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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2010-02276-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-02276-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-02276-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 95 Número único de radicación: 05001-23-31-000-2010-02276-01 Actores: CLAUDIA PATRICIA CALLE ECHAVARRÍA Y OTROS. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2010-02276-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-31-000-2010-02276-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: CLAUDIA PATRICIA CALLE ECHAVARRÍA Y OTROS

TESIS: LOS AVALÚOS APORTADOS POR LA PARTE ACTORA, ASÍ
COMO EL DICTAMEN PERICIAL PRACTICADO DENTRO DEL
PROCESO, NO DESVIRTÚAN LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD QUE
COBIJA AL AVALÚO COMERCIAL QUE SIRVIÓ DE SOPORTE A LA
RESOLUCIÓN ACUSADA, RAZÓN POR LA CUAL DEBE TENERSE
COMO VÁLIDO, CREÍBLE Y DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO,
DICHO AVALÚO OFICIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por la apoderada de los señores CLAUDIA PATRICIA, CARLOS

ALBERTO Y JUAN DIEGO CALLE ECHAVARRÍA, MARTA SILVIA

CALLE VÉLEZ y FABIOLA CALLE DE CALLE, contra la sentencia

de 4 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Quinta Mixta del

Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones

de la demanda.

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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2010-02276-01
Actores: CLAUDIA PATRICIA CALLE ECHAVARRÍA Y OTROS.

I.- ANTECEDENTES

I.1. Los señores CLAUDIA PATRICIA, CARLOS ALBERTO Y

JUAN DIEGO CALLE ECHAVARRÍA, MARTA SILVIA CALLE

VÉLEZ y FABIOLA CALLE DE CALLE, por medio de apoderado

judicial y en ejercicio de la acción especial contencioso

administrativa, establecida en el artículo 711 de la Ley 388 de 18 de

julio de 19972, presentaron demanda ante el Tribunal

Administrativo de Antioquia, tendiente a que mediante sentencia se

hicieran las siguientes declaraciones:

1ª. Se declare la nulidad de la Resolución núm. 0808 de 13 de

mayo de 2010, expedida por el Alcalde del Municipio de Medellín,

“[…] Por medio del cual se dispuso la expropiación por vía de

administrativa de un inmueble con todas sus Mejoras y Anexidades

[…]”, en cuanto al precio indemnizatorio reconocido, por cuanto, a su

juicio, no corresponde al valor total real del inmueble (lote de

terreno) ubicado en el Municipio de Medellín, Vereda el Vergel,

corregimiento de San Antonio de Prado, con un área de 23.221

1
“[…] ARTICULO 71. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Contra la decisión de expropiación
por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro
meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión […]”.
2
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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metros cuadrados, aproximadamente, identificado con la matrícula

inmobiliaria 001-666413.

2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración y de

conformidad con lo previsto en el artículo 71, numerales 7, literal d) y

8 de la Ley 388, se restablezca el derecho de los demandantes y se

ordene al Municipio de Medellín a pagar de contado la indemnización

correspondiente al valor real del inmueble, según el precio real del

metro cuadrado en el mercado inmobiliario, a la fecha en que quedó

en firme la expropiación.

3ª. Que se ordene al Municipio de Medellín pagar de contado a los

actores el mayor valor real del metro cuadrado del inmueble

expropiado en su área total, a la fecha en que quedó en firme la

expropiación, el cual se estima en la suma de $812.161.325, que

corresponde al promedio que arrojan los tres avalúos aportados con

la demanda o la mayor cifra que se logre demostrar en el proceso.

4ª. Que se ordene al Municipio de Medellín pagar la suma anterior,

debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia

que ponga fin al proceso y con los respectivos intereses bancarios

correctos, que tal cifra haya producido desde la fecha en que la

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expropiación quedó en firme, hasta la fecha de ejecutoria de fallo

que ponga fin al proceso.

5ª. Que se dé cumplimiento a la sentencia respectiva en los

términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso

Administrativo, -CCA-, en adelante CCA, y se condene a la

demandada en costas.

I.2. Los actores fundamentaron su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1º. Que los señores CARLOS GUSTAVO CALLE MOLINA, con una

cuota de 33.33%; CLAUDIA PATRICIA CALLE ECHAVARRÍA,

con una cuota de 11.11%; MARTA SILVA CALLE VÉLEZ, con un

porcentaje de 33.34%; CARLOS ALBERTO CALLE ECHAVARRÍA,

con una cuota de 11.11% y JUAN DIEGO CALLE ECHAVARRÍA,

con una cuota de 11.11% adquirieron por sucesión por causa de

muerte, el derecho de dominio sobre el lote de terreno ubicado en

la vereda El Vergel del corregimiento de San Antonio de Prado del

Municipio de Medellín, con un área de aproximada de 23.221

metros cuadrados, identificados con matrícula inmobiliaria núm.

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001-666413, según consta en la escritura pública núm. 1221 de 30

de junio de 2004.

De igual forma, la señora FABIOLA CALLE DE CALLE adquirió por

tradición el derecho de dominio que, sobre el referido inmueble, le

correspondía al señor CARLOS GUSTAVO CALLE MOLINA.

2º. Que mediante la Resolución núm. 0274 de 18 de febrero de

2010, expedida por el Municipio de Medellín, se iniciaron las

diligencias tendientes a la adquisición del citado inmueble por

enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se

formuló la respectiva oferta de compra, por la suma de

$835.105.600, de conformidad con el avalúo núm. 2010-PA-01 de

7 de enero de 2010, realizado por la Corporación Avalúos.

Asimismo, se reconoció en favor de los demandantes la suma de

$2.575.000, por concepto de prima de trámites legales.

3º. Que el Municipio de Medellín incurrió en un error, toda vez que

avaluó el metro cuadrado en la suma de $35.000, cuando el valor

real del metro cuadrado para la fecha del avalúo era de $70.939,

según el promedio de metro cuadrado, arrojado por tres avalúos

contratados por los actores. En consecuencia, la diferencia entre el

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valor real del predio y el valor avaluado por el Municipio es de

$812.161.325.

4º. Agregaron que a través de derecho de petición radicado el 26

de marzo de 2010 ante la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, -EDU-

3, los actores solicitaron la revisión del avalúo 2010-PA-01, toda vez

que el mismo no se realizó con fundamento en la Resolución núm.

620 de 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, -IGAC-4, además de que no tuvo en

cuenta las características del lote que elevaban el precio.

5º. Que la EDU respondió la solicitud de los actores, a través de

oficio de 19 de abril de 2010, en el cual ratificó el avalúo de la

Corporación Avalúos, razón por la cual por medio de derecho de

petición radicado el 29 de abril de 2010, ante la EDU y el Municipio

de Medellín, los demandantes solicitaron de nuevo la rectificación

del avalúo, con fundamento en que ninguno de los predios

utilizados para aplicar el método comparativo tenían las condiciones

de ubicación, área, forma y usos del suelo, que sí tenía el bien

expropiado, por lo que no eran aptos para ser parámetros de

comparación del mercado.

3
En adelante EDU.
4
En adelante IGAC.

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6º. Adujeron que el representante legal de la Corporación Avalúos

respondió a la solicitud de los actores, mediante escrito de 18 de

mayo de 2010, en el que señaló que las referidas características se

tuvieron en cuenta para determinar el valor del lote y que el precio

promedio de la zona geoeconómica de expansión rural del sector

era de $5.701, además que los predios utilizados como objeto de

comparación tenían diferentes particularidades, porque era casi

imposible encontrar uno con las mismas características del que fue

objeto de expropiación.

7º. Que a través de la Resolución núm. 0808 de 13 de mayo de

2010 acusada, el Municipio de Medellín ordenó la expropiación del

inmueble de propiedad de los actores y estableció como precio de la

indemnización la suma de $835.105.600, de conformidad con el

avalúo núm. 2010-PA-01 de 7 de enero de 2010. La suma indicada

fue pagada a los actores en la cuota que les correspondía el 15 de

junio de 2010.

8º. Que contrataron la realización de tres avalúos para determinar

el valor real del metro cuadrado del predio a la fecha de la

expropiación. De acuerdo con estos, el valor promedio del metro

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cuadrado era de $70.939 metros cuadrados, por lo que el valor

promedio total del inmueble era de $1.647.266.925.

9º. Indicaron que el 16 de septiembre de 2010 se realizó como

prueba anticipada una diligencia de inspección judicial al inmueble,

a la que asistió el Municipio de Medellín y el topógrafo que realizó el

levantamiento fotográfico que se aportó con la demanda.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, los actores adujeron la violación

de los artículos 2º, 4º, 13, 58, 83, 209 y 315, numeral 1, de la

Constitución Política; 61 y 67 de la Ley 388; 3º y 4º de la Ley 489

de 29 de diciembre de 19985; 20 del Decreto 1420 de 24 de julio de

19986; 1° y 10° de la Resolución núm. 620 de 23 de septiembre de

20087; y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En síntesis, señalaron los siguientes cargos de violación:

.PRIMER CARGO: ERROR DE HECHO EN LOS MOTIVOS DEL
ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO O FALSA MOTIVACIÓN

5
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones.”
6
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”,
expedido por el Presidente de la República.
7
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de1997”, expedida por el Director del IGAC.

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Indicaron que el Municipio de Medellín se equivocó al valorar el

precio del citado inmueble, toda vez que el valor del metro

cuadrado en realidad ascendía a $70.939 y el valor real total del

mismo a $1.647.266.925, valores que resultan de promediar el

valor del metro cuadrado y el valor total del inmueble establecido

en los avalúos realizados por FRANCISCO OCHOA OCHOA

AVALUOS, COLBIENES y HERNANDO CADAVID GÓNIMA, razón por

la cual la decisión adoptada por la entidad se basó en una

percepción totalmente equivocada de la realidad.

Agregaron que en el avalúo núm. 2010-PA-01, elaborado por la

Corporación Avalúos, que sirvió de fundamento al acto acusado, no

se expresó cuáles fueron los criterios y parámetros de comparación

que se tuvieron en cuenta y las operaciones que se realizaron para

determinar el monto de la indemnización, como lo exigen los

artículos 20 del Decreto 1420 y 10° de la Resolución 620 de 2008.

Sostuvieron que al omitir dicho requisito se les impidió a los aquí

demandantes controvertir el avalúo y también se incurrió en un

error en los fundamentos de derecho del acto acusado.

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Que, sin embargo, en caso de demostrarse que dichos parámetros

y operaciones sí se pusieron en conocimiento de los demandantes

durante el procedimiento administrativo, los mismos no eran aptos

para tal efecto, por lo que persistía el vicio de nulidad alegado, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Resolución núm.

620 de 2008, expedida por el IGAC.

. SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DE LA LEY.

Expresaron que el acto demandado genera una lesión a los

derechos de propiedad privada e igualdad, así como a la justicia

que debe regir las relaciones entre el Estado y lo particulares. Para

el efecto, trajo a colación las sentencias de 10 de mayo de 20018 y

de 14 de mayo de 20099 del Consejo de Estado y las sentencias C-

1074 de 2002, C-476 de 2007 de la Corte Constitucional, sobre el

tema.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de
mayo de 2001, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, núm. único de radicación 11783.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.

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I.4.1. El Municipio de Medellín, mediante apoderado, contestó la

demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo,

en esencia, lo siguiente:

Que no es cierto que el Municipio de Medellín hubiera incurrido en

un error en la suma reconocida por el valor del predio, dado que el

avalúo comercial que sirvió de fundamento para determinar el

monto de indemnización se basó en lo previsto en la Ley 388, el

Decreto 1420 y la Resolución 620 de 2008, expedida por el IGAC.

Señaló que teniendo en cuenta que el valor de la indemnización fue

incorporado en el texto de la resolución demandada, está amparado

por la presunción de legalidad y, en consecuencia, le corresponde a

la parte actora demostrar que el avalúo de la Corporación Avalúos

es errado.

Que tampoco se ha demostrado que al aplicar otra de las

metodologías empleadas en este tipo de avalúos, el resultado fuera

un valor superior al reconocido mediante el acto acusado.

Expresó que para la fecha en que se realizó la expropiación, el

predio se encontraba ubicado en un suelo de expansión urbana, en

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el cual el desarrollo de proyectos urbanísticos y constructivos se

encuentra limitado hasta que no se expida el correspondiente plan

parcial y se dote de la infraestructura de servicios públicos y vías,

que se requieren para habilitar los nuevos desarrollos.

Sostuvo que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 388, el

suelo de expansión urbana es un área no urbanizada, que carece de

la infraestructura de servicios suficientes para ser catalogada como

suelo urbano, pero que se pretende habilitar para el uso urbano

durante la vigencia del plan de ordenamiento. Es decir, que

mientras en un suelo de este tipo no se apruebe el plan parcial

correspondiente, continuará teniendo las características de un suelo

rural, donde no se permiten desarrollos urbanísticos ni proyectos de

vivienda.

Explicó que para la fecha en que se expidió la resolución acusada,

que dispuso la expropiación, no se había aprobado el plan parcial

para el sector, lo que solo ocurrió hasta el 2012, mediante la

expedición del Decreto 1960 de 12 de diciembre de ese año, motivo

por el cual no era posible que el valor para la fecha de la

expropiación fuera el mismo del valor de otros predios localizados

en suelos urbanos, en los cuales se había aprobado el plan parcial

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correspondiente, contaban con toda la infraestructura de servicios y

vial, con las licencias urbanísticas y que habían cumplido con las

obligaciones urbanísticas necesarias para la localización de

desarrollos urbanísticos.

I.4.2. La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, -EDU-, quien fue

llamada en garantía por el Municipio de Medellín, mediante apoderado,

también contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las

pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que el monto de la indemnización reconocida en el acto demandado

no fe producto de un error, sino que estuvo respaldada en el Avalúo

núm. 2010-PA-01 de 7 de enero de 2010, realizado por la

Corporación Avalúos.

Indicó, sobre los avalúos aportados con la demanda, que aunque en

los mismos se aplicó el método de comparación, en ninguno se

especificó cuáles fueron los inmuebles que se utilizaron como

parámetro de comparación.

Adujo que el proceso de adquisición del predio, objeto de

expropiación, se ciñó a lo establecido en los artículos 4º, 8º y 315,

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numeral 1, de la Constitución Política, así como a lo previsto en los

artículos 61 y 67 de la Ley 388, 4º de la Ley 489, 20 del Decreto

1420 y 1º, 3º y 4º de la Resolución núm. 620 de 2008.

Propuso las excepciones de “Presunción de legalidad de los actos

administrativos”; “Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva” y

“Falta de Causa para pedir”, debido a que la EDU actuó como

intermediaria del Municipio de Medellín y un simple mandatario de

esa entidad; y la de “Buena fe”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 4 de diciembre de 2019, la Sala Quinta Mixta

del Tribunal Administrativo de Antioquia, luego de definir la

expropiación administrativa, señalar los actos que se expiden dentro

del trámite de dicho procedimiento y las características de la

indemnización que debe reconocerse en favor del particular que se ve

afectado con la expropiación, advirtió que los cargos no estaban

llamados a prosperar dado que si bien es cierto que el predio se

encontraba ubicado en un suelo de expansión urbana, también lo es

que para la fecha en que se realizó la expropiación, el Municipio de

Medellín todavía no había aprobado el Plan Parcial y, por ende, en el

predio no estaba permitido el desarrollo de proyectos urbanísticos o

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inmobiliarios, restricción que necesariamente incidía en el metro

cuadrado.

Precisó que una serie de fotografías del predio expropiado, tomadas

por el señor ARLOS BERNARDO RESTREPO y un vídeo tomado por la

señora GLORIA OSSA JARAMILLO, que fueron allegados con la

demanda, serían valorados de manera conjunta con las demás

pruebas que obraban en el expediente, toda vez que no obstante

tener certeza sobre su origen, debido a que fueron reconocidos por

sus autores, por sí solas solo ofrecen un registro de la imagen del

predio, mas no aportan mayores elementos sobre sus características

y condiciones existentes para determinar su precio.

Indicó que con la demanda se allegaron tres avalúos, elaborados por

FRANCISCO OCHOA OCHOA AVALÚOS en julio de 2010, COLBIENES

en agosto de 2010, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y

Antioquia en agosto de 2010, los cuales basaron su estimación del

precio del metro cuadrado del lote expropiado, en el supuesto de que

pronto se aprobaría el Plan Parcial La Florida, lo que permitiría

desarrollar proyectos de vivienda de interés social en el predio.

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Anotó que en el proceso se recibieron varios testimonios. Que el

testigo JUAN ESTEBÁN PATIÑO VANEGAS, consultor del

Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de

Medellín, manifestó que en el sector del predio expropiado,

catalogado por el Plan de Ordenamiento Territorial, -POT-10, como

suelo de tratamiento urbano de desarrollo en expansión, se permite

mantener las actividades rurales, mientras se adopta el plan parcial

que permita los desarrollos inmobiliarios y, por ende, en este sector

no se permite la subdivisión predial y la generación de nuevas

destinaciones; que dado que no era posible hacer un desarrollo

inmobiliario solo podían desarrollarse equipamientos; que hasta tanto

no existiera un plan parcial solo podían desarrollarse usos asociados

a los equipamientos, como lo son educación, cultura, salud y

recreación.

Que el testigo RUBÉN DE JESÚS FRANCO MEDINA, representante

legal de la Corporación Avalúos, empresa que realizó el avalúo oficial

núm. 2010-PA-01, declaró que al realizar el avalúo de un bien

inmueble no era posible tener eventuales normas que posibiliten

hacer un proyecto urbanístico en el sector, ya que las normas no lo

permiten; que el lote objeto de expropiación se clasificaba de

10
En adelante POT.

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expansión urbana de acuerdo al POT; que el precio del predio tuvo

como base que este no llenaba los requisitos para hacerlo urbano,

por lo que hizo estudio de mercado con predios semejantes y con

características semejantes y el precio final de dicho avalúo, el cual

fue muy alto, se fundamentó en la cercanía al área urbana; que lo

rural se debía respetar y que un predio urbano llega hasta un punto y

al frente es rural y esa circunstancia no se puede dejar a un lado ni

olvidar; que mientras una norma no existe, lo demás es

especulación.

Expresó que dentro del proceso se decretó un dictamen pericial, el

cual fue elaborado por el ingeniero electricista JUAN GUILLERMO

GÓMEZ, quien con fundamento en el método residual concluyó que el

valor del predio era de $1.622.556.935,56, para lo cual tuvo en

cuenta el valor del metro cuadrado, según CONSTRUDATA, -informe

de junio a agosto de 2010-.

Que sobre este dictamen, la EDU y el Municipio de Medellín

solicitaron aclaración y, posteriormente, formularon objeción por

error grave, toda vez que el mismo no explicó por qué el método

residual resultaba válido para el predio expropiado; no fundamentó el

valor promedio de los parámetros que sirven de base para aplicar

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dicho método; el inmueble no se localizaba en suelo suburbano y el

Plan parcial no se encontraba parcialmente aprobado para la fecha en

que se aprobó la expropiación, como afirmó el perito.

Mencionó que para resolver la objeción grave formulada por la parte

actora y el Municipio de Medellín, se decretó la práctica de un

dictamen pericial, que fue elaborado por el ingeniero civil PASCUAL

JULIO HENAO OSPINA, en el cual se utilizó el método residual, para

establecer el valor de la inversión de la construcción del Parque

Biblioteca JOSÉ HORACIO BETANCUR (en el inmueble expropiado) y

que tuvo en cuenta un proyecto similar, esto es, la construcción del

Parque Biblioteca FERNANDO BOTERO, en el corregimiento San

Cristóbal del Municipio de Medellín.

Sostuvo que el dictamen realizado por JUAN GUILLERMO GÓMEZ se

ciñó a responder los interrogantes planteados por los actores, pero

para estimar el precio del inmueble expropiado aplicó el método

residual, previsto en el artículo 4º de la Resolución 620 de 2008,

expedida por el IGAC, a pesar de que de conformidad con las pruebas

obrantes en el expediente estaba demostrado que el predio se

encontraba ubicado en un área de expansión urbana y que según el

artículo 24 de la citada resolución, para la valoración de los predios

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situados en esa clase de suelos debía aplicarse el método

comparativo o de mercado.

Puntualizó que está claro que el perito aplicó una metodología

diferente a la establecida en la norma, para determinar el precio del

bien expropiado, error que influyó en las conclusiones plasmadas en

el dictamen, razón por la cual declaró probada la objeción por error

grave formulada por la parte demandante y el Municipio de Medellín,

en contra del referido dictamen pericial elaborado por el Ingeniero

JUAN GUILLERMO GÓMEZ.

Advirtió que el dictamen practicado por PASCUAL JULIO HENAO

OSPINA en el trámite de la objeción por error grave tampoco es

idóneo para demostrar que el precio pagado por el Municipio de

Medellín era menor al valor real del metro cuadrado del inmueble

expropiado, por cuanto dicho dictamen incurre en el mismo error,

esto es, que para calcular el valor del metro cuadrado acudió al

método residual, a pesar de que el citado artículo 24 dispone

claramente que cuando se trate de predios ubicados en suelos de

expansión urbana, el método que debe aplicarse es el de mercado.

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Afirmó que, igualmente, los avalúos aportados con la demanda

tampoco resultan idóneos para desvirtuar la indemnización fijada por

el Municipio en la resolución acusada, toda vez que incurren en la

misma imprecisión que necesariamente afecta sus conclusiones,

consistente en que en cada uno, al fijar el precio del metro cuadrado,

tomó como factor determinante una simple posibilidad: el hecho de

que el predio expropiado tenía las condiciones adecuadas para

desarrollar proyectos de vivienda social, en razón a que pronto se

aprobaría el Plan Parcial, que permitiría la ejecución de proyectos

urbanísticos.

Señaló que de conformidad con los artículos 19 y 32 de la Ley 388,

que definen los planes parciales y el suelo de expansión urbana, en

estos suelos no es posible desarrollar proyectos urbanísticos hasta

que no se apruebe el plan parcial correspondiente.

Anotó que por esta razón para establecer el valor del metro cuadrado

del inmueble no podía tomarse en consideración la posibilidad de que

en un futuro se aprobaría el plan parcial, debido a que dicha

circunstancia no era más que un supuesto hipotético, una

probabilidad sujeta a contingencias que no podía afectar el precio del

inmueble, como se hizo en los avalúos aportados con la demanda,

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máxime cuando para la fecha en que tuvo lugar la expropiación, el

predio se encontraba ubicado en suelo de expansión urbana y según

se demostró en el proceso, el Plan Parcial solo se aprobó hasta el 12

de diciembre de 2012, cuando se expidió el Decreto 1960.

Estimó que los actores no lograron acreditar que la indemnización

reconocida por el lote expropiado fue injusta. Además, el valor

señalado en el avaluó comercial núm. 2010-PA-01, realizado por la

Corporación Avalúos fue acogido por la entidad en la Resolución

núm. 0808 de 13 de mayo de 2010 y, en consecuencia, está

amparado en la presunción de legalidad que acompaña a los actos

administrativos, la cual no se desvirtuó, ya que los actores no

demostraron que el avalúo oficial fuera errado.

Que, por consiguiente, no es procedente declarar la nulidad de la

resolución demandada, por lo cual denegó las pretensiones.

Por último, no condenó en costas a la parte demandante; y, por

haber prosperado la objeción al dictamen pericial elaborado por el

perito JUAN GUILLERMO GÓMEZ, le ordenó al mencionado perito

reintegrar a la parte actora la totalidad de los honorarios fijados por

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la rendición de dicho dictamen, quienes, para tal efecto, deben

demostrar haber realizado el pago de los mismos.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló, en primer lugar, que el a quo pasó, en un todo, por alto

que se demostró plenamente en el proceso la dificultad de

encontrar predios con las mismas o similares características del

inmueble expropiado, razón por la cual era improcedente y

contrario a la normativa aplicable, concluir que el único método de

avalúo aplicable y válido en el presente caso era el comparativo o

de mercado.

Argumentó que tanto el perito PASCUAL JULIO HENAO OSPINA,

designado por el Tribunal con el objeto de realizar el dictamen

pericial, para resolver la objeción por error grave, como el

representante legal de la Corporación Avalúos, quien elaboró el

avalúo, que fundamentó el acto acusado, reconocieron la dificultad

de encontrar predios con las mismas o semejantes características a

las del inmueble expropiado.

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Que dadas las particularidades de este caso no resultaba ajustado a

las normas constitucionales y legales interpretar que el método

comparativo o de mercado era el único aplicable en este caso,

máxime cuando la Resolución núm. 620 de 2008 establece otros

métodos de avalúo, como el residual, que fue utilizado por el perito

PASCUAL JULIO HENAO OSPINA y por el avalúo de FRANCISCO

OCHOA OCHOA, el cual resulta aplicable a este caso y que consulta

las características del inmueble expropiado, entre ellas, sus

posibilidades legales y físicas, como lo era precisamente su

destinación como Parque Biblioteca, además de que es la

interpretación que mejor desarrolla los valores y principios de

nuestro estado social de derecho y que permite garantizar el

derecho fundamental de los actores a recibir una compensación

justa, producto de una expropiación.

Expresó, en segundo lugar, que el fallador de primera instancia

omitió que, dadas las características del inmueble expropiado y sin

desconocer el hecho de estar ubicado en suelo de expansión

urbana, era plenamente procedente acudir a otros métodos de

avalúo también establecidos en la normativa aplicable, como el

residual, teniendo en cuenta la dificultad de encontrar en el

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presente caso bienes semejantes y comparables al del objeto del

avalúo.

Que, por ende, de ninguna manera se podía descalificar el dictamen

practicado como prueba de la objeción por error grave, por

PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, casi 9 años después de la

expropiación, para aplicar únicamente el método comparativo, el

cual no solo fue realizado por un perito idóneo y está debidamente

fundamentado, sino que además cumplió con todos los requisitos

legales.

Anotó que dicho dictamen hizo un juicioso y completo recuento del

objeto del dictamen, de la normativa aplicable al predio y de las

distintas pruebas documentales, testimoniales y respuestas a

oficios, que resultaban relevantes para el dictamen; que con

fundamento en dichas pruebas e información suministrada por el

Municipio de Medellín y la EDU y la visita suya al predio, determinó

que al momento en que quedó en firme la expropiación, el área

total del inmueble expropiado era de 23.221 m2 para el terreno y

77,14 m2 para las mejoras o construcción existente en este,

siguiendo la metodología establecida en la Resolución núm. 620 de

2008.

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Que el perito PASCUAL JULIO HENAO OSPINA explicó clara y

fundadamente tanto en el referido dictamen, como en las

aclaraciones y complementaciones al mismo, las razones por las

cuales consideró que el Parque Biblioteca de San Antonio de Prado

era comparable con el Parque Biblioteca de San Cristóbal, dadas

sus múltiples similitudes, en cuanto a su ubicación en

corregimientos del Municipio de Medellín, que se tratan de parques

bibliotecas, que fueron financiados por el Municipio y ejecutados por

el EDU, están ubicados en zona urbana y de expansión urbana, sus

áreas construidas de los edificios son casi iguales y tienen

exactamente el mismo concepto de viabilidad de planeación para

las dos bibliotecas.

Que, para efectos de aplicar el método residual, partió de estimar el

valor del inmueble expropiado en el que construyó el Parque

Biblioteca de San Antonio de Prado, de su comparación con el

Parque Biblioteca Fernando Botero, en el corregimiento de San

Cristóbal en el Municipio de Medellín.

Que una vez obtenidos los componentes de la ecuación a aplicar,

esto es, el valor del terreno similar, el valor de construcción de

proyecto similar y el valor de la construcción del Parque Biblioteca

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de San Antonio de Prado, José Horacio Betancur, el perito

mencionado determinó el valor del inmueble objeto del proceso al

momento de la expropiación, en la suma de $2.311.864.089 y el

valor del m2 en la suma de $98.596.

Adujo, en tercer lugar, que el Tribunal pasó por alto que, además

del dictamen practicado como prueba de la objeción por error grave

del primer dictamen judicial, también los avalúos aportados con la

demanda demostraron fehacientemente que el valor real del

inmueble expropiado era mayor al reconocido por la entidad

demandada y que lo hicieron aplicando el método comparativo o de

mercado.

Que dichos avalúos determinaron que el valor real del metro

cuadrado del inmueble al momento de la expropiación ascendía a la

suma de $70.939, para un valor total del predio de

$1.647.266.925, cifras estas que resultan de promediar el valor del

metro cuadrado y el valor total del predio.

Que el avalúo aportado y realizado por FRANCISCO OCHOA OCHOA

es prueba idónea para demostrar técnicamente que el inmueble

expropiado tenía un mayor valor al reconocido a los actores, pues

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concluyó que el valor real del mismo era de $70.000 el metro

cuadrado, para un valor total del predio de $1.625.470.000, cifras

que son el resultado de aplicar los métodos comparativo y el

residual, que están debidamente soportadas y fundamentados en

todas las características del inmueble y en sus posibilidades de

desarrollo y que fueron debidamente sustentadas en audiencia, sin

que fueran desvirtuadas en ningún momento por la entidad

demandada.

Que además del anterior avalúo, también se aportó el avalúo

realizado por RODRIGO MERINO, de COLBIENES, quien determinó

el valor real del inmueble expropiado era de $68.000 el metro

cuadrado, para un valor total del predio de $1.579.028.000, de

acuerdo con el método comparativo, para lo cual tuvo en cuenta

apreciaciones de avalúos y transacciones de venta realizadas

recientemente en el sector y consultó varios colegas y los archivos

de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín como los de su oficina, al

igual que firmas constructoras.

Que asimismo, se aportó el avalúo realizado por HERNÁN CADAVID

GÓNIMA, quien determinó el valor real del inmueble expropiado era

de $74.000 el metro cuadrado, para un valor total del predio de

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$1.718.354.000, de acuerdo con el método comparativo, para lo

cual tuvo en cuenta las características del predio. Adicionalmente,

utilizó el método de reposición.

Alegó, en cuarto lugar, que no es cierto que supuestamente los

avalúos aportados con la demanda hayan tomado como “factor

determinante” una “simple posibilidad”, consistente en que el

predio expropiado tenía las condiciones adecuadas para desarrollar

proyectos de vivienda de interés social, en razón que pronto se

aprobaría el Plan Parcial, que permitiría la ejecución de proyectos

urbanísticos.

Que quedó demostrado en el proceso la aprobación del plan parcial,

dado el estado avanzado del trámite para el momento de la

expropiación, que no era una “simple posibilidad”, ni mucho menos

debía dejarse en un todo de lado para efectos de establecer el valor

del inmueble, pues ese plan que permitiría su desarrollo urbanístico

estaba en etapa de formulación con solicitud de viabilidad, lo cual

hacía altamente probable la aprobación del mismo en un futuro

muy cercano, tal y como efectivamente ocurrió y está demostrado

en el proceso.

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Sostuvo, en quinto lugar, que tampoco es cierto que dadas las

condiciones existentes al momento de la expropiación, que “la

posibilidad de que en un futuro se aprobaría el plan parcial fuera un

supuesto hipotético” o “una posibilidad sujeta a contingencias que

no podían afectar el precio del inmueble”, lo cual, además de que

fue desvirtuado técnicamente, se corrobora con el hecho claro e

inequívoco consistente en que efectivamente el Plan Parcial se

aprobó en diciembre de 2012.

Afirmó que, por ende, y con base en todo lo anterior, haciendo una

valoración adecuada, exhaustiva e integral de las pruebas

aportadas y practicadas en el proceso, esto es, del dictamen

practicado y de los avalúos aportados, de los documentos allegados

y de los testimonios recibidos, es claro que los actores sí

cumplieron a cabalidad con la carga de demostrar que la

indemnización reconocida por el lote expropiado era injusta y, por

consiguiente, que el acto demandado está viciado de nulidad.

Solicitó que por tal razón se debe revocar la sentencia apelada y,

en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, debido a

que se allegaron avalúos, que determinaron el valor del inmueble

expropiado con varios métodos, arrojando todos ellos y sin

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excepción, que el valor real del inmueble no fue el reconocido en el

acto demandado, sino un valor muchísimo mayor, tanto al

compararlo con transacciones o valores de predios similares al

momento de la expropiación (método comparativo), como a partir

de su desarrollo como proyecto inmobiliario (método residual) y

como biblioteca (método residual).

Que, de manera subsidiaria, se les reconozca a los actores la suma

de $812.161.325, de acuerdo con los 3 avalúos aportados con la

demanda, que determinaron que el valor real del metro cuadrado

del inmueble al momento de la expropiación ascendía a la suma de

$70.939, para un valor total del predio de $1.647.266.925.

Asimismo, que de manera subsidiaria a las dos peticiones

anteriores y en caso de que no haya lugar a acceder a las

pretensiones de la demanda, que al declararse probada la objeción

por error grave formulada en contra del dictamen realizado por el

señor JUAN GUILLERMO GÓMEZ, se le ordene al mencionado perito

reintegrarles a los demandantes el pago de los honorarios

profesionales pagados por la elaboración del dictamen por la suma

de $7.289.800, cuyo pago ya está debidamente acreditado en el

expediente.

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora, mediante escrito visible a folios 11

a 32 del C. de Apelaciones, reiteró los argumentos expuestos en el

recurso de apelación, en el sentido de que los demandantes sí

cumplieron a cabalidad con la carga de demostrar que la

indemnización reconocida por el lote expropiado era injusta y, por

consiguiente, que el acto demandado está viciado de nulidad,

debido a que se allegaron avalúos que determinaron que el valor

real del inmueble no fue el reconocido en dicho acto, sino un valor

muchísimo mayor, tanto al compararlo con transacciones o valores

de predios similares al momento de la expropiación (método

comparativo), como a partir de su desarrollo como proyecto

inmobiliario y como biblioteca (método residual).

IV.2.- Por su parte, el Municipio de Medellín, a través de escrito

visible a folios 34 a 41 del C. de Apelaciones, insistió en que la

parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad del avalúo

oficial y del acto expropiatorio acusado, toda vez que no existe

prueba válida jurídicamente y técnicamente que pueda

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desvirtuarlos, respecto del precio establecido como indemnización;

y que cada perito no puede desatender la normativa establecida por

el IGAC acerca de los métodos valuatorios establecidos al realizar

los avalúos y decidir que método aplicar.

Advirtió que la misma parte demandante aceptó en el recurso de

apelación que en los avalúos allegados no se aplicó el método

valuatorio exigido por la norma; y que conforme lo establece el

artículo 21 del Decreto 1420, se debe tener en cuenta la

reglamentación urbanística vigente al momento de la realización del

avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo, por lo que los

peritos no podían suponer eventos futuros para valorar el inmueble.

V.3.- La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, -EDU-, mediante

escrito visible a folio 55 del C. de Apelaciones, reiteró los

argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en cuanto

a que el avalúo oficial cumplió con todos los requisitos legales que

regulan la materia y que debe ser desestimado el avalúo

presentado por el perito PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, ya que él

no posee el registro abierto de avaluadores, el cual es requisito

para la elaboración de los avalúos, además de que dicho avalúo no

acogió la normatividad dispuesta en la Ley 388, el Decreto 1420 y

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la Resolución 620 de 2008, al aplicar el método residual, razón por

la cual solicitó confirmar la sentencia apelada.

IV.4.- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 0808 de 13 de mayo de 2010, expedida por el

Alcalde del Municipio de Medellín, “[…] Por medio del cual se dispuso

la expropiación por vía de administrativa de un inmueble con todas

sus Mejoras y Anexidades […]”, mediante la cual se ordenó la

expropiación por vía administrativa del lote de terreno, ubicado en

la vereda El Vergel del corregimiento de San Antonio de Prado del

Municipio de Medellín, con un área de aproximada de 23.221

metros cuadrados, identificados con matrícula inmobiliaria núm.

001-666413, según consta en la escritura pública núm. 1221 de 30

de junio de 2004; y se estableció como precio de la indemnización

el valor total de $835.105.600, conforme al avalúo comercial núm.

2010-PA-01 de 7 de enero de 2010, efectuado por la Corporación

Avalúos11.

11
Folios 66 a 77 del C.1.

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La parte actora fundamentó su inconformidad con la sentencia

apelada, en que no le asiste razón al a quo al denegar las

pretensiones de la demanda dado que los avalúos aportados con la

demanda, así como el dictamen pericial rendido en el trámite de la

objeción error grave, a través de los cuales se aplicaron varios

métodos valuatorios, sí demostraron que el valor real del inmueble

expropiado era mayor al reconocido por el Municipio de Medellín en

la citada resolución acusada.

Sea lo primero advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 200912, precisó sobre el alcance de la expropiación

administrativa y de la indemnización de carácter reparatorio

pleno, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.

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administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido
por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por
motivos de utilidad pública o de interés social debidamente
determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una
indemnización de carácter reparatorio y pleno, que
comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que
corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren
causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la H.
Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de
manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un
derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella
sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente
justificada y previa una justa indemnización.” (negrillas
ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del
llamado «bloque de constitucionalidad», prevé igualmente en
su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa
que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la
transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor
del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine
con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las
ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las
mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo,
en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea
divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el
menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer con
ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de

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que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre
los intereses privados, no significa en modo alguno que por
dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la
ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas
públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló que
el quantum de la expropiación debe abarcar, además del valor
del bien expropiado, el de “…los daños que sean consecuencia
directa e inmediata de la expropiación”. Y agrega: “Por todo lo
anterior, es evidente que la indemnización prevista en el
artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena,
ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro
cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha
sido expropiado.” (Cursivas de la Corte).

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que se
irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa y
razonable” y continúa diciendo, “…«el justiprecio» es el que
representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (Negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta
necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el
daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o
por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda
los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta,

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se aparta del postulado de justicia consagrado por el
constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta
ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio
de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste
el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la
garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el
asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa,
puesto que ésta es procedente respecto del precio, cuando el
expropiado considere incumplido el mandato de que la
indemnización sea justa y plena.

Lo anteriormente expuesto explica el por qué el artículo 71 de
la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso
contencioso administrativo especial de expropiación por vía
administrativa, establecen textualmente lo siguiente en el
inciso 1° y el numeral 6°:

Artículo 71º.- Proceso contencioso administrativo. Contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede acción
especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual
deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario
siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso
a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes
reglas particulares: (Subrayado fuera de texto)

[…]

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la
Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse
los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo
relativo al precio indemnizatorio. (Subrayado fuera de texto)

Como bien se puede observar, los dispositivos legales que se
acaban de indicar, permiten a los propietarios afectados
demandar ante la justicia administrativa el pago de los daños
derivados de una expropiación por vía administrativa, cuando
quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la
administración a título de indemnización no alcance a
proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la
suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor
comercial del inmueble y los demás daños irrogados (Ablatio
dominii), con lo cual se quiere evitar una ruptura del principio
de igualdad frente a las cargas públicas.

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Por otra parte, no sobra precisar que para poder
obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es
indispensable que los mismos sean ciertos y que exista
necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la
expropiación.

El carácter resarcible del daño depende
fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues
es claro que las lesiones de carácter hipotético,
estocástico o contingente no pueden ser objeto de
reparación o compensación. El agravio debe estar
revestido entonces de certeza para que produzca
efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo
aquello que constituya una simple conjetura o una
suposición no puede dar lugar a una indemnización […]”
(Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, aunque el Estado está expresamente facultado para

limitar el derecho de propiedad vía expropiación, siempre que

existan motivos de utilidad pública e interés general, también le

asiste la obligación ineludible de reconocer y pagar una

indemnización previa, plena y justa a quien debe ceder su derecho

a favor de la comunidad, lo que no obsta para que el afectado

acuda a la jurisdicción contencioso administrativa si considera que

aquélla no lo repara en forma justa y plena, en cuyo caso tendrá la

carga de probar, no sólo la existencia y certeza de aquellos

perjuicios que pretende le sean reconocidos, sino el nexo de

causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la

cual se decretó la expropiación, pues la simple conjetura o

suposición no puede dar lugar a una indemnización.

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Sobre esta temática, debe señalarse que el actor es quien tiene

la carga de probar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, demostrando precisamente su incorreción.

En cuanto a la carga de la prueba frente a la inconformidad con

el valor de la indemnización, cabe resaltar que en la sentencia

antes invocada, la de 14 de mayo de 2009, esta Sección se

pronunció así:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia
que el precio del inmueble establecido por la administración
se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos
de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque
se asegura que “Se han consultado las estadísticas y
avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre
inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los
apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan
cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o
los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia
municipal cabrían exactamente las mismas críticas
que el apoderado del Municipio demandado formula
en su apelación contra el dictamen rendido por la
perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría
de Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se

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encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección.
[…]

Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos
casos resulta insuficiente la mera exposición de los
resultados de las operaciones periciales practicadas y
de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas
de las explicaciones relativas a su origen y al proceso
lógico e intelectivo que ha conducido a su obtención,
omitiendo la exposición y explicación de las razones
por las cuales no es dable mantener otro criterio
diferente.

Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la
autoridad judicial no cuenten con los conocimientos
especializados del perito, es de esperar que éste revele los
datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un
entendido en la materia puede reputar elementales, un
profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el
cometido principal de cualquier experticia no es otro que la
persuasión, y esta difícilmente se logra cuando solamente
se efectúan afirmaciones o negaciones de manera
apodíctica, negándole al juez y a las partes la posibilidad de
conocer los rudimentos básicos del análisis efectuado. La
labor del perito consiste precisamente en proporcionar,
junto con el fruto de su propia interpretación, los
fundamentos que lo soportan, para situar a sus
destinatarios en condiciones de poder valorar la objetividad,
la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las
conclusiones presentadas.

Teniendo cuenta las falencias que quedan expuestas y ante
la imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba
pericial practicada en el proceso en relación con el
justiprecio del inmueble expropiado, la Sala considera, al
amparo de la sana crítica, que el actor no logró
desvirtuar en el proceso la corrección del justiprecio
preparado por la Subdirección de Catastro de
Medellín. Por esa misma razón ha de concluirse que el
actor tampoco logró desvirtuar la presunción de
legalidad que cobija los actos administrativos
demandados que acogieron ese justiprecio, pues al no

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obrar en el expediente ningún medio de prueba que
permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna
razón para decretar la nulidad parcial deprecada por
el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.

Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6°
del artículo 237 del C. de P. C., en donde se dispone que "El
dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se
explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones
efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos,
científicos o artísticos de las conclusiones". Esta disposición
consagra la necesidad de explicar el por qué se rinde el
dictamen en determinado sentido, indicando las razones de
orden técnico, científico o artístico que se tuvieron en cuenta
para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes
puedan ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el
juez, por su parte, pueda valorar la racionalidad y objetividad
de las conclusiones emitidas.

El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del
avalúo oficial y acreditar la corrección del justiprecio
presentado por quien actuó como perito en el curso de
la primera instancia, cometido que no se logró en el
asunto sub examine.

Por todo lo anterior, habrá de modificarse la sentencia de
primer grado, en el sentido de revocar la condena impuesta al
Municipio de Medellín en lo que tiene que ver con el pago de
las sumas pretendidas en relación con el valor indemnizatorio
del inmueble […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).13

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver las censuras

expuestas en el recurso de apelación.

La primera censura consiste en que la parte actora alegó que el a

quo erró al concluir que el único método de avalúo aplicable y

válido en el presente caso era el comparativo o de mercado, porque
13
Este criterio fue reiterado por esta Sección en sentencia proferida el 11 de julio de 2019 (Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-00509-01).

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era plenamente procedente acudir a otros métodos de avalúo

también establecidos en la normativa aplicable, teniendo en cuenta

que se demostró en el proceso la dificultad de encontrar predios

con las mismas o similares características del inmueble expropiado.

Sobre el particular, los artículos 25 del Decreto 1420 y 1º a 4º de la

Resolución 620 de 2008, expedida por el IGAC, disponen que para

la elaboración de los avalúos y determinar el valor comercial del

inmueble a adquirir, a través del proceso de expropiación

administrativa, a que se refiere la Ley 388, debe aplicarse uno de

los siguientes métodos, o si el caso lo amerita varios de ellos: el

método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización

por ingresos, el de costo de reposición o el residual, así:

1. El método de comparación o de mercado: Que busca

establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las

ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y

comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones

se clasifican, analizan e interpretan para llegar a la estimación del

valor comercial.

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2. El método de renta o capitalización por ingresos: Que busca

establecer el valor comercial de un bien a partir de las rentas o

ingresos que puedan obtener el mismo bien, o inmuebles

semejantes y comparables por sus características físicas, de uso y

ubicación, trayendo a valor presente la suma de los probables

ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto

de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.

3. El método de costo de reposición: Que busca establecer el

valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el

costo total de la construcción a precios de hoy, de un bien

semejante al que es objeto de avalúo, restándole la depreciación

acumulada y adicionando al valor así obtenido la utilidad.

4. El método residual: Que busca establecer el valor comercial del

bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto

total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la

reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el

mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al

monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la

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utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable que

además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la comercial

del proyecto o sea la real posibilidad de vender lo proyectado.

Asimismo, se debe mencionar que según los artículos 2114 y 2215

del Decreto 1420, para elaborar el avalúo y determinar el valor

comercial del inmueble, objeto de expropiación, debe tenerse en

cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al

momento de la realización del avalúo, en relación con el inmueble

objeto del mismo.

Por consiguiente, no cabe duda de que para elaborar un avalúo y

determinar el valor comercial del inmueble a adquirir a través del

proceso de expropiación administrativa se deben aplicar los

métodos de comparación o de mercado, de renta o capitalización

por ingresos, de costo de reposición o el residual y se tendrá en

cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital

14
“[…] Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del
valor comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo. […]”.
15
“[…] “Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener
en cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio […]”.

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vigente al momento del avalúo en relación con el predio

objeto del mismo.

En el caso sub examine, la Corporación Avalúos, en el Avalúo

oficial núm. 2010-PA-01 de 7 de enero de 201016, suscrito por

RUBEN FRANCO MEDINA, señaló que para determinar el valor

comercial por $835.105.60 del predio objeto de expropiación, esto

es, del lote de terreno ubicado en la vereda El Vergel del

corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín,

con un área de aproximada de 23.221 metros cuadrados,

identificados con matrícula inmobiliaria núm. 001-666413, según

consta en la escritura pública núm. 1221 de 30 de junio de 2004,

utilizó los siguientes métodos:

“[…] Para la determinación del valor comercial del inmueble,
en el presente avalúo se analizaron los siguientes métodos:

MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO-

Para determinar el valor comercial del inmueble se utilizó el
método comparativo de mercado que consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta, demanda
y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previo
ajuste de tiempo, conformación y localización entre otros.
Es importante anotar que cada inmueble es único y
presenta condiciones muy particulares, por tanto, este
método solo nos da una idea o estimada por el cual la
propiedad en cuestión se venda.

MÉTODO DE REPOSICION:

16
Folios 122 a 126 del C.1.

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Se aplica únicamente a las edificaciones y se basa en la
determinación del costo de la construcción actualizado
menos la depreciación por antigüedad y estado de
conservación, para ello se utiliza la tabla de Fitto y Corvini,
que nos indica de acuerdo a la edad del inmueble y a su
estado de conservación el factor de depreciación que se
debe aplicar al valor nuevo de la construcción […]”.

Con dicho avalúo se anexó un cuadro de “Estudio de Mercado-

Veredas en San Antonio del Prado”17, en los cuales se recopilan

datos de ofertas de 15 inmuebles, respecto de cada uno de ellos se

indicó la fecha, la fuente, la vereda donde se ubica, las

características de la zona o lote, el área del lote, el valor por m2 y

el valor total del lote.

Para el efecto, el Representante Legal de la Corporación Avalúos,

señor RUBEN FRANCO MEDINA, mediante oficio de 19 de abril de

201018, aclaró el avalúo del inmueble expropiado, en el sentido de

que para realizarlo se utilizó el método comparativo de mercado,

pues dicho predio se encontraba en una zona de expansión

urbana. Asimismo, señaló que aplicó la normatividad vigente en el

momento de efectuarse la visita, ya que los aspectos futuros de

posible desarrollo de la zona no pueden ser tenidos en cuenta, y

ratificó el valor del citado avalúo comercial núm. 2010-PA-01, así:

17
Folios 146 a 148 del C.1.
18
Folios 142 a 145 del C.1.

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“[…] Según las inconformidades presentadas por los
propietarios del inmueble de la referencia, respondemos lo
siguiente:

1. El avalúo se realiza teniendo en cuenta la normatividad
existente citada por el abogado de los propietarios.
[…]

3. Como lo dice el abogado en su solicitud, se utilizó para
el lote de terreno el método comparativo de mercado.
(Ver estudio de mercado).
[…]

5. La resolución 620 de 2008, dice que “Artículo 1…”
Respuesta: Todo lo anterior es válido para terrenos e
inmuebles urbanos, aunque la normatividad del actual POT
de Medellín también aplica para suelo de expansión, no
quiere decir que todos los terrenos sean aptos para un
proyecto de construcción en altura. Para esto se debe
comprobar primero que dicho suelo de expansión sí llene los
requisitos, el cual exige un estudio técnico de suelos.

Zona de expansión es aquella que está en medio de la
zona urbana y la zona rural, pero no ha sido
incorporada a la normatividad urbana. Sin embargo en
los proyectos de expropiación por vía administrativa las
entidades del estado pueden ubicar dichos proyectos en
zonas urbanas, suburbanas o de expansión, o rurales.
También pueden utilizar zonas de reserva natural,
ambiental o todo tipo de zonas protegidas para desarrollar
proyectos de beneficio colectivos, tales como: proyectos de
seguridad, educativos, deportivos, entre otros.

De acuerdo a lo anterior y en base al método
utilizado, se realizó el estudio de mercado. (Ver
estudio de mercado).
[…]

10. Es precisamente esta ubicación privilegiada sobre la
nueva vía…

Respuesta: Es debido a esa cualidad que se le dio el precio
a la tierra, ya que dicho predio se encuentra en una
zona de expansión mas no es urbano.
[…]

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12. Nuestro predio es precisamente un predio que va ha
pasar el metro plus por el frente.
Respuesta: Esa condición no es tenida en cuenta en el
precio de la tierra, porque no estamos valorando a futuro
sino o que existe en el presente.

13. […]
Respuesta: Según la zona de expansión aportada por el
abogado, el predio tiene una limitante de precio, en base de
esa limitante se analiza el valor.
[…]
15.[…]
Respuesta: Todos estos aspectos también fueron tenidos
en cuenta aunque para llegar a esos desarrollos
urbanísticos se debe analizar la normatividad vigente,
los porcentajes a ceder por áreas libres, viales,
equipamiento urbanístico, etc. Lo que reduce el área neta a
construir, que a veces genera una rentabilidad muy limitada
que no hace atractivo un proyecto inmobiliario. Además,
primero que todo un proyecto urbanístico requiere un
estudio de suelos, que es cuando se determina si la tierra si
es apta para un proyecto en altura.
[…]

El valor de la tierra no puede incluir para este tipo de
proyecto una plusvalía para un proyecto urbanístico a
futuro. Es al momento actual porque tendría vicios jurídicos.
[…]

Los aspectos futuros de posible desarrollo de la zona
no pueden ser tenidos en cuenta. El Avalúo se hace
de acuerdo a la realidad de tiempo y lugar, en el
momento de efectuarse la visita.
[…]

Este tipo de aspecto no es tenido en cuenta en el avalúo,
porque éste se debe hacer con otros criterios más técnicos
y precisos, como son: el tipo de predio, su ubicación y el
mayor o menor beneficio que se pueda dar a él.
[…]

Por lo anterior nos ratificamos en el valor del avalúo
comercial con radicado No. 2010-PA-01. […]” (Destacado
fuera de texto).

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Posteriormente, a través de oficio de 18 de mayo de 201019, el

mencionado Representante Legal de la Corporación Avalúos

nuevamente ratificó en el valor comercial del avalúo oficial e hizo

énfasis en que el predio, objeto de expropiación, se encontraba

ubicado en una zona de expansión urbana y que fue comparado

con predios similares, de la siguiente manera:

“[…] Teniendo en cuenta que el predio está ubicado en la
centralidad zonal, en un corredor de actividad múltiple, en
el plan parcial y las demás características mencionadas por
los propietarios del inmueble de la referencia, fueron
tenidas en cuenta y son precisamente las que le dan mayor
valor al predio. Es importante advertir que el precio
promedio de la zona geoeconómica de expansión- rural del
sector es de $5.701.

Hacemos énfasis en que la zona es una zona de
expansión y tiene unas características distintas de la
zona urbana.

Los diferentes predios que fueron utilizados como objeto de
comparación tienen diferentes particularidades de
ubicación, forma, área, entre otros, ya que encontrar un
predio de las mismas condiciones es casi imposible. Por lo
cual se deben comparar con predios similares
considerando cada una de las características
enunciadas.

Por lo anterior nos ratificamos en el valor del avalúo
comercial con radicado No. 2010-PA.01. […]” (Destacado
fuera de texto).

Cabe mencionar que el referido Representante Legal de la

Corporación Avalúos, señor RUBEN FRANCO MEDINA, quien

19
Folio 160 del C. 1.

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suscribió el avalúo oficial, en audiencia de testimonio20, precisó en

lo referente al método utilizado para determinar el valor comercial

del predio expropiado, lo siguiente:

“[…] Personalmente hice la visita del avalúo y se tomaron
las características propias del inmueble tales como su
ubicación, pendientes, afectaciones y características varias
importantes para realizar el avalúo comercial del cual
estamos hablando, este lote de terreno se encontraba
ubicado en el área rural del corregimiento de San Antonio
de Prado por lo tanto luego de las averiguaciones
pertinentes, con relación a la claridad en el momento
de la visita de que dicho predio era rural en base a lo
anterior se hizo el correspondiente estudio de
mercado que es el único método valuatorio utilizado
cuando un lote es rural, yo pondría entre paréntesis lote
rural aquel que no cuenta con los servicios básicos tales
como sistemas viales, equipamentos, servicios de
acueducto y alcantarillado y por consiguiente la norma nos
limita a dicho método, con relación a este predio existía una
confusión porque en los planos existentes figura como de
expansión urbano y es palabra expansión urbana lleva a las
personas a una confusión porque lo están asemejando con
urbano. […] tampoco se puede hacer el método
residual porque este requiere los requisitos señalados
anteriormente para hacer cualquier proyecto
constructivo: vías, servicio de transporte, acueducto y
alcantarillado y algún tipo de amoblamiento, sin estos
requisitos ningún predio puede valorarse como de
expansión urbana o urbano lo dice la norma muy
claramente. Solamente se aplicó el método de estudio
de mercado de acuerdo a lo escrito anteriormente.
Este método consiste en ubicar dos, tres, cuatro o más
predios si existen con características semejantes, tanto de
área como de configuración física de dicho predio, se
informa el tipo de predio la ubicación (del mismo sector o
sectores semejantes), teléfono de la persona que ofrece el
predio, área del mismo y precio final, en esta forma se saca
un promedio matemático y este valor puede asignársele al
del avalúo para darle el valor final e incluirle mejoras si
existen. […]

20
Folios 1086 a 1087 y 2147 a 2151 del C.2.

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Es importante recalcar que dichos avalúos eran auditados
por la oficina de catastro municipal del Municipio de
Medellín entidad encargada de hacer la interventoría a dicho
proyecto.
[…]

PREGUNTADO. Se le pone de presente el documento que
obra a folio 146 y siguientes del cuaderno 1 para que por
favor indique y aclare si dentro de las fuentes que allí se
relacionan como consideradas para el estudio de mercado
alguna de ellas hace referencia a ofertas o compraventas de
lotes de terrenos con similares características y ubicación a
aquel que fue objeto de expropiación. CONTESTO. En el
estudio de mercado solamente se colocan ofrecimiento de
ventas porque otro tipo de actividades no son reales para
una estimación precisa, por ejemplo, a veces en la
compraventa no se incluye realmente el valor de venta, por
muchas razones, para evitar pagos de impuestos muy altos
etcétera, es importante aclarar que la persona asignada por
la empresa lo hace atendiendo la normatividad interna de la
empresa avaluadora.
[…]

PREGUNTADO. Si al momento de hacer el avalúo tuvo en
cuenta las disposiciones urbanísticas vigentes para dicho
momento.
CONTESTO. Claro el lote en el momento del avalúo
estaba catalogado como lote en área de expansión
urbana cuya definición está al principio de este
cuestionario y como tal se valoró.
[…]

PREGUNTADO. En respuestas anteriores refirió usted que
el lote era rural en área de expansión a su vez en el avalúo
que reposa a folios 122 a 126 del cuaderno 1 y que se le
pone de presente, se indica que el predio es de tipo
“agropecuario- clasificación del suelo expansión” precise por
favor de acuerdo a su tratamiento de desarrollo según el
POT vigente en ese momento como se clasificaba el lote.
CONTESTO. Al visitar un predio no siempre hay claridad
sobre la diferencia de rural o de expansión urbana, cuando
ya se profundiza en la visita y se mira la documentación se
puede observar las características del que delimita o
separan el predio rural de predio de expansión urbana y se
confirma con la documentación aportada por el solicitante
del avalúo y por la información que uno pueda tener
mirando la normatividad existente en el momento del

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avalúo, el lote en ese momento se clasificaba de
expansión urbana de acuerdo al POT.
[…]
CONTESTO. El precio del predio tenía como base que este
no llenaba los requisitos para hacerlo urbano, por
consiguiente se hizo estudio de mercado con predios
semejantes y con características semejantes y el
precio final de dicho avalúo el cual fue muy alto tuvo
en cuenta la cercanía al área urbana pero los límites
entre lo urbano y lo rural hay que respetarlos y un
predio urbano llega hasta un punto y al frente es rural y esa
circunstancia no se puede ni dejar a un lado ni olvidar.
[…]

CONTESTO. De acuerdo a la Resolución 620 en los
métodos de avalúos se habla que para predios rurales
solamente se puede utilizar el estudio de mercado y
dice la norma que el estudio de mercado puede ser en
predios de la zona o zonas similares con
características similares y solamente para el estudio del
mercado se debe tomar información de ubicación del predio
área aproximada a vender, valor y nombre o teléfono de
contacto.
[…]
PREGUNTADO. […] Indique por favor por que se utiliza
entonces el método comparativo de mercado si como lo
afirmó anteriormente este consiste en ubicar predios con
características semejantes de área y configuración física.
CONTESTO. Es el único método validado por la
normatividad. PREGUNTADO. Indique por favor porque
se tuvieron en cuenta para el estudio del mercado los
predios que aparecen en el cuadro si en el mismo los
predios no identifican dirección o contacto de la persona de
a que se obtiene la información, las características de los
mismos, están ubicados en veredas distintas a la que se
encuentra el predio objeto del avalúo, en algunos casos no
se tiene fecha con respecto al registro de la transacción y
tienen áreas muy distintas y precios muy distintos a los que
corresponden al predio objeto del avalúo. CONTESTO. Ya le
contesté en una pregunta anterior, porque los predios es
imposible que sean iguales en área, es imposible que
predios en distintos puntos, aunque sean en el mismo
sector tengan precios uniformes (cada propietario valora su
metro cuadrado dependiendo de muchos factores para él),
la normatividad permite que predios ubicados en
otras zonas similares se homogenicen y a eso nos
ceñimos. […]” (Destacado fuera de texto).

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Ahora, debe ponerse de presente que de conformidad con el

artículo 30 de la Ley 388, los planes de ordenamiento territorial

clasifican el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano,

rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán

establecerse las categorías de suburbano y de protección, de

acuerdo con los criterios generales establecidos en los artículos

siguientes.

Por su parte, el artículo 5º de la Resolución 620 de 2008,

prevé que para establecer si un predio se encuentra dentro de la

clase de suelo urbano, de expansión urbana, rural, suburbano o

de protección, el elemento a tener en cuenta es el acuerdo que

adopta el Plan de Ordenamiento Territorial que define dicha

clasificación, de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 5o. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. La
clasificación del suelo en urbano, de expansión
urbana, rural, suburbano y de protección, son clases y
categorías establecidas en el Capítulo IV de la Ley 388 de
1997. Por lo tanto, para establecer si un predio se
encuentra dentro de cualquiera de ellas, el único
elemento a tener en cuenta es el acuerdo que adopta
el Plan de Ordenamiento Territorial que define dicha
clasificación. […]”. (Destacado fuera de texto).

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Al respecto, se tiene que mediante Oficio de 6 de mayo de 201621,

el director del Departamento Administrativo de Planeación de la

Alcaldía de Medellín informó que el predio, objeto de expropiación,

en el año 2010, se ubicaba bajo el polígono de tratamiento

SA_DE_5, lo que lo definía en un área de expansión urbana de

la ciudad, y que no contaba con un Plan Parcial adoptado, en

los siguientes términos:

“[…] Con respecto al predio localizado en el Corregimiento
de San Antonio de Prado, en el sector de Vergel cuya
dirección es la carrera 6 con calle 4C, en el cual
actualmente se ubica el Parque Biblioteca del mencionado
corregimiento, le informamos que el año 2010, este predio
se regía por las normas urbanísticas del Acuerdo 46
de 2006 Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Medellín, en el cual se ubica el predio en
mención bajo el polígono de tratamiento SA_DE_5, lo
que lo define en un área de Expansión Urbana de la
ciudad, la cual puede ser desarrollada solo a través de la
formulación de un Plan Parcial.
[…]

De lo anterior se deduce que este predio no contaba con
norma urbana definida ya que se exigía para ese entonces
la formulación del Plan Parcial que sería el que establecería
dicha norma para el polígono SA_DE_5 y por ende para el
predio en cuestión.
[…]

El Plan Parcial La Florida, polígono SA_DE_5, fue adoptado
mediante Decreto Municipal 1960 del año 2012, lo que
define que para el año 2010 el polígono en cuestión no
contaba con plan parcial adoptado. […]” (Destacado
fuera de texto).

21
Folio 2138 del C. 2.

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Ahora, es menester advertir que la citada Resolución núm. 620

de 2008, en su Capítulo III, denominado “Procedimiento

Específicos”, en su artículo 24, dispuso, de manera específica, que

para la estimación del valor comercial de predios en zonas de

expansión que no cuenten con plan parcial, deberá utilizarse el

método de mercado y/o renta, de la siguiente manera:

“[…] CAPÍTULO. III
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

[…]

ARTÍCULO 24. VALORACIÓN DE PREDIOS INCLUIDOS
EN LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA. La valoración
de predios en zonas de expansión que no cuenten con
plan parcial, se hará con las condiciones físicas y
económicas vigentes. Para la estimación del valor
comercial deberá utilizarse el método de mercado y/o
renta. En concordancia con lo previsto en el inciso 2o del
artículo 29 del Decreto 2181 del 2006, la investigación de
los precios del terreno debe tener en cuenta la condición de
tierra rural, es decir, sus características agronómicas, agua,
pendiente, ubicación y, en general, la capacidad productiva
del suelo. […]” (Destacado fuera de texto).

Por tal razón, en este caso, el método de mercado o de

comparación era el que se debía aplicar, habida cuenta que,

conforme se demostró, para la época en que fue objeto de

expropiación el inmueble citado, éste se encontraba en una zona de

expansión urbana que no contaba con plan parcial.

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Sobre este asunto, debe aclararse que el de mercado o

comparación era el método valuatorio que se debía aplicar y no

otro, pues la normativa vigente al momento del avalúo en relación

con el predio objeto del mismo, esto es, la Resolución núm. 620

de 2008 en cita, de manera específica, estableció dicho método

para establecer el precio ofrecido y pagado a la parte actora, por la

expropiación de un inmueble con las señaladas características.

Además, de que en el caso sub lite se contaba con predios

similares con los cuales se podía comparar el inmueble, objeto de

avalúo.

Por tal razón, no resultaba cierto, como se alegó en el recurso de

apelación, que no se podía concluir que el único método de avalúo

aplicable y válido en el presente caso era el de mercado o

comparativo, debido a que existió en el proceso dificultad de

encontrar predios con las mismas características del inmueble

expropiado; y que, por el contrario, resultaba aplicable el método

residual, que fue utilizado por el perito PASCUAL JULIO HENAO

OSPINA y por el avualador FRANCISCO OCHOA OCHOA.

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Al respecto, cabe advertir que si bien es cierto que el perito RUBEN

FRANCO MEDINA, en el citado oficio de 19 de mayo 201022, al

referirse al avalúo oficial que realizó, manifestó que era casi

imposible encontrar un predio de las mismas condiciones al

objeto de avalúo, también lo es que en la misma comunicación

precisó que teniendo en cuenta ello, el inmueble, objeto de

comparación, se comparó con predios similares considerando

diferentes particularidades de: ubicación, área, entre otros, como

en efecto, lo hizo.

En igual sentido, lo expresó en el testimonio que rindió cuando dijo:

“[…] Los diferentes predios que fueron utilizados como
objeto de comparación tienen diferentes particularidades de
ubicación, forma, área, entre otros, ya que encontrar un
predio de las mismas condiciones es casi imposible. Por lo
cual se deben comparar con predios similares
considerando cada una de las características
enunciadas.

De acuerdo a la Resolución 620 en los métodos de
avalúos se habla que para predios rurales solamente
se puede utilizar el estudio de mercado y dice la
norma que el estudio de mercado puede ser en
predios de la zona o zonas similares con
características similares y solamente para el estudio del
mercado se debe tomar información de ubicación del predio
área aproximada a vender, valor y nombre o teléfono de
contacto.
[…]
PREGUNTADO. […] Indique por favor por que se utiliza
entonces el método comparativo de mercado si como lo
afirmó anteriormente este consiste en ubicar predios con

22
Folio 160 del C.1.

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características semejantes de área y configuración física.
CONTESTO. Es el único método validado por la
normatividad. PREGUNTADO. Indique por favor porque
se tuvieron en cuenta para el estudio del mercado los
predios que aparecen en el cuadro si en el mismo los
predios no identifican dirección o contacto de la persona de
a que se obtiene la información, las características de los
mismos, están ubicados en veredas distintas a la que se
encuentra el predio objeto del avalúo, en algunos casos no
se tiene fecha con respecto al registro de la transacción y
tienen áreas muy distintas y precios muy distintos a los que
corresponden al predio objeto del avalúo. CONTESTO. Ya
le contesté en una pregunta anterior, porque los
predios es imposible que sean iguales en área, es
imposible que predios en distintos puntos, aunque
sean en el mismo sector tengan precios uniformes
(cada propietario valora su metro cuadrado
dependiendo de muchos factores para él), la
normatividad permite que predios ubicados en otras
zonas similares se homogenicen y a eso nos ceñimos.
[…]” (Destacado fuera de texto).

En torno a este asunto, se debe indicar que la referida Resolución

núm. 620, en su artículo 1º, preceptúa que el “Método de

comparación o de mercado”:

“[…] Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial
[…].” (Destacado fuera de texto)

Lo anterior pone de manifiesto que la señalada disposición tan solo

exige que los bienes a comparar con el objeto del avalúo sean

semejantes y comparables, pero en ningún momento preceptúa

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que los bienes a comparar deban ser iguales o de las mismas

condiciones.

De manera, que no cabe duda de que resultaba plenamente

aplicable el método de mercado o comparativo, al presente caso,

toda vez que existieron inmuebles semejantes o comparables con el

predio objeto de avalúo, conforme consta en el cuadro de “Estudio

de Mercado- Veredas en San Antonio del Prado”23, en el cual se

observa que se recopilaron datos de ofertas de 15 inmuebles, sobre

los cuales se indicó de cada uno de ellos: la fecha, fuente, vereda

donde se ubica, las características de la zona o lote, el área del

lote, el valor por m2 y el valor total del lote.

En otras palabras, existió un mercado representativo de inmuebles

comparables o de una tipología semejante, que permitió, en la zona

objeto del inmueble expropiado, identificar parámetros adecuados

para realizar la homogeneización y poder aplicar el método de

mercado o comparativo al predio, objeto de expropiación.

Al ser aplicable dicho método de mercado o comparativo, de

conformidad con la normativa vigente al momento de realizar el

23
Folios 146 a 148 del C.1.

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avalúo del inmueble expropiado, no era procedente aplicar el

método residual, tal y como lo manifestó el Avaluador, que realizó

el avalúo oficial, cuando rindió su testimonio y, en consecuencia,

acertó el a quo cuando sostuvo:

“[…] Sin embargo, para estimar el precio del inmueble
expropiado, aplicó el método residual, consagrado en el
artículo 4º de la Resolución 620 de 2008 del IGAC. No
obstante, de conformidad con las pruebas que obran
en el expediente, está demostrado que el predio se
encontraba ubicado en un predio que estaba
clasificado como de expansión urbana y según el
artículo 24 de esta misma norma, para la valoración
de los predios situados en esta clase de suelos, debía
aplicarse el método comparativo o de mercado […].

En el anterior orden de ideas, está claro que el perito aplicó
una metodología diferente a la que claramente establecía la
norma, para determinar el precio del bien expropiado, error
que influyó en las conclusiones plasmadas en el dictamen.
[…]

Esto se afirma, por cuanto el dictamen incurre en el mismo
error que el primero, toda vez que para calcular el valor del
metro cuadrado, acudió al método residual y como ya se
señaló, el artículo 24 de la Resolución 620 del IGAC,
establece claramente que cuando se trate de predios
ubicados en suelos de expansión urbana, el método
que debe aplicarse es el de mercado. […]” (Destacado
fuera de texto).

Por lo tanto, esta censura no tiene vocación de prosperidad.

La segunda censura la hace descansar el recurrente en que el

fallador de primera instancia omitió que, dadas las características

del inmueble expropiado y sin desconocer el hecho de estar ubicado

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en suelo de expansión urbana, era plenamente procedente acudir a

otros métodos de avalúo también establecidos en la normativa

aplicable, como el residual y, por ende, de ninguna manera podía

descalificar el dictamen practicado como prueba de la objeción por

error grave, por PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, el cual no solo fue

realizado por un perito idóneo, está debidamente fundamentado y

cumplió con todos los requisitos legales.

En el proceso se decretó por el Tribunal la práctica de un dictamen

pericial24, designándose al perito JUAN GUILLERMO GÓMEZ E.,

Ingeniero Electricista, con el fin de determinar el área total del

inmueble expropiado para la fecha en que quedó en firme la

resolución que dispuso la expropiación, el valor del metro cuadrado

y el valor total del inmueble para la fecha en que fue expropiado,

de conformidad con lo señalado a folios 53 y 54 de la demanda.

Dicho dictamen concluyó que el valor total del predio expropiado

era de $1.622.556.935,96 y consta de los siguientes datos:

“[…] AVALÚO
Para la determinación del avalúo se considera:
METODO COMPARATIVO O DE MERCADO: Por no
encontrarse lotes con las mismas características en la zona,
no fue posible hacer uso de esta metodología.

24
Folios 1058 a 1059 del C.2.

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[…]

MÉTODO RESIDUAL
Para la aplicación de esta metodología se tuvo en cuenta
aspectos tales como:
VALOR DEL METRO CUADRADO SEGÚN CONSTRUDATA: Del
cual estamos anexando copia del informe de Junio a
Agosto/10
FICHA RESUMEN DE LA NORMATIVIDAD EN EL SECTOR: Se
anexa copia de dicha normatividad.
Anexamos al final del informe un avalúo con la aplicación de
esa metodología.
Finalmente se anexan documentos (uno de ellos no
completo por considerarse no necesario) relacionados con
un avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, de un
lote cercano al Parque Biblioteca; el cual al momento de la
construcción de la vía principal (doble vía a San Antonio de
Prado) el Área Metropolitana estableció un acuerdo de pago
con dicho propietario.
El valor establecido fue de $3.660.000 por un área de
36.60, dando como resultado un valor de $100.000/m2 y
esto al 11 de septiembre del año 2003.
[…]”.

Sobre dicho dictamen, la parte actora formuló objeción por error

grave25, al estimar que el mismo no fundamentó por qué el método

residual resultaba válido para avaluar un predio con las

características del lote expropiado y tampoco fundamentó el valor

promedio de los parámetros que sirven de base para aplicar el

método de avalúo residual.

A su vez, el Municipio de Medellín también objetó por error grave el

citado dictamen pericial, teniendo en cuenta que no es cierto que el

inmueble se localice en suelo suburbano; el mismo no se realizó de

25
Folios 2236 a 2240 del C.2.

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conformidad con las normas en que debía fundamentarse; no es

cierto que el plan parcial se encontraba parcialmente aprobado al

momento de la expropiación del inmueble, razón por la cual no era

posible adelantar un proyecto con 232 viviendas, como lo indicó el

perito.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal de primera instancia

ordenó la práctica de un dictamen pericial, a fin de resolver la

objeción por error grave formulada por la parte actora y el

Municipio de Medellín26, designándose para ello al señor PASCUAL

JULIO OSPINA27, que arrojó como valor comercial del inmueble

expropiado la suma de $2.311.864.089.

En dicho avalúo, se estableció lo siguiente:

“[…] Para dar respuesta a este punto seguiremos la
metodología establecida en la Resolución 620 de 2008 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ver numeral 3.23 del
presente), teniendo en cuenta que se trata de establecer el
valor por m2 en el inmueble expropiado, al 3 de junio de
2010, fecha en que quedó en firme la expropiación.

En dicha resolución se establecen cuatro métodos (ver
numeral 3.24 del presente), el de comparación o de
mercado, el de capitalización de rentas o ingresos, el de
costo de reposición y el residual. El primero lo debemos
descartar, ante la falta de transacciones de bienes

26
Folio 2252 del C.2.
27
Folio 2260 del C.2.

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semejantes y comparables al del objeto de avalúo; el
segundo corre igual suerte, porque la rentabilidad social de
un parque biblioteca no es cuantificable en pesos; así
mismo el tercero, porque no se trata de establecer el valor
de la biblioteca, sino del terreno. Por descarte nos queda
el cuarto método o técnica residual, partiendo, no de
estimar el monto total de las ventas de un proyecto
de construcción, sino el de establecer el valor de la
inversión en la construcción del Parque Biblioteca
José Horacio Betancur y un proyecto similar a este,
para aplicar la siguiente ecuación:

“Valor terreno que nos ocupa/valor construcción biblioteca
José Horacio Betancur= valor terreno para proyecto similar
/valor construcción proyecto similar (…)

El proyecto similar es la construcción del Parque Biblioteca
Fernando Botero, en el corregimiento San Cristóbal del
Municipio de Medellín […]

SIMILITUDES ENTRE LAS BIBLIOTECAS FERNANDO
BOTERO Y JOSÉ HORACIO BETANCUR
FERNANDO BOTERO JOSÉ HORACIO
BETANCUR
Queda en el Queda en el
Corregimiento San Corregimiento San
Cristóbal del Municipio Antonio de Prado del
de Medellín. Municipio de Medellín.
Es un parque biblioteca Es un parque biblioteca
Financiado por el Financiado por el
Municipio de Medellín Municipio de Medellín
Proyecto ejecutado por la Proyecto ejecutado por la
EDU EDU
Ubicado en la zona Ubicado en la zona de
urbana del expansión urbana, pero
Corregimiento con todos los servicios,
como cualquier predio de
la zona urbana (ver
numerales 3.3.1, 3.3.2,
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.6,
3.5.1 y 3.5.2 del
presente)
Avalúo de terrenos Avalúo de terrenos
efectuado por la efectuado por la
Corporación Avalúos Corporación Avalúos
Área construida Área construida
edificio:4.146 m2 (ver edificio:4.146 m2 (ver
numeral 3.18 del numeral 3.18 del
presente) presente)

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[…]

“Valor terreno proyecto similar
El proyecto similar, como lo señalamos anteriormente, es el
parque Biblioteca Fernando Botero, ubicado en el
Corregimiento San Cristóbal, del Municipio de Medellín. Para
la construcción de esta obra, el Municipio de Medellín
adquirió por escritura No. 246 del 28 de febrero de 2003,
de la Notaría Catorce de Medellín […] dos predios cuyas
áreas suman 13.500 m2 por $563.500.000, a pesos del 26
de noviembre de 2002. Para establecer el valor de ese
terreno al 3 de junio de 2003, a dicho capital le sumamos el
interés corriente bancario […] que genera, entre el 26 de
noviembre de 2002 y el 3 de junio de 2003, fecha en la cual
quedó en firme la expropiación que nos ocupa […]

Capital=$563.500.000 Valor del predio de 13.500 m2 a
pesos del 26 de noviembre de 2002

Hechas las operaciones pertinentes en el ANEXO 1 en Excel
Asunto: Intereses corrientes sobre precio lote familia Maya,
adjunto al presente, obtenemos el siguiente resultado:
$738.114.526 al 03/06/2010, por intereses corrientes,
sumados al capital: $563.500.000 nos da $1.301.614.526
como valor de dicho predio al 03/06/2010.

Con base en el avalúo efectuado por la Corporación
Avalúos, cuya visita se efectúo el 15 de diciembre de 2009,
el Municipio de Medellín adquirió, con destino a la
construcción del Parque Biblioteca Fernando Botero, cuatro
predios más que suman 1.077 m2, por $473.368.000 […].
O sea que, en total adquirió 13.500 m2+1077m2= 14.577
m2 por $1.301.614.526+473.368.000=$1.774.982.526,
para un valor promedio por m2 de $114.685.

La EDU informó que el área donde se construyó el Parque
Biblioteca San Cristóbal es de 15.348 m2 […]. En
consecuencia, el terreno donde se construyó el Parque
Biblioteca San Cristóbal costó

[…] $1.760.185.380 a pesos del 3 de junio de 2010.

“Valor construcción proyecto similar

Tal y como lo manifestamos anteriormente, el proyecto
similar es del Parque Biblioteca Fernando Botero, cuya obra

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tuvo un costo de $12.547.291.315 a pesos del año 2010
[…]

Valor construcción P.B. José Horacio Betancur
La construcción de esta obra ascendió a la suma de
$16.965.063.067 a pesos de 2011. Necesitamos su valor a
pesos del año 2010. Para obtenerlo utilizamos el índice de
costos de construcción de vivienda, para la ciudad de
Medellín, que se puede consultar en la página del DANE. El
incremento de este índice del 2010 a 2011, fue del 3.95%
para Medellín. En consecuencia, el valor de la construcción
del Parque Biblioteca José Horacio Betancur es el siguiente:
[…]
$16.965.063.067/1.0395=$16.320.406.980
A pesos del 3 de junio de 2010

Valor del terreno donde se construyó el Parque
Biblioteca José Horacio Betancur.

Este valor lo obtenemos reemplazando por los valores
encontrados, en la ecuación anterior.
Valor del terreno donde se construyó el parque biblioteca
José Horacio Betancur=
$1.760.185.380 x$16.320.406.980=$2.289.493.489
$12.547.291.315
El valor por m2 lo obtenemos dividiendo el anterior
resultado entre el área del terreno que ocupa dicho parque
biblioteca: 23.221 m2, nos da: $98.596 m2.
El valor de las mejoras no cambia, teniendo en cuenta que
su valor no fue cuestionado en la demanda.
El valor total del inmueble es de $2.311.864.089 a pesos de
junio 3 de 2010, de acuerdo a la siguiente relación:

Descripción Valor Area Valor parcial
m2 ($) m2 ($)
Terreno 98.596 23.221 2.289.493.489
Construcción 290.000 77.14 22.370.600
Valor total 2.311.864.089

[…]”28.

En el fallo de primera instancia, el a quo señaló que el referido

dictamen practicado por PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, en el

28
Folios 1 a 39 del C. 3.

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trámite de la objeción por error grave, no era idóneo para

demostrar que el precio pagado por el Municipio de Medellín era

menor al valor real del metro cuadrado del inmueble expropiado,

por cuanto dicho dictamen incurrió en un error, habida cuenta que

para calcular el valor del metro cuadrado acudió al método residual,

a pesar de que el citado artículo 24 de la Resolución núm. 620 de

2008 dispone claramente que cuando se trate de predios ubicados

en suelos de expansión urbana, el método que debe aplicarse es el

de mercado.

Al respecto, la Sala considera que le asistió razón al fallador de

primera instancia al sostener ello, toda vez que como se puso de

presente al resolver la anterior censura, el método de mercado o

comparación era el que se debía aplicar en este caso, y no podía

ser aplicado otro, -el método residual-, pues la normativa vigente al

momento del avalúo, esto es, la Resolución núm. 620 de 2008,

en su artículo 24, de manera específica, estableció el método de

mercado o comparación para establecer el precio de los inmuebles

que se encuentran en una zona de expansión urbana que no

cuentan con plan parcial, como lo era el predio expropiado, al

momento de realizar el avalúo.

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Además, de que existió un mercado representativo de inmuebles

comparables o de una tipología semejante, que permitió en la zona

objeto del inmueble expropiado identificar parámetros adecuados

para realizar la homogeneización y poder aplicar el método de

mercado o comparativo al citado predio, ya que, ciertamente,

existieron inmuebles semejantes o comparables, con los cuales se

pudo comparar el inmueble, objeto de avalúo, conforme consta en

el cuadro de “Estudio de Mercado- Veredas en San Antonio del

Prado”29, en el cual se observa que se recopilaron datos de ofertas

de 15 inmuebles, sobre los cuales se indicó de cada uno de ellos: la

fecha, fuente, vereda donde se ubica, las características de la zona

o lote, el área del lote, el valor por m2 y el valor total del lote.

Significa lo anterior que no se podía acudir al método residual,

debido a que además de que la Resolución núm. 620 estableció,

expresamente, que se debía aplicar el método comparativo o de

mercado, resultó materialmente posible la valuación directa del

inmueble mediante la aplicación de ese método.

En efecto, para la Sala el dictamen practicado por el señor

PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, en el trámite de la objeción por

29
Folios 146 a 148 del C.1.

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error grave, debió ceñirse a los parámetros establecidos en el

artículo 24 de la Resolución 620, -metodología de mercado o

comparativo-, tal y como lo realizó la Corporación Avalúos. De

modo que para controvertir el avalúo oficial, practicado a partir de

la metodología de mercado o comparación, lo procedente era que el

nuevo cálculo fuera hecho aplicando el mismo sistema técnico que

permitiera el análisis de la posible diferencia de precio entre el

avalúo oficial y el dictamen.

En cuanto a la realización de un nuevo avalúo, en el que se aplique

un método valuatorio diferente al utilizado en el avalúo oficial, en

sentencia de 19 de abril de 202130, esta Sección señaló que para

desvirtuar el avalúo oficial no se puede tener en cuenta un avalúo

en el que se haya utilizado un método distinto al del avalúo oficial,

en la medida en que el precio final puede resultar diferente dadas

las particularidades y lineamientos que se deben seguir en cada

método valuatorio.

Así lo indicó esta Sala:

“[…] La parte demandante en su recurso de alzada, aduce
que el tribunal en primera instancia debió ponderar que si
bien en la demanda se pidió la realización de un nuevo
avalúo dando aplicación al método comparativo, el perito no
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

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tenía otra alternativa distinta a la de aplicar el método de
capitalización de rentas y no el comparativo, dada la
imposibilidad de acceder al inmueble expropiado y a los
demás inmuebles vecinos, ya que a la fecha en la que se
realizó el dictamen, los inmuebles ya habían sido
totalmente demolidos.

[…] La Sala observa que el avalúo rendido en primera
instancia no podía ser tomado en cuenta, en razón
que se utilizó un método distinto al de comparación y
que las especificaciones y criterios contenidos en
este, difieren de aquel utilizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá mediante avalúo No. AV-466-
07-36549 IDU 04-07 del 27 de diciembre de 2007, en
la medida en que el precio final puede resultar
diferente dadas las particularidades y lineamientos
que se deben seguir en cada método valuatorio. […]”
(Destacado fuera de texto).

Además, no puede perderse de vista que no será suficiente señalar

y atacar los métodos valuatorios que se utilizaron en el avalúo

oficial, sino que se debe convencer al juez del error en el que ha

incurrido la Administración al fijar un monto específico para la

indemnización, conforme lo sostuvo la Sala, en sentencia de 14 de

septiembre de 202031, de la siguiente manera:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización. […]” (Destacado fuera de texto).

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

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Aunado a lo anterior, la Sala estima que si en gracia de discusión el

método residual hubiera sido el aplicable a este caso, el dictamen

practicado por el señor PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, en el

trámite de la objeción por error grave, para aplicar ese método y

determinar el valor comercial del predio expropiado en

$2.311.864.089, no cumplió con previsto en el artículo 14 de la

Resolución núm. 620, dado que para establecer el valor de la

inversión en la construcción del Parque Biblioteca José Horacio

Betancur (en el inmueble expropiado) no tuvo como referencia un

inmueble semejante, como lo exige dicha norma32, en cuanto

tomó para ello la construcción del Parque Biblioteca Fernando

Botero, el cual se encuentra ubicado en una zona diferente, en

tanto este último inmueble está localizado en una zona urbana, en

el corregimiento de San Cristóbal en el Municipio de Medellín,

mientras que el predio objeto de expropiación, para la época del

avalúo oficial, estaba ubicado en un suelo de expansión urbana, en

el corregimiento de San Antonio de Prado.

32
“[…] ARTÍCULO 14. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. En desarrollo de este método (técnica), se
debe tener en cuenta:
Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de producto que por efectos del principio de
mayor y mejor uso se pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben referenciar las ofertas de
inmuebles comparables y semejantes al proyecto planteado, así como las características de
áreas, valores de venta, elementos del proyecto, entre otros que este tenga. […]” (Destacado fuera
de texto).

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Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con los artículos

31 y 32 de la Ley 388, los predios ubicados en suelo urbano y en

suelo de expansión urbano difieren, por tener las siguientes

características:

“[…] ARTÍCULO 31º.- Suelo urbano. Constituyen el suelo
urbano, las áreas del territorio distrital o municipal
destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento,
que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de
energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su
urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán
pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de
urbanización incompletos, comprendidos en áreas
consolidadas con edificación, que se definan como áreas de
mejoramiento integral en los planes de ordenamiento
territorial. Las áreas que conforman el suelo urbano serán
delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros
poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro
urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de
servicios públicos o sanitarios.

ARTÍCULO 32º.- Suelo de expansión urbana.
Constituido por la porción del territorio municipal destinada
a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano
durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo
determinen los Programas de Ejecución. La determinación
de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento
de la ciudad y a la posibilidad de dotación con
infraestructura para el sistema vial, de transporte, de
servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y
equipamiento colectivo de interés público o social. Dentro
de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas
de desarrollo concertado, a través de procesos que definan
la conveniencia y las condiciones para su desarrollo
mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo
de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará
condicionado a la adecuación previa de las áreas
programadas. […]”.

Así las cosas, esta censura tampoco tiene vocación de prosperidad.

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La tercera censura es la referente a que el Tribunal pasó por alto

que además del dictamen practicado como prueba de la objeción

por error grave del primer dictamen judicial, también los avalúos

aportados con la demanda demostraron fehacientemente que el

valor real del inmueble expropiado era mayor al reconocido por la

entidad demandada y que lo hicieron aplicando el método

comparativo o de mercado.

En relación con los avalúos aportados por la parte demandante, debe

señalarse lo siguiente:

En cuanto concierne al primer avalúo practicado en julio de 2010,

por el Avaluador FRANCISO LEÓN OCHOA OCHOA, que concluyó

como valor comercial total del inmueble la suma de $1.625.470.000,

se observa que éste indicó:

“[…] Aspectos específicos del lote:
[…]
La zona viene presentando un desarrollo importante de
vivienda de calidad de interés social e interés
prioritario. Es una de las pocas áreas de Medellín que
permite, por costos y normatividad, el desarrollo de este tipo
de vivienda, altamente deficitada, lo cual hace muy
comerciales los terrenos aptos para estos fines.

[…] En la actualidad se está tramitando un plan parcial que
afectará de manera positiva al sector donde se ubica el
inmueble dado que mejorará su infraestructura de servicios y
usos complementarios. En este plan parcial está incluido el

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lote objeto de estudio (plan parcial La Florida), pero el lote
está previsto ser destinado a uso institucional.

En la actualidad el plan parcial esta en etapa de formulación y
hay una solicitud de viabilidad que demora un mes
aproximadamente. Posteriormente puede tardarse entre tres
y cuatro meses más para ser aprobado, acorde con los
términos previsto en el decreto 2181 de 2006.
[…]
Importante manifestar que, de no tener la previsión de uso
institucional, el lote objeto de análisis tendría destinación
para desarrollo de vivienda de interés social y comercio sobre
el eje de la vía principal. Como antes se dijo, los terrenos
para este uso son muy escasos y altísimamente demandados.
A pesar de no tener aún aprobado el plan parcial, la
mera expectativa de aprobación de plan parcial y los
usos y normas (densidades e índices) para lotes
similares, llevan a que dicha expectativa se convierta
en valor comercial del lote, dado que los agentes
demandantes de este tipo de inmuebles son altamente
conocedores del mercado inmobiliarios y gestores por
naturaleza de todo tipo de trámites ante los entes
municipales.

Para la determinación del valor del terreno recurrimos a la
búsqueda de valores de mercado para terrenos de similares
condiciones físicas, de ubicación, topográficas, ubicados en la
misma zona, desarrollables como lo sería este predio en
pocos meses. También realizamos el desarrollo de un estudio
de factibilidad económica. Por último consultamos la opinión
de constructores desarrolladores de vivienda en la zona y la
opinión de peritos avaluadores conocedores de los valores de
terrenos en el sector. La conclusión de todo este proceso de
investigación arroja el valor contenido en el punto 8 del
presente Informe.
[…]
7. METODOLOGÍA VALUATORIA
Los métodos utilizados para determinar el valor comercial del
inmueble, son los siguientes:

7.1. MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO
Consistente en determinar el valor mediante información
obtenida de transacciones, ofertas y avalúos, para predios
equiparables, previos ajustes correspondientes por forma de
pago, época, forma, tamaño, topografía, estado de
conservación, etc.
7.2. MÉTODO RESIDUAL

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Consiste en determinar el valor comercial a partir de la
evaluación económica de la potencialidad de desarrollo del
predio, elaborando a tal fin un anteproyecto económico
(estudio de factibilidad), obteniendo el valor del lote como
diferencia entre ingresos y egresos de llevar adelante el
desarrollo de dicho proyecto inmobiliario acorde con las
normas y el mercado.

8. CUADRO DE VALORES
[…]
Hechas las consideraciones anteriores el siguiente es nuestro
concepto sobre el valor comercial de los inmuebles.
Avalúos
Lote 23.221 m2 $70.000 $/m2 Total $1.625.470.000

Total $1.625.470.000 […]” 33.

En el testimonio rendido en este proceso el 17 de mayo de 2006, el

mencionado Avaluador FRANCISCO LEÓN OCHOA OCHOA señaló que

una de las razones para llegar al valor de $70.000 por metro

cuadrado era que el inmueble expropiado se encontraba en uno de

los pocos sectores, donde se permite el desarrollo de vivienda VIS:

“[…] las razones para llegar al valor de $70.000 están
contenidas en los folios 330 a 333 y me permito
explicarlos, el lote se ubica en el corregimiento de San
Antonio en el Municipio de Medellín, uno de los pocos
sectores donde se permite el desarrollo de vivienda
VIS, este tipo de vivienda, de gran demanda, ha sido
estigmatizado y prohibido por municipios como Envigado, la
Estrella, Sabaneta, por lo cual los pocos terrenos aptos para
tal destinación son afanosamente demandados por los
constructores. El terreno objeto de este avalúo vivía
justamente esa condición. En segundo lugar, el lote
presentaba una forma y topografía bastante favorables,
fácilmente desarrollable sin requerir movimientos de tierra
importantes, con vía vehicular a corta distancia y con

33
Folios 320 a 348 del C.1.

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servicios públicos muy cerca. […]” (Destacado fuera de
texto).

Asimismo, declaró acerca de los métodos valuatorios aplicados para

determinar el valor comercial del inmueble y precisó que en el avalúo

comercial se consideró que el lote podría ser desarrollado

próximamente para el desarrollo de vivienda tipo VIS dado lo

avanzado del plan parcial, de la siguiente manera:

“[…] En el desarrollo del ejercicio avaluatorio se realizaron 2
modelos: en primer lugar aplicamos el método
comparativo de mercado, el cual consiste en buscar
valores de tierra para lotes similares o comparables bien
mediante datos de venta, ofertas y/o opinión de expertos. En
el folio 345 del titulado formato de investigación, aparece la
investigación de mercado llevada acabo la cual arrojó un
valor promedio de 70.000 pesos. En segundo lugar aplicamos
un método técnico denominado método residual, que consiste
en determinar el valor del lote a partir del desarrollo de un
hipotético proyecto inmobiliario acorde con las normas y el
mercado.
En el avalúo se consideró que el lote podría ser
desarrollado próximamente para el desarrollo de
vivienda tipo VIS dado lo avanzado del plan parcial
mencionado. En el mundo inmobiliario los valores de los
inmuebles reflejan acontecimientos y hechos futuros pues los
agentes económicos, enterados de las circunstancias,
expresan en el valor de los bienes las expectativas que
puedan incidir favorable o desfavorablemente en dichos
bienes. […]”34 (Destacado fuera de texto).

Sobre este avalúo, la Sala advierte que si bien es cierto que el mismo

aplicó el método de comparación o de mercado, el cual era el

procedente, en el presente caso, y conforme consta en el “Formato

34
Folios 1075 a 1079 del C.2.

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de Investigación Avalúos”35, en dicho avalúo se señalaron los datos

de 5 inmuebles, sobre los cuales se indicó la fecha, el tipo de fuente

(oferta, venta, avalúo, concepto), el área del lote, el valor por m2,

el valor total del lote y el valor (m2) homogeneizado y que tuvo en

cuenta “un lote donde se ubica Prados del Campo”, así como la

“opinión de experto”, de “Guillermo Restrepo”, “Elkín Ruiz” y de

“Luis Alfonso Quintero”, la fecha, el tipo de fuente (oferta, venta,

avalúo, concepto), el área del lote, el valor por m2, el valor total

del lote y el valor (m2) homogeneizado, también lo es que no

especificó cuáles fueron las características del sector, de oferta y

demanda que se tuvieron en cuenta para la valoración del inmueble,

ni se allegó soporte probatorio alguno que sustente el citado estudio

de mercado, lo cual permite expresar que este avalúo carece de

argumentos técnicos y de apoyo probatorio, que lleven a acreditar la

corrección del justiprecio arrojado por este avalúo y la incorrección

del avalúo oficial efectuado por la Corporación Avalúos.

Además, este avalúo, para fijar el metro cuadrado en $70.000, tomó

como factor determinante que el lote podría ser desarrollado

próximamente para el desarrollo de vivienda tipo VIS dado lo

avanzado del plan parcial, criterio que no podía ser considerado, pues

35
Folio 345 del C.1.

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conforme lo manifestó el señor JUAN ESTEBÁN PATIÑO VANEGAS,

Arquitecto Consultor del Departamento Administrativo de Planeación

del Municipio de Medellín, en 2010, al ser catalogado dicho predio por

el POT como suelo con tratamiento urbano de desarrollo en

expansión y no existir un plan parcial adoptado, no era posible hacer

un desarrollo inmobiliario. Solo podían desarrollarse en él usos

asociados a los equipamientos, como los son educación, cultura,

salud y recreación. Así lo expresó:

“[…] Este sector, catalogado por el POT como suelo con
tratamiento urbano de desarrollo de expansión permite
mantener las actividades rurales mientras se adopta un plan
parcial que permita los desarrollos inmobiliarios […]
Dado que no existía un plan parcial adoptado no era posible
hacer un desarrollo inmobiliario. […]
Solo podían desarrollarse en él usos asociados a los
equipamientos, es decir, entre tanto no exista un plan parcial
solo pueden desarrollarse usos asociados a los equipamientos
como los son educación, cultura, salud y recreación. [...]”.

Es menester señalar que el testigo en mención, igualmente,

puntualizó que el inmueble expropiado solo tendría la

posibilidad de tener desarrollos inmobiliarios a partir de la

adopción del plan parcial, ya que, sin este plan parcial, solo podía

tener un aprovechamiento al uso con el que contaba antes del

mismo, es decir, una actividad agropecuaria. Que, como el plan de

ordenamiento territorial permitía la construcción de equipamientos en

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suelos con tratamiento de desarrollo y en este caso específico de

desarrollo de expansión, se permitía el uso de la biblioteca.

Lo anterior se encuentra corroborado con el Oficio de 6 de mayo de

201636, mediante el cual el director del Departamento

Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín informó que

el predio, objeto de expropiación, en el año 2010, no contaba con

un Plan Parcial adoptado; que por ello no podría desarrollarse o

realizarse algún tipo de desarrollo inmobiliario y que solamente

luego de la formulación del plan parcial, se podrían hacer los

desarrollos urbanos, según la norma establecida.

Asimismo, aclaró que en ese predio se podía construir el Parque

Biblioteca sin la necesidad de un plan parcial, ya que los

equipamientos urbanos no son catalogados como desarrollos

inmobiliarios.

Con respecto al segundo avalúo, practicado en agosto de 2010, por

el señor RODRIGO MERINO VELÁSQUEZ, de COLBIENES, que

arrojó como valor comercial del inmueble de los actores la suma de

$1.579.028.00037, se estima que éste también está desprovisto de

36
Folio 2138 del C. 2.
37
Folios 352 a 366 del C.1.

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argumentos técnicos y de apoyo probatorio, que conduzcan a

demostrar la corrección del justiprecio que se hace en este avalúo y

que entraña, obviamente, la incorrección de la pericia oficial

efectuada por la Corporación Avalúos.

En efecto, el avalúo efectuado por COLBIENES se limitó a señalar que

en todos los casos esa compañía avaluadora fijaba el valor partiendo

de apreciaciones de avalúos y transacciones de venta realizadas

recientemente en el sector; que para la determinación del valor de la

propiedad utilizó el método comparativo; que después de analizar los

distintos factores, los elementos intrínsecos y los extrínsecos que

determinan la comercialización, el valor del metro cuadrado era de

$68.000, para un total de $1.579.028.000, pero, a juicio de la Sala,

en el mismo no se observa la presentación y correlación de datos,

informes, escritos o fotográficos, reportes o identificación de los

inmuebles con los cuales se efectuó la comparación, de modo que

no es suficiente la mera afirmación de haber fijado el valor

partiendo de apreciaciones de avalúos y transacciones de ventas

realizadas recientemente en el sector, habida cuenta que el avalúo

o peritazgo requiere de la exposición detallada y suficiente de cómo

se arribó a las conclusiones allí plasmadas.

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Adicionalmente, dicho avalúo para fijar el valor comercial indicó que

el predio permitía cualquier desarrollo inmobiliario y que el plan

parcial se venía trabajando desde el año 2006; y que para mitad del

año 2010 ese proyecto “ya es un hecho”, argumentos estos que para

la Sala no podían ser tenidos en cuenta para determinar el valor

comercial del inmueble expropiado, debido a que, como se probó

anteriormente, no era posible que en el referido predio, para la época

en que fue realizado este avalúo, se pudiera realizar un desarrollo

inmobiliario o se pudieran construir viviendas de interés social38, ya

que no se había aprobado el correspondiente plan parcial y tan solo

se permitía la construcción de equipamientos y el uso de la biblioteca.

Ahora, en lo atinente al tercer avalúo, allegado por los actores,

elaborado por el señor HERNÁN CADAVID GÓNIMA, de la LONJA

DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, en agosto de

2010, que concluyó determinando como valor comercial total del

inmueble la suma de $1.718.354.00039, es del caso traer a colación

los siguientes apartes del mismo:

“[…] ACTIVIDADES PREDOMINANTES
Tiene un potencial de desarrollo en proyectos inmobiliarios de
comercio, servicios y de cualquiera de los usos establecidos
como principales y complementarios para el corredor de
actividad múltiple.

38
Así fue manifestado por el Avaluador RODRIGO MERINO VELÁSQUEZ, de COLBIENES, en testimonio
rendido dentro de este proceso (folios 1080 a 1080 A).
39
Folios 367 a 376 del C.1.

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En él se puede desarrollar 100 viviendas por hectárea.
[…]

METODOLOGÍA DEL AVALÚO
[…]
Método Comparativo: para el estudio obtuvimos
información en la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia sobre la oferta de venta de bienes similares, en la
zona de influencia o de zonas similares.

Método de Reposición: este consiste en valorar la
reposición e las construcciones observadas, datos que se
encuentran en publicaciones especializadas.

AVALÚO COMERCIAL
De acuerdo con lo establecido anteriormente, hemos
considerado el valor del lote 23.221m2 a $74.000
c/m2=$1.718.354.000 […]”.

Analizado este tercer avalúo, la Sala considera que el Avaluador,

para concluir que el valor comercial total del inmueble era la suma de

$1.718.354.000, no indicó cuáles fueron las ofertas o transacciones

de bienes semejantes y comparables al del inmueble objeto de

avalúo que clasificó, analizó e interpretó para llegar a la estimación

del valor comercial, al utilizar el método de comparación o de

mercado, lo cual estaba obligado a realizar, según lo previsto en el

artículo 1º de la Resolución núm. 620 de 2008, que es del siguiente

tenor:

“[…] Artículo 1º. Método de comparación o de
mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e

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interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial
[...]”.

Tampoco explicó cuáles fueron las razones que llevaron a la LONJA

DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA a acoger ese valor

comercial y a desechar el peritaje oficial realizado por la Corporación

Avalúos.

Y al igual que los otros avalúos allegados por la parte actora, este

avalúo señaló que el predio expropiado tenía un potencial de

desarrollo en proyectos inmobiliarios de comercio, lo cual no se

ajusta a la realidad del inmueble, para la época en que se realizó el

mismo, como se demostró anteriormente.

Por tal razón, el análisis precedente de los avalúos aportados por la

parte demandante deja traslucir que los mismos están desprovistos

de la suficiente fundamentación fáctica y técnica, así como de las

pruebas idóneas que respalden los mayores valores que arrojaron

los tres avalúos y que reclama la parte actora.

En otras palabras, los justiprecios arrojados en los avalúos

practicados por los señores FRANCISO LEÓN OCHOA OCHOA,

RODRIGO MERINO VELÁSQUEZ de COLBIENES y HERNÁN CADAVID

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GÓNIMA de la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y

ANTIOQUIA no dan cuenta de las razones de orden fáctico y técnico

que llevaron a los mencionados Avaluadores a acoger los valores

señalados en ellos y que permitan corroborar la corrección y certeza

de sus dichos, ni de los fundamentos que conduzcan a descartar que

el valor del precio indemnizatorio del bien expropiado sea la suma

de $835.105.600, establecida en el avalúo oficial, realizado por la

Corporación Avalúos y que fue acogido en la resolución acusada.

No se advierte que esos avalúos, aportados por la parte actora,

dispongan las razones necesarias para controvertir y poner en tela

de juicio la legalidad del avalúo comercial que sirvió de fundamento

al Municipio de Medellín para la determinación del precio de oferta,

es decir, no desvirtúan la presunción de legalidad que lo cobija, sino

que demuestran ser unas nuevas valoraciones o unos avalúos más,

cuyos valores comerciales pretenden ser usados por la parte

demandante para controvertir otro avalúo.

Habida cuenta que la parte actora no demostró en el proceso que

el avalúo oficial era equivocado e incorrecto, ni acreditó la

corrección de los justiprecios presentados en los Avalúos que

aportó y dictamen practicado, debe tenerse como válido, creíble y

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debidamente fundamentado, el avalúo oficial que sirvió de sustento

al acto administrativo demandado.

Frente a este asunto, en sentencia de 14 de septiembre de 202040,

la Sección Primera sostuvo que se debe convencer al juez del error

en el que ha incurrido la Administración al fijar un monto específico

para la indemnización.

Asimismo, que el justo precio de la indemnización expropiatoria se

encuentra amparado por la presunción de legalidad del acto

administrativo que lo acoge, lo que significa que el avalúo técnico

brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que ordena la

expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través de los

medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, de la

siguiente manera:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los métodos
que se utilizaron, sino que se debe convencer al juez del
error en el que ha incurrido la Administración al fijar
un monto específico para la indemnización.

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

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Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron
ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada
por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.” 41[…]”
(Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, en reciente sentencia de 19 de abril de 202142, la

Sección Primera reiteró que se presume la legalidad del acto

administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el

informe técnico no se precisan las operaciones o la forma como

fueron calculados los valores correspondientes, por ello la parte

demandante debe aportar las pruebas para demostrar los errores

de este, en los siguientes términos:

“[…] Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando
en el informe técnico no se precisan las operaciones o la
forma como fueron calculados los valores correspondientes,

41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

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por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este. En este contexto, esta
Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de
2020, expuso lo siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca de los avalúos comerciales practicados por las
entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor
de la indemnización en los eventos de expropiación y ha
concluido que, aun cuando en el informe técnico no se
precisen las operaciones o la forma como fueron calculados
los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace
parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la
expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a
la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal
presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia
que el precio del inmueble establecido por la administración
se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos
de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque
se asegura que “Se han consultado las estadísticas y
avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre
inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los
apartes de dicho documento ni en sus anexos se
señalan cuáles fueron exactamente las operaciones
inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron
en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo
cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por
esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas
críticas que el apoderado del Municipio demandado formula
en su apelación contra el dictamen rendido por la perito,
pues ante la ausencia de la mencionada información,
el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal también estaría desprovisto de argumentos
técnicos y de apoyo probatorio.

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No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección43 […].”(la Sala destaca)
[…]”44.

En el mismo sentido, con anterioridad a la sentencia que se
cita, esta Corporación45 había sostenido que con
fundamento en la normativa que regula el asunto, el precio
indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo que
ordena la expropiación, por lo tanto, la parte demandante
tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección del
avalúo oficial. […]”.

En consecuencia, esta censura no tiene vocación de prosperidad.

La cuarta censura es la relativa a que no es cierto que

supuestamente los avalúos aportados con la demanda hayan

tomado como como “factor determinante” una “simple posibilidad”

o un “supuesto hipotético”, consistente en que el predio expropiado

tenía las condiciones adecuadas para desarrollar proyectos de

vivienda de interés social, en razón a que ese plan parcial, que

permitiría su desarrollo urbanístico en ese predio, estaba en etapa

de formulación con solicitud de viabilidad, lo cual hacía altamente

43
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación:
08001233100019971225601
45
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2019

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probable la aprobación del mismo en un futuro muy cercano, tal y

como efectivamente ocurrió y está demostrado en el proceso, ya

que ese plan parcial fue aprobado en diciembre de 2012.

Sobre este asunto, el fallador de primera instancia afirmó que los

avalúos aportados con la demanda tampoco resultan idóneos para

desvirtuar la indemnización fijada por el Municipio de Medellín en la

resolución acusada, toda vez que incurren en la misma imprecisión

que necesariamente afecta sus conclusiones, consistente en que en

cada uno, al fijar el precio del metro cuadrado, tomó como factor

determinante una simple posibilidad: el hecho de que el predio

expropiado tenía las condiciones adecuadas para desarrollar

proyectos de vivienda social, en razón a que pronto se aprobaría el

Plan Parcial, que permitirá la ejecución de proyectos urbanísticos.

Asimismo, expresó que para establecer el valor del metro cuadrado

del inmueble no podía tomarse en consideración la posibilidad de

que en un futuro se aprobaría el plan parcial, debido a que dicha

circunstancia no era más que un supuesto hipotético, una

probabilidad sujeta a contingencias que no podía afectar el precio

inmueble, como se hizo en los avalúos aportados con la demanda,

máxime cuando para la fecha en que tuvo lugar la expropiación, el

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predio se encontraba ubicado en suelo de expansión urbana y

según se demostró en el proceso, el Plan Parcial solo se aprobó

hasta el 12 de diciembre de 2012, cuando se expidió el Decreto

1960.

Conforme se puso de presente anteriormente, mediante Oficio de 6

de mayo de 201646, el director del Departamento Administrativo de

Planeación de la Alcaldía de Medellín informó que el predio, objeto

de expropiación, en el año 2010, cuando se realizó el avalúo oficial,

se regía por las normas urbanísticas del Acuerdo 46 de 2006 Plan

de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, y se ubicaba

bajo el polígono de tratamiento SA_DE_5, lo que lo definía en un

área de expansión urbana de la ciudad y que no contaba con un

Plan Parcial adoptado; y que, por ello, no podría desarrollarse o

realizarse algún tipo de desarrollo inmobiliario y que solamente

luego de la formulación del plan parcial, se podrían tener

desarrollos urbanos, según la norma establecida.

Lo anterior, en consonancia con lo manifestado por el testigo JUAN

ESTEBÁN PATIÑO VANEGAS, Arquitecto Consultor del Departamento

Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín, en 2010,

46
Folio 2138 del C. 2.

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quien expresó que al ser catalogado dicho predio por el POT, como

suelo con tratamiento urbano de desarrollo en expansión y no existir

un plan parcial adoptado, no era posible tener un desarrollo

inmobiliario. Solo podían desarrollarse en él usos asociados a los

equipamientos, como los son educación, cultura, salud y recreación.

En igual sentido, destacó que el inmueble expropiado solo

tendría la posibilidad de tener desarrollos inmobiliarios a

partir de la adopción del plan parcial, ya que sin este solo podía

tener un aprovechamiento al uso con el que contaba antes del plan

parcial, es decir, una actividad agropecuaria.

Por consiguiente, le asistió razón al a quo al sostener que los

avalúos aportados con la demanda tomaron como como “factor

determinante” una “simple posibilidad” o un “supuesto hipotético”,

habida cuenta que si bien es cierto en el 2010, cuando se realizó el

avalúo oficial, así como los referidos avalúos aportados con la

demanda, ya se encontraba formulado el plan parcial para el predio

cuestionado, también lo es que se comprobó que ese plan, para esa

fecha, no había sido aprobado, no era un hecho cierto, en tanto

solo fue expedido hasta el 12 de diciembre de 2012, a través del

Decreto núm. 1960, “[…]Por el cual se adopta el Plan Parcial el

polígono de Expansión SA_DE_5, Metroetapa 1, sector La Florida

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del corregimiento San Antonio del Prado del municipio de Medellín

[…]”47.

Para la Sala, ciertamente, como lo afirmó en el oficio de 19 de abril

de 201048 el Avaluador RUBEN FRANCO MEDINA, quien realizó el

avalúo oficial, los aspectos futuros de posible desarrollo de la zona

de un predio no pueden ser tenidos en cuenta al momento de

realizar un avalúo, pues para elaborar el avalúo y determinar el

valor del bien inmueble objeto de expropiación administrativa, la

autoridad debe tener en cuenta la reglamentación

urbanística municipal vigente y no puede incorporar meras

expectativas sino hechos ciertos y verificables, tal y como lo

ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre ellos,

la sentencia de 25 de febrero de 202149.

En este orden de ideas, la Sala considera que como los avalúos,

aportados por la parte actora, así como el dictamen pericial

practicado dentro del proceso, en el trámite de la objeción grave,

no desvirtúan la presunción de legalidad que cobija al avalúo

comercial, que sirvió de fundamento al Municipio de Medellín para

47
Folios 2145 a 2158.
48
Folios 142 a 145 del C.1.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
febrero de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00483-01.

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la determinación del precio de oferta, mediante la Resolución

núm. 0808 de 2010, a pesar de que era deber de los interesados

probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que la

decisión en ella contenida no se ajustó a la Ley, razón por la cual

debe tenerse como válido, creíble y debidamente fundamentado, el

avalúo oficial que sirvió de sustento al citado acto administrativo

demandado.

Por último, en lo referente a la solicitud de la parte actora de que se

le ordene al perito JUAN GUILLMERMO GÓMEZ reintegrarle el pago

de los honorarios profesionales pagados por la elaboración del

dictamen por la suma de $7.289.800, es del caso precisar que

dicha petición ya fue ordenada en de la sentencia apelada, cuando

resolvió:

“[…] DECLÁRASE PROBADA la objeción por error grave
formulada en contra del dictamen pericial elaborado por el
ingeniero Juan Guillermo Gómez, por lo que en
consecuencia, SE ORDENA al señor Juan Guillermo Gómez,
reintegrar a los demandantes CLAUDIA PATRICIA CALLE
ECHAVARRÍA, MARTA SILVIA CALLE VÉLEZ, CARLOS
ALBERTO CALLE ECHEVARRÍA, JUAN DIEGO CALLE
ECHAVARRÍA y FABIOLA CALLE DE CALLE, quienes para tal
efecto, deben demostrar haber realizado el pago de los
honorarios profesionales, el valor que hubiere sido pagado
[…]”.

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En conclusión, aparece evidente que el acto acusado no merece

reproche alguno sobre su juridicidad, razón por la cual debe

mantenerse incólume la presunción de legalidad que lo ampara y

confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de

2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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