Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01603-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01603-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2011-01603-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 050012331000201101603021
Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Actora: MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ
TESIS: CANCELACIÓN DE LEVANTE DE MERCANCÍA. SANCIÓN
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 503 DEL DECRETO 2685 DE 1999 DEL
200% SOBRE EL VALOR DE LA MERCANCÍA. PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA ADUANERA:
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 28 de septiembre de 2021, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta-Mixta, denegó
las pretensiones de los demás cargos de la demanda que no fueron
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia, deberán ser confrontadas de forma virtual.
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Actora: MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ
analizados en la sentencia de 22 de agosto de 2013, proferida por la
Sala Cuarta de Decisión de dicho Tribunal, todo ello en cumplimiento
de lo ordenado por esta Sección en sentencia de 24 de octubre de
2019.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La señora MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ, por conducto
de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, a través de la cual formuló las siguientes
pretensiones:
“[…] 1. Declarar la nulidad de los siguientes actos
administrativos: (i) la Resolución No. 299 del 28-feb-11, acto
este proferido por la División de Gestión de Liquidación
Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena;
y (ii) la Resolución No. 10091 del 8-jun-11, proferida por la
Dirección de Gestión Jurídica de la D.I.A.N. de Bogotá, que
resuelve negativamente el recurso de reconsideración
interpuesto por mi apoderada.
2. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad
pedida, se ordene el restablecimiento del derecho a mi
representada, lo cual debe hacerse con las siguientes o
similares declaraciones:
a. Que todos los actos que realice la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en desarrollo de lo dispuesto en las
resoluciones cuya nulidad se demandan, en virtud de la fuerza
ejecutoria que gozan, como actos administrativos que son,
queden sin efecto como consecuencia de la nulidad.
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b. Que, si en razón de esa fuerza ejecutoria de los actos
demandados, mi patrocinada ha debido pagar o llegare a pagar
alguna suma de dinero al Estado colombiano, esa suma, sea
reintegrada con el reconocimiento de la indexación e intereses
a que haya lugar, de conformidad con las variaciones
certificadas por el DANE.
c. Que se condene en costas a la Entidad por actuar
temerariamente.
d. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del
término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso
Administrativo […]”.
I.2.- Como hechos relevantes para las resultas del proceso, la actora
indicó, en síntesis, que el 26 de mayo de 2006, según la declaración
de importación con adhesivo núm. 23830013049453, el señor LUIS
ÁNGEL MONTOYA MORENO, en calidad de diplomático, importó
por el puerto de Cartagena de Indias, D.T. y C., un vehículo
automotor marca Toyota, modelo 2006, el cual fue registrado en la
Oficina de Tránsito con la placa núm. BWM642; pagó el IVA, pero fue
exonerado de pagar el arancel. Que, posteriormente, el propietario
vendió el vehículo automotor y así sucesivamente, las personas
adquirieron su propiedad mediante sendos contratos de
compraventa.
La demandante indicó que el vehículo automotor identificado con
placa núm. BWM642, pasó a ser de su propiedad en virtud de un
proceso de sucesión. Afirmó que la DIAN envió a una dirección
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errada el Requerimiento Ordinario núm. 000504 del 22 de enero de
2010, en el que informó respecto de la existencia de una
irregularidad en la importación.
Manifestó que, mediante la Resolución núm. 195 de 2 de febrero de
2010, la DIAN le notificó al importador la decisión de anular el
levante del vehículo, motivo por el cual este pasó a estar en situación
de permanencia ilegal en Colombia, pero, dicho acto administrativo
no fue notificado a la última propietaria, omisión que impidió que
ejerciera su derecho a recurrirlo.
Señaló que, a través del Requerimiento Ordinario núm. 1328 de 22
de julio de 2010, la DIAN le solicitó la entrega del vehículo
automotor, comunicación que sí fue enviada a la dirección correcta.
Que, el 20 de diciembre de 2010, la DIAN expidió el Requerimiento
Especial Aduanero núm. 342, mediante el cual propuso que se le
impusiera una sanción equivalente a $317.523.228, el cual contestó
bajo la alegación de que los actos administrativos se fundamentaron
en una prueba ilegal y sin valor probatorio, por ser una fotocopia
enviada por fax, en idioma extranjero, y, además, sin firma de su
remitente, el Cónsul General de Bélgica.
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Finalmente, anotó que, a pesar de haber advertido sobre la ilegalidad
de la prueba, la DIAN expidió la Resolución núm. 000299 de 28
de febrero de 2011, mediante la cual se acogió la propuesta
formulada por la División de Fiscalización Aduanera y ordenó imponer
la sanción de $317.523.228 y hacer efectiva la póliza de
cumplimiento expedida por la Aseguradora de Finanzas S.A.
Confianza A., frente a la cual se interpuso el recurso de
reconsideración.
Sostuvo que a través de la Resolución núm. 10091 de 8 de junio
de 2011, la demandada negó lo solicitado en el recurso de
reconsideración y confirmó, en todas sus partes, la Resolución
núm. 000299 de 28 de febrero de 2011.
I.3.- Como normas violadas la demandante señaló los artículos 29
de la Constitución Política; 260 del Código de Procedimiento Civil;
131, 228, 470, literal c), 502, numeral 1.25 y 514 del Decreto 2685
de 1999; 648 del Estatuto Tributario; y 11 del Decreto 1265 de 13
de julio de 19992.
Para sustentar el concepto de violación de estas, arguyó, en síntesis,
2 “[…]Por el cual se organiza internamente y se distribuyen las funciones de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales […]”.
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los siguientes cargos:
Primer cargo.- Alegó que los actos demandados son violatorios del
artículo 29 de la Constitución Política, por infringir el principio de
legalidad de la prueba, por cuanto, a su juicio, se fundamentaron en
un documento obtenido con violación del debido proceso, al no
cumplir con las exigencias del artículo 260 del Código de
Procedimiento Civil, norma según la cual, para que sean tenidos en
cuenta los documentos extendidos en idioma extranjero deben ser
traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un
intérprete oficial o por un traductor designado por el juez.
Para obtener la prueba que sirvió de fundamento a la expedición de
los actos administrativos demandados, mediante el exhorto núm.
042 de 19 de enero de 2009, la DIAN, le solicitó al Consulado
General de Colombia en Bélgica, que contactara al concesionario que
en ese país le había vendido el vehículo automotor al diplomático
LUIS ÁNGEL MONTOYA MORENO, con el propósito de verificar las
facturas comerciales. El Consulado informó que después de múltiples
requerimientos al concesionario, este no dio respuesta alguna. Sin
embargo, envió un fax, con un documento que había remitido una de
las empresas involucradas en la negociación del vehículo, el cual,
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para una mejor comprensión, se tradujo del idioma francés al
español, aclarando que ello no constituía una traducción oficial.
Afirmó que el fax remitido por el Consulado adolece de falta de
inspección ocular, que tal documento no constituye una declaración
jurada del proveedor porque, de hecho, no proviene del mismo, que
tampoco está avalado con la firma del Cónsul de Colombia en Bélgica,
al igual que no se realizó su traducción oficial por parte del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Sobre el punto concluyó que, evidentemente, en la valoración de
dicha prueba, la DIAN no siguió el procedimiento legal establecido
por el Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual, a su juicio,
son nulos los actos administrativos demandados. Ello es así, explica,
por cuanto estos se basaron en una prueba ilegal y nula de pleno
derecho que en modo alguno podía ser tenida en cuenta por la
administración para imponer una multa.
Segundo cargo.- En criterio de la demandante las resoluciones
acusadas también son nulas porque no le fueron notificados
oportunamente los actos administrativos anteriores al Requerimiento
Ordinario núm. 1328 de 22 de julio de 2010, por medio del cual la
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DIAN le solicitó la entrega del vehículo automotor, negándole la
oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa en todas las
etapas de la actuación administrativa, en las que no pudo interponer
los recursos previstos en la ley, contra las decisiones en ellas
adoptadas.
Tercer cargo.- Se sustentó en la consideración según la cual son
nulas las resoluciones acusadas, por cuanto la DIAN al proferirlas
realizó una interpretación errónea de la norma aplicable al momento
de la ocurrencia de los hechos.
Indicó que, para la fecha de importación del automotor, 26 de mayo
de 2006, con declaración de importación autoadhesivo núm.
23830013049453, la norma aduanera aplicable era el Decreto 4431
de 2004, artículo 10°, que adicionó, entre otros, al numeral 1.25 del
artículo 502, del Decreto 2685 de 1999, que prevé:
“[…] 1.25. Cuando dentro de los términos a que se refiere el
numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de
los procesos de control posterior se determine que los
documentos soporte presentados no corresponden con la
operación de comercio exterior declarada o, cuando
vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del
mismo artículo no se presentaron en debida forma los
documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso
en restricción legal o administrativa […]”.
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Al respecto afirmó que, con sujeción al sentido literal de la norma, la
aprehensión y decomiso de la mercancía solo se produce cuando los
documentos soporte presentados no corresponden con la operación
de comercio exterior declarada, lo cual no ocurrió con la factura del
vehículo de que aquí se trata, pues en esta sí coincide el nombre del
importador, el proveedor, direcciones, características del vehículo y
fechas, entre otros elementos identificantes. Lo único que dice la
DIAN que no corresponde es el valor, por ello consideró errado que
la entidad demandada aplicara el Decreto 3555 de 2008, que
contiene una modificación posterior a la fecha de los hechos que se
le realizó al Decreto 2685 de 1999.
Asimismo, adujo que la DIAN infringió el artículo 514 del Decreto
2685 de 1999, porque para el caso, lo que procedía era que la entidad
emitiera un requerimiento especial al diplomático importador,
proponiéndole una liquidación oficial de revisión del valor del
vehículo, de manera que se hubiese podido probar que el valor
declarado sí era el correspondiente o, en caso contrario, pagando los
tributos a que hubiere lugar, pero en todo caso vinculando a la
persona directamente.
Cuarto cargo.- Afirmó que la DIAN vulneró el artículo 131 del
Decreto 2685 de 1999, que señala: “La Declaración de Importación
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quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la
fecha de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado
Requerimiento Especial Aduanero. Cuando se ha corregido o
modificado la Declaración de Importación inicial, el término previsto
en el inciso anterior se contará a partir de la fecha de presentación y
aceptación de la Declaración de Corrección o de la modificación de la
Declaración”.
Al respecto, alegó que la declaración de importación con
autoadhesivo núm. 23830013049453, quedó en firme el 26 de
mayo de 2009; sin embargo, el requerimiento especial aduanero
con el cual se inició la actuación administrativa se profirió apenas el
20 de diciembre de 2010. A su juicio, la firmeza de la declaración
aduanera no permitía imponer sanción alguna.
I.4.- La DIAN presentó escrito de contestación, a través del cual se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, señalando
para ello que la prueba documental cuestionada se fundó en el
numeral 7, de la regla 9, de la Resolución núm. 2281 de 30 de
diciembre de 2008, y en el artículo 193 del Código de Procedimiento
Civil, normas que permiten solicitar pruebas en el extranjero a través
de exhortos, las cuales se aplicaron en este caso, a fin de establecer
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la exactitud de la factura núm. 60133 de 26 de enero de 2006.
Fue así como el Consulado General de Colombia en Bruselas, remitió
vía fax, una respuesta con traducción no oficial con copia de una
factura, en la que se pudo observar que el valor del vehículo no
coincidía con el indicado en la factura anexada con la Declaración de
Importación núm. 23830013049453 de 28 de mayo de 2006. Así las
cosas, la DIAN consideró que la prueba recaudada es un documento
público que se presume auténtico y que no fue tachado de falso y
reconocido implícitamente, según el tenor del artículo 276 del Código
de Procedimiento Civil.
Según la demandada en esta oportunidad se demostró que el
importador no cumplió adecuadamente con los requisitos señalados
en los artículos 121 del Estatuto Tributario, 470 del Estatuto
Aduanero y 488 de la Resolución núm. 4240 de 2000, referidos al
requisito de la factura comercial, motivo por el cual el vehículo
importado quedó incurso en la causal de decomiso del numeral 1.25
del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
Indicó que en dos ocasiones se requirió a la señora MARÍA ISABEL
OCHOA SÁNCHEZ, para que pusiera el vehículo a disposición de la
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DIAN, conforme a lo reglado en el artículo 503 del Estatuto
Aduanero, y que, de no ser así, procedería a adelantar un proceso
sancionatorio y a la imposición de una sanción equivalente al 200%
del valor de la mercancía.
Manifestó que, mediante el Requerimiento Especial Aduanero núm.
000342 de 15 de diciembre de 2010, se inició proceso sancionatorio
en el cual se impuso una sanción que no sobrepasó lo previsto por la
norma aplicable, que cobijó a las personas que igualmente señala la
ley.
Agregó que, ante la falencia evidenciada en el trámite administrativo
cuestionado, lo procedente era dejar sin efectos el levante de la
declaración de importación y aplicar la sanción a la propietaria del
vehículo automotor, hoy demandante. Y, respecto al término de
caducidad de la acción sancionatoria, afirmó que no ha operado,
porque este se cuenta a partir del momento en que la DIAN conoció
la irregularidad presentada en la factura núm. 60133, por lo que
dicha figura en este caso no tendría cabida
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
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Inicialmente, mediante sentencia de 22 de agosto de 2013, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión,
declaró la nulidad de los actos acusados por encontrar configurado el
fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad
demandada y, en consecuencia, declaró que la actora no le adeuda
a la DIAN ninguna de las sumas determinadas en tales actos.
No obstante, en sede de apelación de dicha providencia, esta Sala la
revocó, a través de la sentencia de 24 de octubre de 2019, al
encontrar desvirtuada la referida caducidad de la facultad
sancionatoria de la DIAN, razón por la que resolvió, además de
denegar ese cargo de la demanda, que se devolviera el expediente
al a quo para que se pronunciara en torno a los demás cargos del
libelo introductorio que no fueron objeto de consideración alguna en
la sentencia de 22 de agosto de 2013, en observancia y garantía de
los principios de lealtad procesal, debido proceso y doble instancia,
reproches que fueron precisados así: i) establecer cuál es el valor
probatorio de la copia simple de la factura y la incidencia de la
abstención de realizar su traducción oficial; ii) determinar si existió
violación del derecho al debido proceso por falta de notificación de
requerimientos ordinarios; y iii) constatar si la norma aplicada era la
correspondiente según la fecha de ocurrencia de la importación.
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Fue así como, en cumplimiento de la orden impartida por la Sección,
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta-Mixta, profirió la
sentencia de 28 de septiembre de 2021, -objeto de la actual
apelación-, mediante la cual resolvió negar las pretensiones de la
demanda, luego de analizar los citados cargos que restaban por
pronunciamiento.
Para los efectos, y luego de relacionar los hechos probados en el
expediente, consideró, con relación al cargo de violación al debido
proceso por indebida obtención de la prueba, que no está llamado a
prosperar porque el documento proveniente del exterior fue obtenido
mediante exhorto enviado al Cónsul de Colombia en Bélgica,
conforme lo previsto en el artículo 193 del C.P.C.
Sostuvo que, el cargo concerniente a la nulidad por valoración de la
factura que se encontraba en idioma distinto al castellano, también
debía declararse infundado, conforme a las siguientes tres razones:
(i) para requerir la aprehensión de la mercancía, la DIAN únicamente
valoró la falta de correspondencia de las facturas para lo cual no se
necesita traducción alguna sino que el simple cotejo visual de estas
permite evidenciar las diferencias materiales y sustanciales -
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USD$31.800.00 vs USD$50.000.00-; (ii) si bien el Cónsul General de
Colombia en Bélgica, manifestó que el documento que allegó al
expediente no era una traducción oficial, lo cierto es que el artículo
260 del C.P.C., establece que los documentos en idioma extranjero
podrán apreciarse si fueron traducidos por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, al cual pertenecía el cónsul, -artículo 5º, Decreto 355 de
7 de septiembre 20093 -; y (iii)el Consejo de Estado ha determinado
que resulta procedente la práctica y valoración de pruebas en sede
judicial, aun si no fueron recaudadas en el procedimiento
administrativo, -dictamen pericial con traducción oficial de la prueba
conforme al artículo 260 del C.P.C.-.
Acotó que tampoco prosperó el cargo de nulidad por violación del
debido proceso al haber utilizado, supuestamente, el Requerimiento
Ordinario del trámite administrativo tributario para fines aduaneros,
porque el hecho de haberlo denominado así por la DIAN, no lo
convirtió en un instrumento tributario. Que la demandada está
facultada para ordenar la aprehensión como medida cautelar.
Indicó que también debía negarse el cargo referente a la aplicación
retroactiva del artículo 6º del Decreto 3555 de 2008, que adicionó la
3 “[…] Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y
se dictan otras disposiciones […]”.
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adulteración de documentos como infracción en la introducción de
bienes, porque la razón por la cual se ordenó la aprehensión de la
mercancía fue la falta de correspondencia entre los documentos
soporte de la importación y los de la operación de comercio exterior.
Por último, anotó que está demostrado que la actora no puso a
disposición de la DIAN el vehículo de su propiedad, aun cuando se
le notificó en debida forma la medida cautelar de aprehensión, por lo
que la demandada estaba facultada para imponerle a ella, y cada uno
de los intervinientes de la operación aduanera, una multa equivalente
al 200% del valor en aduanas de la mercancía. Y, que, como la norma
no establece graduación alguna de la pena porque no se dispone
rangos de imposición de la sanción o causales atenuantes o
agravantes de responsabilidad que le permita a la administración
realizar una tasación, debía negarse la acusación de falta de
proporcionalidad en la sanción.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
A través de escrito de 15 de octubre de 2021, la actora interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de 28 de septiembre de
2021, en el que plantea los siguientes dos argumentos: (i) el primero
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lo denomina ‘Cancelación del levante’, en el que afirma que, contrario
a lo afirmado por el Tribunal, sí hay una violación al debido proceso
porque el artículo 58 de la Constitución Política prevé que “[…] se
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles […]” y fue, conforme a esa leyes civiles que
la actora adquirió el vehículo de marras por sucesión, por lo que
luego, la Administración, ante el hecho de privarla de la propiedad
de ese vehículo vía indirecta ante la cancelación del levante del
mismo, debió por lo menos comunicarle que ese automotor estaba
inmerso en una causal de aprehensión y darle la oportunidad
procesal para que ella demostrara la legal adquisición del mismo y
adjuntara las pruebas pertinentes y, si era del caso, interponer un
recurso en ejercicio del debido proceso en caso de que la Entidad le
confirmara la cancelación del levante.
Aduce que una cancelación de levante debe ser un acto
administrativo posterior a una aprehensión y no anterior a ésta, por
lo que, si se le hubiera dado la oportunidad, la actora hubiera podido
solicitar a la autoridad aduanera la vinculación de un tercero, el
importador de la mercancía y, por esta vía, la causal de aprehensión
y eventual decomiso de la mercancía se hubiera realizado frente a
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quien realmente incumplió la norma aduanera y no frente al tercero
de buena fe.
Se pregunta: ¿Acaso cancelar un levante sin ningún proceso previo
no vulnera el derecho de propiedad de una persona?, ¿O es que el
derecho de propiedad así esté en la Constitución, por ser
simplemente económico no merece protección? Ante lo cual afirma
que, no obstante, la jurisprudencia y doctrina sobre el levante como
acto administrativo condición, si un importador no obtiene levante de
su mercancía y estas no pueden ingresar al país para su consumo o
comercialización, entonces, ¿qué sucede si la DIAN otorga al
importador el levante de su mercancía? Este es un derecho sobre la
situación jurídica particular, concretamente el de disponer libremente
de la mercancía.
Indica ¿por qué se castiga al tercero adquirente de buena fe con la
cancelación del levante si este no participó en el control simultáneo
que permitió el ingreso de la mercancía al país ? A lo cual anota que
el Estado tiene herramientas jurídicas en la normatividad aduanera
y tributaria para que el real infractor aduanero pague los tributos que
ilegalmente dejó de pagar y puede hacer efectivo este derecho hasta
persiguiendo el patrimonio del infractor.
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(ii) El segundo argumento lo denomina ‘De la sanción del 200% sobre
el valor del vehículo’, en el que manifiesta que se si indagara con la
DIAN, si este mismo procedimiento sancionatorio se le surtió al
importador original del automotor en ciernes, y en efecto este ya
pagó dicha sanción, no es acorde a derecho que la actora la vuelva
a pagar.
Comenta que, si la demandada nunca requirió al importador original
para el pago de esta sanción, entonces saltaría a la luz lo
inconstitucional de la precitada sanción únicamente a la actora. Que
esa no puede ser la manera en que el Estado reprima el contrabando
y la evasión por su incidencia negativa en la economía y desarrollo
nacional, imponiendo cargas pecuniarias a quien no intervino en la
importación de la mercancía.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta
instancia, fue descorrido por las partes así:
IV.1.- La actora, mediante escrito de 25 de julio de 2022, sostiene,
luego de efectuar un recuento de los hechos, que el artículo 503 del
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Decreto 2685 de 1999, fue derogado por el Decreto 1165 de 2 de
julio de 20194, y que en su artículo 648 morigeró la norma anterior,
esto es que dicha sanción solo se debe imponer al importador y al
poseedor o tenedor, según corresponda, norma que resulta más
favorable para el sancionado en el sentido que el pago que haga uno
cualquiera de los involucrados en la investigación, la extingue
respecto de los demás.
Menciona que, al haber ocurrido un cambio en la forma de extinguir
la aplicabilidad de la sanción aduanera cuando no es posible
aprehender la mercancía, condicionado a que uno cualquiera de los
sancionados que pague la obligación extingue la de los demás, en
aplicación del principio de favorabilidad, debía aplicársele el artículo
648 del Decreto 1165 de 2019, por ser una norma más favorable
para la actora.
Insistió, por último, en la necesidad de saber si el importador del
vehículo, la agencia de aduanas o alguno de los sancionados
mediante los actos acusados, pagó la sanción aduanera de marras,
en cuyo caso solicita que se le exima de dicha obligación.
4 “[…] Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de
la Ley 1609 de 2013 […]”.
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IV.2.- La entidad demandada, a través de escrito de 26 de julio de
2022, reiteró que los actos administrativos son legales porque está
suficientemente demostrado que la actora no puso a disposición de
la autoridad aduanera el vehículo de su propiedad, aun cuando se le
notificó en debida forma la medida cautelar de aprehensión, en
consecuencia la DIAN se encontraba facultada para imponerle la
multa consagrada en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999,
equivalente al 200% del valor en aduanas de la mercancía.
Indica que el Decreto 1165 de 2019 fue publicado el 2 de julio de
2019 y entró en vigor el 2 de agosto del mismo año, fecha para la
cual la sanción aduanera impuesta a la actora ya había quedado en
firme, de manera que no se cumplen los presupuestos de su artículo
2º para la aplicación del principio de favorabilidad, debido a que
antes de la firmeza del acto no se expidió una norma que favoreciera
a la interesada.
Sostiene, además, que este argumento sí es un hecho nuevo, que ni
siquiera fue abordado en el recurso de apelación frente a la sentencia
de primera instancia de 28 de septiembre de 2021, fecha para la cual
ya había sido expedido el Decreto 1165 de 2019, por lo que no fue
discutido o debatido en sede administrativa ni en sede judicial.
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Recuerda que no es cierto que el levante se hubiese cancelado sin
ningún proceso previo, pues en los actos administrativos
demandados se relacionan claramente los antecedentes que dieron
lugar a la sanción impuesta a la señora MARÍA ISABEL OCHOA
SÁNCHEZ. Que fue precisamente la investigación que culminó con
la cancelación del levante de la referida declaración de importación,
la que dio lugar a la configuración de la causal de aprehensión
establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999, -vigente para la época de los hechos-, porque con dicha
investigación la autoridad aduanera pudo determinar que la factura
aportada como documento soporte de la declaración de importación
no correspondía a la originalmente expedida.
Señala que el citado artículo determina, como sujetos responsables
de la sanción, al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya
beneficiado de la operación, consagrando además que la autoridad
aduanera puede disponer en cualquier tiempo la aprehensión y
decomiso de mercancías. Que, en este orden de ideas, no le asiste
razón a la demandante cuando sostiene que la sanción solo se le
podía imponer a una persona, porque las normas deben ser aplicadas
en virtud del principio de igualdad, dando el mismo trato y protección
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a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones
bajo su conocimiento.
IV.3.- El Ministerio Público guardó silencio en esta instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Actos demandados
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 000299 de 28 de febrero de 2011 “[…] Por
medio de la cual impone una sanción cuando no es posible
aprehender una mercancía […]” y 10091 de 8 de junio de 2011
“[…] Por la cual se resuelven tres (3) recursos de reconsideración
[…]”, expedidas por la División de Gestión de Liquidación Aduanera
de la Dirección de Aduanas Nacionales de Cartagena de Indias, D.T.
y C., y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, respectivamente, cuyos
principales apartes son los siguientes:
“[…] RESOLUCIÓN No. 000299 DE 28 DE FEBRERO DE
2011
(…)
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al importador LUIS ÁNGEL
MONTOYA MORENO, identificado con NIT 70.125.708-8 en
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calidad de importador, a la AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL
LTDA NIVEL 2, identificado con NIT 890.406.415-6 en calidad
de declarante, a MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ
identificado con NIT 43.608.160-8 en calidad de actual
propietario, y a IVES HALLEY CORPORATION DE COLOMBIA
LTDA con NIT 830.053.381-1 en calidad de adquiriente en el
exterior, una sanción de TRESCIENTOS DIECISIETE
MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($317.523.228,00) de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia,
acogiendo en toda su extensión la propuesta de sanción
formulada por la División de Fiscalización Aduanera con
Requerimiento Especial 000342 del 15/12/2010.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos de imponer la sanción
correspondiente, debe tenerse en:
Valor aduanero de la mercancía
$158.716.613,92
Valor de la sanción 200% del valor en aduanas
$317.523.228,00
Son TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
($317.523.228,00), que equivale al 200% del valor en Aduanas
de la mercancía […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 10091 DE 8 DE JUNIO DE
2011
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la configuración del Silencio
Administrativo Positivo previsto en el artículo 519 del Decreto
2685 de 1999 solicitado por el señor ÁLVARO DE JESÚS DEL
VALLE OVIEDO, Apoderado Especial de la sociedad IVES
HALLEY CORPORATION DE COLOMBIA LTDA y el señor LUIS
ÁNGEL MONTOYA MORENO. Contra esta decisión procede
únicamente el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del presente acto ante la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos en la Coordinación de Documentación,
ubicada en la Carrera 7® No. 6- 54 piso 1, Edificio Sendas de
la ciudad de Bogotá.
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución No. 1-48-
201-241-668-000299 del 28 de febrero de 2011, por la cual la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cartagena impuso la sanción del doscientos por
ciento (200%) prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de
1999 al importador LUIS ÁNGEL MONTOYA MORENO, al
declarante AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA NIVEL 2, al
actual propietario MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ y al
adquirente en el exterior IVES HALLEY CORPORATION DE
COLOMBIA LTDA, por el valor de TRESCIENTOS
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($317.523.228), por lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
V.2.- Problema jurídico
De conformidad con los precisos argumentos expuestos por el
apelante en su escrito de impugnación, le corresponde a la Sala
establecer si los actos acusados son irregulares, únicamente, por
cuanto se le vulneró el debido proceso en el marco de la cancelación
del levante de la importación del automotor de marras, así como por
las circunstancias que rodearon la imposición, a su cargo, de la
sanción del 200% sobre el valor del vehículo en aduanas.
V.3.- Análisis del caso concreto
A partir de las pruebas arrimadas al proceso, la Sala pudo determinar
que la DIAN, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de las
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importaciones realizadas por diplomáticos, realizó una visita de
inspección y registro el 28 de noviembre de 2008 y encontró en las
instalaciones de la AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA.
NIVEL 2, entre otros documentos, la factura núm. 60133 de 26 de
enero de 2006, soporte de la Declaración de Importación núm.
23830013049453 de 26 de mayo de 2006, correspondiente al
‘VEHÍCULO CAMPERO TOYOTA LAND CRUISER STATION WAGON’.
Con oficio 000013 de 06 de enero de 2009, se solicitó la práctica de
pruebas en el exterior con el fin de obtener copia y verificar la
autenticidad de la factura núm. 60133 de 26 de enero de 2006 a
nombre de LUIS ÁNGEL MONTOYA MORENO. El 25 de junio de
2009, fue radicado con número 026976, en la Dirección Seccional de
Aduanas de Cartagena, el oficio núm. T002TT348-1073 suscrito por
la Coordinadora de la OFICINA REGIONAL DE ENLACE DE
INTELIGENCIA, RILO (Regional Intelligence Liaison Offices)5, con el
que se adjuntaron copia del oficio C 120 y comunicación que envió el
proveedor en el exterior DEMIMPEX-VRP, como respuesta al
5 Disponible [en línea]: [https://www.aduana.cl/oficina-regional-de-enlace-de-inteligencia-
rilo/aduana/2007-02-27/233346.html]: “[…] La Oficina Regional de Enlace de Inteligencia,
RILO (Regional Intelligence Liaison Office) es una red mundial para el intercambio de
información entre las Aduanas de todo el mundo, que maneja datos relacionados con las
actividades ilícitas relativas a materias aduaneras, y que opera bajo el marco de la OMA
(Organización Mundial de Aduanas) […]”.
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Exhorto núm. 042 de 19 de enero de 2009, remitido al Consulado
General de Colombia en Bruselas.
La División de Gestión y Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cartagena, mediante Auto de Apertura de 13 de agosto
de 2009, abrió la investigación identificada con número único de
radicación CU-2008-2009-00682, con la finalidad de definir la
situación jurídica de la mercancía, debido a una presunta falsedad de
documentos, luego de evidenciarse inconsistencia entre el valor de
la factura núm. 60133 26 de enero de 2006, con monto de 50.000€,
expedida por el proveedor en el exterior DEMIMPEX-VRP, por la
compraventa del vehículo con chasis JTEHC05J404033535, y la
factura núm. 60133 de 26 de enero de 2006, con monto de
USD$31.800, aportada como documento soporte de la respectiva
declaración de importación del mismo automotor.
Mediante oficio núm. DIGEFIS 01-48-238-419-001912 de 9 de
diciembre de 2009, se le solicitó apoyo a la Subdirección de Gestión
de Inteligencia Policial Grupo Automotores de la DIAN para ubicar y
aprehender el vehículo importado de placa BWM-642, por
encontrarse incurso en la causal de aprehensión y decomiso prevista
en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
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Se requirió por Oficio núm. 01-48-238-419-0079 de 20 de enero de
2010, a la División de Gestión de Operación Aduanera, la cancelación
del levante que se le había otorgado a la Declaración de Importación
núm. 23830013049453 de 26 de mayo de 2006, con núm.
Aceptación 062006000109832 de 25 de mayo de 2006 y Levante
núm. 062006000104276 de 26 de mayo de 2006, por cuanto la
mercancía que la amparaba resultó incursa en la causal de
aprehensión del numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999, razón por la cual fue expedida la Resolución núm. 000195 de
2 de febrero de 2010, con la que se decidió anular el levante en
mención, al verificarse las citadas irregularidades.
El 22 de enero de 2010, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, a través de los
Requerimientos Ordinarios núms. 1-48-238-219-00076 y 1-48-238-
219-00060, solicitó a los señores LUÍS ÁNGEL MONTOYA
MORENO, identificado con NIT. 70.125.708-8, -importador- y
MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ, identificada con NIT.
43.608.160-8, -propietaria-, poner a disposición de ese Despacho la
mercancía descrita en la declaración de importación con
autoadhesivo núm. 23830013049453 de 26 de mayo de 2006, por
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cuanto se encontraba incursa en la causal de aprehensión prevista
en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, luego
de determinarse, mediante Exhorto núm. 042 de 19 de enero de
2009, la irregularidad en la factura aportada como documento
soporte de la importación, so pena de incurrir en la sanción del
doscientos por ciento 200% del artículo 503 del mismo
ordenamiento.
El 22 de julio de 2010, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, mediante el
Requerimiento Ordinario núm. 1-48-238-219-1328, solicitó,
nuevamente, a la señora MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ,
identificada con NIT. 43.608.160-8, poner a disposición de ese
Despacho, la mercancía descrita en la declaración de importación con
autoadhesivo núm.23830013049453 de 26 de mayo de 2006, por
cuanto seguía incursa en la causal de aprehensión prevista en el
numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
Por su parte, el 10 de agosto de 2010, a través de comunicación con
radicado núm. 026630 de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cartagena, el señor DIDIER GILBERTO GONZÁLEZ CASTAÑEDA,
apoderado especial de la señora MARÍA ISABEL OCHOA
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SÁNCHEZ, respondió al Requerimiento Ordinario No. 1-48-238-219-
1328 con la exposición de las razones jurídicas que las que se
defendieron, y, con oficio num. 1552 de 23 de agosto de 2010, la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cartagena, dio respuesta al apoderado, reiterando la
solicitud de poner a disposición la referida mercancía.
Con el Requerimiento Especial Aduanero núm. 450-2.13-000342 de
15 de diciembre de 2010, la División de Gestión de Fiscalización de
la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, formuló la
aplicación de la sanción del doscientos por ciento (200%) prevista en
el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, al señor LUIS ÁNGEL
MONTOYA MORENO, en calidad de importador, a la sociedad
AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA. NIVEL 2, en calidad de
declarante, a la señora MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ, en
calidad de actual propietaria, y a la sociedad IVES HALLEY
CORPORATION DE COLOMBIA LTDA., en calidad de adquirente
en el exterior, por la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES,
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL, DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS,
MONEDA CORRIENTE ($317.523.228).
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El 21 de enero de 2011, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, negó la práctica de
una prueba solicitada por la señora MARÍA ISABEL OCHOA
SÁNCHEZ por considerarla inconducente e impertinente para
desvirtuar los hechos que se debaten en la investigación
administrativa aduanera, luego de lo cual, mediante Resolución
núm. 1-48-201-241-668-000299 de 28 de febrero de 2011,
con la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cartagena, impuso la sanción del doscientos por ciento
(200%) prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, al
señor LUIS ÁNGEL MONTOYA MORENO, en calidad de importador,
a la sociedad AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA. NIVEL 2,
en calidad de declarante, a la señora MARÍA ISABEL OCHOA
SÁNCHEZ, en calidad de actual propietaria, y a la sociedad IVES
HALLEY CORPORATION DE COLOMBIA LTDA., en calidad de
adquirente en el exterior, por la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE
MILLONES, QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL, DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS, MONEDA CORRIENTE ($317.523.228).
Finalmente, los señores LUIS ÁNGEL MONTOYA MORENO y
MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ, así como la sociedad IVES
HALLEY CORPORATION DE COLOMBIA LTDA. y la AGENCIA DE
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ADUANAS ACOEXAL LTDA NIVEL 2, interpusieron recursos de
reconsideración en contra del anterior acto, los cuales fueron
resueltos con la Resolución núm. 10091 de 8 de junio de 2011,
mediante la cual se confirmó, en su integridad, la citada sanción
aduanera.
Este fue el trámite que se adelantó para, entre otros propósitos,
iniciar el procedimiento por la infracción administrativa aduanera,
detectada bajo la configuración de la causal de aprehensión y
decomiso prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto
2685 de 1999, con relación a la cual, y luego de varios
requerimientos infructuosos para tener a disposición el vehículo
importado, se concluyó con la imposición de la sanción equivalente
al 200% del valor de aquel, por no haber sido puesto a disposición
de la administración.
V.3.1.- Con relación al primer argumento de la apelación, que gira
en torno a la cancelación del levante, la Sala no advierte violación
al debido proceso ni al derecho a la propiedad privada de la actora,
como quiera que la demandada adoptó dicha decisión, en el caso
concreto, bajo las precisas formalidades que le exigía la normatividad
vigente. En efecto, el levante otorgado a la declaración de
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importación es un acto sujeto a condición que tiene el efecto jurídico
de una simple autorización automática, realizada, en muchas
ocasiones, a través de una plataforma digital puesta al servicio de
los operadores aduaneros, cuyos soportes documentales adjuntados
se presumen en regla para efectos de liberar la mercancía, sin
perjuicio que, posteriormente, la autoridad constate lo contrario,
evento en el que basta la cancelación o anulación operativa del
levante para despojarlo de sus efectos jurídicos, sin necesidad de
acudir a su revocatoria6.
El artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, prevé los eventos en los
cuales se puede autorizar el levante de la mercancía y, en
concordancia con ello, deviene en posible cancelarlo cuando se
hubiese otorgado sin el lleno de los requisitos legales, como en el
asunto bajo examen en el que la DIAN pudo constatar, en ejercicio
legítimo de sus facultades de fiscalización y control posteriores, que
6 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencias de 4 de octubre de 2007, número único de radicación
680012315000200102752, consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno, y de 22 de
febrero de 2018, número único de radicación 66001233100020100036401, consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez: “[…] En sentencia de 10 de mayo de 2007 (Expediente
00855, consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Sala reiteró las
sentencias de 4 de febrero de 1999 (Expediente núm. 5088, consejero ponente doctor
Ernesto Rafael Ariza Muñoz); de 27 de enero de 2000 (Expediente núm. 5425, consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); y de 4 de mayo de 2001 (Expediente
núm. 6664, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), para señalar que el
levante es un acto sujeto a condición, pues no obstante su expedición, si con
posterioridad al mismo las autoridades aduaneras advierten la comisión de una
infracción, mediante la facultad de fiscalización que tienen, deben proceder a
imponer las sanciones correspondientes […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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se reportaron valores divergentes entre la factura soporte de la
operación aduanera de importación, adjuntada a la autoridad para
obtener el pronto levante y libre disposición del citado automotor, y
la factura remitida, directamente, y en respuesta al citado exhorto,
por el proveedor en el exterior DEMIMPEX-VRP.
Sin perjuicio de lo mencionado, se pone de presente que: (i) la
cancelación del levante, en cualquier caso, se produjo en el marco
de la investigación identificada con número único de radicación CU-
2008-2009-00682, iniciada con Auto de Apertura de 13 de agosto de
2009, y luego de recaudar y examinar las pruebas necesarias para
arribar a dicha conclusión en apego a las garantías del debido proceso
administrativo aduanero, -aún no sancionatorio-.
(ii) Fue esa una indagación adelantada por la demandada en contra,
inicialmente, del diplomático colombiano importador del vehículo,
señor LUIS ÁNGEL MONTOYA MORENO, y su declarante,
AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA NIVEL 2, porque fueron
estas dos personas las responsables de diligenciar, presentar,
soportar y obtener las respectivas Declaración de Importación núm.
23830013049453 de 26 de mayo de 2006, Aceptación
062006000109832 de 25 de mayo de 2006 y Levante núm.
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062006000104276 de 26 de mayo de 2006, así como los señalados
de arrimar una factura con un valor incorrecto de la mercancía
importada, motivo por el cual fue a estos a quienes se les notificó la
anulación o cancelación del pluricitado levante del automotor.
Contrario a lo sostenido por la actora, ella, como última propietaria
del vehículo, al no haber participado de la operación aduanera de
importación, no tenía que ser vinculada al trámite de cancelación de
su levante, sino solo hasta cuando la autoridad le exigió poner a su
disposición la camioneta por estar incursa en la causal de
aprehensión establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999.
(iii) Por lo tanto, los actos acusados en el asunto bajo examen que
involucraron a la actora, lo hicieron porque una vez se le requirió
poner a disposición el referido automotor ante la DIAN, con fines de
aprehensión y eventual decomiso, habida cuenta que los documentos
soporte presentados por el importador y su declarante no
correspondían con la operación de comercio exterior declarada, -
numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999-, aquella en
calidad de propietaria actual no procedió de conformidad y no lo puso
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a disposición de la demandada, impidiendo así materializar la medida
cautelar de aprehensión.
Es desde ese instante que emergió la necesidad legal de la sanción
aduanera prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999,
equivalente al 200% del valor en aduanas de la mercancía
relacionada en la Declaración de Importación núm. 23830013049453
de 26 de mayo de 2006, sanción propuesta mediante Requerimiento
Especial Aduanero núm. 450-2.13-000342 de 15 de diciembre de
2010, e impuesta mediante las acusadas resoluciones núms.
000299 de 28 de febrero de 2011 y 10091 de 8 de junio de
2011.
En medio de este contexto, la actora, al decidir omitir la orden
perentoria impartida por la autoridad aduanera de poner a su
disposición la citada mercancía con fines de aprehensión y, al
mantener, a contrario sensu, la posesión del automotor de marras,
se expuso, de forma deliberada, a las consecuencias sancionatorias
de su conducta, que en este caso censuraron la obstrucción de las
funciones de control y fiscalización sobre la mercancía que ingresó al
Territorio Nacional, sin que el reproche que formula contra la
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cancelación del levante logre desvirtuar la legalidad de los actos
administrativos demandados.
V.3.2.- Respecto del segundo argumento del recurso de apelación,
que gira en torno a que la sanción del 200% sobre el valor del
vehículo sea asumido de forma solidaria entre todos los
sancionados, esto es que si el importador pagó, debía entenderse
extinguida a favor de la actora, la Sala encuentra que esta le fue
impuesta al señor LUIS ÁNGEL MONTOYA MORENO, en calidad de
importador, a la sociedad AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL
LTDA. NIVEL 2, en calidad de declarante, a la señora MARÍA
ISABEL OCHOA SÁNCHEZ, en calidad de actual propietaria, y a la
sociedad IVES HALLEY CORPORATION DE COLOMBIA LTDA., en
calidad de adquirente en el exterior, por la suma de TRESCIENTOS
DIECISIETE MILLONES, QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL,
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, MONEDA CORRIENTE
($317.523.228.00).
El artículo 503 del Estatuto Aduanero, establece:
“[…] Artículo 503. Sanción a aplicar cuando no sea
posible aprehender la mercancía. Cuando no sea posible
aprehender la mercancía por haber sido consumida,
destruida, transformada o porque no se haya puesto a
disposición de la autoridad aduanera, procederá la
aplicación de una sanción equivalente al doscientos por
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ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se
impondrá al importador o declarante, según sea el caso.
También se podrá imponer la sanción prevista en el
inciso anterior, al propietario, tenedor o poseedor, o a
quien se haya beneficiado con la operación, o a quien
tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a
quien de alguna manera intervino en dicha operación,
salvo que se trate de un adquirente con factura de
compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos
legales. Si se trata de un comerciante, la operación deberá
estar debidamente registrada en su contabilidad.
En aquellos casos en que no se cuente con elementos
suficientes para determinar el valor en aduana de la mercancía
que no se haya podido aprehender, para el cálculo de la sanción
mencionada se tomará como base el valor comercial,
disminuido en el monto de los elementos extraños al valor en
aduana, tales como el porcentaje de los tributos aduaneros que
correspondan a dicha clase de mercancía.
La imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana
la situación irregular en que se encuentre la mercancía, y en
consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer en
cualquier tiempo su aprehensión y decomiso […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Esta norma prevé la posibilidad de aplicar la misma sanción a cada
uno de los individuos intervinientes en la operación por la cual se
requirieron las mercancías que no fueron puestas a su disposición
dentro del término otorgado. Lo anterior, por cuanto la
responsabilidad es individual y el espíritu de la norma no es otro que
el de reprimir, en forma contundente, la eventual comisión de
conductas delictivas como el contrabando, lavado de activos y la
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evasión de impuestos, que afectan en gran medida el patrimonio y
el progreso del país7.
Así lo señaló esta Corporación, en sentencia de 20 de junio de 2012,
expediente núm. 2008-00171-018, en la que se precisó, lo siguiente:
“[…] Sobre la aplicación de la sanción objeto de la controversia,
la Jurisprudencia de la Sala ha señalado que9:
“[…] Así las cosas, si las obligaciones aduaneras son “de
carácter personal”, resulta lógico pensar que la
responsabilidad que se derive de su
incumplimiento participe igualmente de ese mismo
carácter. Por lo anterior, no es dable entender, tal
como lo hacen los demandantes de manera equivocada,
que la multa equivalente al 200% del valor en aduana
de la mercancía a que alude la norma interpretada, deba
ser asumido de manera conjunta por todos los
responsables de las obligaciones aduaneras y
menos aún que el legislador, al establecer el
importe de dicha sanción, haya estado inspirado en
el propósito de establecer un sistema de
responsabilidad compartida, buscando que todos
los que participaron en la infracción aduanera,
concurran solidariamente en el pago de la multa.
Eso sería tan extremo como entender que, en los casos
de coautoría en la comisión de un delito, el tiempo de
privación de la libertad previsto como sanción deba
distribuirse equitativamente entre los distintos
implicados, o que habiéndose condenado a uno de ellos
a la pena máxima prevista en el Código Penal para el
respectivo delito, los demás queden exonerados de ir a
la cárcel.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
8 de febrero de 2018, número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00054-01,
consejera ponente María Elizabeth García González.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
20 de junio de 2012, radicado 2008-00171-01, consejera ponente María Elizabeth García
González.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
16 de septiembre de 2010, expediente núm. 2004-00081, consejero ponente Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta.
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Resulta oportuno destacar que cuando el artículo 503 del
Decreto 2685 de 1999, dispone que cuando no sea
posible la aprehensión o decomiso de la mercancía la
sanción a imponer será la de una multa equivalente al
doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la
mercancía, no se está hablando propiamente de
‘obligaciones aduaneras’, sino de las ‘sanciones
aduaneras’ derivadas del incumplimiento de tales
obligaciones.
Para esta Corporación resulta claro que el precepto legal
en cita consagra la posibilidad de aplicar
individualmente esa misma multa a los distintos
sujetos intervinientes en la respectiva operación
de contrabando, pues en últimas, al establecer esa
sanción pecuniaria, el legislador, antes que buscar el
recaudo efectivo de los tributos aduaneros dejados de
cancelar, lo que está haciendo realmente es dosificar la
pena, buscando reprimir drásticamente la evasión
y el contrabando, tomando en cuenta su incidencia
negativa en la economía nacional y en el desarrollo
del país.
Por lo anterior, se impone la reiteración de los
criterios consignados en la sentencia proferida el
13 de diciembre 2005, Rad. 1998-06303, M. P.
doctor Camilo Arciniegas Andrade, en donde el
Consejo de Estado expresó:
Acertó el a quo en sostener que el transportador no
puede exonerarse alegando que el propietario de la
mercancía no ha sido vinculado a la actuación. En
reiterada jurisprudencia esta Sala ha sostenido que
las responsabilidades de los sujetos de
obligaciones aduaneras son personales e
independientes.
Así las cosas, la Sala encuentra acertada la sanción aplicada
por la DIAN ante la imposibilidad de aprehender la mercancía
que se encontraba en situación de ilegalidad en el territorio
aduanero, por lo que no puede alegar la demandante, a
su favor, el hecho de que la mercancía haya obtenido
su levante y ésta a su vez haya quedado a libre
disposición del importador, pues la norma no
contempla ningún eximente de responsabilidad y, por
el contrario, incluye dentro de los eventos de
imposibilidad de aprehensión haber sido la mercancía
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“consumida, destruida o transformada” […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Con relación con los sujetos debe determinarse, a afectos de
imponerles la sanción pecuniaria, si intervinieron en los hechos que
dieron lugar a la medida de aprehensión de la mercancía y si no la
pusieron a disposición de la autoridad aduanera cuando fueron
requeridos para ello. En efecto, no es suficiente que se acredite el
hecho objetivo de la no entrega de la mercancía requerida por la
autoridad aduanera sino que es necesario determinar, además, la
participación que el importador o declarante o los demás sujetos
atrás referidos hayan tenido en la operación de importación, (en
particular, en los hechos que dieron lugar a la aprehensión), toda vez
que la obligación aduanera es de carácter personal y la
responsabilidad derivada de ella está delimitada por la intervención
del respectivo sujeto10. Debe recordarse en este punto el contenido
de los artículos 3º y 4º del Decreto 2685 de 1999, relativo a los
responsables de la obligación aduanera y a la naturaleza de esta
obligación11:
10 En ese sentido, la Sala reitera el criterio que expuso en las sentencias de 3 de julio de
2014, proferida en el proceso con radicación número 25000232400020090025301, y 26 de
noviembre de 2015, proferida en el proceso con radicación número 250002324000200900405
01, amblas con ponencia del consejero de Estado Guillermo Vargas Ayala.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
18 de febrero de 2016, número único de radicación 13001-23-31-000-2008-00072-01,
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.
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“[…] Artículo 3. Responsables de la obligación
aduanera. De conformidad con las normas correspondientes,
serán responsables de las obligaciones aduaneras, el
importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el
tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de
las obligaciones que se deriven por su intervención, el
transportador, el agente de carga internacional, el
depositario, intermediario y el declarante, en los
términos previstos en el presente Decreto […]”.
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 4. Naturaleza de la obligación aduanera. La
obligación aduanera es de carácter personal, sin perjuicio de
que se pueda hacer efectivo su cumplimiento sobre la
mercancía, mediante el abandono o el decomiso, con
preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación que
recaiga sobre ella […]”.
En ese contexto, y según lo dispuesto en el artículo 503 del Decreto
2685 de 1999, la sanción por la no entrega puede ser impuesta tanto
al importador como al declarante y propietario, toda vez que, como
lo ha dejado decantado la jurisprudencia de la Sección Primera, las
responsabilidades de los sujetos de las obligaciones aduaneras son
personales e independientes, si la conducta reprochada da lugar a
ello12.
Recientemente, la Sección estableció al respecto:
“[…] En este mismo sentido, la Sala considera necesario
recordar que, a través de la reiterada y pacifica jurisprudencia
de la Corporación, se han señalado tanto las diferencias entre
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-Descongestión,
sentencia de 1o. de marzo de 2018, número único de radicación 13001-23-31-000-2011-
00430-01, consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio. Sección Primera, sentencia de
25 de febrero de 2021, número único de radicación 25000-23-24-000-2009-00242-03,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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responsable de la obligación aduanera y la sanción que deriva
del incumplimiento de las mismas, como la posibilidad de la
concurrencia de sanciones respecto de quienes
omitieren el cumplimiento de sus obligaciones
aduaneras.
(…)
En ese contexto, y según lo dispuesto en el artículo 503
del Decreto 2685 de 1999, la sanción por la no entrega
de las mercancías puede ser impuesta tanto al
declarante como al poseedor o tenedor de las mismas,
pues las responsabilidades de los sujetos de las
obligaciones aduaneras son personales e
independientes, de ahí que es errado afirmar que, en los
actos administrativos acusados y en la sentencia de primera
instancia, se realizó una interpretación extensiva de la referida
disposición, en la medida en que la sanción puede ser impuesta
a más de una persona, si la conducta reprochada da lugar a
ello.
De lo anterior se desprende que la DIAN, en ejercicio de
la función fiscalizadora y para evitar que dentro del
territorio nacional circulen mercancías de contrabando,
puede imponer sanción de que trata el artículo 503 del
Decreto 2685 de 1999, por no poner a disposición la
mercancía requerida respecto de los dos sujetos en
mención. De allí que sea posible sancionar al intermediario
aduanero que presentó la declaración de importación y quien
no permitió a la autoridad aduanera verificar si lo consignado
en la declaración de importación correspondía con la realidad
y, de igual forma, a quien debía tener en posesión la
mercancía solicitada.
Nótese cómo la finalidad de una y otra sanción es
diferente, pues mientras que la impuesta a la
intermediaria reprocha el incumplimiento de sus
obligaciones como auxiliar de la función administrativa,
relacionada con la presentación de documentos ante la
autoridad aduanera y que lo consignado en ellos sea
verificable, lo cierto es que la impuesta al Depósito
Container Yard responde a la necesidad de combatir el
contrabando, pues, como se dijo en párrafos
precedentes, la mercancía que no se encuentre
amparada en declaración de importación o en un
documento equivalente, se presume de contrabando y
debe retirarse de circulación; sin embargo, al no poder
realizarse dicha operación debe imponerse una sanción
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que contempla nuestro ordenamiento jurídico […]” 13
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Fue así como, en el mismo sentido, lo dejó establecido la DIAN desde
la misma formulación del Requerimiento Especial Aduanero núm.
000342 de 15 de diciembre de 2010:
“[…] Así las cosas, es claro el tenor literal del artículo 503
trascrito al disponer que la sanción allí establecida, equivalente
al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la
mercancía cuya aprehensión no haya sido posible, se
impondrá al importador o declarante, según sea el caso,
así como también es procedente la propuesta de sanción
al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya
beneficiado de la operación; o a quien tuvo derecho o
disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna
manera intervino en dicha operación.
(…)
Los términos se cumplieron, sin que los interesados pusieran a
disposición de esta Dirección Seccional la mercancía señalada.
(…)
Al respecto el concepto 097 de 2001 dispone:
“Sin embargo y sin perjuicio de la exigencia que le
atañe al mismo, consagra que esta sanción procede
igualmente contra el propietario, tenedor, poseedor,
o contra quien se haya beneficiado de la operación, o
contra quien tuvo derecho o disposición sobre las
mercancías, o contra quien de alguna manera
intervino en la operación; dejando en claro de esta
forma la viabilidad de imponer la sanción a cualquier
sujeto, independientemente de que el mismo haya
sido reconocido, autorizado o inscrito ante la DIAN
para el ejercicio de actividades propias de la función
aduanera.
Es decir que sí es viable imponer la sanción de que
trata este artículo a personas Jurídicas reconocidas,
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
25 de julio de 2019, número único de radicación 13001-23-31-000-2011-00619-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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inscritas o autorizadas por la DIAN para el ejercicio
de actividades propias de la función aduanera cuando
las mismas, confluyan en desarrollo de la acción que
enmarca los verbos rectores de la norma.
(…)
Luego entonces la sanción prevista en el artículo 503 del
Decretal 2685 de 1999, recaerá contra quienes hayan
desarrollado las conductas previstas en la norma,
independientemente de la calidad de usuario aduanero
reconocida, inscrita o autorizada porta DIAN”.
En relación al tema el concepto 128 de diciembre 30 de 2003,
señala:
“En efecto, cuando el inciso segundo del artículo 503 ibídem
utiliza el adverbio “También” que significa, “igual”, la norma
consagra la posibilidad de aplicar el mismo monto de la
sanción a los sujetos allí mencionados, en la medida en que
ostenten las calidades allí descritas y se les demuestre
intervención en la operación que inicialmente generaba la
medida de aprehensión de la mercancía pero que en razón
a su consumo, destrucción, transformación o por no
ponerla a disposición a la autoridad aduanera, no fue
posible ejecutar. De tal manera que, establecida la
responsabilidad, la sanción deberá imponerse a cada
uno de ellos y no a prorrata de los participantes toda
vez que la razonabilidad y proporcionalidad de la
sanción, como atributos de valor, no pueden ser
objeto de análisis y de aplicación por la autoridad
encargada de imponer la sanción prevista, cuando la
sanción está expresamente tasada, principios que si
se pueden aplicar en aquellos casos en que la norma
que tipifica la infracción establece un margen o rango
en la sanción”.
La Factura No. 60133 por valor de 31.800 dólares, no fue
emitida por el vendedor DEMIMPEX-VRP, así las cosas, si
AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA NIVEL 2, actuó ante las
autoridades aduaneras como declarante en nombre de LUIS
ANGEL MONTOYA MORENO, será responsable en los
términos ya señalados, lo cual comporta naturalmente la
viabilidad jurídica de ser sujeto pasivo de la sanción
contemplada en el artículo 503 del Decreto 2685 de
1999.
Esto, sin perjuicio de la posibilidad de imponer la
referida sanción al propietario, tenedor o poseedor, o a
quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo
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derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de
alguna manera intervino en dicha operación, conforme a
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo en cita.
Conforme con la norma citada y atendiendo el principio de
legalidad y tipicidad de la falta tenemos que la norma es clara
en imponer una sanción equivalente al 200% del valor en
aduana de la misma. ¿A quién se impone? Al importador o
declarante, según sea el caso, precisa la norma, lo cual quiere
decir que cuando una persona actúe como importador directo,
será éste el directamente responsable, pero cuando actúe a
través de un intermediario aduanero porque así se lo exige la
legislación, teniendo éste que velar por el debido cumplimiento
de las normas aduaneras, el no hacerlo implica su
responsabilidad por la conducta descrita en la norma
comentada, sin perjuicio de que se le aplique la sanción
al importador cumplimiento del inciso segundo de la
misma norma en atención al análisis realizado a
continuación, cuando también se le determine
responsabilidad respecto a la infracción cometida […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Y en las resoluciones núms. 000299 de 28 de febrero de 2011
y 10091 de 8 de junio de 2011, la demandada reiteró los citados
fundamentos fácticos y jurídicos del Requerimiento Especial
Aduanero núm. 000342 de 15 de diciembre de 2010, para concluir
que:
“[…] Para desatar este problema es necesario conocer la
naturaleza jurídica de la sanción contenida en el artículo 503
del decreto 2685 de 1999.
Esta sanción es de naturaleza ACCESORIA y deviene de la
imposibilidad de aprehender una mercancía, por haber sido
consumida, destruida, transformada o porque no se haya
puesto a disposición de la autoridad aduanera, la sanción
aplicable será del 200% del valor en aduana de la misma.
Lo primero que debemos determinar es, si se presentó
una infracción administrativa de tipo aduanero, y
posteriormente empezaremos a analizar
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individualmente la conducta desplegada por cada uno de
los intervinientes en el investigativo como sujetos
pasivos.
(…)
Tanto al importador, a la agencia de aduanas que actúo
como declarante, al propietario actual y a la empresa
que realizó la operación en el exterior, se les solicitó
poner a disposición de la autoridad aduanera la
mercancía de marras, por ingresar mercancía al país sin
los documentos soporte requeridos, lo que conlleva a su
ilegal permanencia en el territorio aduanero nacional,
por lo que les sería aplicable lo establecido en el artículo
503 del Decreto 2685 de 1999.
(…)
Es por eso que este Despacho procederá a imponer una
sanción a LUIS ANGEL MONTOYA MORENO NIT
70.125.708-8 como importador, AGENCIA DE ADUANAS
ACOEXAL LTDA NIVEL 2, NIT 890.406.415-6 como
declarante, MARIA ISABEL OCHOA SANCHEZ NIT
43.608.160-8 como actual propietario, IVÉS hALLEY
CORPORATION DE COLOMBIA LTDA NIT 830.053.381-1
corrió adquirente en el exterior; de TRESCIENTOS
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VENITITRES MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($317.523.228,oo),
que equivale al 200% del Valor en Aduanas de la
mercancía.
Aunado a la sanción, se seguirán las investigaciones a fin de
establecer el paradero de la mercancía, tal y como lo establece
el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 que dispone: “…la
imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana
la situación irregular en que se encuentre la mercancía y, en
consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer en
cualquier tiempo su aprehensión y decomiso […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
En el caso concreto, por lo mismo, le resulta improcedente al
apelante pretender el pago solidario o mancomunado de la sanción
que le fue impuesta por la demandada a través de los actos
acusados, como quiera que fue establecida su responsabilidad
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individual, luego de desplegar una conducta omisiva ante el
requerimiento de la autoridad aduanera de poner a su disposición el
automotor ilegalmente introducido al Territorio Nacional, para fines
de aprehensión, en los términos del numeral 1.25 del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999.
V.3.3.- Por otra parte, la norma que invoca la actora en su escrito
de alegatos de conclusión, en aparente garantía del principio de
favorabilidad, corresponde al artículo 648 del Decreto 1165
de 2019, que entró en vigor el 2 de agosto de 2019 14 , -con
posterioridad a la expedición a los actos sancionatorios-, derogatorio
del Decreto 390 de 7 de marzo de 201615, -también posterior a los
actos acusados, entró en vigor el 22 de marzo de 201616-, y que
determinan lo siguiente:
“[…] Decreto 390 de 2016
Artículo 551. Sanción a aplicar cuando no sea posible
aprehender la mercancía. Cuando no sea posible aprehender
la mercancía porque no se haya puesto a disposición de la
14 “[…] Artículo 775. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia una vez
transcurridos treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial, conforme con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 2°
de la Ley 1609 de 2013.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2019 […]”.
15 “[…] Por el cual se establece la regulación aduanera […]”.
16 “[…] Artículo 674. Aplicación escalonada. La vigencia del presente decreto
iniciará quince (15) días comunes después de su publicación, conforme a las
siguientes reglas:
En la misma fecha en que entre en vigencia, entrarán a regir los artículos 1 a 4; 7; 9 a 34;
numeral 2.1. del artículo 35; 36 a 41; 43, 44; 111 a 113; 155 a 166; 486 a 503; 505 a
510; 550 a 561; 611 a 673 […]” (Negrillas y subraya fuera de texto).
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autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción de
multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del avalúo
de la misma, que se impondrá al importador y al poseedor o
tenedor, según corresponda.
(…)
La sanción prevista en este artículo sólo se podrá exigir
una sola vez, por lo que el primero que la cancele
extingue la obligación de pago respecto de los demás
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto)
“[…] Decreto 1165 de 2019
Artículo 648. Sanción a aplicar cuando no sea posible
aprehender la mercancía. Cuando no sea posible aprehender
la mercancía porque no se haya puesto a disposición de la
autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción de
multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en
aduanas, o, en su defecto, del avalúo de la misma, que se
impondrá al importador y al poseedor o tenedor, según
corresponda. <Inciso modificado por el artículo 119 del Decreto
360 de 7 de mayo de 202117>
La sanción prevista en este artículo solo se podrá exigir
una sola vez, por lo que el primero que la cancele
extingue la obligación de pago respecto de los demás
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La posterior redacción de esta disposición que regula la sanción a
aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía, previó,
expresamente, la solidaridad en el pago de aquella, en tanto que el
primero de los sancionados que la cancele extingue la obligación de
pago respecto de los demás, lo que en efecto representa un escenario
distinto al antes analizado y que permaneció vigente hasta la entrada
en vigor de los citados decretos 390 de 2016, -22 de marzo de 2016-
, y 1165 de 2019, -2 de agosto de 2019-.
17 “[…] Por el cual se modifica el Decreto 1165 de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y
se dictan otras disposiciones […]”.
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No obstante, son dos las razones que impiden la variación de la
obligación individual impuesta a la actora mediante las acusadas
resoluciones núms. 000299 de 28 de febrero de 2011 y 10091
de 8 de junio de 2011, a la novedosa obligación solidaria de la
legislación vigente:
(i) Lo primero es que este argumento sobrevino a la contención, de
forma extemporánea, por fuera de las oportunidades procesales
dispuestas para su formulación y sin que hubiese podido surtir su
respectiva contradicción entre las partes. Tal como atrás se dejó
constancia, este cargo solo lo expuso la actora durante el traslado de
los alegatos de conclusión de segunda instancia, lo que no le permite
a la Sala resolverlo en aras de modificar el alcance, contenido y
modalidad de pago de la sanción pecuniaria que ascendió a
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES, QUINIENTOS VEINTITRÉS
MIL, DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, MONEDA CORRIENTE
($317.523.228), menos aún que los extremos de la litis ya habían
quedado definidos.
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(ii) Lo segundo es que los artículos 520 del Decreto 2685 de 1999,
en concordancia con el 4º de la Ley 1609 de 2 de enero de 201318 y
2º del referido Decreto 1165 de 2019, traen consigo una regla clara
de aplicación favorable de sus disposiciones a las investigaciones
sancionatorias que se estuvieran surtiendo para el momento de la
entrada en vigor del último de los compendios, que plasmaron así:
“[…] Decreto 2685 de 1999
Artículo 520. Disposición más favorable. Si antes de que
la autoridad aduanera emita el acto administrativo que
decide de fondo, se expide una norma que favorezca al
interesado, la autoridad aduanera deberá aplicarla
obligatoriamente, aunque no se haya mencionado en la
respuesta al Requerimiento Especial Aduanero […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto)
Ley 1609 de 2013
Artículo 4o. Principios generales. Los decretos que expida
el Gobierno Nacional para desarrollar la Ley Marco de Aduanas,
deberán sujetarse a los principios constitucionales y a los
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y demás normas que lo modifiquen
o sustituyan, como son:
(…)
Principio de Favorabilidad.
(…)
Parágrafo 4o. Para efectos del Principio de Favorabilidad
la Autoridad Aduanera en el proceso sancionatorio y de
decomiso de mercancías, aplicará oficiosamente las
normas que favorezcan al interesado aun cuando no
haya sido solicitada o alegada. Se excepciona de este
tratamiento lo relativo a los aranceles y tributos aduaneros
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Decreto 390 de 2016
18 “[…] Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para
modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas
[…]”.
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Artículo 2°. Principios generales. Sin perjuicio de los
principios constitucionales y los previstos en el artículo 3 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, de la Ley 1609 de 2013 y del Código General
del Proceso, las disposiciones contenidas en este decreto se
aplicarán e interpretarán teniendo en cuenta los siguientes:
(…)
b) Principio de favorabilidad. Si antes de la firmeza del
acto que decide de fondo la imposición de una sanción o
el decomiso se expide una norma que favorezca al
interesado, la autoridad aduanera la aplicará
oficiosamente, aun cuando no se hubiere solicitado […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Decreto 1165 de 2019
Artículo 2°. Principios generales. Sin perjuicio de los
principios constitucionales y los previstos en el artículo 3° del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, de la Ley 1609 de 2013 y del Código General
del Proceso, las disposiciones contenidas en este Decreto
se aplicarán e interpretarán teniendo en cuenta los
siguientes:
(…)
2. Principio de favorabilidad. Si antes de la firmeza del
acto que decide de fondo la imposición de una sanción o
el decomiso entra a regir una norma que favorezca al
interesado, la autoridad aduanera la aplicará
oficiosamente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La demandada, en el caso concreto, expidió las respectivas sanciones
con fundamento en la normatividad que estaba vigente para la época
y apegada al entendimiento que del artículo 503 del Decreto 2685 de
1999 ha efectuado esta Corporación en torno a la responsabilidad
individual en materia sancionatoria aduanera y la obligación de
asumirla intuito personae, como en efecto ocurrió con la actora,
señora MARÍA ISABEL OCHOA SÁNCHEZ, quien fue sancionada en
su calidad singular de propietaria del ‘VEHÍCULO CAMPERO TOYOTA
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LAND CRUISER STATION WAGON’, por no haberlo puesto a
disposición de la DIAN para fines de aprehensión.
En este sentido, las censuradas resoluciones núms. 000299 de
28 de febrero de 2011 y 10091 de 8 de junio de 2011,
corresponden a actos administrativos que cobraron firmeza mucho
antes de los artículos 551 del Decreto 390 de 2016 y 648 del Decreto
1165 de 2019, disposiciones que entraron en vigor más de cinco años
después de la expedición de aquellas, esto es que no existían para el
momento en que quedaron en firme tales sanciones, por lo que
tampoco se reunirían las condiciones que exige la aplicación de las
nuevas reglas del principio de favorabilidad en materia sancionatoria
aduanera.
A partir de lo expuesto, la Sala procederá a confirmar la sentencia
apelada que denegó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
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CONFIRMAR la sentencia de 28 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta-Mixta.
Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente
al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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