costa de cegar la vida de estos ciudadanos, quienes fueron engañados de manera premeditada por el sentenciado para que fuesen asesinados …”.
6. El daño
Se encuentra ampliamente documentado en el proceso y así lo corroboran, entre muchas otras pruebas, el registro civil de defunción de la víctima y el acta de necropsia practicada al cadáver el 13 de enero de 2007, en la que se consignó que Francisco Javier Galeano Herrera falleció el día anterior, en la vereda el Tronco (municipio de Guatapé), como consecuencia de “shock traumático debido a estallido de encéfalo y pulmón debido a heridas penetrantes a tórax y cráneo por proyectil de arma de fuego de carga única y alta velocidad”.
7. La imputación
Como se indicó en los antecedes de esta decisión, la Sala, en sentencia de 21 de marzo de 2021, se pronunció en relación con los hechos materia de este mismo proceso y decidió los dos litigios acumulados que se surtieron contra el Ejército Nacional por la muerte de Francisco Javier Galeano Herrera (proceso 52.730) y de Wilson García Posada (proceso 53.528), quienes fueron asesinados junto con tres personas más el 12 de enero de 2007 en la vereda el Tronco (municipio de Guatapé).
En ese sentido, la Subsección encontró ampliamente demostrado que efectivamente fueron miembros del Ejército Nacional los que causaron esa muerte colectiva y responsabilizó patrimonialmente a dicha institución, de conformidad con lo siguiente:
La muerte del señor Wilson García Posada quedó debidamente acreditada y la Sala considera, como lo señaló el tribunal a quo, que es atribuible a la entidad demandada a título de falla en el servicio, toda vez que hizo uso de la fuerza de forma arbitraria e ilegítima, contraria a la misión constitucional de proteger la vida de los residentes en Colombia (artículos 2, inciso 2 y 11 de la Constitución Política) e infringió la ley (artículo 135 Código Penal), en especial instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
La Subsección advierte que, aunque se desconoce si las investigaciones penal (esta última contra los integrantes de la tropa que participaron en los hechos) y disciplinaria adelantadas ya terminaron, ello no impide resolver el presente litigio, toda vez que del acervo probatorio que lo integra se puede determinar que el daño causado a los actores es antijurídico, por cuanto el deceso del joven García Posada fue causado de manera deliberada por miembros activos del Ejército Nacional, sin que existan pruebas que establezcan que las víctimas hubieran desplegado conductas que pusieran en peligro la vida e integridad de los militares, que justificara una acción armada de tal desproporción.
Se trató, por el contrario, de un homicidio múltiple en persona protegida que amerita total reproche por ser un acto atroz, en desmedro de la vida y en abierta oposición a los fines e ideología que inspiran a la entidad castrense.
Aunque, según los informes administrativos y las declaraciones rendidas por los militares en la indagación preliminar, las víctimas habrían portado armas de fuego y que con ellas, supuestamente, agredieron a la tropa, lo cierto es que esa información no goza de credibilidad, por cuanto proviene de las personas que cometieron el asesinato, al punto de que el juez penal que sentenció al “colaborador” del Ejército Nacional logró establecer que no hubo tal combate y que se trató de “una estrategia criminal elaborada por el Ejército Nacional para ganar indulgencias administrativas”, a lo que se agrega que ni siquiera hubo prueba de absorción atómica a los cadáveres de las víctimas, tal como lo advirtió el Ministerio Público en la decisión que revocó el archivo de la indagación preliminar.
Nótese cómo, frente a casos similares, esta Sala logró establecer, lamentablemente, que para esa misma época se trató de una conducta que realizaron varios batallones del Ejército Nacional en diversas regiones del país. Al respecto, se determinó:
6.- El daño
Las muertes de los hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez se encuentran demostradas con las copias auténticas de sus registros civiles de defunción.
Se observa que en la demanda también se señaló que luego de los homicidios de los hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez los demandantes debieron desplazarse forzosamente por temor a represalias, pero no se allegó medio probatorio alguno que acreditara tal circunstancia, por tanto, este hecho no se encuentra probado.
7.- La imputación
El a quo consideró que el proceso se hallaba huérfano de pruebas y que por ello no era posible imputar las muertes de los hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez a la entidad demandada.
La parte demandante cuestionó lo señalado por el a quo respecto de la imputación del daño, con base en los siguientes argumentos:
7.1.- Que sí hubo falla en el servicio por parte del Ejército Nacional, entidad que reconoció no tener datos sobre operación alguna realizada el 27 de agosto de 2007 en el lugar de los hechos
Se observa que, en efecto, el batallón de infantería No. 22 ‘Batalla Ayacucho’ informó a este proceso que no tenía datos de operativo alguno que se hubiera realizado en la vereda Santa Ana del municipio de Manizales el 27 de agosto de 2007.
No obstante, se tiene certeza de que los hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez fueron víctimas del delito de homicidio en persona protegida que los uniformados cometieron no solo contra ellos sino contra otras 30 personas no combatientes, quienes no generaron enfrentamiento ni peligro alguno para su integridad, pues se trató de una conducta generalizada que realizaron varios batallones del Ejército Nacional durante el 2007 y el 2008 en varias regiones del país, como lo comprobó el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, ante quien el responsable de suscribir las falsas operaciones se allanó a los cargos.
Esta Sala considera que la entidad demandada incurrió en falla en el servicio, pues hizo uso de la fuerza de forma arbitraria e ilegítima, contraria a la misión constitucional de proteger la vida de los residentes en Colombia (artículos 2, inciso 2 y 11 de la Constitución Política) e infringió la ley (artículo 135 Código Penal), en especial instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Siendo así, la Sala se releva de pronunciarse sobre los demás argumentos de la apelación referidos a la imputación del daño, pues se encuentra acreditada la responsabilidad de la demandada por falla en el servicio, debido a la violación de sus deberes funcionales de origen constitucional, legal y convencional, como ya lo ha declarado esta Sección en casos como el que hoy ocupa a la Sala.
Como consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se procederá al análisis de los perjuicios solicitados en la demanda (se destaca).
Así las cosas, la Sala estima que la entidad accionada incurrió en falla en el servicio, pues hizo uso de la fuerza de forma arbitraria, contraria a la misión constitucional de proteger la vida de los residentes en Colombia, motivo por el cual se confirmará en este aspecto el fallo apelado.
Dado que la anterior decisión se encuentra en firme y en ella la Sala se pronunció en relación con los mismos hechos que aquí se analizan, pues la víctima directa de este proceso fue asesinada por miembros de la entidad demandada junto con el señor García Posada, hay lugar a predicar la existencia de cosa juzgada material.
Al respecto, la Sala ha considerado:
Al respecto, se advierte que, sobre los hechos materia de este litigio, existe cosa juzgada material, pues mediante sentencia del 24 de abril de 2020, esta Subsección del Consejo de Estado se pronunció frente a otras personas que también resultaron afectadas, de la cual se destaca lo siguiente:
…
El fenómeno de la cosa juzgada se ha asimilado al principio del "non bis in idem" y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior; por tanto, lo resuelto obliga a las partes, dado que lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por ende, es inmutable al tener plena eficacia jurídica.
La figura de la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del C. de P. C. y 175 del C. C. A., en los cuales se establecen los elementos formales y materiales para su configuración.
El primer elemento, el formal, implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el que se debatan las mismas pretensiones y fundamentos jurídicos; lo anterior, para garantizar estabilidad y seguridad jurídica. Por su parte, el elemento material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de causa y objeto, ha declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material.
Así las cosas, el asunto debatido en este proceso ya fue objeto de pronunciamiento definitivo por parte de esta jurisdicción respecto de otros afectados, pero con identidad de causa y objeto, razón por la cual existe cosa juzgada material.
Con base en todo lo expuesto, la Sala declarará en este caso la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por cuanto incurrió en una falla en el servicio, pues sus integrantes, de manera deliberada, desproporcionada y arbitraria, asesinaron a cinco personas, entre ellas Francisco Javier Galeano Herrera, el 12 de enero de 2007, en la vereda el Tronco, en el municipio de Guatapé (Antioquia).
8. Indemnización de perjuicios
8.1. Perjuicios morales
De conformidad con lo establecido en los fallos de unificación sobre esta materia del 28 de agosto de 2014, la Sala reconocerá los siguientes montos:
Para Lucelly Herrera de Galeano, Luis Javier Galeano Cataño (padres), Juan Pablo Galeano Díaz, Kevin Galeano Díaz (hijos), María Camila Arias Arrubla (hija de crianza) y Ana Milena Arias Arrubla (compañera permanente), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta decisión, para cada uno de ellos.
Para Mónica Patricia Galeano Cataño, Claudia Elena Galeano Herrera (hermanas), María Carolina Cataño y Reina del Socorro Monsalve Herrera (abuelas), cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta decisión, para cada una de ellas.
Frente a Estefanía Buriticá Galeano, Santiago Buriticá Galeano y Ana María Buriticá Galeano (sobrinas), no se efectuará reconocimiento, por cuanto no demostraron este perjuicio.
8.2. Por perjuicios materiales - daño emergente
Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se pidió la suma de $2’600.000 a favor de la madre de la víctima, quien probó que pagó ese valor por los servicios funerarios de su hijo a la funeraria La Esperanza, según factura de venta 13094 de 12 de enero de 2007, motivo por el cual se reconocerá esa suma, actualizada a valor presente: $ 4’591.650.
8.3. Por perjuicios materiales – lucro cesante
Por lucro cesante se solicitó lo que el señor Galeano Herrera dejó de reportar a su núcleo familiar, integrado por su compañera permanente e hijos. En la demanda se indicó que era propietario de una licorera y que obtenía una utilidad de $1’200.000 mensuales.
La Sala reconocerá esta indemnización, pero no en los términos en que fue solicitada, dado que no se demostró que la víctima fuese propietaria de un establecimiento de comercio ni que este habría resultado afectado en su funcionamiento o en sus utilidades como consecuencia de la ausencia de la víctima; en el proceso se demostró que el señor Galeano Herrera, para el momento de su deceso, ejercía una actividad productiva, pues trabajaba en una licorera y también vendía ropa, tal como lo señalaron María Guisela Restrepo Vásquez, Gloria Cecilia Arrubla Gaviria y Sandra Margarita Restrepo Gómez.
En ese sentido, se reconocerá el lucro cesante a favor de la compañera permanente e hijos de la víctima.
Como salario base de liquidación, se tomará el mínimo legal vigente a la fecha de este fallo: $908.526 menos el 25% que la víctima destinaba para su propia manutención ($227.132). Ingreso base de liquidación: $681.395, el cual se distribuye entre los cuatro demandantes (la mitad para la compañera permanente y la otra mitad entre sus tres hijos). No se reconoce valor alguno por concepto de prestaciones sociales, dado que no se demostró la existencia de un vínculo laboral.
Indemnización a favor de Ana Milena Arias Arrubla
Lucro cesante consolidado:
S = Ra x (1+ i)n - 1
i
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = $340.698
N = Número de meses trascurridos entre la fecha de la muerte de la víctima (12 de enero de 2007) y la de esta providencia (27 de agosto de 2021).
I = Interés puro o técnico: 0.004867
Entonces:
S = $340.698 (1+ 0.004867)174.02 - 1
0.004867
S = $92’944.487.
Lucro cesante futuro:
Corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta la vida probable del señor Galeano Herrera, pues éste era mayor que Ana Milena Arias Arrubla.
De conformidad con las tablas de supervivencia, se estimó la vida probable del señor Galeano Herrera en 50.03 años, para un total de 627.6 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía 28 años de edad cuando murió. A los 627.6 meses deberán restarse los 174.02 meses que fueron tenidos en cuenta para la indemnización consolidada, para un total de 453.58 meses.
S = $340.698 (1+ 0.004867)453.58- 1
0.004867 (1+ 0.004867) 453.58
S = $62’262.434.
Total lucro cesante para Ana Milena Arias Arrubla: $ 155’206.921
Indemnización a favor de Juan Pablo Galeano Díaz
Lucro cesante consolidado: al igual que para su madre, corresponde al período trascurrido entre la fecha de la muerte de su padre y la de esta providencia, esto es, 174.02 meses.
S = $113.556 (1+ 0.004867)174.02 - 1
0.004867
S = $ 30’978.768.
Lucro cesante futuro
Se indemnizará entre la fecha de esta sentencia (27 de agosto de 2021) y la época en que cumplirá 25 años (27 de mayo de 2028), por lo que el período a indemnizar corresponde a 81 meses.
Se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:
S = $ 113.556 (1+ 0.004867)81- 1
0.004867 (1+ 0.004867) 81
S = $7’586.437.
Total lucro cesante para Juan Pablo Galeano Díaz: $ 38.565.205
Indemnización a favor de Kevin Galeano Díaz
Lucro cesante consolidado: $ 30’978.768.
Lucro cesante futuro
Se indemnizará entre la fecha de esta sentencia (27 de agosto de 2021) y la época en que cumplirá 25 años (22 de octubre de 2030), por lo que el período a indemnizar corresponde a 110 meses.
Se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:
S = $ 113.556 (1+ 0.004867)110- 1
0.004867 (1+ 0.004867) 110
S = $9’654.397.
Total lucro cesante para Kevin Galeano Díaz: $ 40’633.165
Indemnización a favor de María Camila Arias Arrubla
Lucro cesante consolidado: $ 30’978.768.
Lucro cesante futuro
Se indemnizará entre la fecha de esta sentencia (27 de agosto de 2021) y la época en que cumplirá 25 años (25 de marzo de 2031), por lo que el período a indemnizar corresponde a 115 meses.
Se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:
S = $ 113.556 (1+ 0.004867)115- 1
0.004867 (1+ 0.004867)115
S = $9’982.432
Total lucro cesante para María Camila Arias Arrubla: $ 40’961.200.
8.4. La parte actora, de manera separada, solicitó 1.000 s.m.l.m.v. por daño a la vida de relación y 1.000 s.m.l.m.v. por la afectación al honor y al buen nombre.
La jurisprudencia de esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado de esa manera (daño a la vida de relación), para en su lugar reconocer la categoría de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.
Al respecto, en sentencia de unificación, la Sección Tercera de la Corporación precisó:
… la Sala reitera los criterios expuestos en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección del 14 de septiembre de 2011, en la cual se sostuvo que esta clase de afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos (…).
…
… En esta oportunidad la Sala, para efectos de unificación de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisa:
15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:
i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.
iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.
iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.
15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:
i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.
ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.
iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.
iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.
v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.
vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.
15.4.3. En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado (se destaca).
Dado que la muerte del señor Galeano Herrera, con sus cuatro compañeros, constituyó un acto de violación grave a los derechos humanos, se estima la protección de esta tipología de daño autónomo, para cuyo efecto se privilegiarán, según los parámetros jurisprudenciales antes señalados, las medidas restaurativas o de carácter no pecuniario.
En ese sentido, se dispondrá que el Ejército Nacional efectúe la publicación de la presente providencia en un link destacado en la página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis (6) meses.
La Sala estima que la anterior determinación resulta suficiente, pues no se evidencia que la víctima hubiere sido expuesta o presentada ante la opinión pública como un subversivo dado de baja en combate, pues ese señalamiento, por supuesto falaz, fue expuesto por algunos miembros de la entidad de manera interna, para tratar de excusar su actuación irregular.
9. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U EL V E
PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, el 25 de julio de 2014; en su lugar, SE DISPONE:
1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Francisco Javier Galeano Herrera.
2. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar a los demandantes que a continuación se relacionarán, los siguientes montos:
Para Lucelly Herrera de Galeano, Luis Javier Galeano Cataño (padres), Juan Pablo Galeano Díaz, Kevin Galeano Díaz, María Camila Arias Arrubla (hijos) y Ana Milena Arias Arrubla (compañera permanente), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta decisión, para cada uno de ellos.
Para Mónica Patricia Galeano Cataño, Claudia Elena Galeano Herrera (hermanas), María Carolina Cataño y Reina del Socorro Monsalve Herrera (abuelas), cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta decisión, para cada una de ellas.
Para Lucelly Herrera de Galeano, $ 4’591.650, por daño emergente.
Para Ana Milena Arias Arrubla: $ 155’206.921, por lucro cesante.
Para Juan Pablo Galeano Díaz: $ 38’565.205, por lucro cesante.
Para Kevin Galeano Díaz: $ 40’633.165, por lucro cesante.
Para María Camila Arias Arrubla: $ 40’961.200, por lucro cesante.
3. ORDENAR al Ejército Nacional que efectúe la publicación de la presente providencia en un link destacado en la página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis (6) meses.
4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
5. EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas, con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las referidas copias serán entregadas al apoderado que ha venido actuando en el proceso.
6. La condena se cumplirá en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: sin condena en costas.
TERCERO: ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, para su cumplimiento.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con aclaración de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA MARÍA ADRIANA MARÍN
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DELITO DE LESA HUMANIDAD / CRIMEN DE GUERRA / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD / EXCEPCIÓN AL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[A]claro mi voto en lo relacionado con la declaratoria de caducidad frente a la muerte del señor (…), por las razones que desarrollo a continuación: La declaratoria de caducidad en el proceso (…) se adoptó en los términos de la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, el 29 de enero de 2020, de la cual me aparté, pero que, por tratarse de un fallo de unificación, debo acatar. No obstante, reitero, una y otra vez las razones que me llevaron a no acompañar el criterio mayoritaria de la Sala, dado que, a mi juicio, la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra debe ser una obligación ineludible del Estado, con mayor razón, en este momento, en el que se adelanta un proceso de paz, que no puede quedar reducido a la confesión de terribles verdades ni al perdón de los victimarios. La reparación efectiva de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos constituye una razón de ser esencial de un Estado que se proclame como constitucional. (…) La no aplicación del término de caducidad ordinario en el juzgamiento de la responsabilidad pública en materia de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio se impone, por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración de justicia interna, en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que se trata de casos de graves violaciones de derechos humanos que ameritan una protección jurídico procesal reforzada y que buscan hacer efectivo el derecho fundamental de las víctimas a una reparación integral. De esta forma, cuando se afirma de manera razonada y fundamentada sobre la existencia de hechos que pueden ser calificados o calificables objetivamente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición y el desplazamiento forzado, debe activarse la garantía de imprescriptibilidad y, por ende, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia interna y en aplicación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. (…) Es importante precisar que son razones de justicia y de equidad las que han permitido a la jurisprudencia sostener que los plazos o términos de caducidad no pueden ser definidos en términos absolutos, toda vez que es posible que determinadas circunstancias o condiciones del caso concreto ameriten la necesidad de flexibilizar el cómputo de la caducidad. (…) Es posible que las pruebas que lleven al juez el convencimiento de que los hechos son atribuibles al Estado, o que tienen la connotación de actos o delitos de lesa humanidad puedan no estar al alcance de los demandantes y, por tanto, puedan transcurrir muchos años sin que exista una confesión o se presente el hallazgo de elementos que desvirtúen los informes oficiales, que puedan haberse expedido para dar visos de legalidad a los hechos. Como consecuencia, imponer a las víctimas que interpongan la acción de reparación directa sin contar con los elementos probatorios mínimos y necesarios para fundamentar la imputación al Estado, puede significar un sacrificio grave de los derechos a la justicia y a la reparación integral. Por consiguiente, en este tipo de casos considero que el juez debe acudir al control de convencionalidad para inaplicar la regla de caducidad, toda vez que resulta claro que los contenidos sustanciales de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, regulados en diversas fuentes del derecho internacional y constitucional, prevalecen sobre la regla procesal de caducidad.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la excepción a la caducidad de la acción, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 6 de julio de 2016, Exp. T-352, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
ACLARACIÓN DE VOTO
Manifiesto que acompaño la sentencia de 19 de marzo de 2021, que declaró la responsabilidad del Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial -falso positivo- del señor Wilson García Posada (53528); sin embargo, aclaro mi voto en lo relacionado con la declaratoria de caducidad frente a la muerte del señor Francisco Javier Galeano (52730), por las razones que desarrollo a continuación:
La declaratoria de caducidad en el proceso radicado con el número 52730 se adoptó en los términos de la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, el 29 de enero de 2020, de la cual me aparté, pero que, por tratarse de un fallo de unificación, debo acatar. No obstante, reitero, una y otra vez las razones que me llevaron a no acompañar el criterio mayoritaria de la Sala, dado que, a mi juicio, la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra debe ser una obligación ineludible del Estado, con mayor razón, en este momento, en el que se adelanta un proceso de paz, que no puede quedar reducido a la confesión de terribles verdades ni al perdón de los victimarios.
La reparación efectiva de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos constituye una razón de ser esencial de un Estado que se proclame como constitucional. En ese escenario, tal como lo consideró la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la seguridad jurídica que busca el fenómeno de la caducidad debe ceder ante situaciones que son del interés de la humanidad entera”.
La no aplicación del término de caducidad ordinario en el juzgamiento de la responsabilidad pública en materia de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio se impone, por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración de justicia interna, en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que se trata de casos de graves violaciones de derechos humanos que ameritan una protección jurídico procesal reforzada y que buscan hacer efectivo el derecho fundamental de las víctimas a una reparación integral.
De esta forma, cuando se afirma de manera razonada y fundamentada sobre la existencia de hechos que pueden ser calificados o calificables objetivamente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición y el desplazamiento forzado, debe activarse la garantía de imprescriptibilidad y, por ende, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia interna y en aplicación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Ahora, la regla de caducidad de dos años contados a partir del día siguiente a aquel en el que “el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”, solo puede ser considerada como una mejor garantía de protección a las víctimas que la adoptada por la Corte Interamericana en relación con los actos de lesa humanidad, crímenes de guerra o constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, si la aplicación a los casos concretos se hace de manera amplia, buscando, justamente, brindarles el acceso a la administración de justicia, y no con un criterio restrictivo que, por el contrario, anule su derecho a reclamar la reparación de perjuicios, a partir del mero interés de la seguridad jurídica.
Con una aplicación restrictiva de las subreglas de caducidad, casos como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia; las ejecuciones extrajudiciales –mal llamados falsos positivos–, y los desplazamientos forzados estarían caducados, porque desde un primer momento se conoció que con la retoma existió participación del Estado en los hechos objeto de juzgamiento, así como la participación de miembros activos del Ejército Nacional en la muerte de personas ajenas al conflicto armado o en su desplazamiento forzado.
Es importante precisar que son razones de justicia y de equidad las que han permitido a la jurisprudencia sostener que los plazos o términos de caducidad no pueden ser definidos en términos absolutos, toda vez que es posible que determinadas circunstancias o condiciones del caso concreto ameriten la necesidad de flexibilizar el cómputo de la caducidad.
La reclamación de los daños causados a las personas que puedan ser calificados como delitos o actos de lesa humanidad puede formularse en cualquier tiempo, sin que resulte aplicable el plazo fijado en la ley para el ejercicio de dicha acción, como en varias oportunidades lo consideró la misma Sección.
En efecto, pueden haber transcurrido ya varios años desde que ocurrió el hecho, y las víctimas del mismo pueden tener la convicción de que podían esperar un momento más propicio para demandar, bien para no correr riesgos frente a su integridad personal, o que hubiera un pronunciamiento de organismos internacionales, o de un juez penal o, simplemente, contar con los elementos de juicio suficientes para demostrar los hechos que califican como actos de lesa humanidad.
Es posible que las pruebas que lleven al juez el convencimiento de que los hechos son atribuibles al Estado, o que tienen la connotación de actos o delitos de lesa humanidad puedan no estar al alcance de los demandantes y, por tanto, puedan transcurrir muchos años sin que exista una confesión o se presente el hallazgo de elementos que desvirtúen los informes oficiales, que puedan haberse expedido para dar visos de legalidad a los hechos.
Como consecuencia, imponer a las víctimas que interpongan la acción de reparación directa sin contar con los elementos probatorios mínimos y necesarios para fundamentar la imputación al Estado, puede significar un sacrificio grave de los derechos a la justicia y a la reparación integral. Por consiguiente, en este tipo de casos considero que el juez debe acudir al control de convencionalidad para inaplicar la regla de caducidad, toda vez que resulta claro que los contenidos sustanciales de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, regulados en diversas fuentes del derecho internacional y constitucional, prevalecen sobre la regla procesal de caducidad.
En esos términos dejo expuesta mi aclaración de voto.
Respetuosamente,
Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada
ACLARACIÓN CONJUNTA DE VOTO DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Y JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FALLO DE REEMPLAZO / JUEZ COLEGIADO / JUEZ DE TUTELA / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / MODULACIÓN DE EFECTOS DEL FALLO / MODULACIÓN DE LA SENTENCIA / JUEZ CONSTITUCIONAL / JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / EXTRALIMITACIÓN DE FACULTADES DEL JUEZ CONSTITUCIONAL / EFECTOS EX NUNC / DAÑO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DELITO DE LESA HUMANIDAD / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD / PLAZO / CRIMEN DE GUERRA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADON / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / MUERTE DE CIVIL / HECHO DAÑOSO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / EJÉRCITO NACIONAL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Como se dejó expresamente consignado en el fallo de reemplazo, aunque la Subsección acató el amparo dispuesto por el juez colegiado de tutela, en modo alguno compartimos esa determinación al punto de que en este momento se encuentra pendiente de resolución en segunda instancia la impugnación presentada por la magistrada ponente de la decisión-, toda vez que la Subsección A de la Sección Segunda de la Corporación entró a modular los efectos de la sentencia de unificación dictada por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 (proceso 61.033), lo que comporta una evidente intromisión del juez constitucional en las competencias del juez ordinario de la causa. En el aludido fallo de unificación no se precisó que se trataba de jurisprudencia anunciada, lo que naturalmente se traduce en que la postura allí sentada aplica a los procesos que ya estuvieren en curso, criterio que, además, fue avalado por la Corte Constitucional (…) [E]l juez constitucional, de manera lisa y llana, sostuvo que como la Sección Tercera del Consejo de Estado [no moduló sus efectos, entiende que opera a futuro o ex nunc], aspecto que escapa al juez de tutela, como incluso en su momento lo advirtió la Subsección B la Sección Segunda de la Corporación, al analizar, precisamente en sede de tutela, la validez de la (…) sentencia de unificación del [29 de enero de 2020] (…) Como se dejó ampliamente establecido en la providencia que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación dejó sin efectos, en virtud de la postura actual de la Sección Tercera de la Corporación -respetada y acogida por todas las secciones de esta Corporación y por la propia Corte Constitucional, sí es exigible la aplicación del término de caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias por daños derivados de supuestos delitos de lesa humanidad, pues la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a esa clase de delitos y crímenes de guerra, entre otros, no da lugar a la inaplicación del plazo para solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido, la Sala, en la sentencia que debió reemplazar, efectuó un análisis detallado y serio de los elementos probatorios allegados al expediente , con base en los cuales se pudo concluir que desde el día siguiente a la muerte del señor (…) sus familiares demandantes en el proceso ordinario tuvieron pleno conocimiento de que ese lamentable hecho era imputable al Ejército Nacional, pero aun así demandaron por fuera del término de dos (2) años previsto en la ley para ejercer el derecho de acción, sin que se hubieren acreditado circunstancias que le impidieran a los demandantes acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos de (…) [inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa o de contarlo desde un momento distinto a la ocurrencia del hecho dañoso] tal y como lo dejó sentado la Sala en la ya referida sentencia de unificación.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Corte Constitucional, sentencia SU 312 de 13 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Así mismo, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020., exp. 2014-00144-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de octubre de 2020, exp. 1001-03-15-000-2020-03381-01(AC), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de tutela de 23 de abril de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-00809-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia de tutela de 21 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-03381-01(AC), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de tutela de 9 de julio de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-03789-00(AC), C.P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de tutela de 10 de junio de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-01252-00(AC), C.P. Milton Chaves García; sentencia del 28 de mayo de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-05141-01, C.P. Julio Roberto Piza; sentencia del 4 de septiembre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-03381-00/01, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra y sentencia de tutela de 22 de julio de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-00759-01(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00467-01(52730)
Actor: MARÍA LUCELLY HERRERA Y OTRO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
ACLARACIÓN CONJUNTA DE VOTO DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Y JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
La Sala, mediante providencia de 27 de agosto del año en curso -notificada por edicto el 23 de septiembre siguiente-, dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado el 21 de julio de 2021, a través de la cual dispuso:
Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora María Lucelly Herrera Monsalve, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia:
Segundo. Dejar sin efectos el numeral primero de la sentencia del 19 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicado 44001-33-40-001-2018-00358-01, acumulado 05001-23-31-000-2009-00121-01.
Tercero. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
En ese sentido, la Sala, nuevamente, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, el 25 de julio de 2014 y, mediante el fallo al que pertenece esta aclaración de voto, excepcionó el término de caducidad de la acción de reparación directa y declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por la muerte del señor Francisco Javier Galeano Herrera.
Como se dejó expresamente consignado en el fallo de reemplazo, aunque la Subsección acató el amparo dispuesto por el juez colegiado de tutela, en modo alguno compartimos esa determinación -al punto de que en este momento se encuentra pendiente de resolución en segunda instancia la impugnación presentada por la magistrada ponente de la decisión-, toda vez que la Subsección A de la Sección Segunda de la Corporación entró a modular los efectos de la sentencia de unificación dictada por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 (proceso 61.033), lo que comporta una evidente intromisión del juez constitucional en las competencias del juez ordinario de la causa.
En el aludido fallo de unificación no se precisó que se trataba de jurisprudencia anunciada, lo que naturalmente se traduce en que la postura allí sentada aplica a los procesos que ya estuvieren en curso, criterio que, además, fue avalado por la Corte Constitucional, la cual, también en sentencia de unificación sobre la misma materia, señaló:
6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes, el término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.
6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador, los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el entendido de que dicho plazo únicamente empezará a contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad penal que se predica de las mencionadas conductas delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de la participación, por acción u omisión, del Estado y se encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño causado.
6.43. Por último, este Tribunal considera que, además de las razones expuestas por el Consejo de Estado en el fallo de unificación, la aplicación del término legal de caducidad frente al medio de control de reparación directa cuando el hecho dañoso es constitutivo de un delito de lesa humanidad resulta acorde con el criterio interpretativo que puede extraerse de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra contra Chile.
…
6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional.
No obstante lo anterior, el juez constitucional, de manera lisa y llana, sostuvo que como la Sección Tercera del Consejo de Estado “no moduló sus efectos, entiende que opera a futuro o «ex nunc»”, aspecto que escapa al juez de tutela, como incluso en su momento lo advirtió la Subsección B la Sección Segunda de la Corporación, al analizar, precisamente en sede de tutela, la validez de la ya referida sentencia de unificación:
Como se observa, los argumentos traídos por la parte actora y los coadyuvantes fueron objeto de discusión por parte de la Sala de decisión que profirió la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; diferente es, que la mayoría de sus integrantes compartiera la postura de unificación, finalmente, adoptada.
Lo anterior, para concluir, que en el presente caso le está vedado el Juez de tutela adoptar una posición al respecto, pues es claro que el resultado obedeció al juicio normativo, jurisprudencial y fáctico que la Sala mayoritaria de decisión consideró era el correcto, pese a que existieron posiciones contrarias, tal como quedó plasmado en los diferentes salvamentos de voto suscritos; por ello, entrar a calificar a través de la acción de amparo cual es la postura correcta en materia de caducidad del medio de control de reparación directa cuando de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra se trata, sería convertirla en una instancia adicional en un proceso ordinario ya concluido.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala observa que lo que existe es una inconformidad de la parte actora y coadyuvantes con la posición decisional unificadora finalmente adoptada por la Sala mayoritaria de la sección tercera del Consejo de Estado, que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que conduce a la denegatoria del recurso de amparo (destacamos).
Consideramos pertinente señalar que, en línea con los anteriores pronunciamientos, las diferentes Secciones del Consejo de Estado han respetado y acatado las mencionadas sentencias de unificación, a saber:
• Sección Primera (sentencia de tutela de 23 de abril de 2021):
En efecto, de la revisión de la providencia de 10 de septiembre de 2020, se advierte que el Tribunal contó el término para presentar la demanda, conforme con el criterio establecido por la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera, es decir, desde el momento en que fue puesto en libertad el actor cuando cesó el daño y se encontró en la posibilidad material de acudir a la administración de justicia, circunstancia que ocurrió en diciembre del año 2000, tesis que reiteró la Sección Tercera al revisar un caso análogo al de la referencia, mediante providencia de 8 de mayo de 2020.
Asimismo, se advierte que el Tribunal no desconoció el precedente judicial establecido por la Sección Tercera y la Corte Constitucional sobre la forma en que debe contarse el término para presentar la demanda en los casos en que se presentan graves violaciones del derecho internacional humanitario, como son los delitos de lesa humanidad, pues, como ya se dijo, según la posición actual de la Sección Tercera, establecida en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, incluso en dichos casos, es aplicable el término para presentar la demanda el señalado en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Circunstancia distinta es que el actor no se encuentre de acuerdo con lo resuelto por la Sección Tercera en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, lo cual no habilita al juez de tutela para desconocer dicha providencia y no aplicarla a su caso concreto.
En virtud de lo expresado, la Sala denegará el amparo solicitado como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
• Sección Segunda -Subsección B- (sentencia de tutela de 21 de octubre de 2020):
Es decir, la decisión adoptada mediante sentencia del 29 de enero de 2020, no se encuentra incursa en desconocimiento del precedente, pues, en definitiva, la decisión de UNIFICAR fue la consecuencia de existir diferentes posiciones al interior de la Corporación respecto de la caducidad del medio de control cuando se trata de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra; cosa distinta es, que la línea decisional definitiva no resultó favorable, en los términos aludidos por la parte accionante.
…
De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, no se encuentra incursa en el desconocimiento del precedente endilgado, pues, sin pasar por alto las múltiples decisiones aludidas por la parte accionante y quienes coadyuvaron la solicitud de amparo, no se puede desconocer que la misma fue producto de la función UNIFICADORA que la asiste al Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la diferencia de criterios que existían frente al tema al interior de la misma jurisdicción.
• Sección Tercera -Subsección B- (sentencia de tutela de 9 de julio de 2021):
11.3.- Para la Sala, lo que se hizo en la decisión objeto de revisión fue dar APLICACIÓN a una disposición legal que señala el término para interponer la acción de reparación directa. En efecto, según lo consagra de manera expresa el artículo 164 del C.P.A.C.A, el término es de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho y dicha disposición legal se considera exceptuada solo en los casos en los cuales la persona no ha tenido conocimiento del mismo. La jurisprudencia de unificación no creó un requisito o término nuevo, sino que simplemente precisó que los jueces en estos casos no podían dejar de aplicar dicha disposición, como consecuencia de normas legales que consagran la imprescriptibilidad de la acción penal contra los responsables.
11.4.- Lo que justifica la aplicación hacia el futuro de una regla jurisprudencial es que en ella se establezca un requisito, o que por vía jurisprudencial se limite un término que la parte no conocía cuando interpuso la demanda, lo que evidentemente no ocurre en este caso. En cambio, es claro que la accionante conocía lo ocurrido y podía interponer la acción dentro del término legal.
11.5.- Concluir lo contrario sería tanto como considerar que la confianza legítima se establece sobre la inaplicación judicial de las normas, que es lo que se corrigió en este caso con la sentencia de unificación; implicaría considerar que las decisiones judiciales que inapliquen una regla legal tienen el efecto de <<crear un derecho>> al margen de las mismas.
11.6.- Habiéndose probado que las personas conocían el supuesto fáctico que les permitía accionar, no puede considerarse plausible que se fundamentaran en decisiones judiciales para no presentar la demanda dentro del término legal. Lo que ocurrió en este caso es que los familiares de Osorno Manzano no presentaron la demanda dentro del término legal; y luego, amparándose en lo dicho en decisiones judiciales que consideraron que en estos casos la acción judicial no estaba sujeta a término de caducidad, instauraron extemporáneamente su demanda. Así, el acatamiento de la sentencia de unificación (que lo que ordena es darle aplicación al término de caducidad legal) no puede considerarse como atentatorio de sus derechos fundamentales.
11.7.- La doctrina ha precisado que la modulación de una nueva regla jurisprudencial, esto es, la decisión de aplicarla únicamente hacia el futuro no puede fundamentarse en una invocación abstracta al principio de la seguridad jurídica ni en el principio de igualdad. En el caso de la celebración de un contrato, por ejemplo, no podría aplicarse una regla jurisprudencial que determine que para su validez era necesario un requisito que las partes no cumplieron. En relación con el ejercicio del derecho en un proceso, igualmente no podría considerarse aplicable de manera inmediata una jurisprudencia que estableciera la necesidad de dar cumplimiento a un requisito que no se entendía exigible sino hasta la expedición de la nueva regla. En tales casos puede afirmarse, con toda claridad, que la parte realizó actos de disposición o tomó determinaciones con fundamento en la regla aplicable en ese momento:
11.8.- Así las cosas, quienes dejaron vencer el término de caducidad legal y presentaron la demanda desconociéndolo y fundamentándose en una disposición que no era aplicable a la responsabilidad patrimonial del Estado, no pueden ahora considerar que, como quiera que en algunas decisiones judiciales se permitió presentar la demanda sin consideración del término de caducidad, decidieron esperar y dejar transcurrir el término.
11.9.- Además, la seguridad jurídica que se logra con la sentencia de unificación propende por la aplicación de normas legales generales y abstractas que involucran los derechos de todos sus destinatarios. La caducidad legal establece un derecho a demandar y de otra parte establece el derecho a no ser demandado una vez vence dicho término. Esa seguridad jurídica se garantiza con la aplicación de la norma legal de manera coherente y correcta que es lo que ordenó la sentencia de unificación: el término se aplica, salvo que se demuestre que no se tuvo conocimiento del hecho y que esto impidió el ejercicio del derecho. Así, el principio de igualdad no puede invocarse para solicitar que se aplique una regla ilegal porque en algunos casos se hizo así. La igualdad es ante la ley, no ante las decisiones judiciales que la desconocen.
12.- Por otro lado, en relación con la aplicación de la sentencia de unificación de esta Corporación, la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, estimó que (i) la aplicación del término legal de caducidad para este medio de control en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos constitucionales, (ii) unificó su jurisprudencia en el sentido de aplicar la caducidad de dos años del artículo 164 del CPACA, para estos casos, y (iii) encontró plausible las reglas establecidas en la sentencia de unificación de esta Corporación del 29 de enero de 2020.
…
13.- Por todo lo anterior, la Sala considera que, en este caso la interpretación del Tribunal en el auto objeto de revisión resulta acorde con la interpretación señalada por la jurisprudencia de esta Corporación, la señalada por la Corte Constitucional, y proporcionada del derecho positivo (negrillas y subrayas adicionales).
• Sección Cuarta (sentencia de tutela de 10 de junio de 2021):
Revisados los argumentos de la impugnante, la Sala advierte que se confirmará el fallo recurrido tras corroborarse que no se configuraron los defectos invocados, bajo las siguientes consideraciones.
Entonces, resulta evidente que la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, se fundamentó en un criterio de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que fue expedido antes de proferirse la decisión definitiva y que, por lo tanto, resultaba de obligatorio cumplimiento para los jueces pertenecientes a la jurisdicción, incluida la autoridad judicial demandada.
Dicho de otro modo, en el presente caso, la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación directa con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se trató de un típico caso de aplicación del precedente judicial vigente y, el argumento relacionado con la aplicación del ‘precedente anterior’ no prospera.
En suma, el precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 era el vinculante para efecto de decidir el caso la señora Rosa Nelly Taborda Galvis, por cuanto, era el vigente cuando se dictó la decisión cuestionada, esto es, al momento de proferir el auto del 31 de julio de 2020.
Tal como lo ha señalado esta Sección, por regla general, las modificaciones jurisprudenciales tienen efecto inmediato y son aplicables hasta que son nuevamente modificadas, por cuanto solo de esta manera se logra la efectividad del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Como se sabe, en los términos del artículo 230 de la Constitución Política, la jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho y, por ende, tiene una fuerza vinculante para todas las autoridades que tienen la obligación de observarla.
En este punto, resulta necesario precisar que en tratándose del precedente de unificación no resultaba aplicable el artículo 624 del Código General del Proceso, pues el mismo tiene aplicación en tratándose de la modificación, derogación y vigencia de leyes.
Ahora bien, en relación con los argumentos que la parte demandante plantea para señalar que el análisis de la caducidad se debía hacer bajo la perspectiva del artículo 93 de la Constitución Política, por la cual se incorporó la Ley 16 de 1972, la Convención Americana sobre Derechos Humanos al ordenamiento jurídico y debía considerarse en sus posturas la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH- en relación con graves violaciones a los derechos humanos y con los delitos de lesa humanidad, así como lo relacionado con la necesidad de modular los efectos en cuanto a la aplicación de la sentencia de unificación, en el sentido que solo fueran aplicables para los casos cuyas demandas se ejercieran después de la expedición de dicho precedente y las sentencias citadas al respecto.
Son argumentos que se dirigen, específicamente, contra la motivación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y la ausencia de pronunciamiento expreso sobre la modulación de los efectos de la decisión en el tiempo y no frente al auto del 31 de julio de 2020, proferido por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que es la que es objeto de cuestionamiento en este escenario constitucional.
De hecho, se estima oportuno agregar que esta providencia de unificación fue cuestionada vía acción de tutela en el proceso con radicado número 11001-03-15-000-2020-03381-00/01, pero en primera y segunda instancia se negó la protección iusfundamental invocada.
Por las mismas razones, no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, por el contrario, lo que se evidencia es la aplicación del precedente de unificación vigente, pese a que la parte actora señala serios reparos contra está última decisión judicial y no contra la que resolvió la demanda en que tiene interés, lo cual, en todo caso, desborda la órbita de competencia del juez de esta instancia constitucional.
En cuanto al argumento de vulneración del derecho fundamental a la igualdad, porque el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en providencia del 28 de mayo de 2020, en otro caso en el que también tuvo lugar el desplazamiento forzado, en el que, en aplicación a los principios pro actione y pro damnato, se brindó a los demandantes la posibilidad de probar si su caso adecuaba a los criterios vigentes, no se encuentra acreditado porque resulta claro que en ese evento las circunstancias fácticas del caso condujeron a determinar que estaban dados los supuestos para inaplicar el término de caducidad, análisis que, como se vio, no fue superado en el caso objeto de estudio por las razones ya expuestas.
En suma, no se encuentran acreditados los defectos invocados por la parte actora y, en esa medida, se impone negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Rosa Nelly Taborda Galvis contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A (he destacado).
• Sección Quinta (sentencia de tutela de 22 de julio de 2021):
Revisados los argumentos de la impugnante, la Sala advierte que se confirmará el fallo recurrido tras corroborarse que no se configuraron los defectos invocados, bajo las siguientes consideraciones.
En relación con el desconocimiento del precedente, la parte actora en la demanda sostuvo que aún cuando cambió la tesis de caducidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad durante el transcurso del trámite de la demanda de reparación directa ejercida por ella y sus familiares con ocasión del homicidio de su hijo en el marco del conflicto armado, el operador judicial debió darle la oportunidad de demostrar que no tuvo conocimiento de la responsabilidad del Estado cuando se perpetró el delito, sino con posterioridad en razón al recaudo de información obtenida de procesos penales, de informes, entre otros.
…
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos explicó que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
Así que, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial debe cumplir con la carga mínima de (i) identificar la decisión que considera desatendida, (ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la Litis anterior, y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
En relación con el precedente judicial que ha tratado a través del tiempo el tema de la caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de delitos de lesa humanidad, la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida dentro del radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, puso de presente que antes de que se unificara la aplicación de tal figura en esos eventos particulares existían tesis dispares entre las secciones, lo que conllevaba a que el juez natural pudiera acogerse a cualquiera de ellas.
Fue por eso que antes los jueces naturales acudían a la postura en la cual se amparó la parte demandante para ejercer el medio de control de reparación directa según la cual no operaba la caducidad cuando se trataba de delitos de lesa humanidad, y fue por ello que en la demanda ordinaria se observa que el apoderado hizo alusión a dicha tesis; no obstante, con el cambio de jurisprudencia y más que ello con la unificación del tema, coincidió con que al momento de proferirse el auto de segunda instancia objeto de reproche ya estaba vigente la sentencia de unificación mencionada en precedencia.
En la acción de tutela la accionante no reprocha en últimas su aplicación, sino que radica su disentimiento en que no se le dio la oportunidad dentro del proceso judicial de probar que se percató de la responsabilidad estatal en el homicidio de su hijo en fecha posterior al deceso, por lo que atado a dicha argumentación invoca el defecto fáctico por desconocimiento de unas pruebas contenidas en un proceso penal (el cual no identificó para dar claridad a su análisis) y de afirmaciones generalizadas sobre el análisis que hizo su apoderado judicial de los casos similares y de la imputación del daño jurídico a cargo del Estado.
Para mayor economía procesal, sin entrar a profundizar sobre el defecto fáctico, de antemano se observa que las pruebas no fueron debidamente individualizadas y la demandante no sustentó las razones por las cuales debieron ser valoradas por el juez natural, esto es, si se aportaron al proceso ordinario y si se decretaron como pruebas; en ese orden de ideas, al no cumplirse con la debida carga argumentativa frente a este defecto, se despachará desfavorablemente.
Siguiendo con el análisis del desconocimiento del precedente, el cual estaba ligado al defecto fáctico, esta Colegiatura precisa que tampoco se configuró; por el contrario, la autoridad judicial demandada basó su decisión en la sentencia de unificación que se trajo a colación líneas arriba, de la cual se extraen los siguientes apartes relevantes para este caso:
…
De la unificación del tema de la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de crímenes de lesa humanidad, se pueden extraer las siguientes reglas:
Sí opera la caducidad del medio de control en los términos del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Para efectuar el cómputo de la caducidad en esos eventos, debe tenerse en cuenta la fecha en que los demandantes advirtieron la posible responsabilidad estatal, sin que sea necesario tener certeza sobre ello puesto que precisamente el objeto de la demanda es determinar si se configuró o no dicha responsabilidad para dar origen a la respectiva indemnización.
Deben existir elementos de juicio para determinar el momento en el cual los afectados supieron de las actuaciones u omisiones estatales que dieron origen al daño antijurídico, para efectos de aplicar la caducidad.
En el caso concreto analizado en dicho precedente, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación tomó como elemento de juicio la afirmación realizada por el apoderado de los demandantes en el proceso ordinario a modo de confesión, en la cual indicó la fecha en que ellos se percataron de la responsabilidad estatal, según lo manifestado en el escrito inicial de la demanda.
Descendiendo de nuevo al caso que nos ocupa, se observa que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado aplicó tales reglas de unificación pues partió de la base de que las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad sí están sujetas a caducidad, y que si bien las reglas para aplicar dicho término son especiales, para el evento particular que fue demandado por los actores en el medio de control de reparación directa objeto de análisis el juez sí contó con suficientes elementos de juicio para inferir que ellos se percataron de la responsabilidad estatal por omisión en el homicidio perpetrado por miembros de las AUC en contra del señor Juan José Cardona Rave, hijo de la tutelante y familiar de los demás demandantes en el trámite ordinario.
…
Quiere decir lo anterior que el juez natural sí tuvo en cuenta la afirmación realizada por el apoderado de los demandantes en el escrito inicial de la demanda de reparación directa y lo tomó como medio de prueba de la fecha en que ellos tuvieron conocimiento de la responsabilidad estatal, siguiendo las reglas sentadas en el precedente de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación, sin que la tutelante hubiera restado valor probatorio a tal afirmación hecha en la demanda.
Al analizar el contenido del escrito inicial del medio de control de reparación directa de que se trata, la Sala se percató de que toda la argumentación sobre responsabilidad estatal se erigió bajo la modalidad de omisión de protección del Estado a sus ciudadanos frente a las acciones delictivas de los miembros de las AUC y demás organizaciones armadas al margen de la Ley; en lo demás, el apoderado judicial de la tutelante hizo un recuento histórico relacionado con el nacimiento de las AUC y demás grupos que, según informó, fueron gestados con anuencia del Gobierno para contrarrestar los actuares de la guerrilla, pero que continuaron cometiendo distintos actos bélicos que desencadenaron en delitos de lesa humanidad, pero bajo ese panorama general no hizo alusión particular al hecho demandado más que afirmar que el 13 de septiembre de 1997 miembros de las AUC torturaron y lesionaron gravemente al señor Juan José Cardona Rave, lo que luego desencadenó su fallecimiento en un contexto de conflicto armado.
Pese a esas precisiones, en la demanda no se adujo que con fecha posterior los familiares del occiso se percataran de la responsabilidad del Estado por omisión, razón por la cual el juez natural, en uso de su autonomía e independencia judicial, tomó como elementos de juicio las afirmaciones hechas en la demanda en relación que para la fecha en que acaeció el homicidio tenían conocimiento de que las AUC actuaban con permisibilidad del Estado, conclusión que se acompasa con el precedente de unificación invocado, razón por la cual este no fue desconocido.
Como se dejó ampliamente establecido en la providencia que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación dejó sin efectos, en virtud de la postura actual de la Sección Tercera de la Corporación -respetada y acogida por todas las secciones de esta Corporación y por la propia Corte Constitucional-, sí es exigible la aplicación del término de caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias por daños derivados de supuestos delitos de lesa humanidad, pues la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a esa clase de delitos y crímenes de guerra, entre otros, no da lugar a la inaplicación del plazo para solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.
En ese sentido, la Sala, en la sentencia que debió reemplazar, efectuó un análisis detallado y serio de los elementos probatorios allegados al expediente, con base en los cuales se pudo concluir que desde el día siguiente a la muerte del señor Francisco Javier Galeano Herrera (13 de enero de 2007) sus familiares –demandantes en el proceso ordinario– tuvieron pleno conocimiento de que ese lamentable hecho era imputable al Ejército Nacional, pero aun así demandaron por fuera del término de dos (2) años previsto en la ley para ejercer el derecho de acción, sin que se hubieren acreditado circunstancias que le impidieran a los demandantes acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos de “inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa o de contarlo desde un momento distinto a la ocurrencia del hecho dañoso…”, tal y como lo dejó sentado la Sala en la ya referida sentencia de unificación.
En los anteriores términos dejamos expuesta nuestra aclaración de voto.
Respetuosamente,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
ACLARACIÓN DE VOTO CONSEJERA DE ESTADO. MARÍA ADRIANA MARÍN
PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRECEDENTE JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / DELITO DE LESA HUMANIDAD / GENOCIDIO / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / REPARACIÓN DE LA VÍCTIMA / CRIMEN DE GUERRA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO INTERNO / DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS / REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA / DESAPARICIÓN FORZADA / DESPLAZAMIENTO FORZADO / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD / PRINCIPIO DE IMPRESCRIPTIBILIDAD / EXCEPCIÓN AL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / PRINCIPIO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / DERECHO INTERNACIONAL / DERECHO CONSTITUCIONAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
[P]or virtud de los principios de igualdad, debido proceso, seguridad jurídica y confianza legítima en los que se funda la necesidad de respetar el precedente judicial, los aquí demandantes siempre tuvieron derecho a que se les aplicara el establecido para el momento en que accedieron a la administración de justicia, en el cual se acudía al control de convencionalidad para inaplicar la regla de caducidad ordinaria, por tratarse de eventos que involucraban crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos. Adicionalmente, debo manifestar que había aclarado mi voto contra la sentencia de (…) en lo relacionado con la declaratoria de caducidad frente a la muerte del señor (…) antes de que fuera dejada sin efectos por la Sección Segunda de esta Corporación, toda vez que se adoptó en los términos de la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera (…) de la cual me aparté, pero que, por tratarse de un fallo de unificación, debo acatar. No obstante, reitero, una y otra vez las razones que me llevaron a no acompañar el criterio mayoritaria (sic) de la Sala, dado que, a mi juicio, la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos debe ser una obligación ineludible del Estado, con mayor razón, en este momento, en el que se adelanta un proceso de paz. La reparación efectiva de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos constituye una razón de ser esencial de un Estado que se proclame como constitucional. (…) La no aplicación del término de caducidad ordinario en el juzgamiento de la responsabilidad pública en materia de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio se impone, por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración de justicia interna, en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que se trata de casos de graves violaciones de derechos humanos que ameritan una protección jurídico procesal reforzada y que buscan hacer efectivo el derecho fundamental de las víctimas a una reparación integral. De esta forma, cuando se afirma de manera razonada y fundamentada sobre la existencia de hechos que pueden ser calificados o calificables objetivamente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición y el desplazamiento forzado, debe activarse la garantía de imprescriptibilidad y, por ende, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia interna y en aplicación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Ahora, la regla de caducidad de dos años contados a partir del día siguiente a aquel en el que (…) [el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia], solo puede ser considerada como una mejor garantía de protección a las víctimas que la adoptada por la Corte Interamericana en relación con los actos de lesa humanidad, crímenes de guerra o constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, si la aplicación a los casos concretos se hace de manera amplia, buscando, justamente, brindarles el acceso a la administración de justicia, y no con un criterio restrictivo que, por el contrario, anule su derecho a reclamar la reparación de perjuicios, a partir del mero interés de la seguridad jurídica.
Con una aplicación restrictiva de las subreglas de caducidad, casos como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia; las ejecuciones extrajudiciales –mal llamados falsos positivos–, y los desplazamientos forzados estarían caducados, porque desde un primer momento se conoció que con la retoma existió participación del Estado en los hechos objeto de juzgamiento, así como la participación de miembros activos del Ejército Nacional en la muerte de personas ajenas al conflicto armado o en su desplazamiento forzado. Es importante precisar que son razones de justicia y de equidad las que han permitido a la jurisprudencia sostener que los plazos o términos de caducidad no pueden ser definidos en términos absolutos, toda vez que es posible que determinadas circunstancias o condiciones del caso concreto ameriten la necesidad de flexibilizar el cómputo de la caducidad. La reclamación de los daños causados a las personas que puedan ser calificados como delitos o actos de lesa humanidad puede formularse en cualquier tiempo, sin que resulte aplicable el plazo fijado en la ley para el ejercicio de dicha acción, como en varias oportunidades lo consideró la misma Sección. En efecto, pueden haber transcurrido ya varios años desde que ocurrió el hecho, y las víctimas del mismo pueden tener la convicción de que podían esperar un momento más propicio para demandar, bien para no correr riesgos frente a su integridad personal, o que hubiera un pronunciamiento de organismos internacionales, o de un juez penal o, simplemente, contar con los elementos de juicio suficientes para demostrar los hechos que califican como actos de lesa humanidad. Es posible que las pruebas que lleven al juez el convencimiento de que los hechos son atribuibles al Estado, o que tienen la connotación de actos o delitos de lesa humanidad puedan no estar al alcance de los demandantes y, por tanto, puedan transcurrir muchos años sin que exista una confesión o se presente el hallazgo de elementos que desvirtúen los informes oficiales, que puedan haberse expedido para dar visos de legalidad a los hechos. Como consecuencia, imponer a las víctimas que interpongan la acción de reparación directa sin contar con los elementos probatorios mínimos y necesarios para fundamentar la imputación al Estado, puede significar un sacrificio grave de los derechos a la justicia y a la reparación integral. Por consiguiente, en este tipo de casos considero que el juez debe acudir al control de convencionalidad para inaplicar la regla de caducidad, toda vez que resulta claro que los contenidos sustanciales de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, regulados en diversas fuentes del derecho internacional y constitucional, prevalecen sobre la regla procesal de caducidad. En esos términos dejo expuesto mi salvamento de voto.
NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01. De igual forma, ver, Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-352 de 2016, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00467-01(52730)
Actor: MARÍA LUCELLY HERRERA Y OTRO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
ACLARACIÓN DE VOTO CONSEJERA DE ESTADO. MARÍA ADRIANA MARÍN
Manifiesto que acompaño la sentencia de 27 de agosto de 2021, que declaró la responsabilidad del Ejército Nacional por la muerte del señor Francisco Javier Galeano y aclaro mi voto para manifestar que comparto el criterio sostenido por la Sección Segunda de esta Corporación, que dejó sin efectos, mediante sentencia de tutela, la providencia emitida por esta Subsección, el 19 de marzo de 2021, la cual había declarado la caducidad de la acción de reparación directa por los mismos hechos.
La declaratoria de caducidad en el proceso radicado con el número 52730 se adoptó con fundamento en la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, el 29 de enero de 2020, frente a la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que no había modulado sus efectos y, por tanto, debía entenderse que operaba a futuro o con efectos «ex nunc», de ahí que no podía aplicarse al presente caso, porque para la fecha en la que se interpuso la demanda ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del medio de control de reparación directa, según el cual los daños provenientes de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos podían formularse en cualquier tiempo, sin que resultara aplicable el plazo ordinario fijado en la ley.
Las razones que fundamentaron la decisión de tutela se expusieron de la siguiente manera:
[P]ara el año 2010, cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación administrativa, y hasta antes de que fuera proferida la sentencia de unificación, año 2020, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o la esclavitud, en atención a su naturaleza imprescriptible.
Lo anterior, puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del 17 de septiembre de 2013; ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015; iii) auto del 11 de abril de 2016; iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016; y v) sentencia del 31 de julio de 2019, en las que, en aplicación al control de convencionalidad, no se aplicó la caducidad.
En el caso que se analiza, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la providencia de primera instancia, proferida el 25 de julio de 2014, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, se dirigió a cuestionar, entre otros aspectos, la inoperancia de la figura de la caducidad de la acción en asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad, y, para estos efectos, trajo a colación la jurisprudencia en la que se acogía dicho criterio, a fin de contradecir la consideración utilizada por el despacho judicial.
Pese a ello, se evidencia que la Sala de decisión accionada no hizo hincapié en los alegatos presentados por los demandantes, sino que aplicó, con radicalidad, la sentencia de unificación, sin pasar a analizar las circunstancias particulares del caso, esto es, que existía plena convicción de que en el asunto se controvertía la reparación administrativa por existencia de una ejecución extrajudicial (la cual estaba debidamente acreditada en el plenario) y que, además, para el momento en que se resolvió el asunto en la primera instancia, existía un criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado que apuntaba a no aplicar la figura jurídica de la caducidad en estos casos.
En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado por la configuración del defecto «desconocimiento de precedente jurisprudencial», al no encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso, de acuerdo con los argumentos señalados por el a quo para rechazar la acción y los alegatos presentados por los demandantes en el recurso de apelación, ya que lo que hizo fue sorprender a la parte activa con la aplicación ipso iure de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
Además, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o «ex nunc», de ahí que la Sala decisión estaba en la obligación de ponderar los derechos al debido proceso, la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los demandantes, de cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es diáfano el daño causado por el Estado.
De este modo resulta que, por virtud de los principios de igualdad, debido proceso, seguridad jurídica y confianza legítima en los que se funda la necesidad de respetar el precedente judicial, los aquí demandantes siempre tuvieron derecho a que se les aplicara el establecido para el momento en que accedieron a la administración de justicia, en el cual se acudía al control de convencionalidad para inaplicar la regla de caducidad ordinaria, por tratarse de eventos que involucraban crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos.
Adicionalmente, debo manifestar que había aclarado mi voto contra la sentencia de 19 de marzo de 2021, en lo relacionado con la declaratoria de caducidad frente a la muerte del señor Francisco Javier Galeano, antes de que fuera dejada sin efectos por la Sección Segunda de esta Corporación, toda vez que se adoptó en los términos de la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, el 29 de enero de 2020, de la cual me aparté, pero que, por tratarse de un fallo de unificación, debo acatar. No obstante, reitero, una y otra vez las razones que me llevaron a no acompañar el criterio mayoritaria de la Sala, dado que, a mi juicio, la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos debe ser una obligación ineludible del Estado, con mayor razón, en este momento, en el que se adelanta un proceso de paz.
La reparación efectiva de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos constituye una razón de ser esencial de un Estado que se proclame como constitucional. En ese escenario, tal como lo consideró la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la seguridad jurídica que busca el fenómeno de la caducidad debe ceder ante situaciones que son del interés de la humanidad entera”.
La no aplicación del término de caducidad ordinario en el juzgamiento de la responsabilidad pública en materia de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio se impone, por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración de justicia interna, en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que se trata de casos de graves violaciones de derechos humanos que ameritan una protección jurídico procesal reforzada y que buscan hacer efectivo el derecho fundamental de las víctimas a una reparación integral.
De esta forma, cuando se afirma de manera razonada y fundamentada sobre la existencia de hechos que pueden ser calificados o calificables objetivamente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición y el desplazamiento forzado, debe activarse la garantía de imprescriptibilidad y, por ende, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia interna y en aplicación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Ahora, la regla de caducidad de dos años contados a partir del día siguiente a aquel en el que “el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”, solo puede ser considerada como una mejor garantía de protección a las víctimas que la adoptada por la Corte Interamericana en relación con los actos de lesa humanidad, crímenes de guerra o constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, si la aplicación a los casos concretos se hace de manera amplia, buscando, justamente, brindarles el acceso a la administración de justicia, y no con un criterio restrictivo que, por el contrario, anule su derecho a reclamar la reparación de perjuicios, a partir del mero interés de la seguridad jurídica.
Con una aplicación restrictiva de las subreglas de caducidad, casos como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia; las ejecuciones extrajudiciales –mal llamados falsos positivos–, y los desplazamientos forzados estarían caducados, porque desde un primer momento se conoció que con la retoma existió participación del Estado en los hechos objeto de juzgamiento, así como la participación de miembros activos del Ejército Nacional en la muerte de personas ajenas al conflicto armado o en su desplazamiento forzado.
Es importante precisar que son razones de justicia y de equidad las que han permitido a la jurisprudencia sostener que los plazos o términos de caducidad no pueden ser definidos en términos absolutos, toda vez que es posible que determinadas circunstancias o condiciones del caso concreto ameriten la necesidad de flexibilizar el cómputo de la caducidad.
La reclamación de los daños causados a las personas que puedan ser calificados como delitos o actos de lesa humanidad puede formularse en cualquier tiempo, sin que resulte aplicable el plazo fijado en la ley para el ejercicio de dicha acción, como en varias oportunidades lo consideró la misma Sección.
En efecto, pueden haber transcurrido ya varios años desde que ocurrió el hecho, y las víctimas del mismo pueden tener la convicción de que podían esperar un momento más propicio para demandar, bien para no correr riesgos frente a su integridad personal, o que hubiera un pronunciamiento de organismos internacionales, o de un juez penal o, simplemente, contar con los elementos de juicio suficientes para demostrar los hechos que califican como actos de lesa humanidad.
Es posible que las pruebas que lleven al juez el convencimiento de que los hechos son atribuibles al Estado, o que tienen la connotación de actos o delitos de lesa humanidad puedan no estar al alcance de los demandantes y, por tanto, puedan transcurrir muchos años sin que exista una confesión o se presente el hallazgo de elementos que desvirtúen los informes oficiales, que puedan haberse expedido para dar visos de legalidad a los hechos.
Como consecuencia, imponer a las víctimas que interpongan la acción de reparación directa sin contar con los elementos probatorios mínimos y necesarios para fundamentar la imputación al Estado, puede significar un sacrificio grave de los derechos a la justicia y a la reparación integral. Por consiguiente, en este tipo de casos considero que el juez debe acudir al control de convencionalidad para inaplicar la regla de caducidad, toda vez que resulta claro que los contenidos sustanciales de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, regulados en diversas fuentes del derecho internacional y constitucional, prevalecen sobre la regla procesal de caducidad.
En esos términos dejo expuesto mi salvamento de voto.
Respetuosamente,
Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada
Integrado por María Lucelly Herrera de Galeano, Luis Javier Galeano Cataño, Claudia Elena Galeano Herrera, Estefanía Buriticá Galeano, Santiago Buriticá Galeano, Ana María Buriticá Galeano, Juan Pablo Galeano Díaz, Kevin Galeano Díaz, Ana Milena Arias Arrubla, María Camila Arias Arrubla, Mónica Patricia Galeano Cataño, María Carolina Cataño y Reina del Socorro Monsalve Herrera. La demanda se presentó el 2 de marzo de 2010 (fl. 69 c 1, exp. 52.730). Folios 17 a 69 del cuaderno 1 del proceso 52.730. Folio 98 del cuaderno 1 del proceso 52.730. Folios 108 a 115 del cuaderno 1 del proceso 52.730. Folio 211 del cuaderno 1 del proceso 52.730. Folios 212 a 272 17 a 69 del cuaderno 1 del proceso 52.730. Folios 274 a 291 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folios 296 a 305 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folio 306 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folio 310 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folio 312 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folios 314 a 325 principal del proceso 52.730. Folios 326 a 336 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folios 356 a 363 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folios 423 y 424 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folios 426 y 427 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folio 431 del cuaderno principal del proceso 52.730. Folio 436 del cuaderno principal del proceso 52.730. Notificada a la magistrada ponente el 11 de agosto siguiente. Expediente 11001-03-15-000-2021-05214-00. Expediente 11001-03-15-000-2021-01867-00. ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la fuerza pública que en dicha Toma se configuro una falla en el servicio significándole la condena indudable a la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01. Sentencia SU 312 de 13 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Original de la cita: Artículo 237 de la Constitución. Original de la cita: Supra II, 6.13. y siguientes. Original de la cita: Supra II, 6.11. y 6.20. Original de la cita: Supra II, 6.16. Folio 147, cuaderno 1. Folios 80 y 81, cuaderno 1. Folios 84 y 88, cuaderno 1. Folios 77, 78 y 79, cuaderno 1. Con la partida de bautismo de Claudia Elena Galeano Herrara (hermana de la víctima), en el que aparecen consignados los nombres de sus abuelos (paternos y maternos) (Folio 89, cuaderno 1). Folios 181 a 184 cuaderno 1. Folios 191 a 198 cuaderno 1. Folios 191 a 198 cuaderno 1. Folios 181 a 184 cuaderno 1. Folios 191 a 198 cuaderno 1. Folios 191 a 198 cuaderno 1.
Así lo acreditan su registro civil de defunción, el acta de necropsia y la inspección técnica practicadas al cadáver (folios 76 y 212 a 216 del cuaderno 1). Folios 1 a 6 del cuaderno 2 del expediente 52.730. Folio 79 del cuaderno 3 del expediente 52.730. Folio 10 del cuaderno 3 del expediente 52.730. Folio 39 del cuaderno 2 del expediente 52.730. Folio 48 del cuaderno 2 del expediente 52.730. Oficio 1416 de 22 de octubre de 2010 (folio 379 del cuaderno 1 del expediente 53.528). Folios 321 a 348 del cuaderno 2 del expediente 53528. Folios 350 a 355 del cuaderno 2 del expediente 53528. Folios 437 a 442 del cuaderno 3 del proceso 53.528. Folios 445 a 447 del cuaderno 3 del proceso 53.528. Folios 448 a 457 del cuaderno 3 del proceso 53.528. Decretada como prueba por la Sala mediante auto de 20 de febrero de 2020. Cuya ejecutoria fue certificada el 24 de agosto de 2020, en el siguiente sentido:
“El día catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018), se profirió sentencia condenatoria en contra del señor LUIS NOLBERTO SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.920.937, a través de la cual, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, lo condeno (sic) a la pena principal de doscientos sesenta y cuatro (264) meses de prisión y multa de seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y cinco (6.666.65) SMLMV para el año 2017, en calidad de autor de la conducta de HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno en contra de la misma, quedando debidamente ejecutoriada en estrados, en la misma fecha” (se destaca). Folio 5 del cuaderno 1 del expediente 52.730. Folios 212 a 216 del cuaderno 1 del expediente 52.730. Artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma que prohíben los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Colombia ratificó el Tratado de Roma el 5 de agosto de 2002, el cual entró en vigencia para crímenes de lesa humanidad el 1 de noviembre de 2002 y para crímenes de guerra el 1 de noviembre de 2009. Se reitera que, según la jurisprudencia de esta Corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la motivación que sustenta la sentencia penal o su equivalente, en razón de las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2016, exp. 39.816, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia de 22 de junio de 2017, exp. 44.784, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras decisiones de la Sala). Al ser integrantes de la entidad demandada y como únicos testigos presenciales e involucrados directamente en los hechos, los uniformados pueden considerarse sospechosos por encontrarse comprometida su imparcialidad y credibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 217 del C. de P. C. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de octubre de 2019, exp. 47.860.
Artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma que prohíben los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Colombia ratificó el Tratado de Roma el 5 de agosto de 2002, el cual entró en vigencia para crímenes de lesa humanidad el 1 de noviembre de 2002 y para crímenes de guerra el 1 de noviembre de 2009. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 15 de abril y del 13 de mayo de 2015, exps. 54001-23-31-000-1995-09280-01(30860) y 73001-23-31-000-2003-00903-01(33142) respectivamente, CP: Hernán Andrade Rincón; sentencias del 12 de junio de 2017 y del 25 de julio de 2019, exps. 05001-23-31-000-2006-03486-01(41226) y 68001-23-31-000-2008-00171-01 (50622) respectivamente; Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, exp. 25000-23-15-000-2004-01196-01(34749), CP: Stella Conto Díaz del Castillo; Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp. 17001-23-31-000-2009-00212-01(52892), CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; entre otras”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 48492. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de mayo de 2011, expediente 19.355, CP: Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de agosto de 2016, exp. 50001-23-31-000-2000-10368-01(37058). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 48.170, M.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, expediente 26.251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y expediente 32.988 C.P. Ramiro Pazos Guerrero (para el primer y segundo grado de consanguinidad se reconoce el equivalente a 100 y 50 SMLMV, respectivamente). Folio 13 del cuaderno 1 del proceso 52.730. IPC final (julio de 2021: 109.14) / IPC inicial (enero de 2007: 61.80). Folios 17 a 69 del cuaderno 1 del proceso 52.730. Folios 181 a 184 cuaderno 1. Folios 191 a 198 cuaderno 1. Folios 191 a 198 cuaderno 1. Para el momento de su muerte, la víctima tenía 28 años, pues nació el 17 de septiembre de 1978, en tanto que su compañera permanente nació el 1 de septiembre de 1988. Superintendencia Bancaria, Resolución No. 1555 de 2010. Dado que el menor nació el 27 de mayo de 2003. Dado que el menor nació el 22 de octubre de 2005. Dado que la menor nació el 25 de marzo de 2006. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26.251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32.988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-352 de 2016, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sentencia SU 312 de 13 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Artículo 237 de la Constitución. Supra II, 6.13. y siguientes. Supra II, 6.11. y 6.20. Supra II, 6.16. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de octubre de 2020, exp. 1001-03-15-000-2020-03381-01(AC), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Proceso 11001-03-15-000-2021-00809-00 (AC), M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Proceso 11001-03-15-000-2020-03381-01(AC), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Proceso 11001-03-15-000-2021-03789-00(AC), M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Original de la cita: Sentencia del 29 de enero de 2020. (Rad.: 2014-00144-01)
Original de la cita:
En esta sentencia la Corte resolvió el siguiente caso: “El 20 de abril de 2016, Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata interpuso demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de obtener el resarcimiento patrimonial por los daños causados con ocasión del homicidio de su progenitor Luis Eduardo Jaramillo Zapata el 22 de abril de 2006, en el municipio de Ituango (Antioquia), presuntamente por miembros de la Brigada Móvil No. 11. En concreto, en el escrito introductorio, la actora argumentó que: (i) El medio de control presentado no estaba sometido al término de caducidad de dos años establecido en el derecho positivo, puesto que el hecho dañoso imputable al Estado tiene su origen en un delito de lesa humanidad y, por consiguiente, la imprescriptibilidad penal que se predica de dichas conductas criminales se hace extensiva a la acción contencioso administrativa. (ii) La responsabilidad de los miembros del Ejército Nacional por el homicidio de su ascendiente fue constatada en un proceso contencioso administrativo previo, en el cual el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia del 19 de diciembre de 2009, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 18 de enero de 2011, ordenaron la reparación patrimonial de 19 familiares de Luis Eduardo Jaramillo Zapata. Proceso 11001-03-15-000-2021-01252-00(AC), M.P. Milton Chaves García. Sentencia del 28 de mayo de 2020, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-05141-01. Las providencias se pueden consultar a través del módulo de consulta de proceso de la página web del Consejo de Estado HYPERLINK "http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001031500020200338100" http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001031500020200338100
Proceso 11001-03-15-000-2021-00759-01(AC), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Al punto que esa valoración probatoria fue avalada y aceptada por la propia Subsección A de la Sección Segunda de la Corporación en el fallo de tutela, al descartar la configuración del defecto fáctico. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la fuerza pública que en dicha Toma se configuro una falla en el servicio significándole la condena indudable a la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-352 de 2016, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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