Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00493-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: remisión de fallo a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal DAICMA
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00493-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2011-00493-01
Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón
26 de abril de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Remisión de fallo a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal DAICMA / INCLUSIÓN DE LESIONADO EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONALES
DAÑO ANTIJURÍDICO CAUSADO POR MINA ANTIPERSONA / OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA CONVENCIÓN DE OTAWA
INDEMNIZACIÓN DE VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL FONDO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS – Ley 1448 de 2011
NO PROCEDE LA CONDENA EN COSTAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00493-01(49851)A
Actor: JHON GABRIEL POSSO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados por minas antipersona; ausencia de falla del servicio en el presente asunto frente a las obligaciones contempladas en la Convención de Ottawa; orden para que la víctima sea indemnizada a través del Fondo de atención de víctimas establecido en la Ley 1448 de 2011.
Atendiendo la prelación dispuesta mediante proveído del 12 de mayo de 2016, y con apoyo en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, se deciden los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia el 10 de abril de 2013, mediante la cual se profirieron las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe textualmente):
“1°. Declárase el fracaso de la excepción de ‘hecho de un tercero’ formulada por la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en la oportunidad procesal adecuada, con fundamento en los razonamientos que fueron expuestos en el curso de esta providencia.
2°. Consecuentemente, declárase la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, conforme a los argumentos que sirvieron de vórtice argumentativa de la decisión que previamente fueron despejados.
3°. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar los valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes que se disciernen así:
Por concepto de perjuicios Morales:
Para Jhon Gabriel Posso, el equivalente a 80 SMLMV, que para la fecha equivalen a $47’160.000.
Para la señora Ana Elvia Posso Arteaga, progenitora de la víctima, el equivalente a 60 SMLMV, que para la fecha ascienden a $35’370.000.
Para sus hermanos, Yury Deicy Posso Arteaga, Wilmar Posso y José Aicardo Posso Jiménez el equivalente a 40 SMLMV, que a la fecha en que se emite este proveído equivalen a $23’580.000.
Otros perjuicios inmateriales para Jhon Gabriel Posso.
• Daño a las condiciones de existencia: En el estimado de 80 SMLMV, que hoy representan la suma de $47’160.000.
• Daño a la salud: El quantum de 50 SMLMV, que actualmente representan la suma de $29’475.000.
• Daño estético: El quantum de 50 SMLMV, que actualmente representan ($29’475.000).
Perjuicios materiales: Lucro cesante pasado para Jhon Gabriel Posso, la suma de $13’125.819.
Lucro cesante futuro: La suma de $44’427.318.
4°. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, como medida restaurativa a brindar al señor Jhon Gabriel Posso, la presentación del servicio médico especializado -fisioterapia- ortopedia- psiquiatría o psicología- requerido por la víctima, para recuperar su salud física y mental; los aditamentos ortopédicos que requiera para una marcha adecuada, como las plantillas u otros que se desprendan de la revisión médica completa; la prótesis auditiva - audífonos y en general, la asistencia médica, terapéutica y farmacológica, todo dentro de un contenido integral.
5°. Niéganse las demás súplicas de la demanda, con fundamento en las razones expuestas en el cuerpo de esta providencia.
6°. No se condena en costas”.
I. ANTECEDENTES
1.1.- La demanda y su trámite
En escrito presentado el 16 de septiembre de 2010, por intermedio de apoderado judicial, los señores Jhon Gabriel Posso, Ana Elvia Posso Arteaga, Yuri Deicy Posso Arteaga, Wilmar Posso y José Aicardo Posso Jiménez, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa -Ejército Nacional-, con el fin de que se la declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos como consecuencia de las graves lesiones sufridas por el primero de los nombrados, en hechos ocurridos el 23 de febrero de 2009, en la vereda Corcovado, municipio de Dabeiba, Antioquia, cuando activó una mina antipersonal.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de indemnización de perjuicios morales la suma equivalente en pesos a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicios por alteración grave a las condiciones de existencia deprecaron la suma de 100 SMLMV para cada actor; asimismo, por concepto de “perjuicios por daño funcional” pidieron la suma de 80 SMLMV a favor del señor Jhon Gabriel Posso y 50 SMLMV adicionales para ese mismo demandante por concepto de “daño estético”.
De otra parte, por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente futuro, en la demanda se solicitó que se decretara “la suma que el Despacho considere justa, pertinente y necesaria” y, finalmente, por concepto de lucro cesante se pidió la suma que resultara de aplicar las fórmulas utilizadas por el Consejo de Estado para calcularlo.
Como fundamentos fácticos de sus pretensiones se narró en la demanda, en síntesis, que el 23 de febrero de 2009, luego de haber acampado con sus amigos en el Parque Nacional Nudo de Paramillo, el señor Jhon Gabriel Posso se dispuso a regresar a la finca donde vivía con su familia, pero que, cuando caminaba por la vereda “Corcovado”, en zona rural del municipio de Dabeiba, pisó una mina “antipersona” que detonó de manera instantánea, causándole graves lesiones en sus extremidades inferiores, al tiempo que también lesionó a uno de sus amigos.
Agregó la demanda que, luego del estallido de la referida mina, el joven Jhon Gabriel Posso fue ayudado por sus amigos, quienes lo llevaron al corregimiento de Camparrusia del municipio de Dabeiba, donde recibió atención en el Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Dabeiba. Posteriormente fue remitido a la Clínica León XII de la ciudad de Medellín, en donde recibió la atención médica necesaria, pese a lo cual, dada la gravedad de sus heridas, hubo necesidad de amputarle una de sus extremidades inferiores, todo lo cual le produjo graves perjuicios morales y materiales a los demandantes.
Para los demandantes, en el presente asunto se configuró una falla del servicio por omisión imputable al Ejército Nacional, toda vez que, a pesar del conocimiento que se tenía sobre la presencia de “minas antipersonas” en esa región del país, no adoptó medidas eficaces para evitar este tipo de hechos. Asimismo, señaló que al presente caso le resultaba aplicable el título de imputación de daño especial, dado que la víctima directa no tenía la obligación de soportar la afectación a su integridad como producto del conflicto armado interno que agobia al país desde hacía décadas.
La demanda, así formulada, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante proveído de fecha 24 de septiembre de 2010, el cual se notificó en legal forma a la entidad demandada y al Ministerio Público.
1.2.- La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por los actores. Como razones de su defensa manifestó que no era la llamada a responder por el daño que originó la presente acción, dado que las lesiones causadas a la víctima por una mina antipersona fueron producto del actuar delictivo de un tercero, esto es, miembros de las FARC.
De otra parte propuso la excepción perentoria que denominó “diligencia y cuidado por parte de las Fuerzas Militares”, para cuyo efecto manifestó que el Ejército Nacional había realizado ingentes esfuerzos para desactivar ese tipo de minas, al tiempo que realizaba capacitaciones a los miembros de la población civil que se encontraban en dicha región para evitar que fueran víctimas de ellas, por manera que no se incurrió en falla alguna del servicio que le fuera imputable.
1.3.- Vencido el período probatorio, dispuesto en providencia proferida el 19 de noviembre de 2010 y fracasada la etapa de conciliación, el Tribunal de primera instancia mediante auto de 25 de julio de 2012, dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
La parte actora, luego de referirse a los hechos materia de proceso y al acervo probatorio recaudado, indicó que dentro del sub judice se encontraban acreditados los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial de las demandadas a título de falla del servicio, concretamente porque, a pesar del conocimiento que se tenía de que en esa zona hacían presencia miembros de las FARC, que acostumbraban instalar ese tipo de artefactos, la Fuerza Pública no adoptó medida de protección alguna para proteger a los residentes de esa zona, circunstancia que determinó que ocurriera el lamentable hecho que le generó las lesiones al señor Jhon Gabriel Posso y por las cuales reclaman una indemnización. A lo anterior agregó la parte demandante que la referida víctima no tenía la obligación de padecer las consecuencias del conflicto armado interno.
En sus alegatos, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional manifestó que de conformidad con los elementos de convicción allegados al proceso, había lugar a concluir que el daño que originó la presente acción se produjo como consecuencia del hecho exclusivo de un tercero, amén de que había dado cumplimiento a sus obligaciones de “carácter progresivo” establecidas en la Convención de Otawa.
El Ministerio Público guardó silencio.
1.4.- La sentencia de primera instancia.
Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 10 de abril de 2013, oportunidad en la cual accedió a las súplicas de la demanda en los términos descritos al inicio de esta sentencia.
Para arribar a tal decisión, el Tribunal consideró, básicamente, que de conformidad con lo probado en el presente asunto, se podía concluir que el daño antijurídico causado al señor Jhon Gabriel Posso por la activación de artefacto explosivo, se produjo como consecuencia de una falla del servicio por parte del Ejército Nacional respecto del cumplimiento de sus obligaciones de “desminado” contenidas en la Convención de Ottawa. Así razonó (se transcribe literalmente):
“En el caso concreto, la fuerza pública y el programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales había catalogado la zona rural del municipio de Dabeiba como de ‘alta afectación’, reconociendo manifiestamente, al mismo tiempo, los métodos con los que se asechaba la integridad física de la población civil, especialmente la instalación de minas antipersonales en el lugar, es decir, se admite abiertamente que se conocía la situación especial.
Realizando entonces el tamizaje de los medios suasorios previamente resaltados, no podrá negarse que existe demostración en cuanto a que la zona de Dabeiba - Antioquia, de tiempo atrás, se ha reconocido por la fuerza pública como de ‘difícil orden público’, que es la denominación usual cuando de hacer referencia a la presencia subversiva se trata, por lo que el primer hito de causalidad se encuentra fincado: en el lugar asechaban los enemigos del orden constitucional.
Adicionalmente, con independencia al hecho de que es a la ‘guerrilla’ que se le atribuye exclusivamente en Colombia el uso de las minas antipersona, que no es de suyo un dato anodino, está claro que Jhon Gabriel Posso fue afectado precisamente por la explosión de uno de esos artefactos el día 3 de febrero de 2009”.
1.5.- Los recursos de apelación.
Contra la anterior decisión, las partes interpusieron oportunamente recurso de apelación, los cuales fueron concedidos por el Tribunal a quo el 28 de mayo de 2013 y admitidos por esta Corporación el 2 de mayo de 2014.
En su impugnación, la parte actora cuestionó la sentencia de primera instancia, en lo que respecta al reconocimiento y cuantificación de los perjuicios, específicamente, solicitó que se aumentara el monto indemnizatorio por perjuicios morales a favor de todos los demandantes; asimismo, solicitó el reconocimiento resarcitorio por perjuicios por daño a las condiciones de existencia a favor del principal afectado y de la totalidad de los demandantes; también solicitó el aumento de la condena por daño a la salud a favor del principal afectado y, finalmente, pidió que se liquidara el lucro cesante teniendo en cuenta el 100% de incapacidad médico legal. Para dar fundamento a dichas solicitudes, la parte actora partió de afirmar que dentro del proceso existía abundante material probatorio que daba cuenta de la existencia y magnitud de dichos perjuicios.
A su turno, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional insistió en que el daño que originó la presente acción indemnizatoria fue producido por el hecho exclusivo y determinante del actuar ilícito de un tercero, esto es, por las FARC, amén de que dicho daño antijurídico causado por una mina antipersonal resultó imprevisible e irresistible para los miembros de la Fuerza Pública, a quienes no puede exigírseles obligaciones de protección imposibles de cumplir. Por lo demás, indicó que el Estado colombiano se encontraba implementando medidas de carácter progresivo de conformidad con los compromisos internacionales establecidos en la Convención de Otawa sobre el desminado del territorio nacional.
1.6.- Una vez se dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, las parte actora reiteró las solicitudes respecto del reconocimiento de perjuicios planteadas con el recurso de apelación, mientras que la parte demandada guardó silencio.
En su concepto, el agente del Ministerio Público manifestó que debía confirmarse el fallo impugnado, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones de desminado, alerta y pedagogía a la sociedad civil, lo cual conllevó a que el ahora demandante sufriera la lesión que originó la presente demanda; asimismo, indicó que debían incrementarse los perjuicios reconocidos en la sentencia de primera instancia, tal y como la parte actora lo solicitó con el recurso de apelación.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el presente asunto sometido a su conocimiento.
II. CONSIDERACIONES
2.1.- Competencia de la sala.
2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 10 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera que la demanda se presentó el 16 de septiembre de 2010 y la pretensión mayor se estimó en una suma superior a $257’500.000, por concepto de indemnización de lucro cesante a favor del principal afectado, monto que supera el exigido -500 SMLMV-, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época.
2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la acción se ejercitó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., toda vez que el daño por cuya indemnización reclaman los actores, esto es, las lesiones sufridas por el señor Jhon Gabriel Posso, se produjeron el 23 de febrero de 2009, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 16 de septiembre de 2010, se impone concluir que la misma se formuló oportunamente.
La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.
2.2.- Los hechos probados
De conformidad con los elementos de convicción allegados en legal forma al proceso, se tienen por acreditados, básicamente, los siguientes hechos:
i) Que según el resumen de la historia clínica de atención de urgencias de la Clínica León XIII, el señor Jhon Gabriel Posso ingresó a esa institución de salud el día 23 de febrero de 2009, por presentar múltiples lesiones en sus miembros inferiores, que le fueron producidas como consecuencia de la activación de una mina antipersona.
ii) Que en el informe médico legal de lesiones emitido el 15 de junio de 2010 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se concluyó respecto de las lesiones sufridas por el señor Jhon Gabriel Posso, lo siguiente:
“Mecanismo causal: explosivos. Incapacidad médico legal definitiva: 120 días; deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; perturbación funcional del miembro inferior derecho de carácter permanente; perturbación funcional del órgano de locomoción de carácter permanente; perturbación funcional del órgano de la audición de carácter permanente”.
iii) Que como consecuencia de dichas lesiones de carácter permanente, la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia mediante dictamen emitido el 13 de julio de 2010 estableció la incapacidad médica laboral del señor Jhon Gabriel Posso en el equivalente de 32,16%.
Como sustentación del anterior dictamen, el médico encargado manifestó (se transcribe literalmente):
“Paciente de 35 años, agricultor, viene por cuenta propia para valoración de pérdida de capacidad laboral, por solicitud de la Dirección de Derechos Humanos.
Febrero 23 de 2009, sufrió fractura de calcáneo en pie derecho por mina, fue atendido en la IPS Universitaria, manejado por ortopedia y cirugía plástica, se le colocó tutor externo. (…).
A la evaluación médica psicológica se encuentra: marcha apoyada en bastón, deformidad en calcáneo y pie derecho, aquilosis para inversión y eversión, dolor a la palpación en calcáneo derecho.
Con los diagnósticos de:
1.- Restricción articular tobillo derecho.
2.- Hipoacusia neurosensorial bilateral.
3.- Disconfor pie derecho.
4.- Deformidad en pie derecho.
Se califica con 32,16% de pérdida de capacidad laboral”.
iv) Que mediante certificación expedida por la Personería Municipal de Dabeiba el 27 de enero de 2011, se hizo constar (se transcribe de forma literal):
“El señor Jhon Gabriel Posso aparece registrado como víctima en el censo que lleva esta personería por el accidente sufrido con una mina antipersona el día 29 de febrero de 2009 en la vereda ‘Corcovado’ cerca del Nudo del paramillo, en el que resultó lesionado el órgano de la audición.
Que por información verbal de varias personas que habitan las veredas del municipio de Dabeiba-Antioquia, se tiene conocimiento que en varias ocasiones, en algunas de ellas, han hecho presencia personas que se han identificado como integrantes de las FARC por el sector de Nudo de paramillo, Corregimiento de Camparusia, vereda la Balsita, vereda Cuchillón, Corregimiento de urama, entre otras.
Que el Ejército Nacional a través de la Brigada Móvil No. 11 ha hecho presencia en ese sector, pero desconozco las fechas concretas en que se ha desarrollado patrullajes u operativos. Anexo envío el censo de las personas lesionadas con minas antipersona en este municipio”.
Como documento anexo a la anterior certificación se relacionaron los nombres de varias personas víctimas de minas antipersonas en inmediaciones del municipio de Dabeiba entre agosto de 2002 y noviembre de 2009, donde figura el señor Jhon Gabriel Posso como víctima de una mina el día 23 de febrero de 2009 en la zona rural conocida como Nudo del Paramillo.
v) Que los testimonios rendidos ante el Tribunal de primera instancia por los señores Elido Valle Valle, Jorge Herney Tuberquia Vera, Orbairo Cardona David y Luz Mary Osorio Monsalve coincidieron en señalar que conocían al señor Jhon Gabriel Posso, de quien afirmaron le gustaba la actividad deportiva, específicamente, realizar caminatas y acampar en el sector del Nudo del Paramillo; sin embargo, señalaron que desconocían las circunstancias en las que se produjo la lesión en sus piernas, salvo el conocimiento público que se tenía que ese hecho se produjo en el mes de febrero de 2009 por la activación de una mina antipersona en momentos en que regresaba de acampar en ese lugar.
De igual forma, debe agregarse que los referidos testigos coincidieron en afirmar que en esa región del país operaban grupos subversivos y eventualmente transitaban tropas del Ejército Nacional; finalmente, señalaron que el señor Jhon Gabriel Posso gozaba de excelentes relaciones tanto en la localidad en donde residía, como en su entorno familiar, por lo que sus lesiones causaron un profundo dolor moral en ellos.
Respecto de las declaraciones de los referidos testigos, advierte la Sala que sus dichos -en cuanto a las circunstancias en las que se produjo la lesión de la citada persona- constituyen testimonios de oídas, dado que los hechos de los que dan cuenta, no fueron presenciados de manera directa por ellos, sino que les fueron transmitidos por terceras personas, respecto de quienes no especificaron su identidad ni la forma como obtuvieron la información que les transmitieron; asimismo, tales deponentes manifiestan haber tenido información de tales circunstancias por el rumor que circulaba en su pueblo, razón por la cual, no puede reconocérseles valor probatorio alguno en cuanto a ese aspecto, comoquiera que sus dichos no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para valorar este tipo de declaraciones.
2.3. Análisis de la Sala
De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, en tanto las lesiones de carácter permanente padecidas por el señor Jhon Gabriel Posso el 23 de febrero de 2009 en el municipio de Dabeiba, Antioquia, como consecuencia de la activación de una mina antipersona, constituye una afectación a distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, establecida la existencia del daño, aborda la Sala el análisis de su imputación con el fin de determinar si en el caso concreto puede serle atribuido a la Administración Pública demandada y, por lo tanto, si ésta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios causados a los demandantes.
2.3.1. Responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados por minas antipersona.
Debe indicarse, en primer lugar, que la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que cuando se debate la ocurrencia de un daño antijurídico proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa como lo puede ser el uso de armas, municiones de guerra, explosivos u otros elementos que, por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para la sociedad, hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien ejerce dicha actividad, pues el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone con ello a las personas. En estos eventos, la responsabilidad del Estado sólo resulta procedente cuando se pruebe que tales artefactos son de dotación oficial o están bajo su guarda.
De igual forma, cabe señalar que también se ha aplicado el régimen de responsabilidad subjetiva, en aquellos casos en que se demuestra la falla del servicio por parte de la Administración en el cumplimiento del deber de cuidado y custodia respecto de las armas y municiones asignadas para el cumplimiento de sus funciones.
En sentido contrario, la Corporación ha negado las pretensiones en casos en los que no se demuestra que los artefactos explosivos hubieren sido abandonados por la Fuerza Pública, es decir, que si las pruebas aportadas no permiten, como sucede en el sub lite, acreditar que el arma o munición que causó el daño es de dotación oficial, no será posible deducir responsabilidad alguna de la Administración. Así lo ha precisado esta Sección (se transcribe literalmente):
“El tema fundamental a definir por la Sala es si está probado que la granada que produjo la muerte de los menores era de dotación oficial. (…).
“Es claro que, para imputarle al Estado un daño antijurídico causado con armas, municiones de guerra, explosivos u otros elementos que por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para la comunidad, debe encontrarse probado que ellos son de dotación oficial. (…).
“Es cierto que obran varias declaraciones de vecinos del sector, según las cuales miembros del Ejército Nacional acantonados en la base de Churuyaco patrullaron en la noche anterior y en la mañana de los hechos el lugar, pero resulta muy curioso que ninguno de ellos se refiera a que también por dicha región circulan grupos de alzados en armas (...)
En conclusión, como los actores no han logrado demostrar que el artefacto explosivo que mató a los menores era de dotación oficial del Ejército Nacional acantonado en esa región, sus pretensiones indemnizatorias no pueden prosperar, por lo que la Sala confirmará las sentencias que negaron las peticiones de la demandas y revocará la que accedió a las mismas”.
En ese mismo sentido, tampoco han sido de recibo alegaciones dirigidas a imputar al Estado la responsabilidad por granadas o artefactos explosivos abandonados por grupos alzados en armas, en virtud del monopolio del uso de la fuerza que el primero detenta, toda vez que (se transcribe textualmente):,
"Si bien es cierto que ese tipo de armamento es de uso exclusivo de las fuerzas militares en virtud del poder monopolizador de la coerción material en cabeza del Estado (art. 216 Superior) -conforme al cual la seguridad individual y colectiva de los asociados se le confía a únicamente a éste (art. 2 CP.) como rasgo esencial del poder público en un Estado de Derecho (Hauriou) - no es procedente “presumir la propiedad del arma”, dado que -ha dicho la Sala- aunque esas armas sean de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la realidad del país Indica que "también están en manos de grupos subversivos’’.
En segundo lugar, es necesario precisar el contenido y alcance de los compromisos adquiridos por Colombia mediante la adopción de la Convención de Ottawa, en materia de prevención en el riesgo de accidentes con minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI), con la finalidad de que se pueda corroborar o descartar el incumplimiento del Estado, en el caso sub judice, de las normas y principios contenidos en dicho convenio.
La "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", conocida como la Convención de Ottawa, suscrita en Oslo el 18 de septiembre de 1997, y aprobada por Colombia mediante la Ley 554 del 14 de enero de 2000, establece en el artículo 5 las siguientes obligaciones, en materia de destrucción de minas antipersonal ubicadas bajo la jurisdicción del Estado firmante de la Convención:
“1.- Cada Estado Parte se compromete a destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.
2.- Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
3.- Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1o. dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal”.
La Ley 554 de 2000 fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-991/2000, y entró finalmente en vigor el 1o de marzo de 2001. De conformidad con el artículo citado, el plazo de 10 años con que contaba Colombia para desminar la totalidad del territorio puesto bajo su jurisdicción, vencía el 1° de marzo de 2011. No obstante, el Estado colombiano, a través del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal- PAICMA, en el marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra-Suiza, solicitó una extensión de diez años para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de desminado humanitario contenidas en el artículo 5 de la Convención, plazo que le fue concedido a Colombia, hasta el 1o de marzo de 2021.
De modo que, no es posible afirmar que el Estado ha incumplido los compromisos pactados en el tratado de Ottawa, de “destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control” (artículo 5), ya que dicha obligación se haría exigible a partir de la fecha en mención.
En este sentido, vale la pena mencionar, que esta Corporación en sede de tutela, decidió amparar el derecho al debido proceso de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por cuanto concluyó que la responsabilidad del Estado por la omisión de desminar el territorio colombiano no se podría hacer efectiva sino una vez se cumpliera la extensión del plazo de 10 años adicionales otorgado a Colombia, razón por la cual la sentencia del Tribunal adolecía de graves yerros:
“(...) Así las cosas, la sentencia cuestionada adolece además de un defecto sustantivo, pues estimó, erradamente, que la obligación del desminado total del territorio colombiano, contraída en la Convención de Ottawa, estaba vigente, cuando en realidad, es una obligación que comienza a regir a partir del 3 de diciembre de 2020, por lo tanto, al no existir en el momento de los hechos, una posición de garante del Estado colombiano, el asunto no podía estudiarse por el régimen objetivo, sino por el régimen subjetivo de falla del servicio.
En este orden de ideas, para la Sala sí existieron yerros en la sentencia del 10 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por lo que se la dejará sin efecto y se ordenará a la autoridad judicial demandada, que dicte una nueva sentencia tomando como fundamento las consideraciones expuestas a lo largo del presente fallo”.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que el Estado colombiano ha desarrollado importantes avances frente a las obligaciones contraídas con la adopción del tratado de Ottawa, tanto para el momento de los hechos que dieron origen a la acción de reparación directa en estudio como con posterioridad a ellos, dentro de los que pueden destacarse los siguientes:
i) La implementación desde el año 2002 de una estrategia de gestión de información dirigida a recopilar y sistematizar los datos disponibles sobre el fenómeno de las MAP/MUSE/AEI en Colombia, a través del IMSMA, administrado por el PAICMA, el cual constituye la primera fuente utilizada para determinar la existencia de zonas sospechosas que requieren ser intervenidas, de acuerdo a la información reportada en él;
ii) la creación, mediante la Ley 759 de 2002, de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal CINAMAP, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, e integrada por varios miembros del Gobierno Nacional, encargada del diseño de la acción del Estado en aplicación de la Convención de Ottawa, la verificación del cumplimiento de las medidas contempladas en el CONPES en la misma materia, la promoción y coordinación con las autoridades nacionales de los procesos de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, destinada a las obligaciones adquiridas en la Convención, la aprobación de los informes dirigidos a la comunidad nacional e internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros;
iii) la puesta en marcha, mediante la Ley 759 de 2002 del Observatorio de Minas Antipersonal a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el año 2002, encargado de “recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema, así como facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas’’; posteriormente, el Decreto 1649 de 2014, “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República" creó la Dirección para la Acción Integral para Minas Antipersonal, la asignó al despacho del Ministro Consejero para el Post-Conflicto, Derechos Humanos y Seguridad, y la ubicó como estrategia nacional de acción contra minas antipersonal en todo lo referente al desminado humanitario; asistencia y rehabilitación a víctimas; destrucción de minas almacenadas; campañas de concientización y educación de la población civil; y todos aquellos aspectos que demanden el cumplimiento del tratado de Ottawa;
iv) la creación de un régimen penal para castigar el empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal mediante la Ley 759 de 2002;
v) la reglamentación dirigida a permitir que organizaciones civiles adelanten gestiones de desminado humanitario “con el propósito de garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las comunidades afectadas por la violencia armada en Colombia”;
vi) la creación del primer pelotón de desminado humanitario en el año 2005 y de tres pelotones adicionales a finales del año 2006, así como la instauración del Batallón de Ingenieros No. 60 de Desminado Humanitario como parte de la Brigada Especial de Ingenieros en el año 2009, bajo las órdenes operacionales de la Inspección General de las Fuerzas Militares, cuyas unidades adelantaron las labores de desminado tanto de las 35 bases militares, como de los campos minados, y la creación de la agrupación de explosivos y desminado de la Infantería de Marina, mediante Disposición n.° 41 de 2014. Actualmente, el Batallón cuenta con seis pelotones de desminado manual y uno mecánico de Ejército y un pelotón de desminado manual de la Infantería de Marina;
vii) el inicio de operaciones con The Halo Trust, la primera organización civil de desminado humanitario acreditada, la cual ha adelantado labores de desminado en Antioquia, Nariño, El Carmen de Viboral, La Unión, San Rafael y Sonsón, en el año 2013;
2.3.2. Conclusiones probatorias y caso concreto
De conformidad con el escaso material probatorio obrante en el expediente, para la Sala es claro que el municipio de Dabeiba (Antioquia) -incluida su área rural- era considerada, para la época de los hechos (2009), zona de orden público, dada la presencia de grupos al margen de la ley. Sin embargo, los hechos acreditados no permiten establecer una falla en el servicio por omisión por parte de la Administración en el deber de destrucción de las minas antipersonales, toda vez que nada en el expediente indica que el Ejército tuviera conocimiento o, por lo menos, sospechara de que existían dichos artefactos explosivos en el sitio específico donde ocurrieron los hechos, que lo obligara a demarcar el terreno, prestar vigilancia y proteger el área, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil; es decir, pese a que se trataba de una zona con presencia militar y guerrillera, ello no obligaba, per se, a que la Fuerza Pública realizara allí labores de desminado.
En ese sentido, puede concluirse que, a pesar de que la demandada sabía de la presencia de grupos guerrilleros en la región, el daño padecido por el señor Jhon Gabriel Posso el 23 de febrero de 2009 fue imprevisible e irresistible para la institución demandada -Ejército Nacional-, en la medida en que no se probó que esta Institución hubiera tenido conocimiento efectivo sobre la presencia de minas en el lugar donde ocurrió el accidente y que, pese a ello, no adoptó medidas de prevención y protección tendientes a garantizar la seguridad de la población.
A lo anterior resulta preciso agregar que la Sala tampoco encontró acreditado que, previo a los hechos, se hubieran presentado enfrentamientos o combates entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley en el sector del Nudo de Paramillo, a partir de los cuales se pudiera inferir que la lesión padecida por el actor se hubiese causado en medio de la confrontación armada o como un daño colateral y posterior a ésta. Al respecto, lo único que manifestaron los testigos fue que en la región hacen presencia tanto miembros del Ejército como grupos guerrilleros, pero nada dijeron respecto de enfrentamientos armados en el sector donde ocurrió el mencionado atentado.
Así las cosas, no existen en el expediente suficientes pruebas que demuestren con claridad y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio por no haber evitado el atentado en el que resultó lesionado el demandante, pues, se insiste, nada indicaba la presencia de minas y la inminencia de su activación, frente a la cual le resultara exigible una actuación de contención; por tanto, ha de concluirse que, en este caso, el daño alegado por la actora no devino de una conducta omisiva, descuidada o negligente y, en efecto, reprochable en cabeza de la Administración.
Así, lo que se tiene, en suma, es que los daños por cuya indemnización se reclama se produjeron como resultado de la actuación delincuencial y deliberada de un grupo ilegal armado, lo cual se traduce en la configuración de la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, circunstancia que hace inviable, por supuesto, tener por probada la existencia de una falla en la prestación del servicio.
Agréguese a lo anterior que, tal y como se indicó anteriormente, si bien mediante la Ley 554 de 2000, el Estado Colombiano aprobó e incorporó al ordenamiento jurídico interno la Convención de Ottawa y, en consecuencia, se obligó, entre otras cosas, a identificar y demarcar las zonas donde tenga conocimiento o sospeche que existan minas antipersonales y a destruir o asegurar la destrucción, en un plazo de 10 años, de todas aquellas puestas en su jurisdicción, también es cierto que en la décima reunión de los Estados parte de dicha convención le fue concedida una extensión de ese término, el cual se vence el 1º de marzo de 2021; por lo tanto, la ocurrencia de atentados como el que motivó esta demanda no puede entenderse aún como un incumplimiento del deber legal asumido por el Estado.
En conclusión, al no encontrarse acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual del Estado, se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Finalmente, con la finalidad de permitir el restablecimiento de los derechos afectados a los demandantes, la Sala ordenará remitir copia del presente fallo a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal -DAICMA-, de modo que el señor Jhon Gabriel Posso sea incluido, si es que ya no lo está, en la ruta de atención y reparación contemplada en dicho programa, a fin de que pueda gozar de todos los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos.
2.4.- Costas
Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 10 de abril de 2013; en consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Por medio de la Secretaría de esta Sección, REMITIR copia del presente fallo a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal -DAICMA-, de modo que el señor Jhon Gabriel Posso sea incluido, si es que ya no lo está, en el programa de atención y reparación a víctimas de minas antipersonales.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HERNÁN ANDRADE RINCÓN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
“Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”. Fls. 123 a 141 C. 1. Fls. 143 a 147 C. 1. Fls. 148 a 158 C. 1. Fls. 206 y 344 C. 1. Fls. 345 a 512 C. 1. Fls. 513 a 526 C. 1. Fl. 526 C. 1. Fls. 529 a 589 C. Ppal. Fls. 623 y 628 C. Ppal. Fls. 188 a 221 C. Ppal. Fls. 595 a 605 C. Ppal. Fls. 634 a 635, 807 C. Ppal. Fls. 800 a 806 C. Ppal. Ley 1395 de 2010. Fls. 16 a 18 C. 1. Fl. 308 C. 1. Fl. 288 C. 1. Fl. 280 C. 1. Fl. 282 C. 1. Fls. 220 a 222 y 272 a 278 C. 1. Según el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil: “El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil.html" \l "226." 226. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance”. Respecto del contenido y alcance de la anterior norma legal, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos: (1) las calidades y condiciones del testigo de oídas; (2) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; (3) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas y (4) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2012, expediente 21.521, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia proferida por esta Subsección el 12 de marzo de 2015, Exp. 30.143, entre otras. Consultar por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia del 27 de julio de 2000, Exp. 12.099, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 29 de agosto de 2007, Exp. 15.494, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. 20.328, entre otras. Ver por ejemplo Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, Exp. 48.901, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de marzo de 2001, Exp 11.222, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Ver también, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 15.787. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 1996, rad. 11221, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, T. 326, fls.154 a 165: "Es verdad que en reiteradas oportunidades la Sala ha manejado casos similares al presente, con la tesis de la falla presunta del servicio, ó (sic), por vía indiciaría.
Sin embargo, ni una, ni la otra pueden ser aplicadas al presente caso. En cuanto a la primera, porque no se acreditó que la granada era de dotación del ejército, y si bien es cierto es procedente, en algunos casos presumir la falla, no lo es, presumir la propiedad del arma (...) La Sala ha señalado que en la época de violencia que padece el país, en la cual con frecuencia se registran enfrentamientos de las fuerzas del orden con grupos al margen de la ley, no se puede desconocer que éstos últimos se encuentran fuertemente armados, y por ello, los daños ocasionados a la población pueden originarse en material de guerra-minas, granadas, municiones abandonados por uno u otro extremo, sin que por esto se pueda predicar que la Nación deba responder en todos los casos". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 1996, rad. 10514, C.P. Daniel Suárez Hernández, T. 300, fls. 171 a 187: "El hecho de que en esa lucha [que adelanta el Estado contra la subversión] no se logre el objetivo buscado, no puede calificarse como falla del servicio por omisión. La noción de falla por omisión debe referirse a un hecho concreto que la administración se haya negado a cumplir a pesar del requerimiento que se le haya realizado para el efecto. "
Si bien la Convención fue hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, quedó abierta a todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de ese mismo año. 29Plan de acción de desminado humanitario 2014-2016, en HYPERLINK "http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/Colombia-National_Mine_Action_Plan-2014-2016.pdf" http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined- areas/Colombia-National_Mine_Action_Plan-2014-2016.pdf
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de febrero de 2015, 11001- 03-15-000-2014-01251-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Sistema de información recomendado por las Naciones Unidas para la gestión de los datos básicos acerca de los programas de acción integral contra minas antipersonal. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
Este decreto creó el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el cual haría las veces de secretaría técnica de la Comisión intersectorial nacional para la acción contra las minas antipersonal, y tendría las funciones de mantener la base del sistema de información de acción contra minas, encargándose de recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema; asistir al Gobierno Nacional en el diseño y coordinación de las acciones y actividades relativas contra minas antipersonal en el país; centralizar la información de todas las organizaciones que desarrollen actividades relativas a minas y consolidar todos los datos que estas recolecten mediante las actividades que desarrollen; redactar y adoptar los estándares nacionales para las actividades relativas a las minas y velar por su difusión, aplicación y cumplimiento; coordinar, hacer seguimiento y evaluar las acciones de las entidades estatales, que de acuerdo con su competencia, desarrollen actividades o funciones contra minas antipersonal; diseñar un sistema de control de calidad que permita medir el impacto de las actividades que se desarrollen en el país en el tema de minas; y promover y gestionar la cooperación técnica internacional y en especial la que tenga por finalidad la consecución de los recursos necesarios para el logro de los objetivos de las actividades relativas a minas en el país en coordinación con la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional y con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal." Esta ley también creo: ii) la Comisión intersectorial nacional para la acción contra minas antipersonal, sus invitados permanentes, órganos que la componen como la secretaría y dos subcomisiones, y las funciones de estas y aquella ¡ii) las "Misiones Humanitarias Nacionales para verificación de hechos y formulación de recomendaciones", integradas por el Gobierno Nacional y coordinadas por la Defensoría del Pueblo, iv) el Observatorio de Minas Antipersonal, a cargo del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y aplicación del DIH, el cual estaría encargado de recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema, así como facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas. La ley también reguló v) la forma en que debían ser destruidas las minas antípersonal almacenadas por las Fuerzas Militares, así como los vectores específicamente concebidos como medios de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal, 7o cual deberá efectuarse a la mayor brevedad" y con acompañamiento de la comunidad internacional, y manifestó el compromiso del Gobierno Nacional en vi) la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de las medidas nacionales de aplicación de la Convención de Ottawa; gestionar el apoyo técnico y financiero de las agencias de cooperación internacional y los Estados parte de la Convención de Ottawa, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento Nacional de Planeación, para la elaboración y ejecución de programas y proyectos relacionados con el objeto de la presente ley; y para financiar los gastos ocasionados por la destrucción de las minas antipersonal que las Fuerzas Militares tengan almacenadas.
La Ley 1421 de 2010, en su artículo 9, otorga facultades al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, para adoptar las medidas necesarias sobre la base de los estándares internacionales y los principios humanitarios y reglamentar así las actividades de desminado humanitario adelantado por organizaciones civiles. El Decreto 3750 de 2011, que reglamenta el artículo 9 de la mencionada ley, establece la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario como el ente interinstitucional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de implementar y dirigir la ejecución de actividades de desminado humanitario realizadas por organizaciones civiles de desminado humanitario. HYPERLINK "http://www.ejercito.mil.co/wap/index" http://www.ejercito.mil.co/wap/index.
“El Batallón de Desminado Nº 60, presta asesoría técnica al Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en los temas relacionados con el desminado humanitario y cuenta con ocho pelotones conformado por 40 hombres casa uno, dedicados a desarrollar actividades de desminado humanitario en todo el país. A la fecha hemos concluido con éxito la destrucción de los 35 campos minados en los que se ha identificado riesgo de accidente por minas antipersonal o munición sin explotar. Cumpliendo a cabalidad antes del 1º de marzo de 2011, fecha límite impuesta por la Convención de Otawa para cumplir con los compromisos del artículo V”. HYPERLINK "http://www.ejercito.mil.co/wap/index" http://www.ejercito.mil.co/wap/index. Mediante disposición n.° 0029 del 06 de ,agosto de 2009, del Comando del Ejército Nacional se crearon y activaron unas unidades tácticas en la Brigada Especial de Ingenieros Militares, entre las cuales se encuentra el Batallón de Desminado "BIDE". Sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de desmínado de las bases militares, Colombia sostuvo en la “solicitud de extensión a los plazos previstos en el artículo 5 de la convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y sobre su destrucción" lo siguiente: "Es necesario recordar que Colombia viene cumpliendo con su compromiso inicial de destruir los campos minados que fueron sembrados alrededor de 35 bases militares antes de suscribir la Convención. E, igualmente, espera terminar esta labor antes de la fecha limite prevista por ésta. A 28 de febrero de 2010, el Estado colombiano había invertido los recursos financieros y humanos necesarios para destruir totalmente los campos minados localizados en 30 de estas bases militares. Estos trabajos, que se desarrollaron bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos y de la Junta Interamericana de Defensa, consistieron en el desminado de 110.999 metros cuadrados, en los cuales fueron destruidas 2.719 minas antipersonal y 81 municiones sin explotar. De igual manera, en los últimos meses se viene haciendo un esfuerzo similar para destruir los campos minados ubicados alrededor de las 5 bases militares restantes. Estos trabajos, que están previstos para terminar antes de finalizar el año 2010, han permitido el despeje de 31.481 metros cuadrados, dónde se han ubicado y destruido 539 minas antipersonal y 38 municiones sin explotar."
HYPERLINK "http://www.ejercito.mil.co/wap/index" http://www.ejercito.mil.co/wap/index. Idem. En similar sentido consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, Exp. 48.901, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. HYPERLINK "http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Plan%20de%20Accion%20de%20DH.pdf" http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Plan%20de%20Accion%20de%20DH.pdf (consulta realizada el 17 abril de 2017). Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Artículos 46, 154, 156.
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