Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00860-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2010-00860-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00860-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2010-00860-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022.
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por muerte de
recluso – Falla en servicio – Incumplimiento de los deberes de custodia y cuidado del
personal recluido en un establecimiento carcelario – No se garantizó la vida e integridad
del recluso.
Síntesis del caso: Jorge Duque fue asesinado con un instrumento cortopunzante por un
recluso, cuando se encontraba detenido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Medellín.
Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte
demandada en contra de la Sentencia proferida el 19 de noviembre de
2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una Sentencia proferida por un Tribunal
Administrativo, interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998, de
conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso
Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la
demanda.1
Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1 En consideración a que en la demanda la pretensión mayor es por el monto de 1.000 SMLMV, esto es,
$515.000.000, el conocimiento del asunto corresponde en primera instancia al Tribunal Administrativo y en segunda
instancia al Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 132 del C.C.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
1. El 30 de abril de 2010, María Emilia Giraldo Gómez y María Yolanda Duque
Giraldo presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-,
con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la
muerte de Jorge Iván Duque Giraldo ocurrida el 20 de febrero de 2009, en
la Cárcel “Bellavista” ubicada en Medellín (Antioquia), cuando se
encontraba recluido y fue atacado por otro interno en medio de una
disputa.2
2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):
“Que se declare la responsabilidad civil y extracontractual del INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, por los hechos ocurridos el 20
de febrero de 2009, en la Cárcel Nacional Bellavista de la ciudad de Bello
departamento de Antioquia, en donde perdió la vida el recluso JORGE IVÁN
DUQUE GIRALDO (qpd)”
3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Perjuicios María Emilia Giraldo Gómez Madre de la víctima 1.000 SMLMV
morales María Yolanda Duque Giraldo Hermana de la víctima 500 SMLMV
Perjuicios María Emilia Giraldo Gómez y María Madre y hermana de
181.865.4003
materiales Yolanda Duque Giraldo la víctima
4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
5. Jorge Iván Duque Giraldo estaba recluido en la Cárcel “Bellavista” de
Medellín, en cumplimiento de una pena de prisión impuesta por el Juzgado
1 Penal del Circuito de Marinilla. El 20 de febrero de 2009, en el pasillo que
conducía al comedor, Jorge Duque fue atacado con un arma
cortopunzante por otro recluso, lo cual le produjo una herida en la región
supraclavicular derecha que le causó la muerte.
6. En contra del agresor se adelantó un proceso penal por el delito de
homicidio que finalizó con Sentencia condenatoria proferida el 7 de
octubre de 2009 por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Bello, la cual fue
confirmada el 16 de febrero de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín. En el proceso penal, el recluso se allanó a los cargos
imputados por la fiscalía.
2 Folios del 31 al 48 del cuaderno No. 1.
3 Por los ingresos que habría devengado la víctima de no haber fallecido, teniendo en cuenta su expectativa de
vida.
2 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
7. La parte demandante afirmó que el Estado incurrió en una falla en el
servicio, porque no reintegró al detenido en las mismas condiciones en que
ingresó al establecimiento carcelario y no cumplió el deber de vigilancia y
cuidado del recluso, toda vez que permitió la tenencia de armas prohibidas
en los centros de reclusión y no ejerció el control debido con el fin de evitar
actos violentos.
1.2. Posición de la parte demandada
8. El 6 de diciembre de 2010, el INPEC contestó la demanda y solicitó el
rechazo de las pretensiones planteadas por la parte actora4. Expuso que la
entidad cumplió con su deber de vigilancia y control al personal recluido, a
través de requisas periódicas para la detección de elementos prohibidos en
el centro carcelario. No obstante, no se le podía exigir que decomisara
elementos que, en principio, no eran peligrosos, pero que los reclusos
usaban como armas artesanales, por ejemplo, los elementos para su aseo
personal. Además, explicó que, en este caso, se había presentado el
eximente de responsabilidad de culpa de un tercero, ya que la muerte fue
causada por la agresión de otro recluso y la entidad no participó ni propició
el hecho. Finalmente, propuso como excepciones “la ausencia de nexo y
relación de causalidad” y “la inexistencia de la obligación de indemnizar”.
1.3. Sentencia de primera instancia
9. El 19 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió Sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda5. En el análisis probatorio, el tribunal
encontró acreditado que Jorge Iván Duque Giraldo falleció como
consecuencia de la agresión ocasionada por un recluso con un elemento
cortopunzante, en medio de una discusión en los pasillos del establecimiento
carcelario. Afirmó que la demandada incurrió en una falla en el servicio al
incumplir los deberes de vigilancia y custodia constante al personal
detenido, el deber de requisar rigurosamente a los reclusos y el deber de
mantener la disciplina con firmeza y conservar el orden en el
establecimiento carcelario. Indicó que el daño le era imputable a la
demandada, por tratarse de la entidad que omitió el cumplimiento de sus
deberes y sobre la cual recaía la obligación de proteger la vida e integridad
de la víctima, cuya custodia se le había encomendado y quien tenían una
relación de especial sujeción con el Estado. Así, declaró la responsabilidad
del INPEC por los hechos objeto de controversia y lo condenó al pago de
100 SMLMV a favor de la madre y 50 SMLMV a favor de la hermana del
fallecido. Las demás pretensiones fueron negadas.
4 Folios del 53 al 63 del cuaderno No. 1.
5 Folios del 177 al 196 del cuaderno del Consejo de Estado.
3 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
1.4. Recurso de apelación
10. El INPEC presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión proferida por el tribunal en primera instancia6. Indicó que en el
proceso penal no se precisó cuál fue el arma usada por el recluso que atacó
a Jorge Iván Duque Giraldo, de manera que no existía certeza de que se
tratara de un elemento prohibido en el establecimiento carcelario. Señaló
que la entidad cumplió con su deber de vigilancia y control del personal
recluido, así como con el deber de requisar a los internos, por lo que
resultaba desproporcionado exigirle el control sobre la tenencia de objetos
de uso personal de los internos. Insistió en que el daño se produjo por el
hecho de un tercero y, en todo caso, existía una “relatividad en la falla”, ya
que a la entidad no se le podía exigir una reparación cuando
razonablemente había cumplido con sus funciones.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis
sustantivo; 2.3. Liquidación de perjuicios y 2.4. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
11. En el presente caso se decidirá el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar7. La Sala confirmará la
Sentencia de primera instancia, por lo que declarará la responsabilidad del
Estado por la muerte de Jorge Iván Duque Giraldo en un centro de reclusión,
porque se evidenció una falla en el deber de protección a la vida e
integridad de una persona que por encontrarse limitada en su derecho de
libertad y locomoción tenía una relación de especial sujeción con el Estado.
El daño será atribuido al INPEC, por tratarse de la entidad a quien se le
encomendó la custodia del recluso. La indemnización reconocida no será
modificada, en virtud del principio de no reformar para empeorar.
12. Con ese fin, la Sala, en primer lugar, expondrá las razones por las que
considera que la entidad incurrió en una falla respecto a su deber de
vigilancia, custodia y protección del derecho a la vida e integridad física del
recluso; en segundo lugar, dado que no se probó el rompimiento del nexo
causal responsabilidad del hecho de un tercero, atribuirá el daño
antijurídico al INPEC; en tercer lugar, definirá la indemnización de los
perjuicios y, finalmente, declarará improcedente la condena en costas.
6 Folios del 199 al 210 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 La demanda fue presentada oportunamente. En efecto, la muerte de Jorge Iván Duque Giraldo ocurrió el 20 de
febrero de 2009, de modo que la demanda presentada el 30 de abril de 2010 se realizó dentro del término de 2
años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para el ejercicio oportuno de
la acción de reparación directa.
4 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
2.2. Análisis sustantivo
2.2.1. Causa de la muerte del recluso
13. El daño consistente en la afectación al derecho a la vida de Jorge Iván
Duque Giraldo se encuentra debidamente acreditado8, además este
elemento no fue discutido por las partes, por lo que el análisis se centrará en
el análisis de causalidad e imputación de responsabilidad al estado.
14. En el expediente obra el informe de necropsia realizado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y practicado al cadáver
de Jorge Duque, en el que consta que la víctima presentaba “lesiones
localizadas en las regiones supraclavicular derecha y paravertebral
izquierda, además una lesión abrasiva epidérmica de origen contundente
localizada en la región pectoral izquierda”, además se encontró que “sufrió
un traumatismo penetrante cérvico-torácico”, a partir de lo cual se
concluyó que “la muerte fue ocasionada por shock traumático, secundario
a traumatismo penetrante cervico-torácico derecho, con compromiso
transaxfixiante muscular tanto cervical como torácico” y la morfología de la
lesión mortal permitió conceptuar que “fue causada por un instrumento
corto punzante”.
15. También obran algunas copias del proceso penal adelantado en contra
del recluso que agredió a Jorge Duque ocasionándole la muerte9. En dicho
proceso se observa que, el 26 de marzo de 2009, en la audiencia preliminar,
el sindicado aceptó los cargos por el delito de homicidio que le imputó la
fiscalía. De manera que, el 7 de octubre de ese mismo año, el Juzgado 2
Penal del Circuito profirió Sentencia condenatoria, la cual fue confirmada
el 16 de febrero de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín. En la
providencia se adujo que, con base en el informe de necropsia, existía
certeza de que la causa de muerte de la víctima fue “el shock traumático”
derivado de la lesión en la región del cuello y tórax causada con instrumento
cortopunzante. Además, con los testimonios de varios reclusos que
presenciaron los hechos, se esclareció que el 20 de febrero de 2009, en horas
de la mañana, en uno de los pasillos del centro carcelario, Sergio Jaramillo
acusó a Jorge Duque de hurtarle un pantalón, la discusión se intensificó al
8 En efecto, el 20 de febrero de 2009, cuando se encontraba en calidad de recluso en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín8, falleció como consecuencia de “una lesión
cérvico-torácica ocasionada con elemento corto punzante, con laceración multivisceral al nivel del cuello y el
tórax derecho”, según informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el informe de
necropsia que obra en los folios 48 al 53 del cuaderno No. 2 y Registro Civil de Defunción que obra en el folio 2 del
cuaderno No. 1
9 Sentencia condenatoria proferida el 7 de octubre de 2009 por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Bello (Folios del
75 al 88 del cuaderno No. 2.) y confirmada el 16 de febrero de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín (Folios del
105 al 108 del cuaderno No. 2.). Los documentos del proceso penal serán valorados, ya que frente a ellos las partes
pudieron ejercer su derecho de contradicción de la prueba.
5 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
punto que el primero agredió físicamente al segundo y le causó las heridas
que ocasionaron su muerte. Finalmente, el allanamiento a los cargos por
parte del sindicado brindaba plena certeza sobre la autoría de los hechos.
16. La Sala observa que el acta de necropsia permite tener certeza sobre la
causa de la muerte de Jorge Duque; asimismo, las copias aportadas del
proceso penal acreditan las circunstancias en que ocurrieron los hechos y
el autor del homicidio. Ahora bien, aunque en dichos documentos no se
precisó cuál fue el arma que utilizó el agresor para causar las lesiones a la
víctima, en este caso se evidencia que existió negligencia por parte de la
entidad demandada en controlar los elementos u objetos a disposición de
los reclusos, así como también en la atención de altercados o disputas entre
los internos, por lo que el Estado deberá responder por el daño causado a
la parte actora.
2.2.2 Incumplimiento de deberes por parte del Estado
17. La Ley 65 de 1993, en el artículo 44, prevé que los centros de reclusión,
a través de sus guardianes, tienen el deber de custodiar y vigilar
constantemente a los internos, requisar cuidadosamente a los detenidos o
condenados conforme con el reglamento y mantener la disciplina y
conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario. Por su
parte, el artículo 47 de la misma norma establece que los guardias deben
ejercer la vigilancia y custodia en los centros carcelarios e impedir que en
ellos ingresen personas armadas. También el artículo 55 dispone que los
agentes tienen la obligación de realizar requisas rigurosas a las personas que
ingresen a las cárceles y a los internos después de cada visita10. En todo
caso, la entidad tiene la potestad de decomisar armas, explosivos u otros
elementos cuya tenencia esté prohibida al interior del centro carcelario,
según lo prevé el artículo 122 del mismo código.
18. Las disposiciones citadas contemplan el deber del Estado de vigilar y
custodiar a las personas recluidas en establecimientos carcelarios y
penitenciarios y evitar el ingreso y la tenencia de armas o elementos
peligrosos dentro de estos centros de reclusión, con el fin de proteger la vida,
la seguridad y la integridad física de quienes allí permanecen. Además, esta
Corporación, en reiterada jurisprudencia11, ha sostenido que el Estado debe
garantizar la seguridad de los reclusos y asumir los riesgos que lleguen a
presentarse mientras estos se encuentren bajo su custodia, dada la
10 Las requisas deberán ser razonables y proporcionadas, no podrán implicar una afectación a la dignidad humana
de los reclusos o visitantes, así como tampoco consistirán en tratos crueles, inhumanos o degradantes que generen
una afectación a su integridad o intimidad. Sentencias T-848-05 y Sentencia T-690 de 2004, entre otras.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de noviembre de
2015, expediente No. 76001-23-31-000-2001-02636-02(33873); Sentencia de 9 de octubre de 2014, expediente No.
25000-23-26-000-2004-00150-01(33215); Sentencia de 20 de noviembre de 2013, expediente No. 25000-23-26-000-
2000-00027-01(29774); Sentencia de 23 de abril de 2008, expediente No. 15001-23-31-000-1994-04365-01 (16186).
6 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
imposibilidad que tienen aquellos de asumir su propia defensa frente a las
agresiones de agentes estatales o de terceros, toda vez que, al estar
limitados sus derechos, su seguridad depende completamente de las
actuaciones desplegadas por el personal encargado de su protección.
19. Respecto al deber de brindar seguridad y proteger la vida de las
personas recluidas en centros carcelarios, la Corte Constitucional, en
Sentencia T-1190 de 2003, ha manifestado que: “En relación con el derecho
a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros
reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el
personal Estatal -sea personal penitenciario o de otra naturaleza-
(obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno12. Dicha
obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente
las amenazas contra la vida de los reclusos13. Esto apareja la obligación de
adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de
reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta
imprescindible para proteger su vida. Empero, cuando quiera que se supera
el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se
presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos,
el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren
que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de
obligaciones de resultado14”.
20. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido
que el cumplimiento del artículo 415 y 516 de la Convención Americana de
Derechos Humanos implica la obligación del Estado de proteger la vida e
integridad personal de toda persona privada de libertad, esto es, la
12 Nota original de la sentencia citada: Sentencia T-265 de 1999.
13 Nota original de la sentencia citada: Ibídem. En igual sentido Sentencia T-208 de 1999.
14 Corte Constitucional, sentencia T-590 de 1998.
15 Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en
cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca
tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los
cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos
de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena,
los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud
esté pendiente de decisión ante autoridad competente.
16 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados.
7 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
obligación de brindar seguridad y establecer el orden en las cárceles y
adoptar las medidas necesarias para proteger a los reclusos de los ataques
o atentados que puedan provenir de los propios agentes del Estado o
terceros. Lo anterior, debido a que, en estos centros de reclusión, el Estado
tiene la potestad de restringir algunos de sus derechos y ejerce control total
sobre su vida, por lo que surge la obligación de proteger contra actos de
violencia y, en general, proteger los derechos que no se encuentran
restringidos.17
21. En efecto, estos deberes específicos del Estado frente a las personas
privadas de la libertad son resultado de la relación especial de sujeción que
subsiste entre ellos “caracterizada por la particular intensidad con que el
Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias
propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer
por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el
desarrollo de una vida digna, en los términos que sean posibles en esas
circunstancias”.18
22. Lo anterior resulta aplicable al caso concreto puesto que las normas
contenidas en la Convención Americana hacen parte del bloque de
constitucionalidad, en virtud de lo previsto en el artículo 93 de la
Constitución Política, y su contenido no se limita al texto literal de la
disposición, sino que se define según las interpretaciones que hace la Corte
IDH en las sentencias y opiniones, en ejercicio de su función interpretativa e
integradora19. Así lo ha establecido la propia Corte en sus pronunciamientos
y también Corte Constitucional20. La jurisprudencia de la Corte
17 Al respecto, en la Sentencia de 19 de enero de 1995 del Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, la Corte IDH precisó
que “En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la
vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de
detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”. En el mismo sentido, en la Sentencia de 18 de
septiembre de 2003 del caso Caso Bulacio Vs. Argentina, la Corte IDH consideró que “(…) Quien sea detenido
“tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe
garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”. La Corte ha establecido que el Estado, como
responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual
implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su
custodia. Las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia.
La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial
vulnerabilidad de aquél”. Y, en la sentencia de 7 de junio de 2003 del Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras,
explicó “(…)el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia
en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana. Como lo ha señalado
este Tribunal “si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden
público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a
Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.
18 Análisis realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con ocasión del caso Chinchilla Sandoval
y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016.
Serie C No. 312 , en el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 9:
Personas privadas de la libertad, San José, C.R. : Corte IDH, 2020. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de
lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 20 de noviembre de 2020, expediente No. 18001-
23-33-000-2013-00216-01(AG).
19 La Convención Americana de Derechos Humanos se integra a la Constitución Política de Colombia como parte
del bloque de constitucionalidad. El contenido y alcance de sus artículos está dado por su texto y por la
interpretación que de ellos haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias que hacen
tránsito a cosa juzgada, no solo con efectos inter partes, sino también respecto de todos los Estados Parte como
“norma convencional interpretada”.
20 Entre otras, Sentencia C-469 de 2016 y Sentencia C-327-2016.
8 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
Interamericana es especialmente relevante en el ordenamiento jurídico
interno porque sus pronunciamientos integran el bloque de
constitucionalidad en la medida en que fijan el contenido y alcance de las
normas de la Convención.
23. En el presente caso, las lesiones que ocasionaron la muerte de Jorge
Duque fueron ocasionadas con un instrumento cortopunzante, elemento
potencialmente peligroso porque con el se puede ocasionar graves
lesiones. Si bien es cierto que, tal como lo afirmó la entidad demandada,
con base en el material probatorio que obra en el proceso, no se tiene
certeza acerca del objeto con el que se causaron las heridas mortales al
recluso, lo cierto es que se trató de un elemento cuyo uso debió ser
restringido por la entidad, dada la posibilidad de ser empleado como arma
en contra de la integridad física y la vida de otras personas, tal como ocurrió
en este caso.
24. Adicionalmente, en el acta de levantamiento del cadáver, en el acta
de necropsia y en las sentencias penales se refiere que la muerte de Jorge
Duque ocurrió tras un enfrentamiento con otro recluso que inició con insultos
y finalizó con las agresiones físicas que el otro interno causó a la víctima. No
obstante, se encuentra que los elementos con que se hicieron daño pasaron
desapercibidos a los controles del personal de guardia, quienes, además,
no realizaron ninguna acción con el fin de mantener la disciplina y evitar
desordenes en el establecimiento carcelario, tampoco se evidencia que
realizara alguna actuación con el fin de contrarrestar la violencia del
agresor, ya que acudieron cuando ya se habían producido el hecho fatal.
Para la Sala la falta de prevención y reacción ante este acto de violencia
constituyó un incumplimiento del Estado de sus obligaciones respecto al
personal recluido cuya custodia estaba a su cargo.
25. Cabe precisar que, pese a que el establecimiento carcelario probó la
práctica de requisas continuas a los reclusos21, la tenencia de un elemento
cortopunzante por parte de uno de ellos evidencia que dicha labor no se
realizó con la debida rigurosidad. Además, la omisión de actuar frente
posibles desordenes o riñas y la negligencia en la reacción frente a una
agresión constituyó un desconocimiento por parte del centro carcelario de
las obligaciones impuestas en la ley y ampliamente desarrolladas en la
jurisprudencia de los distintos órganos facultados para su interpretación. Por
lo anterior, la Sala considera que el estado está llamado a responder por el
daño antijurídico causado a las demandantes por los hechos objeto de
controversia en el presente asunto.
21 La entidad aportó un registro en el que constan las fechas en las que se realizaban las requisas en el
establecimiento carcelario. Folio 66 del cuaderno No. 1.
9 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
2.2.3 . No ruptura del nexo causal por el hecho de un tercero e imputación
26. Dada la relación de especial sujeción existente entre las personas
privadas de la libertad y el Estado, en estos casos no se puede romper el
nexo causal por el hecho de un tercero, pues, precisamente, la obligación
del Estado de garantizar por completo la vida e integridad de las personas
recluidas implica el deber de brindar seguridad y repeler cualquier acto
violento de otros reclusos, terceros particulares o del propio personal oficial
de los centros carcelarios. De este modo, el actuar de un tercero no puede
considerarse como un hecho imprevisible e irresistible para la entidad que
tiene bajo su custodia a las personas privadas de su libertad.22
27. El daño antijurídico le es imputable al INPEC, toda vez que, según lo
prevé el artículo 16 de la Ley 65 de 199323, se trata de la entidad que tiene
a su cargo la creación, dirección, administración, sostenimiento y vigilancia
de los establecimientos carcelarios del orden nacional, como el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellín, en la cual se
encontraba recluida la víctima al momento de ser asesinada.
2.3. Liquidación de perjuicios
28. La Sala encuentra que en el proceso se probó el parentesco de María
Emilia Giraldo Gómez -madre24- y María Yolanda Duque Giraldo -hermana25-
con Jorge Iván Duque Giraldo; a su vez, observa que la suma reconocida
por el tribunal se ajustó a los criterios para la indemnización del perjuicio
moral en casos de muerte establecidos en la Sentencia de 28 de agosto de
2014 por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación26, por lo
anterior, confirmará la indemnización que por este concepto reconoció en
primera instancia. La decisión que negó los perjuicios materiales no fue
controvertida y su análisis en este caso implicaría la violación del principio
de no reformar para empeorar, por lo cual, en esta instancia, se confirmará
lo resuelto por el Tribunal en dicho aspecto.
22 En el mismo sentido, Sentencia de 14 de abril de 2011, exp. No. 9001-23-31-000-1997-05005-01(20.587), Sentencia
de 24 de julio 2013, exp. No. 25000-23-26-000-2002-01489-01 (26.686), Sentencia de 19 de noviembre de 2015, exp. No.
76001-23-31-000-2001-02636-02(33873), entre otras.
23 Artículo 16. Creación y organización. Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados,
fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos y vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario. El mismo Instituto determinará los lugares donde funcionarán estos establecimientos.
Cuando por las anteriores circunstancias se requiera hacer traslado de internos, el Director del Instituto queda
facultado para hacerlo dando aviso a las autoridades correspondientes, las que decidirán sobre el particular.
24 Registro Civil de Nacimiento de Jorge Iván Duque Giraldo. Folio 9 del cuaderno No. 1
25 Registro Civil de Nacimiento de María Yolanda Duque Giraldo. Folio 3 del cuaderno No.1.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de
agosto del 2013, expediente 26251. Al respecto se estableció “(…) para la reparación del perjuicio moral en caso
de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a
la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la
relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un
mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este
nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia
del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio (…)”.
10 de 11
Radicación: 05001-23-31-000-2010-00860-01 (53.991)
Demandante: María Emilia Giraldo Gómez y otro
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Referencia: Acción de reparación directa –Decreto 1 de 1984-
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
2.4. Costas
29. No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en
el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición
exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta
forma.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 19 de noviembre de 2014 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
CUARTO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal
efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del
C.P.C.
QUINTO: En firme esta providencia DEVOLVER el expediente a la Corporación
de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 de 11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.