Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-02359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-02359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2010-02359-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de marzo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1º) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-31-000-2010-02359-01
Demandante: JORGE EDUARDO VALLEJO TORO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN POPULAR
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Síntesis del caso: el actor popular demandó a los operadores de telefonía móvil celular, al
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la
Superintendencia de Servicios Públicos por considerar que violan los derechos colectivos
a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, los derechos de los consumidores
y usuarios dado que, en su criterio, las empresas de telefonía celular cobran ilegalmente
por servicios no autorizados o consentidos expresamente por los usuarios; el tribunal de
primera instancia negó la protección solicitada toda vez que no se demostró la vulneración
y amenaza invocadas en la demanda, dado que solamente se acreditó una afectación
particular y concreta respecto del actor popular que no permite evidenciar que se lesionó
un derecho de naturaleza colectiva. Inconforme con la decisión el actor popular apela para
que se revoque la sentencia de primera instancia.
Temas: acción popular / Interés jurídico para apelar de una entidad demandada / Derechos
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, el acceso a
los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, los derechos de los
consumidores y usuarios – elementos de configuración – no se demostró su transgresión,
violación o amenaza – carga de la prueba – la demostración de una situación particular y
concreta no permite dar por establecida la violación o amenaza de los derechos colectivos.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia del 8 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que denegó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
“FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y el
derecho de los consumidores y usuarios invocados por la parte
demandante de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia.
SEGUNDO. NEGAR el incentivo económico solicitado por el actor popular
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
TERCERO. Sin condena en costas.
CUARTO. Remítase copia de esta sentencia a la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO para lo de su cargo (artículo 80 de la Ley 472 de 1998).
QUINTO. Contra la presente providencia procede el recurso de apelación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998
en concordancia con el artículo 243 del CPACA.
SEXTO. Por Secretaría, comuníquese la presente sentencia a la entidad
demandada.
SÉPTIMO. Reconocer personería a (…) para representar a la Comisión
de Regulación de Comunicaciones en los términos del poder conferido en
el documento visible a fl. 601 del expediente” (fl. 687 cdno. ppal.).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito del 24 de noviembre de 2010, el señor Jorge Vallejo Bravo
interpuso demanda en ejercicio de la acción popular (fl. 1 a 14 cdno. 1) para que se
amparen los derechos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio
público, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, y los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en los
literales b), e), j) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, respectivamente y, en
consecuencia, se acceda a las siguientes súplicas:
Primero. Que se declare que las empresas de telefonía celular,
específicamente MOVISTAR, COMCEL Y TIGO violan constantemente
los derechos colectivos circunscritos, explícitamente, a la adecuada,
fidedigna y leal información que deban brindar al público consumidor de
todos los planes y servicios ofrecidos y comercializados a través de su red
de servicios (puntos de venta, servicios virtuales, etc.), así como del real
costo de sus planes y servicios; inexactitud que genera el engaño a que
someten a la comunidad asaltándolos en su buena fe al ofrecerle bienes
y servicios a precios (razonables) que al final no resultan siendo tales y
sin ponerles en evidencia –siendo deber ineludible- y a la vez DERECHO
DE TODOS LOS COLOMBIANOS a recibir información verídica, real y
concreta de la gran cantidad de costos ocultos que sorpresiva e
inconsultamente le cargan a la cuenta del consumidor que finalmente
debe proceder a su pago so pena de reporte a centrales de crédito; y en
general, a las malas prácticas de manejo comercial por parte de estas
empresas que atentan contra la paz y sosiego de todos los colombianos;
no solo amenazándoles sino también despojándoles impunemente de su
patrimonio. El interés colectivo aquí vulnerado se hace evidente.
Segundo. Que se declare que las empresas de telefonía celular antes
mencionadas, se están enriqueciendo ilegalmente a expensas del
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
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empobrecimiento de sus usuarios que deben proceder a pagar, por unos
servicios que no fueron objeto del consentimiento previo, como fuente
primera de las obligaciones.
Tercero. Declarar que las entidades del Estado tales como la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS; LA NACIÓN,
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
TELECOMUNICACIONES Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO y las que el
juzgado oficiosamente resolviere vincular a esta acción, encargadas del
control efectivo de las obligaciones por parte de las empresas de telefonía
celular, en especial de regular el funcionamiento evitando el abuso en las
tarifas y garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos
y en especial de los consumidores de este tipo de servicios, no lo están
ejerciendo adecuadamente y a cabalidad, como en derecho corresponde,
o no están siendo suficientes los esfuerzos encaminados a evitar la
defraudación colectiva al ciudadano; al punto que año a año ese mayor
valor a facturar (por concepto de servicios NO CONSENTIDOS) se ha
venido incrementando impune e injustificadamente (...)
Cuarto. Que se ordene de inmediato a las entidades involucradas en la
presente acción, MOVISTAR, COMCEL Y TIGO, así como a las
denominadas SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA
NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS TELECOMUNICACIONES Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO, entre
otras, a suspender esa mala práctica y a adoptar de forma diligente y
oportuna las medidas administrativas, contractuales y legales, que sirvan
para que en lo sucesivo, no se pueda cargar por parte de las compañías
de telefonía celular, y en especial de las mencionadas MOVISTAR,
COMCEL Y TIGO, ningún servicio, por mínimo que sea, que no haya
tenido una EXPLÍCITA ACEPTACIÓN por parte del usuario; aceptación
que EN TODO CASO, SIN QUE HAYA LUGAR A EXCEPCIÓN
NINGUNA debe ser PREVIA a la elaboración de la factura de venta.
Quinto. Que se ordene de inmediato a las entidades involucradas en la
presente acción, MOVISTAR, COMCEL Y TIGO, así como a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA NACIÓN,
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
TELECOMUNICACIONES; DEFENSORÍA DEL PUEBLO, entre otras, a
tomar las acciones encaminadas a brindar a los usuarios del servicio de
telefonía celular TODA LA INFORMACIÓN COMERCIAL EN FORMA
CONCRETA, PRECISA Y DETALLADA, que le permita saber con la
debida antelación el valor exacto de los servicios que adquiere, esto es la
TARIFA DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, así como
el contenido también exacto y fiel de los paquetes –o planes- con
discriminación por cada uno de los productos de la cantidad de medida y
valor respectivo del producto o servicio a consumir (...) no pudiendo en
ningún caso, salvo posterior autorización del usuario, hacerle cargos por
servicios que no hayan sido consentidos previamente. Si por alguna
circunstancia el usuario se sobrepasare del número de minutos,
mensajes, megabytes (mb) y kilobytes (kb) de navegación, etc.,
convenidos, el valor de cada unidad de medida consumida (adicional)
será igual al de su plan básico, no pudiendo ser objeto de ninguna
penalidad por el consumo en exceso del plan de cobertura.
Sexto. Que se CONDENE a las entidades de telefonía celular
involucradas en la presente acción, MOVISTAR, COMCEL Y TIGO a
DEVOLVER los dineros cargados, facturados y pagados A TODOS Y
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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
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CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO por los conceptos sobre
los cuales no haya habido una autorización previa del servicio
cobrado. Para efectos de determinar el valor exacto a RECAUDAR y a
DEVOLVER a los usuarios del servicio, se habrá de tomar en cuenta el
valor reportado en los balances y estados de resultados, que no
correspondan al PLAN BÁSICO COMERCIALIZADO por cada usuario
con la respectiva compañía y que se refiera a OTROS COBROS –
SERVICIOS ADICIONALES; debidamente reportados en los balances a
todas las entidades de vigilancia y control (...).
Séptimo. Se incluirán en la CONDENA ejemplar a imponer, el pago de
los intereses de mora a la tasa máxima de ley, (...) desde la fecha del
cobro y hasta su devolución o reintegro a cada uno de los usuarios del
servicio (...).
Octavo. Si el despacho considera hallarle mérito a esta acción, según el
artículo 39 de la Ley 472 de 1998, CONDENARÁ a las entidades
demandadas a cancelar al demandante, a título de incentivo económico
por la afectación del derecho colectivo en la subespecie de la protección
de la moralidad administrativa y demás derechos colectivos conculcados,
el 15% del valor de la afectación a cuantificar y detallar en el decurso de
la presente acción (...).
Décimo (sic). Todo pago se imputará en primer lugar a intereses y en
último a capital” (fls. 3 a 5 cdno. 1 – negrillas, mayúsculas sostenidas y
subrayado del original).
Como fundamentos fácticos de la demanda la parte actora expuso, en síntesis, los
siguientes:
1) En Colombia el uso de las telecomunicaciones es concesionado, es decir, que
una empresa de telefonía móvil celular para operar requiere la obtención y pago
previo de derechos que la habilitan para funcionar como tal.
2) La incorporación al desarrollo tecnológico y de las comunicaciones se ha logrado
a través de los planes promovidos y comercializados por empresas de telefonía
móvil y fija.
3) Las autoridades que ejercen vigilancia y control respecto de la prestación de
estos servicios no han hecho nada para evitar los abusos y atropellos que cometen
a diario las empresas de telefonía móvil con los usuarios.
4) Las malas prácticas que tienen en común las empresas de telefonía móvil
consisten en no brindar a los usuarios ninguna información respecto del costo real
de los servicios ofrecidos ni solicitan el consentimiento previo para los adicionales
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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
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y, supuestamente, complementarios que nunca hicieron parte de su plan pero, que
en la práctica se convierten en el mayor ingreso de la operación en favor de las
empresas telefónicas y a cargo del usuario.
5) Estos servicios adicionales, cuyo costo el usuario ignora porque nunca hicieron
parte de su plan ni fueron informados ni consentidos, parten de la base del error de
cálculo de usuario que por cualquier circunstancia se excede.
6) Las diferentes formas de engañar a los usuarios consisten en (i) enviar mensajes
de texto a través de los cuales se facilita, promueve o patrocina concursos, sorteos,
rifas, promociones, participación en encuestas, votaciones en programas de
televisión, etc., sin que al usuario se le garantice el derecho a la información sobre
el costo o habilitación automática a un determinado servicio adicional al plan
contratado; (ii) aplicar planes promocionales para líneas nuevas con lo cual se
castiga al cliente fidelizado; (iii) promocionar planes con ventajas que deben ser
renovadas por el usuario como planes de amigos, familiares, grupos, etc., los
cuales, luego de que caducan, se deshabilitan automáticamente sin informar al
cliente, lo que genera altos costos a los usuarios por no renovarlos a tiempo y, (iv)
generar cargos cuando el usuario adquirió un aparato de telefonía móvil celular
nuevo solo por la manipulación de este y pese a que el plan solo empezaría a correr
días después.
2. El trámite de primera instancia
Por auto del 15 de diciembre de 2011, el tribunal de primera instancia admitió la
demanda y ordenó su notificación a las empresas y entidades demandadas (fls. 69
y 70 cdno. 1); posteriormente, en proveído del 8 de octubre de 2012 (fls. 237 a 240
cdno. 2) se integró el contradictorio por pasiva y se vinculó de oficio a la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC).
2.1 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Se opuso a las pretensiones formuladas por el actor, adujo que se debía demostrar
jurídica y fácticamente que los hechos expuestos en la acción popular vulneraron
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los derechos colectivos de los consumidores y, en especial, la confianza pública que
el operador móvil debe cumplir permanentemente; luego, manifestó que el actor
popular pretende adelantar una discusión que no corresponde a un derecho
colectivo y, por tal razón, su acervo probatorio se sustenta en una situación
particular y, finalmente, propuso las excepciones de (i) improcedencia de la acción
popular, (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva y, (iii) ausencia de pruebas
a favor de lo que se alega (fls. 76 a 91 cdno. 1).
2.2 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Alegó en su favor la inexistencia de incumplimiento de los deberes legales o la
vulneración por acción u omisión de algún derecho colectivo por parte de la entidad,
indicó que la función a asignada por la ley consistía en el control y vigilancia de las
empresas y demás sujetos prestadores de servicios públicos domiciliarios dentro de
los cuales no estaba comprendido el servicio de telefonía móvil celular, por tanto,
no era de su competencia pronunciarse al respecto. Propuso como excepciones las
de (i) inexistencia de responsabilidad frente a los hechos planteados, (ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, (iii) inexistencia de violación de derechos
colectivos y, (iv) carencia de material probatorio para la prosperidad de las
pretensiones de la acción popular (fls. 97 a 106 cdno.1).
2.3 Telefónica Móviles Colombia SA
Contradijo las súplicas de la demanda con fundamento en la ausencia de sustento
jurídico y fáctico de la acción incoada, la improcedencia de este mecanismo para
amparar un interés particular, la inexistencia de la violación del estatuto de
protección al consumidor por parte de la empresa y la inexistencia del daño e
improcedencia del reconocimiento del incentivo económico solicitado por no
configurarse los requisitos (fls. 108 a 125 cdno.1).
2.4 Colombia Móvil SA ESP
Formuló como excepciones las de (i) presunción de legalidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades administrativas que dieron aval a
Colombia Móvil para la prestación del servicio de telefonía móvil celular e
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improcedencia de la acción popular para desvirtuarlos; (ii) caducidad de la acción
popular por inexistencia de la amenaza o peligro del derecho o interés colectivo; (iii)
improcedencia de la acción popular por carencia de objeto actual; (iv) inexistencia
de daño o amenaza de daño; (v) existencia de otros mecanismos judiciales para
ventilar los reproches individuales del actor popular; (vi) imposibilidad de acceder al
incentivo económico pretendido y, (vii) imposibilidad de alegar violación automática
de derechos e intereses colectivos como consecuencia inmediata de la violación de
normas de publicidad exterior visual (fls. 166 a 194 cdno. 2).
2.5 Comunicación Celular SA (COMCEL SA)
Impugnó las pretensiones de la demanda para lo cual adujo la inexistencia de
amenaza o de vulneración a los derechos colectivos invocados, en especial los
señalados en la acción popular; manifestó que la entidad se ha sometido
íntegramente a la normativa aplicable, a la Constitución, la ley, los actos
administrativos y regulaciones que rigen su actividad empresarial y comercial;
agregó que de las pruebas aportadas por el actor popular no podía inferirse la
violación a derechos colectivos sino una afectación particular por la prestación del
servicio de telefonía móvil y, por último, propuso como excepciones las de
“inexistencia de amenaza o vulneración de un derecho colectivo por parte de
COMCEL SA” y “falta de causa para pedir” (fls. 190 a 222 cdno. 2).
2.6 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Precisó que para el caso materia de análisis la entidad contaba con facultades
específicas en relación con la protección de los derechos de los consumidores y
usuarios, además, que correspondía a la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones señalar el régimen de protección de los usuarios de estos
servicios y a la Superintendencia de Industria y Comercio hacer efectiva dicha
protección.
Puntualizó que el deber de información a los consumidores era responsabilidad de
los operadores móviles y que no se registró queja o reclamación presentada por el
hoy accionante en relación con los hechos esgrimidos en el texto de la demanda
(fls. 256 a 261 cdno. 2).
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2.7 La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
Refutó la prosperidad de las súplicas de la demanda ya que ni por acción ni por
omisión vulneró los derechos o intereses colectivos invocados en la demanda, por
el contrario, indicó que en ejercicio de sus facultades legales expidió un régimen de
protección de los usuarios especialmente respecto de la prohibición expresa en
cabeza de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de imponer
servicios que no hayan sido aceptados y consentidos expresamente por sus
usuarios.
Afirmó que a los proveedores de servicios de comunicaciones tenían la obligación
de informar a los usuarios acerca de las condiciones de prestación de los servicios,
derechos, obligaciones y las tarifas que resultaran aplicables y, por lo tanto, el
proveedor de servicios de comunicaciones no podía exigir el cobro por contenidos
o aplicaciones que no hubiesen sido aceptados expresamente por el usuario que
celebró el contrato.
De igual manera, indicó que no tenía competencias de vigilancia y control sobre los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de allí que no podía
adelantar investigaciones de ninguna índole ni imponer sanciones a los proveedores
por incumplimiento de la regulación (fls. 291 a 303 cdno. 2).
3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 8 de julio de 2014 (fls.
674 a 687 cdno. ppal.) negó las súplicas de la demanda, con base en el siguiente
razonamiento:
1) La situación que motivó al actor a presentar la acción popular obedeció a una
reclamación presentada por él mismo en contra de Movistar ya que no fue
informado, de manera previa al momento de celebrar un contrato de telefonía móvil
celular, del costo de los “servicios extras o adicionales”, dinero que fue devuelto al
señor Jorge Eduardo Vallejo Toro luego de realizada la correspondiente
reclamación.
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2) La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) allegó al expediente un
informe sobre “el deber de información, plan tarifario, deficiencia en la calidad de
atención al usuario, improcedencia de cobros y publicidad engañosa” en relación
con los operadores de telefonía celular; de los datos proporcionados se desprende
lo siguiente:
a) Las empresas de servicios de telefonía móvil celular han incurrido en infracciones
al ordenamiento de las telecomunicaciones.
b) La SIC ha adelantado las actuaciones correspondientes para la protección de los
derechos de los usuarios y de esta forma controlar la conducta inadecuada de las
compañías de telefonía móvil celular, de conformidad con las potestades y
facultades contenidas en el Decreto 1900 de 1990.
3) Además, los informes y los documentos aportados por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC) demuestran que no se encuentra probada la
supuesta omisión alegada en la demanda en relación con la falta de control por
parte de las autoridades en relación con comportamientos abusivos o violatorios de
derechos colectivos por parte de las empresas de telefonía móvil; contrario sensu,
está probado que se han adoptado las medidas necesarias para informar a los
usuarios de los trámites y quejas que pueden adelantar ante las autoridades
competentes para la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios.
4) Dentro de las pruebas aportadas al proceso, se encuentran las reclamaciones y
multas impuestas a las compañías de telefonía móvil celular en el año 2012 por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por cobrar contenidos y
aplicaciones de carácter publicitario y/o comercial sin el consentimiento de los
usuarios, lo cual evidencia las actuaciones de inspección, vigilancia y control
desplegadas por la autoridad competente.
5) No se logró acreditar la acción u omisión concreta que hubiese producido un daño
a los derechos e intereses colectivos invocados, lo cual habría puesto en evidencia
la necesidad de expedir una orden a expensas de las accionadas con el fin de que
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cesen su inadecuado actuar, pues, resulta improcedente impartir órdenes en el fallo
con fundamento en una situación abstracta que no permite identificar elementos
suficientes para acreditar un daño o amenaza a un derecho o interés colectivo.
6) El nexo de causalidad entre la acción u omisión de las demandadas con el
presunto daño a los intereses colectivos invocados tampoco se demostró, pues, no
se logró identificar, con la descripción contenida en la demanda y las pruebas
existentes, situaciones concretas en las que a un colectivo de usuarios del servicio
de telefonía móvil celular les haya sido suministrada información incorrecta de los
planes o servicios respectivos.
7) Finalmente, no resulta procedente el reconocimiento del incentivo porque la Ley
1425 de 2010 derogó ese estímulo económico.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 689
a 692 cdno. ppal.) el cual fue concedido por auto del 28 de julio de 2014 (fl. 693
cdno. ppal.) y admitido por esta Corporación a través de proveído del 7 de
noviembre de 2014 (fl. 699 cdno. ppal.).
Los motivos en los que se sustentó el recurso de apelación son los siguientes:
1) La insuficiencia probatoria es atribuible al despacho sustanciador del proceso, ya
que fue este quien se abstuvo de decretar algunas pruebas que hubiesen podido
demostrar esos “otros cobros” y/o “servicios adicionales” no autorizados por los
usuarios, a pesar de haberse interpuesto recurso de reposición contra la decisión
que denegó esos medios de convicción.
2) Los abusos de las compañías de telefonía móvil celular en Colombia constituyen
hechos notorios, relevantes, continuos, permanentes, gravosos, etc, contra los
usuarios, los cuales han ocurrido a diario.
3) En la demanda se indicaron más de quince conductas que generaron cobros,
recargos, extensiones, adiciones y/o complementos de servicios, todos estos por
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imprecisión en la definición de los contenidos consentidos por los usuarios, sin que
las empresas demostraran la imposibilidad de que no se hubiese podido facturar lo
que previamente se aceptó por los usuarios.
4) La conducta de cobrar por contenidos y aplicaciones sin el consentimiento de los
usuarios persiste con independencia a la imposición de multas por parte de la SIC;
se demostró que se obtienen mejores utilidades con este tipo de prácticas ilegales,
al margen del monto de las sanciones que se aplican.
5) Se demostró el abuso sistemático de la posición dominante de las empresas de
telefonía móvil con las graves multas que les fueron impuestas por cobrar única y
exclusivamente contenidos y aplicaciones sin la previa aceptación o consentimiento
de sus usuarios.
6. La actuación de segunda instancia
Mediante auto del 20 de marzo de 2015 (fl. 701 cdno. ppal.) se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido
este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo
concepto.
6.1 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC)
Reiteró lo manifestado en anteriores oportunidades procesales e insistió en que la
acción popular instaurada solo buscaba obtener un beneficio de carácter particular,
sin que se lograra acreditar a lo largo del proceso el peligro o amenaza de los
derechos colectivos invocados (fl. 702 cdno. ppal.).
6.2 La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
Manifestó que no hay en el expediente un solo caso comprobado sobre la presunta
transgresión del derecho a la información de los usuarios y consumidores, señaló
que de las pruebas allegadas al proceso solo se logró establecer que se impusieron
multas en contra de los operadores de telefonía; sin embargo, no fue posible
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establecer si las mismas tenían como fuente cobros indebidos o inexactos a los
usuarios (fls. 703 a 711 cdno. ppal.).
6.3 Comunicación Celular S.A. COMCEL SA
Insistió en lo aducido en la contestación de la demanda y en los alegatos de primera
instancia, hizo énfasis en que no se logró demostrar la violación a los derechos
colectivos invocados en la demanda y solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia (fls. 717 a 719 cdno. ppal.).
6.4 Colombia Móvil SA ESP
Reiteró los argumentos expuestos en primera instancia (fls. 720 a 724 cdno. ppal.).
6.5 El Ministerio Público
Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
a) El actor no probó la vulneración de los derechos colectivos invocados en la acción
popular.
b) No hubo ningún supuesto fáctico del que pudiera colegirse la transgresión de
intereses colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.
c) No se demostraron conductas que hubiesen desconocido parámetros éticos y
morales por parte de los servidores públicos o en el manejo de los recursos públicos
ni la violación de los derechos económicos de los usuarios en beneficio de intereses
particulares o con desconocimiento de la buena fe, el interés general o los fines del
Estado.
d) Un hecho particular como el acontecido al actor popular con la sociedad Movistar
no puede tenerse como prueba de la amenaza y violación de los derechos colectivos
referidos en la demanda.
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e) No se probaron los presupuestos necesarios, establecidos por el Consejo de
Estado para la protección de los intereses colectivos a través de la acción popular.
6.6 La parte demandante y las Superintendencias de Industria y Comercio y
de Servicios Públicos
Guardaron silencio (fl. 740 cdno. ppal.)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración1 con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis
del caso concreto, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El centro de la controversia planteada radica en establecer si la parte actora
demostró la violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la
defensa del patrimonio público.
La Sala confirmará la sentencia impugnada porque se advierte que no se probó la
violación o amenaza de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la
defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, y los derechos de los consumidores y usuarios
establecidos en los literales b), e), j) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998,
respectivamente.
1 Esta Corporación es competente para conocer de las acciones populares originadas en actos u
omisiones de las entidades públicas o privadas que desempeñen funciones administrativas de
conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998. En este caso concreto la acción
está formulada contra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión
de Regulación de Comunicaciones por la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y al patrimonio público, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13.13 del Acuerdo
80 de 2019 la Sección Tercera de esta Corporación es competente para conocer en segunda
instancia de la apelación de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos frente a las
controversias referidas a los derechos citados derechos colectivos.
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
2. Análisis del caso concreto
2.1 El derecho colectivo a la moralidad administrativa
1) El derecho colectivo cuya protección judicial reclama el actor popular en el
presente asunto está consagrado en el literal b) del artículo 4 de la ley 472 de 1998,
el texto es el siguiente: “[a]rtículo 4. Derechos e intereses colectivos. Son derechos
e intereses colectivos, entre otros los relacionados con: (…) b) [l]a moralidad
administrativa”.
2) En ese contexto, en relación con el contenido y alcance del concepto de
moralidad administrativa como interés colectivo susceptible de protección judicial a
través de la denominada acción popular, la Sección Tercera del Consejo de Estado2
ha sostenido que la razón de ser de este interés colectivo radica en la función
administrativa la cual está sujeta a una serie de principios dirigidos a garantizar el
cumplimiento de los fines del Estado, especialmente los que se refieren al
patrimonio público.
3) Adicionalmente, para que pueda predicarse la lesión a este derecho e interés
colectivo debe existir, necesariamente, una trasgresión al ordenamiento jurídico, al
tiempo que debe acreditarse la mala fe de la administración.
La actuación de la administración debe ser de tal magnitud que desnaturalice la
función pública ejecutada y la corrupción debe desembocar en la satisfacción de
intereses particulares, indebidos e ilegítimos.
Por lo tanto, no toda irregularidad administrativa, como tampoco no cualquier
incumplimiento o quebranto de la normatividad que rija o regule determinado
procedimiento administrativo constituye, per se, violación de la moralidad
administrativa, pues, para ello se requiere la existencia o presencia de un elemento
que denote un propósito o finalidad contrario a los cometidos para los cuales están
instituidos los procedimientos y atribuidas las competencias administrativas, como
2 Al respecto pueden consultarse las sentencias de 16 de marzo de 2006 expediente 2004-00118-
02 (AP), con ponencia de la Dra. María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2008, expediente
AP-01415, con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra y, de 23 de enero de 2009, expediente
AP-2003-0013, con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
por ejemplo, el ánimo o interés de satisfacer o alcanzar un interés personal, de
grupo o de terceros, que, resulta opuesto o diferente al preestablecido, en cada
caso, por el constituyente y el legislador.
En ese sentido se ha pronunciado la Sala Plena del Consejo de Estado, además de
los elementos objetivos que deben analizarse para establecer la vulneración de ese
derecho colectivo es necesario que concurra el elemento subjetivo que implica un
juicio sobre la conducta del funcionario para establecer el ánimo o interés de
satisfacer o alcanzar un interés personal indebido o ilegítimo para sí o para terceras
personas, al respecto ha puesto de presente lo siguiente3:
“No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la
moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del
funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas,
corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función
pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que
esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las
funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe
evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del
cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.
Este presupuesto está representado en factores de carácter
subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración,
traducidos en comportamientos deshonestos, corruptos, o cualquier
denominación que se les dé; en todo caso, conductas alejadas del
interés general y de los principios de una recta administración de la
cosa pública, en provecho particular.” (negrillas adicionales).
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-643 de 23 de agosto de 2012
con ocasión de juzgar y decidir acerca de la constitucionalidad del artículo 16 de la
Ley 1416 de 20104 “[p]or medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal”,
en cuanto al entendimiento que debe darse del derecho a la moralidad
administrativa y del principio de eficacia de la función administrativa, precisó
puntualmente lo siguiente:
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1 de diciembre de
2015, expediente 11001-33-31-035-2007-00033-01 (AP).
4 El texto de la norma acusada es como sigue: “ARTÍCULO 3. En desarrollo del fortalecimiento,
garantía y salvaguarda del control fiscal territorial, las entidades territoriales correspondientes,
asumirán de manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas,
indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las Contralorías, sin que esto
afecte el límite de gastos del funcionamiento en la respectiva Contraloría Territorial.”
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
“Al referirse al principio de la moralidad en la actividad
administrativa, esta Corporación ha sostenido que la misma no
corresponde al fuero interno de los servidores, sino a su relación
con el ordenamiento jurídico a partir del cual se esperan por la
sociedad una serie de comportamientos. En la sentencia C-046 de
1994, así lo explicó:
`(…) el principio de la moralidad que, en su acepción constitucional, no se
circunscribe al fuero interno de los servidores públicos, sino que abarca
toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado
espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede
ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad. (…)`.
En este orden de ideas, los supuestos sustanciales para que proceda
la protección de los derechos e intereses colectivos (antes
denominada acción popular) por vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa son, según jurisprudencia del Consejo
de Estado, los siguientes: 1. La Acción u omisión debe corresponder
al ejercicio de una función pública5. 2. La acción u omisión debe
lesionar el principio de legalidad6. 3. La desviación en el
cumplimiento de la función ha de producir un perjuicio del interés
general favoreciendo con ello al servidor público o a un tercero ó 4.
La desviación del interés general debe ser de tal magnitud, que
transgreda principios o valores instituidos previamente como
deberes superiores en el derecho positivo7.
(…) 4.2 A su turno, el artículo 209 superior indica que la función
administrativa debe orientarse, entre otros, por los principios de economía
y eficacia. El primero, en armonía con el artículo 334, supone que la
Administración debe tomar medidas para ahorrar la mayor cantidad de
costos en el cumplimiento de sus fines. El segundo exige a la
Administración el cumplimiento cabal de sus fines. En conjuntos, estos
principios imponen a la Administración el deber de cumplir sus objetivos
con una adecuada relación costo-beneficios, en otras palabras, actuar de
forma eficiente8. Al respecto, vale la pena resaltar lo señalado en la
sentencia C-035 de 1999:
(…) Para la Corte Constitucional, el principio de eficacia exige que las
actuaciones públicas produzcan resultados concretos y oportunos. Al
respecto, ha explicado:
´El artículo 209 de la Constitución impone a las autoridades
administrativas el deber de coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. Este deber genérico, dirigido a la
administración pública, se erige en un límite a los principios de la función
administrativa consagrados en el primer inciso del mismo artículo. En
efecto, ninguna autoridad podría, so pretexto de seguir o de aplicar un
principio que guía la función administrativa - por ejemplo, el principio de
economía o el de celeridad -, prescindir de la oportuna y necesaria
coordinación entre las diferentes autoridades, con miras a evitar
decisiones o actuaciones contradictorias en desmedro de la coherencia
5 Cita tomada del texto original: “Consejo de Estado, Sección Tercera expediente AP-720 de 2005”
6 Cita tomada del texto original: “Consejo de Estado, Sección Tercera expediente AP-166 de 2001”
7 Cita tomada del texto original: “Consejo de Estado, Sección Tercera expediente con radicación no.
35501 de 21 de febrero de 2007”
8 Cita tomada del texto original: “Ver la sentencia C-849 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería (…)”.
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
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Acción popular
Apelación de sentencia
que debe caracterizar al Estado como un todo y como calificado agente
jurídico y moral`9
Por último, en la sentencia C-082 de 199610, dentro del análisis de
constitucionalidad del inciso 1º del artículo 52 de la Ley 190 de 199511, la
Corte explicó que la ley puede introducir cambios a la función pública con
el propósito de realizar los principios de moralidad, eficacia e
imparcialidad, “siempre y cuando la reglamentación legal no desconozca
el núcleo esencial de los derechos de autonomía político-administrativa
que la Constitución reconoce a las entidades territoriales.” (se destaca).
4) En ese marco conceptual y jurisprudencial, la Sala encuentra que en el presente
asunto los elementos subjetivo y objetivo requeridos para la configuración de la
violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa no se encuentran
acreditados.
En efecto, esta Corporación en decisiones de unificación ha determinado que para
la configuración de la trasgresión del derecho colectivo de la moralidad
administrativa “desde el punto de vista del interés colectivo tutelable a través de la
acción popular, es necesario que se demuestre el elemento objetivo que alude al
quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la
comprobación de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la
correcta función pública”12.
Ahora bien, en cuanto a la prueba de los elementos requeridos para tener por
configurada la violación del derecho colectivo de la moralidad administrativa esta
Corporación ha determinado lo siguiente:
“De aquí que, la prueba del elemento subjetivo referido a la disposición o
el ánimo materializado a través de conductas deshonestas en función de
anteponer los intereses particulares, en detrimento de los intereses
generales, le corresponde a la parte actora, en tanto le incumbe probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen13 y sin que tal conducta se presuma ante una acusación
9 Cita del texto original: “Sentencia C-328/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
10 Cita del texto original: “Mediante la sentencia C-082 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la
Corte Constitucional resuelve “Declarar EXEQUIBLE la expresión “ni sus delegados” contenida en
el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 190 de 1995”.
11 Cita del texto original: “Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa”.”
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de
2018, expediente 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), MP William Hernández Gómez.
13 Cita tomada del texto original “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
27 de marzo de 2014, expediente, 201002404 AP”
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
de haberse pretermitido iniciar un proceso de fiscalización tributaria en un
contexto como el que se ha explicado”14.
Asimismo, en relación con esa precisa carga probatoria en materia de acciones
populares el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 es expreso y claro en determinar que
la obligación de demostrar los hechos y pretensiones en la demanda le corresponde
a la parte demandante; sin embargo, “(…) si por razones de orden económico o
técnico” no se pudiera cumplir con esa carga procesal, el juez puede adoptar
órdenes para suplir deficiencias, pero, esta no es precisamente la circunstancia que
compone este caso, pues, no se trata de una situación de orden económico ni
fáctico que impidiera al demandante aportar la prueba, concretamente de una
conducta negligente o deliberada imputable a las entidades demandadas acerca del
deber legal que reclama como incumplido y que vulnera el derecho colectivo de la
moralidad administrativa y, fundamentalmente, el propósito indebido, ilegal o
subalterno en tal proceder para favorecer a los propios servidores públicos
concernidos en el asunto o a terceros15.
5) De acuerdo con lo acreditado en el expediente, no existe prueba alguna que
evidencie la vulneración del derecho colectivo de moralidad administrativa, pues,
contrario sensu, en el proceso quedó demostrado que la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) ha adelantado las correspondientes investigaciones en
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios para lo cual ha impuesto
sanciones y multas por prácticas que afectan la información suministrada a los
clientes de los servicios de telefonía móvil celular.
En efecto, el acervo probatorio recaudado en el proceso da cuenta de los siguientes
hechos que no denotan una violación o amenaza al interés colectivo a la moralidad
administrativa:
a) El señor Jorge Eduardo Vallejo Bravo era titular del contrato de prestación de
servicios de la línea celular 315-8171603 correspondiente al código de cuenta no.
11470533 de la empresa Movistar, la línea de telefonía móvil celular se encontraba
activa en el “Plan total 1445 ABIERTO ÓPTIMO -0P47”; el 27 de julio de 2010, el
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021,
expediente 25000-23-24-000-2010-00734-01, MP José Roberto Sáchica Méndez.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente 25000-23-
25-000-2002-02037-02, MP María Elena Giraldo Gómez.
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
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Apelación de sentencia
ciudadano elevó una reclamación ante Movistar, pues, en su condición de usuario
le fue cobrado el monto de $580.000 por concepto de contenidos y aplicaciones
que, a su juicio, no fueron expresamente consentidos por él, por lo que solicitó a la
empresa descontar dicho valor de la factura reportada en el mes de julio de 2010
(fl. 39 cdno.1).
b) El señor Jorge Eduardo Vallejo Bravo, señaló en su queja que cambió su equipo
de telefonía móvil celular mediante el trámite conocido como “reposición de equipo”,
porque el suyo estaba desactualizado y el 22 de junio de dicha anualidad recibió el
teléfono Nokia GSM 5230 y pagó a título de reposición la suma de $229.911; sin
embargo, indicó que con el equipo no se acompañó ninguna información sobre la
variación del plan, tarifa, cobertura de servicio, etc, aunque, era evidente que para
que este operara correctamente requería de un plan de datos, por lo cual, según su
necesidades y economía, escogió el paquete básico de datos de $15.000 pesos
mensuales (fls. 44 a 46 cdno. 1).
El actor popular manifestó en la queja que el plan comenzó a operar el 1º de julio
de 2010; no obstante, la empresa de teléfonos, sin tener el plan activo, le cobró por
8 días del 22 de junio (fecha de recibo del aparato nuevo) al 30 de junio de 2010, la
suma de $500.000 por uso de datos que no habían sido utilizados y, además, por el
mes de julio, los servicios de datos que tampoco habían sido previamente
consentidos ni autorizados por él (fls. 44 a 46 cdno. 1).
Por consiguiente, el usuario solicitó que antes de cobrar $62.500 diarios por ocho
días le precisaran (i) los servicios que habían sido contratados con ocasión del
cambio del móvil y los “expresamente” aceptados por él; (ii) la tarifa contratada por
cada concepto (voz, datos, etc.); (iii) el tiempo al aire de “navegación” o de “datos”
y, (iv) las páginas consultadas (fls. 44 a 46 cdno. 1).
c) El 10 de agosto de 2010, Telefónica Móviles Colombia SA (Movistar) precisó que
en la línea no. 315-8171603 se registraron consumos adicionales al plan básico
contratado consistentes en consumos de datos, por lo que no era posible realizar
ninguna devolución, adujo que “al momento de efectuar una venta o transacción
(…) se indican todas las características de los diferentes planes y servicios que son
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
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informados al cliente y sin su consentimiento no se lleva a cabo ninguna negociación
y/o modificación” (fls. 41 a 43, c.2).
d) Contra la anterior decisión, el señor Jorge Eduardo Vallejo Bravo interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación, manifestó nuevamente su
desacuerdo con el monto que le facturaron y le cobraron, así como también su
inconformidad por el cobro irregular de servicios adicionales de contenidos y
aplicaciones no autorizadas (fls. 47 a 50 cdno. 2).
El 6 de septiembre de 2010, Movistar le restituyó por concepto de consumo de datos
adicionales que no habían sido previamente consentidos por el usuario el valor de
$580.000 en la cuenta no 36920965 (fls. 47 a 50 cdno. 2).
e) El 10 de septiembre de 2010, el señor Vallejo Bravo manifestó a la compañía de
telefonía que la respuesta recibida estaba incompleta en tanto formuló dos reclamos
diferentes y la respuesta solo se refirió frente a las pretensiones económicas de uno
de los servicios contratados (fls. 56 cdno. 1):
En consecuencia, el 1º de octubre de 2010, la empresa Movistar restituyó a favor
del usuario, por concepto de servicios adicionales no autorizados, la suma de
$348.529 (fls. 57 a 59 cdno. 1).
f) La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aportó un informe dirigido a
este proceso en el que se advierte que los distintos operadores infringieron varias
disposiciones del Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de
Comunicaciones previsto en la Resolución 3066 de 2011 de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, lo cual llevó a la imposición de multas según lo
establecido por el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, “Ley de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones”.
Del citado documento público se colige que los tres operadores de telefonía móvil
fueron sancionados por la SIC por cobrar y por facturar contenidos y aplicaciones
no autorizados a consumidores y usuarios de telecomunicaciones (fls. 548 a 578
cdno. ppal.):
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Operador Resolución Multas pesos
Multas
SMLMV
Comunicación celular SA Comcel SA Res. 19765 de $1.232´000.000.oo 2.000
(CLARO) 2014 SMLMV
Colombia Telecomunicaciones SA Res. 19768 de $700´392.000 1.137
ESP (MOVISTAR) 2014 SMLMV
Colombia Móvil SA (TIGO) Res. 19769 $500´192.000.oo 812
SMLMV
Total $2.432´584.000.oo 3.949
SMLMV
Así las cosas, la Sala comparte el análisis del a quo y del Ministerio Público en el
sentido de que en este caso concreto no se demostró la violación de la moralidad
administrativa ya que no se acreditó ninguno de sus dos elementos configurativos,
esto es, el objetivo y el subjetivo, entendido el primero como la transgresión del
ordenamiento jurídico y, el segundo, como la intención de favorecer indebida e
ilegítima un interés particular del funcionario o de un tercero o de actuar con mala
fe, por cuanto el deber probatorio a cargo de la parte actora se concentró, única y
exclusivamente, en exponer su situación particular y personal del señor Jorge
Eduardo Vallejo Toro sin que se demostrara una práctica sistemática, colectiva y
contraria al orden jurídico que fuera constitutiva de conductas amañadas, corruptas,
arbitrarias y alejadas de la correcta función pública.
La Sala no pasa por alto que el derecho colectivo a la moralidad administrativa
puede ser vulnerado o amenazado por conductas activas u omisivas atribuibles
tanto a las autoridades públicas como a los particulares, tal como se aduce en la
demanda que dio origen a este caso concreto; sin embargo, las solas afirmaciones
efectuadas por el actor popular no quedaron soportadas probatoriamente, pues, se
demostró que la SIC ha adelantado las investigaciones correspondientes e
impuesto las sanciones pertinentes para controlar los abusos de los operadores de
telefonía móvil celular.
2.2 El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público
1) Este derecho colectivo consiste en la potestad y expectativa que se radica en
cabeza de los asociados de esperar que el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del Estado estén adecuadamente destinados a la finalidad que se les
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
ha señalado constitucional y legalmente, de tal forma que sean asignados según los
parámetros fijados por el ordenamiento jurídico, con criterios de eficiencia y rectitud.
La Corporación, acerca del contenido y alcance del derecho objeto de análisis, en
oportunidad previa puntualizó16:
“Por patrimonio público debe entenderse el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que pertenecen al Estado, tanto los que se hallan en cabeza de
la Nación como de las personas jurídicas estatales… El derecho o interés
colectivo a su defensa viene a ser, entonces, la aptitud o legitimación que
tienen todas las personas en Colombia para esperar que tales bienes se
preserven y se apliquen a los fines que corresponden, de modo que su
tenencia, uso y disposición se haga con celo y cuidado, por ende con
sujeción a las disposiciones y formalidades que los regulan, de suerte que el
Estado no sea privado de los mismos de manera contraria al ordenamiento
jurídico…”
2) En el asunto de la referencia, la Sala tampoco advierte una violación o amenaza
del patrimonio público por cuanto no se probó que de la situación particular del señor
Jorge Eduardo Vallejo Toro se afectara el conjunto de bienes y de derechos que
pertenecen al Estado, es decir, que se afectara la titularidad, el goce o la tenencia
de los bienes jurídicos a cargo de la Nación, las entidades territoriales o, en general,
de cualquier persona o entidad jurídica.
2.3 El derecho de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna
1) Este interés colectivo consiste en “la capacidad que detentan los miembros de
una comunidad de convertirse en usuarios o receptores o beneficiarios de aquellas
actividades susceptibles de catalogarse como servicios públicos”17; sin embargo,
esta Corporación ha precisado que esa sola condición no basta sino que “a esa
capacidad debe agregársele el cumplimiento de unos requisitos que deben cumplir
los prestadores de estos servicios: eficiencia y oportunidad”.
16 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 2004, expediente 2002-559,
MP Rafael Ostau de Lafont Planeta. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
de 5 de febrero de 2004, expediente 2002-1964, MP Ricardo Hoyos Duque.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de
abril de 2007, exp. 2003-00266 (AP), MP Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
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Apelación de sentencia
2) En este caso concreto, la Sala advierte que del acervo probatorio mencionado no
se desprende una lesión o amenaza a este derecho o interés colectivo debido a
que, se insiste, el actor popular circunscribió o limitó su actividad probatoria a
acreditar su situación particular y concreta con el operador de telefonía móvil celular
Movistar sin que de esa específica circunstancia se puedan dar por establecidos los
hechos de la demanda; contrario sensu, el informe aportado por la SIC permite dar
cuenta de que se han adoptado las investigaciones pertinentes para sancionar y
conminar a los operadores de telefonía móvil a que cesen los cobros y las
facturaciones sin consentimiento previo y expreso de los titulares de las líneas
respectivas.
3) Al margen de que la acción popular sea de naturaleza constitucional, la parte
demandante no puede pretender descargarse del deber probatorio que le asiste, de
modo que no podía limitarse a enumerar una serie de irregularidades
supuestamente atribuibles a las compañías de telefonía celular sin que se aportaran
las pruebas pertinentes, útiles y conducentes para demostrar esas acusaciones.
4) En el recurso de apelación tampoco se indicaron o enlistaron cuáles fueron esas
supuestas pruebas cuya negativa por parte del tribunal de primera instancia impidió
que se demostraran las conductas que se endilgaron en contra de los operadores
de telefonía pública y las entidades públicas demandadas.
2.4 La protección de los derechos de los consumidores y usuarios
1) Esta Corporación18 ha señalado que la finalidad de este derecho es proteger los
intereses de un colectivo ─consumidores y usuarios─ que participa en el sistema
económico social de mercado expuesto, en principio, a una condición de
vulnerabilidad y de asimetría en las relaciones de consumo; este interés colectivo
busca constituir una especie de contrapeso con la libertad de empresa, en tanto que
se incluye un mandato dirigido a las autoridades para no solo salvaguardar la
promoción de la libre competencia y el eficiente funcionamiento del mercado
avalado por el artículo 333 de la Constitución Política sino, también, la protección
de ese segmento amparado por el artículo 78 ibidem que por sus características
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de mayo de 2014, exp. 2010-00609-01(AP),
MP Guillermo Vargas Ayala. Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de octubre
de 2012, exp. 2010-00617-01(AP), MP María Elizabeth García González.
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Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
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Apelación de sentencia
tiende a ser, en una relación negocial cerrada, el eslabón más frágil de las
actividades comerciales que se originan con productores y distribuidores de bienes
y servicios.
2) En relación con este derecho colectivo, la Sala reitera las falencias probatorias
del proceso que impiden dar por acreditada o demostrada una lesión, vulneración o
amenaza al interés objeto de análisis; en este punto se reitera que era carga
procesal de la parte actora demostrar (i) la acción u omisión atribuida a las empresas
y entidades demandadas; (ii) el daño contingente, el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio del derecho o interés colectivo y, finalmente, (iv) el nexo de
causalidad entre el comportamiento de los demandados y la afectación respectiva,
puesto que así lo ha exigido la jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos19:
“El artículo 2 inciso segundo de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del
artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares
se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Se trata, según lo dispuesto por esta Ley, de medios procesales de
carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio, que proceden
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares
que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos
amparados por el ordenamiento jurídico. Su objeto, entonces, no es otro
que la tutela de aquellos derechos que la Constitución y la Ley han
reconocido de manera indivisible y global a la comunidad en cuanto
cuerpo social titular de unos intereses merecedores de protección, en
tanto que presupuestos o condiciones determinantes para el buen
funcionamiento de la sociedad y la realización del orden jurídico, político,
económico y social justo que aspira implantar la Norma Fundamental.
Según ha señalado la jurisprudencia administrativa en reiteradas
oportunidades, la prosperidad de la acción popular depende de la
verificación de los siguientes supuestos sustanciales en el caso concreto:
a) una acción u omisión de la parte demandada; b) un daño contingente,
peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos, distinto de aquél que proviene de todo riesgo normal de la
actividad humana; y, c) una relación de causalidad entre la acción u
omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses. Estos
supuestos deben ser debidamente acreditados en el proceso como
presupuesto para la que la vulneración del derecho colectivo invocado sea
declarada”.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de mayo de 2014, exp. 2010-00609-01(AP),
MP Guillermo Vargas Ayala.
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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
En ese orden de ideas, del material probatorio allegado al proceso no es posible dar
por acreditada una lesión o amenaza de este derecho colectivo, porque no se probó
una lesión, afectación o amenaza; por el contrario, lo único que quedó acreditado
en el proceso es que la SIC adelantó investigaciones e impuso sanciones a los
operadores de telefonía móvil por cobrar y por facturar contenidos y aplicaciones no
autorizados a consumidores y usuarios de telecomunicaciones, es decir, por la
violación del Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones
previsto en la Resolución 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
3. Conclusión
El actor popular no probó la violación de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, a la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, los derechos de los consumidores
y usuarios cuya protección se reclama con la demanda.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia apelada porque no se advierte una
violación o amenaza de los derechos e intereses colectivos mencionados.
4. Condena en costas
La Sala se abstendrá de condenar en costas en tanto no se configuran los
supuestos requeridos para ello, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de
1998, cuyo contenido y alcance fue definido en sentencia de unificación de esta
Corporación del 6 de agosto de 201920.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, expediente 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
26
Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01
Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro
Acción popular
Apelación de sentencia
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 8 de julio
de 2014.
2º) Abstiénese de condenar en costas.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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