Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01335-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01335-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2011-01335-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
2 de noviembre de 2023
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Radicado: 05001 23 31 000 2011 01335 01
Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01335 01
Actor: Carlos Alberto Uribe Mejía
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Antioquia - Corantioquia
Tesis: Es cierto que son novedosos para el presente asunto los cargos traídos en
el recurso de alzada, en los que se controvirtió que: (i) no era viable comparar los
caudales medio y de diseño pues no eran equivalentes sino complementarios, y (ii)
era un error acudir al caudal de reparto pues éste aplica a eventos diferentes a los
que son objeto de estudio en el presente asunto, si no fueron expuestos con la
demanda.
No es cierto que en el dictamen pericial practicado en el trámite de instancia se
hayan establecido conceptos técnicos determinantes para entender los errores en
que incurrió Corantioquia al negar la concesión de aguas solicitada por el señor
Carlos Alberto Uribe Mejía.
No es cierto que en los testimonios rendidos en el trámite de instancia se haya
probado que era razonable y aceptable la diferencia hallada en la disponibilidad del
recurso hídrico.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), el
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Radicado: 05001 23 31 000 2011 01335 01
Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
ciudadano Carlos Alberto Uribe Mejía interpuso demanda en contra de la
Corporación Autónoma Regional de Antioquia (en adelante Corantioquia)1.
1.1. Pretensiones
“LO QUE SE DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pido que en
sentencia definitiva se hagan las siguientes o similares declaraciones:
1. Que es nula la Resolución 130-6350 del 23 de septiembre de 2010, por
medio de la cual se negó la concesión de aguas al señor Carlos Alberto Uribe
Mejía, para generación hidroeléctrica sobre la fuente San Antonio, ubicada en
el Municipio de Támesis, Departamento de Antioquia.
2. Que es nula la Resolución No. 130CA-6491 del 13 de diciembre de 2010,
que resolvió confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución 130CA-
6350 del 23 de septiembre de 2010.
3. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene el pago de la suma de TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($3.382’000.000),
o la suma que resulte acreditada en el proceso, valor que corresponde al valor
presente neto del flujo de caja libre operativo que este tipo de proyectos puede
generar de conformidad con las inversiones, ingresos y costos operativos
esperados.
4. Que sobre estos valores se reconozcan los intereses corrientes y moratorios
de conformidad con lo establecido en los artículos 863 y 864 del Estatuto
Tributario.
5. Que en caso de no accederse a la anterior petición, dicha suma deberá
restituirse actualizada de conformidad con lo previsto en el art. 178 del C.C.A.”2.
1.2. Los actos acusados
1.2.1. Resolución 130-6350 del 23 de septiembre de 2010
“RESOLUCIÓN 1306350
23 de septiembre de 2010
‘Por la cual se niega una concesión de aguas superficiales’
El Director Territorial Cartama de la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, en uso de la delegación de funciones conferidas en la Resolución
2631 del 28 de agosto de 1998, concordada con el Acuerdo 251 del 9 de marzo
de 2007, y
CONSIDERANDO
1 Visible a folios 84 a 100 del cuaderno número 1 del Tribunal.
2 Visible a folios 2 y 3 del Cuaderno del Tribunal.
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Radicado: 05001 23 31 000 2011 01335 01
Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
Que el día 29 de enero de 2010, el señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA,
quien actúa en calidad de persona natural, identificado (…), presentó solicitud
de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, de la fuente:
Nombre de la fuente: San Antonio (Código 3080)
Predio(s) o Ubicación del predio o comunidad
comunidad (es) Vereda Corregimiento(s) Municipio
Proyecto El Encanto Támesis
Hidroeléctrico
San Antonio Dos
Proyecto El Encanto Támesis
Hidroeléctrico
San Antonio Uno
Que los siguientes usos son para beneficio de los predios que se describen a
continuación:
Nombre de la fuente: San Antonio (Código 3080)
Uso(s) Predio(s) o Ubicación del predio o comunidad
comunidad Vereda Corregimiento(s) Municipio
(es)
Generación Proyecto El Encanto Támesis
De Energía Hidroeléctrico
Hidroeléctrica San Antonio
Dos
Generación Proyecto El Encanto Támesis
De Energía Hidroeléctrico
Hidroeléctrica San Antonio
Uno
Que las solicitudes fueron admitidas, iniciadas y adelantadas en los términos
del artículo 70 de la ley 99 de 1993, artículo 96 de la ley 633 de 2000 y título III,
capítulos III y IV del decreto 1541 de 1978.
Que bajo el expediente se registra el pago de los valores liquidados por
evaluación y trámites, recibos de caja números 66037 del 29 de abril de 2010 y
2785 del 16 de septiembre de 2010.
Que mediante informe técnico 130CA-13583 del 23 de agosto de 2010, se
conceptúa acerca de la no viabilidad ambiental para otorga la concesión de
aguas, en los siguientes términos: se parte del aforo realizado en la cuenca
solicitada, con el siguiente resultado:
Nombre de la fuente: San Antonio (Código 3080)
Método X Y Tipo Cota Refere Cauda Cau Tiemp
de aforo de (msn ncia l dal o
medi m) GPS medid míni period
ción o (l/s) mo o año
(l/s)
Duberdicu 820,50 1.118,3 GPS 1,26 E- 685.0 149. Transic
s 1 31 0 TREX 0 ión
Seco-
Lluvios
o
Observaciones:
De acuerdo con la información suministrada por el usuario la estimación de
caudales para el proyecto hidroeléctrico a filo de agua del Río San Antonio Uno
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y Dos es la siguiente: Tabla 1. Información de Estimación de caudales
suministrada por el usuario.
PARÁMETROS SAN ANTONIO UNO SAN ANTONIO DOS
Caudal medio del río (m3/s) 0.736 0.639
Área de captación (km2) 14.71 10.70
Caudal de diseño (m3/s) 0.846 0.735
Caudal mínimo de generación Para turbina peltón 10% del Q de diseño
(m3/s) 10% del Q de diseño
Caudal ecológico (m3/s) 0.05 0.064
Como se puede observar en la tabla anterior, el caudal medio del río San
Antonio en los sitios de captación para San Antonio Uno y San Antonio Dos es
inferior al caudal de diseño o caudal solicitado en concesión.
Para el estimativo de caudales dentro del estudio de factibilidad presentado a
la Corporación se describen varios métodos, sin embargo sólo se muestran los
datos obtenidos para el método de rendimiento de la cuenca y para el método
de formación y cobertura vegetal de Holdridge, Tossi, Pérez y Espinal,
obteniendo caudales medios inferiores a los caudales de diseño en ambos
métodos. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto a filo de agua en los
cuales es usual optimizar la potencia instalada, se considera entonces un
caudal de diseño del 115% del caudal medio calculado.
Adicionalmente, al analizar el caudal del río San Antonio para la cota 1260 en
donde se ubicará el sitio de captación de San Antonio Uno con el aplicativo
Corporativo Duberdicus para la evaluación de la disponibilidad hídrica en
jurisdicción de Corantioquia, se obtuvo un valor de caudal medio anual de 685
l/s (0.685 m3/s), con lo que se puede concluir que el caudal solicitado sobrepasa
aproximadamente en un 19% el caudal medio del Rio San Antonio en esta cota
de acuerdo con los datos calculados por la Corporación (Figura 1).
[Gráfico]
De igual forma, para el sitio de captación de San Antonio Dos en la cota 1490
del Río San Antonio, se obtuvo un caudal promedio anual de 602 l/s (0.602 m¾)
con el aplicativo Corporativo Duberdicus, el cual, se encuentra en
aproximadamente un 18% por debajo del caudal de diseño de 0.735 m
requerido por el usuario (figura 2).
[Gráfico]
Observando los resultados anteriores, se puede concluir que el caudal solicitado
por el señor Carlos Alberto Uribe Mejía para el proyecto hidroeléctrico San
Antonio Uno y Dos en las cotas 1260 y 1490 del Río San Antonio, es superior
al caudal promedio anual de la cuenca, de acuerdo con la información obtenida
con el modelo Corporativo Duberdicus, el cual es tomado como punto de
referencia para la administración del recurso hídrico en jurisdicción de
Corantioquia para este tipo de proyectos.
Teniendo en cuenta que la Corporación tiene como criterio para autorizar el uso
del recurso hídrico el cálculo del caudal disponible en las cuencas, es decir el
caudal medio menos el caudal actualmente otorgado a otros usuarios y el
caudal ecológico, no se considera técnicamente viable otorgar la concesión de
aguas dentro del expediente CA1-2010-11 debido a la falta de disponibilidad del
recurso para abastecer este proyecto en particular’.
Que una vez expuesta la parte técnica, se procede a dar a conocer al usuario
que de acuerdo a la resolución número 10242 del 21 de mayo de 2.008 ‘Por
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Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
medio de la cual se adopta una metodología para la administración de la
demanda hídrica en la Jurisdicción’, es este instrumento metodológico uno de
los fundamentos en los cuales se toma la actual decisión.
Que esta oficina se encuentra debidamente facultada para otorgar o negar
concesiones de agua, para redistribuir y revisar caudales ya otorgados, para
decretar la caducidad, así como para reglamentar y ordenar las microcuencas
en su jurisdicción, por razones de orden público y con fundamento en principios
constitucionales y generales del derecho, tales como la igualdad y la equidad.
Lo anterior se encuentra amparado legalmente en el Decreto 1541 de 1978.
Que de conformidad con la normatividad ambiental, en especial el Artículo 37
del Decreto 1541 de 1978, así como en el numeral e) del Artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, se exige expresar en la solicitud de concesión de aguas, la
destinación que se le dará a tal concesión; el suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, pero también
dicho decreto considera otros factores como: los usos y necesidades actuales
y reales del recurso, y la factibilidad de construir las obras hidráulicas para su
captación. Así mismo, existen otros aspectos de índole social que tienen que
ver con el carácter público de las aguas, la conveniencia y pertinencia de otorgar
una concesión; todo ello en armonía con los principios de economía y eficacia,
orientadores de la administración pública.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO 1°: Negar la Concesión de Aguas al señor CARLOS ALBERTO
URIBE MEJIA, quien actúa en calidad de persona natural, identificado con
cédula de ciudadanía No. (…), bajo las características que se enuncian y por
las razones expuestas en la parte inicial de esta providencia.
Nombre de la fuente: San Antonio (Código 3080)
Uso(s) Predio(s) o Ubicación del predio o comunidad
comunidad (es) Dirección Vereda Corregi Municipio
miento
Generación De Proyecto El Támesis
Energía Hidroeléctrico Encanto
Hidroeléctrica San Antonio Dos
Generación De Proyecto El Támesis
Energía Hidroeléctrico Encanto
Hidroeléctrica San Antonio Uno
ARTICULO 2°. La presente actuación se publicará en el Boletín de la
Corporación, de conformidad con los Artículos 14 y 15 del Decreto 01 de 1984.
ARTICULO 3°. Contra la presente resolución, procede por vía gubernativa ante
el Director Territorial Cartama, el recurso de reposición, el cual podrá
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación (Articulo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO 4°. Una vez ejecutoriada la presente decisión, procédase a al
archivo de las actuales diligencias, expediente CA1-2010-11.
ARTÍCULO 5°: Notifíquese la presente providencia en los términos de los
Artículos 44 y 45 de Código Contencioso Administrativo, al señor CARLOS
ALBERTO URIBE MEJIA, identificado (…).
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Radicado: 05001 23 31 000 2011 01335 01
Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
Dada en Jericó, departamento de Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes
de septiembre de dos mil diez (2010).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAMES GALLEGO ALZATE
Director Territorial”3.
1.2.2. Resolución No. 130CA-6491 del 13 de diciembre de 2010
“RESOLUCIÓN 130CA6491
13 de diciembre de 2010
‘POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO’
El Director Territorial Cartama - Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, en uso de sus facultades legales, en especial las delegadas mediante
la Resolución 2631 del 28 de agosto de 1998, y
CONSIDERANDO
Que por medio de la resolución número 130CA-6350 del 23 de septiembre de
2010, se niega una concesión de aguas, en los siguientes términos:
‘ARTÍCULO 1°: Negar la Concesión de Aguas al señor CARLOS ALBERTO
URIBE MEJIA, quien actúa en calidad de persona natural, identificado con
cédula de ciudadanía No. (…), bajo las características que se enuncian y por
las razones expuestas en la parte inicial de esta providencia.
Nombre de la fuente: San Antonio (Código 3080)
Uso(s) Predio(s) o Ubicación del predio o comunidad
comunidad (es) Dirección Vereda Corregi Municipio
miento
Generación De Proyecto El Támesis
Energía Hidroeléctrico Encanto
Hidroeléctrica San Antonio Dos
Generación De Proyecto El Támesis
Energía Hidroeléctrico Encanto
Hidroeléctrica San Antonio Uno
Que una vez notificada la anterior decisión, en forma personal, el día 29 de
septiembre de 2010, el usuario, dentro de la oportunidad legal, a través de
escrito radicado con el número 130CA109-1590 del 30 de septiembre de 2010,
presenta Recurso de Reposición, y realiza tres peticiones a saber:
1. ‘Reponer el artículo 1° de la resolución 130-6350 en el sentido de OTORGAR
CONCESION DE AGUAS para generación hidroeléctrica en la fuente de agua
denominada RIO SAN ANTONIO, ubicada en la jurisdicción del municipio de
Támesis, departamento de Antioquia, al señor Carlos Alberto Uribe Mejía, para
un caudal medio de 685 l/s, captado en la cota 1.260 msnm para SAN ANTONIO
UNO y de 602 l/s, captado en la cota 1.490 para SAN ANTONIO DOS. En todos
los casos, la corporación deberá disminuir de estos caudales los que están
actualmente otorgados a otros usuarios y el caudal ecológico calculado para las
mencionadas cotas.
3 Folios 50 a 52 ibidem.
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Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
2. Determinar el caudal ecológico de RIO SAN ANTONIO, en cada uno de los
sitios de captación, con base en el método Duberdicus.
3. Considerar la posibilidad de autorizar al peticionario la utilización de un
caudal de hasta en un 15% adicional al caudal medio, para optimizar el uso del
recurso hidráulico, siempre que dicho caudal está disponible en la corriente y
que se respete el caudal ecológico establecido’.
Que como fundamentos a la petición el usuario expone en cuatro numerales
sus argumentos, los que pasan a ser evaluados, desde el punto de vista técnico
y jurídico y con base en los informes técnicos números 130CA-13934 del 05 de
noviembre de 2010, aclarado por medio del radicado 130CA-13996 del 17 de
noviembre de 2010.
1. En la solicitud presentada en enero de 2010, proponía la captación
como caudal de diseño de 846 l/s, para la instalación de 3.20 MW en el
caso de San Antonio uno, y de 735 l/s, para la instalación de 1.39 MW en
el caso de San Antonio dos, teniendo en cuenta condiciones de verano
severo, a partir de un caudal medio de 736 l/s para SAN ANTONIO UNO
y de 639 l/s para SAN ANTONIO DOS. Lo anterior significa que la petición
base del usuario es la que corresponde al caudal medio, y se plantea un
aprovechamiento de caudales de invierno, que optimizaría la eficiencia del
sistema hidroeléctrico, de un 15% adicional al caudal medio, y respetando
siempre el caudal ecológico.
Al respecto se tiene desde el punto de vista técnico y jurídico que la propuesta
del usuario, para el caudal medio seria de 0.736 m3/s para San Antonio uno y
de 0.639 m3/s, para San Antonio dos, utilizando el método Holdridge,
relacionado con formación y cobertura vegetal, obteniendo caudales medios
inferiores al caudal de diseño. Con el aplicativo Corporativo Duberdicus, para la
evaluación de la disponibilidad hídrica, se obtuvo un valor de 0.685 m3/s para
San Antonio uno y 0.602 m3/s para San Antonio dos, determinado la diferencia
que existe, entre estos caudales y partiendo de esta herramienta de Duberdicus
que utiliza la corporación, no sería viable, debido a que la diferencia presente,
está en el orden de 6.93% para San Antonio uno y de 5.79% para San Antonio
dos, lo que conllevaría a realizar variaciones no solo del caudal medio sino del
caudal ecológico y no resulta lógico que la autoridad proceda a ajustar el
proyecto con valores superiores a los planteados por la metodología
Duberdicus.
2. Como lo cita la resolución mencionada, se sometieron a
consideración de la corporación metodologías de cálculo de caudal medio
y de diseños presentadas.
Las metodologías que se usaron para el cálculo de caudal medio y de diseño,
se establecen en el informe y se tuvieron en cuenta en la metodología
Corporativa, sin embargo la Corporación tiene como criterio, para utilizar el uso
del recurso hídrico el cálculo del caudal disponible en las cuencas y conceptúa
el caudal medio menos los caudales otorgados a otros usuarios y el caudal
ecológico y en el caso preciso estos caudales varían con respecto a los
presentados por el usuario. Este hecho hace que el proyecto varie en todas sus
condiciones técnicas y deba ser revaluado por el usuario para su construcción
y sobre todo para las condiciones ambientales que debe cumplir y presentar
ante la Corporación.
3. Duberdicus, que es otra metodología de cálculo de caudal medio, ha
sido acogida por CORANTIOQUIA como el método de referencia y, arroja
un caudal medio anual de 685 l/s para SAN ANTONIO UNO y de 602 l/s
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Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
para SAN ANTONIO DOS acorde con lo expresado en la parte
considerativa de la resolución. Esto significa que la diferencia entre lo
solicitado por el usuario y lo estimado por la metodología acogida por
Corantioquia asciende a seis punto noventa y tres por ciento (6.93%) para
SAN ANTONIO UNO y cinco punto setenta y nueve por ciento (5.79%)
para SAN ANTONIO DOS, que se consideran valores de desviación
estadísticamente aceptable teniendo en consideración la aplicación de
metodologías de cálculo aproximado, ya que no existe una exacta, para
determinación de caudales, y especialmente en cuencas no
instrumentadas o de las cuales no exista información histórica como es la
del RIO SAN ANTONIO.
Duberdicus, es un sistema de administración del recurso hídrico desde
Corantioquia. En un contexto Hidrológico Regional de altísima complejidad, se
inició con el reconocimiento del territorio, la búsqueda y sistematización de la
Información existente y la conceptualización sobre el significado de la
Disponibilidad de agua.
En cuanto a los porcentajes que se referencia con respecto a San Antonio uno
de (6.93%) y de (5.79%) para San Antonio dos, como se dijo anteriormente si
tienen relevancia técnica estas diferencias y sumado a lo expuesto, se tiene la
ausencia por parte del usuario de un estudio sobre el uso del recurso Hídrico y
su incidencia en la disponibilidad hídrica (Municipio de Támesis, microempresas
de truchas, multiveredal el Encanto, El Rayo, San Isidro y Pescadero, JAC
Barrio La Unión, entre otros).
4. En el ánimo de resolver de una manera tranquila la discusión técnica,
y habida cuenta de que la diferencia es muy pequeña, manifestamos a la
corporación nuestro acogimiento al caudal medio determinado por el
método Duberdicus, esto es 685 l/s, que permitirían la instalación de 2.59
MW en SAN ANTONIO UNO y de 602 l/s, que permitiría la instalación de
1.14 MW en SAN ANTONIO DOS. De todas maneras, la Corporación
deberá tener en cuenta, y disminuir del caudal disponible los caudales que
se encuentren actualmente otorgados y el caudal ecológico en cada caso.
En ningún momento se han presentado discusiones sobre los caudales del río
San Antonio, la Corporación a través de la metodología Duberdicus, establece
el caudal medio; a partir de este concepto, son los usuarios, propietarios de los
proyectos interesados en utilizar los recursos, quienes tienen la obligación de
presentar propuestas claras, coherentes y precisas. En este caso la tarea de
establecer el caudal medio y disminuir el caudal ecológico y el otorgado, es de
exclusividad del usuario y no tiene porque atribuírsele a la Corporación.
Que en el actual proyecto el usuario no expresa en forma clara y precisa el
objeto y alcance de su proyecto, y entonces, en ningún momento le es dado a
la autoridad ambiental, como lo pretende en estos momentos el usuario,
proceder a otorgar los permisos requeridos; de acuerdo a las consideraciones
técnicas de quien administra el recurso.
Que de acuerdo a lo antes expuesto, se da a conocer al usuario; como la
Corporación, reitera lo expuesto en la providencia recurrida; negar la concesión
de aguas, debido a la falta de disponibilidad del recurso para abastecer el
proyecto en particular; negando además; las nuevas peticiones del usuario de
proceder a determinar, (por él, y en su lugar); los caudales disponibles en cada
uno de los puntos de captación, y como consecuencia se niega también, la
autorización de utilizar un caudal de hasta 15% adicional al caudal medio (…).
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Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
Que en forma respetuosa se recuerda al usuario, el contenido de los artículos
88 y 89 del Decreto-Ley 2811 de 1.974, algunas de las normas básicas, con
base en las cuales se toma la actual decisión:
Artículo 88. ‘Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de concesión’.
Artículo 89. ‘La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el
cual se destina’.
Que de acuerdo a lo antes expuesto, esta Dirección Territorial, no encuentra
mérito alguno, para proceder a reponer el artículo 1º de la resolución número
130CA-6350 del 23 de septiembre de 2010.
Que en mérito de lo expuesto, el Director Territorial Cartama,
RESUELVE
ARTICULO 1°: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la resolución
número 130CA-6350 del 23 de septiembre de 2010, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.
ARTICULO 2°: Una vez notificada la presente providencia, procédase al archivo
definitivo de las actuales diligencias, radicadas bajo el número CA1-2010-11.
ARTICULO 3°. Se da a conocer al usuario, en forma respetuosa, que de insistir
con proyectos para generación de energía con aguas a derivar del río San
Antonio, y de acuerdo a la nueva legislación vigente, requiere del trámite y
obtención de la respectiva Licencia Ambiental, Decreto 2820 del 05 de agosto
de 2010.
ARTICULO 4º. Notifíquese la presente resolución en los términos de los
Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo (…).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAMES GALLEGO ALZATE
Director Territorial Cartama”4.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que el acto acusado desconoce los artículos 36, 39, 40, 41,
54, 62, 73, 74, 184, 188 y 199 del Decreto 1541 de 1978, la Ley 99 de 1993, el
artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y los artículos 9, 17 y 20 del Decreto 1220 de
2005.
A continuación, se realiza una síntesis del escrito demandatorio:
4 Folios 56 a 58 ibidem.
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Radicado: 05001 23 31 000 2011 01335 01
Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
1.3.1. En el acápite de “HECHOS” de la demanda, mencionó que, pese a haber
presentado la solicitud de concesión de aguas el 23 de abril de 2008, aquella fue
archivada por Corantioquia, entidad que le exigió presentar un nuevo trámite que se
ajustara a los criterios regulados por aquella en la Resolución Corporativa 10842
del 24 de noviembre de 2008. Es decir, aseguró, le exigieron requisitos no
contemplados en la ley ni vigentes al momento en que la efectuó. Sin embargo,
cumpliendo con lo ordenado por esa entidad a través del acto administrativo de
archivo No. 130CA8568 del 8 de agosto de 2009, radicó la nueva solicitud el 28 de
diciembre de 2009, incluyendo un estudio de factibilidad del proyecto hidroeléctrico
San Antonio Uno y Dos a ubicarse en el Municipio de Támesis (Antioquia).
Adicionalmente, indicó que la negativa a otorgar la concesión de aguas causó no
solo un detrimento a su patrimonio sino al de Corantioquia, quien dejó de percibir
los ingresos proyectados por pago de la tasa del uso del agua, así como al del
Municipio de Támesis, por el concepto de pago de los impuestos predial y de
industria y comercio.
1.3.2. En el acápite denominado “FUNDAMENTOS DE DERECHO” el demandante
transcribió varias de las normas cuyo desconocimiento alegó. Así, luego de copiar
los artículos 36, 39, 40 y 41 del Decreto 1541 de 1978, señaló que toda persona
tiene derecho a que se le otorgue una concesión para el uso de aguas hasta por
cincuenta (50) años, siempre y cuando no existan otros usos prioritarios.
Posteriormente, refirió los artículos 54, 73 y 74 ibidem, para indicar que cumplió la
totalidad de los requisitos allí exigidos para la obtención de una concesión de aguas.
Siguió con el artículo 62 ejusdem¸ respecto del cual aseveró que el literal f) fija un
plazo para que se presenten los estudios, diseños y documentos para desarrollar
las obras que deben adelantarse con posterioridad al otorgamiento de la concesión,
pero antes de que inicie su ejecución. Por ejemplo, las obras hidráulicas a las que
aluden los artículos 184, 189 y 199 del referido decreto.
Lo anterior, para concluir que, pese a haber cumplido con los requisitos exigidos por
la ley para acceder a la concesión de aguas para el aprovechamiento de ese
recurso, aquella le fue negada mediante decisiones administrativas carentes de
motivación, afectándolo no solo a él sino a los habitantes del Municipio de Támesis.
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1.3.3. En el capítulo denominado “CONCEPTO DE VIOLACIÓN”, se refirió a dos
cargos: falsa motivación y desviación de poder.
1.3.3.1. En lo que hace a la “FALSA MOTIVACIÓN”, aseveró que no tuvo
respaldo legal alguno la negativa a la petición de concesión, habida cuenta de que
se fundamentó en motivos inexactos, así como en la defectuosa interpretación de
la información suministrada para su revisión. Sobre las razones para negar la
concesión de aguas, aseguró que fueron dos: i) que el caudal de diseño requerido
para el proyecto es superior al hallado por los análisis realizados por la autoridad
ambiental, y ii) que no se aportaron las memorias de cálculo de las metodologías
utilizadas para determinar el caudal de diseño requerido.
Respecto del caudal de diseño, aseveró que, entre los resultados obtenidos por él
y por Corantioquia, no existe diferencia; ello debido a que, al tratarse de un sistema
estadístico, una desviación del seis coma noventa y tres por ciento (6.93%) para
San Antonio Uno y del cinco coma setenta y nueve por ciento (5,79%) para San
Antonio Dos, no tiene incidencia. Ello en razón a que ese tipo de estudios considera
bajas las desviaciones correspondientes a porcentajes de hasta el trece por ciento
(13%), información que se puso de presente en la documentación allegada con la
solicitud. En consecuencia, adujo que “negar una petición porque existe una
diferencia de caudales entre el 5 y 7 %, es una decisión que desconoce todo criterio
técnico y científico y solo muestra que la administración obró con razones ocultas,
extrañas al interés de la comunidad”5.
Sobre las memorias que echó de menos Corantioquia, indicó que la información que
aportó al expediente corresponde en su totalidad a la necesaria para el otorgamiento
del permiso que solicitó, circunstancia que puede ser corroborada al verificar el
trámite administrativo.
Luego, aseguró que el hecho de que los resultados del estudio efectuado por la
autoridad ambiental entregaran resultados estadísticamente similares a los
obtenidos por él, demuestra la idoneidad y seriedad de los que él aportó. Por ello,
reiteró que las afirmaciones de Corantioquia evidencian “que no se persigue un
interés público, sino otros propósitos que se quieren disfrazar” 6. Manifestó que en
5 Folio 95 ibidem.
6 Folio 96 ibidem.
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ningún momento le pidieron información adicional y que el trámite fue admitido
únicamente cuando se cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por la
demandada. En ese orden, arguyó que no tiene sentido que haya sido negada su
solicitud con fundamento en que no se aportó la totalidad de la información
necesaria, existiendo el acto previo que daba cuenta de lo contrario.
Expresó su desacuerdo con el hecho de que, al resolver el recurso de apelación, se
haya afirmado que, respecto del cambio de caudal promedio estimado de la cuenca
para los proyectos San Antonio Uno y Dos, “cualquier profesional serio en temas
hidroeléctricos e hidráulicos, conoce que no existe ningún tipo de diferencia entre
los estudios que se aportan para el diseño de uno u otro caudal, pues el caudal
definido solo se utiliza para fines de diseño de las obras de captación y generación,
pero finalmente el caudal que se utilice para la generación es el que resulte de
disminuir de la fuente el caudal ecológico y las concesiones dadas para otros usos
que tienen prioridad”7.
1.3.3.2. En cuanto a la “DESVIACIÓN DE PODER”, señaló que los argumentos
expuestos en el cargo anterior evidencian que se incurrió en éste, es decir, que
Corantioquia, al emitir los actos demandados, perseguía un fin diferente al que le
corresponde y que solo tienen como propósito afectar sus intereses. Ello es así
puesto que la demandada reconoció que los recursos a ser utilizados no serían
impactados, el caudal promedio anual estimado que obtuvo es semejante al de los
estudios efectuados por él, y “aun en el aforo realizado se evidenció un importante
caudal que puede ser utilizado para la generación, no se entiende por qué se niega
la solicitud de concesión de aguas”8.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Corantioquia, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del
demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones9:
2.1.1. En cuanto a lo indicado en los hechos de la demanda, precisó que el
demandante efectuó dos solicitudes diferentes. Ello debido a que, en principio, tenía
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Folios 114 a120 ibidem.
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planeado un proyecto hidroeléctrico de generación de energía en tres etapas a las
que denominó San Antonio Uno, Dos y Tres, con una potencia eléctrica en total de
veintidós punto ochenta y cinco megavatios (22.85 MV), para lo cual necesitaba una
licencia ambiental, en atención a lo reglamentado en el Decreto 1220 de 2005. Por
ello, mediante acto administrativo 130CA-7792 del 25 de noviembre de 2008, se le
requirió para que entregara el Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
No obstante, el 20 de mayo de 2009, presentó una solicitud de modificación de la
licencia ambiental a una concesión de aguas. Lo anterior debido a que desistió de
seguir con el referido proyecto, que se redujo a dos etapas, cuyas cotas de
captaciones y descargas fueron modificadas y que pretendían producir tres punto
cuarenta y cinco (3.45 MV) y uno punto veintidós (1.22 MV) megavatios,
respectivamente. De ahí que, mediante acto administrativo 130CA-8568 del 6 de
agosto de 2009, haya ordenado el archivo del proceso y requerido al demandante
para que iniciara el trámite correspondiente, de conformidad con la normativa
aplicable, acto ante el cual el accionante radicó solicitud de concesión de aguas
superficiales el 28 de diciembre de 2009.
2.1.2. Al tratar el reproche de la falsa motivación de las decisiones censuradas, se
refirió a la definición del vicio, citando la sentencia del 8 de febrero de 2007,
radicación número 15298, Consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa. Luego
señaló que las resoluciones demandadas encuentran sustento en el Informe
Técnico No. 130CA-13583 del 23 de agosto de 2010, según el cual no existe
disponibilidad del recurso hídrico para el proyecto presentado por el demandante.
Ello, debido a que el caudal medio del Río San Antonio en las ubicaciones de
captación para San Antonio Uno y Dos eran menores a aquel del diseño (o solicitado
en concesión). A esa conclusión llegó al efectuar el estudio de caudales bajo la
metodología del solicitante (Holdrige, Tossi, Pérez y Espinal), así como la
institucional (Diberdicus), adoptada mediante Resolución Corporativa No. 10242 del
21 de mayo de 2008, cuyo resultado indicó que el caudal solicitado sobrepasaba
respectivamente, en un diecinueve (19%) y dieciocho por ciento (18%), el mentado
caudal medio del Río San Antonio. Dicha información se puede apreciar con mayor
claridad en la siguiente tabla:
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Metodología Caudal medio Caudal Porcentaje en que el
“Diberdicus” solicitado caudal solicitado supera al
medio
San Antonio Uno 0.736 m3/s 0.836 m3/s 19%
San Antonio Dos 0.639 m3/s 0.735 m3/s 18%
Recordó que una de las obligaciones del Estado es planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, garantizar el desarrollo sostenible y su
conservación (artículos 79 y 80 Superiores), así como la preservación y manejo de
ellos, y garantizar su disponibilidad permanente (Decretos 2811 y 1541 de 1978).
Responsabilidades que recaen en ella como autoridad ambiental, quien la negó al
evidenciar que de otorgarse la concesión de aguas no podría cumplir con su deber
de garantizar de manera permanente el agua para las generaciones actuales y
futuras como consecuencia de que requería un caudal mayor al medio anual
existente en el cuerpo hídrico, en razón a que no la encontró conveniente por
razones de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 del Decreto 1541 de 1978.
Adicionalmente, el artículo 41 de la misma norma establece un orden de prioridades
en materia de usos del agua. El consumo humano se encuentra en el primer lugar,
la generación de energía hidroeléctrica en el quinto. De donde se sigue que, de
haberse concedido lo solicitado por el demandante, a pesar de tener claro que el
riesgo que generaba para el orden de prelación en uso, habría implicado el
desconocimiento de esa normativa.
Por lo anterior, aseveró que los actos administrativos demandados fueron
debidamente motivados.
2.1.3. Sobre la desviación de poder, también inició su argumentación citando la
definición que sobre este defecto precisó el Consejo de Estado en la sentencia del
28 de mayo de 2012, radicación número 1999-00546, con ponencia de la
Magistrada Ruth Stella Correa Palacio. Luego, relató que la negativa a conceder la
concesión de aguas al accionante se fundamentó en la sujeción al principio de
legalidad y a razones de utilidad pública e interés social. Iteró sus razonamientos
acerca del rol de Estado y de las autoridades ambientales en materia de protección
de los recursos hídricos a la luz de la Constitución y el Decreto 1541 de 1978. Bajo
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esa lógica, concluyó indicando que no existieron razones distintas a las expresadas
en los actos demandados para negar los actos y que la intención al proferirlos no
fue perjudicar al demandante.
2.1.4. Enseguida se refirió a la aplicación que dio al principio de precaución en los
actos demandados. Para eso comenzó citando la sentencia C-595 de 2010, en la
cual la Corte Constitucional hizo referencia a aquel. Luego explicó que, pese a que
el demandante indicó que la variación estándar de los estudios es del trece por
ciento (13%), al tratarse de mediciones que se hacen con base en sistemas
estadísticos, lo cierto es que la disponibilidad del recurso hídrico es en esencia
variable. Por ello, frente a la posibilidad de tomar una decisión que afectara la
relación del agua de las generaciones presentes y futuras, esto es, ante la
posibilidad de que, de concederse la autorización solicitada, el caudal resultara
insuficiente, adoptó la decisión de evitar un peligro grave e irreversible y la negó.
Ello en aplicación del numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993.
III. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia calendada el 7 de octubre de 2020, la Sala Quinta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda10.
Para ello, comenzó por referirse al marco jurídico de los cargos de falsa motivación
y desviación de poder, luego discriminó el acervo probatorio, y posteriormente se
enfocó en dar respuesta a los reparos presentados por el demandante contra los
actos demandados.
3.1. Así, en lo que hace al cargo de falsa motivación, tras aludir a los fundamentos
técnicos y jurídicos desarrollados por Corantioquia en las resoluciones atacadas 11,
planteó la controversia en los siguientes términos:
“De lo anterior, se extrae que la inconformidad de la parte demandante radica
en que si bien no rechaza el método Corporativo Duberdicus, como adecuado
para el cálculo del caudal medio del Río San Antonio, considera que la
10 Visible a folios 671 a 679 del Cuaderno del Tribunal
11 Informe técnico No. 130CA-1358 del 23 de agosto de 2010, a través el que a través del método
“Diberdicus” se concluyó que el caudal solicitado superaba el promedio anual del Río San Antonio;
Resolución No. 10242 del 21 de mayo de 2008, por medio de la cual Corantioquia se adopta como
método para la administración de la demanda hídrica la herramienta “Duberdicus” y Decreto 1541
de 1978.
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diferencia entre el porcentaje allí establecido y el generado por los métodos
utilizados por él no es significativo y por lo tanto no daba lugar a negar la
concesión de aguas. Sumado a que en este tipo de proyectos es normal que
el caudal medio sea inferior al caudal de diseño solicitado”.
Para solucionarla, analizó los testimonios de los expertos obrantes en el proceso y
al estudio pericial practicado en el trámite de instancia12 y procedió a explicar que
Corantioquia negó la concesión de aguas al encontrar, a través de un estudio
técnico, que no existía disponibilidad del recurso hídrico; ello, como consecuencia
de que efectuó el estudio de los caudales del Río San Antonio a través de la
metodología “Duberdicus”, obteniendo caudales menores en porcentajes de
diecinueve (19%) y dieciocho por ciento (18%) a los solicitados para la concesión
de aguas. Elementos materiales probatorios que no fueron desvirtuados por el
demandante, quien decidió acogerse al resultado final del análisis efectuado bajo el
método aludido, pues en ningún momento, esto es, ni en sede administrativa, ni en
la judicial, controvirtió los datos obtenidos, sino que únicamente se limitó a
manifestar que la diferencia entre el caudal medio y el solicitado no era considerable
debido a que se encontraba cubierto en el margen de error de los métodos
estadísticos. Línea argumental ésta última que estimó como insuficiente, debido a
que no se encuentra soportada en pruebas allegadas al proceso, “ya que si bien los
testigos coinciden en afirmar que los métodos para el análisis del caudal medio, en
su mayoría manejan un margen de error, no especifican a que métodos se refieren
y a cuánto asciende el mismo, específicamente en el caso del método
Duberdicus”13.
Adicionalmente, el juzgador de instancia destacó que la diferencia en los caudales
no era pequeña, ni puede ser cubierta por un margen de error. En ese orden,
aseveró que, si el objetivo del demandante consistía en ajustar su proyecto a los
resultados obtenidos por el método empleado por Corantioquia, debió elevar una
nueva solicitud, pues esa entidad solo puede adelantar sus estudios con base en
las peticiones de parte que le son efectuadas. Continuó su fallo aclarando que, pese
a que el perito Luis Fernando Carvajal Serna indicó que en los métodos basados en
la ecuación de balance hidrológico -como el Duberdicus- los errores son mucho
mayores, no soportó tal afirmación en un informe técnico, y también afirmó no
12 Testimonios del Ingeniero Civil Juan Carlos Correa Jaramillo, el Ingeniero Geólogo Oscar Agusto
Mejía Rivera, la Ingeniera Laura Patricia Sepúlveda López. Interrogatorio del demandante Carlos
Alberto Uribe Mejía. Dictamen pericial de Luis Fernando Carvajal Serna.
13 Visible a folio 1274 del Cuaderno del Tribunal
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conocer ese modelo en su plataforma o forma de calcular las variables para la
estimación del balance hídrico14.
Por lo anterior, afirmó que, con base en el dictamen pericial practicado en el
proceso, le resultaba imposible determinar si el porcentaje de diferencia entre el
caudal solicitado y el medio resultaba aceptable para otorgar la concesión, o si,
como lo señaló la entidad demandada, concederla habría puesto en riesgo el
recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras, dado que el experto
reconoció expresamente que no conocía el modelo Duberdicus, ni la forma de
calcular las variables.
Reprochó que la experticia no efectuó un análisis de los métodos usados por el
demandante en su estudio de factibilidad en relación con el usado por Corantioquia,
de modo que no se controvirtieron los informes realizados por esa autoridad
ambiental, ni se determinó si la diferencia presentada entre el caudal medio y el
solicitado afectaba la sostenibilidad ambiental por la falta de recurso hídrico.
Explicó que, pese a que en ese estudio técnico se hizo una relación de los casos en
los que Corantioquia otorgó concesiones para proyectos hidroeléctricos, ésta no
sirve de referencia para el que está en discusión, debido a que en su mayoría se
trata de solicitudes en las que el caudal solicitado y el promedio coinciden, o en las
que el caudal solicitado es inferior al promedio, en relación con las cuales, además,
el perito no efectuó comparación alguna con el Proyecto San Antonio. Asimismo,
señaló que, respecto de cada uno, resultaría necesario analizar también las otras
variables que las entidades ambientales deben tener en cuenta al efectuar sus
estudios.
Corolario de lo hasta aquí expuesto es que el Tribunal haya considerado incumplida
la carga probatoria por parte del demandante, es decir, desatendido el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil, aclarando que la regla establecida en esa norma
no implica que la parte a la que le corresponde, necesariamente deba suministrar
las pruebas de los hechos en que fundamenta su derecho, sino que corre con el
riesgo de que aquellas falten; que, en este caso, consiste en que la decisión judicial
14 Ibídem.
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sea desestimatoria de las pretensiones, pues en su criterio los actos demandados
fueron debidamente motivados.
3.1.1. En cuanto a la desviación de poder, el a quo no encontró acreditada la
afirmación de la parte actora consistente en que las resoluciones atacadas se
adoptaron con el propósito de afectar sus intereses. Ello debido a que los elementos
materiales probatorios obrantes en el plenario dieron cuenta de que la decisión
adoptada tuvo fundamento en las razones de utilidad pública e interés social.
Igualmente, recordó al accionante que, para la demostración de este cargo, es
necesaria la acreditación de su elemento teleológico, esto es, que las esferas
íntimas de quien haya proferido el acto demandado efectivamente hayan obedecido
a un interés diferente al que le correspondía. Circunstancia esta última que no fue
ni si quiera anunciada, ya que el supuesto interés torticero nunca fue señalado por
el demandante y, por el contrario, se evidenció que estuvo motivado por la
protección del recurso hídrico, es decir, que fue proferido por la autoridad ambiental
en ejercicio de sus funciones de preservación y manejo de los recursos naturales.
De ahí que también haya negado este cargo.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
El demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia solicitando que fuera revocada. Así, en la alzada se señaló que el Tribunal
negó las pretensiones de la demanda toda vez que, en el dictamen pericial
practicado en el trámite de instancia, no se explicó cuál era la relación entre la
metodología usada por el demandante y aquella de Corantioquia, ni si la diferencia
entre el caudal medio y el solicitado ponía en riesgo la sostenibilidad ambiental por
falta de agua en el Río San Antonio15.
En contra de ese razonamiento, aseveró que sí estaba acreditado en el proceso
que, tanto el caudal medio encontrado por la entidad demandada, como el aportado
por el accionante en el trámite administrativo, eran muy cercanos y razonables.
Al respecto, señaló que Juan Carlos Correa declaró que es normal que se presenten
diferencias entre el cinco (5%) y el veinticinco (25%) por ciento entre caudales,
15 Visible a folios 1283 a 1285 del Cuaderno del Tribunal.
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rango que se considera aceptable como consecuencia de las dificultades que se
presentan al momento de evaluar las diferentes variables que se deben tener en
cuenta para ese tipo de análisis. Asimismo, indicó que en esa declaración se señaló
que el caudal medio es la cantidad de agua que en promedio presenta una fuente a
lo largo del tiempo y que es necesario acudir a métodos que permitan una
estimación, más no una determinación precisa. Igualmente, señaló que el método
“Diberdicus” aparentemente presenta problemas para medir el área de la cuenca
tributaria.
Luego indicó que Laura Patricia Sepúlveda López reconoció que, aun cuando no
conoce el modelo de estimación usado por Corantioquia, todos los métodos tienen
un margen de error. Por su parte, Oscar Augusto Mejía Rivera precisó que el modelo
utilizado por la demandada es de estimación, lo que significa que debe ser objeto
de constante mejora y actualización con la nueva información hidrológica disponible
en el Departamento y el país, por lo que un error del siete por ciento (7%) es
aceptable para el otorgamiento de una concesión.
Aseveró que con la prueba testimonial quedó demostrado que el caudal medio es
la cantidad de agua que en promedio presenta una fuente a lo largo del tiempo, pero
que el método “Diberdicus” tiene problemas para medir el área de la cuenca
tributaria. Adicionalmente, manifestó que el caudal medio se utiliza como insumo
para el dimensionamiento de obras, los estudios de factibilidad y la evaluación
económica de alternativas, criterios en los que la manifestación más importante es
la definición del caudal de diseño.
Adujo que el Tribunal no podía desvirtuar el dictamen pericial aduciendo, de un lado,
falta de explicación sobre los métodos, y de otro, la sobre explicación de la
terminología, pues la comprensión de los conceptos técnicos resultaba
determinante para entender los porqués del error en el que incurrió Corantioquia al
negar la concesión de aguas.
A su vez, afirmó que el causal medio refleja el promedio de los caudales que se
pueden presentar en un sitio a lo largo del tiempo, mientras que los de diseño son
aquellos que se toman para definir la capacidad máxima de las turbinas de
generación de energía. En consecuencia, señaló que no era viable comparar esos
conceptos pues no son equivalentes sino complementarios.
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Posteriormente, se refirió a que Corantioquia negó la concesión de aguas con
fundamento en que el caudal solicitado sobrepasaba el medio. Conclusión que,
afirmó, es falsa, debido a que el caudal de diseño siempre estará por encima del
medio multianual, pues esa situación no genera riesgo en la conservación de la
cuenca o del recurso hídrico. Por el contrario, lo optimiza, ya que lo que se pretende
al determinar el caudal de diseño a partir del medio es que no se genere ni
sobredimensionamiento de la central, ni subutilización del potencial hídrico de la
fuente analizada.
Enfatizó en las particularidades de cada fuente hídrica en cuanto a caudal medio y
caudal ecológico o de sostenibilidad ambiental. Respecto del primero indicó que se
trata del promedio aritmético de los caudales durante un periodo de tiempo
determinado y calculado por diferentes métodos, por lo que es una medida de tipo
estadístico debido a que el caudal que se presenta en la fuente puede ser mayor o
menor que el promedio. En relación con el segundo, precisó que se trata del
requerido para garantizar la permanencia de la vida en la fuente hídrica, así como
de un valor numérico o porcentual que se determina con precisión para garantizar
que el balance hidrobiológico proteja la vida en el cuerpo de agua.
Posteriormente criticó el hecho de acudir a la definición de caudal de reparto: “para
efectos de la generación hidroeléctrica, establecida como la diferencia entre el
caudal medio y el caudal ecológico, es un exabrupto técnico y conceptual, es como
sumar naranjas con piñas, no ofrece ningún resultado concluyente y por el contrario,
subutiliza el recurso hídrico, sin que ello constituya ninguna ganancia para el
medioambiente o para la vida en la fuente, pues como se ha explicado, el caudal de
una fuente es cambiante durante todo el año y no se puede garantizar un caudal
permanente durante todo un periodo”16.
En relación con este punto, más adelante alegó que la noción de caudal de reparto
podría aplicarse para concesiones de acueductos para consumo humano,
abrevaderos de animales y riego, en las que la autoridad ambiental, en su criterio,
debe repartir entre los solicitantes el noventa o noventa y cinco por ciento (90 o
95%) del caudal disponible en la corriente (denominado caudal firme), es decir, una
16 Folio 1284 ibidem.
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vez descontado el caudal ecológico. Ello con el propósito de asignar a los
beneficiarios de ese tipo de permisos el agua que requieran para abastecer sus
necesidades, que hacen parte de los derechos adquiridos establecidos en el orden
de prioridad fijado en el Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1541 de 1978.
En lo que sigue, el documento parece estar incompleto pues no hay relación entre
el último párrafo y la primera línea del folio 1284 y su anverso, así como de este
último con el folio 1285. Sin embargo, en el anverso del folio 1284 se evidencia que
el actor trae un ejemplo con el que pretende explicar que en el transcurso de un año
se pueden presentar variaciones en el caudal de una fuente de agua, lo que lleva a
que en función del caudal real sea determinable qué parte de ese puede utilizarse
para energía, garantizando en su totalidad tanto el caudal ecológico como el
constituido a favor de terceros; veamos:
“Por ejemplo, si se tiene un caudal medio de 1000 litros por segundo, un caudal
ecológico equivalente al 20%, es decir, 200 litros por segundo, caudal del
derecho constituido a favor de terceros 300 litros por segundo y un caudal del
diseño del proyecto de 1500 litros por segundo y un caudal mínimo requerido
por las turbinas generadoras de 300 litros por segundo, esta fuente, en
diferentes meses del año, teniendo en cuenta los períodos secos y de lluvia,
presenta el siguiente comportamiento en el mes de febrero 600 litros por
segundo, en el mes de mayo 1400 litros por segundo y finalmente en el mes de
octubre 2200 litros por segundo.
El escenario del mes de febrero, como la fuente solo cuenta con 600 litros por
segundo, solo se podrá garantizar el caudal ecológico 200 litros por segundo y
el caudal del derecho constituido a favor de terceros, 300 litros por segundo,
pues los 100 litros restantes no son suficientes para cumplir con el caudal
mínimo requerido por las turbinas generadoras de 300 litros por segundo. En
este caso, el proyecto estará parado y no se podrá generar energía.
Escenario del mes de mayo, como la fuente cuenta con 1100 litros por segundo,
se podrá garantizar el caudal ecológico 200 litros por segundo, el caudal del
derecho constituido a favor de terceros 300 litros por segundo, y quedarán
disponibles para generación de los 600 litros restantes, que si bien no alcanzan
a copar la caudal de diseño, sí permite utilizar todo el caudal que queda
disponible para la generación de energía. Téngase en cuenta que en este caso
se supera el caudal medio, pero se garantiza la disponibilidad del caudal
ecológico y el asignado a terceros.
Escenario del mes de octubre, la fuente cuenta con 2200 litros por segundo, se
podrá garantizar el caudal ecológico 200 litros por segundo, el caudal del
derecho constituido a favor de terceros 300 litros por segundo, y quedarán
disponibles para generación los 1700 litros por segundo; como este valor supera
el caudal de diseño (1500), se puede generar energía con toda la capacidad de
diseño y los 200 litros restantes incrementarán el caudal ecológico, de esta
manera se garantiza la eficiencia de la central hidroeléctrica”.
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Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
Por último, en el primer párrafo de la última página, el recurrente aludió a las Leyes
143 de 1994 y 697 de 2001, para señalar que el caudal disponible y
económicamente factible debe ser aprovechado eficientemente en su totalidad,
respetando siempre aquellos correspondientes a sostenibilidad ambiental y a los
adquiridos por terceros.
Concluyó que, pese a que está permitido en la ley y a que con ello se busca el
aprovechamiento integral y eficiente del recurso hidro energético, a la luz de las
Leyes 143 de 1994 y 697 de 2001, Corantioquia calificó como negativo el hecho de
que en la solicitud de concesión de aguas se peticionara el caudal disponible en la
fuente hasta su agotamiento. Después recordó que con esta última no se estaba
desconociendo la obligación de asegurar la permanencia del caudal ecológico en la
corriente, así como el correspondiente a los derechos adquiridos por terceros, entre
ellos los que establece el orden de prioridad citado en los Decretos Ley 2811 de
1974 y 1541 de 1978.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante providencia del 7 de mayo de 2021, el Despacho sustanciador corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión17. Dicho auto fue notificado
por Estado el martes 18 de mayo del mismo año, por lo que el término para las
partes corrió desde el miércoles 19 del mismo mes hasta el martes 1º de junio de
2021. En consecuencia, el escrito presentado por Corantioquia, allegado por correo
electrónico el último de los días antes indicados fue presentado en tiempo 18,
mientras que el del demandante fue extemporáneo debido a que se presentó el 2
de junio de 202119. Por ende, únicamente se hará referencia al escrito de la
demandada.
5.1. Corantioquia, al presentar el memorial a través del cual descorrió el traslado
de los alegatos en segunda instancia, solicitó no acceder a lo peticionado en el
recurso de alzada y, en su lugar, declarar que los actos demandados fueron
proferidos ajustados a derecho. Para sustentar tal petición utilizó tres (3)
argumentos, a saber: (i) los actos demandados fueron motivados adecuadamente,
17 Índice 10 de SAMAI.
18 Índice 14 de SAMAI.
19 Índice 15 de SAMAI.
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Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
(ii) los actos demandados no incurrieron en desviación de poder, y (iii) en el recurso
de apelación se plantearon argumentos nuevos que no fueron presentados en la
demanda.
5.1.1. En cuanto a la falta de motivación de las resoluciones atacadas, reiteró los
argumentos que presentó al contestar la demanda. Adicionalmente, indicó que
comparte las consideraciones efectuadas por el a quo en relación con la valoración
de las pruebas, pues efectivamente no se demostró equivocación alguna por parte
de esa autoridad ambiental al utilizar la metodología “Diberdicus”. En ese orden de
ideas, el demandante no aportó las pruebas encaminadas a desvirtuar la veracidad
de los conceptos técnicos que se emitieron con base en visitas y el estudio juicioso
de los documentos presentados por él en el trámite de concesión de aguas.
5.1.2. Al referirse a la desviación de poder, iteró que las decisiones demandadas se
fundamentaron en los conceptos técnicos emitidos por los funcionarios de esa
entidad, con base en los cuales se concluyó que la diferencia entre el caudal
solicitado y el caudal medio no permitía garantizar tanto la ejecución del proyecto
hidroeléctrico como la disponibilidad permanente de aguas en el Río San Antonio.
Por eso, consideró que el Tribunal acertó al concluir que no se probó el interés
particular en la negativa de la concesión de aguas.
5.1.3. Sobre el planteamiento de nuevos argumentos, precisó que en el recurso de
apelación se hace referencia a la noción de caudal disponible, planteamiento que,
al no haber sido desarrollado en la demanda, no puede ser objeto de decisión en el
recurso de apelación.
Manifestó que la parte actora olvida que para determinar la cantidad de agua que
se necesita para desarrollar una actividad, es necesario que se establezca la
disponibilidad del recurso sobre el que recae, es decir, se determine el concepto
diferente de la oferta. Ello es así debido a la función de esa entidad de garantizar la
disponibilidad permanente del agua, de conformidad con lo señalado en el artículo
2 del Decreto 2811 de 1974 y 1º del 1541 de 1978. Luego explicó que la
disponibilidad del recurso hídrico tiene en cuenta los conceptos de oferta y
demanda, caudal ecológico y reserva. De otro lado, precisó que la oferta únicamente
analiza la cantidad de agua por unidad de tiempo.
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Demandante: Carlos Alberto Uribe Mejía
Lo anterior para señalar que la metodología usada por el accionante únicamente
analizó la oferta y el caudal ecológico, dejando por fuera las demás variables que sí
estudió esa Corporación. Anota al respecto que en las consideraciones de los actos
demandados se evidencia que aquellos fueron proferidos con base en la valoración,
conocimiento y experticia de sus funcionarios, al utilizar la metodología aprobada
por esa entidad y respecto de la cual el demandante no presentó reparo alguno
cuando presentó el recurso respectivo en la vía gubernativa. Finalmente, señaló
que, según la normativa aplicable, la concesión de aguas se encuentra
condicionada a su disponibilidad, razón por la cual en caso de que no se evidencie
aquella lo procedente es negarla, y no puede considerarse responsable a la entidad
ambiental que, por condiciones naturales, no concede las solicitudes.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
En esta etapa del proceso el Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir
concepto en el proceso de la referencia.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código
Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
8.2. Hechos
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8.2.1. A través de la Resolución No. 1306350 del 23 de septiembre de 2010,
Corantioquia negó la concesión de aguas solicitada por el ciudadano Carlos Alberto
Uribe Mejía.
8.2.2. Inconforme con esa decisión, éste último presentó recurso de reposición, que
fue desatado por la misma entidad a través de Resolución 130A-6491 del 13 de
diciembre de 2010, por la cual se confirmó la decisión de negar la concesión de
aguas.
8.2.3. En contra de los anotados actos administrativos, Carlos Alberto Uribe Mejía
impetró la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.
8.2.4. En sentencia del 7 de octubre de 2020, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda.
8.3. Planteamiento
A efectos de resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que las partes
discuten respecto de los siguientes puntos: (i) a la suficiencia del dictamen pericial
para desvirtuar la legalidad de las decisiones recurridas, (ii) la valoración de la
prueba testimonial, y (iii) el planteamiento de nuevos cargos en el recurso de alzada.
Frente al primero de los aludidos reproches, el demandante es del criterio que la
experticia practicada en el trámite de primera instancia debió ser valorada por el
Tribunal, pues allí se incluyeron los conceptos técnicos que resultaban
determinantes para comprender cuáles eran los errores en que incurrió Corantioquia
al negar la concesión de aguas. Mientras que, para el Tribunal, dicho estudio técnico
era insuficiente, toda vez que no se refirió de manera concreta a la relación de la
metodología usada por el demandante y la de Corantioquia y tampoco indicó si la
diferencia entre el caudal medio y el solicitado ponían en riesgo la sostenibilidad
ambiental.
En cuanto al segundo aspecto, el accionante refiere que, con los testimonios
recibidos en el trámite de primera instancia, se dio cuenta que la diferencia de la
disponibilidad del recurso hídrico en rangos de entre cinco por ciento (5%) al
veinticinco (25%) era razonable y aceptable para la concesión de un permiso de
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aguas, toda vez que todos los métodos tienen un margen de error que debe ser
analizado en el caso en concreto. Por su parte, el Tribunal asegura que el
demandante falló en su propósito de demostrar que el hecho de que exista una
diferencia entre el caudal de diseño solicitado y el caudal medio del afluente no
genera como consecuencia automática la negatoria de la concesión de aguas y, por
el contrario, expuso que en caso de accederse al mencionado permiso ambiental se
pondría en peligro el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras.
De otro lado, la parte actora reprocha que el Tribunal no valoró que con las pruebas
testimoniales estaba demostrado que el caudal medio es la cantidad de agua que
en promedio presenta una fuente a lo largo del tiempo, pero que el método utilizado
por Corantioquia tiene problemas para medir la cuenca tributaria.
Finalmente, para el demandante no es viable comparar los caudales medios y de
diseño, pues no son equivalentes sino complementarios, y destacó que era un error
que en los actos demandados se haya acudido a la definición de caudal de reparto
pues este se aplicaba a proyectos distintos al que es objeto de discusión. Mientras
que, para Corantioquia, no es posible analizar dichos cargos, toda vez que los
mismos fueron planteados con la alzada, por lo que resultaban novedosos en el
presente asunto.
8.4. De los nuevos cargos planteados en el recurso de alzada.
En ese punto, tendrá que definirse es si es cierto que son novedosos los reproches
relacionados con que: (i) no era viable comparar los caudales medio y de diseño
pues no eran equivalentes sino complementarios, y (ii) que es un error acudir al
caudal de reparto pues éste aplica a eventos diferentes a los que son objeto de
estudio en el presente asunto, si la parte accionada alega que no fueron expuestos
con la demanda, sino con el recurso de apelación.
Con miras a resolver ello, lo primero que debe señalarse es que en el escrito
introductorio se controvirtió la legalidad de las Resoluciones censuradas por falsa
motivación debido a que, a juicio del señor Uribe Mejía, la diferencia encontrada
entre los caudales medio y de diseño era razonable y aceptable, de modo que se
debió acceder a otorgar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico.
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Además, reprochó que no era cierto que no hubiera presentado las
correspondientes memorias justificativas del proyecto.
Finalmente, destacó que existió desviación de poder, pues asegura que la actuación
de la accionada fue contraria a sus competencias legales y constitucionales y que
su intención fue causarle un perjuicio.
Lo anterior es relevante, pues pone en evidencia que, frente a los cuestionamientos
que ahora ocupan la atención de la Sala, la parte accionada no tuvo la posibilidad
de defenderse, lo que impide abordar su análisis de fondo en esta sede, so pena de
vulnerar las garantías al debido proceso del extremo pasivo de este trámite. Ello es
así, pues, de conformidad con el numeral 4 del artículo 137 del CCA, la oportunidad
que tiene la parte actora para exponer los puntos de hecho y derecho que considera
relevantes para que el Juez acoja sus pretensiones es la demanda o su reforma20.
Por ende, la Sala se abstendrá de resolver de fondo los anotados reproches y
procederá a definir los cargos relacionados con la falsa motivación de la decisión
enjuiciada no sin antes precisar el concepto de esa causal de nulidad.
8.5. De la controversia respecto al dictamen pericial
Al respecto, tendrá que absolverse si son nulos los actos administrativos que
negaron una concesión de aguas para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico,
si el demandante alega que en el dictamen pericial practicado en el trámite de
instancia se establecieron los conceptos técnicos determinantes para entender los
errores en que incurrió Corantioquia al negar el anotado permiso ambiental.
Con miras a resolver dicho interrogante es pertinente señalar que, a través de
memorial calendado el 11 de julio de 2014, el Ingeniero Civil Luis Fernando Carvajal
Serna rindió la experticia que le fue encomendada por el Tribunal en auto del 27 de
enero de 201421. Ahora, de la revisión de ese análisis se advierte que se trata de
un estudio académico que, lejos de resolver una situación concreta en el asunto
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 7 de
diciembre de 2017. Proceso radicado número: 08001 23 31 000 2009 01122 01. Consejero Ponente:
Henando Sánchez Sánchez.
21 Visible a folio 395 del Cuaderno del Tribunal
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objeto de debate, se limita a traer las definiciones generales sobre los tipos de
caudales y las formas para calcularlos.
De este modo, tal y como encontró el Tribunal, en dicho estudio no existe ningún
análisis de tipo técnico que permita inferir si efectivamente los cálculos efectuados
por la autoridad ambiental son erróneos o imprecisos. Mucho menos se determinó
si la diferencia de éstos y los hallados por el demandante eran aceptables o
razonables en términos estadísticos, como pretende hacer valer el accionante.
De hecho, en la misma experticia se reconoce explícitamente que el experto
desconoce el modelo Duberdicus que fue usado por Corantioquia para denegar el
permiso pedido por el señor Uribe Mejía; veamos:
“11. Explicará el perito si ¿conoce el modelo de cálculo de caudales
denominado DUBERDICUS, y cuáles son los parámetros o la base de datos
que alimentan el modelo?
No conozco el modelo Duberdicus en su plataforma y base de datos. De otro
lado conozco que el modelo lo usa Corantioquia para estimar la oferta hídrica
de una cuenca y que usa el concepto de balance hídrico de largo plazo. El
modelo Duberdicus fue adoptado por Corantioquia mediante Resolución 10242
de 2008 como metodología para la "administración de la demanda hídrica
superficial" en su jurisdicción. La memoria explicativa define el objetivo del
modelo como "Desarrollar una herramienta de apoyo para la administración del
recurso hídrico superficial en la jurisdicción de Corantioquia”22 (Subrayas de la
Sala).
Inclusive, el perito, al ser cuestionado respecto a si el demandante había cumplido
con los requisitos para acceder a otorgar de la concesión de aguas, señaló que no
pudo acceder al Expediente CA3-08-14 contentivo de los antecedentes
administrativos de expedición de los actos demandados. Además, se limitó a citar
algunos de los informes técnicos expuestos en ese trámite y reiteró las razones que
llevaron a la autoridad ambiental demandada a negar el aludido permiso, pero sin
exponer su opinión profesional sobre la materia, tal y como se puede observar
enseguida:
“22. Realizará el perito la revisión del Expediente CA3-08-14, en el que se
tramitó la Concesión de Aguas para generación hidroeléctrica del Rio San
Antonio, en el Municipio de Támesis, por Corantioquia y verificará si el
solicitante, desde el punto de vista técnico, cumplió con los requisitos que con
base en su experiencia y conocimiento, se requerirían para otorgar la concesión
de aguas?
22 Visible a folio 567 del Cuaderno del Tribunal
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Con relación al informe técnico CA3-08-14, se hicieron las gestiones respectivas
ante Corantioquia para acceder al archivo, este archivo se encuentra en la
regional Cartama Municipio de Jericó, debido a los plazos para presentar el
informe no fue posible acceder a este. Se consultaron los informes técnico CA-
11972 del 17 de julio de 2009, informe técnico 130CA-13583 del 23 de agosto
de 2010, la resolución 1306350 del 23 de septiembre de 2010, informe técnico
130 CA-13934 del 5 de noviembre de 2010, el informe técnico 130 CA-13996
del 17 de noviembre de 2010 y la resolución número 130CA6491 del 13 de
diciembre de 2010. En los informes técnicos y resoluciones Corantioquia
rechaza la solicitud de concesión de agua por no cumplir con el criterio de
disponibilidad hídrica, este es el caudal medio menos el caudal ecológico.
Según los informes la solicitud del Señor Carlos Alberto Uribe excede el criterio,
calculado con el método Duberdicus. Se hace referencia según el material
consultado que el informe de factibilidad solo presenta los datos de dos
métodos, el de rendimiento y el de cobertura vegetal de Holdrige, Tossi, Pérez
y Espinal. Se anexa los informes técnicos y resoluciones citados en esta
respuesta”23 (Subrayas de la Sala).
Lo hasta aquí expuesto da cuenta que el anotado dictamen pericial no es
concluyente para dirimir la controversia y, por ende, lo procedente era apartarse de
lo allí expuesto.
En efecto, la Sala pone de relieve que la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: “(i) el
perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus
conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos
propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por
autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el
concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea
competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un
motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción
por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones
sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones
sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la
contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas
23 Visible a folios 574 del Cuaderno del Tribunal
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no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas24.”25
De este modo es claro que el cargo parte de una premisa falsa, pues no es cierto
que en la anotada experticia se hallan conceptos técnicos que resulten
determinantes para enrostrar alguna equivocación en la motivación de las
decisiones demandadas. Al contrario, como se vio, en dicho peritaje no se
analizaron las razones concretas que llevaron a Corantioquia a denegar el permiso
pedido por el accionante, de modo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.6. De los reproches relacionados con la disponibilidad del recurso hídrico
según prueba testimonial
Al respecto tendrá que evaluarse si son nulos los actos administrativos que negaron
una concesión de aguas para la realización de un proyecto hidroeléctrico, si el
accionante alega que con los testimonios rendidos en el trámite de instancia se
probó que era razonable y aceptable la diferencia hallada en la disponibilidad del
recurso, de modo que se debió conceder el mencionado permiso ambiental.
8.6.1. Con miras a absolver dicho interrogante y para una mejor ilustración es
pertinente recordar que en la Resolución 130-6350 del 23 de septiembre de 2010,
“Por la cual se niega una concesión de aguas superficiales”, Corantioquia negó la
concesión de aguas solicitada por el señor Uribe Mejía, debido a que el caudal
solicitado para el diseño del proyecto San Antonio Uno y Dos eras superiores al
caudal medio de la cuenca del Río San Antonio; veamos:
“Observaciones:
De acuerdo con la información suministrada por el usuario la estimación de
caudales para el proyecto hidroeléctrico a filo de agua del Río San Antonio Uno
y Dos es la siguiente: Tabla 1. Información de Estimación de caudales
suministrada por el usuario.
PARÁMETROS SAN ANTONIO UNO SAN ANTONIO DOS
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. (E)
Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella
Correa Palacio.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2021, expediente nro. 25000-23-26-000-2008-00105-01(48436).
Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.
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Caudal medio del río (m3/s) 0.736 0.639
Área de captación (km2) 14.71 10.70
Caudal de diseño (m3/s) 0.846 0.735
Caudal mínimo de generación Para turbina peltón 10% del Q de diseño
(m3/s) 10% del Q de diseño
Caudal ecológico (m3/s) 0.05 0.064
Como se puede observar en la tabla anterior, el caudal medio del río San
Antonio en los sitios de captación para San Antonio Uno y San Antonio Dos es
inferior al caudal de diseño o caudal solicitado en concesión.
Para el estimativo de caudales dentro del estudio de factibilidad presentado a
la Corporación se describen varios métodos, sin embargo sólo se muestran los
datos obtenidos para el método de rendimiento de la cuenca y para el método
de formación y cobertura vegetal de Holdridge, Tossi, Pérez y Espinal,
obteniendo caudales medios inferiores a los caudales de diseño en ambos
métodos. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto a filo de agua en los
cuales es usual optimizar la potencia instalada, se considera entonces un
caudal de diseño del 115% del caudal medio calculado.
Adicionalmente, al analizar el caudal del río San Antonio para la cota 1260 en
donde se ubicará el sitio de captación de San Antonio Uno con el aplicativo
Corporativo Duberdicus para la evaluación de la disponibilidad hídrica en
jurisdicción de Corantioquia, se obtuvo un valor de caudal medio anual de 685
l/s (0.685 m3/s), con lo que se puede concluir que el caudal solicitado sobrepasa
aproximadamente en un 19% el caudal medio del Rio San Antonio en esta cota
de acuerdo con los datos calculados por la Corporación (Figura 1).
[Gráfico]
De igual forma, para el sitio de captación de San Antonio Dos en la cota 1490
del Río San Antonio, se obtuvo un caudal promedio anual de 602 l/s (0.602 m¾)
con el aplicativo Corporativo Duberdicus, el cual, se encuentra en
aproximadamente un 18% por debajo del caudal de diseño de 0.735 m
requerido por el usuario (figura 2).
[Gráfico]
Observando los resultados anteriores, se puede concluir que el caudal solicitado
por el señor Carlos Alberto Uribe Mejía para el proyecto hidroeléctrico San
Antonio Uno y Dos en las cotas 1260 y 1490 del Río San Antonio, es superior
al caudal promedio anual de la cuenca, de acuerdo con la información obtenida
con el modelo Corporativo Duberdicus, el cual es tomado como punto de
referencia para la administración del recurso hídrico en jurisdicción de
Corantioquia para este tipo de proyectos.
Teniendo en cuenta que la Corporación tiene como criterio para autorizar el uso
del recurso hídrico el cálculo del caudal disponible en las cuencas, es decir el
caudal medio menos el caudal actualmente otorgado a otros usuarios y el
caudal ecológico, no se considera técnicamente viable otorgar la concesión de
aguas dentro del expediente CA1-2010-11 debido a la falta de disponibilidad del
recurso para abastecer este proyecto en particular’.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, como el accionante consideró que la diferencia entre el caudal solicitado y el
medio hallado por Corantioquia era insignificante, en el recurso de reposición
instaurado en contra del anterior acto indicó que se allanaba a las cifras obtenidas
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por esa autoridad ambiental y que ajustaba el proyecto al caudal determinado por
la entidad demandada. Sin embargo, esta última negó esa solicitud toda vez que no
fueron aportados los estudios correspondientes que sustentaran la viabilidad del
proyecto con esas nuevas cifras. De lo anterior da cuenta la parte motiva de esa
Resolución 130CA6491 del 13 de diciembre de 2010, en la que se expresó:
“4. En el ánimo de resolver de una manera tranquila la discusión técnica, y
habida cuenta de que la diferencia es muy pequeña, manifestamos a la
corporación nuestro acogimiento al caudal medio determinado por el método
Duberdicus, esto es 685 l/s, que permitirían la instalación de 2.59 MW en SAN
ANTONIO UNO y de 602 l/s, que permitiría la instalación de 1.14 MW en SAN
ANTONIO DOS. De todas maneras, la Corporación deberá tener en cuenta, y
disminuir del caudal disponible los caudales que se encuentren actualmente
otorgados y el caudal ecológico en cada caso.
En ningún momento se han presentado discusiones sobre los caudales del río
San Antonio, la Corporación a través de la metodología Duberdicus, establece
el caudal medio; a partir de este concepto, son los usuarios, propietarios de los
proyectos interesados en utilizar los recursos, quienes tienen la obligación de
presentar propuestas claras, coherentes y precisas. En este caso la tarea de
establecer el caudal medio y disminuir el caudal ecológico y el otorgado, es de
exclusividad del usuario y no tiene porque atribuírsele a la Corporación.
Que en el actual proyecto el usuario no expresa en forma clara y precisa el
objeto y alcance de su proyecto, y entonces, en ningún momento le es dado a
la autoridad ambiental, como lo pretende en estos momentos el usuario,
proceder a otorgar los permisos requeridos; de acuerdo a las consideraciones
técnicas de quien administra el recurso.
Que de acuerdo a lo antes expuesto, se da a conocer al usuario; como la
Corporación, reitera lo expuesto en la providencia recurrida; negar la concesión
de aguas, debido a la falta de disponibilidad del recurso para abastecer el
proyecto en particular; negando además; las nuevas peticiones del usuario de
proceder a determinar, (por él, y en su lugar); los caudales disponibles en cada
uno de los puntos de captación, y como consecuencia se niega también, la
autorización de utilizar un caudal de hasta 15% adicional al caudal medio (…).”26
(Subrayas de la Sala).
Ahora, a juicio del accionante, dichas razones fueron desvirtuadas con las pruebas
testimoniales que fueron practicadas en el trámite de instancia, por lo que se
procederán a verificar las mismas:
8.6.2. Pues bien, el señor Juan Carlos Correa Jaramillo, quien se desempeñaba
como ingeniero civil en la empresa Hidrasama, que, a su vez, realizó varios estudios
de prefactibilidad para el proyecto objeto de controversia, señaló expresamente que
26 Folios 56 a 58 ibidem.
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desconocía las razones de orden técnico por las que Corantioquia negó la
concesión de aguas pedidas por el señor Uribe Mejía; veamos:
“PREGUNTADO. Conoció usted cuales fueron las razones de orden técnicas
que sirvieron de fundamento a la entidad demandada para negar la concesión
de aguas en el presente caso, CONTESTO. No, realmente no recuerdo haber
leído la resolución, ni las razones de la negativa, conozco de otros proyectos
que se han negado por diferencias en los caudales medios calculados, pero en
este no recuerdo si fue por el caudal o no”27
De este modo es claro que dicha declaración no tiene la connotación que el
demandante pretende darle, pues no es posible concluir a partir de ésta que la
diferencia entre los caudales obtenidos por la entidad accionada y el demandante
era razonable. Esto se debe a que el testigo no estaba al tanto de los motivos por
los cuales se negó el permiso solicitado por el demandante, ni tenía conocimiento
de los resultados obtenidos por Corantioquia y de los métodos empleados por esa
entidad para obtener los mismo; por lo tanto, no estaba en capacidad de realizar un
análisis sobre la idoneidad de éstos.
Ahora, aun cuando en ese testimonio se expuso que era normal que se presenten
diferencias entre el cinco (5%) y el veinticinco (25%) por ciento entre caudales, lo
cierto es que ello no fue respaldado por ningún análisis técnico; lo que, sumado a la
falta de conocimiento de las razones concretas que llevaron a la autoridad ambiental
enjuiciada a negar la petición de concesión de aguas, permite a la Sala apartarse
de lo allí señalado, en aplicación del principio de sana crítica. En efecto, dicho
principio impone al Juez el deber de valorar las pruebas testimoniales en su
conjunto, esto es, con base en los demás elementos materiales obrantes en
plenario, sin que, se insista, conste algún elemento material probatorio adicional que
permita corroborar las afirmaciones expuestas por el anotado ciudadano.
Y ello es así, porque la prueba para el caso concreto no le da certeza al juez que la
resolución enjuiciada adolece de vicio, en especial en un tema tan sensible como lo
es el uso de las aguas, en donde los principios de prevención y precaución juegan
papel determinante en las decisiones a tomar. Por ello, como quiera que queda duda
fundada del dicho del testimonio por falta de análisis técnico, la Sala estima que el
mismo no es idóneo para desvirtuar la legalidad del acto.
27 Visible a folio 524V del Cuaderno del Tribunal.
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8.6.3. De otro lado, el señor Oscar Augusto Mejía Rivera, quien, para la época de
emisión del acto enjuiciado, era Subdirector de Calidad Ambiental de Corantioquia,
sostuvo:
“PREGUNTADO. Un cálculo de caudal con una metodología estadística sobre
una fuente de estas características y que tenga una coincidencia de entre el 93
al 95% con el caudal estimado por el modelo Duberdicus puede ser considerada
aceptable o debe ser rechazada, es decir, un error menor del 7% es aceptable
para el otorgamiento de una concesión. CONTESTO Si es aceptable. Un
modelo se define como una representación simplificada de la realidad, esto
significa que se reconoce la imposibilidad de conocer la realidad. Por eso los
modelos estiman, o aproximan esa realidad y es difícil saber entre dos modelos
cuál de los dos aproxima mejor la realidad. Una corriente de agua no tiene un
único caudal, tiene infinitos caudales que van desde los mínimos en época de
verano intenso hasta las crecidas máximas en época de invierno intenso. Lo
resaltable frente a criterios sostenible de administración del agua es que esta
no se puede agotar por el exceso de uso Y que una corriente de agua es un
ecosistema complejo repleto de vida del cual depende la vida de las poblaciones
y la biodiversidad contenida en ellos. PREGUNTADO. Como resuelve
Duberdicus el evento en que haya una coincidencia de caudales del 93% para
el otorgamiento de una concesión. CONTESTO. Duberdicus no resuelve,
porque es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, el que resuelve
es el técnico encargado del trámite. Cuando hablamos de caudal en general no
es fácil responder esta pregunta, dado que existen muchos tipos de caudales.
PREGUNTADO. Sírvase indicarnos cuáles son los parámetros para resolver el
asunto planteado en la pregunta anterior ya que Duberdicus no lo resuelve.
CONTESTO. La decisión de otorgar o no un caudal solicitado dependen
de la disponibilidad hídrica. Según Duberdicus la disponibilidad hídrica se
obtiene restando a los caudales mínimos de la fuente, el caudal ecológico
que exige la ley, los caudales otorgados previamente y las demandas
futuras proyectadas. Luego de evaluar la disponibilidad esta se contrasta
con el caudal solicitado y si es mayor se considera viable otorgar la
concesión. PREGUNTADO Si el usuario en solicitud solicita un caudal en todo
caso se acoge a lo dispuesto por la Corporación frente al caudal disponible la
norma prevé que salida. CONTESTO: Hay un criterio de interés general que
es el de sostenibilidad ambiental, el cual indica que debe administrarse
pensando en las generaciones futuras. De este modo es facultad de la
Administración decidir si otorga a un solo usuario la totalidad de lo
disponible en una fuente hídrica. La modificación de la solicitud del
caudal, entiendo, que debe ser rogada o solicitada por el usuario. El
apoderado manifiesta no tener más preguntas para formular.”28 (Subrayas y
negrillas de la Sala).
De lo anterior se puede colegir que, para el ciudadano Mejía Rivera, es indiferente
que exista una coincidencia entre los caudales pedidos y el hallado por la autoridad
ambiental del noventa y tres por ciento (93%), toda vez que lo importante es la
disponibilidad del recurso hídrico. De este modo, sostuvo que la autoridad
accionada actúa con base en el principio de sostenibilidad ambiental, lo que significa
que, en atención con el interés general, evalúa cuáles son los caudales otorgados
28 Visible a folio 542 ibídem.
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con anterioridad a la petición de concesión de aguas y las demandas futuras que
puede tener el afluente, y, a partir de ello, concluye si es viable otorgar el
correspondiente permiso.
Por ende, es claro que en dicha declaración tampoco se expuso que las diferencias
entre la petición del señor Uribe Mejía y la encontrada con el método Duberdicus
fuera razonable o aceptable.
8.6.4. Por su parte, la señora Laura Patricia Sepúlveda López, quien es Geóloga de
Corantioquia, expresó.
“PREGUNTADO. Recuerda usted cuáles fueron los resultados obtenidos del
aplicativo Duberdicus y por qué razón conceptuaron ustedes que no había
suficiente disponibilidad del recurso hídrico. CONTESTO. Si, cuando estimamos
con Duberdicus los caudales de la cuenca nos dimos cuenta que el caudal
medio que solicita el usuario o propone en su estudio de factibilidad no es igual
al estimado por Corantioquia o por el aplicativo, creo que la diferencia era entre
un 6 o 7 % por encima de lo estimado por Duberdicus. Precisamente porque el
caudal que el solicitaba era mayor al caudal medio estimado por nosotros.
PREGUNTADO, Sírvase indicarnos si conoce que de los resultados obtenidos
por la aplicación de Duberdicus contemplen la posibilidad de un margen de error
y en caso afirmativo cual es dicho margen. CONTESTO. Como dije eso es una
estimación no un cálculo, no es una medición como tal porque nosotros no
pudimos aforar la cuenca 19 años para determinar si hay o no recurso hídrico,
todos los métodos incluyendo los que presenta el usuario presentan margen de
error, porque son modelos matemáticos. No conozco cual es el margen de error
con el que trabaja el modelo Duberdicus. PREGUNTADO. Sírvase indicarnos si
ambientalmente considerado era factible autorizar una concesión de aguas con
los resultados obtenidos de la aplicación del modelo Duberdicus. CONTESTO
Cuando un usuario presenta una solicitud para hidroeléctrica el proyecto es
factible dependiendo de varias cosas ambientales, la disponibilidad del recurso
hídrico, pero además también de otras condiciones como del terreno, por
ejemplo de la caída que tiene que tener entre la cuota de captación y de la
generación, puede que haya disponibilidad del recurso hídrico hasta por un
porcentaje inferior de lo que él está solicitando, pero si el usuario tiene
determinado un punto específico y ese caudal de ese lugar no se ajusta a los
requerimientos ambientales no es posible conceder esa concesión. Atendiendo
a que es una solicitud a ruego Corantioquia simplemente determina si
existe o no una disponibilidad del recurso solicitado y si hay factibilidad
para el proyecto, pues en caso de haber el recurso que se solicitó y con
base en eso determinan si otorga o no, pero no le ofrece al usuario el
recurso hídrico que no está solicitando. Se le concede el uso de la palabra
al apoderado de la parte demandada quien manifiesta no tener preguntas que
formular.” (Subrayas y negrillas de la Sala).
Así, nuevamente del citado testimonio no es dable concluir que las diferencias
encontradas entre la autoridad ambiental y el señor Uribe Mejía sean aceptables.
Por el contrario, allí se mencionó que, sin importar la diferencia, lo que verificaba
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esa autoridad ambiental era la disponibilidad del recurso hídrico solicitado y que de
ahí dependía la factibilidad para el proyecto.
8.6.5. Finalmente, se advierte que en el trámite de instancia fue obtenida la
declaración del señor Alejandro García Díaz quien sostuvo que hacía parte de la
Banca de Inversión, entidad que fue contratada por el demandante para valorar el
portafolio de proyectos hidroeléctricos y para posteriormente asesorarlo en la
financiación o venta de los mismos. Sin embargo, dicho ciudadano se refirió a cuáles
eran las condiciones económicas del citado proyecto y de los posibles compradores
al mismo y recalcó no tener conocimiento de las razones técnicas que llevaron a
que Corantioquia negara la concesión de aguas que le fue solicitada.
Ante tal panorama es claro que los mencionados testimonios no permiten desvirtuar
las razones por las cuales la entidad accionada denegó el aludido permiso
ambiental. Por el contrario, ponen de presente que el cargo parte de una premisa
equivocada, pues no es cierto que en esas declaraciones se haya indicado que la
diferencia encontrada entre los cálculos de caudales efectuados por la autoridad
ambiental y el demandante fuera razonable y aceptable.
8.7. De los reparos sobre los errores en el método Duberdicus
Ahora, deberá definirse si son nulos los actos administrativos que negaron una
concesión de aguas a un proyecto hidroeléctrico, si el demandante reprocha que en
la sentencia recurrida no se valoró que en los testimonios que fueron practicados
en el trámite de instancia, se indicó que el método utilizado por Corantioquia
(diberdicus) y que sirvió de fundamento para no acceder a otorgar el citado permiso
ambiental, tiene problemas para medir la cuenca tributaria.
8.7.1. Lo primero que observa la Sala es que tal reparo no encuentra
correspondencia con lo expuesto en el libelo introductorio, dado que, como ya se
anotó en el numeral 8.4. de esta providencia, el accionante consideró que las
decisiones censuradas eran nulas por: (i) falsa motivación, toda vez que: (a) existía
una diferencia baja entre los caudales que fueron presentados en su solicitud y los
encontrados por Corantioquia, por lo que era posible conceder la concesión de
aguas, y (b) al referir que no fueron aportados los estudios necesarios para el
otorgamiento de ese permiso, pues los mismos constaban en el expediente
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administrativo de emisión de las decisiones censuradas. Además, sostiene que los
actos demandados son ilegales por: (ii) desviación de poder, pues en su criterio, la
entidad demandada perseguía un interés distinto al establecido en sus funciones
legales y que su única intención era afectarlo.
Es entonces claro que la idoneidad del método Duberdicus no fue un punto de
divergencia sobre la validez de los actos que se censuran y fue por virtud de las
pruebas practicadas que el señor Carlos Alberto Uribe Mejía extrajo tal
inconformidad y la presentó en segunda instancia; máxime si, por el contrario, el
accionante validó los resultados que obtuvo Corantioquia, pues su reproche radicó
en que éstos se aproximaban a los que fueron entregados en su respectiva solicitud,
por lo que, al existir una diferencia mínima entre ambos cálculos, debía serle
conferido el correspondiente permiso de uso de aguas.
Así pues, se impone definir si es procedente analizar en esta sede el cargo así
construido.
8.7.2. Al respecto, lo primero que debe señalarse es que con la demanda o su
reforma el accionante delimita el objeto del litigio (pretensión) y define la causa
petendi (hechos y fundamentos de derecho) que le servirán de sustento para
respaldar su posición, de tal suerte que los demás sujetos procesales tengan
absoluta certeza de que es sobre ello y nada más que eso, sobre lo que deberán
pronunciarse en su respectiva contestación.
Siendo ello así, la obligación que asiste a la parte actora en el transcurso del devenir
procesal es probar que los hechos esgrimidos en la demanda son ciertos lo mismo
que respaldar las cuestiones de derecho. En otras palabras, el demandante debe
lograr a partir de los elementos materiales probatorios acreditar la veracidad de los
aspectos fácticos que están descritos en la causa petendi, con miras a alcanzar la
prosperidad de las pretensiones y desarrollar, de ser el caso, la fundamentación
jurídica que le permita llegar a una sentencia estimatoria.
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En efecto, el artículo 167 del CGP, aplicable por la remisión dispuesta en el artículo
267 del CCA29, determinó que es deber de las partes probar los supuestos de hecho
de las normas que consagran las consecuencias jurídicas que se pretenden
alcanzar en un debate procesal. La norma en contexto es del siguiente tenor:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía
con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará
a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la
respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas
en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba.” (Subrayas de la Sala).
En esa perspectiva, el recaudo probatorio no puede ser utilizado para ampliar los
cargos de invalidez que se formulen contra el acto que se impugna o para traer un
nuevo hecho en aras de fortalecer su posición en el litigio; de lo que se sigue que el
Juez, en aplicación del principio de congruencia, sólo podrá ponderar los
fundamentos expuestos por las partes en las oportunidades que prevé el orden
jurídico.
Admitir una lectura distinta daría al traste, de un lado, con la concepción misma de
las pruebas que, se insiste, buscan acreditar los hechos descritos en la causa
petendi; y, de otro, supondría romper el equilibrio entre las partes, pues el extremo
pasivo no tendría la posibilidad de defenderse en contra de los nuevos reproches
que se construyan a partir de la práctica de pruebas, lo que iría en detrimento de
sus derechos al debido proceso y de defensa.
29 “Articulo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”
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En consecuencia, la Sala se abstendrá a abordar dicho reparo de fondo.
8.8. En suma, la Sala confirmará la sentencia proferida el 7 de octubre de 2020,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones dispuestas en la parte
motiva de este proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 2 de noviembre de 2023.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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