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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01822-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01822-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 31 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2011-01822-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Radicación: 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Demandante: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Tema: Procedimiento sancionatorio ambiental. La denuncia penal y el
informe de laboratorio no constituyen una prueba. Tacha de
falsedad de documento. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Builes & Cia.
Ltda, contra la sentencia de 31 de agosto de 2015,1 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia. Sala Sexta de Descongestión, denegó las pretensiones
de la demanda.

1-. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1. La sociedad Builes & Cía. Ltda., por intermedio de apoderada judicial, instauró
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista
en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), con
miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

] Pretensiones declarativas

1. Que se declare en relación con la Resolución Metropolitana SA-0000147
de 31 de enero de 2011, acto administrativo de carácter particular por medio
del cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá decidió declarar
responsable a la sociedad Builes & Cia. Ltda. de la infracción a las
disposiciones contenidas en el art. 58 del Decreto 1791 de 1996; los arts. 8,
lit. g y j: arts. 180 y 196 del Decreto 2811 de 1974 y el art. 1 de la Resolución
Metropolitana No. 00189 de 18 de febrero de 2010, en virtud de la
presunción de culpa, lo siguiente:

1.1. Que la Resolución Metropolitana SA-0000147 de 31 de enero de 2011
es nula de derecho como quiera que la misma fue expedida con violación
directa de la Constitución, tal y como se demostrará en esta demanda y
durante el proceso.

Folios 421 a 435 cuaderno principal.
Folios 144 a 159 cuaderno principal.

2

Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

1.2. Que la Resolución Metropolitana SA-0000147 de 31 de enero de 2011
es nula de derecho. al haber sido expedida con falsa motivación por parte
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tal y como se demostrará en esta
demanda y durante el proceso.

1.3. Que la Resolución Metropolitana SA-0000147 de 31 de enero de 2011
es nula de derecho como quiera que la misma fue expedida con infracción
de la norma en la que debía fundarse. tal y como se demostrará en esta
demanda y durante el proceso.

1.4. Que con fundamento en las pretensiones anteriores, se declare nula de
derecho la Resolución Metropolitana SA-000421 por medio de la cual el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá resuelve confirmar y mantener en todas
sus partes la Resolución Metropolitana SA-0000147 de 31 de enero de 2011.

1.5. Que, en subsidio, para el caso que no se acojan las anteriores
pretensiones principales, se declare la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados y se ordene al Área Metropolitana del Valle de
Aburrá aplicar debidamente la metodología adoptada mediante la
Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial (sic) en desarrollo del art. 40 núm. 1 de la
Ley 1333 de 2009, en la tasación de la multa.

Pretensiones de condena

1. Que se condene al Área Metropolitana del Valle de Aburrá a pagar a la
sociedad Builes & Cia. Ltda. al pago de las costas del proceso y de las
agencias en derecho.

2. Que se condene al Área Metropolitana del Valle de Aburrá al pago de los
daños y perjuicios causados a la sociedad Builes & Cia. Ltda. conforme se
determinen y tasas en el proceso.

3. Que las sumas que resulten de las pretensiones de condena se actualicen
debidamente, mediante la aplicación del IPC que sea certificado por el
DANE.

4. Que, igualmente, respecto de cualquier suma que resulte en favor de la
sociedad Builes & Cia. Ltda.. se liquiden intereses comerciales moratorios a
la tasa más alta autorizada o, subsidiariamente, los intereses que sean
.]3
decretados por el Despacho, en caso de que los mismos procedan [. . .

1.2. Los hechos4

2 Los hechos relevantes que sustentan la demanda son los siguientes:

3 La sociedad demandante señaló que, mediante la Resolución 189 de 18 de
febrero de 2009. el Área Metropolitana del Valle de Aburrá autorizó a la sociedad
Builes & Cia. Ltda. para que talara 35 árboles en el predio donde se llevaría a cabo

.3 Folio 144 a 144 cuaderno principal.
Folios 3 a 18 cuaderno principal Nro. 1.

3
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Bulles & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

el proyecto «Campestre Centro de Negocios», ubicado en el sector del Poblado del
Municipio de Medellín.

4. Mencionó que la sociedad Builes & Cia. Ltda. contrató aserradores para llevar a
cabo la tala de los mencionados árboles; sin embargo, los contratistas, bajo su
propia dirección, procedieron a talar 52 árboles adicionales que correspondían a
especies foráneas. Advirtió que quedaron 36 árboles pertenecientes a las especies
ornamentales y frutales como mangos, cítricos, guayabos, casco de vaca,
guayacanes y ceiba.

5. Indicó que, a través de la Resolución 1233 de 13 de julio de 2010, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá inició un proceso sancionatorio en contra de la
sociedad Builes & Cia. Ltda. , en consideración a que taló 52 árboles adicionales a
los autorizados en la Resolución 189 de 18 de febrero de 2010.

6. Dijo que, mediante la Resolución 1415 de 11 de agosto de 2010, la mencionada
autoridad ambiental formuló los cargos de «Talar sin contar con autorización para
ello, cincuenta y dos (52) árboles del componente arbóreo del predio
correspondiente al proyecto constructivo Campestre Centro de Negocios» y
«exceder la autorización otorgada».

7 Subrayó que, a través del oficio 013805 de 15 de julio de 2010. el representante
legal de la sociedad Builes & Cía. Ltda., Gonzalo Builes Rendón. solicitó la
imposición de la multa por la tala de los 52 árboles adicionales y puso de presente
que fue culpa de los aserradores.

8. Señaló que, mediante la Resolución 147 de 31 de enero de 2011, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá resolvió el procedimiento sancionatorio ambiental
en contra de la sociedad Builes & Cía. Ltda, en el sentido de declararla responsable
por los cargos formulados y le impuso una multa por $445.461.201, la cual incluía
un agravante por «responsabilizar a otros», según el contenido del oficio 013805 de
15 de julio de 2010.

9. Relató que, el 15 de febrero de 2011, la mencionada sociedad presentó recurso
de reposición contra la Resolución 147 de 31 de enero de 2011, el cual fue resuelto
a través de la Resolución 421 de 26 de abril de 2011, en el sentido de «confirmar y
mantener en todas sus partes».

lo Precisó que el 17 de febrero de 2011, el señor Gonzalo Builes Rendón presentó
una denuncia penal ante la Fiscalía Seccional de Medellín en la que manifestó que
la firma suscrita en el oficio 013805 de 15 de julio de 2010 era falsa. El 19 de marzo
de 2011 murió el señor Gonzalo Builes Rendón.

Dijo que el 27 de octubre de 2011, la Procuraduría 112 Judicial II Administrativa
declaró fallida la audiencia de conciliación; y que el 24 de junio de 2011, la

4

Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

representante legal de la sociedad Bulles & Cia., Ltda. firmó un acuerdo de pago
con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por la multa impuesta.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación5

12 La parte actora aseguró que las resoluciones 147 de 31 de enero de 2011 y 421
de 26 de abril de ese año fueron expedidas con desconocimiento del artículo 29 de
la Constitución Política; los numerales 1 al 6 del artículo 195 del Código de
Procedimiento Civil; el artículo 3° del Decreto 3678 de 2010; el artículo 22 de la Ley
1333 de 2009; y el artículo 7° de la Resolución 2086 de 2010. También que
incurrieron en el vicio de falsa motivación, según las consideraciones que se
señalan a continuación.

1.3.1.- Del desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política, los
numerales 1 al 6 del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, el artículo
3° del Decreto 3678 de 2010, el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo
7° de la Resolución 2086 de 2010

13 La apoderada de la parte actora aseguró que los actos demandados
desconocieron el artículo 29 de la Constitución Política y los numerales 1 al 6 del
artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, tras considerar que el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá no verificó la autenticidad del oficio 013805 de 15
de julio de 2010, a través del cual el señor Gonzalo Builes Rendón, como
representante legal de la sociedad actora, solicitó la imposición de la multa por la
tala de 52 árboles adicionales a los autorizados en el Resolución 189 y en la que
sostuvo que fue culpa de los aserradores. Advirtió que «no consta en el expediente
actuación alguna dirigida a establecer el origen auténtico del documento».

14.Afirmó que dicha omisión constituye una grave violación del derecho al debido
proceso porque la mencionada autoridad ambiental otorgó plena validez probatoria
de confesión al oficio 013805, cuando no cumple con los requisitos previstos en los
numerales 1 a 6 del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

15.También sostuvo que los actos administrativos acusados otorgaron un valor
probatorio al oficio 013805 para imputar un agravante previsto en el numeral 4 del
artículo 7° de la Ley 1333, por «rehuir la responsabilidad y atribuirse a otros», sin
las garantías del proceso sancionatorio. Indicó que, «en ninguna otra comunicación,
como en el documento de descargos o el recurso de Reposición presentado, (.. .)
se presentó como argumento central el rehuir la responsabilidad endilgándola a
otro».

16. Además, puso de presente que la parte demandada desconoció la denuncia
penal presentada por el señor Gonzalo Bulles Rendón, en la que manifestó que la

Folios 148 a 156 cuaderno principal.

5
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

firma suscrita en el oficio 013805 de 15 de julio de 2010 era falsa. Subrayó que la
autoridad ambiental «estaba plenamente notificada de la indagación por el delito de
falsedad», porque la Fiscalía 174 la requirió el 20 de septiembre de 2011 para que
remitiera el citado oficio en original, circunstancia esta que fue tratada en la
audiencia de conciliación.

17. En ese contexto, mencionó que también se vulneraron los artículos 22 de la Ley
1333 y 3° del Decreto 3678, porque el Área Metropolitana del Valle de Aburrá «no
hizo uso de la amplia competencia probatoria, para establecer con certeza los
hechos base para declarar probada la presunción de culpabilidad y la imposición de
la circunstancia agravante».

18. Manifestó que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá expidió los actos
demandados con desconocimiento del artículo 7° de la Resolución 2086 de 20106,
porque no hizo una tasación adecuada de la multa por el grado de afectación
ambiental por la tala de los 52 árboles adicionales que no contaban con la
autorización.

19 Indicó que, de acuerdo con los artículos 3' y 7' de la Resolución 2086 de 2010,
la tasación de las sanciones pecuniarias se realiza por el grado de afectación
ambiental y/o evaluación del riesgo, las cuales se obtienen a través de un criterio
técnico de estimación de atributos, como la intensidad, extensión, persistencia,
reversibilidad y recuperabilidad.

20 Aseguró que la Resolución 147 de 31 de enero de 2011,-acto demandado-, dentro
del atributo de la intensidad, se limitó en citar el artículo 57 del Decreto 1791 de
1996 y no se fundamentó en un estudio técnico que identificara el impacto ambiental
de la acción del infractor sobre el ambiente «esto es, no se valoro el grado de
incidencia de la tala de los árboles no autorizados sobre el bien jurídico protegido:
el medio ambiente».

21. Explicó que no era posible cuantificar la afectación ambiental y/o evaluación del
riesgo solo con un criterio jurídico, porque este solo era una guía para establecer el
bien objeto de protección. De manera que «Si se tuviera en cuenta solamente /a
norma jurídica, como fundamento para estimar los atributos de la afectación de un
bien ambiental, no habría necesidad de una metodología técnica de valoración».

22. Finalmente, refirió que el Área Metropolitana del Valle de Aburra analizó el
atributo de la recuperabilidad, en el que señaló que mediante la acción humana era
posible compensar la alteración ambiental en un período de 5 a 6 años. Al estudiar
el atributo de la reversibilidad, indicó que en menos de 10 años no era posible que
el recurso de la flora retornara a sus condiciones originales. Y finalmente, al referirse

CS a través de la cual el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó la
metodologia para la
tasación de multas.

6
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

al atributo de la persistencia, mencionó que el bien objeto de protección tardaría
más de 5 años en retornar a su condición previa.

23 Así las cosas, puso de presente que la autoridad ambiental incurrió en una
contradicción cuando analizó los atributos de la recuperabilidad, reversibilidad y
persistencia.

24.A su juicio, las condiciones previas a recuperar no serían las mismas al momento
de la tala de los árboles, porque de acuerdo con el informe técnico 10601-0003301
de 24 de diciembre 2009, los eucaliptos existentes se encontraban en mal estado.
Y en todo caso, la afectación no era permanente en el tiempo, en vista de que los
52 árboles talados fueron plantados por la demandante y son de fácil crecimiento.

1.3.2.- De la falsa motivación de los actos demandados

25 La parte actora aseguró que los actos administrativos acusados fueron
falsamente motivados porque hubo una «ficticia valoración de los hechos para
establecer el grado de afectaCiÓrI ambiental, dar por cierta la presunción de culpa e
imponer una circunstancia agravante en el acto sancionatorio».

26. Afirmó que, de acuerdo con el informe técnico 10601-0003301 de 24 de
diciembre
de 2009, el cual sirvió para establecer la viabilidad de la solicitud de la autorización
de la tala de árboles, existía una «"masa forestal" poco densa en un lote
abandonado y sin ningún mantenimiento, que por las condiciones deficientes de la
mayoría de los árboles encontrados "no ameritaban ser trasplantados"».

27. De igual manera, subrayó que ese informe afirmó que «a pesar de
que muchos
de los árboles no interferían en el proyecto a ejecutar (.. .) si convenía su tala al ser
eucaliptos de gran tamaño y con inclinación del fuste, por lo que presentaban riesgo
a las vías de acceso y a la edificación».

28. En ese contexto, para la parte demandante, el acto administrativo
sancionatorio
demandado contradijo el mencionado concepto técnico, al considerar que con la
tala de los 52 árboles adicionales se afectaban «las condiciones microclimáticas del
sitio, la escorrentía superficial, las condiciones paisajísticas, la barrera natural contra
contaminantes provenientes de las emisiones de los vehículos e incluso de
procesos industriales», cuando lo cierto es que ese informe reconoció que los
árboles no se encontraban en condiciones adecuadas para prestar los servicios
ambientales que les correspondía, por lo que recomendó su tala.

29. Enfatizó que los árboles talados en su mayoría eran eucaliptos
plantados por el
dueño del predio que dejó sin mantenimiento, por lo que representaban una
amenaza de fracturación y caída. También, que se trataba de árboles foráneos que
no ofrecían los servicios ambientales o ecosistémicos de un bosque nativo o
plantación de especies nativas; y que el predio se encontraba ubicado en un sector

7
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

urbano, colindante con un predio con masa boscosa y un sector residencial, es decir
no representaban una barrera de emisiones industriales.

3o. Así las cosas, concluyó que «aunque pudiera ameritarse una sanción por la
infracción a las normas ambientales, por incumplimiento de la autorización otorgada
debido a la extralimitación en la tala, las reales condiciones de afectación ambiental
no se compadecen con la excesiva tasación de la multa resultando está totalmente
desproporciona!».

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

31 La apoderada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá contestó la demanda
de manera oportuna' y propuso como única excepción «las excepciones que
resultaren probadas en el curso del proceso».

32 Previo a referirse a los cargos expuestos, indicó que el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá era competente dentro del perímetro urbano de los municipios que
conforman su jurisdicción, para otorgar licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones: asimismo, para imponer sanciones en materia
ambiental, en caso de violación a las normas de protección y manejo de los recursos
naturales renovables y exigir la reparación de los daños causados, como lo
establece el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

33. Mencionó que a través de la Resolución 1233 de 13 de julio de 2010, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá dio apertura a un proceso sancionatorio contra la
sociedad Builes & Cia., Ltda., de acuerdo con lo previsto en los artículos 1' y 40 de
la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, porque realizó la tala de 87 árboles, cuando solo
contaba con la autorización para 35 individuos arbóreos, es decir, que taló erradicó
y cortó 52 individuos arbóreos no autorizados en la Resolución 189 de 18 de febrero
de 2009.

34 Relató que, por encontrar mérito suficiente, el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá formuló pliego de cargos a la demandante, a través de la Resolución 1415
de 11 de agosto de 2010, de la siguiente manera:

[...1,1. Talar sin contar con autorización para ello, 52 árboles del componente
arbóreo del precio correspondiente al proyecto constructivo Campestre
Centro de Negocios, en presunta contravención de lo establecido en el
artículo 58 del decreto 1791 de 1996: en el artículo 8 literales g y j; yen los
artículos 180 y 196 del decreto 28 11 de 1974, antes transcritos.

2. Exceder la autorización otorgada por EL ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURRA mediante Resolución Metropolitana N°. 00189 del 18
de febrero de 2010 [. ..]."

Folios 175 a 196 cuaderno principal.

8
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora . Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

35 Señaló que una vez se agotó la etapa probatoria, el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá expidió la Resolución 147 de 31 de enero de 2011, a través de la cual
declaró responsable a la sociedad Builes & Cia, Ltda por la infracción del artículo 58
del Decreto 1791 de 1997, los literales g) y j) del artículo 8°, los artículos 180 y 196
del Decreto 2811 de 1974 y la Resolución 189 de 18 de febrero de 2010, decisión
frente a la cual, el 15 de febrero de 2011, la parte actora interpuso recurso de
reposición, siendo resuelto mediante la Resolución 421 de 26 de abril de 2011.

36 Sobre la tasación de la multa, explicó que previo a la promulgación de la
Resolución 147, personal técnico y especializado rindió el informe técnico
106010000023 de 28 de enero de 2011, en aplicación del artículo 3° del Decreto
3678 de 2010.

37 De igual manera, sostuvo que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptó
la metodología para la tasación de multas prevista en la Resolución 2086 de 2010
y respetó cada una de las etapas procesales contenidas en la Ley 1333 de 2009.

38. Agregó que la denuncia presentada por el señor Gonzalo Builes Rendón por la
suplantación de su firma en el oficio 013805 de 15 de julio de 2010, carecía de valor
probatorio, porque, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta
tenía carácter informativo en cuanto se limita a poner en conocimiento a la autoridad
encargada de investigar la perpetración de una conducta presuntamente delictuosa,
de manera que no constituye fundamento de la imputación, así como tampoco del
grado de participación o de ejecución del hecho.

39 Además, subrayó que no se encontró dentro de los expedientes contentivos de
las diligencias de control y seguimiento ambiental, así como tampoco en el del
procedimiento sancionatorio ambiental contra la parte actora. que el oficio 13805 es
apócrifo y que la firma allí plasmada no corresponda con la firma auténtica del señor
Gonzalo Builes Rendón.

40 Por el contrario, advirtió que dentro del expediente administrativo se encontraban
varios documentos firmados por el señor Gonzalo Builes Rendón que «no coinciden
con la firma que el abogado (. ..) dice ser la auténtica, sin que dichos documentos
se hubieran tachado de falsos por parte de la sociedad Bulles & Cia Ltda».

41 Así las cosas, afirmó que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en calidad
de autoridad ambiental urbana, garantizó el debido proceso de la sociedad Builes &
Cia. Ltda. durante el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental.

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Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

111.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

42. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, a través
de la sentencia de 31 de agosto de 2015,8 resolvió «PRIMERO. SE DENIEGAN las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta providencia».

43. Para arribar a la anterior decisión, hizo un recuento normativo sobre el deber de
protección de la diversidad e integridad del medio ambiente, así como también del
procedimiento sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009. Luego, se
refirió a los cargos expuestos por la parte demandante de la siguiente manera:

111.1.- Del desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política, los
numerales 1 al 6 del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, el artículo
3° del Decreto 3678 de 2010, el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo
7° de la Resolución 2086 de 2010

44. El juez de primera instancia recordó que, de acuerdo con el parágrafo del artículo
10 de la Ley 1333 de 2009 y según lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia
C-595 de 2010, en materia sancionatoria ambiental se presume la culpa o el dolo
del infractor. Así que, el presunto infractor tiene la carga de desvirtuar dicha
presunción, de lo contrario será sancionado.

45. El a quo, además, advirtió que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 1333 de
2009, la autoridad ambiental debe adelantar todas las actuaciones necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, con el objeto de verificar la ocurrencia de la
conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal eximente de responsabilidad.

46 En ese contexto, el Tribunal de la primera instancia constató que, a través de la
Resolución 189 de 18 de febrero de 2010 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
otorgó a la sociedad Builes & Cia. Ltda. una autorización para la tala de 35 árboles
aislados para adelantar el proyecto «Campestre Centro de Negocios» en el sector
el Poblado de Medellín. De igual manera, que ese acto administrativo informó al
beneficiario que asumiría la responsabilidad por los perjuicios derivados de
incumplimiento.

47. También verificó que, con ocasión del informe técnico 10602-0003649 de 2 de
julio de 2010, quedó consignado que en el mencionado predio se realizó la tala de
87 individuos arbóreos. De ahí que, mediante la Resolución S.A. 0001233 de 13 de
julio de 2010, la autoridad ambiental demandada inició un procedimiento
sancionatorio contra la sociedad Builes & Cia. Ltda. haciéndole saber al investigado

Folios 421 a 435 cuaderno principal.

10

Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

que él y cualquier persona podrían intervenir para aportar pruebas, frente a lo cual
el representante legal de esa sociedad, mediante oficio 013805 de 15 de julio de
2010, solicitó la sanción o multa por la tala de árboles que no contaban con
autorización.

48. El a quo también observó que mediante la Resolución 1414 de 11 de agosto de
2010, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ordenó a la actora abstenerse de
adelantar cualquier tipo de actividad relacionada con la tala, poda, trasplante,
descope, aprovechamiento, movilización o comercialización de árboles que no
estuvieran autorizados.

49. De igual manera que, a través de la Resolución 1415 de 11 de agosto de
2010,
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá decidió formular cargos contra la sociedad
Builes & Cia. Ltda. Por la tala de 52 árboles adicionales que no contaban con
autorización y, además, por exceder la autorización otorgada en la Resolución 189
de 18 de febrero de 2010.

sociedad Builes
50 Frente a lo anterior, el juez de primera instancia consideró que la
& Cia. Ltda. tuvo una evidente pasividad probatoria durante el procedimiento
sancionatorio ambiental, a pesar de que la demandada le indicó que podía aportar
pruebas durante el procedimiento sancionatorio ambiental.

51. Además, encontró que el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá cumplió con la
carga de probar los supuestos fácticos y jurídicos de la responsabilidad endilgada a
que
la sociedad Builes & Cia Ltda, por cuanto se fundamentó en informes técnicos
talado
dan cuenta de las visitas realizadas al predio donde se halló que se habían
más árboles de los autorizados en la Resolución 189 actuaciones que eran de
conocimiento de la sociedad investigada.

52 El juez de primera instancia señaló que tampoco pudo
verificar si la metodología
aplicada por la entidad ambiental para tasar la multa no fue la adecuada, conforme
allegó
con lo previsto en la Resolución 2086 de 2010, porque la demandante no
prueba técnica que indicara lo contrario. Resaltó que el Área Metropolitana del Valle
10601-
de Aburrá motivó la tasación de la multa de acuerdo con el informe técnico
0000023 de 28 de enero de 2011.

53. Además, el a quo subrayó que si bien en el escrito
demandatorio, la apoderada
el
de la sociedad Builes & Cia. Ltda. solicitó la práctica de un dictamen pericial con
practicó
fin de verificar la tasación y la misma fue decretada, dicha prueba no se
conllevó
porque la demandante no realizó el pago de los gastos de la pericia, lo que
que se tuviera por desistida.

54. De acuerdo con lo anterior el Tribunal no encontró
vulneradas las disposiciones
expuestas por la actora, pues no desvirtuó la presunción de culpa o dolo en materia
ambiental. Por el contrario, la única manifestación hecha por esa sociedad frente a

11

Expediente No. 05-001-23-31-01D0-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburra

la presunta intervención del componente arbóreo sin autorización correspondió al
oficio 013805 en el que solicitó la multa.

55. Respecto de los argumentos referidos a la falsedad del oficio 013805 de 15 de
julio de 2010, el a quo observó que con la presentación de los descargos la parte
actora no hizo ninguna objeción, ni réplica respecto de dicho oficio, así como
tampoco procedió a su tacha, a pesar de que tuvo conocimiento de la existencia del
mismo, inclusive, desde antes de presentar el recurso de reposición contra la
Resolución 147 de 31 de enero de 2011.

56. Aunado a lo anterior; el Tribunal verificó que si bien la firma del señor Gonzalo
Builes Rendón, suscrita en los descargos, era diferente a la que aparece en el oficio
013805 de 15 de julio de 2010, lo cierto es que dentro del expediente encontró 3
rubricas diferentes.

57. Particularmente, señaló que en los documentos en los que el señor Gonzalo
Builes Rendón autorizó al señor Bernardo Builes Aristizabal para que se notificara
de las resoluciones y requerimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
tenían consignadas rúbricas semejantes a dicho oficio, las cuales tampoco fueron
tachadas.

58. El a quo también resaltó que, mediante el informe 25.574-174 de 26 de agosto
de 2013, la Fiscalía 174 Seccional Medellín indicó que el proceso penal por falsedad
de documento privado, que inició el señor Gonzalo Builes Rendón por la supuesta
falsedad de su firma en el oficio 013805 de 15 de julio de 2010, fue archivado desde
el 23 de marzo de 2012. Adicionalmente, mencionó que de acuerdo con un informe
de laboratorio de 14 de diciembre de 2011 un profesional en documentación de la
Sijin determinó que las grafías del documento cuestionado no correspondían con
las grafías del señor Gonzalo Builes Rendón.

59. Frente a lo dicho por laFiscalía 174 Seccional Medellín y la Sijin, el a quo
consideró que no eran vinculantes porque:

i) No podía predicarse que fuera una decisión definitiva del delito de falsedad;
ii) Dentro del procedimiento sancionatorio ambiental existía una multiplicidad
de grafismos idénticos al oficio 013805 que no fueron tachados de falsos:
iii)EI informe de laboratorio de la Sijin fue rendido después de expedidos los
actos sancionatorios objeto de demanda, inclusive, la denuncia fue presentada
luego de que se expidió el acto sancionatorio y;
iv)La parte actora debió tachar el oficio 013805 de 15 de julio de 2010 en la
oportunidad procesal, al menos cuando presentó los descargos para que se
tomaran las medidas pertinentes durante el procedimiento sancionatorio
ambiental.

12
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

60 Así las cosas, el a quo concluyó que no era dable exigirle al Área Metropolitana
del Valle de Aburrá que dudara de la autenticidad del oficio 013805 de 15 de julio
de 2010, por lo tanto, no tenía ningún impedimento para que valorara dicho oficio y
previera el agravante del numeral 4 del artículo 7' de la Ley 1333 de 2009.

I11.2.- De la falsa motivación de los actos demandados

si. El a quo consideró que los motivos de los actos demandados se basaron en
pruebas practicadas de manera oficiosa por la autoridad ambiental, las cuales no
fueron desvirtuadas por la parte demandante; que la sociedad Builes & Cia. Ltda.
se limitó a presentar conclusiones sin soportes técnicos; y que durante el presente
proceso contencioso administrativo, la actora no cumplió con la carga probatoria
prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

62. Finalmente, advirtió que el informe técnico 10601-0003301 de 24 de diciembre
de 2009 motivó la Resolución 189 de 10 de febrero de 2010 con el objeto exclusivo
de autorizar la tala de 35 árboles. Así que, contrario a lo que señaló la parte actora,
dicha resolución no se refirió a los hallazgos relacionados con la afectación
ambiental por la tala de los 52 árboles adicionales que no contaban con autorización
y tampoco podía ser el único concepto con el que el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá motivara los actos demandados.

IV.- RECURSO DE APELACIÓN

63 Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad
procesal correspondiente. el apoderado de la sociedad Builes & Cia. Ltda.
interpuso recurso de apelación con el fin de obtener su revocatoria, en los siguientes
términos:9

"EH El fundamento principal es haber considerado ajustado a derecho el que la
demandada haya tenido en cuenta el documento con firma falsa suscrito por
GONZALO BUILES RENDÓN. para agravar la condena, con el argumento de que
no fue tachado en la vía gubernativa y que el proceso penal fue archivado, lo que
muestra un desconocimiento absoluto del derecho penal, dicho con todo respeto,
pues es claro que si un documento se prueba como falso es una investigación
penal. pero no hay ningún indiciado a quien imputarle, procede el archivo. Y eso
ocurrió en este caso. Por lo tanto, no se puede agravar una sentencia con
fundamento en un documento falso, y la omisión del abogado de tacharlos fue
porque en ese momento no se había caído en cuenta que la firma no era la del
señor BUILES: máxime que este se encontraba afectado por un cáncer terminal
[. . .F.

9 Folios 439 cuaderno principal.

13
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

y-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

64. Mediante auto de 5 de noviembre de 2015,1° la magistrada sustanciadora
concedió el recurso de apelación presentado por el apoderado de la sociedad Builes
& Cia., Ltda.

65. Una vez remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que
integran la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 25 de mayo
de 201611. el Despacho sustanciador admitió el recurso interpuesto y corrió traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto. Vencido el plazo para alegar de conclusión, las partes
y el Ministerio Público guardaron silencio.

VI-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Competencia

66. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo - CCA12, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada
en primera. Norma que resulta armónica con el artículo 1 del Acuerdo Nro. 55 de
5 de agosto de 2003 y el Acuerdo 80 de 201913, que contiene las reglas de reparto
entre las distintas secciones de la Corporación.

VI.2.- Problema jurídico

67. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32814 del Código
General del
Proceso, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA, a esta Sala de Decisión

Folio 440 del cuaderno principal.

1- Folio 4 del cuaderno Nro. 2.

12 «[. . .]
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de
las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, asi como de los recursos de queja
cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
conceda el
extraordinario de revisión [.. .1»:

13 Que establecen que la Sección Primera del Consejo de
Estado tiene a su cargo conocer los procesos de
nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.

14 «ARTÍCULO 328 Competencia del superior. EI juez
de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en
los casos previstos por la ley. Sin embargo. cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior
sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El
juez no
podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante /a audiencia».
Antes artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Norma aplicable por ser de orden público y
aplicación
inmediata. norma

14

Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

le corresponde analizar la legalidad de los actos administrativos demandados,
mediante los cuales se declaró responsable a la parte actora por la tala de árboles
sin autorización dentro del proyecto constructivo «Campestre Centro de Negocios»,
ubicado en el sector del Poblado, Medellín y. como consecuencia, se le impuso una
multa la cual incluye un agravante por atribuirle la responsabilidad a otros, según lo
manifestado por el representante legal de la sociedad Builes & Cía. Ltda. en el oficio
013805 de 15 de julio de 2010.

68 Con ese propósito. y en los términos del recurso de apelación, la Sala deberá
determinar si el Área Metropolitana del Valle de Aburra no debió darle valor
probatorio al oficio 013805 de 15 de julio de 2010, con el cual la autoridad ambiental
demandada agravó la condena impuesta a la demandante, toda vez que la fiscalía
probó que ese documento era falso y, además, porque la sociedad actora omitió
tacharlo en vista de que «no se había caído en cuenta que la firma no era la del
señor BU/LES».

VI.3. Actos demandados

69 La sociedad Builes & Cia. Ltda., por conducto de apoderada judicial,
demandó
las resoluciones 147 de 31 de enero de 2011 y 421 de 26 de abril de ese año:

• La Resolución 147 de 31 de enero de 2011, «Por medio de la cual se resuelve
un procedimiento sancionatorio ambiental», expedida por el Subdirector (E)
Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá15.

[. . .] RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar responsable a la sociedad BU/LES & CIA LTDA, con
NIT 890939030-1, representada legalmente pore/señor GONZALO BUILES
RENDÓN. identificado con cédula de ciudadanía 7.405.366, o por quien
haga sus veces en el cargo, ejecutora del proyecto constructivo Campestre
Centro de negocios, localizado en la calle 18 Sur No. 43 11 del Municipio de
Medellín, de la infracción a las disposiciones contenidas en le artículo 58 del
Decreto 1791 de 1996: en el artículo 8 literales g y] y en los artículos 180 y
196 del Decreto 2811 de 1974 y a lo establecido en el artículo 1° de la
Resolución Metropolitana No. 00189 del 18 de febrero de 2010 "Por medio
de la cual se autoriza el aprovechamiento de árboles aislados —tala", en
virtud de la confirmación de la presunción de culpa de que trata el parágrafo
del Artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 y la prosperidad de los cargos que le
fueron formulados de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Artículo 2°. SANCIONAR a la sociedad BU1LES 6 CIA LTDA. Con NIT
890939030-1 representada legalmente por el señor GONZALO BU/LES
RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía 7.405.366, o por quien
haga sus veces en el cargo, ejecutora del proyecto constructivo Campestre

'E Folios 22 a 47 cuaderno principal.

15

Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Centro de negocios, localizado en la calle 18 Stir No. 43 11 del Municipio de
Medellín, con multa equivalente a CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
UN PESOS ($445.461.201) por la infracción a las disposiciones contenidas
en el artículo 58 del Decreto 1791 de 1996; en el artículo 8 literales g yj y
en los artículos 180 y 196 del Decreto 2811 de 1974 ya lo establecido en el
artículo 1° de la Resolución Metropolitana No. 00189 del 18 de febrero de
2010 "Por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento de árboles
aislados —tala-" acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución. [...]

La Resolución 421 de 26 de abril de 2011, «Por medio de la cual se resuelve
un recurso de reposición», expedida por el Subdirector Ambiental del Área
Metropolitana del Valle de Aburrál6.

[...] RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar y mantener en todas sus partes la Resolución
Metropolitana No. S.A.-0147 del 31 de enero de 2011 "por medio de la cual
se resuelve un procedimiento sancionatorio ambiental" expedida a nombre
de la sociedad denominada BU/LES & CIA LTDA con NIT: 890.939030-1,
representada legalmente por el señor Gonzalo Bulles Rendón, identificado
con cédula de ciudadanía 7.405.366, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente actuación administrativa. [. . .]

VI.4. Análisis del caso concreto

70 La parte demandante alegó que las resoluciones 0147 de 31 de enero de 2011 y
421 de 26 de abril de ese año fueron expedidas por el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá con desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política, los
numerales 1 al 6 del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 3°
del Decreto 3678 de 2010, el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 7° de
la Resolución 2086 de 2010. También que fueron dictados con falsa motivación.

71. Lo anterior, tras considerar que esa autoridad ambiental tuvo como prueba el
oficio 013805 de 15 de julio de 2010 para declarar la responsabilidad de la parte
actora por la tala de árboles en el proyecto constructivo «Campestre Centro de
Negocios» y, como consecuencia, le impuso una multa que incluía un agravante por
atribuirle la responsabilidad a otros, sin verificar la autenticidad de ese oficio.
Además, porque no hizo una tasación adecuada de la multa según el grado de
afectación ambiental.

72. En la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo
denegó las pretensiones de la demanda debido a que la sociedad Builes & Cia. Ltda.
no desvirtuó la presunción de culpa o dolo en materia ambiental por la intervención
del componente arbóreo sin autorización dentro del mencionado proyecto

• Folios 48 a 64 del cuaderno principal.

16
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

constructivo. Por el contrario, encontró que la autoridad ambiental justificó su
decisión en informes técnicos y en el oficio 013805, en el que el demandante solicitó
la multa y mencionó que la tala de los árboles fue culpa de los aserradores.

73. Respecto de la autenticidad del oficio 013805 de 15 de julio de 2010, el a quo
consideró que no era dable exigirle al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que
dudara sobre la misma, porque durante el procedimiento sancionatorio ambiental,
la sociedad Builes & Cia. Ltda. no hizo ninguna objeción, ni réplica respecto de dicho
oficio, así como tampoco procedió a su tacha, a pesar de que tuvo conocimiento de
la existencia del mismo, inclusive, desde antes de interponer el recurso de
reposición contra la Resolución 147 de 31 de enero de 2011.

74. Además, encontró que dentro del expediente existían 3 rubricas diferentes del
señor Gonzalo Builes Rendón. Particularmente, la firma suscrita en los descargos
era diferente a la que aparece en el oficio 013805 de 15 de julio de 2010; y que en
las autorizaciones de notificación de las resoluciones y requerimientos del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá tenían consignadas rúbricas semejantes a dicho
oficio, las cuales tampoco fueron tachadas.

75 Del informe de laboratorio de la Sijin, el cual determinó que las grafías de ese
oficio no correspondían con las grafías del señor Gonzalo Builes Rendón, indicó que
no era una decisión definitiva del delito de falsedad, además, fue expedido después
de los actos acusados, inclusive de la presentación de la denuncia.

76 En esa medida, la Sala pone de presente que el apoderado de la
sociedad Builes
& Cia. Ltda. planteó su reproche respecto de lo decidido por el a quo, en cuanto a
que sostiene que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no podía agravar la
condena impuesta mediante los actos acusados, conforme a los señalado en el
oficio 013805 de 15 de julio de 2010. porque este documento era falso de acuerdo
con lo señalado por la Fiscalía 174 de Medellín y el informe de la Sijin y, además,
no fue tachado porque «no se había caído en cuenta que la firma no era la del señor
BUILES».

77 Así las cosas, se hará referencia a i) el procedimiento
sancionatorio ambiental
contra la empresa Builes & Cia. Ltda.; ii) el valor probatorio de la denuncia penal y
el informe de laboratorio de la Sijin; iii) la tacha por falsedad de documento; y iv) la
solución del cargo.

VI.4.1. Del procedimiento sancionatorio ambiental contra la empresa Builes &
Cia. Ltda.

sancionatorio
78 Se observa que la Ley 1333 de 20091/ regula el procedimiento
ambiental, en el cual se prevé como infracciones toda acción u omisión que

disposiciones-.
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras

17

Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

constituya violación del Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto Ley
2811 de 1974, las leyes 99 de 1993 y 165 de 1994 y las demás disposiciones
ambientales. Asimismo, establece que cuando se configure el daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos, hay lugar a una sanción
administrativa ambiental. (artículo 5°).

79. Específicamente, el parágrafo del artículo 1' y el parágrafo 1 del artículo 5' de
la Ley 1333 de 2009, establecieron que en «las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla». Por su
parte, el numeral 4 del artículo T'ibídem prevé como casuales de agravación de
dicha responsabilidad la de «Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros».

80. La misma ley también determinó que dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se debía agotar una indagación preliminar con el objeto de establecer si
existe o no mérito para iniciar el procedimiento, es decir, con la finalidad de verificar
la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes. (artículo 17)

81 Por su parte, el artículo 22 de la misma norma, estableció que la autoridad
ambiental podía realizar todo tipo de diligencias administrativas necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios.

82. Ahora, dentro del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad
Builes & Cia. Ltda. se constató que, a través de la Resolución 189 de 18 de febrero
de 2010,18 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá autorizó a esa sociedad para
que talara 35 árboles dentro de un predio ubicado en el sector del Poblado del
Municipio de Medellín, para llevar a cabo el proyecto «Campestre Centro de
Negocios», de acuerdo con el informe técnico 10601-0003301 de 24 de diciembre
de 2009' 9.

83. Asimismo, que según el informe técnico 10602-0003649 de 2 julio de 2010,29 la
Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburra verificó que
dentro del predio de la demandante se talaron 87 individuos arbóreos, es decir, 52
árboles adicionales a los autorizados en la Resolución 189 de 18 de febrero de 2010.

84 Por lo anterior, a través de la Resolución 1233 de 13 de julio de 20102', el
Subdirector Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburra decidió iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental contra la demandante, para lo cual advirtió

Folios 3 a 11 cuaderno principal.

19 Folios 127 a 131 cuaderno principal.

2° Folios 226 a 227 cuaderno principal.

21 Folios 12 a 16 cuaderno principal.

18

Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

que tendría como pruebas la Resolución 189 de 18 de febrero de 2010 y el informe
técnico 10602-0003649 de 2 julio de 2010.

85 Como lo señaló el Tribunal de primera instancia, la única manifestación de la
sociedad actora frente a la Resolución 1233 de 13 de julio de 2010, fue el oficio
013805 de 15 de julio de 2010, en el cual indica:

1. .] Muy atentamente me estoy dirigiendo a su digno despacho con el fin
de solicitarles lo más pronto posible la sanción o la multa a que nos
hicimos acreedores por la tala de árboles situado en la calle 18 sur, esquina
carrera 43, situado en el sector de la frontera en el poblado.

Ya estamos dispuestos a presentarles los planos con la tala de árboles
demás que se cortaron y la reposición de los mismos, pues como ustedes
se pudieron dar cuenta no fue culpa nuestra sino de los aserradores
con quien se concretó el contrato, además como ustedes se pudieron dar
cuenta en este lote se va a construir un centro comercial y centro de
negocios que de todas manera tarde o temprano se tenía que hacer la
mencionada tala de árboles, por eso les pido muy comedidamente los
mencionados trámites ya que tenemos la aprobación de planos por parte de
la curaduría y planeación respectivamente. No se imaginan las pérdidas a
las que nos veríamos abocados si se llegasen a atrasar los mencionados
proyectos [.. .]".

agosto de
86. Frente a la anterior solicitud, mediante el oficio 10203-13594 de 2 de
201022 , el Área Metropolitana del Valle de Aburra le advirtió a la actora que era
necesario agotar todas las etapas previstas en la Ley 1333 de 2009; asimismo, que
aclarara dicha solicitud.23

87. Mediante la Resolución 1415 dell de agosto de 201024, el
Subdirector Ambiental
de la demandada formuló pliego de cargos contra la demandante, por la tala de los
52 árboles que no contaban con permiso, así como también por desconocer la
autorización prevista en la Resolución 189 de 18 de febrero de 2010. Lo anterior, en
consideración al informe técnico 10602-0003649 de 2 julio de 2010 y el oficio
013805 de 15 de julio de 2010, suscrito por el representante legal de la sociedad
Builes & Cia. Ltda., el cual fue transcrito en su totalidad en esa resolución y en
atención a que la parte demandante no aportó ninguna prueba adicional.

88. Se destaca que la Resolución 1415 de 11 de agosto de 2010 también
indicó a la
demandante que podía, dentro de los 10 días siguientes a su notificación, aportar o

22 Folio 230 cuaderno principal.

10601-04443 de 11 de agosto de
/3 Mediante los informes técnicos 10602-0004436 de 10 de agosto de 2010 y
ese mismo año, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá encontró que la sociedad Builes & Cia. Ltda. seguía
talando árboles, hasta por un total de 165, quedando en pie solo 26 árboles, por lo cual, a través de la Resolución
iniciar otro procedimiento sancionatorio ambiental por los 78 árboles talados sin permiso.
1416 de 2010, decidió

34 Folios 17 a 21 cuaderno principal.

19
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

solicitar la práctica de pruebas que considerara pertinentes, así como también
controvertir las que se encontraban dentro del expediente.

89 Como descargos26, el representante legal de la sociedad Builes & Cia. Ltda. es
decir, el señor Gonzalo Builes Rendón, se limitó en señalar que los 52 árboles
talados eran de eucaliptos, una especie foránea que fue plantada y que eran
necesarios talarlos para llevar a cabo el proyecto:

11 Se puede claramente deducir y comprobar que la plantación de
Eucaliptus se realizó en un lote urbano sobre el cual existe una aprobación
de la autoridad competente para el desarrollo de un proyecto urbanístico
cuya ejecución requería necesariamente de realizar, entre otras actividades,
la tala de la vegetación allí existente (. ..) en algún momento requería que
los árboles fueran cortados. [...F.

90 Luego de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá decretara pruebas a
través de la Resolución 3143 de 24 de septiembre de 2010,26 la Subdirección
Ambiental de esa entidad profirió los informes técnicos 10601-0005924de 22 de
octubre de 201027 y 10601-0000023 de 28 de enero de 2011.28

91.En el informe técnico 10601-0005924 de 22 de octubre de 2010, la Subdirección
Ambiental de la mencionada autoridad concluyó que no pudo verificar si los 52
árboles talados sin autorización correspondían a una plantación forestal. También
indicó que la tala de esos árboles conllevaba graves efectos en las condiciones
microclimáticas del sitio, la escorrentía superficial, las condiciones paisajísticas, la
barrera natural contra contaminantes provenientes de las emisiones de los
vehículos e incluso de procesos industriales, por lo que recomendaba seguir con el
procedimiento sancionatorio ambiental.

92 Por su parte, en el informe 10601-0000023 de 28 de enero de 2011, la misma
subdirección señaló que era procedente la imposición de una multa a la sociedad
Builes & Cia. Ltda., equivalente a $445.461.201 pesos, de acuerdo con la
metodología establecida en la Resolución 2086 de 2010, en la que se tuvo como
conducta agravante «Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros», prevista en el
numeral 4 del artículo 7' de la Ley 1333 de 2009. Lo anterior, luego de considerar
que el representante legal Gonzalo Bulles Rendón, mediante el oficio 013805 de 15
de julio de 2010, indicó que «pues como ustedes se pudieron dar cuenta no fue
culpa nuestra sino de los aserradores con quien se concretó el contrato».

25 Folios 263 a 274 cuaderno principal.

28 Folios 275 a 283 cuaderno principal.

27 Folios 287 a 296 cuaderno principal.

28 Folios 291 a 296 cuaderno principal.

20
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

93.Como consecuencia de lo anterior, el 31 de enero de 2011,29 el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá expidió la Resolución 147, a través de la cual
declaró responsable a la sociedad Builes & Cia. Ltda. por la tala de los 52 árboles
que no contaban con autorización y por desconocer la Resolución 189 de 18 de
febrero de 2010. Lo anterior, luego de verificar todos los informes técnicos allegados
al procedimiento ambiental, así como los documentos aportados por el
representante legal de la demandante, en los cuales no se encontró pruebas
técnicas.

94 El 15 de febrero de 2011, la sociedad Builes & Cia. Ltda. interpuso recurso de
reposición contra la anterior decisión,39 en el que reiteró los argumentos expuestos
en los descargos y, adicionalmente, señaló que el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá no tuvo en cuenta que agravó la sanción con fundamento en un documento
falso. En el mencionado recurso se lee:

I PETICIONES DEL RECURRENTE

1) "Por haber sido fundamentada en parte en documento privado falso,
declárese la nulidad de la resolución sancionatoria y suspéndase el trámite
hasta que exista pronunciamiento por parte de la justicia penal

2) Como petición subsidiaria y con fundamento en todas las
argumentaciones antes plasmadas sírvase reponer la resolución
recurrida y disminuir la sanción a sus justas proporciones. [.. .]"
(Resaltado fuera de texto).

95. El 17 de febrero de 2011, el señor Gonzalo Builes Rendón presentó una denuncia
penal31 en la que manifestó que la firma suscrita en el oficio 013805 de 15 de julio
de 2010 no era la suya; y que dicha falsificación implicó graves perjuicios a la
empresa que representaba.

96 El recurso de reposición fue resuelto por la demandada a través de la Resolución
421 de 26 de abril de 201132, en el sentido de confirmar la Resolución 147 de 31 de
enero de 2011. Sobre la afirmación relacionada con la presunta falsedad del oficio
013805 de 15 de julio de 2010, la autoridad ambiental aclaró que no se referiría a la
misma porque la sociedad investigada, mediante oficio 3337 de 21 de febrero de
2011, desistió de dicha solicitud.

[ ] Que mediante oficio radicado bajo el No. 3337 de 21 de febrero de
2011, el apoderado de la sociedad denominada BUILES & CIA LTDA (...)
desistió de la petición principal del Recurso de Reposición interpuesto

Folios 22 a 47 cuaderno principal.

3° Folios 70 a 80 cuaderno principal.

3. Folio 67 a 69 cuaderno principal.

32 Folios 48 a 65 cuaderno principal.

21
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

contra la Resolución Metropolitana No. S.A.-0147 del 31 de enero de 2011.
[. ..1".

97 Finalmente, se verificó que para el 20 de septiembre de 201133 la Fiscalía 174
Seccional Medellín certificó que aún no había realizado los cotejos de las firmas del
señor Gonzalo Builes Rendón para determinar su autenticidad. Asimismo, que
mediante oficio 25.574-174 de 26 de agosto de 2013 34 , la misma fiscalía informó
que el caso se encontraba archivado desde el 23 de marzo de 2012 y que de
acuerdo con un informe de laboratorio de 14 de diciembre de 2011, la Sijin concluyó
que la grafía del oficio 013805 de 15 de julio de 2010 no correspondía con las del
señor Gonzalo Builes Rendón.

VI.4.2.- Del valor probatorio de la denuncia penal y los informes de laboratorio

98 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en reiterada
jurisprudencia35 ha explicado que la denuncia es un «acto informativo, pues se
limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar, la
perpetración de una conducta presumible delictuosa (.. .) no constituye
fundamento de la imputación, ni del grado de participación, o de ejecución del hecho
carecido. en sí misma, de valor probatorio».

99 Lo anterior, por cuanto se trata de un acto procesal que «no constituye un
material probatorio o evidencia física», toda vez que no está previsto como tal en
la Ley 906 de 2004, y «no ostenta la virtud de demostrar per se la presunta comisión
de una conducta ilícita».

loo De igual manera, ese alto tribunal ha sostenido que cuando el funcionario
judicial considera que una denuncia tiene el potencial para movilizar el órgano de
investigación, puede solicitar informes policiales y periciales, conocidos también
como informes de investigador de campo e informes de laboratorio, así como
también, entrevistas, entre otros.

iot Puntualmente, sobre el valor probatorio de estos informes, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal36 también ha sido pacífica en considerar que no
constituyen pruebas.

33 Folio 125 cuaderno principal.

34 Folios 371 a 373 cuaderno principal.
35CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL M. PONENTE: FERNANDO LEÓN
BOLAÑOS PALACIOS. Proceso: T 96859. Providencia: STP3038-2018.

También, providencias de la CC C-1177-2005, CC T-920/08 Rad: CC C-799/05 Rad: CC C-150/93 Rad: CC C-
412/93 Rad: CC C-210/07 Rad: CC C-1194/05 Rad: CC C-025/09 Rad: CSJ SP, 16 mzo.2016, rad.46589

36 SALA DE CASACIÓN PENAL M. PONENTE: EUGENIO FERNANDEZ CARLIER NÚMERO DE
PROCESO:
44557 NÚMERO DE PROVIDENCIA: AP1941-2015 CLASE DE ACTUACIÓN: SEGUNDA INSTANCIA.
Otras providencias: Rad: 29626 I Fecha: 15/10/2008 I Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Información
legalmente obtenida: son los informes policiales, informes periciales, entrevistas, entre otros Rad: 39222
Fecha: 28/11/2012 I Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Información legalmente obtenida: son los
informes policiales, informes periciales, entrevistas, entre otros

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Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

102En primer lugar, reseñó que el inciso final del artículo 313 del Decreto 2700 de
1991, antiguo Código de Procedimiento Penal, el cual fue adicionado por el artículo
50 de la Ley 504 de 19993' , previó que en ningún caso dichos informes tendrían
valor probatorio.

103 En segundo lugar, recordó que el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, antiguo
Código de Procedimiento Penal, señalaba de manera expresa que las exposiciones
o entrevistas de personas recogidas por funcionarios de policía judicial en informes
«no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como
criterios orientadores de la investigación».

104. Y, finalmente, del artículo 16 de la Ley 906 de 2004, mencionó que dichos
informes solo son producidos e incorporados en forma pública, oral, concentrada y
sujeta a la confrontación y contradicción del juez de conocimiento.

105. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-392 de 2000, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 504 de 1999, indicó que no se le podía
asignar valor probatorio a los informes rendidos durante la etapa de indagación e
investigación a cargo de la fiscalía por tratarse de «actuaciones extraprocesales no
controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso».

106. El alto tribunal constitucional también consideró que la finalidad del artículo 50
de la Ley 504 de 1999 era legítima, por cuanto su objeto estaba en el derecho de
presunción de inocencia, el cual «solamente puede ser destruida cuando se
incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado está en la
posibilidad de controvertir.»

107. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal38 ha
concluido que los documentos obtenidos por la fiscalía durante la etapa de
indagación e investigación como los informes de laboratorio, las entrevistas etc., no
tienen vocación probatoria, porque no constituyen un elemento que pruebe
automáticamente un hecho determinado, pero pueden ser utilizados en sede de
juicio oral, en el momento de practicarse los testimonios de las personas, para
refrescar la memoria e impugnar su credibilidad.

108 En ese sentido, los documentos como los formatos de noticia criminal, informes
de policía judicial, entrevistas, declaraciones juradas, informes de laboratorio, actas

2700 de 1991, y de los Decretos-leyes
37 Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto
2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991. Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan
otras disposiciones.

38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
AP4812-2016, radicado N° 47469 del 27 de julio de
2.016.

Otras providencias: AP4442-2014 y Rad. 43921.

23
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

de incautación, son documentos que registran o certifican actos de investigación,
los cuales solo se constituirán como prueba durante el juicio oral, cuando se rinda
testimonio o se incorpore alguna evidencia obtenida por el investigador.

109. Ahora, los anteriores criterios jurisprudenciales han sido acogidos por el
Consejo de Estado39 para señalar, de manera reiterada, que los informes «sirven
como un criterio orientador, pero carecen de eficacia probatoria.»

T..] La jurisprudencia reiterada de esta Corporación entiende que la
información contenida en los informes de inteligencia puede servir
como criterio orientador de las investigaciones, pero no pueden tener
valor probatorio. [.. .] por tratarse de actuaciones extraprocesales, que
no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen
en un proceso penal 15. Por ende. dichos informes T..] pueden ser
utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr
su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de
la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal. ni en la
sentencia, ni en decisiones precedentes'[. ..]".

-vio. Aunado a lo anterior, esta Corporación49 también ha concluido que las
inspecciones judiciales, dictámenes periciales e informes técnicos penales,
ordinarios, militares, administrativos disciplinarios, pueden valorarse siempre que
«hayan contado con la audiencia de la parte contra la que se aducen, o servirán
como elementos indiciarios que deben ser contrastados con otros medios
probatorios dentro del proceso contencioso administrativo».

VI.4.3.- De la tacha de falsedad de documentos

vi Para la época en que se surtió el procedimiento sancionatorio ambiental contra
la sociedad Builes & Cia. Ltda. era aplicable el numeral 3 del artículo 252 del Código
de Procedimiento Civil, el cual establecía que el documento privado era auténtico
cuando «habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido
manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso
oportunamente».

112 Por su parte, el inciso 3° del artículo ibidem también previó que, en todos los
procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las
partes, presentados en original o en copia se presumirán auténticos, sin necesidad
de presentación personal ni autenticación. El inciso 5° del mismo artículo estableció
que los memoriales presentados que formen parte del expediente se presumirían

CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION C. SEN I ENCIA UE Z4 DE UG I UL3h1L
2013, EXP. 25.822, SUBSECCIÓN C. SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2017, EXP. 39.127, SUBSECCIÓN
A. SENTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, EXP. 42.966, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C,
SENTENCIA DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018, EXP.46.787, SUBSECCIÓN A, 11001-03-15-000-2019-05256-00

CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA, Sub-sección C. sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente
20334., sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 16398, sentencia 7 de septiembre 2015, radicado: 85001-
23-31-000-2010-00178-01 (47671).

24
Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

auténticos, salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en
litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales.

113 Al respecto. esta Corporación41 ha dicho que, en aplicación del principio
constitucional de buena fe, los documentos que no sean tachados por falsedad
deben ser valorados, siempre que sobre ellos se garantice el principio de
contradicción.

114. De igual manera, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia de 11
de octubre de 2021,42 recordó que en reiterada jurisprudencia43 se ha explicado que
la tacha de documentos es una herramienta que busca establecer o desconocer
quién lo produjo, originó o suscribió y no para avalar, reconocer o desconocer su
contenido, pues para esto último están previstos los medios probatorios; para eso
se erige la etapa probatoria prevista en los procesos.

115. Ahora,respecto del trámite de la tacha, el artículo 290 del Código de
Procedimiento Civil estableció que debía hacerse a través de un escrito en el que
se debía expresar en qué consiste la falsedad y solicitar las pruebas para su
demostración.

VI.4.4.- Solución del cargo

116. El Tribunal de la primera instancia denegó las pretensiones de la demanda
luego de considerar que la sociedad Builes & Cia. Ltda. no desvirtuó la presunción
de culpa o dolo en materia ambiental por la intervención del componente arbóreo
sin autorización dentro del proyecto constructivo. Por el contrario, encontró que la
autoridad ambiental justificó su decisión de declarar responsable a la parte actora
y, como consecuencia, se le impuso una multa con un agravante por atribuirle la
responsabilidad a otros, conforme a informes técnicos y al oficio 013805, en el que
el demandante solicitó la multa y mencionó que la tala de los árboles fue culpa de
los aserradores.

117 Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la sociedad demandante
insistió en que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no podía agravar la
condena impuesta en los actos acusados por lo señalado en el oficio 013805 de 15
de julio de 2010, toda vez que la fiscalía probó que era un documento falso y,

4' CONSEJO DE ESTADO_ SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO_ SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN. Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil dos
mil veintiuno (2021). Radicación número: 15001-23-31-000-2005-02443-01(55812).

42 CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SALA DIECISÉIS
ESPECIAL DE DECISIÓN. Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., once (11) de
octubre de dos mil veintiuno (2021)

43Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 29 de octubre de 2013, radicación 11001-03- 28- 000-2012-
00058-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016. radicación 68001-23-33-
000-2016-00043-01 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de
2019, radicación 85001-23-33-000-2016-00064-02.

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Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

además, no fue tachado porque no se había caído en cuenta «que la firma no era
la del señor BU/LES».

118. Para resolver, la Sala observa que dentro del expediente se encuentra
acreditado que a través del oficio 013805 de 15 de julio de 2010, el representante
legal de la sociedad Builes & Cía. Ltda., Gonzalo Builes Rendón, solicitó la
imposición de la multa por serrar 52 árboles adicionales, alegando que ello había
sido responsabilidad de los aserradores contratados para llevar a cabo la tala.

119. De igual manera, se tiene que ese oficio fue la única manifestación que hizo la
demandante, luego de que, a través de la Resolución 1233 de 13 de julio de 2010,
el Área Metropolitana del Valle de Aburra decidiera iniciar un proceso sancionatorio
ambiental en su contra.

120 Además, se observa que mediante el oficio 10203-13594 de 2 de agosto de
2010 y la Resolución 1415 de 11 de agosto de 2010, el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá advirtió a la actora que podía aportar o solicitar las pruebas que
consideraba pertinentes, así como también, controvertir las que se encontraban en
el expediente.

121. A pesar de lo anterior, se verificó que dentro de los descargos que presentó el
señor Gonzalo Builes Rendón contra la Resolución 1415 de 11 de agosto de 2010
se limitó a señalar que los 52 árboles talados eran eucaliptos, una especie foránea
que fue plantada y que eran necesarios talarlos para llevar a cabo el proyecto. Como
pruebas, solo aportó planos aprobados por la curaduría y de los servicios públicos
autorizados, es decir, no solicitó ninguna prueba técnica.

122. En ese sentido, como lo indicó el a quo, la parte actora no hizo ninguna objeción
o réplica respecto de lo señalado en el oficio 013805 de 15 de julio de 2010, aun
cuando tenía conocimiento de su existencia, esto porque este oficio fue transcrito
en la Resolución 1415 de 11 de agosto de 2010, a través de la cual el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá formuló pliego de cargos en su contra.

123. Conjuntamente, la parte actora solo puso en conocimiento la supuesta falsedad
del oficio 013805 de 15 de julio de 2010 a la demandada cuando presentó el recurso
de reposición contra la Resolución 147 de 31 de enero de 2011; sin embargo,
posteriormente, solicitó, a través del oficio 3337, que no se tuviera en cuenta el
referido argumento para resolver el recurso.

124 Ahora, respecto de la denuncia penal que el señor Gonzalo Builes Rendón
presentó ante la Fiscalía, se observa que fue radicada el 17 de febrero de 2011, es
decir, luego de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá expidiera la Resolución
147 de 31 de enero de ese año, acusada.

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Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

125 En igual sentido, el informe de laboratorio de la Sijin en el cual ese organismo
indicó que la firma del oficio 013805 de 15 de julio de 2010 no coincidía con la del
señor Gonzalo Builes Rendón, fue rendido el 14 de diciembre de 2011, cuando ya
se habían expedido los actos demandados.

126. Esto significa que al expedir los actos acusados, la demandada no podía
conocer la presunta comisión de un delito de falsedad en el oficio 013805 aportado
por el mismo investigado al proceso sancionatorio ambiental, aunado a que, como
se mencionó en el acápite VI.4.2 de esta providencia, la denuncia penal presentada
por el señor Gonzalo Builes Rendón así como el informe de laboratorio presentado
por la Sijin ante la Fiscalía 174 Seccional Medellín no constituyen per se prueba de
ese delito, en tanto se trata de actos extraprocesales con criterio orientador de la
investigación penal.

127. Además, durante el proceso contencioso administrativo, la parte actora, si bien
solicitó la práctica de un dictamen pericial con el fin de verificar la tasación de la
multa, prueba que fue decretada por el juez de la primera instancia, dicha prueba
no se practicó porque la demandante no realizó el pago de los gastos de la pericia,
razón por la cual se tuvo por desistida.

128. Ahora, como lo consideró el Tribunal de primera instancia, el señor Gonzalo
Builes Rendón, como representante legal de la sociedad Builes & Cia. Ltda. no
presentó escrito de tacha de falsedad del oficio 013805 de 15 de julio de 2010, como
lo exige el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá le advirtió, a través del oficio 10203-13594 de 2
de agosto de 2010 y la Resolución 1415 de 11 de agosto de 2010, de la existencia
del mismo y sobre la oportunidad de aportar o solicitar pruebas, así como de
controvertir las que se encontraran en el expediente.

129. En ese sentido, en aplicación del principio de buena fe, la demandada podía
presumir que el oficio 013805 de 15 de julio de 2010 se trataba de un documento
auténtico, porque no fue tachado de falso oportunamente.

130 Es dable precisar que la tacha de falsedad del mencionado oficio solo servía
para establecer o desconocer quién lo produjo, originó o suscribió y no para avalar,
reconocer o desconocer su contenido, pues para esto último están previstos los
demás medios probatorios.

131. Sinembargo, en el caso sub judice, la demandante no aportó pruebas
tendientes a desvirtuar los cargos de infracción ambiental, así como tampoco el
agravante previsto en la Ley 1333 de 2009, por el hecho de atribuir la
responsabilidad a terceros.

132. De manera que incluso el incidente de tacha no hubiese tenido la virtualidad de
cuestionar el contenido del mencionado oficio, pues, como se vio, la tacha de

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Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

documentos es una herramienta que busca establecer o desconocer quién lo
produjo, originó o suscribió y no para avalar, reconocer o desconocer su contenido.

133 En ese contexto y de acuerdo con el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1'
del artículo 5' de la Ley 1333 de 2009. la presunción de la culpa o dolo en
infracciones ambientales debe ser desvirtuada por el infractor, cuestión que, como
acertadamente lo concluyó el Tribunal, no ocurrió en el caso sub judice. pues la
parte demandante no aportó pruebas que contrarrestaran los informes técnicos que
tuvo en cuenta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para declarar su
responsabilidad y para imponerle una multa, así como tampoco para discutir el
contenido y falsedad del oficio 013805, con el cual esa autoridad ambiental agravó
la condena.

134 Por el contrario, en sujeción a los artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009,
durante el proceso sancionatorio ambiental, el Área Metropolitana del Valle de
Aburra llevó a cabo diferentes diligencias administrativas pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de la infracción que cometió la
actora y así completar los elementos probatorios que le permitieron establecer la
existencia de la infracción ambiental.

135 Puntualmente, se observa que luego de presentado el oficio 013805 de 15 de
julio de 2010, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante el oficio 10203-
13594 de 2 de agosto de 2010,44 advirtió a la parte actora que era necesario agotar
todas las etapas previstas en la Ley 1333 de 2009 y también le solicitó que aclarara
dicha solicitud, frente a lo cual la empresa Builes & Cia. Ltda. guardó silencio.

136 En suma, para la Sala no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados por
medio de los cuales la autoridad ambiental demandada declaró responsable a la
parte actora por la tala de árboles sin autorización dentro del proyecto constructivo
«Campestre Centro de Negocios», ubicado en el sector del Poblado del Municipio
de Medellín y, como consecuencia, le impuso una multa con un agravante por
atribuirle la responsabilidad a otros, según lo manifestado por el representante legal
de la sociedad Builes & Cía Ltda, mediante oficio 013805 de 15 de julio de 2010.

137- Lo anterior, en consideración a que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
podía darle alcance probatorio al oficio 013805 de 15 de julio de 2010, por cuanto
no se allegaron pruebas que cuestionaran su contenido, esto es, la manifestación
del investigado en relación con atribuir su responsabilidad a terceros, dado que (i)
ni la denuncia penal por falsedad ni el informe de la Sijin podían ser valorados por
la autoridad ambiental, debido a que son posteriores a la expedición del acto por
medio del cual se resolvió el procedimiento sancionatorio y, en todo caso, (ii) no
constituyen medios de prueba de la presunta conducta ilícita alegada; (iii) asimismo,
la actora no tachó de falso el mencionado oficio, aun cuando esto tampoco tendría

44 Folio 230 cuaderno principal.

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Expediente No. 05-001-23-31-000-2011-01822-01
Actora: Builes & Cia. Ltda
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

la virtualidad de cuestionar su contenido sino únicamente su origen: y (iv)
finalmente, la parte actora no allegó, durante el procedimiento sancionatorio
ambiental, ni en el proceso contencioso administrativo, pruebas técnicas que
discutieran la tasación de la multa impuesta.

138. Estas son las razones por las cuales la Sala considera que le asistió razón al a
quo al denegar las pretensiones de la demanda, al no desvirtuarse la legalidad de
los actos acusados, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

139 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 31 de agosto de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSW
Colisejero

c--(-,-1-1 (..-
NUBI MAR TH PEN; GARZÓN HER O A CHEZ SJ&NCHEZ
Consej ra de Est do (E) 'Consejero de Es do
7
Primer
CON ÁNCIÁ: La presente sentencia fue firmada electrónicamente or los integrantes de la Sección
judicial SAMA!. En consecuenci , se garantiza la autenticidad, integridad.
en la sede electrónica para la gestión
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (23)

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