Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-01263-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-01263-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2011-01263-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
14 de marzo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
[D]e conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Al tenor de lo previsto en el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. (…) Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 - NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / ARTÍCULOS DE PRENSA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO
[C]abe anotar que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas como medio de convicción testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (artículo 228 del Código de Procedimiento Civil), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. Como consecuencia de ello, los ejemplares acompañados al expediente sólo prueban que allí apareció una noticia, pero no la autenticidad y veracidad de la misma. De acuerdo con lo anterior, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en los recortes de prensa y allegada al proceso para que obre dentro de la valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio. Además, se les reconocerá valor probatorio a las mismas, cuando se esté presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, de conformidad con la tesis unificada de la Corporación.
INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria o versión libre, la Subsección ha sostenido que aquéllas no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden ratificarse, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba de declaración de terceros. No obstante lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha dado valor probatorio a las indagatorias rendidas en procesos penales con el objetivo de alcanzar la verdad material.(…) A su turno, esta Sala tuvo recientemente como elemento de convicción la indagatoria rendida en el proceso penal por la misma persona que pretendía obtener una indemnización por la privación de la libertad de que fue objeto injustamente, para, finalmente, concluir conforme aquella declaración que fue ella quien motivó su investigación, lo que configuró la culpa exclusiva de la víctima. (…) Por su parte, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, en lo que hace a la valoración de la indagatoria, ha considerado que existen eventos en los cuales es aceptable la apreciación de dicha prueba como indicio, pero solamente cuando se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se valoren en conjunto con todo el acervo probatorio. Ahora bien, para el caso concreto, las indagatorias rendidas por los actores son susceptibles de ser valoradas por la Subsección, toda vez que fueron ofrecidas por la mismas personas que ahora pretenden ser indemnizadas por la supuesta privación injusta de la que fueron víctimas y, además, en aquellas se narra la situación fáctica en la que se produjo el supuesto hecho delictual, aunado a que se valorarán en conjunto con la totalidad del acervo probatorio obrante en el expediente, todo en aras de buscar la justicia material. Como es apenas lógico la Sala no puede obviar el hecho de que la parte actora fue quien aportó al plenario las pruebas antes mencionadas, circunstancia que implica, ineludiblemente, que sean valoradas tanto en lo que le resulte favorable, como en lo que no.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / DOLO / CULPA GRAVE / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación de la libertad. (…) Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado en el término legal. (…) Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica establecer: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. (…) En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada. (…) En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
DETENCIÓN PREVENTIVA / FLAGRANCIA / CARGAS PÚBLICAS / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO ANTIJURÍDICO / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
[C]onsidera la Sala que desde la óptica de la responsabilidad del Estado, es factible inferir que cuando una persona capturada no es sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, esa responsabilidad no queda comprometida de manera objetiva, si se tiene en cuenta que, para que se abra paso, se debe analizar la falla derivada de la inobservancia de los términos legales que debían correr una vez materializada la captura, caso en el cual se configuraría una prolongación indebida o arbitraria de la restricción de la libertad. De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano capturado en flagrancia y se acatan los términos legales previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propenden por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas. Por tanto, a pesar de la existencia del daño que se genera por la limitación del derecho a la libertad, este no puede calificarse como antijurídico y en los eventos en que esa detención cumpla con los requisitos exigidos en la ley y solo se mantiene durante el tiempo previsto para resolver la situación jurídica del sindicado, no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01263-01(57372)
Actor: OTILIA DE JESÚS SALAZAR VASCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - preclusión porque los procesados no cometieron el delito / AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO – Inexistencia de medida restrictiva de la libertad / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR MORA EN INVESTIGACIÓN PENAL – Presupuestos / AFECTACIÓN AL BUEN NOMBRE – Requiere divulgación de información falsa o tendenciosa y la individualización del sujeto supuestamente afectado.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 17 de marzo de 2004, agentes de la Policía Nacional fueron alertados de una mercancía sospechosa en el barrio Antioquia de la ciudad de Medellín. Al ingresar a la casa de la señora Otilia de Jesús Salazar Vasco, con anuencia de su propietaria, los policiales encontraron en varias cajas 56 uniformes camuflados de uso privativo de las fuerzas militares. Por lo anterior, tanto la citada ciudadana como su compañero permanente, Oscar Alonso Cardona Delgado, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Luego de ser escuchados en diligencia de indagatoria el 18 de marzo siguiente, ambos sujetos fueron puestos en libertad con el compromiso de presentarse ante el ente investigador, en caso de ser requeridos. Finalmente, el 25 de junio de 2009, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación que cursaba en contra de los señores Salazar Vasco y Cardona Delgado ante la ausencia de prueba que los comprometiera con el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Mediante demanda presentada el 1 de julio de 2011 (f. 61-83, c. 1), los señores Otilia de Jesús Salazar Vasco, Oscar Alonso Cardona Delgado, Luz Mery Correa Salazar, Sandra Lucía Hernández Salazar, Giovanny Hernández Salazar y Edwin Antonio Hernández Salazar, por conducto de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los perjuicios causados con motivo de la privación injusta de la libertad que soportaron los dos primeros de los nombrados entre el 17 y el 18 de marzo de 2004, así como de la afectación a su buen nombre y la duración excesiva de una investigación penal adelantada en su contra por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, contemplado en el artículo 346 del Código Penal.
En síntesis, los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:
Se declare a la Nación colombiana (Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación), son administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes: Oscar Alonso Cardona Delgado (afectado directo), Otilia de Jesús Salazar Vasco (afectada directa), Luz Mery Correa Salazar, Sandra Lucía Hernández Salazar, Giovanny Hernández Salazar y Edwin Antonio Hernández Salazar (hijos de la afectada); con la injusta y arbitraria privación de la libertad de la que fueron víctimas don Oscar Alonso Cardona Delgado y doña Otilia de Jesús Salazar Vasco, el jueves diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2004), cuando fueran privados de la libertad, sindicados del delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, por la Unidad Única de Reacción Inmediata, Fiscalía Ciento Ochenta y Siete (187) Seccional destacada ante la SIJIN MEVAL, viviendo una zozobra, angustia indescriptible, que se prolongó en el tiempo hasta el día seis (6) de julio de dos mil nueve (2009), cuando por fin se les notificó la resolución de preclusión de la investigación. Es decir, durante este largo período comprendido entre el jueves diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2004) y hasta el seis (6) de julio de dos mil nueve (2009), esto es, cinco (5) años, tres (3) meses, diecinueve (19) días, mientras la Fiscalía General de la Nación se pronunciaba en forma definitiva respecto a su situación jurídica; debieron soportar el suplicio de que en cualquier momento volvieran a ser privados de la preciada libertad y se volviera a incurrir en una injusticia como ya les había sucedido.
La Nación colombiana (Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación), a indemnizar a los demandantes Oscar Alonso Cardona Delgado (afectado directo), Otilia de Jesús Salazar Vasco (afectada directa), Luz Mery Correa Salazar, Sandra Lucía Hernández Salazar, Giovanny Hernández Salazar y Edwin Antonio Hernández Salazar (hijos de la afectada); de los siguientes perjuicios:
Morales
(…) causados por la vergüenza pública, la angustia, la congoja y la pena que sufrieron y sufren como consecuencia de la ilegal e injusta privación de la libertad de que fueron víctima los señores (…) en el período comprendido entre el jueves diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2004) y hasta el seis (6) de julio de dos mil nueve (2009), esto es, cinco (5) años, tres (3) meses, diecinueve (19) días, mientras la Fiscalía General de la Nación se pronunciaba en forma definitiva respecto a su situación jurídica; debieron soportar el suplicio de que en cualquier momento volvieran a ser privados de la preciada libertad y se volviera a incurrir en una injusticia como ya les había sucedido.
Estimados en trescientos (300) Salarios Mínimos Legales Mensuales para cada uno de los perjudicados (…)
Materiales de Daño Emergente
Sufridos por los afectados, señores Oscar Alonso Cardona Delgado y Otilia de Jesús Salazar Vasco; consistentes en los honorarios de la defensa que tuvo que sufragar a la abogada doctora María del Amparo Palacio Ortíz (…) estimados en quinientos diez millones ($510.000.000) de pesos; diez millones ($10.000.000) de pesos de acuerdo a la defensa que hiciera la doctora María del Amparo Palacio Ortíz, quien debió realizar el acompañamiento a los afectados, pues debido a esta injusticia sus finanzas se vinieron abajo, la microempresa del señor Cardona Delgado quebró ante la ausencia de personas y empresas que dejaron de contratar con él, pues con la publicidad realizada en los medios de comunicación desafortunadamente se le bloquearon estas entradas (…). Igualmente la señora Otilia de Jesús, a quien su establecimiento comercial, consistente en una panadería quebró, pues su clientela se alejó (…); estimándose estas en la suma de quinientos millones ($500.000.000) de pesos, representados en la maquinaria que debieron vender al mejor postor (…)
Lucro cesante
Sufridos por los señores: Oscar Alonso Cardona Delgado y Otilia de Jesús Salazar Vasco; consistentes en las sumas de dinero que dejó de percibir durante el tiempo que estuvieron privados de la libertad mis poderdantes (…) desde el jueves diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2004) y hasta el seis (6) de julio de dos mil nueve (2009), cuando por fin se les notificara la preclusión de la investigación por la injusta y arbitraria decisión de las autoridades correspondientes, al vincularlos irregularmente a una investigación criminal.
Estimados en ciento veintiséis millones ($126.000.000) de pesos, tomando como base un millón ($1.000.000) de pesos aproximadamente que producía cada uno de los afectados en sus respectivos negocios (taller de mecánica industrial y panadería, respectivamente) (…)
Daño Extrapatrimonial o perjuicio a la vida de relación derivados de la privación injusta de la libertad y/o falla en la administración de justicia
Sufridos por los afectados Oscar Alonso Cardona Delgado, Otilia de Jesús Salazar Vasco y los hijos de esta: Luz Mery Correa Salazar, Sandra Lucía Hernández Salazar, Giovanny Hernández Salazar y Edwin Antonio Hernández Salazar causados por la brusca interrupción de la interacción consigo mismo, con la familia y la sociedad, lo que les impidió continuar el libre desarrollo de la personalidad (…)
Estimados en trescientos (300) Salarios Mínimos Legales Mensuales para cada uno de los demandantes (…)
Daño Extrapatrimonial o perjuicio a la vida de relación en cuanto a la violación de la honra, la fama y el buen nombre personal y prestigio profesional.
Sufridos por los afectados Oscar Alonso Cardona Delgado (afectado directo), Otilia de Jesús Salazar Vasco (afectada directa) y Luz Mery Correa Salazar, Sandra Lucía Hernández Salazar, Giovanny Hernández Salazar y Edwin Antonio Hernández Salazar (hijos de la afectada)
Causados por la vulneración a los derechos fundamentales de la vida, la familia, al honor, la fama y al buen nombre personal y prestigio profesional y social que afectaron notoriamente la reputación y pérdida de la confianza social (…). Máxime que se le dio amplia publicación en radio y prensa acusaron a los señores Oscar Alonso Cardona Delgado y Otilia de Jesús Salazar Vasco de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas armadas, información que saliera publicada en “El Colombiano”, diario de amplia circulación (…)
Estimados en doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales (…) para cada uno de los 6 demandantes (…)
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron, en síntesis, los siguientes:
El 17 de marzo de 2004, agentes de la Policía Nacional por información proveniente de la central, arribaron al domicilio de la señora Otilia de Jesús Salazar Vasco y allí encontraron unas cajas que le habían llegado a un inquilino de esta, las cuales contenían prendas de vestir de uso privativo de las fuerzas armadas. Ante la ausencia de una respuesta satisfactoria para los policiales, la señora Salazar fue privada de la libertad junto a su pareja, Oscar Alonso Cardona Delgado.
Los capturados fueron judicializados no sin antes “pasar” la noticia por los principales medios de comunicación del país, lo que produjo la destrucción de su buen nombre. Ello afectó no solo su vida familiar y social, sino también la esfera laboral pues el señor Oscar Alonso tuvo que cerrar su taller ante la ausencia de contratos por la desconfianza social. Igual destino tuvo la panadería de la señora Otilia de Jesús, en razón a que la clientela no volvió.
Luego de ser escuchados en indagatoria, el 18 de marzo de 2004, a los señores Oscar Alonso y Otilia de Jesús fueron liberados y se les hizo suscribir diligencia de compromiso consistente en que debían presentarse ante la autoridad si eran requeridos en razón del proceso.
Mediante resolución de 25 de junio de 2009, notificada el 6 de julio siguiente, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación que se seguía en contra de los dos ciudadanos mencionados debido a que “no se c[ontaba] con prueba demostrativa de que los inculpados hubieran cometido conducta delictiva atentatoria de la seguridad pública (…)”.
La detención cumplida por la Policía Nacional y el largo tiempo empleado por el ente acusador para resolver en forma definitiva la situación judicial de los demandantes Salazar Vasco y Cardona Delgado, constituyeron un grave atentado contra la dignidad de la persona. De igual forma, la Fiscalía General de la Nación violó el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, al emplear los informes de los agentes policiales como medios de prueba para procesar a los accionantes.
Ante el abuso de los miembros de la Policía, la Fiscalía debió compulsar las copias correspondientes a los entes de control, pues era evidente que la narración del informe rendido por la primera era ajena a la realidad. Así mismo, por la captura ilegal y arbitraria de los hoy actores, era evidente que existió una falla en el servicio y un error jurisdiccional.
2. El trámite de primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante providencia de 29 de agosto de 2011 (f. 85-86, c. 1), que se notificó en debida forma a la Policía Nacional (f. 89, c. 1), a la Fiscalía General de la Nación (f. 90, c. 1) y al Ministerio Público (f. 86 reverso, c. 1).
De manera oportuna, el Ministerio de Defensa-Policía Nacional se pronunció sobre el escrito introductorio, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de nexo de causalidad (f. 91-96, c. 1).
Al respecto, señaló que su actuación fue apegada a la ley pues no se trató de un operativo policial irregular, tanto así que solo retuvo a los actores en forma transitoria mientras fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por la parte demandante, así como a la tasación de los perjuicios respectivos (f. 104-110, c. 1). Como razones de defensa, en primer lugar, sostuvo que no se aportó ningún medio de prueba encaminado a acreditar la existencia del daño emergente compuesto por ítems como honorarios profesionales y derivados de la supuesta quiebra de sus negocios.
Así mismo, en cuanto al lucro cesante, aclaró que los procesados solo estuvieron “detenidos” por un día, lo que hacía evidente lo improcedente de dicha solicitud. En cuanto a los perjuicios morales, arguyó que la petición era desproporcionada y alejada de los criterios jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado.
Agregó que no existía daño antijurídico, toda vez que la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los accionantes –no estuvieron privados de la libertad-, lo cual evidenciaba la ausencia de falla en el servicio e impedía que estos afirmaran que los hechos examinados les imposibilitaron continuar con el desarrollo de su vida cotidiana.
En cuanto a la supuesta vulneración del buen nombre de los señores Salazar Vasco y Cardona Delgado, aclaró que esta no expidió ningún boletín informativo o divulgó información alguna respecto a las capturas, por lo cual dicha transgresión no le sería imputable.
Mediante providencia de 16 de mayo de 2012 (f. 128-129, c. 1), el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y en auto 1 de agosto de 2014 (f. 205, c. 1), dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
En esta oportunidad, La parte actora reiteró lo expuesto en el escrito de demanda y agregó que los perjuicios materiales fueron demostrados con los documentos de la Cámara de Comercio que daban cuenta de la existencia de la panadería y el taller de mecánica de propiedad de los demandantes (f. 208-217, c. 1).
En similar sentido, trajo a colación algunas sentencias del Consejo de Estado que se valían del régimen de responsabilidad objetivo para concluir que ante la no demostración de responsabilidad penal de los procesados era procedente decretar una indemnización en su favor.
Por su parte, el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, reiteró la argumentación expuesta en la contestación de la demanda y agregó que el extremo actor no cumplió con la carga de la prueba de acreditar una falla en el servicio por parte del cuerpo armado civil (f. 220-224, c. 1).
En lo concerniente a la Fiscalía General de la Nación, esta alegó que la apertura de la investigación en contra de los señores Oscar Alonso Cardona Delgado y Otilia de Jesús Salazar Velasco y la consecuente indagatoria del 18 de marzo de 2004, se produjeron en cumplimiento de un deber legal, en virtud del Informe No. 341 de 17 de marzo de 2004, por medio del cual la Policía Nacional dejó a disposición de esta entidad a los dos ciudadanos mencionados (f. 225-232, c. 1).
Reiteró que no existía daño antijurídico que debiera ser indemnizado, toda vez que nunca se dictó medida de aseguramiento en contra de los procesados y, por el contrario, estos fueron puestos en libertad una vez les fue recepcionada la indagatoria. Tal accionar de la Fiscalía demostraría la ausencia de error jurisdiccional, pues fue su decisión apegada al ordenamiento jurídico.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 22 de abril de 2016 (f. 569-580, c. ppl.), el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, declaró la caducidad de la acción respecto del Ministerio de Defensa-Policía Nacional y denegó las pretensiones frente a la Fiscalía General de la Nación.
En lo atinente a la declaratoria de caducidad, el a quo arguyó que el hecho dañoso endilgado a la Policía Nacional ocurrió el 17 de marzo de 2004, fecha en la cual fueron retenidos los señores Otilia de Jesús y Oscar Alonso, por lo cual, el término hábil para demandar expiró el 18 de marzo de 2006, sin que se hubiera ejercido el derecho de acción.
En punto de la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal estimó que no se materializó un daño antijurídico, toda vez que los accionantes nunca estuvieron privados de la libertad ni se les impuso medida de aseguramiento alguna. De igual forma, recordó que la suscripción de un acta de compromiso no constituía una medida restrictiva de la libertad, en los términos del artículo 354 de la Ley 600 de 2000.
4. El recurso de apelación y su concesión
De manera oportuna, la parte demandante expresó su discrepancia con el fallo de primera instancia, solicitó su revocatoria y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda (f. 581-586, c. ppl.). Como sustentación, en primer lugar, manifestó que no era cierto que la Policía Nacional llegara al domicilio de los procesados para efectivizar una orden de captura, pues en el informe de los hechos los agentes de dicha institución señalaron que acudieron en respuesta a una denuncia efectuada vía telefónica.
En segundo término, adujo que el hecho delictivo imputado a los accionantes no existió y que las pretensiones en contra de la Policía Nacional sí debían ser estudiadas, por cuanto el período de la caducidad solo inició el día en que adquirieron certeza que el daño era antijurídico, esto es, a partir del conocimiento de la resolución que precluyó la investigación y que dio por cierto que el hecho endilgado era inexistente.
En tercer lugar, afirmó que la diligencia de compromiso, a diferencia de lo argumentado por el Tribunal, constituía una medida restrictiva de la libertad pues su objetivo era garantizar la comparecencia de los procesados ante las autoridades “so pena de hacerse acreedor de las sanciones de ley”.
Señaló también que no concurría justificación para que la Fiscalía se tomara tanto tiempo (5 años) para esclarecer la situación jurídica de los indagados, hecho que se produjo por el cambio frecuente del personal encargado de adelantar la investigación. Así las cosas, era evidente que “el solo hecho de haberlos tenido suspendidos en el tiempo, vinculados a un proceso penal hizo que su vida se afectara de manera material y real (…)”.
Finalmente, sostuvo que los testimonios practicados a lo largo del proceso daban cuenta de la afectación material, pues demostraron que el señor Oscar Alonso tuvo que cerrar su taller de metalmecánica y la señora Otilia de Jesús se vio forzada a clausurar su panadería.
El recurso de alzada fue concedido en el efecto suspensivo por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 19 de mayo de 2016 (f. 587, c. ppl.).
5. Trámite en segunda instancia
La impugnación fue admitida por el Consejo de Estado por medio de proveído de 16 de julio de 2016 (f. 591, c. 1) y, mediante providencia del 19 de agosto siguiente (f. 616, c. ppl.), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
La parte demandante alegó de conclusión reiterando los argumentos expuestos en el recurso de alzada (f. 606-615, c. ppl.). Similar conducta ejercieron, el Ministerio de Defensa-Policía Nacional (f. 617-623, c. ppl.) y la Fiscalía General de la Nación (f. 630-634, c. ppl.), con base en los alegatos rendidos en el curso de la primera instancia, agregando esta última que el juicio de imputación debía realizarse bajo el régimen de falla en el servicio ante la ausencia de dictado de una medida de aseguramiento.
En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia recurrida, puesto que no se probó la falla en el servicio en que supuestamente incurrieron las demandadas. Agregó que al no materializarse una medida de detención preventiva no podía hablarse de una privación injusta de la libertad. En este aparte precisó que la detención solo duró dos días y no 5 años, 3 meses y 10 días como lo pretendió hacer ver la parte demandante (f. 644-650, c. ppl.).
Finalizó la Procuraduría subrayando que la investigación penal era un deber jurídico que debían soportar todos los ciudadanos colombianos y que, en el caso concreto, no existía caducidad de la acción, toda vez que el inicio del período hábil para demandar se dio con la notificación de la resolución de preclusión y no con la captura de los accionantes.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Prelación de fallo
La Sala decide el presente caso en virtud del acta No. 10 del 25 de abril de 2013, en la que Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, el 22 de abril de 2016, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto en el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
El Tribunal de primera instancia en la sentencia de 26 de abril de 2016, declaró la caducidad de la acción respecto de las pretensiones elevadas en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en virtud de que estimó que los hechos que dieron origen a la controversia en contra de dicha institución ocurrieron el 17 de marzo de 2004, día en que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación los señores Otilia de Jesús Salazar y Oscar Alonso Cardona. Por ende, “el término de caducidad comenzó a correr el 18 de marzo de 2004 y venció el 18 de marzo de 2006, sin embargo, la demanda se instauró el 1 de julio de 2011”.
Al respecto, la Sala destaca que en el expediente reposa providencia proferida el 23 de junio de 2009 (f. 49-51, c. 1), por medio de la cual la Fiscalía 94 Delegada ante los juzgados penales del circuito de Medellín, precluyó la investigación iniciada en contra de los señores Otilia de Jesús Salazar y Oscar Alonso Cardona, la cual quedó ejecutoriada el 9 de julio de ese mismo mes y año.
Así las cosas, dado que la demanda se formuló el 1 de julio de 2011 (f. 83, c. 1), se impone concluir que la misma se interpuso dentro de la oportunidad legal previsto para ello, no solo respecto de las pretensiones formuladas en contra de la Fiscalía General de la Nación sino también en contra del Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
Lo anterior, por cuanto los hoy accionantes solo pudieron conocer la posible antijurícidad del daño a partir del momento en que la autoridad competente –Fiscalía General de la Nación- decidió precluir la investigación por no encontrar prueba demostrativa de que los inculpados hubieran realizado la conducta delictiva endilgada. En otras palabras, la Sala estima que en este evento no era posible la escisión del término de caducidad en dos momentos distintos, toda vez que la potencial responsabilidad estatal derivada de la actuación de la Policía Nacional solo podría haber nacido desde que la Rama Judicial declaró que los procesados eran ajenos al reato objeto de investigación.
4. La legitimación en la causa
Al proceso concurrieron los señores Otilia de Jesús Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona Delgado quienes acreditaron ser las víctimas directas de la supuesta privación de la libertad y de los demás sucesos que se despendieron de la investigación penal contra ellos surtida (f. 49-51, c. 1). De igual forma, concurrieron al proceso, en calidad de hijos de la señora Salazar Vasco, los ciudadanos Luz Mery Correa Salazar, Sandra Lucía Hernández Salazar, Giovanny Alberto Hernández Salazar y Edwin Antonio Hernández Salazar, según consta en sus respectivos registros civiles de nacimiento aportados al expediente –respectivamente- (f. 7-10, c. 1), de donde se infiere que se encuentran legitimados en la causa por activa.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que a la Nación–Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, se les imputan unos daños en razón de la captura y subsiguiente investigación penal surtida en contra de los señores Oscar Alonso Cardona Delgado y Otilia de Jesús Salazar Vasco, motivo por el que considera la Sala que tienen legitimación para actuar dentro del presente asunto, puesto que en el plenario se encuentra acreditado que fue la Policía Nacional quien efectuó la detención de los hoy accionantes principales (f. 13-15, c. 1) y fue la Fiscalía General de la Nación la institución que surtió la investigación penal correspondiente (f. 11-52, c. 1).
5. Sobre la valoración de las informaciones publicadas en medios de comunicación
Con la demanda, el extremo actor allegó un recorte de prensa del periódico “El Mundo” de 19 de marzo de 2004 (f. 56, c. 1), un Cd adherido al folio 54 del cuaderno 1 que contiene un recorte del diario “El tiempo”, sección “Medellín” de 19 de marzo de 2004 y un informe de “Teleantioquia Noticias” de 18 de marzo de 2004, contenido en un disco compacto adjunto al folio 55 del cuaderno 1.
Todos los documentos referidos contienen imágenes de tres personas capturadas por la Policía Nacional, de espaldas a las cámaras, frente a un escudo de dicha institución y sin que se individualicen sus nombres. Además, los tres documentos relatan que dos de estas personas fueron capturadas por al parecer confeccionar o portar uniformes camuflados.
Así las cosas, cabe anotar que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas como medio de convicción testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (artículo 228 del Código de Procedimiento Civil), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. Como consecuencia de ello, los ejemplares acompañados al expediente sólo prueban que allí apareció una noticia, pero no la autenticidad y veracidad de la misma.
De acuerdo con lo anterior, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en los recortes de prensa y allegada al proceso para que obre dentro de la valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio. Además, se les reconocerá valor probatorio a las mismas, cuando se esté presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, de conformidad con la tesis unificada de la Corporación.
6. La valoración de las indagatorias rendidas por los capturados
En el expediente obran las diligencias de indagatoria rendidas por los señores César Alonso Cardona Delgado (f.18-19, c. 1) y Otilia de Jesús Salazar (f. 20-23, c. 1) en la investigación que se les inició por la presunta comisión del delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, por lo que resulta necesario para la Sala precisar su alcance probatorio a fin de resolver el caso puesto a su consideración.
En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria o versión libre, la Subsección ha sostenido que aquéllas no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden ratificarse, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba de declaración de terceros.
No obstante lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha dado valor probatorio a las indagatorias rendidas en procesos penales con el objetivo de alcanzar la verdad material. Así lo ha aplicado esta Corporación:
Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica.
A su turno, esta Sala tuvo recientemente como elemento de convicción la indagatoria rendida en el proceso penal por la misma persona que pretendía obtener una indemnización por la privación de la libertad de que fue objeto injustamente, para, finalmente, concluir conforme aquella declaración que fue ella quien motivó su investigación, lo que configuró la culpa exclusiva de la víctima.
En similar sentido se ha pronunciado la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación en cuanto a la valoración de las diligencias de indagatoria, así:
Así las cosas, la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no autoincriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios.
(…)
En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal (…).
En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…).
Por su parte, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, en lo que hace a la valoración de la indagatoria, ha considerado que existen eventos en los cuales es aceptable la apreciación de dicha prueba como indicio, pero solamente cuando se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se valoren en conjunto con todo el acervo probatorio.
Ahora bien, para el caso concreto, las indagatorias rendidas por los actores son susceptibles de ser valoradas por la Subsección, toda vez que fueron ofrecidas por la mismas personas que ahora pretenden ser indemnizadas por la supuesta privación injusta de la que fueron víctimas y, además, en aquellas se narra la situación fáctica en la que se produjo el supuesto hecho delictual, aunado a que se valorarán en conjunto con la totalidad del acervo probatorio obrante en el expediente, todo en aras de buscar la justicia material.
Como es apenas lógico la Sala no puede obviar el hecho de que la parte actora fue quien aportó al plenario las pruebas antes mencionadas, circunstancia que implica, ineludiblemente, que sean valoradas tanto en lo que le resulte favorable, como en lo que no.
7. Problemas jurídicos
De acuerdo con el sustento fáctico y la causa petendi expuesta en el libelo introductorio, esta Corporación deberá establecer, en primer lugar, si se materializó una responsabilidad del Estado por la supuesta privación injusta de la libertad de la que fueron víctimas directas los señores Otilia de Jesús Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona Delgado.
Surtido lo anterior, la Subsección determinará si en el caso concreto se produjo una afectación a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos a la honra o al buen nombre de los señores Otilia de Jesús Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona Delgado, por cuenta de la supuesta publicación en medios de comunicación de su detención acaecida el 17 de marzo de 2004.
Finalmente, como tercer problema jurídico, la Sala estudiará la posible configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la alegada mora en que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación al emplear cerca de 5 años para proferir una decisión de fondo en el curso de la investigación sub examine.
8. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política
8.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación.
Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado.
8.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica cuatro pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia:
Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.
En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
8.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.
En ese sentido se reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.
En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.
De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.
8.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado social de derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículo 1, 2 y 28 de la Constitución política, entre otros, bajo el entendido que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser entendidos sino tienen como punto de partida la libertad.
Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente primordial de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo lo reconoce de manera especialísima como un principio.
Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.
Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado está encuentra otro limite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.
Sin embargo, señala que en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.
Con fundamento en todo lo anterior, se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este punto prescribe:
En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.
Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la vigencia del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.
La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Al respecto concluye:
Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.
Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.
8.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.
En criterio de la Corte, desde el inicio de la investigación, el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.
Las dos causales anteriores se contrastan con las absoluciones consistente en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y la juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.
Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.
8.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.
En todo caso, deberá considerarse la configuración de una falla del servicio o la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación de daño especial. En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
8.1. El daño
Ahora bien, con el fin de abordar integralmente la problemática del presente asunto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe estudiarse para constituir la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a determinar la posibilidad de imputarla a la demandada.
En el caso concreto, el menoscabo alegado por los accionantes principales es la afectación a su libertad durante el tiempo que estuvieron privados de esta, en el marco de la investigación penal que se adelantó en su contra como presuntos autores del delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, por el cual fueron detenidos por la Policía Nacional y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, la Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Cardona Delgado estuvieron privados de su libertad desde el 17 de marzo de 2004, tal como se consigna en las respectivas actas de derechos del capturado (f. 16-17, c. 1), hasta el 18 de marzo de la misma anualidad, cuando la Fiscalía 187 Seccional Destacada ante la Sijin Meval, se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata, debiendo suscribir para ello la correspondiente diligencia de compromiso (f. 29-32, c.1).
En ese orden, es claro que los señores Otilia de Jesús Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona Delgado estuvieron privados de su libertad entre el 17 y el 18 de marzo del 2004, es decir, por un lapso de 2 días.
En cuanto al daño alegado por los demás demandantes, la Sala estima que se encuentra probado mediante las respectivas copias del registro civil de nacimiento que Luz Mery Correa Salazar, Sandra Lucía Hernández Salazar Giovanny Alberto Hernández Salazar y Edwin Antonio Hernández Salazar son hijos de la señora Otilia de Jesús Salazar Vasco. Por tanto, su condición de afectados se encuentra debidamente acreditada (f. 7-10, c. 1).
8.2. La imputación
A pesar de que se demostró en el proceso que los señores Otilia de Jesús Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona Delgado estuvieron privados de su libertad en desarrollo de una investigación penal que se adelantó en su contra por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, se trató de una restricción que no constituye un daño imputable a las entidades demandadas tal como pasa a explicarse.
8.2.1. La responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Tal como se expuso en el numeral 3 del acápite de consideraciones de esta providencia, la Sala revocará la declaratoria de caducidad efectuada por el Tribunal Administrativo de primera instancia. Así las cosas, procederá a efectuar el análisis de imputación en lo atinente a esta entidad demandada.
Afirmó el extremo demandante que el accionar de la Policía Nacional durante la captura de los señores Salazar y Cardona fue imprudente, pues los detenidos no tenían conocimiento alguno en relación con los uniformes encontrados en unas cajas que pertenecían a un inquilino.
Como medios de prueba que reflejen el accionar de los miembros del cuerpo armado civil, en el plenario obran en primer lugar, las actas de derechos de los capturados (f. 16, c. 1), las cuales dan cuenta que a estos se le respetaron todas las garantías establecidas por la ley al momento de su detención.
En segundo término, se verifica con el acta de ingreso de bienes elaborada por la Fiscalía 187 Seccional destacada ante la Sijin (f. 18, c. 1), que el 17 de marzo de 2004, se incautaron a los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona 56 “prendas de uso privativo de las fuerzas armadas (pantalón y camisa) entre ellos una camisa sola (sin pantalón) con numeración relacionada en el informe anexo”.
Finalmente, las diligencias de indagatoria rendidas por ambos procesados admiten que los uniformes referidos fueron encontrados en su domicilio común por parte de agentes de la Policía Nacional (f. 18-22, c. 1).
A partir de lo expuesto, la Sala considera que en el plenario no se probó falla en el servicio alguna en que hubiera podido incurrir la entidad demandada, toda vez que no se demostró que sus agentes ingresaran a la casa de la señora Otilia de Jesús Salazar de manera irregular, que el material incautado fuera inexistente o que se descubriera en un sitio distinto al domicilio común de los procesados.
Por el contrario, del material documental traído a colación se extracta sin hesitación alguna que fue cierto que las cajas contentivas de los 56 uniformes militares fueron halladas en el domicilio citado, hecho indicador suficiente para que los agentes estatales pusieran a disposición de la autoridad investigativa competente, para que fueran escuchados en indagatoria, a las personas que se encontraban en tal lugar para el momento del descubrimiento del posible ilícito.
Vale recordar que de acuerdo a los dictados del artículo 345 de la Ley 600 de 2000, se considera flagrancia cuando la persona es “sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella”. En cuanto al procedimiento a seguir en tales eventos, la norma 346 ibídem, prescribe:
Quien sea capturado por cualquier autoridad será conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente para iniciar la investigación, a quien se deberá rendir informe sobre las causas de la captura.
Si fuere un particular el que realiza la aprehensión, deberá colocarlo inmediatamente ante autoridad, quien tomará declaración juramentada del aprehensor sobre los motivos de la misma y procederá al trámite señalado en el inciso anterior.
Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a la autoridad que conoció de la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el funcionario judicial, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición de aquel dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el respectivo informe.
En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis (36) horas por cuenta de funcionario diferente al Fiscal General de la Nación o su delegado, o el juez.
En punto del procedimiento seguido por la Policía Nacional en el caso concreto, la Sala constata que los accionantes principales fueron detenidos el día 17 de marzo de 2004, tal como de ello dan cuanta las actas de derechos de los capturados y, posteriormente, el día 18 siguiente a las 11:45 am, fueron puestos disposición de la Fiscalía General de la Nación (f. 17, c. 1), lo cual descarta cualquier desconocimiento de las normas referidas en lo atinente a la regularidad del procedimiento de captura y entrega a las autoridades competentes.
Así las cosas, esta Corporación estima que de los hechos objeto de examen no se desprende la configuración de falla en el servicio alguna por parte de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por lo que deberá denegar las pretensiones por la supuesta detención “irregular” de los señores Otilia Salazar y Oscar Cardona.
8.2.2. La responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación
Respecto del sustentó fáctico, se observa que la Nación-Fiscalía General de la Nación-, al resolver la situación jurídica de los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona, luego de escucharlos en indagatoria, se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (f. 29-30, c. 1) y, posteriormente, concluyó el proceso con preclusión de la investigación a su favor, por la falta de pruebas que comprometieran la responsabilidad de los hoy demandantes en el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias (f. 49-51, c. 1).
A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró en sentencia de 22 de abril de 2016, que no había lugar a imponer una condena al ente investigador, en razón a que este no profirió medida de aseguramiento alguna en contra de los accionantes, puesto que se limitó a hacerles suscribir una diligencia de compromiso consistente en presentarse ante la autoridad de ser requeridos.
En contraposición, el recurso de apelación afirmó que si bien no se dictó una medida de aseguramiento, ello se produjo porque la ley no lo permitía y que la diligencia de compromiso sí constituía una restricción efectiva al derecho a la libertad.
Ahora bien, considera la Sala que desde la óptica de la responsabilidad del Estado, es factible inferir que cuando una persona capturada no es sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, esa responsabilidad no queda comprometida de manera objetiva, si se tiene en cuenta que, para que se abra paso, se debe analizar la falla derivada de la inobservancia de los términos legales que debían correr una vez materializada la captura, caso en el cual se configuraría una prolongación indebida o arbitraria de la restricción de la libertad.
De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano capturado en flagrancia y se acatan los términos legales previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propenden por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas.
Por tanto, a pesar de la existencia del daño que se genera por la limitación del derecho a la libertad, este no puede calificarse como antijurídico y en los eventos en que esa detención cumpla con los requisitos exigidos en la ley y solo se mantiene durante el tiempo previsto para resolver la situación jurídica del sindicado, no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo.
Ahora bien, se tiene que el artículo 346 de la Ley 600 de 2000, aplicable para la época de los hechos, señalaba que quien hubiera sido capturado por cualquier autoridad debía ser conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente. Empero, de no ser posible, se le podía recluir en el establecimiento carcelario del lugar o en otro establecimiento oficial destinado para el efecto, con el fin de que “dentro de la primera hora hábil del día siguiente”, se pusiera a disposición de esta última autoridad.
Con todo, según el mencionado artículo 346, en ningún caso el capturado podía permanecer más de 36 horas a cargo de una autoridad distinta a la judicial (fiscal o juez de conocimiento).
El artículo 340 de la referida ley señalaba que la indagatoria debía recibirse a la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquel en que el capturado hubiera sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado.
Por su parte, el artículo 354 establecía que cuando la persona se encontraba privada de la libertad, una vez rendida la indagatoria, el funcionario judicial debía definir la situación jurídica a más tardar dentro de los cinco días siguientes, indicando si había lugar o no a imponer medida de aseguramiento u ordenando su libertad inmediata.
Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se tiene acreditado lo siguiente:
El 17 de marzo de 2004, los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona fueron capturados en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en la ciudad de Medellín por la presunta comisión del delito de utilización ilegal de uniformes e insignias (f. 16, c. 1).
Al día siguiente, el 18 de marzo a las 11:45 am, la Fiscalía General de la Nación recepcionó a los dos capturados y a los bienes incautados en el domicilio de estos últimos. De igual forma, el ente instructor ordenó la apertura formal de la instrucción y que se escuchara en indagatoria a los procesados (f. 17-18, c. 1).
El mismo 18 de marzo de 2004, los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona rindieron diligencia de indagatoria, oportunidad en la que los demandantes se mostraron ajenos a los hechos objeto de investigación (f. 18-23, c. 1). En esta misma fecha, la Fiscalía 187 Seccional destacada ante la Sijin Meval se abstuvo de imponer medida de aseguramiento por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata, debiendo suscribir para ello diligencia de compromiso (f. 29-32, c. 1).
El 25 de junio de 2009, la Fiscalía 187 Seccional destacada ante la Sijin Meval, precluyó la investigación a favor de los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias. Los argumentos para adoptar la anterior decisión fueron los siguientes (f. 49-51, c. 1):
Sea la oportunidad para anotar que en este caso solamente se cuenta con el informe policivo suscrito por el SI. Aguirre Rodríguez Jhonny, comandante de la patrulla de Belén que da cuenta de los hechos narrados. De otra parte, las injuradas rendidas por los detenidos quienes niegan a pie juntillas tener cualquier participación en el asunto del que apenas se inició investigación. Y se afirma lo anterior, dado que esa es la realidad que se tiene en el expediente, caracterizado por la orfandad probatoria.
Les fue imputado el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, contemplado en el Código Penal, Título XII, delitos contra la seguridad pública, artículo 346, con pena de prisión de 3 a 6 años.
(…)
No cabe duda en este caso que el hecho existió, porque basta con el reconocimiento de que las prendas de uso privado de las Fuerzas Militares realizaran los agentes que adelantaron el procedimiento (sic) que culminó con la privación de la libertad de los esposos o compañeros permanentes. Con lo que no cuenta el plenario y ya se había anotado, es con prueba que los incrimine en el asunto, ya que no existe confesión por parte de ellos, como tampoco cualquier otro medio probatorio que lo señale.
La instrucción fue abierta el día 18 de marzo de 2004 y el cierre del ciclo investigativo el 4 de julio de 2007 y el mismo se debió al vencimiento del término de instrucción, que de acuerdo con el artículo 329 de la normatividad en cita es hasta 18 meses, contados a partir de la fecha de su iniciación.
(…)
De lo anterior se sigue necesariamente que habrá de calificarse el presente sumario con preclusión de la investigación ya que no se cuenta con prueba demostrativa de que los inculpados hubieran realizado la conducta delictiva atentatoria de la seguridad pública.
Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si se configura daño antijurídico en los casos que se captura a una persona en flagrancia, se le escucha en indagatoria y, posteriormente, no se impone medida de aseguramiento.
Resulta necesario destacar que en el proceso penal seguido en contra de los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona, se cumplieron los términos legales previstos para rendir indagatoria -3 días- y resolver la situación jurídica del demandante -5 días-. En efecto, el artículo 340 de la Ley 600 del 2000, disponía que la indagatoria debía recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquel en que el capturado hubiera sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado, lo cual aconteció en el caso objeto de análisis, toda vez que los accionantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía el 18 de marzo de 2004 (f. 17, c. 1) y escuchados en indagatoria mismo día (f. 18-22, c. 1).
El artículo 354 ibídem, establecía que cuando la persona se encontraba privada de la libertad, una vez rendida la indagatoria, el funcionario judicial debía definir la situación jurídica a más tardar dentro de los cinco días siguientes, lo cual se materializó en el caso objeto de estudio, toda vez que la diligencia de indagatoria se llevó a cabo el 18 de marzo de 2004 y ese mismo día la Fiscalía se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento a los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona (f. 29-30, c. 1).
Así las cosas, como la detención se ajustó a los presupuestos previstos en la ley, en especial cumplió los plazos legales para oír a los demandantes en diligencia de indagatoria y resolver su situación jurídica, según los artículos 340 y 354 de la Ley 600 de 2000, el daño reclamado no se configura como antijurídico, pues el demandante no fue sujeto de medida de aseguramiento.
Cabe destacar que esta Subsección ha considerado en eventos similares, que si bien la actuación de la Fiscalía podía considerarse legal, en tanto resolvió la situación jurídica del sindicado dentro del término legal establecido para ello, podía resultar arbitraria, en razón a la existencia, desde el inicio de la investigación, de elementos probatorios sobre la inocencia del sindicado. Así ha discurrido la Sala:
Así las cosas, como en el sub lite se cumplieron los plazos legales para oír al demandante en indagatoria y resolver su situación jurídica, según los artículos 340 y 354 de la Ley 600 de 2000, se podía concluir que el daño reclamado dejaría de ser antijurídico, tal como lo ha considerado esta Subsección en casos similares, toda vez que el demandante no fue objeto de medida de aseguramiento u otra medida de privación de su libertad; sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la Fiscalía conocía desde el inicio de la instrucción que el señor Sánchez Celis era la persona que informó a sus superiores las irregularidades que se presentaron el 14 de diciembre de 2004 en las instalaciones de ECOPETROL - APIAY, los cuales a su vez alertaron al Ejército Nacional, cuyos miembros dispusieron un operativo para evitar el apoderamiento ilegal de la sustancia apiasol.
(…)
En este punto, cabe advertir que si bien la actuación de la Fiscalía puede considerarse legal, en tanto resolvió la situación jurídica del sindicado dentro del término legal establecido para ello, resulta a todas luces arbitraria, dado su conocimiento desde el inicio de la investigación de la inocencia del actor, lo que obligaba a la Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio a ordenar su libertad inmediata, absteniéndose de iniciar la instrucción en su contra, en tanto, al tenor del artículo del 327 de la ley 600 de 2000, aparecía claro que “la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad”.
(…)
En estas condiciones, toda vez que la Fiscalía General de la Nación no se abstuvo de iniciar la instrucción en contra del actor, le correspondía una vez terminada la diligencia de indagatoria y dado que no surgieron razones para considerar que había lugar a imponer medida de aseguramiento en su contra, ordenar su libertad inmediata previa suscripción de diligencia de compromiso, mientras se resolvía su situación jurídica, así como tomar las medidas necesarias para evitar que eludiera la acción de la justicia, como lo establecían los artículos 341, 347 y 353 de la ley 600 de 2000. Lo anterior con el propósito de evitar que la captura del actor se prolongara con violación de sus garantías constitucionales o legales.
En el sub lite, no resulta aplicable la misma postura adoptada por la Sala en anteriores oportunidades, toda vez que no se puede pasar por alto que al momento de materializarse la captura de los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona, la Fiscalía debió darle aplicación al artículo 333 de la Ley 600 de 2000, que prescribe que el funcionario judicial recibirá indagatoria a quien se considere que puede ser autor o partícipe de la infracción penal por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible.
De otra parte, si bien es cierto que en las resoluciones por medio de las cuales el ente investigador se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona, se consignó que debían acudir a la Fiscalía de conocimiento cada vez que se les requiriera, también lo es que del material probatorio obrante en el expediente no se observa ningún llamado del ente instructor en tal sentido.
Al respecto, se debe anotar que esta Sala ya consideró que: “la suscripción de acta de compromiso, por sí misma, no configura una medida de aseguramiento, esto teniendo en cuenta que en muchos casos, los deberes impuestos al procesado no son diferentes a los que cualquier persona, vinculada a un proceso penal, deba cumplir (presentarse si es requerido, informar el cambio de residencia, etc.)”.
En ese sentido, se considera que tales compromisos u obligaciones no pueden catalogarse como unas restricciones jurídicas que afecten el derecho a la libertad de las personas vinculadas a la actuación penal y, en el evento de llegar a serlo, su ocurrencia, luego ninguna responsabilidad le asiste a la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, si se analiza el compromiso consistente en presentarse al despacho judicial cuantas veces sean requeridos los procesados, la Sala estima que se está ante una carga que deriva de los deberes constitucionales consagrados en el numeral 7 del artículo 95 Superior y que bajo ningún punto de vista puede calificarse como una ruptura de los deberes que pesan sobre cualquier ciudadano.
En la preceptiva constitucional referida, se le exige a todo ciudadano, sin distingo alguno, la obligación de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”; en otras palabras, todo colombiano tiene el compromiso de comparecer ante las citaciones o requerimientos que le hagan las autoridades judiciales, pues es precisamente a través de esa colaboración que los operadores jurisdiccionales pretenden obtener la verdad material de los hechos investigados y así lograr el fin constitucional de construir un orden jurídico justo, tal como lo prescribe el Preámbulo de la Carta Política.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala confirmará la decisión impugnada en lo atinente a la denegatoria de las pretensiones de la demanda por usencia de responsabilidad estatal a título de privación injusta de la libertad.
8.2.3 La responsabilidad del Estado por la afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos
En este supuesto, el daño lo hace consistir el extremo actor en el daño a la vida de relación supuestamente soportado por los accionantes por la privación injusta de la libertad y la violación a su honra y su buen nombre, fruto de la investigación tramitada por la supuesta comisión del delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.
En primer lugar, como fue expuesto, ante la ausencia de privación injusta de la libertad –daño-, es claro que no se originó ningún perjuicio que deba ser reconocido en esta instancia. En otros términos, no es dable afirmar que se “(…) causó la brusca interrupción de la interacción consigo mismo, con la familia y la sociedad, lo que les impidió continuar el libre desarrollo de la personalidad (…) por la abrupta separación de los señores Oscar Alonso Cardona Delgado y Otilia de Jesús Salazar Vasco, de sus padres y hermanos, especialmente de los hijos de la señora Otilia” (f. 65, c, 1), debido a que a los hoy actores nunca se les impuso una medida de aseguramiento que restringiera su capacidad de relacionarse con sus allegados.
En segundo término, en lo atinente menoscabo por la afectación a la reputación personal de los accionantes principales, esta Corporación en providencias de unificación proferidas en agosto de 2014, resaltó que dicha tipología dogmática se encuentra subsumida en el daño a la salud o en el de afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, según la situación fáctica concreta.
En el sub lite, la Sala concluye que lo materialmente alegado por la parte demandante es una afectación al derecho al buen nombre, toda vez que en el escrito de demanda atribuye la concreción del daño a la publicación de información “en el periódico ‘El Colombiano’ diario de amplia circulación (…) se continuaba mancillando su nombre y, por ende, el de su núcleo familiar, ya que no cesaba la mala información y seguía pregonándose con nombres propios la ocurrencia de un hecho que no fuera cometido por mi poderdante” (f. 67, c. 1).
En lo atinente a esta tipología de menoscabo, la Sección Tercera en pleno destacó así sus principales características:
i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.
iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.
iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales
Respecto de los requisitos necesarios para predicar la obligación del Estado de reparar el daño causado por la vulneración de los bienes constitucional y convencionalmente protegidos a la honra y el buen nombre el Consejo de Estado ha establecido:
Sobre los cuestionamientos planteados, en sentencia C-489 de 2002, la Corte Constitucional explicó que el buen nombre “ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.
En la misma oportunidad y respecto del derecho a la honra, la Corte señaló que su núcleo se contrae tanto a “la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, al reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona”, de manera que para que pueda tenerse como vulnerado, “esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta”.
(…)
Finalmente, resulta necesario indicar que la jurisprudencia constitucional no sólo ha sido enfática en reconocer la tensión que surge entre los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra y la libertad de expresión en su modalidad de libertad de información, sino en sostener que, dada “su importancia para la vida democrática y para el libre intercambio de ideas”, la segunda ha de prevalecer sobre los primeros.
(…)
En suma, de acuerdo con la jurisprudencia referida, para efectos de declarar la responsabilidad del Estado por difusión de información, el juez deberá examinar si se encuentra demostrado que (i) la información fue inexacta o errónea o que se trató de expresiones injuriosas u ofensivas, (ii) la conducta de la parte demandada no dio lugar a la publicación de tal información, (iii) que con esa situación se generó un perjuicio cierto y (iv) que se distorsionó el concepto público que se tenía sobre el individuo directamente afectado []..
Descendiendo al caso concreto, la Sala subraya que de los recortes de prensa que los demandantes allegaron como prueba del daño (f. 56 y cd adherido a folio 54, c. 1), así como del informe periodístico divulgado por Teleantioquia (cd adherido a folio 55, c. 1), no se puede imputar responsabilidad alguna a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no se acreditó que las averiguaciones que difundieron los medios de comunicación tuviera como fuente la información suministrada por algún miembro de dicha demandada, circunstancia que impide conceder algún tipo de reconocimiento por ese concepto respecto de tal entidad.
Ahora bien, en lo concerniente a la Policía Nacional, resulta evidente que miembros de tal cuerpo armado civil fueron la fuente de la noticia divulgada por los medios de comunicación. Sin embargo, la Sala estima que la información revelada no comprometió el derecho a la honra y al buen nombre de los procesados, en razón que en el contenido de los informes de prensa ni en las imágenes que lo soportaban se reveló el nombre de los capturados, sus rostros o cualquier otra característica que permitiera individualizarlos como infractores de la ley.
En punto de la primera conclusión, la prueba documental revela que en las imágenes captadas se observan tres personas de espalda y varios uniformes camuflados en una mesa y, además, tienen de fondo el escudo de la Sijin y de la Policía Nacional. Así mismo, del relato expuesto en la copia del diario el Colombiano obrante en el folio 56 del plenario y del video del noticiero Teleantioquia, se extrae que un agente de dicha demandada, el general Rubén Carrillo Vanegas, ofreció declaraciones a la prensa, relatando infidencias de dos operativos.
En lo atinente al segundo razonamiento expuesto, la Subsección destaca que para que pueda materializarse una transgresión a la reputación de un individuo, es necesario que: i) la información fuera inexacta o errónea; b) se distorsione el concepto público que de él tiene el cúmulo social y, c) que de dicha deformación emane un perjuicio cierto.
En el caso concreto, es claro para la Sala que la divulgación de la información relacionada con la captura de los actores principales no constituyó un daño a su honra y buen nombre, toda vez que en el texto de las noticias no aparece relacionado el nombre de los ciudadanos demandantes ni de las imágenes se pueden individualizar sus rostros o características físicas que permitan identificarlos por la sociedad como los detenidos por la Policía Nacional.
Ahora bien, aunque la Sala no desconoce que en el curso de proceso contencioso administrativo se practicaron varios testimonios que sostienen que el buen nombre de los accionantes principales se vio afectado, lo cierto es que tales declarantes relacionan el detrimento con la supuesta privación injusta de la libertad de la que fueron objeto, la cual, como fue expuesto, no implicó ningún tipo de responsabilidad extracontractual de las entidades accionadas.
En el mismo sentido, la Subsección, amparada en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica, le restará credibilidad a tales declaraciones, debido a que, como se afirmó, no se produjo una divulgación de la información respecto de la captura por medio de la cual se pudiera identificar a los actores. Así las cosas, la Sala no reconocerá monto alguno por este concepto.
9. La responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia -mora judicial-
En atención a lo expuesto en la demanda y lo probado en el expediente, encuentra la Sala que la responsabilidad patrimonial reclamada en el presente caso se fundamentó en la supuesta dilación injustificada de la investigación penal surtida en contra de los señores Otilia Salazar Vasco y Oscar Cardona Delgado, circunstancia que contribuyó a que 5 años y 3 meses después de su captura se precluyera la misma por ausencia de material probatorio en su contra.
Dicha situación alude entonces a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada en la Ley 270 de 1996, disposición que se encontraba vigente al momento en que se surtió la investigación citada, de manera que es esa ley la que orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido.
En este orden de ideas, es pertinente aludir al texto del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:
ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
La norma antes transcrita desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas contenida en el artículo 90 de la Constitución Política, en relación con todas las acciones u omisiones que se sufran con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, en las que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales y los auxiliares de la misma.
En lo referido a la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la mora judicial, esta Subsección considera que este supuesto se enmarca en la hipótesis consagrada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, es decir, bajo la óptica de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, en estos casos, no existe una providencia judicial que se pueda considerar como generadora de un posible y eventual error jurisdiccional, como tampoco se enmarca estrictamente dentro de una privación injusta de la libertad o de algún otro derecho, ni constituyo la retención injusta de bienes muebles o inmuebles.
9.1 El daño
El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.
En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.
En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida. El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura[].
En eventos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, el menoscabo se hace consistir en permanecer bajo averiguación penal – sub judice- por un tiempo que, supuestamente, excede los límites razonables establecidos por la ley para la duración de la etapa de investigación y juzgamiento de una conducta punitiva en el sistema jurídico colombiano.
Ahora bien, en el caso concreto, la Sala destaca que el hecho de estar sometido a un proceso sancionatorio, como lo es el escenario penal, por sí mismo no configura un daño antijurídico que deba ser reparado, por cuanto todos los asociados del Estado colombiano se encuentran en el deber jurídico de soportar el accionar de las autoridades jurisdiccionales cuando ello sea útil para el buen funcionamiento de la administración de justicia, tal como lo ordena la Carta Política a través del numeral 7 de su artículo 97.
En el sub lite, el extremo actor argumentó, en la pretensión primera del libelo introductorio, que la investigación surtida en su contra por cerca de 5 años, fue excesivamente prolongada y que existió desidia por parte de la Fiscalía General de la Nación al no practicar ningún medio de prueba tendiente a verificar la responsabilidad penal de los encartados por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.
Al respecto, se verifica que la Fiscalía General de la Nación profirió la resolución de apertura de la instrucción el día 18 de marzo de 2004 (f. 17, c. 1), dictó el proveído de cierre de la instrucción el 4 de julio de 2007 (f. 41, c. 1) y la posterior resolución de preclusión el 25 de junio de 2009.
Por tanto, se concluye que en este evento no se produjo un daño antijurídico, como lo fue permanecer bajo averiguación penal – sub judice – durante la etapa de investigación de la conducta de utilización ilegal de uniformes e insignias pues, como se afirmó, mientras no se limite el derecho a la libertad de un ciudadano en cumplimiento del deber de investigación y sanción estatal consagrado en el numeral 1 del artículo 114 de la Ley 600 de 2000, emerge en estos una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propenden por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas.
Por consiguiente, el daño reclamado en el caso estudiado, al no generar una limitación del derecho a la libertad, este no puede calificarse como antijurídico y no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo. En consecuencia, la Subsección, se releva de efectuar el análisis de imputación del menoscabo reclamado, al ser este clasificado como virtual.
Por lo expuesto, la Sala en este evento no condenará a la Nación-Fiscalía General la Nación, por la supuesta mora judicial de la investigación penal tramitada en contra de los señores Otilia de Jesús Salazar Vasco y Oscar Alonso Cardona Delgado, por la supuesta comisión del delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.
10. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, el 22 de abril de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se resuelve:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
El poder que otorga la calidad de apoderada judicial de los demandantes a la señora María de los Ángeles García Berrio identificada con cédula de ciudadanía número 43.066.742 de Medellín y tarjeta profesional número 107.063 del Consejo Superior de la Judicatura, obra en los folios 1 al 4 del cuaderno 1. Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. De conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, el término para interponer recurso de apelación en contra de una providencia interlocutoria como es la preclusión de la investigación es de 3 días y, dado que la notificación se efectuó el 6 de julio de 2009 (f. 51, c. 1), es claro que la providencia quedó en firme el 9 de ese mismo mes y año. Vale destacar que el término de caducidad de la acción estuvo suspendido entre el 4 de noviembre de 2010 y el 12 de enero de 2011, tal como lo acredita la constancia expedida por la Procuraduría 30 Judicial II Administrativa delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (f. 60, c. 1). Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de enero de 2001, exp. 11413 y del 1° de marzo del 2006, exp. 13764, ambas con ponencia del Consejero de Estado, Alier E. Hernández Henríquez, entre muchas otras. Sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 19980, sentencia del 25 de julio de 2011, exp. 19434, todas con ponencia del Consejero de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2015, exp. 11001031500020140010500 (PI), M.P.: Alberto Yepes Barreiro. “En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2011, exp. 21047, C.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de marzo de 2013, exp. 11001-03-15-000-2011-00125-00, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consultar también: exp. 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960, M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, exp. 38079, C.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth.
“la jurisprudencia de la Sub-sección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando ‘establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar […] ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario’.
Con similares argumentos la jurisprudencia de la misma Sub-sección considera que las indagatorias deben ser contrastadas con los demás medios probatorios ‘para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan’ con fundamento en los artículos 1.1, 2, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Sentencia de 1 de febrero de 2016, exp. 48842. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 13 y 27 de abril de 2016, expedientes 38079 y 40507, respectivamente, C.P. Hernán Andrade Rincón. Se reitera que, de acuerdo a la Sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36170, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en aras de propender por la justicia material, existe la posibilidad de valorar la indagatoria rendida en el proceso penal tanto en lo beneficioso como en lo que no. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo: PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,
3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño.
En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Ibídem. Acápite 117 y 118. Ibídem, Acápites 119 y 120. Ibídem, Acápite 121. Ibídem, Acápite 124
Ibídem, Acápites 67 a 69. Ibídem. Acápites 69 y 70. Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 200 y 2 de la Ley 906 de 2004. Ibídem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 101. Ibídem. Acápite 102. Ibídem. Acápite 102. La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 Y 356 DE LA Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 908 de 2004
Ibídem. Acápite 103. Ibídem. Acápite 104. Más adelante señala: 112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento…
Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 106. Ibídem. Acápite 106. Ley 600 de 2000, artículo 333: “Diligencia de indagatoria. El funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible, considere que puede ser autor o partícipe de la infracción penal”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, exp. 41533, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, auto del 21 de octubre de 2009, exp. 32.892, MP: Sigifredo Espinosa Pérez: “…de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige en relación con la Ley 600 de 2000, los términos para resolver situación jurídica se pueden contabilizar hábiles (…)”. En este sentido ver, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de julio 2017, exp. (45466); 14 de septiembre de 2017, exp. 47800; 12 de octubre de 2017, exp. 48048. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de febrero de 2018, exp. 46817. En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2017, exp. 47.800; sentencia del 12 de octubre de 2917, exp. 48048. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 45228, C.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31170, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 24770, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
[45] “M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
[51] “Sentencia C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
[52] “Sentencia C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: ‘[s]e han distinguido ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión: (1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión prohibidos; (3) existen diferentes grados de protección constitucional de los distintos discursos amparados por la libertad de expresión, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más intensa que otros, lo cual a su vez tiene directa incidencia sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) protege expresiones exteriorizadas mediante el lenguaje convencional, como las manifestadas por medio de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; por último (8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares’”.
[54] “Cfr. sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23.478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: ‘…tratándose de un juicio de responsabilidad, al demandante, le corresponde acreditar, más allá de la simple difusión de la información, que se ha afectado su derecho al buen nombre y a la honra, esto es, demostrar que: i) la información fue inexacta o errónea o que se trató de expresiones injuriosas u ofensivas; ii) que con su conducta no dio lugar a que se manifestara dicha información; iii) que con tal situación se le ha generado un perjuicio tangible y que; iv) como consecuencia, se ha distorsionado el concepto público que se tenía de esa persona.|| Sin el lleno de los anteriores presupuestos, no hay lugar entonces a considerar que se ha causado una vulneración o menoscabo de tales derechos y, por consiguiente, se tendrá por no acreditado el daño’”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 24770, C.P. Hernán Andrade Rincón. Como fueron la de los señores Francisco Javier García Ramírez (f. 131-132, c. 1), Darly del Socorro González Gómez (f. 135-138, c. 1), Carlos Alberto Quintero Torres (f. 139-140, c. 1) y Sandra Milena Salazar Cardona (f. 143-144, c. 1).
Conviene recordar que la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21.515, M.P.: Hernán Andrade Rincón. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de septiembre de 2011, exp. 18913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16274, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En este sentido consultar sentencias dictadas por esta Subsección el 30 de enero de 2013, expediente 23769, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y el 8 de febrero de 2017, exp. 41073 C.P. Hernán Andrade Rincón. En auto de 15 de diciembre de 2011, expediente 40425, la Subsección B de la Sección Tercera se refirió al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los siguientes términos: “El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.// Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran, no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.// En conclusión, los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia provienen de todas aquellas acciones u omisiones que se den durante el trámite del proceso y que no provengan de un error jurisdiccional o de la privación injusta de la libertad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de julio de 2018, exp. 45718, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
[Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras].
“La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:
(…)
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 41.533, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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