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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-01680-01

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-01680-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, de 14 de septiembre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de jurisdicción por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68 Número único de radicación: 05001233100020100168001 Demandante: Marina Ramírez Cuartas SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2010-01680-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 05001233100020100168001
Demandantes: Marina Ramírez Cuartas
Demandado: Municipio de Medellín
Tema: Acto administrativo susceptible de control en la jurisdicción contenciosa
administrativa. Reiteración jurisprudencial1.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida, en primera instancia, el 14 de septiembre de 2017 por la Sala del
Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Marina Ramírez Cuartas2, en adelante la parte demandante, presentó demanda 3
contra el Municipio de Medellín, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 1 de 2
de enero de 1984 4 , en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se

1
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de febrero
de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 05001233100020100165402 […]”.
2
Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 102 a 110
3
Cfr. Folios 1 a 103
4
“Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo”

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2

Número único de radicación: 05001233100020100168001
Demandante: Marina Ramírez Cuartas

declare la nulidad del oficio núm. 200900462319 R/ 200900506167 de 4 de diciembre
de 2009, por medio del cual el Departamento Administrativo de Planeación del
Municipio de Medellín contestó una petición.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que se encuentra
vigente la aprobación para urbanizar expedida mediante el oficio núm. 22041-011125
de 25 de febrero de 1988, entre otras pretensiones.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…]Se acumulan en la presente demanda dos grupos pretensionales que obedecen en el
fondo a la acumulación de dos demandas autónomas relacionadas entre sí por vínculo
de dependencia.

El primer grupo se formula como grupo pretensional principal y el segundo como grupo
pretensional subsidiario.

El primer grupo pretensional está dirigido a que se declare la nulidad de la decisión de 4
de diciembre de 2009 de la autoría del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal número 200900462319 R/20090050167, en cuyos términos se desconoce la
vigencia de la aprobación de la urbanización La Lomita, contenida en el oficio 22041-
011125 de febrero 25 de 1988 y que consecuencialmente con lo anterior, se declare que
el lote de mi mandante se puede urbanizar y construir de acuerdo con lo previsto en el
artículo 104 del Decreto Municipal 451 de 1982, en la medida en que la licencia de
construcción que se expidió es anterior al POT.

El segundo grupo pretensional o grupo pretensional subsidiario está dirigido
principalmente a que se condene al Municipio de Medellín a adquirir el lote distinguido
con matrícula 001-660409 de la Oficia de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín
de propiedad de mi mandante Marina Ramírez Cuartas y a que se pague el lucro cesante
y los perjuicios sufridos por dichos mandantes a partir de la entrada en vigor del Decreto
062 de 1999, por cuanto el lote en cuestión en razón de la constitución de una reserva
para la protección del medio ambiente, salió del comercio y subsidiariamente a que se
condene al Municipio de Medellín a compensar a mi mandantes por el perjuicio sufrido
por la pérdida del valor comercial del lote y la imposibilidad de desarrollar actividades
económicas en el mismo.

Ambos grupos pretensionales se tramitan por la misma cuerda, es decir por la cuerda del
procedimiento ordinario, y por ende son acumulables.

Como anteriormente se dijo, los grupos pretensionales que se formulan como principal y
subsidiario, siendo evidente que de reconocerse la vigencia de la licencia de construcción
y el derecho a urbanizar el lote de acuerdo con las normas vigentes para el momento de
la aprobación de dicha licencia, no se requeriría entrar a analizar el segundo grupo
pretensional, es decir, siendo evidente que ambos grupos se encuentran en relación de
dependencia.

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Demandante: Marina Ramírez Cuartas

Lo anterior implica que de no ser de recibo por cualquier razón las pretensiones del
grupo primario pretensional deberá el juzgador proceder a analizar la pertinencia
del grupo pretensional secundario.

[…] Pretensiones relacionadas con el primer grupo pretensional (sic):

Primera pretensión del primer grupo pretensional: Que se declare nula la decisión de
Planeación Municipal de 4 de diciembre de 2009, número 200900462319
R/2000900506167 de la autoría de Silvia Baena Baena y Rodrigo A. Correa Z, notificada
el 7 de mayo de 2010 en cuyos términos se declara que la aprobación de la urbanización
contenida en el oficio 22041-011125 de febrero 25 de 1988 ha dejado de tener vigencia.

Pretensión consecuencial primera de la primera pretensión del primer grupo
pretensional: Que se declare que la aprobación contenida en el oficio 22041-011125 de
febrero 25 de 1988, se encuentra vigente.

Pretensión consecuencial segunda de la primera pretensión consecuencial del
primer grupo pretensional: Que se declare que estando vigente la aprobación
contenida en el oficio 22041011125 de febrero 22 (sic) de 1988, dicha licencia siendo
anterior al POT contenido en el Acuerdo 062 de 1999 y al POT contenido en el Acuerdo
046 de 2006, es fuente de derechos adquiridos y por ende no le son oponibles los POT
ya dichos, o cualquier otro POT que grave el inmueble de manera similar a aquella en
que lo hicieron los POT que vienen de mencionarse.

Pretensión consecuencial tercera de la primera pretensión consecuencial del
primer grupo pretensional: Que se declare que en virtud de la vigencia de la
aprobación contenida en el oficio 22041011125 de febrero 22 de 1988, se puede construir
en la urbanización La Lomita, una urbanización del tipo RS a las que aludía el artículo
104 del Estatuto de Planeación, Urbanismo y Construcción para ese entonces vigente,
aprobado en los términos del Decreto 451 de 1982 […].

Lo anterior teniendo en cuenta las características específicas de la aprobación contenida
en el oficio 22041011125 de febrero 22 de 1988 y concretamente lo que en dicho oficio
se dice en materia de exoneración de la obligación de ceder al Municipio las áreas
correspondientes a vías y senderos internos de la urbanización.

Pretensiones relacionadas con el grupo pretensional subsidiario al primer grupo
pretensional:

Primera pretensión del grupo pretensional subsidiario: Que se declare que habiendo
sido afectado el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria número 001-660409 por
el POT contenido en el Acuerdo 062 de 1999 y por el POT contenido en el Acuerdo 46 de
2006 como un inmueble cuyo uso se restringe al uso rural con vivienda campestre cada 3
hectáreas prohibiéndose el fraccionamiento de los predios y dedicándose los mismos a la
preservación activa, el Municipio de Medellín debió haber adquirido en razón de la
constitución de zona de reserva para la protección del medio ambiente, el lote distinguido
con matrícula inmobiliaria 001-660409 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Medellín, zona sur, de propiedad de Marina Ramírez Cuartas, lote que por su cabida y
características, resultó en virtud de las normas en mención, ser un inmueble afectado en
la medida en que se limitó o impidió la obtención de licencias de urbanización, de
parcelación, de construcción, por razones de protección ambiental.

Pretensión primera consecuencial de la Primera Pretensión de grupo pretensional
subsidiario: Que se declare que el lote distinguido con la matrícula inmobiliaria número
001-660409 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, se
entiende en los términos de la sentencia, adquirido por el Municipio de Medellín y

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Demandante: Marina Ramírez Cuartas

consecuencialmente se condene al Municipio de Medellín a pagar el precio del mismo
para el momento en que se dicte sentencia, precio que sin perjuicio de lo que se
determine en el proceso, se estima para el momento de la presentación de la presente
demandan en la suma de $907.364.895.

Pretensión subsidiaria de la pretensión primera consecuencial de la primera
pretensión del grupo pretensional subsidiario: Que en el evento en que el juzgador
considere que no es de recibo la pretensión anterior, se condene al Municipio de Medellín
a adquirir de mis mandantes Pablo Andrés Vicente y Elena María Peláez Posada el
inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria número 001-660409 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur de Medellín, y a pagar por dicho
inmueble el precio del mismo al momento en que se dicte sentencia, precio que se estima
para el momento de la presentación de la presente demanda y sin perjuicio de lo que se
establezca en el dictamen pericial en la suma de $907.364.895.

Pretensión segunda consecuencial de la Primera pretensión del grupo pretensional
subsidiario: Que se declare que habiéndose abstenido el Municipio de Medellín de
adquirir en el momento oportuno el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria
número 001-660409 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona
sur, se condene al Municipio de Medellín, a pagar a título de lucro cesante a mis
poderdantes Elena María y Pablo Andrés Vicente Peláez Posada, el perjuicio por ellos
sufrido por la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente el inmueble distinguido con
matrícula inmobiliaria número 001-121288 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín, zona sur, desde el año 2000 hasta el año en que se dicte
sentencia, perjuicio que para el momento de la presente demanda y sin perjuicio de lo
que en el curso del proceso se estima en la suma de $1.126.389.195, a partir del año
2000 hasta el año 2010.

Pretensión subsidiaria de la pretensión segunda consecuencial de la primera
pretensión del grupo pretensional subsidiario. Que subsidiariamente se condene al
Municipio de Medellín a pagar los perjuicios causados, resultantes de la abstención en la
obligación de haber adquirido el lote durante los dos años anteriores al presente libelo y
que llegaren a causarse durante el proceso de acuerdo con lo que al respecto se pruebe
en el mismo.

Pretensión primera subsidiaria de la primera pretensión del grupo pretensional
subsidiario: Que en el evento en que el juzgador considere que el Municipio de Medellín
no debe adquirir en razón de la constitución de la zona de reservas para la protección del
medio ambiente el lote distinguido con matrícula inmobiliaria 001-660409 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, se procede a condenar al
Municipio de Medellín a pagar a mis mandantes una indemnización equivalente a la
minusvalía o pérdida del valor que sufrió dicho inmueble en razón de la afectación del
mismo por la medida de protección ambiental […]”5 (Resaltado del texto).

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos 6 para
fundamentar sus pretensiones:

5
Cfr. Folios 65 a 72
6
La parte demandante se refirió en este acápite a fundamentos de derecho y expuso algunas
razones por las cuales considera que el oficio acusado desconoció la normativa.

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Demandante: Marina Ramírez Cuartas

4.1. Los propietarios de la finca La Lomita dividieron ese bien inmueble en seis (6)
lotes, mediante la Escritura Pública núm. 2337 de 27 de noviembre de 1975 de la
Notaría Séptima del Círculo Notarial de Medellín.

4.2. Leonila Ramírez Cuartas vendió a Marina Ramírez Cuartas el lote núm. 5.°,
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 001-660409 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín, Zona Sur.

4.3. Los propietarios de los bienes inmuebles que conforman la finca La Lomita, el 2
de noviembre de 1978, le informaron a la Junta de Planeación Municipal de Medellín
que existe una urbanización de hecho conocida con el nombre de La Lomita y que era
necesario regularla a través de una licencia de urbanismo y construcción, dado que las
áreas de los lotes no les permitían construir casas de habitación en cuya construcción
estaban interesados, razón por la cual solicitaron una revisión de las normas vigentes
en materias de áreas mínimas, retiros y vías internas7.

4.4. Planeación Municipal, mediante el oficio núm. RG11774 de 22 de febrero de
1979, otorgó visto bueno provisional de vías y loteo, a la urbanización Finca La Lomita
y supeditó8 la aprobación definitiva de dicha urbanización al cumplimiento de ciertos
requisitos dentro de los cuales cabe citar la cesión por escritura pública al Municipio de
Medellín de las áreas correspondientes a la vía principal de acceso a los lotes,
carreteable que debía entregarse debidamente pavimentado 9.

4.5. El Municipio de Medellín expidió el Decreto núm. 037 de 1984, modificatorio del
Decreto Municipal núm. 451 de 1982, el cual dispone en el artículo 73 que las vías
obligadas, la aprobación de la urbanización, el alineamiento y la licencia provisional de
construcción, tendrían una validez de dos años contados a partir de su otorgamiento o
aprobaciones, vencidos los cuales deberá renovarse el procedimiento
correspondiente10.

4.6. El Decreto núm. 037 de 1984 entró a “regir” a partir de la fecha de su adopción,
sin efectos retroactivos; en consecuencia, es obligatorio únicamente para las
aprobaciones de urbanizaciones, alineamientos y licencias provisionales que inicien el
trámite con posterioridad a su entrada en “rigor”.
7
Cfr. Folio 7
8
En el texto se utilizó la palabra supeditando
9
Cfr. Folios 4 a 5
10
Cfr. Folio 7

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4.7. El Municipio de Medellín tuvo en cuenta la interpretación indicada supra, por
cuanto mediante el oficio núm. REG 13621 de 29 de octubre de 1987, le comunicó al
señor Pablo Peláez que en el lote ubicado en la finca La Lomita pueden desarrollarse
urbanizaciones del tipo R-S, reglamentadas en el artículo 104 del Estatuto de
Planeación, Urbanismo y Construcción.

4.8. Planeación Metropolitana del Municipio de Medellín, por medio del oficio núm.
REG 00100 22041-01115 de 25 de febrero de 1988, aprobó definitivamente la
urbanización La Lomita U y les impuso varias obligaciones a las partes interesadas.

4.9. La decisión indicada supra “[…] no es más que una decisión en cuyos términos
se aprueba una urbanización ya existente, pues la urbanización en si nació como
urbanización de hecho, y se aprueba además, que las reglas de urbanismo de dicha
urbanización sean las contenidas en el artículo 104 del Estatuto de Planeación,
Urbanismo y Construcción para ese entonces vigente. Lo que se hizo entonces fue
legalizar la existencia de un fenómeno de hecho que ya existía y aprobar el desarrollo
urbanístico de los lotes de acuerdo con una norma existente en el Estatuto Planeación,
Urbanismo y Construcción […]”11.

4.10. La aprobación de la urbanización no se sometió a un plazo, por cuanto el trámite
se inició desde noviembre de 1978 y se impulsó por parte de la administración a partir
del 22 de febrero de 1979, razón por la cual las normas urbanísticas aplicables, para
todo el trámite constructivo de la urbanización eran y debieron haber seguido siendo las
vigentes para el momento en que se inició la actuación administrativa de acuerdo con
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188712.

4.11. El Concejo Municipal expidió el Acuerdo núm. 038 de 199013, el cual estableció
en el artículo 495 que quedaban sujetos a los trámites de urbanización establecidos en
esa normativa todos los lotes con áreas superiores a 2000 metros cuadrados que sean
consecuencia de un fraccionamiento simple de terrenos de mayor extensión que no
realizaron el trámite completo de urbanización. Para el otorgamiento de las respectivas
licencias de construcción, los propietarios de lotes con área igual o superior a 2000
metros cuadrados deberán demostrar que forman parte de una urbanización por
sectores o por loteo, aprobada formalmente y ejecutada, mediante las obras de
11
Cfr. Folio 9
12
Cfr. Folio 5
13
“Por medio del cual se expide el Estatuto Municipal de Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y
Construcción de Medellín”

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urbanismo comprometidas en la aprobación; en caso contrario, deberán cumplir con los
trámites ordinarios de urbanización.

4.12. El Concejo del Municipio de Medellín expidió el Acuerdo núm. 062 de 199914, por
medio del cual se formuló el Plan de Ordenamiento Territorial, en el que se determinó
que el lado oriental del Municipio, en el sector del Tesoro, encima de la cota de 1850
msnm, no es urbanizable; se prohibió el fraccionamiento de predios en ese sector y se
autorizó una vivienda cada tres (3) hectáreas.

4.13. El lote núm. 5 está ubicado en el polígono SE-PAPP-05, preservación activa, con
producción primaria.

4.14. El Municipio de Medellín, en 1995, adquirió una franja del lote núm. 2 para la
construcción de la vía Los Balsos.

4.15. El Concejo Municipal expidió el Acuerdo núm. 046 de 2006, por el cual se revisa
y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras
disposiciones; esta norma mantuvo la restricción indicada en los numerales 4.13 y 4.14
de este acápite, respecto del bien inmueble de la parte demandante.

4.16. La Secretaría de Planeación Municipal, mediante el oficio núm. 15881 de 9 de
octubre de 2001, “[…] aceptó que en efecto se había otorgado la aprobación definitiva
de la urbanización y se pronunció respecto de la composición del lote número 6 de la
urbanización La Lomita, manifestando que el uso de la mayoría del suelo es
residencial, mientras que el resto del suelo del lote 6 corresponde al uso forestal
protector productor […]”15.

4.17. En la zona circundante a la finca La Lomita se han construido varios conjuntos
inmobiliarios que incluyen edificios con fundamento en licencias expedidas con
posterioridad al año 1999.

4.18. La Urbanización La Lomita con un área apenas superior a los 20.000 metros
cuadrados, y pese a contar con licencia de urbanismo constituye una ínsula dentro del
conjunto urbanístico que la rodea16.

14
“Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín”
15
Cfr. Folio 19
16
Cfr. Folio 20

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4.19. La parte demandante ha querido hacer valer la licencia urbanística concedida a
la urbanización La Lomita, a fin de poder aprovechar el lote para la construcción de
vivienda y a fin de obtener que el inmueble recupere su valor comercial.

4.20. Elena María Peláez Posada, comunera de otro inmueble localizado en la misma
urbanización, por medio de apoderado, presentó una petición escrita a la parte
demandada, para que reconociera la validez de la licencia núm. 22041-01115 de 25 de
febrero de 1988. La parte demandada no citó a los terceros interesados para que
participaran en la actuación administrativa.

4.21. La parte demandada, mediante el oficio de 4 de diciembre de 2009, negó la
solicitud 17 y se abstuvo de notificar a la parte demandante, de conformidad con el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

4.22. La parte demandante, por medio de apoderado, se notificó por conducta
concluyente e interpuso recurso de reposición y, en subsidio, recurso de apelación
contra el oficio de 4 de diciembre de 2009.

4.23. La parte demandada, mediante oficio de 28 de diciembre de 2009, rechazó los
recursos con fundamento en que el oficio de 4 de diciembre de 2009 no es un acto
administrativo, sino la respuesta a una consulta y se abstuvo de notificar a la parte
demandante, de conformidad con el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

4.24. La parte demandante, mediante apoderado, le solicitó a la parte demandada que
le notificara el oficio indicado supra de conformidad con la ley.

4.25. La parte demandada negó la solicitud de notificación del oficio porque este es
una respuesta a una solicitud de información.

4.26. La parte demandante presentó una acción de tutela para que la parte
demandada notificara el oficio.

4.27. El Tribunal Administrativo de Medellín, mediante sentencia de 27 de abril de
2010, amparó los derechos fundamentales de la parte demandante y ordenó la
notificación del oficio.

17
La parte demandante se refirió en este hecho al contenido de la respuesta.

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4.28. La parte demandada notificó el oficio a la parte demandante el 7 de mayo de
201018.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas:

 Artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto de 188719.
 Artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.
 Artículo 5.° del Decreto núm. 1319 de 9 de julio de 199320.

Concepto de Violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:

Primer cargo: Violación de la Ley y concretamente del artículo 40 de la Ley 153 de
1887, al sostener que la licencia de urbanismo otorgada mediante el oficio 22041-
11125 de febrero 25 de 1988 venció el 25 de febrero de 1990, en virtud de lo
previsto en el artículo 73 del Decreto Municipal 037 de 1984

6.1. Sostuvo que la parte demandante inició los trámites para obtener la autorización
para urbanizar bajo la vigencia de una normativa que no preveía la expiración de las
licencias y que:

“[…] [N]o hay razón para sostener que habiéndose iniciado todos los procedimientos bajo
una norma que no proveía la expiración de las licencias, la licencia otorgada en febrero
25 de 1988 venciera el 25 de febrero del año 90, en razón de una previsión como lo es el
artículo 73 del Decreto Municipal 037 de 1984, el cual disponía que las vías obligadas, la
aprobación de la urbanización, el alineamiento y la licencia provisional de construcción
tendrán validez por el término de dos años contados a partir de su otorgamiento o
aprobación, vencidos los cuales deberá renovarse el procedimiento correspondiente.

Obsérvese que el procedimiento, como antes se dijo, se inició desde noviembre del 78,
procediendo el primer acto administrativo concerniente al mismo, el 22 de febrero de
1979, lo cual no impidió, que se continuara con el procedimiento para dictar en octubre 29
del 87, el acto distinguido como REC 13621, manifestando que en la urbanización de

18
Folio 221 del cuaderno núm. 1.
19
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”
20
“Por el cual se reglamenta la expedición de Licencias de Construcción, Urbanización y
Parcelación y de los Permisos de que trata el Capítulo VI de la Ley 9ª de 1989”.

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hecho, se podía urbanizar y construir de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del
Estatuto de Urbanismo y Construcción vigente.

En síntesis, si se hubiera aplicado al caso que nos atañe, lo previsto por el Decreto 037
del 84 en su artículo 73, el trámite iniciado el 22 de febrero de 1979, no habría podido
continuarse como continuó desde dicha fecha hasta el 87. De la misma manera, no
habría podido producirse la licencia otorgada mediante oficio 22041-011125 de 25 de
febrero de 1988, pues esta licencia no habría podido ser otorgada con base en un visto
bueno provisional de vías y loteo producido en 1979.

Así las cosas, la administración pública respetó lo previsto durante todo el procedimiento
por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. De lo anteriormente dicho se infiere por una
parte, que la administración no le aplicó al trámite que nos ocupa, el artículo 73 del
Decreto Municipal 037 del 84 y por la otra, y ello es lo más importante, que la licencia que
se otorgó mediante oficio 22041-011125 de febrero 25 de 1988, no podía vencer, como la
administración lo pretende el 25 de febrero de 1990, porque dicha licencia fue el producto
de un procedimiento al cual no se le podía aplicar dicho artículo 73, en síntesis el Decreto
037 de 1984 rige a partir de su expedición para los procedimientos que se inicien a partir
de su expedición […]”21.

6.2. A su juicio, la aplicación del artículo 73 del Decreto núm. 037 de 1984 en el caso
sub examine afecta la seguridad jurídica.

Segundo cargo: Violación de la ley por indebida aplicación del artículo 73 del
Decreto Municipal 037 de 1984

6.3. Indicó que no sería posible continuar con el trámite que se inició en 1978 en el
evento en que la parte demandada hubiera aplicado el artículo 73 del Decreto
Municipal núm. 037 de 1984; por el contrario, esta última autorizó el desarrollo de la
urbanización el 29 de octubre de 1984, con fundamento en el artículo 104 del Estatuto
de Urbanismo y Construcción, y expidió la aprobación correspondiente, mediante el
oficio núm. 22041-011125 de 25 de febrero de 1988.

6.4. Concluyó que mal puede entonces la administración invocar la existencia de la
norma contenida en el artículo 73 del Decreto Municipal 037 de 1984 para aplicarla a
un procedimiento al cual no se le aplicó, y para predicar su vigencia respecto del último
acto de dicho procedimiento22.

Tercer cargo: Violación de la ley y concretamente desconocimiento del acto
administrativo que confiere derechos adquiridos al pretender que la licencia
otorgada en los términos del oficio 22041-011125 de 25 de febrero de 1988, tenía

21
Cfr. Folios 77 a 78
22
Cfr. Folio 77

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un término de vencimiento cuando en dicha licencia no solo no se fijaron
términos para cumplir con las obligaciones que en ella se señalaban, sino que no
se anotó absolutamente nada respecto del término de expiración de la licencia

6.5. A su juicio, la parte demandante violó el artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo, respecto del requisito según el cual, cuando un acto administrativo crea
o modifica una situación jurídica de carácter particular o concreta o reconoce un
derecho, podrá ser revocado únicamente con el consentimiento expreso y escrito del
titular del derecho. Lo anterior, en concordancia con el artículo 5.° del Decreto núm.
1319 de 1993.

6.6. Sostuvo que se predica la violación de estas normas, por cuanto si se revisa con
cuidado el texto del memorial 22041-011125 de 25 de febrero de 1988, lo que se
establece es que se aprueba definitivamente la urbanización la Lomita, es decir, que no
se somete la aprobación de la urbanización como tal a ningún condicionamiento
específico, advirtiéndole simplemente al administrado que debe cumplir ciertos
requisitos, pero sin condicionar la aprobación de la urbanización como tal al
cumplimiento de los mismos. En síntesis, luego del agotamiento de un trámite que
empezó en el año 78 y que pasó por varias etapas, lo que la entidad pública les
manifiesta a los interesados es que la urbanización se encuentra aprobada; en ese
sentido ni siquiera puede hablarse de una licencia de urbanismo sino de una
aprobación de la urbanización a través del acto administrativo. En ese acto
administrativo, no se estipula término de vigencia alguna, porque lo que se aprobó fue
un fenómeno de hecho, es decir, una urbanización que ya estaba urbanizada, una
urbanización ya existente23.

Cuarto cargo: Violación de la ley por cuanto se desconocen los términos del acto
administrativo contenido en el oficio 22041-11125 de febrero 25 de 1988,
pretendiéndose violar el contenido mismo de dicho acto

6.7. Reiteró que la parte demandada aprobó la urbanización que existía previamente
y les solicitó a los propietarios de la finca La Lomita que cumplieran con unos
requisitos, de los cuales no dependía esa aprobación.

23
Cfr. Folios 78 a 79

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6.8. Indicó que basta con leer, el acto administrativo contentivo de la aprobación de
la urbanización para concluir que no se trata de una licencia de urbanismo o de un
permiso de urbanismo, sino de la homologación de una urbanización ya existente. Y en
ese sentido: “[…] Se viola pues el acto administrativo dictado al pretender que el mismo
es una licencia del cual se deriva un derecho sometido a condición suspensiva, cuando
en realidad el mismo es un acto definitivo de aprobación de una urbanización en el cual
solo se solicita que se cumpla con unos requisitos adicionales […]”24.

Quinto cargo: Violación de la ley por desconocimiento de los antecedentes
fácticos y jurídicos del acto administrativo 22041-011125 de 25 de febrero de 1988

6.9. Manifestó que la parte demandada, mediante el acto administrativo indicado
supra, aprobó la urbanización; en consecuencia, tenía la facultad de exigirle a los
propietarios de la finca La Lomita que cumplieran ciertos requisitos, pero ello, en su
criterio, no conlleva a la inexistencia de esa decisión o una condición suspensiva.

Sexto cargo: Violación indirecta de la ley al pretender aplicar al acto de
aprobación de la urbanización el artículo 452 del Acuerdo Municipal 038 de 1990

6.10. Manifestó que la parte demandada negó la vigencia de la aprobación de la
urbanización La Lomita porque: i) la “licencia de urbanismo”25 venció en febrero de
1988 (sic), de acuerdo con el artículo 73 del Decreto 037 de 1984; y ii) “desapareció” la
aprobación de la urbanización a partir de la entrada en “vigor” del artículo 495 Acuerdo
Municipal núm. 038 de 1990 debido a que los interesados no cumplieron con la
obligación de ceder al ente territorial un área de 594 metros cuadrados para la
construcción de la vía Los Balsos.

6.11. A su juicio, el artículo 495 del Acuerdo Municipal núm. 038 de 1990 no se debe
aplicar porque viola el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos que han
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular o concreta.

6.12. Señaló que el juzgador deberá observar que la norma desde el punto de vista
fáctico no puede ser más abusiva, puesto que se refiere a la desaparición ordenada por
una norma de carácter general de todas aquellas licencias de urbanismo o

24
Cfr. Folio 79
25
La parte demandante precisó nuevamente que esa decisión no es una licencia de urbanismo,
sino la aprobación de una urbanización.

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aprobaciones de urbanización que habían sido otorgadas con anterioridad a la entrada
en vigencia del artículo 495 del Acuerdo Municipal núm. 038 de 1990 simplemente
porque el urbanizador no había cumplido para ese momento con todas las exigencias
impuestas por la administración.

6.13. Adujo que bien pudo ocurrir que un urbanizador que contara con la licencia de
urbanismo debidamente aprobada y al que solo le faltare construir un sector de vía, se
vería completamente defraudado por la entrada en vigencia de la norma en comento y
tendría que empezar nuevamente, a obtener la licencia de urbanismo en condiciones
absolutamente distintas a las inicialmente aprobadas. Agregó que: […] la norma es
entonces en la práctica un adefesio y una manera de burlar los derechos adquiridos de
los administrados, e incluso su buena fe, pues se reitera, un urbanizador normal que
venía cumpliendo con las exigencias impuestas en la licencia, se encontraría de la
noche a la mañana sin licencia alguna y se encontraría con que había urbanizado un
lote con determinadas expectativas y bajo una determinada normatividad y que
simplemente por la entrada en vigencia de una norma que contraviene sus derechos y
sus expectativas, debe empezar nuevamente todo el proceso de obtención de la
licencia de urbanismo […]”26.

6.14. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el artículo 495 del Acuerdo
Municipal núm. 038 de 1990 viola los artículos 73 del Código Contencioso
Administrativo y 5.° del Decreto 1319 de 1993.

Séptimo cargo: Violación de la ley al pretender aplicar al caso que nos atañe el
artículo 495 del Acuerdo Municipal 038 de 1990

6.15. Señaló que la parte demandada aplicó incorrectamente el artículo 495 del
Acuerdo Municipal núm. 038 de 1990, dado que el desconocimiento de la “licencia o de
la aprobación de la urbanización” se refiere a los urbanizadores que no llevaron a cabo
de forma oportuna el trámite completo de la urbanización.

6.16. Destacó que el oficio núm. 22041-011125 de 25 de febrero de 1988 no indicó un
término u oportunidad para cumplir con los requisitos adicionales que estableció la
administración; por lo tanto, a su juicio, no puede concluirse que la parte demandante
incumplió con la obligación de ceder la franja requerida para construir la vía Los Balsos.
26
Cfr. Folios 84 a 85

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6.17. Sostuvo que se debió aplicar a la urbanización La Lomita lo previsto en el
artículo 494 del Acuerdo Municipal 038 de 1990, tratándose entonces de una licencia
en el peor de los casos renovable27.

Octavo cargo: Violación de la ley y concretamente del artículo 495 del Acuerdo
Municipal 038 de 1990 en relación con el artículo 78 del Decreto 451 de 1982
modificado por el artículo 2° del Decreto Municipal 037 de 1984

6.18. Manifestó que la cesión de áreas al Municipio, de acuerdo con la normatividad
vigente para el momento en que se expidió la aprobación (artículo 2° del Decreto 037
de 1984), señaló que la cesión de áreas al municipio es un requisito para el
otorgamiento de la licencia definitiva de construcción, no para la aprobación de la
urbanización como tal28.

6.19. Reiteró que la aprobación de la urbanización La Lomita no implica la obligación
de ceder las áreas para la construcción de la vía Los Balsos, toda vez que esta
adquiriere vigencia en el momento en que se inicia la construcción de las viviendas. Lo
anterior con fundamento en que la oportunidad que prevé el artículo 495 del Acuerdo
núm. 038 de 1990 se refiere al inicio de la construcción y a la licencia definitiva de
construcción.

Noveno cargo: Violación indirecta de la ley por desconocimiento de los
antecedentes de hecho, al pretender la aplicación del artículo 495 del Acuerdo
Municipal 038 de 1990, por cuanto en el momento en que entró en vigencia dicho
artículo, no se habían cedido las áreas requeridas para la construcción de la vía
Los Balsos

6.20. Reiteró los argumentos sobre la inaplicabilidad del artículo 495 del Acuerdo núm.
038 de 1990 en el caso sub examine y sostuvo que la parte demandada incurrió en una
contradicción respecto de los hechos que ocurrieron cuando se aprobó la urbanización
“[…] puesto que el Municipio de Medellín, en lugar de esperar a que se solicitara la
licencia o licencias de construcción en la urbanización La Lomita, de suerte que fuera
obligación del urbanizador, o de los interesados, proceder a ceder las franjas para
27
Cfr. Folio 86
28
Cfr. Folio 85

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obtener dichas licencias, decidió adquirir a través del INVAL, motu proprio, en los
términos de la escritura pública número 1765 de 29 de junio de 1995, del señor Jorge
Enrique Vélez R. propietario del lote número 2 de la urbanización La Lomita, la franja
de terreno que efectivamente el Municipio de Medellín requería para la construcción de
la vía Los Balsos (construcción, que sea dicho de paso, no se ha llevado a efecto en el
sector, pese a haberse cobrado gravamen de valorización por la misma en ese sector
desde hace más de 10 años) […]”29.

6.21. Indicó que no entiende como el Municipio de Medellín, no puede sostener que no
se cumplió con un requisito de cuyo cumplimiento el mismo Municipio exoneró al futuro
constructor, ni como se podría sostener hoy en día, que no es posible ceder una franja
de terreno que el mismo Municipio de Medellín decidió adquirir” 30.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada31 contestó la demanda32 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

Respecto al cargo de violación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887

7.1. Sostuvo que no violó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 por cuanto: i) los
propietarios presentaron una consulta sobre los trámites para la obtención de la
licencia; ii) la administración concedió una licencia provisional en 1979 y estableció
unos requisitos para expedir la licencia definitiva, pero la parte interesada no cumplió
con esta carga; iii) los propietarios iniciaron nuevamente un trámite para obtener una
licencia en 1987, el cual es diferente al proceso del año 1978; iv) en 1987 estaban
vigentes los Decretos núm. 451 de 1982 y 037 de 1984; v) no existe relación entre el
trámite iniciado en 1978 y el de 1987, en efecto, el primero nunca culminó, en tanto el
segundo culminó con una licencia definitiva que se otorgó mediante el oficio 22041-
01115 de febrero 25 de 198833; y vi) la licencia otorgada en 1988 se fundamentó en los

29
Cfr. Folio 88
30
Ibidem
31
Por medio de apoderado
32
Cfr. Folios 283 a 300
33
Cfr. Folio 318

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Decretos 451 de 1982 y 037 de 1984 y en esta no se tuvo en cuenta el oficio núm.
11774 de 1979.

Respecto del cargo de violación de la ley por indebida aplicación del artículo 73
del Decreto Municipal 037 de 1984

7.2. La parte demandada afirmó que no existe indebida aplicación del artículo 73 del
Decreto 037 de 1984, por cuanto el trámite en el año 1979 se identifica con el número
186, para el año 1987, por tratarse de un nuevo trámite se le asigna el número 198 y
luego en el año 1988, cuando se le otorga la licencia bajo el oficio 22041 de febrero 25
de 1988, este trámite pasa a ser la urbanización 8803. Es decir, entre el trámite 186 y
el trámite 198 no existe ninguna relación secuencial, como lo afirma la parte
demandante, por lo tanto se reitera que el precitado oficio está sometido a la vigencia
de dos años según lo disponía la norma vigente al momento de iniciarse el trámite 198
y cuando el trámite 198 se convierte en la U-880334.

Respecto del cargo de violación de la ley y concretamente el desconocimiento
del acto administrativo que confiere derechos adquiridos al pretender que la
licencia otorgada en los términos del oficio núm. 22041-011125 de 24 de febrero
de 1988, tenía un término de vencimiento cuando en dicha licencia no solo no se
fijaron términos para cumplir con las obligaciones que en ella se señalaban, sino
que no se anotó absolutamente nada respecto del término de expiración de la
licencia

7.3. Aclaró que el oficio al que se refirió la parte demandada se identifica con el
número 22041-01115 de 25 de febrero de 1988 y que, aunque en ese acto
administrativo no se señaló el término de vigencia de la licencia, la norma urbanística
que fundamentó esa decisión prevé un término de vigencia de dos (2) años.

Respecto del cargo de violación de la ley por cuanto se desconocen los términos
del acto administrativo contenido en el oficio 22041-11125 de febrero 25 de 1988,
pretendiéndose violar el contenido mismo de dicho acto

34
Cfr. Folio 318

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7.4. Sostuvo que la administración, mediante el oficio núm. 22041-01115 de 1988,
aprobó el desarrollo de una urbanización tipo R-S, la cual comprendía la autorización
para construir ocho (8) viviendas por hectárea; sin embargo, la parte interesada no
llevó a cabo la construcción correspondiente e incumplió las exigencias urbanísticas
previstas en el acto administrativo indicado supra. Por lo tanto, a su juicio, en el caso
sub examine no se presentó una homologación.

Respecto del cargo de violación de la ley por desconocimiento de los
antecedentes fácticos y jurídicos del acto administrativo núm. 22041-11125 de 25
de febrero de 1988

7.5. Definió la licencia de urbanización como la creación de espacios públicos y
privados en un término específico y aseguró que los propietarios no desarrollaron
espacios públicos y privados en el “predio en cuestión”.

7.6. Afirmó que los propietarios de la finca La Lomita no ejercieron los derechos
otorgados por la administración en el término previsto en la ley ni cumplieron con sus
obligaciones.

Respecto del cargo de violación indirecta de la ley al pretender aplicar al acto de
aprobación de la urbanización, el artículo 452 del Acuerdo Municipal 038 de 1990

7.7. Aclaró que una cosa es el acto administrativo que otorga la licencia de
urbanización y otra, es el desarrollo de lo autorizado en la licencia. Es decir, un predio
está urbanizado cuando cuenta con la infraestructura de los servicios públicos, vías que
permitan la adecuación, dotación y subdivisión del predio para las futuras
construcciones. El sólo hecho de que el predio cuente con licencia no significa que por
sí sólo ya está urbanizado, puesto que se requiere hacer las obras de urbanismo que
se autorizan en la respectiva licencia35.

7.8. Destacó que cuando entró “en vigencia” el Acuerdo 038 de 1990, los propietarios
de la finca La Lomita no habían ejecutado las obras o las construcciones para llevar a
cabo la urbanización tipo R-S, previstas en el artículo 104 del Decreto 451 de 1982, y la
licencia que concedió la administración perdió vigencia el 25 de febrero de 1990.

35
Cfr. Folio 319

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Respecto del cargo de violación de la ley al pretender aplicar al caso que nos
atañe el artículo 495 del Acuerdo 038 de 1990

7.9. Indicó que el oficio núm. 22041-01115 de 25 de febrero de 1988 es una licencia
de urbanización que estaba sometida al término de vigencia de dos (2) años para que
su titular desarrollara las obras de urbanismo y habilitara los espacios para la
construcción de las viviendas.

Respecto del cargo de violación de la ley concretamente del artículo 495 del
Acuerdo Municipal 038 de 1990 en relación con el artículo 78 del Decreto 451 de
1982, modificado por el artículo 2 del Decreto Municipal 037 de 1984

7.10. A su juicio, la parte demandada no violó las normas invocadas en la demanda y
destacó que en la licencia de urbanización se identificaron las áreas de cesión.

7.11. Afirmó que no es posible aplicar actualmente el Acuerdo núm. 038 de 1990
debido a que este fue derogado por el Acuerdo núm. 046 de 2006.

Respecto al cargo de violación indirecta de la ley por desconocimiento de los
antecedentes de hecho al pretender la aplicación del artículo 495 del Acuerdo 038
de 1990, por cuanto en el momento en que entró en vigencia dicho artículo, no se
habían cedido las áreas requeridas para la construcción

7.12. Manifestó que la parte demandada no incurrió en violación de la ley porque las
cesiones urbanísticas derivadas de la licencia de urbanización deben llevarse a cabo
en el término de vigencia de la respectiva licencia.

8. La parte demandada propuso las siguientes excepciones:

8.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que los Curadores Urbanos
tienen autonomía técnica, administrativa y financiera en el ejercicio de sus funciones y
tienen la facultad de otorgar las licencias de construcción o de urbanismo.

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8.2. Inexistencia de la obligación de indemnizar, con fundamento en que la parte
demandada no expidió un acto administrativo susceptible de ser demandado para el
momento de la presentación de la demanda.

8.3. Inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa como requisito
indispensable para acudir al juez contencioso administrativo en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

8.4. Caducidad de la acción, por cuanto para realizar la respectiva reclamación, se
debió agotar la vía gubernativa y contaba con cuatro meses a partir de la notificación
del acto administrativo (visto bueno provisional de vías y loteo) para demandar y no lo
hizo.

Alegatos de conclusión

9. Despacho sustanciador 36 , vencido el término probatorio y mediante el auto
proferido el 9 de junio de 201737, resolvió correr traslado común a las partes por el
término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del
Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión,
podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

10. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

11. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

Concepto del Ministerio Público

12. El Procurador emitió concepto en el que señaló que en el presente asunto es
inexistente un acto administrativo susceptible de juicio de legalidad; y el origen del daño
cuya indemnización se persigue no lo es un acto administrativo sino la modificación de
la normatividad urbanística a través del tiempo, asunto que debe ventilarse a través de
una acción de reparación directa bajo el título de imputación de daño especial.

36
El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, doctor Jorge León Arango Franco.
37
Cfr. folio 644 del cuaderno principal.

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13. Adujo que el oficio núm. 200900462319 R/200900506167 de 4 de diciembre de
2009 de la Oficina de Planeación de Medellín notificado el 7 de mayo de 2010, por
medio del cual se declara la pérdida de vigencia de la aprobación de la urbanización
contenida en el ofició núm. 22041-011125 del 25/02/1988, no es un acto administrativo
en sentido material, puesto que no crea, modifica, ni extingue situación jurídica algina,
se trata de una respuesta a un derecho de petición de consulta que no tiene efecto
jurídico directo sobre la materia que se trata sino que es un simple elemento de
información o criterio de orientación.

14. Manifestó que no existiendo acto administrativo como fuente del daño cuya
indemnización se persigue el medio de control procedente es la reparación directa, sin
embargo, su ejercicio es extemporáneo, en la medida que desde la fecha de expedición
de las primeras normas urbanísticas que según lo afirma la accionante, modificaron el
derecho subjetivo contenido en la licencia de urbanismo de 1988, que datan una de
1984, otra de 1990 y del año 1999 (Decreto Municipal núm. 037/1984), Acuerdo
Municipal núm. 038/1990 y Acuerdo núm. 062/1999), cuyos efectos, siendo de carácter
general se predican de su publicación, han transcurrido hasta la fecha de presentación
de la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público, (21 de julio de 2010, según se
indica al folio 262 del expediente), más de dos años, término legal para el ejercicio
oportuno de la acción de reparación directa.

Sentencia proferida, en primera instancia

15. La Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
sentencia proferida el 14 de septiembre de 201738, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADAS LA EXCEPCIONES DE INEXISTENCIA DE
ACTO ADMINSITRATIVO SUSCEPTIBLE DE CONTROL DE LEGALIDAD, Y
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, según los fundamentos expuestos, e INHIBIRSE para
proferir pronunciamiento de fondo.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia archívese el expediente […]” 39 (Resaltado del
texto).

Consideraciones del Tribunal

38
Cfr. Folios 705 a 716 del cuaderno principal.
39
Cfr. Folio 716 vto.

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16. El Tribunal consideró necesario referirse a la definición de acto administrativo,
así como a los actos administrativos definitivos y a la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre este tema.

17. En el caso concreto, sostuvo lo siguiente:

“[…] [L]a Sala considera que el oficio aquí demandado, no se puede catalogar como acto
administrativo en tanto no crea, modifica o extingue una situación concreta ni particular,
no genera obligaciones, ni otorga derecho, simplemente cumple con dar una respuesta a
las consultas elevadas por la demandante.

Esto en razón a que según lo consagrado en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1469 de
2010, los únicos competentes para resolver las solicitudes de licencias urbanísticas son
los Curadores Urbanos, por lo tanto, si el Departamento Administrativo de Planeación se
hubiere pronunciado de fondo sobre la petición de vigencia de la licencia de urbanismo,
estaría extralimitando sus funciones, ya que ello está fuera de su competencia, en
primera instancia.

Por lo anterior, si los demandantes sabían que el predio de su propiedad contaba con
licencia urbanística vigente y que en el mismo se podía desarrollar un proyecto
constructivo acorde con disposiciones que hoy no se encuentran vigentes, tenía la
posibilidad legal de solicitar la licencia de construcción ante la autoridad competente -
Curaduría Urbana-, y en caso de no coincidir con lo decidido por esta entidad, podían
interponer los recursos permitidos, que son el de reposición ante el Curador y el de
apelación ante el Director del Departamento Administrativo de Planeación, y agotada la
vía gubernativa y persistiendo la inconformidad recurrir a la Jurisdicción Contenciosa, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual según se
lee en los alegatos de conclusión allegados por la parte demandante se hizo, no obstante
no se aportaron los actos que así lo acrediten […]”40.

18. El Tribunal consideró que la parte demandante tenía la carga de demandar la
decisión que profirió el Curador Urbano, mediante la cual le negó el derecho a construir
en el predio de su propiedad, a pesar de que, según la tesis de la demanda, contaba
con licencia de urbanismo vigente; además, debió aportar al trámite que adelantó ante
esa autoridad el oficio núm. 22041-11125 o requerir a Planeación Municipal para que
allegara ese acto administrativo.

19. Destacó que la vigencia de un acto administrativo no es un fenómeno que se
declara sino que es consecuencia de unos elementos objetivos.

20. Adujo que un acto administrativo es aquel que tiene por contenido crear,
extinguir o modificar una situación jurídica general o particular, el oficio N°
200900462319 R/200900506167 del 4 de diciembre de 2009, cuya nulidad se pretende,

40
Cfr. Folio 714

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22

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Demandante: Marina Ramírez Cuartas

no es un acto susceptible de ser demandado ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, por lo que la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
inexistencia de acto administrativo susceptible de control de legalidad, tiene vocación
de prosperidad41.

21. Precisó que la pretensión subsidiaria la hace la parte demandante invocando la
acción de reparación directa, por lo que si bien en principio se puede partir de una
indebida acumulación de pretensiones, dado que las mismas (principal y subsidiaria)
provienen de medios de control diferentes y se derivan de supuestos disímiles, como
es la ilegalidad del oficio núm.200900462319 R/200900506167 de 4 de diciembre de
2009) y la reglamentación ilícita de la administración (reglamentación del uso del suelo
y la adopción de políticas públicas de conservación del medio ambientes, fijadas a
través de los Acuerdos No. 062 de 1999 y el 046 de 2006, que establecen el Plan de
Ordenamiento Territorial), en aras de preservar el acceso a la administración de justicia
y teniendo en cuenta que el presente proceso se admitió y tramitó aceptando las dos
peticiones, procederá la Sala a analizar el caso concreto bajo la óptica de la acción de
reparación directa.

22. Precisó que la Sala comparte la posición de la Agente del Ministerio Público en
el sentido que los perjuicios reclamados por la parte demandante encajan en el título de
imputación objetivo por daño especial, partiendo de una supuesta actividad lícita de la
administración, no reducida al acto administrativo en sentido formal (ilegalidad), sino
por la reglamentación del uso del suelo y la adopción de políticas públicas de
conservación del medio ambiente, generadoras de un daño antijurídico por exceder las
cargas públicas que se está en el deber de soportar, en el presente caso por la
restricción en el derecho de propiedad de la parte demandante sobre el lote objeto de
discusión.

23. Adujo que la afectación al terreno de propiedad de la parte demandante alegada,
proviene de los Acuerdos núm. 062 de 1999 y 46 de 2006, por medio de los cuales se
aprueba y reforma el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Medellín, en
los mismos se determina que el lado oriental de la ciudad por el sector del Tesoro, por
encima de la cota 1.850 (msnm) no es urbanizable, restringiéndose su uso al rural por
una vivienda campestre cada tres hectáreas y prohibiéndose el fraccionamiento de los

41
Cfr. Folio 632

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23

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Demandante: Marina Ramírez Cuartas

predios, lo que afecta el terreno de la demandante que se ubica en el polígono SE-
PAPP-05 (preservación activa con producción primaria).

24. Manifestó que los perjuicios reclamados se derivan directamente de la
expedición de los actos de carácter general antes referidos, por lo que el término de
caducidad para avocar la acción de reparación directa se empieza a contar desde la
vigencia de los mismos, que sería desde su publicación, para el Acuerdo núm. 062 es
el 23 de diciembre de 1999 y el Acuerdo núm. 046 "Por el cual se revisa y ajusta el
Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras
disposiciones", el 2 de agosto de 2006; de ahí que hasta la fecha de presentación de la
solicitud de conciliación ante el Ministerio Público (21 de julio de 2010), como se
observa han transcurrido más de dos años, término legal para el ejercicio de la acción
de reparación directa.

25. Sostuvo que el cómputo para la caducidad de la acción de reparación directa, no
podría ser diferente, si se tiene en cuenta que según lo expresa la misma demandante,
el perjuicio por ella reclamado no se deriva del oficio núm. 200900462319, sino a partir
de la entrada en vigencia de Acuerdo 062 de 1999 (2 de agosto de 2006), que
estableció la constitución de una reserva para la protección del medio ambiente, en el
terreno de propiedad de la demandante, provocando que el mismo saliera del
comercio, generando su desvalorización, aunado al pago del impuesto catastral que le
tocó asumir, por la no adquisición oportuna del terreno por parte del municipio, por lo
que ésta es la fecha desde la cual se debe empezar a contar el término de caducidad.

26. Argumentó que como la ley establece un término para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas, al no iniciarse dentro del mismo, se produce la
caducidad.

27. Concluyó que tampoco es posible que la Sala profiera fallo de fondo, frente a la
pretensión subsidiaria (reparación directa), por ausencia del presupuesto procesal de
oportunidad para demandar y por tanto se proferirá fallo inhibitorio.

28. Por último, consideró que no es procedente condenar en costas, atendiendo a la
conducta procesal que asumió la parte demandante.

Recurso de apelación

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29. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de apelación42
contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con base en los
siguientes argumentos: i) el Tribunal incurrió en error derecho al considerar que “[…] un
administrado no puede dirigirse ante el autor de un acto administrativo para que dicho
autor se pronuncie acerca de la vigencia del mismo […]”; ii) el Tribunal incurrió en
errores de hecho y de derecho porque el curador urbano no tenía la obligación de
pronunciarse respecto de la vigencia de la licencia que expidió otra autoridad; iii) el
Tribunal incurrió en un error de hecho al afirmar que la vigencia de un acto
administrativo es consecuencia de elementos objetivos; iv) el Tribunal incurrió en un
error de derecho al considerar que el oficio de 4 de septiembre de 2009 no es un acto
administrativo y, v) Indebida contabilización del termino de caducidad. Estos
argumentos se exponen a continuación.

El Tribunal incurrió en un error de derecho al considerar que “un administrado no
puede dirigirse ante el autor de un acto administrativo para que dicho autor se
pronuncie acerca de la vigencia del mismo”

29.1. Sostuvo que el Tribunal incurrió en error de derecho por las siguientes razones:

“[…] El error es completamente evidente y se deduce no solo del hecho de que el autor
del acto debe conocer respecto de la vigencia para la cual se otorgó el acto, o de la
vigencia del acto en el tiempo (cosa que se demuestra a través de la errónea, pero
precisa respuesta que Planeación Municipal da al derecho de petición), sino porque el
artículo 14 del título preliminar del Código Civil, señala perfectamente que el autor del
acto, por vía de autoridad, es aquel llamado a interpretar el mismo y por ende, a
pronunciarse normativamente, como destinatario, primero, de los aspectos relativos al
acto y a su vigencia. De hecho Marina Ramírez Cuartas bien pudo no haber acudido ante
Elena María Peláez ante ningún curador, sino que pudo haber optado antes de ir al
curador, o incluso sin ir ante un curador, por solicitarle al autor del acto, es decir
Planeación Municipal, si la licencia de la Urbanización La Lomita estaba o no vigente
(cosa que es todo menos obvia, que es todo menos objetiva, como lo demuestra la
problemática que nos ocupa), pues el autor del acto, que no es ajeno al asunto, pues
además, de ser autor del acto, es la última instancia en materia de licencias, razón por la
cual lo procedente era acudir ante ese despacho a través de un derecho de petición para
que manifestara si la licencia estaba o no vigente, función esta que no le corresponde a
los curadores en razón de lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1469 de 2010 y de lo
que se colige de lo expresado en el parágrafo 5° del artículo 6° de dicho Decreto y de lo
manifestado por el parágrafo 4° del artículo 7° del mismo, correspondiéndole, entonces,
al peticionario de una licencia de construcción de una modificación a la licencia de
urbanismo, probar ante el curador que la licencia inicial se encuentra vigente […]”43.

42
Cfr. Folios 718 a 741
43
Cfr. Folio 642

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Demandante: Marina Ramírez Cuartas

29.2. En síntesis, sostuvo que la autoridad que expidió el acto administrativo -
aprobación de la urbanización- o su superior jerárquico es competente para indicar si
este se encuentra vigente; además, esta decisión es susceptible de control ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.

29.3. A su juicio, si la parte demandada no era competente para resolver el derecho
de petición que presentó la parte demandante, el ente territorial debió aplicar los
artículos 30, 33 y 35 del Código Contencioso Administrativo; sin embargo, reconoció su
competencia y expidió el oficio acusado, por medio del cual se pronunció sobre la
vigencia de la “licencia”.

29.4. Manifestó que la parte demandante tiene todo el derecho para solicitarle al
curador una licencia de construcción específica con base en la licencia que se le otorgó
en 1988, o una modificación de esa licencia, siempre al amparo de la decisión inicial
que permite construir una urbanización tipo RS de acuerdo con lo que preveía el
artículo 104 del Decreto 451 de 1982 y para ese efecto y en razón de las normas que
se han enunciado y para ejercer sus derechos constitucionales y legales, Marina
Ramírez Cuartas tenía que demostrar que su licencia era previa al POT y continuaba
vigente, puesto que de no demostrar tal cosa el curador habría atendido a las súplicas
de Marina Ramírez Cuartas, titular de un derecho particular anterior a las normas
generales de tipo reglamentario44.

29.5. Además, indicó que, en el caso sub examine, la parte demandante podía
acumular las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación
directa toda vez que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente es inoponible a los
propietarios del bien inmueble La Lomita y se presentó un desequilibro de las cargas
públicas generado por la pérdida del valor de este.

29.6. Destacó que la parte demandante desconoció el artículo 29 de la Constitución
Política; el artículo 14 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873, en adelante Código Civil; y
los artículos 3.°, 6.°, párrafo 5.°, y 7.°, párrafo 4, del Decreto 1469 de 2010.

El Tribunal incurrió en error de hecho porque el curador no tenía la obligación de
expedir un pronunciamiento respecto de la vigencia de la licencia

44
Cfr. Folio 734

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26

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29.7. La parte demandante manifestó que la sentencia encuentra fundamentalmente
importante un asunto que es meramente folclórico debiendo la parte demandante
recurrir el acto en cuyos términos el curador le sugiere que consulte respecto de la
vigencia de la licencia, sugerencia que no es un acto jurídico.

29.8. Al respecto, señaló que el a quo consideró que el solo hecho de recurrir ante una
persona que desempeña funciones públicas y por la mera ocurrencia, existiría una
norma a cuyo tenor dicha persona se convertiría en funcionario competente para
resolver un asunto, lo que viola el artículo 29 de la Constitución Nacional, por cuanto
las competencias están determinadas por la Ley y es claro que el artículo 3 del Decreto
núm. 1469 de 2010 expresamente manifiesta cuál es la competencia de un curador y
dentro de ella no se establece la de decidir sobre la vigencia de licencia de urbanismo
que carecen de límite de vigencia y que no fueron expedidas por su despacho; ni la de
decidir o no, sobre la vigencia de una licencia de urbanismo, cuando dicha licencia se
expidió tiempo atrás y no hay elementos objetivos para pronunciarse sobre la
vigencia45

29.9. En su criterio, la tesis del Tribunal implica que cuando la “licencia de urbanismo”
no contiene una constancia expresa sobre su vigencia, este acto administrativo es
inexistente o no expira; sin embargo, no hay una presunción legal sobre este aspecto.

29.10. Indicó que, por lo anterior, el Tribunal desconoció los artículos 29 de la
Constitución Política, 66 del Código Civil y 3.° del Decreto núm. 1469 de 2010.

El Tribunal incurrió en error de derecho porque los curadores urbanos no tienen
competencia para emitir pronunciamientos sobre la vigencia de las licencias que
no expidieron

29.11. Afirmó que el Tribunal incurrió en error de derecho al manifestar que era
competencia del curador pronunciarse sobre la vigencia de la licencia otorgada en
1988, cuando en realidad, en atención a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución
Nacional y en encabezamiento del artículo 3° del Decreto 1469 de 2010, los curadores
no tienen competencia para pronunciarse sobre vigencias de licencias 46.

45
Cfr. Folios 644 a 645
46
Cfr. Folio 736

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29.12. Además, le corresponde al legislador determinar las competencias.

El Tribunal incurrió en un error de hecho al afirmar que la vigencia de un acto
administrativo es consecuencia de elementos objetivos

29.13. Sostuvo que el Tribunal incurrió en un error de hecho al manifestar, en contra de
todo lo establecido en el contradictorio, que la vigencia de un acto administrativo no es
un fenómeno que se declara, sino que es consecuencia de elementos objetivos que
permiten afirmarla.

29.14. Indicó que la parte demandada no estableció en la “licencia de urbanismo”
expedida en 1988 su vigencia y, por lo tanto, ello no “aparece” como un elemento
objetivo del acto administrativo; en este orden de ideas, es necesario realizar un
análisis jurídico cuidadoso de la normativa vigente cuando se expidió la “licencia”.

29.15. Asimismo, destacó lo siguiente:

“[…] Se viola el artículo 29 de la Constitución Nacional, el artículo 66 del Código Civil, el
artículo 3° del Decreto 1469 de 2010, el parágrafo 5° del artículo 6° del Decreto 1469 de
2010 y el parágrafo 4° del artículo 7° del Decreto 1469 de 2010; pero además se viola la
ley al sugerir que si objetivamente no se puede determinar la vigencia de una licencia,
dicha licencia no existe, lo cual implica presumir que para el momento en que se otorgó la
licencia existía una norma que ordenara, como elemento sustancial de la licencia, es
decir como solemnidad ad substantiam actus el señalamiento de la vigencia de la
licencia, norma que no solamente no existía y que mal podía existir porque para la fecha
en que se otorgó la licencia estas no estaban sometidas al término de vigencia y que
implicaría una declaratoria tácita de la inexistencia de la licencia que nos ocupa por falta
de señalamiento de su vigencia, conclusión que sin duda alguna consiste en un atropello,
no solo de la ley, sino del derecho de defensa, pues el Tribunal no señala cuáles sería los
motivos para declarar inexistente la licencia, ni tiene competencia para hacerlo […]” 47.

El Tribunal incurrió en un error de derecho al considerar que el oficio de 4 de
septiembre de 2009 no es un acto administrativo

29.16. Sostuvo que lo que se le solicita a Planeación Municipal como autor del acto
administrativo en cuyos términos se concede la licencia, es que manifieste si la licencia
se encuentra o no vigente y dicha solicitud no solo se formula a Planeación Municipal,
como autor del acto, sino como jerarca de la materia relativa a las licencias de
urbanismo y construcción; el objeto de la petición era que la parte demandante tuviera
47
Cfr. Folio 646

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acceso a una licencia modificatoria de la original o la obtención de una licencia de
construcción.

29.17. Precisó que su intención no era formular una consulta a la parte demandada,
sino una petición para que esta declarara que la “licencia de urbanismo” está vigente; a
su juicio, el Tribunal confundió el derecho de petición previsto en el artículo 9.° del
Código Contencioso Administrativo con la consulta establecida en el artículo 25 ibidem.

29.18. Indicó que la parte demandada respondió la petición y creó una situación jurídica
y puso fin a una actuación administrativa.

Respecto a la pretensión subsidiaria

29.19. Adujo que la acción de reparación directa tiene su razón de ser en hechos u
omisiones de la autoridad administrativa o de quien desempeña funciones
administrativas y los acuerdos en mención son normas jurídicas, en consecuencia, no
podría postularse la acción de reparación directa con base en dichas normas jurídicas.

29.20. Argumentó que de las normas se deriva para la parte demandante la
imposibilidad de aprovechar económicamente en los términos previstos por el inciso
final del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, y atendiendo a una vieja jurisprudencia del
Consejo de Estado, las restricciones que del POT debieron ameritar la notificación de
las mismas a la administrada en mención, notificación ante la cual la parte demandante
pudo haber manifestado que independientemente de la legalidad del POT este no le
era oponible en la medida en que contaba con una licencia de construcción. Tal
notificación no se hizo y por ende las limitaciones como tales no le serían oponibles
antes de asegurarle a la misma el derecho de contradicción y defensa.

29.21. Afirmó que la demanda no se formula con fundamento en la expedición y
publicación de los POTs, ni con fundamento en la ausencia de una notificación en
cuyos términos se le informe a la parte demandante de las limitaciones a los que el
POT somete su predio, sino en el hecho de que la administración pública omitió, pese a
lo previsto en el inciso final del artículo 37 de la Ley 9 de 1989 iniciar el procedimiento
al cual se refiere dicha ley, es decir, en que la administración pública incurrió en una
omisión.

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29

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29.22. Señaló que en los términos de los artículos 10 y 13 de la Ley 9, que se refiere a
la constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente, no se
establece plazo alguno para emitir la declaratoria de utilidad pública, para registrar la
declaratoria de utilidad pública, ni para formular la oferta de compra, siendo el único
plazo establecido de manera perentoria el previsto en el artículo 21 de dicha ley. Así, al
momento de presentarse la demanda la administración se encontraba en el estado de
omisión total respecto del cumplimiento de unas obligaciones para las cuales no se le
había establecido fecha de cumplimiento, o mejor para el agotamiento de etapas
procedimentales que no están sometidas a fecha alguna.

29.23. Manifestó que tampoco se prevé plazo alguno para iniciar el procedimiento de
enajenación voluntaria en el artículo 61 de la ley 388 de 1997, pese a que el literal j del
artículo 58 de dicha Ley ratifique lo manifestado por la Ley 9.

29.24. Consideró que en el derecho de petición que la parte demandante dirigió a
Planeación Municipal se le señala a dicho órgano que de no accederse a declarar
vigente la licencia de la Urbanización La Lomita se inicie, con los procedimientos
establecidos en las leyes antes dichas y la entidad basada en no sé qué tipo de
ordenamiento, manifiesta que la Ley 9 solo es aplicable a la construcción de obras
públicas y que en ningún caso habría lugar a pagar indemnización alguna a la parte
demandante, ni a iniciar los procedimientos a los cuales se refieren las leyes
mencionadas. En ese momento se estructuró la omisión y por ende la acción de
reparación directa no caducó ni ha caducado, incurriendo el a quo en un error de
derecho al hacer pender dicha acción del momento en el cual se dicta una norma
jurídica.

29.25. Por último, solicitó que en el caso de no accederse a la pretensión principal se
proceda a acceder a la subsidiaria y se proceda a dictar una condena en abstracto.

Actuaciones en segunda instancia

30. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de enero de 201848, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida

48
Cfr. Folio 4 del cuaderno de segunda instancia

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30

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el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sistema
Escrito.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

31. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
sustanciador, mediante auto proferido el 6 de junio de 2018, corrió traslado 49 a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera el concepto.

32. La parte demandante reiteró las consideraciones expuestas en la demanda.

33. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

Concepto del Ministerio Público

34. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

35. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) el oficio acusado; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco
normativo de los actos administrativos susceptibles de control en la jurisdicción
contenciosa administrativa vigente cuando se expidió el oficio acusado; y v) el análisis
del caso concreto.

Competencia de la Sala

36. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo 50 , sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos

49
Cfr. Folio 7 ibidem
50
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
[…]”.

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31

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del artículo 308 51 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 52 , sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

37. Agotados los procedimientos inherentes a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar
lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

38. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 14
de septiembre de 2017, mediante la cual el Tribunal declaró probada la excepción de
inexistencia del acto administrativo susceptible de control de legalidad y de caducidad,
y en consecuencia, se inhibió para proferir un pronunciamiento de fondo, teniendo en
cuenta que de conformidad con los artículos 320 53 y 32854 de la Ley 156455, norma
aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código
Contencioso Administrativo56, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a
los cuales se contrae dicho recurso, puesto que el mismo, en el caso del apelante
único, define el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

51
[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a
regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior […]”
52
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”
53
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el
recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
54
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando
ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones […]”
55
Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine,
teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue interpuesto el 8 de septiembre de 2017
56
“[…] Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de
los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo
[…]”

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Oficio acusado

39. El oficio acusado es el siguiente:

40. Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que
se hagan al analizar los argumentos del recurso de apelación.

40.1. Oficio núm. 200900462319 R/200900506167 de 4 de diciembre de 200957,
mediante la cual, la Profesional Universitaria y el Líder del Programa Jurídico del
Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín contestaron una
petición. En el oficio se indicó:

“[…]

Doctor
CAROLOS IVÁN FERNÁNDEZ H.
Carrera 25 9 A Sur-176
Edificio El Galeón, 6° Piso
Teléfono 317 01 68
Medellín

ASUNTO: Petición de declaratoria de vigencia de licencia de urbanismo

Respetado Doctor:

En atención al asunto de la referencia, respondemos a los interrogantes formulados en su
petición, en los siguientes términos:

1. Es pertinente advertir, el Decreto Municipal 451 de 1982, fue objeto de varias
modificaciones, entre ellas, se destaca el Decreto 037 de 1984, el cual en su artículo
73 disponía: “De las vías obligadas, la aprobación de la urbanización, el
alineamiento, y la licencia provisional de construcción. Las vías obligadas, la
aprobación de la urbanización, el alineamiento y la licencia provisional de
construcción tendrán validez por el término de dos (2) años, contados a partir de su
otorgamiento o aprobación, vencidos los cuales deberá renovarse el procedimiento
correspondiente”.

De conformidad con la citada norma, en concordancia con el numeral 5 del artículo 66
del Código Contencioso Administrativo, normas vigentes al momento de otorgarse la
aprobación definitiva de la urbanización La Loma, se infiere claramente que la licencia
de urbanización otorgada mediante el oficio 22041-011125 de febrero 25 de 1988
venció el 25 de febrero de 1990.

2. Para la época en la cual se expidió el Acuerdo 038 de julio 3 de 1990, publicado en la
gaceta oficial, la aprobación contenida en el citado oficio 22041-011125 de febrero 25
de 1988, ya estaba vencida adicionalmente durante la vigencia del citado oficio sobre
el predio objeto de la probación, no se ejecutaron las correspondientes obras de
urbanismo.

57
Cfr. Folios 182 a 184

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3. Es pertinente señalar que, en materia de transición normativa, el Acuerdo 038 de
1990, dispuso en el artículo 495: “Quedan sujetos a los trámites de urbanización que
determina este Estatuto, todos los lotes de área superior a dos mil metros cuadrados
(2.000 m2) que provengan del simple fraccionamiento de terrenos de mayor extensión
que no hicieron en su oportunidad el trámite completo de urbanización (cesiones,
áreas verdes, y/o recreativas públicas, servicios colectivos, áreas libres comunes,
vías, parqueaderos, retiros, índices de construcción y ocupación aplicables a las
urbanizaciones según tipología, etc.).

Para el otorgamiento de las respectivas licencias de construcción, los propietarios de
lotes con área igual o mayor de 2000 m2 deberán demostrar ante el Departamento
Administrativo de Planeación, que ellos forman parte de una urbanización por
sectores o por loteo, formalmente aprobada como tal y ejecutada totalmente en las
obras de urbanismo comprometidas en la aprobación. En caso contrario, deberán
cumplir con los trámites ordinarios de urbanización y para todos los efectos del
presente Estatuto, el área neta del lote será la mita (50%) del área bruta”.

Como se advierte en el numeral (2) (sic), las obras de urbanismo derivadas de la
aprobación contenida en el oficio 22041-011125 de febrero 25 de 1988,
(especialmente la relacionada con la obligación de ceder para la vía de Los Balsos un
área de 59.00 metros cuadrados); no se había cumplido, y aún continúa sin cumplirse.
Por lo tanto, al tenor del citado artículo, el trámite de urbanización quedaba sujeto a
las disposiciones del nuevo Estatuto (Acuerdo 038 de 1990). Trámite que la
urbanización La Lomita nunca adelantó.

4. El Decreto 992 de 1996, fue derogado por el Decreto 1052 de 1998, el cual a su vez
fue derogado por el Decreto 1600 de 2006, siendo éste último también derogado por
el Decreto Nacional 564 de 2006.

5. De conformidad con la competencia restrictiva consagrada en el artículo 121 de la
Constitución Nacional y en coherencia con la competencia funcional que al Director
de Planeación le confiere el artículo 59 del Decreto Ley 2150 de 1995, para resolver
los recursos de apelación frente a las decisiones del Curador Urbano que conceden o
niegan la solicitud de licencia, este despacho sólo puede revocar los actos
administrativos del Curador en virtud del recurso de apelación.

6. De conformidad con el artículo 102 de la Ley 388 de 1997 (Artículo reiterado en el
artículo 37 del Decreto 1052 de 1998), la facultad interpretativa sólo aplica en “Los
casos de ausencia de normas exactamente aplicables a una situación o de
contradicciones en la normativa urbanística”. Facultad que para el caso objeto de su
petición no aplica, pues como se ha venido sosteniendo, la licencia otorgada a la
urbanización La Lomita se encuentra vencida, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 73 del Decreto Municipal 037 de 1984.

7. Al momento de la vigencia del Acuerdo 062 de 1999 (Publicado el 30 [de] diciembre
en la Gaceta Municipal 1158), la aprobación otorgada mediante el oficio 22041-
011125 de febrero 25 de 1988, ya estaba vencida.

8. De conformidad con el numeral 3 del artículo 13 y el numeral 3 del artículo 14 de la
Ley 388 de 1997, es obligación de los planes de ordenamiento, identificar los suelos
de protección que se localizan tanto en el suelo urbano como rural del respectivo
municipio. Para esa identificación la ley no estableció formalidades relativas a la
obtención del consentimiento de los propietarios de predios reconocidos como suelos
de protección.

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En cumplimiento de la precitada Ley, el Acuerdo Municipal 046 de 2006 (Por el cual
se revisa o ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín), dispone en el
artículo 115 Del suelo de protección: “Constituido por las zonas y terrenos
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad
pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”.

A su vez, el artículo 116 define las siguientes categorías de suelo de protección:
Áreas de aptitud forestal, Áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales
de corrientes de agua, Retiros a corrientes naturales de agua, Zonas de alto riesgo no
recuperable, Áreas de reserva para la ubicación de servicios públicos, Reservas de la
Sociedad Civil.

Por su parte el artículo 117 define las áreas de aptitud forestal, “la zona de propiedad
pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales protectoras, protectoras –
productoras, de acuerdo con las características y propiedades del suelo y su
ubicación en el Municipio.

Las áreas de aptitud forestal tienen una importancia trascendental en la conservación
y preservación de especies, hábitat y ecosistemas, forman parte de los elementos
estructurantes de carácter físico y determinan la utilización del suelo a la siembra de
especies forestales.

PARÁGRAFO. Las disposiciones sobre el uso forestal con sus variables, contenidas
en este Acuerdo rigen de manera transitoria, hasta tanto Corantioquia las reglamente
en el respectivo Plan General de Ordenación Forestal”. Lo resaltado fuera de texto.

Los suelos de protección se encuentran identificados en la planimetría con la cual se
protocolizó el citado Acuerdo.

Es importante advertir, la categorización de suelo de protección que en el POT se
asigna a algunos predios como el del caso objeto de su consulta está dada en virtud
de las particulares condiciones geológicas y geotécnicas que presenta el predio, de
tal suerte que, el predio es suelo de protección no por la norma que lo declara o
reconoce como tal, sino por las condiciones inherentes al mismo, de ahí que se afirme
sin equívocos que las normas del POT, en materia de aptitud geológica son
declarativas y no constitutivas.

9. En materia de estímulos tributarios relacionados con suelos de protección, el artículo
116 del Acuerdo 046 de 2006, en su parágrafo 3 dispone, “Los propietarios de los
inmuebles clasificados como suelo de protección a los que se refiere el Acuerdo 57 de
2003 Estatuto Tributario Municipal, tendrán derecho a los beneficios allí establecidos”.

10. Los predios catalogados como áreas de aptitud forestal, son aprovechables con los
usos definidos en los artículos 397 y siguientes del Acuerdo 046 de 2006. En relación
con el lote La Lomita, este se localiza parte en suelo rural (la cual sólo es
aprovechable o desarrollable con los usos definidos en los artículos 397 y siguientes
del Acuerdo 046 de 2006) y parte del suelo urbano (catalogado como residencial tipo,
donde el uso residencial es principal y adicionalmente, se pueden desarrollar otros
usos complementarios al principal). Dada la localización de este lote ambas partes
permiten desarrollos, sólo que en el área rural no podrá desarrollar proyectos
inmobiliarios.

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11. La facultad constitucional de los Concejos de regular los usos del suelo, por virtud de
la ley 388 de 1997, fue elevada a la categoría de función pública. En esa medida el
artículo 8 de dicha ley, establece: “La función pública del ordenamiento del territorio
local se ejerce mediante la acción urbanística. Son acciones urbanísticas: “Establecer
la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y
residenciales, y definir los usos específicos, intensidades del uso, las cesiones
obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y
demás normas urbanísticas”. Esa zonificación como en el caso de los suelos de
protección y más específicamente los suelos identificados como de aptitud forestal, no
implica que el predio sea inutilizable y tampoco eso conlleva a una declaratoria
pública. Como se dejó expresado, son las condiciones geológicas y geotécnicas que
hacen del predio un suelo de protección y no el señalamiento como tal de la norma
urbanística. Igualmente se ha expresado que a la luz de lo dispuesto en parágrafo 3
del artículo 116 del Acuerdo 046 de 2006, los propietarios de los suelos de protección,
tienen derecho a solicitar y gozar de los estímulos tributarios previstos en el estatuto
tributario municipal.

12. Es importante señalar, la diferencia que existe entre la figura denominada “Afectación
por obra pública”, consagrada en el artículo 37 de la Ley 09 de 1989 y la aptitud
geológica de los suelos de protección que por virtud de la Ley 388 de 1997(numeral 3
del artículo 13 y numeral 3 del artículo 14), deben señalarse tanto en texto como
planos de los Planes de Ordenamiento Territorial.

En la afectación del artículo 37, la restricción para desarrollar el predio surge de un
motivo de utilidad pública (en otras palabras, la restricción de la necesidad que se
tiene de utilizar el predio en la construcción de una obra pública), evento en el cual se
debe cumplir con el trámite formal que contempla la citada disposición, entre ella la de
inscribir la afectación en el folio que identifica el respectivo inmueble.

Tratándose de la aptitud geológica, la restricción para desarrollar el predio, surge de
las condiciones naturales de orden geológico y geotécnico del terreno, en cuyo caso
ni la Ley 09 de 1989, ni la Ley 388 de 1997, establece que debe agotarse el
procedimiento que contempla en el artículo 37 de la Ley 09 de 1989.

Es claro que el lote La Lomita objeto de consulta, no presenta afectación por obra
pública, y si bien en la parte del predio que se localiza en suelo rural, los usos que
pueden desarrollar son limitados, no quiere decir que esta parte sea inutilizable,
máxime que en la parte ubicada en suelo urbano, no presenta restricciones,
especialmente en lo relacionado con el uso residencial. Es evidente en la respuesta
dada por el Curador Urbano en el oficio de febrero 20 de 2009, que el predio puede
desarrollase cumpliendo con los lineamientos contemplados en el mismo.

13. Por último, frente a la relación de las licencias a que hace referencia, y a las prórrogas
de las mismas, le informo que estas se otorgaron en vigencia del Acuerdo 038 de
1990 (en el cual el sector donde se localiza el lote La Lomita, se identificaba como
área peri-urbana), y con sujeción a la transición normativa prevista en el artículo 25
del Decreto Nacional 1052 de 1998.

Por ende, resulta improcedente que el Departamento Administrativo de Planeación
haga la referida declaratoria de subsistencia de la licencia de urbanismo invocada por
usted en pretermisión de la instancia que corresponde a los Curadores Urbanos y sin
que medie recurso de apelación contra la decisión que adopte alguno de ellos en
relación con [l]a solicitud de licencia urbanística […]” 58.

58
Cfr. Folios 168 a 170

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Problemas jurídicos

41. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante: i) si el oficio núm. 200900462319
R/200900506167 de 4 de diciembre de 2009 es un acto administrativo que definió una
situación jurídica de carácter particular y concreta y es susceptible de control en la
jurisdicción contenciosa administrativa; ii) si es procedente la acumulación de
pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con la acción de
reparación directa.

42. En ese orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a revocar la sentencia
proferida, en primera instancia.

Marco normativo de los actos administrativos susceptibles de control en la
jurisdicción contenciosa administrativa vigente cuando se expidió el oficio
acusado

43. Visto el último inciso del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo dispone
que son “[…] actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a
una actuación cuando hagan imposible continuarla […]”.

44. Visto el artículo 135 ibidem establece que la “[…] demanda para que se declare la
nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se
restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante
acto expreso o presunto por silencio negativo […]”.

45. Visto el artículo 138 ibidem prevé que cuando se demande la nulidad del acto
administrativo, la parte demandante debe individualizarlo con toda precisión y si este
fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberá demandarse las
decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede
demandar la última decisión.

46. De conformidad con lo expuesto, los actos administrativos susceptibles de
control judicial son aquellos que ponen término al proceso administrativo o que impiden

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continuarlo y deben contener una manifestación de la voluntad de la administración que
cree, modifique o extinga una situación jurídica o un derecho.

Acervo probatorio

47. La Sala procede a realizar la numeración de las pruebas relevantes para
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

48. Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes pruebas:

Documentales

48.1. Copia auténtica de la Escritura Pública núm. 2337 de 27 de noviembre de 1975
de la Notaría Séptima del Círculo de Medellín, por medio de la cual se protocolizó la
división del bien inmueble La Lomita en seis (6) lotes59.

48.2. Copia de la Escritura Pública núm. 1850 de 8 de septiembre de 1977 de la
Notaría Séptima del Círculo de Medellín, por medio de la cual se protocolizó el contrato
de compraventa del lote núm.54.° segregado de la finca La Lomita60.

48.3. Copia de la petición que presentaron Silvia Molina Ospina, Ana María Gómez,
Amparo Ramírez Cuartas, Bernardo Valderrama López y Pablo Peláez González, el 2
de noviembre de 1978, a la Junta de Planeación Municipal para obtener la aprobación
de la urbanización de hecho La Lomita 61.

48.4. Copia del oficio núm. Reg. 11774 de 22 de febrero de 1979 del Departamento
Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, mediante el cual se concedió un
visto bueno provisional de vías y lotes62.

48.5. Copia del oficio núm. Reg. 13621 de 29 de octubre de 1987 del Departamento
Administrativo de Planeación Metropolitana, mediante el cual se informó que en la finca
La Lomita U puede desarrollarse una urbanización tipo R-S63.

59
Cfr. Folios 112 a 115
60
Cfr. Folios 116 a 117
61
Cfr. Folios 130 a 132
62
Cfr. Folios 148 a 149
63
Cfr. Folio 150

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48.6. Copia del oficio núm. 22041 01115 de 25 de febrero de 1988 de Planeación
Metropolitana, mediante el cual se aprobó la urbanización la Lomita U 64.

48.7. Copia auténtica de la Escritura Pública núm. 1765 de 29 de junio de 1995 de la
Notaría Veinticinco Encargada del Círculo Notarial de Medellín, por medio de la cual, se
protocolizó el contrato de compraventa de una “faja” de terreno segregada del lote núm.
2.°, que celebraron Jorge Enrique Vélez Restrepo, en calidad de vendedor, y el Instituto
Metropolitano de Valorización de Medellín, en calidad de comprador 65.

48.8. Certificados de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria núm. 001-112151,
001-472713, 001-472714, 001-472715. 001-660409 y 001-112150 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur66.

48.9. Copia del oficio núm. M-15881/01 del Departamento de Usos y Normas y la
Subsecretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín,
mediante el cual se emitió un concepto sobre el uso del suelo en el lote núm. 6 de la
Urbanización La Lomita67.

48.10. Copia auténtica del oficio núm. CEC2-0078-09 de 27 de enero de 2010 de la
Curaduría Urbana Segunda de Medellín, mediante el cual se le informa a la parte
demandante sobre las normas urbanísticas aplicables al predio ubicado en la Vereda
Las Palmas del Corregimiento Santa Elena68.

48.11. Copia de la petición que presentó la parte demandante a la parte demandada el
6 de noviembre de 200969.

48.12. Copia del recurso de reposición y, en subsidio, de apelación presentado el 15 de
diciembre de 2009 contra el oficio acusado70.

48.13. Oficio núm. 200900517312 R/200900531541 de 28 de diciembre de 2009
expedido por la parte demandada, mediante el cual informó que no tiene competencia
para resolver los recursos interpuestos contra el oficio acusado71.

64
Cfr. Folio 153 a 154
65
Cfr. Folios 155 a 157
66
Cfr. Folios 131 a 144
67
Cfr. Folios 159 a 159
68
Cfr. Folios 160 a 162
69
Cfr. Folios 163 a 181
70
Cfr. Folios 185 a 208
71
Cfr. Folio 205

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48.14. Oficio núm. 201000019596 R/201000027141 de 27 de enero de 2010 expedido
por la parte demandada, mediante el cual respondió una petición y entregó unos
documentos72.

48.15. Copia de la sentencia de tutela proferida el 27 de abril de 2010, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se ampararon los derechos
fundamentales al debido proceso y a la petición de la señora Elena María Peláez
Posada73.

48.16. Copia auténtica de la notificación del oficio núm. 20090053154174 de 7 de mayo
de 2010 en condición de apoderado de la señora Elena María Peláez Posada.

48.17. Avalúo comercial del bien inmueble La Lomita U75.

Prueba testimonial

48.18. Testimonio de la señora María Silvia Baena76.

48.19. La testigo manifestó que tenía un vínculo laboral con la parte demandada y
relató el trámite de la petición que presentó la parte demandante; asimismo, explicó los
fundamentos del oficio acusado y las normas que regulan el uso del suelo y la
expedición de licencias.

49. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos por la parte
demandante en el recurso de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos
indicados supra.

Argumentos de apelación: Error de derecho al manifestar que un administrado no
puede dirigirse ante el autor de un acto administrativo para que dicho autor se
pronuncie acerca de la vigencia del mismo” y error de derecho respecto de la
afirmación según el cual el oficio acusado no es un acto administrativo

72
Cfr. Folio 209
73
Cfr. Folio 211 a 220
74
Cfr. Folio 207
75
Cfr. Folios 222 a 260
76
Cfr. Folios 550 a 557

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50. El Tribunal, en la sentencia impugnada, consideró que el oficio acusado no
constituye un acto administrativo susceptible de control, con fundamento en lo
siguiente:

“[…] [L]a Sala considera que el oficio aquí demandado, no se puede catalogar como acto
administrativo, en tanto no crea, modifica o extingue ninguna situación concreta ni
particular, no genera obligaciones, ni otorga derecho, simplemente cumple con dar una
respuesta a las consultas elevadas por la demandante.

Esto en razón a que según lo consagrado en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1469 de
2010, los únicos competentes para resolver las solicitudes de licencias urbanísticas son
los Curadores Urbanos, por lo tanto si el Departamento Administrativo de Planeación se
hubiere pronunciado de fondo sobre la petición de vigencia de la licencia de urbanismo,
estaría extralimitando sus funciones, ya que ello está fuera de su competencia, en
primera instancia.

Por lo anterior, si los demandantes sabían que el predio de su propiedad contaba con
licencia urbanística vigente y que en el mismo se podía desarrollar un proyecto
constructivo acorde con disposiciones que hoy no se encuentran vigentes, tenía la
posibilidad de solicitar la licencia de construcción ante la autoridad competente -
Curaduría Urbana-, y en caso de no coincidir con lo decidido por esta entidad, podían
interponer los recursos permitidos, que son el de reposición ante el curador y el de
apelación ante el Director del Departamento Administrativo de Planeación, y agotada la
vía gubernativa y persistiendo la inconformidad recurrir a la Jurisdicción Contenciosa, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual según se
lee en los alegatos de conclusión allegados por la parte demandante se hizo, no obstante
no se aportaron los actos que así lo acrediten […].

En consecuencia la decisión que se debía recurrir, era la proferida por el Curador Urbano,
en la cual según los propios dichos del apoderado de los demandantes si le estaba
negando o por lo menos limitando un derecho a las partes de construir en el predio de su
propiedad, que según ellos consideraban que contaba con licencia de urbanismo vigente,
aportando el oficio N° 22041-11125, o en su lugar requerir a Planeación Municipal para
que allegara copia del mismo al ser la entidad que lo expidió, ya que es de advertirse que
la vigencia de un acto no es un fenómeno que se declara, sino que es consecuencia de
elementos objetivos que permiten afirmarla […]”77.

51. La parte demandante sostuvo en el recurso de apelación, en síntesis, que el
Tribunal incurrió en un error de derecho porque la parte demandada era competente
para resolver sobre la vigencia de la aprobación de la urbanización teniendo en cuenta
que expidió este acto administrativo y que es el superior jerárquico de los curadores
urbanos, de conformidad con los artículos 14 del Código Civil y 3° del Decreto 1469 de
2010, así como los parágrafos 5.° del artículo 6.° y 4.° del artículo 7.° ibidem.

52. La Sala precisa que la controversia sobre la competencia para expedir un acto
administrativo que establezca la vigencia de la “licencia de urbanismo” o de la
aprobación de la urbanización está relacionada con la legalidad de este y no con el

77
Cfr. Folios 631 a 632

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presupuesto para proferir sentencia de mérito -acto administrativo demandable-
porque, de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el artículo 85 ibidem, la administración incurre en causal de nulidad
“[…] cuando [los actos administrativos] hayan sido expedidos por funcionarios u
organismos incompetentes […]”.

53. En consecuencia, la competencia de la autoridad que expidió un
pronunciamiento no es un elemento que determina si este es un acto
administrativo; para ello, es necesario estudiar, en el caso concreto, si este puso fin a
la actuación y si contiene una decisión que crea, modifica o extingue una situación
jurídica o un derecho.

54. En este contexto, los argumentos expuestos por la parte demandante, sobre la
aplicación de los artículos 14 del Código Civil y 3° del Decreto 1469 de 2010, así como
los parágrafos 5.° del artículo 6.° y 4.° del artículo 7.° ibidem, se relacionan con la
legalidad del oficio acusado porque, a su juicio, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal tenía la función de determinar si estaba vigente la “licencia de
urbanismo” o la aprobación de la urbanización otorgada en 1988 -competencia-; en
efecto, lo anterior no está dirigido a determinar si el oficio acusado constituye un acto
administrativo que crea, modifica o extingue una situación jurídica.

55. Lo mismo sucede respecto de los cargos contra el oficio acusado, según los
cuales, la “licencia de urbanización” o la aprobación de la urbanización expedida en
1988 se encentra vigente.

56. Por lo tanto, esos argumentos y cargos deben estudiarse únicamente en el
evento en que se encuentre que el oficio acusado es susceptible de control judicial, por
medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

57. Atendiendo lo anterior, la Sala estudiará, a continuación, si el oficio acusado
constituye un acto administrativo.

Características del oficio acusado

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58. En el caso sub examine, la parte demandante manifestó en el recurso de
apelación que el a quo confundió el derecho de petición previsto en el artículo 9.° del
Código Contencioso Administrativo con la consulta establecida en el artículo 25 ibidem.

59. El artículo 9.° ibidem dispone que toda persona podrá formular peticiones de
interés particular, a las cuales se aplicarán las normas previstas para las peticiones de
interés general.

60. El artículo 25 ibidem establece que el derecho de petición incluye el de formular
consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo.
Las respuestas en estos casos no comprometen la responsabilidad de las entidades
que las atienden ni serán de obligatorio cumplimiento.

61. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
han considerado que las respuestas a las consultas, por regla general, no constituyen
actos administrativos, en tanto no son vinculantes y, en esta medida, no crean,
modifican o extinguen una situación jurídica o un derecho. Por lo tanto, los conceptos
tienen una connotación de consejo, opinión o dictamen de la administración que no es
fuente de obligaciones ni resuelven el punto objeto del litigio.

62. Sobre el particular, esta Sección, mediante auto de 23 de agosto de 2012,
precisó lo siguiente:

“[…] De la lectura del anterior concepto se desprende que, tal y como lo señaló la
Magistrada Sustanciadora en la decisión impugnada, allí se da cuenta de una mera
respuesta a un derecho de petición en atención a lo previsto en el artículo 25 del C.C.A.,
y en ella además no se está creando ninguna situación jurídica nueva, razón ésta por la
que no es susceptible de control jurisdiccional al no constituir un acto administrativo.

En ese mismo sentido se pronunció la Sección Primera en providencia del 22 de abril de
2010 dentro del proceso identificado con el número 2007-00050 con ponencia del
Magistrado Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta:

“1.3. […]

Síguese de ello que dicho concepto no constituye acto administrativo, y menos de
carácter normativo que lo haga susceptible de la presente acción de nulidad, pues
mediante el mismo no se establece ninguna disposición o regla que produzca efectos
jurídicos, de allí que no es oponible ni vincula a los particulares como tampoco a
autoridad alguna.

Como todo concepto jurídico no obligatorio jurídicamente, se trata de una
opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de
conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de que trata, que sirve

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como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso,
para la consultante, sobre las cuestiones planteadas por ella.

De allí que las autoridades a quienes les corresponda aplicar las normas objeto
de dicho concepto, no están sometidas a lo que en él se concluye o se opina, de
modo que pueden o no acogerlo, sin que el apartarse del mismo genere
consecuencia alguna en su contra, aspecto éste en que justamente se diferencia
la circular de servicio con el simple concepto jurídico a que da lugar el artículo
25 del C.C.A., pues la circular de servicio obliga a sus destinatarios, so pena de
incurrir en falta disciplinaria o administrativa. La circular de servicio es norma
superior de los actos y conductas de sus destinatarios en el ejercicio de sus
funciones relacionadas con los asuntos de que ella trata, mientras que el
referido concepto jurídico no tiene ese carácter de ninguno modo para persona
alguna.

Si esa opinión, juicio o apreciación dada en un concepto jurídico, es o no acertada
jurídicamente, no es algo que sea susceptible de examinar por esta Jurisdicción de
manera separada y directa. Lo que esta Jurisdicción puede examinar y controlar en
cuanto a su legalidad, son las decisiones o actos que definan situaciones jurídicas,
generales o particulares, que se llegaren a dar tomando como fundamento un
concepto jurídico de esa naturaleza, en tanto elemento o criterio de interpretación de
las normas aplicadas al caso” […]”78 (Resaltado fuera de texto).

63. No obstante lo anterior, cuando el concepto contiene una decisión de la
administración que debe cumplirse y es vinculante, esta es susceptible de control en la
jurisdicción contenciosa administrativa. En efecto, la Corte Constitucional precisó que
“[…] cuando el concepto tiene un carácter autorregulador de la actividad administrativa
y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio
de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja. En tal virtud,
deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo […]”79.

64. En este orden de ideas, la Sala, con el objeto de resolver el problema jurídico
que planteó la parte demandante, analizará el caso concreto para determinar si el oficio
núm. 200900462319 R/200900506167 de 4 de diciembre de 2009 contiene una
decisión de la administración obligatoria, susceptible de control en la jurisdicción
contenciosa administrativa.

65. De acuerdo con las pruebas, los propietarios del bien inmueble La Lomita
dividieron este predio en seis (6) lotes y protocolizaron esta división mediante la
Escritura Pública núm. 2337 de 27 de noviembre de 1975, que dispuso en la cláusula
tercera lo siguiente:

78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Marco
Antonio Velilla Moreno; auto de 23 de agosto de 2012; núm. único de radicación: 11001 0324 000
2012 00219 00
79
Corte Constitucional, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, sentencia C-487 de 26 de septiembre
de 1996.

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“[…] TERCERO: Que de conformidad con el mismo plano dividieron la citada finca “LA
LOMITA” en seis (6) fajas o lotes de terreno, totalmente independientes, y con el fin de
que a cada una de ellas se les habra (sic) la matrícula inmobiliaria correspondiente
vienen a elevar como a efecto elevan a escritura pública dicho reloteo para lo cual
describen todos y cada uno de los seis lotes marcados en el plano con los números uno,
dos, tres cuatro, cinco y seis […]”80.

66. En consecuencia, se abrió una matrícula inmobiliaria para cada uno de los lotes
segregados de la Finca La Lomita.

67. Los propietarios presentaron a la Junta de Planeación Municipal, el 2 de
noviembre de 1978, una petición para que esta aprobara la urbanización de hecho “La
Lomita”, en los siguientes términos:

“[…] Nosotros, SILVIA MOLINA OSPINA, ANA MARÍA GÓMEZ DE TAMAYO, AMPARO
RAMÍREZ CUARTAS, BERNARDO VLDERRAMA LÓPEZ y PABLO PELÁEZ
GONZÁLEZ, mayores de edad, […], por el presente nos permitimos solicitarles la
aprobación de la Urbanización de Hecho conocida con el nombre de La Lomita, ubicada
en la Fracción de El Poblado, sobre la carretera que conduce a El Tesoro,
aproximadamente 100 metros antes del sitio denominado la Y en la intersección con la
Loma de los Balsos, cuyo levantamiento topográfico, con sus respectivos amarres,
adjuntamos a este escrito. Esta petición la fundamentamos en los siguientes hechos:

1) La Urbanización se configuró de hecho con base en las declaraciones y reloteo
[…], por medio de la Escritura Pública N° 2.337 que se otorgó el 27 de noviembre de
1975 ante la Notaría 7ª del Círculo de Medellín, registrada el 24 de febrero de 1976, bajo
el N° de matrícula 001-012187/121288/121289/121290/112151/112150, sobre lote de
terreno conocido con el nombre La Lomita […].

[…]

3) Quienes somos propietarios de los lotes descritos, los adquirimos con el propósito de
construir nuestras respectivas casas de habitación, teniendo en cuenta su ubicación, la
circunstancia de estar urbanizadas, las características del reloteo, el hecho de disponer
de aguas propias por escritura pública, la proximidad del servicio de energía y, en
general, la infraestructura vial, pormenores que naturalmente se tuvieron en cuenta en el
precio de adquisición.

Ahora, cuando hacemos gestiones para construir, nos hemos enterado que los diferentes
lotes no cumplen con las normas sobre áreas mínimas, como tampoco lo cumple la
carretera de circulación interna, problemas éstos de imposible solución, dadas las
características de la Urbanización de Hecho, la topografía del terreno y la configuración
del reloteo […].

[…]

Con fundamento en las consideraciones expuestas, con todo respeto les solicitamos que
para la Urbanización de Hecho la Lomita se haga una revisión de las normas en lo que a
áreas mínimas, retiros y vías internas se refiere, con el fin de poder construir nuestras

80
Cfr. Folio 114 vto.

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propias casas de habitación y evitar mayores perjuicios económicos de los que ya
sufrimos […]”81.

68. El Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, mediante el
oficio núm. 11774 de 22 de febrero de 197982, concedió un visto bueno provisional de
vías y loteo y aceptó las áreas de los lotes, según las escrituras públicas; sin embargo,
sometió la aprobación definitiva al cumplimiento de ciertos requisitos.

69. Planeación Metropolitana del Municipio de Medellín, mediante el oficio núm.
22041 01115 de 29 de febrero de 1988, aprobó la Urbanización La Lomita U, así:

“[…]

Señor
LUIS BERNARDO VALDERRAMA S. REG:0100
Ciudad

Ref: Aprobación urbanización La Lomita U en trámite 198 pasa aprobada 8803.

En atención a su solicitud, una vez revisados los planos presentados se aprueba la
urbanización de la referencia que cumple con las normas para urbanización tipo R-S.

El cuadro de áreas que se aprueba es el siguiente:

Área bruta del lote 23.562,16 M2
Área vía privada 2.208,25 M2
Área vía a ceder (L. Los Balsos) 594.00 M2
Área neta lote 22.968,16 M2
N° de lotes 6

Deberá corregir el área de los lotes 1 y 2, descontando el área a ceder para la vía los
balsos.

Se admite que la vía interna sea privada teniendo en cuenta que esta vía no tiene
continuidad.

Con esta aprobación, deberá tramitar el sistema para aguas servidas según las normas
de Metrosalud. Esta dependencia dispondrá así mismo las características del servicio de
acueducto y las mercedes de agua serán las establecidas por el Inderena.

Deben proceder a efectuar las obras correspondientes y posteriormente solicitar el recibo
de la urbanización anexando la documentación correspondiente […]” 83.

70. La parte demandante presentó una petición dirigida a la parte demandada, el 6
de noviembre de 2009 84 ; en ese documento, manifestó que la “licencia de
urbanización” de La Lomita está vigente y que el Plan de Ordenamiento Territorial no

81
Cfr. Folios 130 a 132
82
Cfr. Folios 148 a 149
83
Cfr. Folio 138
84
Cfr. Folios 149 a 167

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es oponible a la parte demandante en relación con la zona de reserva forestal, por
cuanto la administración no ha realizado las notificaciones correspondientes; asimismo,
destacó que en el sector existen varias urbanizaciones. En síntesis, formuló la petición
en los siguientes términos:

“[…] De hecho al responder el presente derecho de petición, solicitamos se nos informe
qué área de la famosa reserva forestal se encuentra ocupada por conjuntos
habitacionales, urbanizaciones y edificios al momento de realizar la presente petición.

Dicha petición se hace independientemente de la respuesta que pueda dársele a la
petición única con la que concluye el presente escrito.

Así las cosas la pregunta es, ¿por qué razón se hace recaer en unos administrados
específicos el peso de una norma que ha dejado de tener vigencia fáctica?

[…]

CONCLUSIÓN:

Por todos los argumentos expuestos no existe ninguna razón jurídica para desconocer un
acto del cual se derivan derechos adquiridos y cuya vigencia no está sometida de
acuerdo con el régimen a cuyo amparo se dictó, a plazo alguno.

Se concluye igualmente que mis mandantes han venido sufriendo un perjuicio carente de
fundamento jurídico desde el año 1999, puesto que el Municipio de Medellín, desconoce
los efectos que sobre los inmuebles pueden tener gravámenes de utilidad pública.

Más aún, y como si lo anterior fuera poco, no existen hoy en día razones de hecho para
pretender imponer un gravamen cuya oponibilidad es cuestionable cuando los
fundamentos de hecho que sirvieron para la imposición de dicho gravamen han dejado de
tener vigencia.

Sin duda alguna los propietarios de la urbanización La Lomita y concretamente mis
mandantes, se encuentran en una situación de inferioridad, y de desconocimiento de los
derechos que le son propios.

PETICIÓN:

Independiente de la respuesta a la petición formulada se solicita: Que se declare que la
licencia de urbanismo otorgada a la Urbanización La Lomita está completamente
vigente […]”85 (Destacado del texto).

71. De conformidad con lo anterior, la parte demandante no formuló una consulta a
la parte demandada, sino que le solicitó que expidiera una decisión de fondo sobre la
vigencia de la “licencia de urbanismo” o la aprobación de la urbanización que le otorgó
respecto de la Urbanización La Lomita en 1988. Sin embargo, ello no es suficiente para
concluir que el oficio núm. 200900462319 R/200900506167 de 4 de diciembre de 2009
es un acto administrativo, toda vez que resulta necesario estudiar su contenido y
alcance; en efecto, esta Sección ha precisado que la respuesta a una petición “[…] no
85
Cfr. Folios 166 a 167

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siempre constituye un acto administrativo, lo que impone al operador jurídico, en
cada asunto específico, analizar su contenido, con el fin de determinar si
obedece a un acto administrativo, o a una simple manifestación de la
administración sin efectos jurídicos […]”86 (Destacado fuera de texto).

72. La parte demandada, en el oficio acusado, se refirió al Decreto núm. 451 de
1982, al Decreto núm. 037 de 1984, al Acuerdo núm. 038 de 1990 y al Acuerdo núm.
062 de 1999, así como a la competencia de los curadores urbanos; además, realizó
una interpretación de esas normas en relación con el caso concreto, así:

“[…]
1. Es pertinente advertir, el Decreto Municipal 451 de 1982, fue objeto de varias
modificaciones, entre ellas, se destaca el Decreto 037 de 1984, el cual en su artículo
73 disponía: “De las vías obligadas, la aprobación de la urbanización, el
alineamiento, y la licencia provisional de construcción. Las vías obligadas, la
aprobación de la urbanización, el alineamiento y la licencia provisional de
construcción tendrán validez por el término de dos (2) años, contados a partir de su
otorgamiento o aprobación, vencidos los cuales deberá renovarse el procedimiento
correspondiente”.

De conformidad con la citada norma, en concordancia con el numeral 5 del artículo 66
del Código Contencioso Administrativo, normas vigentes al momento de otorgarse la
aprobación definitiva de la urbanización La Loma, se infiere claramente que la licencia
de urbanización otorgada mediante el oficio 22041-011125 de febrero 25 de 1988
venció el 25 de febrero de 1990.

2. Para la época en la cual se expidió el Acuerdo 038 de julio 3 de 1990, publicado
en la gaceta oficial, la aprobación contenida en el citado oficio 22041-011125 de
febrero 25 de 1988, ya estaba vencida adicionalmente durante la vigencia del citado
oficio sobre el predio objeto de la probación, no se ejecutaron las correspondientes
obras de urbanismo.

3. Es pertinente señalar que, en materia de transición normativa, el Acuerdo 038 de
1990, dispuso en el artículo 495: “Quedan sujetos a los trámites de urbanización que
determina este Estatuto, todos los lotes de área superior a dos mil metros cuadrados
(2.000 m2) que provengan del simple fraccionamiento de terrenos de mayor extensión
que no hicieron en su oportunidad el trámite completo de urbanización (cesiones,
áreas verdes, y/o recreativas públicas, servicios colectivos, áreas libres comunes,
vías, parqueaderos, retiros, índices de construcción y ocupación aplicables a las
urbanizaciones según tipología.

Para el otorgamiento de las respectivas licencias de construcción, los propietarios de
lotes con área igual o mayor de 2000 m2 deberán demostrar ante el Departamento
Administrativo de Planeación, que ellos forman parte de una urbanización por
sectores o por loteo formalmente aprobada como tal y ejecutada totalmente en obras
de urbanismo comprometidas en la aprobación. En caso contrario, deberán cumplir

86
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando
Sánchez Sánchez; sentencia de 20 de febrero de 2020; núm. único de radicación:
44001233100020000067401

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con los trámites ordinarios de urbanización y para todos los efectos del presente
Estatuto, el área neta del lote será la mita (50%) del área bruta”.

Como se advierte en el numeral (2) (sic), las obras de urbanismo derivadas de la
aprobación contenida en el oficio 22041-011125 de febrero 25 de 1988,
(especialmente la relacionada con la obligación de ceder para la vía de Los Balsos un
área de 59.00 metros cuadrados); no se había cumplido, y aún continúa sin cumplirse.
Por lo tanto, al tenor del citado artículo, el trámite de urbanización quedaba sujeto a
las disposiciones del nuevo Estatuto (Acuerdo 038 de 1990). Trámite que la
urbanización La Lomita nunca adelantó.

4. El Decreto 992 de 1996, fue derogado por el Decreto 1052 de 1998, el cual a su
vez fue derogado por el Decreto 1600 de 2006, siendo este último también derogado
por el Decreto Nacional 564 de 2006.

5. De conformidad con la competencia restrictiva consagrada en el artículo 121 de
la Constitución Nacional y en coherencia con la competencia funcional que al Director
de Planeación le confiere el artículo 59 del Decreto Ley 2150 de 1995, para resolver
los recursos de apelación frente a las decisiones del Curador Urbano que conceden o
niegan la solicitud de licencia, este despacho sólo puede revocar los actos
administrativos del Curador en virtud del recurso de apelación.

6. De conformidad con el artículo 102 de la Ley 388 de 1997 (Artículo reiterado en
el artículo 37 del Decreto 1052 de 1998), la facultad interpretativa sólo aplica en “Los
casos de ausencia de normas exactamente aplicables a una situación o de
contradicciones en la normativa urbanística”. Facultad que para el caso objeto de su
petición no aplica, pues como se ha venido sosteniendo, la licencia otorgada a la
urbanización La Lomita se encuentra vencida, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 73 del Decreto Municipal 037 de 1984.

7. Al momento de la vigencia del Acuerdo 062 de 1999 (Publicado el 30 [de]
diciembre en la Gaceta Municipal 1158), la aprobación otorgada mediante el oficio
22041-011125 de febrero 25 de 1988, ya estaba vencida […]”87 (Subrayado fuera de
texto).

73. La parte demandada, al interpretar las normas sobre la vigencia, infirió que la
licencia de urbanización expedida mediante el oficio núm. 22041-011125 de 25 de
febrero de 1988 “venció” el 25 de febrero de 1990, sin embargo, se abstuvo adoptar
una decisión de fondo con fundamento en que la competencia está a cargo de los
curadores urbanos, en los siguientes términos:

“[…] Por ende, resulta improcedente que el Departamento Administrativo de
Planeación haga la referida declaratoria de subsistencia de la licencia de urbanismo
invocada por usted en pretermisión de la instancia que corresponde a los
Curadores Urbanos y sin que medie recurso de apelación contra la decisión que
adopte alguno de ellos en relación con [l]a solicitud de licencia urbanística
[…]”88 (Resaltado fuera de texto).

87
Cfr. Folios 168 a 168
88
Cfr. Folio 170 vto.

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74. En efecto, la parte demandada sostuvo que no tenía competencia para expedir
un acto administrativo en ese caso; por ello, manifestó que era necesario que los
curadores urbanos profirieran una decisión sobre la vigencia de la “licencia urbanística”.

75. En concordancia con lo anterior, la parte demandada no resolvió el recurso de
reposición que interpuso la parte demandante contra el oficio acusado ni concedió el
recurso de apelación, con fundamento en que en este no se creó, modificó o extinguió
algún derecho; sobre el particular, la entidad expuso en el oficio núm. 200900517312
R/200900531541 de 28 de diciembre de 2009:

“[…] ASUNTO: Recursos en sede gubernativa frente a respuesta del oficio
200900462319 de diciembre 4 de 2009

Respetado Doctor Fernández:

En atención al asunto de la referencia, es pertinente hacer precisión en los siguientes
aspectos:

1. La respuesta emitida por esta entidad administrativa mediante el oficio del
asunto, está totalmente acorde con su respectiva solicitud ya que efectivamente se
trataba del derecho de petición en la modalidad de consulta tal como lo estatuye el
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, en su caso la petición
tenía como propósito que la administración informara sobre la vigencia de la licencia
de urbanización otorgada mediante el oficio 22041-011125 de febrero 25 de 1988.

En ese orden de ideas, el oficio 200900506167 no constituye un acto
administrativo que crea, modifica o extingue derechos concretos o de carácter
particular y por lo tanto frente a dicho oficio no proceden recursos de la sede
gubernativa, y menos aún la revocatoria de un acto administrativo inexistente.

2. En virtud de la Ley 388 de 1997 que creó la figura de Curador Urbano, en
Municipio de Medellín los únicos que tienen competencia para resolver las
solicitudes de licencias urbanísticas son los Curadores Urbanos, por tanto, mal
haría este Despacho en pronunciarse de fondo sobre un asunto del cual carece
de competencia.

3. De conformidad con el artículo 59 del Decreto Ley 2150 de 1995, este Despacho
solo es competente para resolver los recursos de apelación que se formulen frente a
las decisiones de Curador Urbano que niegue u otorguen licencia urbanística […]" 89
(Resaltado fuera de texto).

76. La parte demandada en el oficio indicado supra reiteró que no es competente y
que realizó, a título de concepto, con fundamento en el artículo 25 del Código
Contencioso Administrativo, una manifestación sobre la vigencia de la “licencia de
urbanización”.

89
Cfr. Folio 191

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77. La Sala considera que la afirmación, según la cual, la licencia de urbanización
venció el 25 de febrero de 1990 constituye una interpretación y una opinión que no crea
o modifica una situación jurídica en el caso sub examine. Además, los curadores
urbanos deben verificar, en el caso concreto, el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación; en efecto, esta función no se agota haciendo referencia a
una opinión de otra autoridad, sino que deben resolver el asunto sometido a su
consideración, de acuerdo con la Constitución Política, la ley y los decretos, así como
los acuerdos de carácter territorial, en el marco de la autonomía que el artículo 67 del
Decreto núm. 564 de 24 de febrero de 2006 90 , vigente cuando se expidió el oficio
acusado91, les confiere a los curadores urbanos.

78. El artículo 102 de la Ley 388 estableció que las autoridades de planeación tienen
la facultad de interpretar las normas, por medio de conceptos contenidos en circulares,
en los casos de ausencias normativas exactamente aplicables a una situación o de
contradicciones en la normativa urbanística. Los conceptos tienen el carácter de
doctrina para la interpretación de casos similares; sin embargo, la parte demandada
precisó en el oficio acusado que su interpretación no tenía fundamento en la norma
idem porque, a su juicio, no había controversia respecto de la aplicación de la
normativa92; por lo tanto, este no tiene el alcance de un concepto en los términos
del artículo 102 de la Ley 388.

79. En este estado del estudio se destaca que la parte demandada no ordenó poner
en conocimiento el contenido del oficio acusado a las autoridades encargadas del
control urbano para garantizar que las obras correspondientes a la urbanización no se
llevaran a cabo por la falta de vigencia de la aprobación de la urbanización o de la
“licencia de urbanización”; tampoco informó a los curadores urbanos sobre esta
decisión para que se abstuvieran de tramitar la solicitud, lo cual permite inferir que la

90
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la
legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden
otras disposiciones”
91
Derogado por el Decreto 1469 de 30 de abril de 2010, “Por el cual se reglamentan las
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.
92
La parte demandada indicó expresamente lo siguiente: “[…] De conformidad con el artículo 102
de la Ley 388 de 1997 (Artículo reiterado en el artículo 37 del Decreto 1052 de 1998), la facultad
interpretativa sólo aplica en “Los casos de ausencia de normas exactamente aplicables a una
situación o de contradicciones en la normativa urbanística”. Facultad que para el caso objeto de su
petición no aplica, pues como se ha venido sosteniendo, la licencia otorgada a la urbanización La
Lomita se encuentra vencida, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 del Decreto
Municipal 037 de 1984 […]”.

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interpretación contenida en el oficio acusado no es vinculante toda vez que el artículo
38 del Decreto núm. 564 de 2006 93 , vigente cuando se expidió el oficio acusado,
establecía la obligación, a cargo de la autoridad que negaba la solicitud de licencia y
que creaba una situación jurídica concreta, de poner en conocimiento de esta situación
“[…] a las autoridades encargadas del control urbano, indicando las razones por las
cuales fue negada. En el evento que en el municipio o distrito exista la figura del
curador urbano, este informará también a la oficina de planeación o la entidad que
haga sus veces y a los demás curadores urbanos, a fin de que no se tramite la misma
solicitud en las condiciones en que fue inicialmente negada […]”.

80. Ahora bien, el oficio acusado no constituye una revocatoria directa de la
aprobación de la urbanización, por cuanto la administración no realizó un estudio sobre
ese tema; en efecto, no indicó que esta se oponía manifiestamente a la Constitución
Política o a la ley, no estaba conforme con el interés público o social, atentaba contra
este o causaba un agravio injustificado, de conformidad con el artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo.

81. La Sala recuerda que la revocatoria directa es una forma de auto control de la
administración que opera cuando se presenta cualquiera de los supuestos indicados
supra una vez se ha obtenido el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho
reconocido en esa decisión o de la persona respecto de la cual se creó o modificó una
situación jurídica de carácter particular94 y se ha agotado el procedimiento previsto en
el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo.

82. En el caso sub examine, la parte demandada no manifestó su voluntad expresa
de revocar directamente la aprobación de la urbanización.

83. Los argumentos indicados supra permiten concluir que la opinión o interpretación
contenida en el oficio acusado sobre la vigencia de la “licencia de urbanización” o la
aprobación de la urbanización expedida en 1988 no es vinculante ni modificó una
situación jurídica particular.

93
Derogado por el Decreto 1469 de 30 de abril de 2010, “Por el cual se reglamentan las
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.
94
Artículo 73 del Código Contencioso Administrativo

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84. La parte demandada, en el oficio acusado, además de los aspectos estudiados
anteriormente, hizo alusión a las normas territoriales sobre los suelos de protección, las
áreas de aptitud forestal, los estímulos tributarios para los propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentren en zonas de protección, así como a la ubicación de La
Lomita, en los siguientes términos:

“[…]

8. De conformidad con el numeral 3 del artículo 13 y el numeral 3 del artículo 14 de la
Ley 388 de 1997, es obligación de los planes de ordenamiento, identificar los suelos
de protección que se localizan tanto en el suelo urbano como rural del respectivo
municipio. Para esa identificación la ley no estableció formalidades relativas a la
obtención del consentimiento de los propietarios de predios reconocidos como suelos
de protección.

En cumplimiento de la precitada Ley, el Acuerdo Municipal 046 de 2006 (Por el cual
se revisa o ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín), dispone en el
artículo 115 Del suelo de protección: “Constituido por las zonas y terrenos
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad
pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”.

A su vez, el artículo 116 define las siguientes categorías de suelo de protección:
Áreas de aptitud forestal, Áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales
de corrientes de agua, Retiros a corrientes naturales de agua, Zonas de alto riesgo no
recuperable, Áreas de reserva para la ubicación de servicios públicos, Reservas de la
Sociedad Civil.

Por su parte el artículo 117 define las áreas de aptitud forestal, “la zona de propiedad
pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales protectoras, protectoras –
productoras, de acuerdo con las características y propiedades del suelo y su
ubicación en el Municipio.

Las áreas de aptitud forestal tienen una importancia trascendental en la conservación
y preservación de especies, hábitat y ecosistemas, forman parte de los elementos
estructurantes de carácter físico y determinan la utilización del suelo a la siembra de
especies forestales.

PARÁGRAFO. Las disposiciones sobre el uso forestal con sus variables, contenidas
en este Acuerdo rigen de manera transitoria, hasta tanto Corantioquia las reglamente
en el respectivo Plan General de Ordenación Forestal”. Lo resaltado fuera de texto.

Los suelos de protección se encuentran identificados en la planimetría con la cual se
protocolizó el citado Acuerdo.

Es importante advertir, la categorización de suelo de protección que en el POT se
asigna a algunos predios como el del caso objeto de su consulta está dada en virtud
de las particulares condiciones geológicas y geotécnicas que presenta el predio, de
tal suerte que, el predio es suelo de protección no por la norma que lo declara o
reconoce como tal, sino por las condiciones inherentes al mismo, de ahí que se afirme

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sin equívocos que las normas del POT, en materia de aptitud geológica son
declarativas y no constitutivas.

9. En materia de estímulos tributarios relacionados con suelos de protección, el
artículo 116 del Acuerdo 046 de 2006, en su parágrafo 3 dispone, “Los propietarios de
los inmuebles clasificados como suelo de protección a los que se refiere el Acuerdo
57 de 2003 Estatuto Tributario Municipal, tendrán derecho a los beneficios allí
establecidos”.

10. Los predios catalogados como áreas de aptitud forestal, son aprovechables con
los usos definidos en los artículos 397 y siguientes del Acuerdo 046 de 2006. En
relación con el lote La Lomita, este se localiza parte en suelo rural (la cual sólo es
aprovechable o desarrollable con los usos definidos en los artículos 397 y siguientes
del Acuerdo 046 de 2006) y parte del suelo urbano (catalogado como residencial tipo,
donde el uso residencia es principal y adicionalmente, se pueden desarrollar otros
usos complementarios al principal). Dada la localización de este lote ambas partes
permiten desarrollos, sólo que en el área rural no podrá desarrollar proyectos
inmobiliarios.

11. La facultad constitucional de los Concejos de regular los usos del suelo, por virtud
de la ley 388 de 1997, fue elevada a la categoría de función pública. En esa medida el
artículo 8 de dicha ley, establece: “La función pública del ordenamiento del territorio
local se ejerce mediante la acción urbanística. Son acciones urbanísticas: “Establecer
la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y
residenciales, y definir los usos específicos, intensidades del uso, las cesiones
obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y
demás normas urbanísticas”. Esa zonificación como en el caso de los suelos de
protección y más específicamente los suelos identificados como de aptitud forestal, no
implica que el predio sea inutilizable y tampoco eso conlleva a una declaratoria
pública. Como se dejó expresado, son las condiciones geológicas y geotécnicas que
hacen del predio un suelo de protección y no el señalamiento como tal de la norma
urbanística. Igualmente se ha expresado que a la luz de lo dispuesto en parágrafo 3
del artículo 116 del Acuerdo 046 de 2006, los propietarios de los suelos de protección,
tienen derecho a solicitar y gozar de los estímulos tributarios previstos en el estatuto
tributario municipal.

Es importante señalar, la diferencia que existe entre la figura denominada “Afectación
por obra pública”, consagrada en el artículo 37 de la Ley 09 de 1989 y la aptitud
geológica de los suelos de protección que por virtud de la Ley 388 de 1997(numeral 3
del artículo 13 y numeral 3 del artículo 14), deben señalarse tanto en texto como
planos de los Planes de Ordenamiento Territorial.

En la afectación del artículo 37, la restricción para desarrollar el predio surge de un
motivo de utilidad pública (en otras palabras, la restricción de la necesidad que se
tiene de utilizar el predio en la construcción de una obra pública), evento en el cual se
debe cumplir con el trámite formal que contempla la citada disposición, entre ella la de
inscribir la afectación en el folio que identifica el respectivo inmueble.

Tratándose de la aptitud geológica, la restricción para desarrollar el predio, surge de
las condiciones naturales de orden geológico y geotécnico del terreno, en cuyo caso
ni la Ley 09 de 1989, ni la Ley 388 de 1997, establece que debe agotarse el
procedimiento que contempla en el artículo 37 de la Ley 09 de 1989.

Es claro que el lote La Lomita objeto de consulta, no presenta afectación por obra
pública, y si bien en la parte del predio que se localiza en suelo rural, los usos que
pueden desarrollar son limitados, no quiere decir que esta parte sea inutilizable,
máxime que en la parte ubicada en suelo urbano, no presenta restricciones,

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especialmente en lo relacionado con el uso residencial. Es evidente en la respuesta
dada por el Curador Urbano en el oficio de febrero 20 de 2009, que el predio puede
desarrollase cumpliendo con los lineamientos contemplados en el mismo […]”
(Subrayado fuera de texto).

85. De acuerdo con lo anterior, la administración tampoco creó, modificó o extinguió
un derecho o una situación jurídica en relación con la ubicación del bien inmueble
denominado La Lomita y su afectación en el marco del Plan de Ordenamiento
Territorial vigente comoquiera que se limitó a suministrar una información en la parte
del oficio citada supra.

86. En síntesis, la parte demandada, en el oficio acusado, por un lado, emitió una
opinión respecto de la vigencia de la “licencia de urbanismo” o aprobación de la
urbanización otorgada el 25 de febrero de 1988 que no es vinculante ni modifica una
situación jurídica anterior, así como se abstuvo de resolver de fondo la solicitud por
falta de competencia y, por el otro, informó sobre la ubicación del bien inmueble de
acuerdo con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial.

87. Así las cosas, el oficio acusado no constituye un acto administrativo susceptible
de control en la jurisdicción contenciosa administrativa.

88. La parte demandante sostuvo en el recurso de apelación que reconocer que la
administración no expidió un pronunciamiento de fondo en el oficio acusado conlleva a
concluir que esta no tiene la obligación de responder las peticiones ni de someterse a
los procedimientos previstos Constitución Política y en la ley.

89. Sobre el particular, la Sala advierte que, en el marco del Estado Social de
Derecho, todas las autoridades están sometidas a la Constitución Política y a la ley; por
ello, cuando la petición no está relacionada con el ejercicio de sus funciones, estas no
pueden expedir un pronunciamiento de fondo para evitar un exceso en el uso de sus
facultades o atribuciones.

90. El artículo 33 del Código Contencioso Administrativo prevé que, si el funcionario
a quien se dirige la petición no es competente, este deberá informarle al interesado en
el término de diez (10) días, contado a partir de la recepción de la petición, y remitir la
petición a la autoridad competente.

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91. En el evento en que la autoridad que recibe la petición que se remitió por falta de
competencia considere que no tiene funciones asignadas para resolverla, se configura
un conflicto de competencias administrativas. En efecto, parágrafo del artículo 33
ibidem preveía:

“[…] PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 4 de la Ley 954 de 2005. El
nuevo texto es el siguiente:> Los conflictos de competencias administrativas se
resolverán de oficio, o por solicitud de la persona interesada. La entidad que se considere
incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se
declara incompetente remitirá la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado […]".

92. De igual forma, el artículo 39 de la Ley 1437 establece que los conflictos de
competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona
interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que
estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente
la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación
con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en
relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que
el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de
distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.

93. En efecto, la figura de la falta de competencia administrativa está prevista en el
ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, concluir que un pronunciamiento
administrativo no es vinculante ni susceptible de control judicial porque en este la
autoridad se abstuvo de acceder a la petición por falta de competencia no excluye a los
funcionarios o autoridades del cumplimiento de las normas sobre las peticiones, sino
que reconoce que están sometidos al ordenamiento jurídico, el cual incluye las normas
que distribuyen las funciones en varios niveles de la administración y del Estado.

94. En el caso sub examine, la parte demandada precisó en el oficio acusado que se
abstenía de declarar la vigencia de la licencia de urbanización otorgada en 1988 por
falta de competencia; sin embargo, incumplió con la obligación de remitir la petición a
los curadores urbanos, lo cual, puede conllevar a una falta disciplinaria.

95. La Sala precisa que esta omisión no genera un acto administrativo, dado que
ello depende de las características de la respuesta de la administración y como el oficio

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acusado no generó efectos jurídicos a pesar de que la petición no fue remitida a la
autoridad competente, este no es susceptible de control judicial.

96. Por las razones expuestas, los argumentos objeto de estudio en este acápite no
tienen vocación de prosperidad.

Argumento de apelación: Error de hecho respecto de la afirmación según la cual,
la vigencia de un acto administrativo no se declara, sino que es consecuencia de
elementos objetivos

97. La parte demandante afirmó que el Tribunal violó la ley “[…] al sugerir que si
objetivamente no se puede determinar la vigencia de una licencia, dicha licencia no
existe, lo cual implica presumir que para el momento en que se otorgó la licencia existía
una norma que ordenara, como elemento sustancial de la licencia, es decir como
solemnidad ad substantiam actus el señalamiento de la vigencia de la licencia, norma
que no solamente no existía y que mal podía existir porque para la fecha en que se
otorgó la licencia estas no estaban sometidas al término de vigencia y que implicaría
una declaratoria tácita de la inexistencia de la licencia que nos ocupa por falta de
señalamiento de su vigencia, conclusión que sin duda alguna consiste en un atropello,
no solo de la ley, sino del derecho de defensa, pues el Tribunal no señala cuáles serían
los motivos para declarar inexistente la licencia, ni tiene competencia para hacerlo
[…]”95.

98. Sobre el particular, la Sala precisa que el Tribunal no consideró que la
aprobación de la urbanización o la licencia de urbanismo es inexistente y que era un
requisito ad substantiam actus que se estableciera su vigencia en el oficio núm. 22041
01115 de 29 de febrero de 1988 para probar su existencia y contenido porque la ratio
decidendi de la sentencia proferida, en primera instancia, consistió en que el oficio
acusado no es un acto administrativo susceptible de control en la jurisdicción
contencioso administrativo al no contener una decisión que cree, modifique o extingue
una situación jurídica.

99. En consecuencia, el Tribunal se abstuvo de estudiar de fondo el asunto y, en
esta medida, no realizó un análisis de la legalidad del oficio acusado. Aunque indicó
que “[…] la vigencia de un acto no es un fenómeno que se declara, sino que es
95
Cfr. Folio 646

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consecuencia de elementos objetivos que permiten afirmarla […]”, este argumento
estaba dirigido a precisar que la parte demandante tenía la carga de aportar el oficio
núm. 22041 01115 de 29 de febrero de 1988, en el procedimiento administrativo que
adelantó ante la curaduría urbana para solicitar la licencia de urbanización, en el cual
se negó su expedición.

100. En este contexto, el a quo consideró que la prueba sobre la existencia de la
licencia de urbanización o aprobación de la urbanización debía aportarse al
procedimiento administrativo que se adelantó en la curaduría urbana y que el acto
administrativo susceptible de control corresponde al que profirió esa autoridad,
mediante el cual, negó la expedición de la licencia.

101. En el mismo sentido, la parte demandante, en la petición que presentó a la parte
demandada, el 6 de noviembre de 2009, hizo alusión a una decisión del curador urbano
que le negó la licencia, en los siguientes términos:

“[…] Cabe resaltar la importancia del artículo 9° de este último Decreto 992 de 1996, que
indica que las decisiones del Curador Urbano podrán ser revocadas por la oficina de
Planeación, cuando se den las causales previstas en el artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo. Siendo evidente entonces que en el caso que nos atañe, la
negativa del Curador, a la que con posterioridad aludían, a otorgar licencia, negativa que
desconoce la preexistencia de un acto administrativo particular y concreto en firme, so
pretexto de la aparición de nuevas normas puede ser revocada por la Oficina de
Planeación, atendiendo que dicha negativa es una clara violación de la ley y desconoce
derechos adquiridos.

Cabe aclarar que en la licencia que se otorgó a la urbanización La Lomita, no se
estableció término alguno de vigencia y por ende el acto administrativo como tal, es un
acto que no sometió el permiso o licencia de urbanismo a ningún término o condición
particular en lo que a su vigencia hace.

Más aún, la situación como tal es una situación que hoy en día puede resultar paradójica
pero que es absolutamente clara: En el momento en que se realizó el reloteo no se
requería de permiso alguno de Planeación de suerte que resultaba absurdo someter la
posibilidad de usar y gozar de un inmueble a unas normas de reloteo que no existían o
someter la posibilidad de construir un inmueble que había sido reloteado válidamente a
términos de nuevas normas de urbanismo, pues tal cosa constituiría un acto
defraudatorio para el administrado […]”96.

102. En efecto, según lo expuso la parte demandante, el acto administrativo que creó
una situación jurídica de carácter particular y le negó el reconocimiento de un derecho
fue la decisión expedida por el curador urbano.

96
Cfr. Folio 168

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103. Ahora bien, la parte demandante, en el recurso de apelación, manifestó que el
curador urbano le sugirió informalmente que debía demostrar que la aprobación de la
urbanización otorgada en 1988 se encontraba vigente, en los siguientes términos:

“[…] con el propósito de continuar ejecutando los derechos adquiridos que emanaban de
la aprobación definitiva de la Urbanización, y dentro de la normativa respecto de la cual
fue concedida la licencia, se acerca a una curaduría urbana de Medellín y concretamente
a la Curaduría Urbana Segunda, con el propósito de solicitar una modificación de la
licencia que se había otorgado, procediendo el Curador Urbano a manifestar (folio
146 a folio 148 de la demanda) que no es posible el desarrollo constructivo de
nuevas viviendas en el predio de propiedad de dicha señora y de su hermano, en
razón de lo previsto por los artículos 414 a 423 del Acuerdo 46 de 2006, a cuyo
tenor se declara la zona dentro del cual se encuentra el predio ya dicho como zona
de preservación activa.

16. De hecho, la zona había sido decretada como zona de preservación activa en los
términos del Acuerdo 062 de 1999, lo cual solo permitía la construcción de una vivienda
campestre por cada tres hectáreas, mensura esta que excede largamente la extensión
del predio de propiedad de los hoy demandantes.

17. De nuevo la señora Elena María Peláez acude ante el Curador Urbano y le
manifiesta, previa consulta con sus abogados, que la Urbanización La Lomita cuenta con
licencia definitiva otorgada el 25 de febrero de 1988, de manera, entonces, que siendo
titular, en virtud de dicha licencia, de derechos adquiridos, le eran inoponibles a la señora
Elena María Peláez y a su hermano las regulaciones provenientes de los POTs ya
citados; de hecho el señor Curador, de una manera muy informal, pues lo curadores para
efectos del otorgamiento de licencias o de modificaciones de licencias, cuya vigencia es
clara, solo constatan la existencia de las normas a las que están sometidos los inmuebles
de acuerdo con el POT, le manifiesta que habría que demostrar que la licencia esgrimida
por la señora Peláez que databa de 1988 se encontraba aún vigente. Se impone señalar
que como puede constatar el juzgador en la aprobación definitiva de la Urbanización no
se señala (y mal podría señalarse, pues no existía norma alguna que condicionara para
ese entonces la vigencia de las licencias, y ello dejando de lado que aún en los casos en
que existe dicha norma no se consigna en todas las licencias el término de vigencia),
término alguno de vigencia. Por esta razón el Curador sugiere que para efectos de
cualquier trámite se acredite la vigencia de la licencia otorgada en 1988 […]”97.

104. Respecto al argumento indicado supra, en primer orden, la Sala considera
necesario precisar que el oficio al que hizo alusión la parte demandante, que obra a
folios 160 a 162, corresponde al número CEC2-0078-09 de 27 de enero de 2010
expedido por el Curador Urbano Segundo de Medellín98, el cual, es posterior al oficio
acusado.

105. Sin embargo, en el evento en que la solicitud que presentó la parte demandante,
el 6 de noviembre de 2009, para que la parte demandada “[…] declare que la licencia
de urbanismo otorgada a la Urbanización La Lomita está completamente vigente […]”,

97
Cfr. Folio 725
98
Cfr. Folios 146 a 148

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sea consecuencia de la sugerencia informal del curador urbano, esta situación no altera
la calidad del oficio acusado ni le otorga las características necesarias para que sea
considerado como acto administrativo susceptible de control.

106. En segundo orden, si la parte demandante solicitó la modificación de la “licencia
de urbanismo” o de la aprobación de la urbanización otorgada en 1988 y la curaduría
urbana expidió un pronunciamiento desfavorable -como fue afirmado en el recurso de
apelación - esta decisión es susceptible de control ante la jurisdicción contenciosa
administrativa en la medida en que crea una situación jurídica de carácter particular e
impide el desarrollo de las obras correspondientes a la urbanización.

107. Ahora bien, la parte demandante destacó que en la “licencia de urbanización” o
en la aprobación de la urbanización no se indicó el término de vigencia y, por lo tanto,
es necesario analizar la normativa para determinar si esta se encuentra vigente;
asimismo, señaló que si “[…] en el texto de la licencia (cosa que no ocurre en el caso
que nos ocupa) aparece la fecha de vigencia de la licencia, este es un elemento
objetivo indiscutible, pero si la licencia no tiene fecha de vigencia, de lo que se trata es
de establecer, a través de una manifestación de voluntad, si la licencia está vigente o
no y este fue precisamente la manifestación que a través de un derecho de petición se
le solicitó a Planeación Municipal […]”99.

108. La Sala considera necesario precisar que la vigencia del acto administrativo es
consecuencia de las normas que regulan la aprobación de la urbanización, así como el
régimen de transición. De conformidad con el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo, los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria, entre otras,
cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho o cuando pierden su
vigencia; el decaimiento de los actos administrativos opera por ministerio de la ley, por
ello, no es necesario que la parte interesada adelante un procedimiento previo para que
se expida un acto administrativo que declare esta situación 100 ; pero, la autoridad
competente tiene la facultad de declarar que se configuró este fenómeno jurídico.

109. No obstante, comoquiera que, en el caso sub examine, la parte demandada no
expidió un pronunciamiento obligatorio y vinculante sobre la aprobación de la

99
Cfr. Folio 646
100
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dr. Guillermo
Vargas Ayala; sentencia de 3 de abril de 2014; núm. único de radicación:
11001032500020050016601.

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urbanización o de la licencia de urbanización, no hay lugar a estudiar si es procedente
que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Medellín declare la
vigencia de ese acto administrativo.

110. Por las razones expuestas, no tiene vocación de prosperidad los argumentos del
recurso de apelación estudiados en este acápite.

Argumento de apelación: Error de hecho y error de derecho porque el curador
urbano no tenía competencia para determinar la vigencia de la licencia de
urbanización

111. La parte demandada sostuvo, en el recurso de apelación, que el Tribunal incurrió
en un error de derecho porque los curadores urbanos no tienen competencia para
expedir decisiones sobre la vigencia de las licencias; asimismo, precisó:

“[…] En efecto la sentencia encuentra fundamentalmente importante un asunto que es
meramente folclórico como que Elena María Peláez hubiera ocurrido ante uno o varios
curadores, a efectos, eso sí, de postular una mera consulta; como si de la ocurrencia de
Elena María Peláez ante la curaduría implicara una opción obligatoria respecto del
camino a seguir, debiendo Elena María Peláez recurrir el acto en cuyos términos el
curador le sugiere que consulte respecto de la vigencia de la licencia, sugerencia que por
una parte no es un acto jurídico, y por otra parte, no sustrae de la competencia de
Planeación Municipal, el pronunciamiento respecto de la vigencia de la licencia.

Al parecer el Tribunal Administrativo de Antioquia considera que el solo hecho de ocurrir
ante una persona que desempeña funciones públicas y por la mera ocurrencia, existiría
una norma a cuyo tenor dicha persona se convertiría en el funcionario competente para
resolver un asunto. Tal cosa viola ostentosamente el artículo 29 de la Constitución
Nacional, pues las competencias están determinadas por la Ley y es claro que el artículo
3° del Decreto 1469 de 2010 expresamente manifiesta cuál es la competencia de un
curador y dentro de ella no se establece la de decidir sobre la vigencia de licencias de
urbanismo que carecen de límite de vigencia y que no fueron expedidas por su despacho;
ni la de decidir, o no, sobre la vigencia de una licencia de urbanismo, cuando dicha
licencia se expidió tiempo atrás y no hay elementos objetivos para pronunciarse sobre la
vigencia.

La afirmación del Tribunal de lugar a pensar en una de las dos siguientes presunciones:
O bien que la licencia en la que no consta la fecha de expiración, al no ser objetivamente
determinable dicha fecha, es una licencia inexistente o bien en la medida en que la
licencia no consta, la fecha de expiración, debe presumirse que la licencia no expira, o
sea que no vence y está siempre vigente.

Si de la primera presunción se trata, el tribunal simplemente debió haber manifestado que
nunca existió la licencia de la Urbanización La Lomita, y que por ende el asunto carece
de relevancia, pues el derecho de petición fue un sin sentido. Si de la segunda
presunción se trata, tampoco habría tenido sentido la postulación del derecho de petición.

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Desgraciadamente tal y como se desprende del artículo 66 del Código Civil, las
presunciones deben estar consagradas por la ley y no existe presunción alguna que
consagre cualquiera de las hipótesis ya dichas.

Ahora, las normas jurídicas invocadas señalan que cuando a un curador se le solicite una
licencia, con base en otra que él expidió y que carece de término de vigencia, le
corresponde al administrado demostrar, ante el curador la vigencia de la licencia que
sirve de fundamento a su petición; de esta manera, entonces, que el curador no tiene
competencia para establecer la vigencia de la licencia que él no expidió y que carece de
término de vigencia y no teniendo competencia para hacer tal cosa, resulta
absolutamente improcedente y violatorio del debido proceso (artículo 29 de la
Constitución Nacional) el procedimiento que a juicio del Tribunal debe seguirse […]” 101.

112. Los argumentos indicados supra se refieren a la competencia de la parte
demandada para expedir la decisión sobre la vigencia de la licencia de urbanismo
otorgada en 1988; sin embargo, ello no puede ser objeto de estudio en atención a que
el oficio acusado no es susceptible de control en la jurisdicción contenciosa
administrativa.

113. La Sala reitera que la competencia es un elemento que determina la legalidad
del acto administrativo y no un presupuesto para proferir una sentencia de mérito.

Procedencia de la acumulación de pretensiones de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con la acción de reparación directa

114. La parte demandante sostuvo en el recurso de apelación que el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente le genera un perjuicio, por cuanto este modificó la
naturaleza jurídica de su bien inmueble y lo transformó en una zona de protección;
además, indicó que la administración no le notificó personalmente esta decisión y no
tuvo en cuenta el derecho adquirido como consecuencia de la licencia de urbanización
expedida en 1988; sobre el particular, expuso lo siguiente:

“[…] La situación que nos ocupa es distinta a la de aquellos administrados que no
detentan una licencia previa a la expedición del POT, y en este caso la discusión es
distinta, pues se fundamenta no solo en el principio de la igualdad de las cargas públicas
y en el hecho de que si el bien del administrado pierde íntegramente su valor, en razón
de una norma que se supone es de interés general, el administrado tiene pleno derecho a
pedir una compensación económica; pero no solo el administrado tiene derecho a eso,
sino que dicho derecho le es reconocido de manera expresa por el artículo 37 de la Ley 9
de 1989, artículo que no ha sido derogado, pero que la administración, a través de unos
técnicos, con fundamentos muy rudimentarios de derecho, manifiestan tranquila y
orondamente que solo es aplicable en materia de obras públicas; por eso, con todo
respeto considero que la acumulación de pretensiones que se formuló en la

101
Cfr. Folios 644 a 645

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Número único de radicación: 05001233100020100168001
Demandante: Marina Ramírez Cuartas

demanda original era absolutamente pertinente, pues, o bien, Marina Ramírez
Cuartas no tiene derecho a argüir que el POT le es inoponible, o bien tiene derecho a que
se le reconozca una compensación económica.

Es claro, entonces, que se viola el artículo 29 de la Constitución Nacional, el artículo 14
del título Preliminar del Código Civil, el artículo 3° del Decreto 1469 de 2010, el parágrafo
5° del artículo 6° del Decreto 1469 de 2010 y el parágrafo 4° del artículo 7° del mismo
Decreto […]”102 (Destacado fuera de texto).

115. La parte demandante en el recurso de apelación señaló: i) la pretensión de
reparación directa se fundamenta en hechos y omisiones de la autoridad y no en
normas jurídicas, por lo que no podía interponerse con fundamento en los acuerdos
(Planes de Ordenamiento Territorial); ii) el fundamento de la pretensión de reparación
directa no es la expedición del POT ni la falta de su notificación sino el hecho de que la
administración omitió iniciar el procedimiento a que se refieren los artículos 10, 13 y 37
37 de la Ley 9 de 1989 y, iii) el momento en que se estructura la omisión que da lugar a
la reparación del daño es cuando la administración da respuesta al derecho de petición
en el que manifestó que la Ley 9 no aplica a la construcción de obras públicas, no hay
lugar a indemnizar ni a iniciar procedimientos.

116. La parte demandante acumuló las pretensiones relacionadas con la nulidad del
oficio núm. 200900462319 R/200900506167 de 4 de diciembre de 2009, así como el
restablecimiento del derecho con las pretensiones de reparación directa, según se
expuso en el acápite denominado “Pretensiones”.

117. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 25 de octubre de
2010 103 , inadmitió la demanda para que la parte demandante adecuara las
pretensiones con fundamento en lo siguiente:

“[…] 1. Deberá adecuar las pretensiones de la demanda en el sentido de dirigirlas a una
de las acciones contencioso administrativas, toda vez que éstas no son acumulables, ya
que tienen diferente fundamentación, es decir, en la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho el núcleo central de discusión sería el acto administrativo y en la reparación
directa, habría que mirar el título de imputación de creación principal que se le pretenda
endilgar a la entidad accionada.

Por tal razón se deberán realizar las aclaraciones y adecuaciones pertinentes, tanto en la
demanda como en el poder […]”104.

102
Cfr. Folio 644
103
Cfr. Folio 260
104
Cfr. Folio 265

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Demandante: Marina Ramírez Cuartas

118. El Tribunal, mediante auto proferido el 11 de marzo de 2011 105 , admitió la
demanda en los siguientes términos:

“[…] En este orden de ideas, entenderá el despacho que lo pretendido con la presente
demanda es la nulidad del acto administrativo en cuyos términos el Municipio de Medellín
se niega a reconocer la vigencia de una licencia de urbanismo expedida con anterioridad
a la entrada en vigor del Plan de Ordenamiento Territorial. […]

RESUELVE

1. REVOCAR el auto de octubre veinticinco (25) de 2010, en cuanto inadmitió la
demanda para el cumplimiento de requisitos, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

En consecuencia, toda vez que realizado el examen preliminar, se encuentra que la
demanda se ajusta a las prescripciones contenidas en los artículos 85 106 y 137 107 del
Código Contencioso Administrativo, el Despacho ADMITE la demanda que en ejercicio de
la acción de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, instaura MARINA
RAMIREZ CUARTAS por intermedio de apoderado judicial, contra el MUNICIPIO DE
MEDELLÍN […]”108.

119. De este modo, la decisión judicial admitió la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho frente a la respuesta al derecho de petición relacionada con la vigencia de
una licencia de urbanismo expedida con anterioridad a la entrada en vigor del Plan de
Ordenamiento Territorial, decisión que no fue objeto de recursos y que se encuentra en
firme.

120. Sobre el particular, esta Sección de la Corporación 109 , en un caso con los
mismos presupuestos fácticos y jurídicos, resolvió que no era procedente la
acumulación de pretensiones para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
y la reparación directa en vigencia del Código Contencioso Administrativo, así:

“[…] Observa la Sala que los actores dentro del escrito de la demanda objeto del
presente recurso, formularon como pretensiones principales (i) la declaratoria de nulidad
del Oficio No 200900462319 de 4 de diciembre de 2009 y (ii) a título de restablecimiento
del derecho, que se declare la subsistencia de la licencia de urbanización solicitada por la
parte actora; como pretensión subsidiaria pidieron la reparación del daño causado por la
afectación como área de aptitud forestal, del inmueble distinguido con matricula
inmobiliaria No 001-121288 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín, zona sur.

105
Cfr. Folios 270 a 274
106
El artículo hace referencia a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
107
Artículo que habla sobre el contenido de la demanda.
108
Cfr. Folio 265
109
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; providencia de 23 de
agosto de 2012; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 05001-23-31-000-2010-01654-
01[…]”.

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[…] [P]ara el caso concreto de la acumulación de pretensiones de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y de la acción de reparación directa, la Sección Tercera de
esta Corporación ha reiterado constantemente la improcedencia de la figura, por cuanto
si bien es cierto ambas acciones se tramitan por el mismo procedimiento, tiene
finalidades completamente diferentes, en tanto que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho busca reparar un daño ocasionado en razón de la ilegalidad
de un acto administrativo, mientras que la acción de reparación directa procede cuando el
daño es producto de una acción, omisión, la ocupación temporal o permanente de un
inmueble, o incluso, por un acto administrativo legal

Al respecto la Sección Tercera Subseccion “C” en sentencia de 25 de abril de 2012 (M.P.
Enrique Gil Botero), señaló:

“En el sub judice se tiene que el actor acumuló en una misma demanda pretensiones que
se excluyen entre sí, asunto que podría ser solucionado mediante la formulación de unas
principales y otras subsidiarias; sin embargo ello no se limita a que se excluyan, sino que
además se trata de pretensiones que deben ser ventiladas mediante el ejercicio de
acciones diferentes, tales como la de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento
del derecho, las cuales si bien se tramitan por el mismo procedimiento, no tienen el
mismo fin y no es procedente, ni viable que en una misma demanda se ejerzan
simultáneamente las dos acciones , aspecto sobre el que la jurisprudencia de la
Corporación ha señalado:

“Al respecto debe advertirse en primer término que las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa no pueden ser acumuladas, en
consideración a los objetivos de cada una de estas acciones, tal como lo ha señalado la
doctrina:

“Es también negativa la posibilidad de acumular la de restablecimiento señalada en el art.
85 del c.c.a. con la de reparación directa permitida en el siguiente. Baste pensar que la
acción de restablecimiento del derecho violado que otorga aquel dispositivo como
consecuencia de la nulidad del acto infractor, no es la amplia acción de indemnización de
perjuicios -como lo ha sostenido el Consejo de Estado- que se funda en los conceptos de
daño emergente y lucro cesante, lesión patrimonial y moral, sino la restringida que solo
permite el restablecimiento del derecho conculcado por el acto administrativo nulo, en
cuanto a las consecuencias directas e inmediatas ocasionadas por el mismo. Su finalidad
no es otra que la de restablecer el estado de legalidad existente hasta el momento de la
expedición y vigencia del acto violador de normas positivas superiores, que por esta
causa lesionó derechos particulares.

“Estas diferencias, en cuanto a los fines pretendidos, los límites del debate y el objeto
controvertido, muestran la imposibilidad de la mencionada acumulación”

La acción de reparación directa, consagrada en el art. 86 del CCA., si bien coincide en su
naturaleza reparatoria con la de la de nulidad y restablecimiento del derecho, difiere de
esta última en la causa del daño. En efecto, la primera sólo será procedente en los casos
en que el perjuicio haya sido causado por un hecho, una omisión, una operación
administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o, incluso, por un
acto administrativo legal; en cambio, la de nulidad y restablecimiento del derecho procede
siempre que el origen del daño sea un acto administrativo viciado de algún tipo de
ilegalidad.” (Se resalta). […]”

121. De este modo, la Sección Primera de la Corporación concluyó que las acciones
de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del derecho deben presentarse
mediante demandas “separadas” y que “[…] comoquiera que en la demanda los

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actores propusieron como pretensiones principales las propias de una acción de
nulidad y restablecimiento del derecho y como subsidiarias las de la acción de
reparación directa, la Sala rechazará la demanda en cuanto a las pretensiones
subsidiarias; y, efectuará el análisis correspondiente en lo referente a la acreditación
del requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento de la conciliación
extrajudicial en el presente caso […]”.

122. En ese orden, la Sala precisa que el principio de preclusión rige el proceso
judicial, en virtud del cual este debe desarrollarse por etapas y no existe la posibilidad
de retroceder, a menos que se configure una causal de nulidad procesal; en efecto, la
Corte Constitucional ha considerado que este principio constituye una garantía
recíproca para las partes porque promueve la celeridad y evita “asaltos sorpresivos”
que atenten contra el derecho defensa y debido proceso110.

123. En el caso sub examine, la parte demandante tuvo la oportunidad de interponer
recursos contra la decisión judicial que admitió la demanda únicamente respecto de las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, no lo hizo y la
decisión quedo en firme.

124. El trámite procesal se llevó a cabo teniendo en cuenta exclusivamente los
hechos y las pretensiones relacionadas con la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho; en este contexto, precluyó la oportunidad procesal para discutir y controvertir
la procedencia de la acumulación de pretensiones.

125. Por lo tanto, se desconocería el derecho al debido proceso, así como los
principios de preclusión y seguridad jurídica si el juez de segunda instancia, luego de
agotadas todas las etapas procesales, profiere una sentencia respecto de pretensiones
que no fueron aceptadas, en la oportunidad legal, mediante un auto interlocutorio que
se encuentra ejecutoriado.

126. En consecuencia, la Sala queda relevada de realizar un estudio sobre la
caducidad de la acción de reparación directa, los daños antijurídicos y la oponibilidad
del Plan de Ordenamiento Territorial a la parte demandante y lo demás que se refieren
a este tema específico.

110
Corte Constitucional, auto A – 232 de 14 de junio de 2001, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería

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127. Ahora bien, es claro entonces para la Sala, que el oficio acusado no es un acto
administrativo que sea susceptible de control jurisdiccional en tanto se limita a
comunicar su opinión sobre el tema de consulta y no crea, modifica o extingue una
situación jurídica. Siguiendo esta línea de pensamiento, el concepto atacado no es
pasible de análisis en la jurisdicción contencioso administrativa, dado que mediante el
mismo no se establece ninguna disposición o regla que produzca efectos jurídicos, de
manera que no es oponible ni vincula a los particulares como tampoco a autoridad
alguna.

128. Como criterio no obligatorio jurídicamente, se trata de una opinión o apreciación
que no es capaz de tener un efecto jurídico directo sobre el asunto de que trata, puesto
que solo sirve para orientar a quien hace la consulta. La respuesta a la consulta
consignada en el oficio cuya declaratoria de nulidad se solicita, carece de la naturaleza
decisoria que les permita producir efectos jurídicos al crear, modificar o extinguir
situaciones de derecho, caso en el cual sería susceptible de control jurisdiccional, cosa
que no ocurre en el presente caso, en la medida en que dicho oficio se limita a plasmar
un concepto u opinión sobre los asuntos consultados.

129. En ese orden de ideas, la Sala advierte que en el caso concreto debe declararse
probada de oficio la excepción de falta de jurisdicción, toda vez que en el escrito
introductorio no se demandó un verdadero acto administrativo. Como en el presente
asunto el oficio acusado no es un acto administrativo, la Sala advierte la falta de
jurisdicción que impide que emita un pronunciamiento de fondo.

130. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, la respuesta dada a la
petición por parte de la demandada no es de carácter obligatorio, ni tampoco crea,
modifica o extingue situaciones jurídicas, es decir, que al no tratarse de acto
administrativo con efectos jurídicos no es susceptible de control jurisdiccional.

131. Comoquiera que las anteriores son las cuestiones centrales del recurso de
apelación, la Sala encuentra que la decisión acusada se ajusta a la normativa aquí
analizada, luego la sentencia apelada será confirmada pero por las razones expuestas,
como en efecto se dispone en la parte resolutiva de esta providencia.

Conclusiones

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132. En suma, la Sala considera que el oficio acusado no contiene una decisión
vinculante sobre la vigencia de la aprobación de la urbanización expedida en 1988 o
respecto de la ubicación y características del bien inmueble que es propiedad de la
parte demandante, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial; por lo tanto, este
no crea, modifica o extingue un derecho o una situación jurídica de carácter particular y
no es susceptible de control en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Condena en costas

133. La Sala considera que no hay lugar a condenar en costas en segunda instancia
en razón a que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo establece que, en
los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta
condena procederá “[…] teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes […]”,
es decir, corresponde al juzgador valorar el comportamiento de las partes, dentro del
marco de su arbitrio juris.

134. Bajo ese panorama, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandante no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, de 14 de septiembre de 2017, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de jurisdicción por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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