Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2012-00206-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2012-00206-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2012-00206-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
27 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 05001233100020120020601 (67.304)
Demandante: FUNDACIÓN TIERRA VIVA
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN y CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – la sentencia no debe desconocer o modificar la causa
petendi / CONTRATO DE RÉGIMEN PRIVADO – es procedente el pacto de la cláusula de liquidación
en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad / LIQUIDACIÓN BILATERAL – requiere la
manifestación de acuerdo de ambas partes / ACUERDOS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO – corresponde al juez determinar el alcance de las negociaciones y pactos
celebrados entre las partes / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – para que se configure requiere
la prueba de que la conducta de alguna de las partes sea contraria u omita las obligaciones
adquiridas / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – aplica la libertad probatoria en su demostración /
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - no es procedente en los contratos regidos por el
derecho privado.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
La controversia versa sobre los incumplimientos que las partes se endilgan
mutuamente respecto de las obligaciones derivadas del contrato de obra No. 60 de
2009 que impidieron que se culminara su ejecución.
I.LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 11 de diciembre de 2020, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, resolvió negar
las pretensiones de la demanda principal y las de la demanda de reconvención.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 7 de febrero de 20121
por la Fundación Tierra Viva, agregándosele complementariamente Fundación para
la Preservación, la Innovación y el Desarrollo de la Arquitectura en Tierra 2 (en
adelante la Fundación o la contratista), en contra del municipio de Medellín (en
adelante el Municipio o la entidad) y la Corporación Parque Arví3 (la Corporación o
1 Folio 65 del cuaderno 1.
2 Esta es su denominación completa, según el certificado de existencia y representación legal, visible a folios
80 a 81 del cuaderno 1.
3 Según sus estatutos -visibles a fls. 955 a 962 del cdno 2-, esta es una entidad sin ánimo de lucro, creada con
fundamento en el art. 96 de la Ley 489 de 1998, cuyo objeto es “trabajar por la consolidación del proyecto
Parque Arví, así como por la conservación, mantenimiento y promoción del territorio en el cual se encuentra
ubicado. De igual manera, realizará todas las actividades que están encaminadas a la operación de las
adecuaciones físicas e inmuebles mediante las cuales se desarrolle dicho Proyecto, con la finalidad de que
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Demandante: Fundación Tierra Viva
Demandado: Municipio de Medellín y Parque Arví
Acción: Controversias contractuales
la contratante), así como la demanda de reconvención instaurada por esta contra la
contratista.
Pretensiones
3. La Fundación solicitó que se acceda a las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe como obra en el texto original):
“A. Pretensiones declarativas principales
2. Que se declare que en el convenio número 4600020053, que denominaron
CONVENIO DE ASOCIACIÓN, se estipuló un verdadero mandato entre el
MUNICIPIO DE MEDELLIN y la CORPORACION PARQUE ARVÍ, en virtud
del cual esta última, obra como mandataria en la formalización de los
contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN
DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN
LOS NÚCLEOS TAMBO Y MAZO DEL PARQUE ARVI, en los cuales tendrán
participación directa la Secretaría de Obras Públicas y la Corporación
PARQUE ARVÍ.
3. Que se declare que la CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ incumplió el
contrato 060 de 2009, suscrito entre y (sic) LA FUNDACIÓN TIERRA VIVA y
LA CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ.
4. Que se declare que circunstancias ocurridas durante la ejecución del
contrato 060 de diciembre de 2009, no previstas en él ni en la convocatoria
pública 001 de 2009 imputables al CONTRATANTE, afectaron las
condiciones económicas inicialmente pactadas.
5. Que se declare que circunstancias ocurridas durante la ejecución del
contrato 060 de diciembre de 2009, no previstas en la convocatoria pública
001 de 2009 y el contrato 060 de 2009, acaecidas por fuerza mayor afectaron
las condiciones económicas del contrato.
6. Que se declare que los hechos y circunstancias anotadas en las
pretensiones tercera y cuarta declarativas principales causaron perjuicios de
orden material - daño emergente y lucro cesante, y perjuicios de orden moral
al CONTRATISTA, los cuales deben indemnizar las entidades demandadas.
7. Que se declare que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ son solidariamente responsables de la totalidad de los
perjuicios ocasionados por la alteración de la ecuación económica del
contrato en razón de ser la primera mandante de la segunda y ambas
propietarias de la obra.
8. Que se declare que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ se encuentran obligados al pago de la totalidad de las costas,
agencias en derecho y gastos que se han causado y se causen en el futuro
con ocasión de la demanda contractual.
9. Al no haber percibido el dinero [en la cantidad sin actualizar] en la
oportunidad contractual establecida, produce un interés comercial [legal y
moratorio] que debe resarcirse por la entidad CONTRATANTE desde la fecha
cumpla con su vocación ambiental, cultural, turística y educativa”. Asimismo, en la Gaceta Oficial 4087 del 9 de
septiembre de 2012, contentiva del Decreto 1364 de 2012, por medio del cual se adopta la estructura de la
Administración Municipal de Medellín, se indicó que el Parque Arví hace parte de dicha estructura, al tener la
connotación de una entidad descentralizada indirecta -fl- 974 cdno 2-.
2
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Demandante: Fundación Tierra Viva
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de la declaratoria de caducidad del contrato hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia [la tasa de interés será la corriente bancaria].
B. Pretensiones declarativas subsidiarias
1. Que se declare que entre MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ existe una comunidad de bienes sobre la construcción de
edificaciones, espacio público y obras complementarias del núcleo mazo
parque regional ecoturístico Arví, corregimiento de Santa Elena, municipio de
Medellín, por ser los dueños de la obra.
2. Que se declare que la CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ incumplió el
contrato 060 de 2009, suscrito entre y LA FUNDACIÓN TIERRA VIVA y la
corporación PARQUE ARVÍ
3. Que se declare que circunstancias ocurridas durante la ejecución del
contrato 060 de diciembre de 2009, no previstas en él ni la convocatoria
pública 001 de 2009, imputables al CONTRATANTE, afectaron las
condiciones económicas inicialmente pactadas.
4. Que se declare que circunstancias ocurridas durante la ejecución del
contrato 060 de diciembre de 2009, no previstas en la convocatoria pública
001 de 2009 y el contrato 060 de 2009, acaecidas por fuerza mayor afectaron
las condiciones económicas del Contrato.
5. Que se declare que los hechos y circunstancias anotadas en las
pretensiones tercera y cuarta declarativa (sic) subsidiarias, causaron
perjuicios de orden material daño emergente y lucro cesante, y perjuicios de
orden moral al CONTRATISTA, los cuales deben indemnizar las entidades
demandadas
6. Que se declare que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ son solidariamente responsables de la totalidad de los
perjuicios ocasionados por la alteración de la ecuación económica del
contrato por ser ambas propietarias de la obra.
7. Que se declare que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ se encuentran obligados al pago de la totalidad de las costas,
agencias en derecho y gastos que se han causado y se causen en el futuro
con ocasión de la demanda contractual.
A. Pretensiones de condena
1. Como consecuencia del incumplimiento del contrato 060 de 2009, por parte
de la CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ, se ordene la terminación del mismo.
2. Se condene a MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN PARQUE
ARVÍ, a pagar a favor de la FUNDACIÓN TIERRA VIVA AGREGÁNDOSELE
COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN TIERRA, a
título de indemnización las siguientes sumas de dinero:
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Acción: Controversias contractuales
ITEM INDEMNIZACION VALOR
I VALOR ADEUDADO PRODUCTO DE LIQUIDACION EN
CRUCES DE INFORMACIÓN Y ULTIMO DOCUMENTO 1.450.673.712
FIRMADO EL 28-FEB-2011
ll COSTOS FINANCIEROS 235.589.41 1
III COSTOS FINANCIEROS Y JURIDICOS DE 241.837.475
PROVEEDORES Y TERCEROS
IV COSTOS ASESORIA JURIDICA 192.810.060
v DAÑOS MORALES 200 S.M.M.L.V. 113.340.000
TOTAL 2.234.250.658
3. Que se ordene la indexación de las sumas reconocidas.
B. Pretensiones de condena subsidiarias
1. Como consecuencia del incumplimiento del contrato 060 de 2009, por parte
de CEPREA, se le ordene el cumplimiento del mismo.
2. Se condene a MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN PARQUE
ARVÍ, a pagar a favor de la FUNDACIÓN TIERRA VIVA AGREGÁNDOSELE
COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN TIERRA, a
título de indemnización las siguientes sumas de dinero:
ITEM INDEMNIZACION VALOR
I VALOR ADEUDADO PRODUCTO DE LIQUIDACION EN
CRUCES DE INFORMACIÓN Y ULTIMO DOCUMENTO 1.450.673.712
FIRMADO EL 28-FEB-2011
ll COSTOS FINANCIEROS 235.589.41 1
III COSTOS FINANCIEROS Y JURIDICOS DE 241.837.475
PROVEEDORES Y TERCEROS
IV COSTOS ASESORIA JURIDICA 192.810.060
v DAÑOS MORALES 200 S.M.M.L.V. 113.340.000
TOTAL 2.234.250.658
3. Que se ordene la indexación de las sumas reconocidas”4.
Hechos
4. En apoyo de las pretensiones se enunciaron los hechos que la Sala resume
a continuación:
5. El 30 de julio de 2009 el Municipio y la Corporación celebraron el convenio
No. 4600020053, por medio del cual el último se comprometió a la construcción de
equipamientos e infraestructura complementaria en los núcleos Tambo y Mazo del
Parque Arví, mediante la construcción en tierra, que comprende las técnicas de
tapia pisada, bahareque y bloque de tierra comprimida.
6. En virtud del desarrollo de la convocatoria No. 001 de 2009, el 3 de diciembre
de 2009 la Corporación y la Fundación suscribieron el contrato No. 060, cuyo objeto
consistió en “la construcción de edificaciones, espacio público y obras
complementarias del núcleo mazo Parque Regional Ecoturístico Arví, Corregimiento
Santa Elena, municipio de Medellín”5, por un valor de $3.069’461.044 y un plazo de
4 Folios 3 a 6 del cdno 1.
5 Folios 9 y 10 del cuaderno 1.
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ejecución que transcurrió entre el 7 de enero de 2010 y el 23 de diciembre de ese
año, en virtud de la prórroga suscrita entre las partes al término inicial de 10 meses.
7. La interventoría del contrato No. 060 de 2009 fue adjudicada al Consorcio
Arquitectura en Tierra, pese a que los términos de la convocatoria No. 002 de 2009
prescribían que no se aceptarían ofertas presentadas en forma conjunta por dos o
más personas naturales o jurídicas, bajo la modalidad de consorcio, unión temporal
u otra forma asociativa. El proponente ganador de la convocatoria no cumplía con
el mínimo de requisitos de experiencia exigidos.
8. Como sucesos desencadenantes del incumplimiento del negocio jurídico se
aludió:
i) La interventoría, sin estudios de suelos ni estructuras de apoyos y
obviando los diseños entregados por la contratante, exigió el cambio del
soporte estructural de zapatas –como se planteó originalmente– por pilas,
lo que generó un sobrecosto de $650’667.290 y una mayor permanencia
en obra de 52 días. El contratista se opuso a tal modificación, mediante
comunicaciones del 18 y 21 de febrero de 2010.
ii) Se rediseñó el mercado campesino. Pasó de ser de un solo volumen a
tres volúmenes, lo que generó una obra adicional por valor de
$20’000.000, que la interventoría no reconoció en dinero, sino en tiempo
con la ampliación del plazo en 45 días.
iii) El predio para la construcción del CEDEZO (Centro de Desarrollo
Empresarial Zonal) fue entregado hasta el 11 de junio de 2010, pese a
que debía entregarse desde el inicio del contrato, es decir, a partir del 7
de enero de ese año. Este atraso produjo una demora de 11 días no
imputable al contratista.
iv) La interventoría, de manera caprichosa, no autorizó la fabricación e
instalación de los bloques de BTC (bloques de tierra compactado), ni el
levantamiento de las estructuras de tapia pisada, ni la continuidad de los
techos verdes, y ordenó la suspensión de la obra a la espera del dictamen
de un perito sobre dichos elementos.
v) La interventoría descalificó los ensayos de los BTC realizados por la
Fundación y le ordenó incluir recebo en la formulación de éstos, pese a
que en oficio 135 del 21 de septiembre de 2010 el contratista le indicó que
ese era un material excesivamente húmedo. Este cambio en los
materiales produjo la pérdida total de la producción, pues 3.000 unidades
se deshicieron durante el vendaval de octubre de 2010, evento que
generó un atraso de 90 días en obra y una pérdida económica de
$3’500.000. Los BTC cumplían con las normas Icontec 5324 y de sismo
resistencia, pero la interventoría desconoció tales normas.
vi) La interventoría ordenó implementar un refuerzo de madera vertical en
los muros de tapia pisada, lo que alteró los diseños originales, pues ésta,
junto con la mezcla de tierras también impuesta, generó la fisura vertical
inducida por el refuerzo de madera y el aumento excesivo de la abrasión
en la superficie de los muros de tapia, lo que produjo el desprendimiento
del material y, a la postre, la demolición del mercado campesino 1, con la
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paralela pérdida de dinero y tiempo para el contratista, que no le fueron
reconocidos.
vii) A través de oficio CCA 178 de noviembre 29 de 2010 se suspendió la
instalación de los techos verdes, en desconocimiento del buen
funcionamiento de éstos en el módulo demostrativo. El contratista expuso
el funcionamiento del cambio de madera tipo B a tipo A, sin obtener
respuesta de la interventoría. Al momento de la presentación de la
demanda no se había autorizado seguir con esta actividad y no se
reconocieron los costos que dicha suspensión generó al contratista.
viii) Ante la existencia de mayores cantidades de obra y obras adicionales
derivadas del rediseño de la cimentación, movimiento de agua y rediseño
del tanque de agua, en acta de compensación de obra 001 la contratante
propuso su pago, sin que la contratista aceptara la compensación
realizada, según consta en oficio 167 del 8 de noviembre de 2010, el cual
no fue respondido por la contratante.
9. También se presentaron eventos imprevistos e imprevisibles que alteraron la
economía del contrato generados por: (i) el aumento de la pluviosidad del país que
ocasionó el incremento del costo de transporte de los trabajadores por el mal estado
de las vías y el retraso en el ensamblaje de cubiertas, instalación de cerchas,
sistema eléctrico en los techos y de mantos; (ii) el ataque de la comunidad contra la
obra, al incendiar el campamento de los trabajadores, el almacén general, las
tuberías hidrosanitarias y eléctricas, dañar los baños portátiles, el cerramiento
perimetral y hurtar las instalaciones eléctricas provisionales, lo que produjo
detrimentos en la cuantía de $130’000.000.
10. El representante del consorcio interventor desprestigió a la Fundación y a su
gestión como pionera de la arquitectura en tierra en Colombia, por ser competencia
de los integrantes de ese consorcio en la producción de BTC. La desacreditación
de los bloques carecía de soporte, peritazgos objetivos y estudios de apoyo. La
interventoría nunca tuvo un ingeniero estructural en su equipo, por lo cual no
entendió el comportamiento de los materiales propuestos en la estructura diseñada
desde el comienzo.
11. La interventoría sustentó sus decisiones en un dictamen “subjetivo y
tendencioso”, en tanto fue rendido por un ingeniero –Santiago Ribero– que estaba
impedido para efectuar una experticia respecto de la labor de la Fundación, porque
tenía un proceso laboral vigente en su contra. La interventoría rechazó los estudios
realizados por la Universidad de Santander (UIS) con sustento en la lejanía de ésta
con la obra, pero, a su vez, tomó como válida la evaluación técnica presentada por
el referido ingeniero que reside en San Gil (Santander).
12. El contrato no terminó el 23 de diciembre de 2010, como lo indicó la
Corporación, pues para esa fecha estaba suspendido, en virtud de las órdenes de
la contratante contrarias a la técnica de la construcción en tierra.
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13. La contratista hizo todo lo posible por terminar las obras, incluso adquirió
créditos personales e hipotecarios por un monto de $520’322.817, lo que
comprometió su patrimonio y el de sus fundadores.
14. La Fundación manifestó su desacuerdo con la propuesta de liquidación del
contrato efectuada por la contratante.
15. Al momento de la presentación de la demanda se evidenció que se levantó
un muro de ladrillo cocido y que los techos verdes fueron reemplazados por teja
(construcción tradicional) sin culminar la obra, en contravía del proyecto inicial que
perseguía preservar la riqueza antropológica y cultural.
Los fundamentos de derecho
16. La Fundación arguyó que los demandados desconocieron los artículos 2, 6,
25, 83 y 124 de la Constitución Política; 1602, 1603, 1604, 1608, 1609 y 1610 del
Código Civil.
17. Al 23 de diciembre de 2010 no eran exigibles las prestaciones del contrato,
pues desde agosto de ese año el negocio estaba paralizado a la espera de que se
cumpliera la condición impuesta por la contratante para su reanudación, esto es,
que se emitieran los dictámenes periciales y los resultados de laboratorio sobre los
BTC, la tapia pisada y los techos verdes, pero dicha condición no se concretó por lo
que no procedió la autorización para continuar con la ejecución de la obra.
18. La contratante impidió el avance de las actividades contractuales, bajo una
hipotética mala calidad de los materiales utilizados, sin fundarse en pruebas idóneas
para emitir tal descalificación.
Contestaciones de la demanda
19. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las
siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva. No existe
relación contractual entre el Municipio y la Fundación. Si bien realizó un aporte a
través de un convenio interadministrativo, lo hizo para alcanzar un fin común con la
Corporación, sin que eso convirtiera a la entidad territorial en dueña de la obra; (ii)
inepta demanda. No hay lugar a una controversia contractual, pues no se suscribió
un acuerdo negocial entre la Fundación y el Municipio; (iii) excepción de contrato no
cumplido. Fue la Fundación la que inobservó el contrato, por tanto, no puede pedir
su cumplimiento a la Corporación; (iv) inexistencia de contrato de mandato entre el
municipio y el Parque Arví. El Municipio y la Corporación celebraron un convenio
interadministrativo fundamentado en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que no
tiene la connotación de un mandato, por cuanto versó sobre un pacto de asociación
entre éstos con el fin de impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo; (v)
inexistencia de perjuicios por parte del municipio. La entidad, con su conducta, no
generó perjuicio alguno a la Fundación; (vi) buena fe. El Municipio siempre ha
actuado en el marco de la buena fe y las normas del ordenamiento legal; y (vii) la
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genérica. Que se declare la ocurrencia de cualquier otra excepción que se
demuestre en el proceso.
20. La Corporación se opuso a las pretensiones. Señaló que le entregó a la
contratista dos opciones para hacer los cimientos de la obra, dependiendo del peso
de la construcción, y que las zapatas no eran la única opción provista. La
recomendación de recalcular la cimentación obedeció al concepto del ingeniero de
suelos y no al capricho de la contratante; además, no se modificaron de forma
unilateral los diseños estructurales al establecer el uso de pilas, sino que se trató de
una decisión adoptada en el comité de obra, del cual también hacía parte la
Fundación.
21. Los BTC fueron rechazados debido a que sus ensayos se realizaron por la
UIS a 800 kms de distancia, pese a que las muestras debían hacerse en presencia
de la interventoría. La realidad técnica de los bloques, según el resumen de los
ensayos de laboratorio, muestra que el 60% de los ladrillos elaborados por la
Fundación no cumplían con la norma Icontec NTC 5324, el 35% cumplía con el
mínimo exigido en la norma y solo el 5% alcanzó lo exigido por la interventoría. El
contratista no cumplió con la obligación prevista en el punto 17 del pliego de
condiciones, en tanto no veló por la calidad de la obra, ni siquiera aplicó los estudios
necesarios para trabajar con tierra.
22. Las tapias pisadas tenían fisuras, grietas, embombamientos y
desprendimientos que no fueron ocasionados por el sistema implementado con
estructura de madera al interior de las tapias, sino por la mala puesta de las tapias
del mercado 1 por la aplicación de cal en las juntas sin la autorización de la
interventoría, la construcción de las tapias del módulo mercado 2 sin la estructura
de madera aprobada y la construcción de las tapias del módulo de danzas haciendo
creer que el contratista había colocado las maderas, sin que lo hubiere hecho
correctamente.
23. El contrato culminó el 23 de diciembre de 2010, como quedó consignado en
el acta 51, y a esa fecha no se había logrado el objeto pactado. Aunque las
actividades relacionadas con los BTC y las tapias fueron suspendidas, la contratista
pudo continuar con el programa como le fue sugerido, ya que pudo terminar las
redes hidrosanitarias, las instalaciones sanitarias, las estructuras de las cubiertas,
la torre de captación de aguas, pero no realizó ninguna de esas actividades.
24. La contratista firmó el acta de liquidación bilateral del contrato, por lo que no
es cierto que fuera un simple proyecto. A pesar de que indicó que no estaba de
acuerdo con su contenido, la Fundación no incluyó una salvedad sobre algún punto
especial.
25. Dada la falta de terminación de la obra, la contratante tuvo que adelantar la
convocatoria 004 de 2011 para la construcción de las obras de corrección y
terminación de las edificaciones, espacio público y obras complementarias del
núcleo Mazo del Parque, la cual fue adjudicada a la sociedad Pórticos Ingenieros
Civiles S.A. con la que se suscribió el contrato No. 10 de 2011.
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26. Con base en lo anterior, propuso los medios exceptivos de: (i) falta de causa
para pedir.; (ii) mala fe del accionante; (iii) inexistencia de obligación a indemnizar;
(iv) contrato no cumplido; (v) falta de existencia de contrato de mandato entre el
municipio y el Parque Arví. Adicionalmente, propuso la excepción de (vi)
compensación de las obligaciones en que las partes sean acreedor y deudor, con
la advertencia de que esta solicitud no implicaba reconocimiento de derecho alguno;
y la (vii) genérica.
Demanda de reconvención6
27. El 19 de marzo de 2013, la Corporación presentó demanda de reconvención
contra la Fundación, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe como obra en el texto original):
“1. Que se reconozca la existencia del Contrato N° 60 de 2009 para la
‘Construcción de edificaciones, espacios públicos y obras
complementarias del núcleo Mazo Parque Regional Ecoturismo Arví
corregimiento de Santa Elena, Municipio de Medellín’, por un valor de
TRES MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L
($3.069.461.044) y un plazo de diez (10) meses y cuarenta y cinco (45)
días calendario, que fue suscrito entre la CORPORACIÓN PARQUE
REGIONAL ECOTURISTICO ARVI, hoy CORPORACIÓN PARQUE ARVI
y la FUNDACIÓN TIERRA VIVA AGREGANDOSELE
COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACION PARA LA PRESERVACIÓN,
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN
TIERRA.
2. Que se declare que el contratista FUNDACIÓN TIERRA VIVA
AGREGANDOSELE COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACION PARA LA
PRESERVACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
ARQUITECTURA EN TIERRA incumplió el contrato N° 060 del 3 de
diciembre de 2009, suscrito con la CORPORACIÓN, toda vez que dejó de
ejecutar el 21,08% de la obra que se encomendó construir.
3. Que se declare y condene a la FUNDACIÓN TIERRA VIVA
AGREGANDOSELE COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACION PARA LA
PRESERVACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
ARQUITECTURA EN TIERRA a reconocer y pagar los perjuicios
materiales ocasionados a la CORPORACIÓN PARQUE REGIONAL
ECOTURISTICO ARVI, hoy CORPORACIÓN PARQUE ARVI, hoy
estimados en:
DAÑO EMERGENTE: $946.837.689
4. Que se declare y condene a la FUNDACIÓN TIERRA VIVA a pagar a la
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ el valor correspondiente derivado de la
pérdida del buen nombre ‘Good Will’ que ha sufrido a raíz del
incumplimiento contractual que generó el retraso en la terminación de la
obra objeto del contrato objeto de esta litis, con una cuantía a la fecha de
100 SMMLV ($56.670.000 año 2012).
5. Que se declare que las sumas que se condene a pagar a la
FUNDACIÓN TIERRA VIVA AGREGANDOSELE
COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACION PARA LA PRESERVACIÓN,
6 Folios 1233 a 1249 del cuaderno 2.
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Demandante: Fundación Tierra Viva
Demandado: Municipio de Medellín y Parque Arví
Acción: Controversias contractuales
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN
TIERRA, a favor de la Corporación Parque Arví, sean actualizadas para
mantener el poder adquisitivo del dinero al momento de la sentencia
acudiendo para ello a las certificaciones que expidan el DEPARTAMENTO
NACIONAL DE ESTADISTICA y EL BANCO DE LA REPUBLICA sobre la
variación del índice de precios al consumidor y corrección monetaria.
6. Que se condene a la FUNDACIÓN TIERRA VIVA AGREGANDOSELE
COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACION PARA LA PRESERVACIÓN,
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN
TIERRA al reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos,
sobre el valor de las condenas por las pretensiones aquí expuestas entre
la fecha de causación del daño y la fecha de la sentencia definitiva a la
tasa que certifique la Superintendencia Financiera para este mismo
período.
7. Que se condene a la FUNDACIÓN TIERRA VIVA AGREGANDOSELE
COMPLEMENTARIAMENTE FUNDACION PARA LA PRESERVACIÓN,
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN
TIERRA al reconocimiento y pago de las costas y agencias en derecho,
atendiendo a la manifiesta negligencia en que ha incurrido la FUNDACIÓN,
misma que carece de justificación como no sea el mero interés de incumplir
el contrato en forma arbitraria”7.
28. Además de reiterar lo que manifestó al contestar la demanda de la
contratista, la Corporación reseñó los siguientes supuestos de hecho como soporte
de sus pedimentos:
29. En el acta final de obra del 23 de enero de 2011 se dejó constancia de que
al 23 de diciembre de 2010 la contratista no cumplió con la ejecución del 100% de
las obras, razón por la cual no fueron recibidas a satisfacción por la interventoría.
30. Con base en la referida acta final, se desarrolló el contenido del acta de
liquidación bilateral del negocio jurídico, la cual fue suscrita por las partes el 28 de
febrero de 2011. En este documento la contratista indicó que no compartía su
contenido y dejó la salvedad de que recurriría a métodos alternativos. El 3 de marzo
siguiente, se firmó el acta denominada “corrección al acta de liquidación del contrato
No. 60 de 2009”8.
31. El buen nombre de la contratante se vio afectado porque a la fecha de
presentación de la demanda aún no se había terminado la obra del Núcleo de Mazo,
objeto principal del contrato No. 60 de 2009.
32. Como fundamento de derecho de sus peticiones se refirió a los artículos 145
del CCA, 83 de la Constitución Política, 1602, 1603, 1608, 1609 y 1610 del Código
Civil.
La defensa de la demandada en reconvención
7 Folios 1244 y 1245 del cuaderno 2.
8 Este documento solo fue suscrito por la interventoría, allí se precisó que la contratista le adeudaba a la
contratante el monto de $866’556.809,14 y no la cifra de $886’556.509,14, como se plasmó en el acta del 28
de febrero de 2011(fls. 1218 a 1219, c.2).
10
Expediente 05001233100020120020601 (67.304)
Demandante: Fundación Tierra Viva
Demandado: Municipio de Medellín y Parque Arví
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33. La Fundación se opuso a las pretensiones de la demanda de reconvención.
Arguyó: (i) el contrato no terminó en la fecha indicada por la contratante porque
estaba a la espera de que un perito evaluara la obra, lo que no aconteció; (ii) el
balance presentado por la contratante carece de sustento y en el acta de liquidación
la contratista manifestó que no aceptaba las cifras allí indicadas; (iii) la Corporación
justificó su actuar en el dictamen rendido por el ingeniero Santiago Rivero, quien
estaba sancionado por el COPNIA –Consejo Profesional de Ingeniería– por rendir
un dictamen relacionado con el contrato en estudio a pesar de que a ese momento
tenía un proceso judicial (de índole laboral) vigente contra la contratista; y (iv) no es
cierto que el negocio suscrito con Pórticos Ingenieros Civiles S.A. estuviese dirigido
a culminar las obras que no pudo terminar la Fundación, puesto que lo que hicieron
fue desnaturalizar el proyecto, demoler lo efectuado y entregar a la comunidad una
obra inconclusa, en teja y ladrillo cocido tradicional.
Alegatos en primera instancia
34. Vencido el período probatorio9, en el término para alegar de conclusión10 el
Municipio insistió en las razones que planteó al contestar la demanda 11 y agregó
que, como lo manifestaron los testigos, al contratista se le pagaron todas las
actividades, además de que las modificaciones ordenadas por la interventoría se
basaron en estudios técnicos, más no en un capricho de la Corporación. La
Fundación reiteró las razones de sus pedimentos y las de su defensa frente a la
demanda de reconvención12. La Corporación insistió en los argumentos de su
defensa y en aquellas en las que basó las súplicas de la demanda de
reconvención13. Añadió que con la prueba testimonial practicada se corroboró que
la Fundación no cumplió con las normas técnicas constructivas; además de que se
demostró que la interventoría cumplió con sus funciones. El Ministerio Público
guardó silencio.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
9 En auto del 12 de abril de 2016 (fls. 1948 a 1950, c. 3), el a quo decretó como pruebas las siguientes: (i) las
documentales aportadas con la demanda principal (fls. 65a a 423 c. 1 y 425 a 864 c. 7) y la contestación (fls.
873 a 1230 c. 2), (ii) los insumos documentales aportados con la demanda de reconvención (fls. 1252 a 1485 c.
2 y 1486 a 1490 c.3) y su contestación (fls. 1570 a 1944 c. 3), (iii) práctica de los testimonios de Juan Gonzalo
Álvarez Henao (fls. 1965 a 1966, c. 3), Olga Cecilia Cuartas Ramírez (fls. 1969 a 1973 c. 3), Zoé Beatriz Berrio
Osorio (fls. 1967 a 1968 c. 3), Juan Manuel Castellanos (fls. 1886 y 1887 y cd fl. 1890 c.3) Catalina Jaramillo
Uribe (no se practicó), Darío Angulo Jaramillo (fls. 172 y cd fl. 173 c. 5), Néstor Vargas Pedroza (fls. 170 a 171
y cd fl. 173 c. 5), Beatriz Helena Ramírez Gómez (fls. 1930 a 1935 c. 3), Carlos Andrés Diez Ossa (no se
practicó) y Santiago Ribero Bolaños (fls. 1910 a 1912 y cd fl. 1913 c. 3), (iv) negó el decreto de la inspección
judicial solicitada por el Parque Arví y (v) accedió al dictamen pericial pedido por la Fundación en su contestación
de la demanda de reconvención relativo a la calidad de “los bloques de tierra compactada, la tapia pisada, las
estructuras de madera y la calidad de la construcción de las obras desarrolladas por la FUNDACIÓN TIERRA
VIVA”. El Tribunal fijó como gastos de la pericia la suma de $23’000.000 y en varios autos requirió a la parte
interesada para que cancelará sus expensas. El último requerimiento de este tipo se presentó, a través de auto
del 10 de octubre de 2018 (fl. 1959 c.3), en el que el a quo le concedió un término improrrogable de 15 días a
la fundación para que pagara dicha suma y de no acreditarse el pago se entendería desistida la prueba “sin
más consideraciones”. Luego, el 22 de noviembre de 2018 (fl. 1960 c.3), se cerró el período probatorio, al correr
traslado para alegar a las partes, sin que conste en el proceso el pago de las aludidas expensas o la rendición
del mencionado dictamen. En el curso de segundo grado, la Fundación no insistió en la práctica de este
dictamen.
10 El Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto,
por medio de auto del 22 de noviembre de 2018 -fl. 1960 C3-.
11 Folios 1961 a 1968, C3.
12 Folios 1969 a 1990, C3.
13 Folios 1991 a 2009, C3.
11
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35. El Tribunal negó las pretensiones formuladas por la Fundación y las
perseguidas con la demanda de reconvención.
36. En lo que concierne a la demanda principal, señaló que no era posible
estudiar las pretensiones de incumplimiento porque, si bien en la liquidación bilateral
dejó constancia de sus inconformidades, no lo hizo de forma clara y concreta, sino
a través de una fórmula genérica que no cumple con la carga mínima de claridad y
precisión que se requiere para realizar el examen de las pretensiones.
37. Respecto de la demanda de reconvención, indicó que el material probatorio
aportado al expediente daba cuenta de que la Fundación incumplió el contrato por
la inadecuada programación de las obras, la falta de personal, las dilaciones en el
suministro de los materiales, los errores en que incurrió en el suministro de varios
frentes de la obra, así como en la fabricación del BTC y la tapia pisada; además, no
se demostró que la interventoría se extralimitara en sus funciones, ni que sus
indicaciones tuvieran como propósito entorpecer la labor de la contratista. Sin
embargo, los perjuicios ocasionados a la contratante fueron remunerados con la
cláusula penal que se hizo efectiva en el acta de liquidación bilateral, por lo que no
había lugar al reconocimiento de ningún valor adicional por este concepto. No
accedió al pago del daño por la pérdida del buen nombre ante la comunidad, porque
la Corporación no dejó ninguna observación al respecto en la liquidación y, en todo
caso, no demostró dicha afectación.
II.LOS RECURSOS DE APELACIÓN
38. La Corporación14 interpuso recurso de apelación con el objeto de que se
revoque el ordinal segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, se declare
que la Fundación incumplió el contrato No. 060 de 2009 y, como consecuencia, se
la condene al reconocimiento y pago de las obligaciones contenidas en el acta de
liquidación bilateral del negocio jurídico. Alegó que:
39. El Tribunal incurrió en una contradicción al negarse a declarar el
incumplimiento de la Fundación, pues esto se probó en el acta de liquidación
bilateral del contrato No. 060 de 2009 y así lo reconoció en las motivaciones de la
providencia impugnada.
40. En el expediente no obran pruebas que acrediten el pago de las obligaciones
adquiridas por las partes, por lo cual no se podía negar el reconocimiento de los
valores reclamados por la Corporación.
41. La Fundación15 solicitó que se revoque el fallo apelado y, en su lugar, que se
acceda a sus pretensiones. Expresó que:
42. La decisión del Tribunal se basó en un criterio restrictivo e inaplicable al caso
concreto, comoquiera que las salvedades a la liquidación del contrato solo aplican
14 Folios 2050 a 2052 del cuaderno principal.
15 Folios 2056 a 2072 del cuaderno principal.
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a los que se rigen por la ley 80 de 1993, no respecto de los negocios sujetos al
derecho privado, como lo es el contrato No. 060 de 2009.
43. El documento que se denominó liquidación bilateral del contrato constituye
una propuesta del balance de cuentas que la Corporación quiso imponer a la
Fundación, pero que no fueron aceptadas por ésta. La contratista manifestó no estar
de acuerdo con su contenido.
44. En el contrato de obra, cuando el contratista suministra la materia para la
confección de la misma, no está en mora sino a partir del momento en que la obra
es aprobada –art. 2053 del C.C.– y, en todo caso, si una obligación está sometida
a condición, no puede alegarse su incumplimiento mientras no se hubiere
configurado ese evento futuro del que pende. Como consta en el acta 44 de octubre
de 2010, la interventoría sometió el cumplimiento de las prestaciones a una
condición suspensiva, la aprobación de la calidad de los BTC y la tapia pisada por
parte de dos ingenieros estructurales, pero nunca aportó la aludida experticia, por
lo cual para el 23 de diciembre de 2010 el contrato no había terminado, pues la obra
estaba suspendida por esa orden, razón por la cual mal podría hablarse de un
balance final del contrato y menos de que el mismo se hubiere suscrito de común
acuerdo.
45. La sentencia impugnada no fundamentó cómo y cuándo terminó el contrato,
ni la causa de su terminación, ni si fue declarada unilateralmente o aceptada por las
partes. Tampoco precisó si el contrato requería o no de liquidación, conforme a las
normas del derecho común.
46. El a quo dejó de lado el material probatorio que obra en el sub examine que
acredita que el retraso endilgado al contratista tuvo origen en las órdenes impartidas
por la interventoría que lo llevaron a repetir las obras, pues las fórmulas impuestas
no resistieron y condujeron al desplome de los trabajos; además, la contratante le
impidió continuar con las actividades a la espera del concepto de un perito, sin que
se hubiesen suscrito las respectivas actas de suspensión y de reinicio de la obra.
La experticia del ingeniero José Ricardo Martínez, aportada al plenario, da cuenta
de la viabilidad de continuar con el proyecto y cuestiona la decisión de suspender la
obra, pues tanto los BTC como los muros de tapia pisada cumplían con los
requerimientos de construcción en tierra y las normas técnicas aplicables.
47. La contratista reiteró los supuestos de incumplimiento aducidos en la
demanda principal y agregó que la Corporación no tenía la potestad de imponer
multas y que los sobrecostos aludidos por la contratante se originaron por las
erróneas determinaciones de la interventoría que fueron avaladas por la
Corporación.
48. La contratante, bajo la egida del derecho privado, no tiene competencia para
declarar el incumplimiento de un contrato, ni hacer efectiva la cláusula penal. Con
base en la condición resolutoria tácita del artículo 1546 del Código Civil, la parte
cumplida del contrato puede pedir su resolución o su cumplimiento con la
indemnización de los perjuicios, pero en este caso la Corporación no acudió al juez
13
Expediente 05001233100020120020601 (67.304)
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para que se declarara si hubo o no incumplimiento y si el mismo era atribuible al
contratista.
Trámite en segunda instancia
49. En auto del 13 de mayo de 202116, el Tribunal concedió los recursos de
apelación y esta Corporación los admitió en proveído del 30 de agosto de ese año17.
En proveído del 16 de noviembre siguiente18, se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto.
50. El Municipio19, además de reiterar los argumentos expuestos en el curso del
proceso, pidió que se revoque la sentencia en lo relativo a negar las súplicas de la
demanda de reconvención, puesto que la cláusula penal no fue suficiente para
resarcir los perjuicios ocasionados a la Corporación, en la medida que tuvo que
celebrar otro contrato para completar la obra no ejecutada. Si bien este perjuicio se
causó por el incumplimiento de la contratista, únicamente se hizo efectivo en el
momento en el que se suscribió el nuevo contrato para terminar la obra, situación
que se desconocía en la época de elaboración del acta de liquidación bilateral del
contrato No. 060 de 2009.
51. La Corporación20 ratificó lo aludido en su recurso de alzada. Alegó que la
apelación de la Fundación fue presentada de forma extemporánea21, pues el
término venció el 3 de febrero de 2021 y la impugnación se formuló el día 6
siguiente.
52. La Fundación22 reiteró que la contratante suspendió la ejecución de las obras
y le impidió la culminación de las mismas. Añadió que en el documento denominado
acta de liquidación bilateral se mencionaron unas cifras sin sustento técnico y sin la
debida verificación conjunta de las partes. Ratificó las razones en que sustentó su
alzada.
16 Folio 2077 del cuaderno principal.
17 Folio 2082 del cuaderno principal.
18 Folio 2083 del cuaderno principal.
19 Índice 014 del aplicativo SAMAI.
20 Índice 013 del aplicativo SAMAI.
21 Ambos recursos de alzada fueron interpuestos oportunamente. La sentencia del 11 de diciembre de 2020 se
desfijó del edicto el 20 de enero de 2021 (folio 2048 c. ppal), por lo que el término de diez (10) días establecido
en el artículo 212 del CCA para apelar dicha providencia –normativa aplicable al sub examine, dado que la
demanda principal se presentó el 7 de febrero de 2012–, transcurrió entre el 21 de enero al 3 de febrero de
2021. La Fundación instauró su apelación el 2 de febrero de 2021, como consta a folio 2055 del c. ppal y la
Corporación lo hizo el día 3 de mismo mes y año, como consta en el correo electrónico recibido en esa fecha,
obrante a folio 2049 del c.ppal. Si bien en la captura de pantalla aportada con las alegaciones aparece como
fecha de actuación, concerniente a la presentación de la alzada de la Fundación, el “11 Feb 2021” descrita como
“recepción memorial por correo electrónico”, lo cierto es que en la anotación de esta actuación se indicó que
aconteció el “02/02/2021 APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE RECURSO DE APELACIÓN”, lo cual,
como se vio, coincide con las documentales que obran en el plenario. De modo que lo que ocurrió el 11 de
febrero de 2021 fue la inscripción o anotación en el aplicativo de la presentación del recurso de apelación de la
Fundación, sin que ello denote que su interposición acaeciera hasta ese momento, pues, como se explicó, ello
sucedió desde el 2 de ese mismo mes y año.
22 Índice 015 del aplicativo SAMAI.
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53. El Ministerio Público23 conceptuó que se debe modificar el fallo impugnado,
en el sentido de incluir en la parte resolutiva la declaratoria de incumplimiento de la
Fundación, en tanto se acreditó que no entregó la totalidad del objeto convenido,
por causas no imputables a la contratante. Añadió que la Corporación no cumplió
con la carga de demostrar que no recibió indemnización alguna de parte de la
Fundación, ni que no hubiere podido hacer efectivas las pólizas y la cláusula penal.
Compartió la aseveración del Tribunal de considerar como genérica y sin claridad la
salvedad incluida por la contratista en el acta de liquidación bilateral.
III. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
54. El artículo 305 del C.P.C. consagra el principio de congruencia al disponer
que la sentencia debe guardar coherencia con “los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades” contempladas en ese
Código, así como con las excepciones probadas que hubieren sido alegadas si así
lo impone la ley. Según el inciso segundo de ese mismo artículo, nadie puede ser
condenado por objeto o causa distinta a la alegada en la demanda, por lo cual la
incongruencia se presenta cuando existe disonancia entre lo fallado y lo alegado,
pedido y excepcionado oportunamente, salvo los aspectos que, de conformidad con
la ley, deban ser resueltos de oficio. Este principio se vincula directamente con la
garantía constitucional del debido proceso, en tanto determina la imposibilidad de
introducir sorpresivamente en actos posteriores a las etapas preclusivas del proceso
dispuestas para plantear el litigio, alegaciones o cuestiones de hecho respecto de
las cuales las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa y,
paralelamente, establece la incompetencia del juez para pronunciarse esos
aspectos novedosos24.
55. Examinado el recurso de alzada instaurado por la Fundación, así como los
hechos y fundamentos que concretaron la causa petendi de su demanda, se
observa que algunos de los reparos formulados en esta oportunidad desbordan el
marco de decisión bajo el cual fue fijado el litigio, en tanto planteó reproches
relativos a la incompetencia de la contratante de (i) imponer multas durante la
ejecución del contrato en litigio, (ii) declarar el incumplimiento del contrato, y (iii)
hacer efectiva la cláusula penal. Estas censuras no guardan afinidad con lo
consignado en el escrito de la demanda ni en su contestación, tampoco respecto de
lo que se discutió en el marco de la demanda de reconvención, ni comportan unos
temas que de oficio deban ser resuelto por el juez, por lo que no es posible abordar
su conocimiento en esta instancia, pues hacerlo implicaría desconocer el principio
de congruencia y violar el derecho de defensa de la contraparte. De modo que la
Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre dichos cuestionamientos.
23 Índice 018 del aplicativo SAMAI.
24 “Para el análisis de congruencia de una sentencia frente a las pretensiones de la demanda, es preciso tener
en cuenta que la pretensión comprende tanto el objeto, esto es el efecto jurídico que se persigue, como la causa
petendi, o razones de hecho y de derecho que le dan sustento. De este modo, en virtud del principio de
congruencia el juez debe pronunciarse sobre todos los extremos de la pretensión, los cuales delimitan el alcance
de la decisión que debe adoptarse en la sentencia, sin perjuicio de que, en desarrollo del principio jura novit
curia, el juez debe fallar conforme al derecho que resulte aplicable a los hechos que hayan sido alegados y
probados en el proceso” (sentencia T-152 de 2013 de la Corte Constitucional).
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El objeto de la apelación
56. Corresponde a la Sala determinar: (i) si el documento que se denominó acta
de liquidación bilateral contiene un acuerdo de voluntades acerca del balance final
del contrato No. 060 de 2009 y si, por esto, la Fundación estaba obligada a dejar
salvedades respecto de los asuntos que ahora pretende hacer valer en juicio. En
caso negativo, (ii) se deberá proceder al análisis de sus pretensiones, las cuales se
abordarán en conjunto con las de la demanda de reconvención, en tanto el debate
que plantean ambas partes versa sobre un mismo punto que consiste en determinar
a quién resultan imputables las causas que impidieron que el objeto pactado se
cumpliera. (iii) Con base en lo anterior, se estudiará si proceden las pretensiones
consecuenciales de la declaración de incumplimiento que prospere.
Caso concreto
57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el
contrato No. 60 de 2009 se rigió por el derecho común25. En ejercicio de la
autonomía de la voluntad y según se desprende de los términos de referencia que
guiaron la convocatoria No. 001 de 2009 que precedió a su celebración26, las partes
acordaron que el negocio jurídico se liquidaría de mutuo acuerdo dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la fecha de recibo a satisfacción de las obras por parte
del interventor y, a falta de acuerdo, la Corporación podría efectuar la liquidación
dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo fijado para el corte de cuentas
bilateral. También se estipuló que, si fenecidos los anteriores términos no se
efectuaba la liquidación, ésta podía realizarse en cualquier momento dentro de los
dos (2) años siguientes al vencimiento de dichos meses27.
58. Teniendo en cuenta el carácter normativo que el legislador le asignó a las
cláusulas negociales –artículo 1602 del C.C.– como fuente de las obligaciones28,
debe concluirse que esa etapa se consagró convencionalmente por el acuerdo de
las partes.
25 La Corporación Parque Arví es una entidad pública sin ánimo de lucro de aquellas que trata el art. 96 de la
Ley 489 de 1998, por lo cual, en los términos de esa normativa, está sujeta a las previsiones del Código Civil.
En efecto, en sus estatutos se establece:
“ARTÍCULO 1: Nombre y Naturaleza. La CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ es una entidad sin ánimo de lucro,
creada por entidades públicas y personas jurídicas de derecho privado, con fundamento en el artículo 96 de la
Ley 489 de 1998.
La Corporación es una entidad de naturaleza pública, en la modalidad de descentralizada indirecta por servicios
del Municipio de Medellín.
Podrá utilizar también como sigla PARQUE ARVÍ para todos los efectos legales.
(…)
ARTÍCULO 4: Régimen Legal Aplicable. La Corporación está sujeta a las normas de derecho privado en cuanto
la contratación y en especial a las previstas en el Código Civil respecto de las entidades sin ánimo de lucro, en
lo relativo a su funcionamiento” (se subraya, fls. 954 y 955, c.2).
26 En la cláusula primera del contrato No. 60 de 2009 se estipuló que los términos de referencia de la
convocatoria pública y la propuesta presentada por la contratista hacían parte de dicho negocio jurídico.
27 Fl. 1147 del c.2
28 Código Civil: “ARTÍCULO 1494. <FUENTE DE LAS OBLIGACIONES>. Las obligaciones nacen, ya del
concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho
voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los
cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los
delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”.
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Expediente 05001233100020120020601 (67.304)
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59. Como lo manifestó la Sala Plena de la Sección Tercera29, el pacto de la
cláusula de liquidación en los contratos sometidos al derecho común resulta del
ejercicio de la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual las partes fijan las reglas
que van a regir sus acuerdos y el alcance de los mismos. En este escenario, la
liquidación no siempre obra como cierre integral y definitivo de todo tipo de relación
surgida de la ejecución del contrato –como sí acontece en los negocios sujetos al
EGCAP, dada expresa previsión legal en tal sentido–, pues se trata de una cláusula
accesoria que, al pactarla las partes, la llenan de contenido y establecen su
extensión, por lo cual corresponde constatar en cada asunto si los sujetos
negociales la establecieron como un balance contable, económico o financiero, o
si ampliaron su propósito a un acto de cierre de todas las cuestiones que surgieran
en virtud del negocio jurídico, al comprender los acuerdos, conciliaciones y
transacciones para poner fin a las divergencias presentadas.
60. Es pertinente precisar que en los contratos sometidos al ECGAP la carga de
consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral deriva del alcance que la ley
impone a esta clase de acuerdos –cierre integral y definitivo– y que las partes deben
observar al momento de suscribirlos, pero no es un aspecto exclusivo de ese tipo
de negocios jurídicos, pues, en virtud del principio de normatividad de los contratos
consagrado en el referido artículo 1602, en los que están sometidos al derecho
privado, esa carga se debe observar según lo imponga el alcance de los consensos
a los que se arriben al realizar ese ejercicio, así como del alcance que las partes
impriman a la etapa liquidatoria del contrato.
61. En el presente asunto, si bien las partes acordaron adelantar una etapa de
liquidación, no se refirieron al finiquito del contrato como un acto con el alcance de
cierre integral del mismo, ni lo revistieron como una herramienta de contenido
transaccional, pues nada estipularon sobre el contenido del acto, distinto que la
liquidación se efectuara en unos lapsos de tiempo como se lee en lo consignado en
los términos de la convocatoria pública No. 001 de 200930 –que hacen parte de los
documentos que integran el contrato No. 60 de 2009–. Con todo, lo que encuentra
la Sala es que en este caso la Fundación no debía cumplir la carga de dejar
salvedades, dado que no existió un acuerdo en torno al balance final del contrato
No. 60 de 2009.
62. Al examinar el texto de la denominada “ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO DE Nro. 60 DE 2009” del 28 de febrero de 2011, se observa que no
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del
9 de mayo de 2024, radicación 76001233100020060332003 (53.962), Consejero Ponente: José Roberto
Sáchica Méndez.
30 “3.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el CONTRATISTA y la CPREA, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la fecha de recibo a entera satisfacción por parte del interventor, visto bueno del
Coordinador del Proyecto designado y de la Directora Ejecutiva.
Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de las garantías de
estabilidad de los trabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil, para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del plazo contractual.
Si el CONTRATISTA no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el
contenido de la misma, la CPREA lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los párrafos
anteriores” (fl. 108, c.1.).
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contiene un acuerdo ni siquiera parcial respecto del balance de cuentas del contrato,
dado que la Fundación no emitió su consentimiento respecto de ninguno de los
puntos que se incluyeron en ese documento. En efecto, en este se hace referencia
a: (i) la descripción general del contrato, (ii) el plazo del mismo y su ampliación, (iii)
el acta final de obra del 23 de enero de 2011, en la que se indicó como porcentaje
de inejecución del objeto encargado el 21,08%, (iv) la relación de los costos que, a
juicio de la interventoría, implicaría reanudar la ejecución de la obra, (v) la
enunciación de las multas impuestas a la contratista, (vi) el valor de las pruebas de
laboratorio que la Fundación no pagó, (vii) el valor que conllevaría terminar las obras
inconclusas, (viii) la mención de las 11 facturas pagadas a la contratista y la
existencia de un saldo a favor de la Corporación en virtud de dichos pagos, y (ix) el
valor al que ascendía la aplicación de la cláusula penal proporcional al porcentaje
de incumplimiento del contrato, se plasmó que, por medio de dicho escrito, se
liquidaba el negocio jurídico, concluyéndose que la contratista le adeudaba al
contratante el monto de $886’556.809,1431. Si bien la Fundación suscribió el referido
documento, al hacerlo dejó sentado fue su expresa oposición a su contenido32, al
señalar que : “[s]e deja constancia que el CONTRATISTA no está de acuerdo con
la anterior liquidación y solicita acudir a alguno de los métodos alternativos de
solución de conflictos33, como lo estipula el contrato”34 (énfasis agregado).
63. Ante la evidencia de la inexistencia de un acuerdo de voluntades respecto
del balance final del contrato, se halla razón a la Fundación en cuanto a que el
Tribunal no podía negar sus pretensiones por haber consignado una salvedad como
la indicada y, por tanto, haber quedado obligada por los efectos vinculantes de un
negocio jurídico que no podía desconocer en vía judicial, pues éste no se configuró
por ausencia de uno de sus elementos esenciales, el consentimiento. En
consecuencia, ante los efectos de tal acta, se impone examinar las pretensiones
expresadas por la contratista –como se anunció– de manera conjunta con las de la
demanda de reconvención, por converger ambas en un mismo punto de litigio que
se contrae a determinar a cuál de las partes del contrato No. 60 de 2009 le son
atribuibles las causas que impidieron su cumplimiento.
64. La Sala empezará por examinar los cuestionamientos a los requerimientos
técnicos que la interventoría exigió en punto a los BTC (bloques de tierra
comprimidos), tapia pisada y techos verdes, puesto que, según la Fundación, fueron
los que le impidieron, de forma injustificada, culminar con el objeto encargado.
65. El contrato No. 60 de 2009 tuvo por objeto “realizar la construcción de
edificaciones, espacio público y obras complementarias del núcleo mazo Parque
31 Fl. 214, c.1.
32 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2024, radicación 250002326000 201200017 01
(66.691), Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
33 En la cláusula décimo octava del contrato No. 60 de 2009 las partes convinieron la búsqueda de soluciones
directas y ágiles a las discrepancias que surgieran con ocasión del negocio jurídico, sin circunscribir su ámbito
de resolución a un mecanismo en particular, así:
“CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes buscarán solucionar en
forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas con relación a la existencia, interpretación, ejecución
y terminación del contrato, mediante los mecanismos alternos de solución de conflictos establecidos en la ley”
(fl. 1170, c.2.)
34 Fl. 214, c.1.
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Regional Ecoturístico Arví, corregimiento de Santa Elena, municipio de Medellín, de
conformidad con los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 001 de
2009”35. Para desarrollar este objeto, la contratista debía llevar a cabo las siguientes
tareas: (i) localización, trazado y replanteo del proyecto, (ii) movimientos de tierra,
(iii) concretos y aceros, (iv) mampostería en concreto, tapia pisada y bahareque, (v)
cubiertas y techo verde, (vi) pisos, revoques, enchapes y pintura, (vii) instalaciones
hidrosanitarias, (viii) instalaciones eléctricas y de madera y (ix) urbanismo. Este
negocio fue pactado bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables, por un
valor de $3.069’461.944.
66. En los términos de referencia de la convocatoria que precedió el pacto
negocial, se plasmó que dicho proyecto perseguía la ejecución de una obra en el
núcleo “mazo” que corresponde a unos de los seis (6) que componen el Parque
Regional Ecoturístico Arví, para consolidarlo como un centro de servicios y de
emprendimiento mediante la construcción de un centro de desarrollo empresarial
zonal (CEDEZO), una escuela de artes y oficios, un mercado campesino, la
adecuación de la plaza mazo con amoblamiento público y la construcción de una
torre de viento para el manejo de las aguas del núcleo a través de la construcción
en tierra, utilizando los métodos de tapia pisada, bahareque y BTC.
67. Un punto cardinal de la ejecución del proyecto lo constituyó la construcción
en tierra, tanto que se erigió como requisito de habilitación de la convocatoria la
acreditación por parte de los interesados de una experiencia mínima de 5000 m2 de
construcción de edificaciones aplicando de manera integral técnicas de
construcción con tierra cruda (tapia pisada, adobe, bahareque, bloque de tierra
compactada) o su integración hasta en un 70% con materiales industriales
(concreto, hierro, mampostería en bloque y adobe)36.
68. Frente a los BTC y a la tapia pisada, la contratista sostuvo que las órdenes
de la interventoría sobre éstos constituyeron una de las causas por las que no fue
posible ejecutar el contrato en el plazo estipulado, en tanto suspendió su ejecución
y, por ende, la culminación de la obra, al negarle su fabricación e instalación con
fundamento en: (i) la consideración injustificada de que el BTC no cumplía con las
Normas Técnicas Colombianas (NTC) del ICONTEC y la tapia pisada tampoco
cumplía con los lineamientos técnicos aplicables, (ii) el rechazo de los ensayos de
laboratorio que de estos elementos realizó la UIS, y (iii) un concepto “subjetivo y
tendencioso” rendido por un ingeniero que tenía un proceso laboral vigente contra
la Fundación; además de que dio la orden de incluir recebo a la mezcla de ambos
materiales, lo que produjo la excesiva humedad de los mismos.
69. Como se encuentra que los medios probatorios en torno a la calidad de las
mezclas de BTC y tapia pisada son los mismos, la Sala se pronunciará de forma
simultánea sobre estas censuras.
70. Dado que lo que se cuestiona son las instrucciones emitidas por la
interventoría que habrían sido contradictorias con las técnicas planteadas por el
35 Fl. 847, c.7
36 Fl. 270, c.1.
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contratista, resulta pertinente empezar por mencionar que sus funciones consistían
en garantizar la adecuada y oportuna gestión de las obras, gestionar y asistir a la
contratante en asuntos de orden técnico37, para lo cual podía ordenar a la contratista
“la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que se pudieren
presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecución del contrato”38. Adicionalmente, la interventoría estaba habilitada para
recomendar cambios que considerara convenientes o necesarios en las
especificaciones y someterlos a consideración de la Corporación. En caso de ser
aceptados por ésta, la interventoría debía comunicarlos por escrito a la Fundación
que, a su vez, estaba en la obligación de acatarlos, pero si estimaba que no eran
adecuados, debía manifestar su inconformidad por escrito, so pena de responder
solidariamente con el interventor si producto de esas instrucciones se derivaban
perjuicios para la contratante39.
71. De conformidad con los términos de la convocatoria pública que precedieron
la celebración del contrato No. 60 de 2009, los métodos para la ejecución de las
obras en tierra estaban sujetos a la iniciativa de la contratista, pero debían realizarse
según el proceso constructivo indicado en tal convocatoria40; de manera que las
funciones de la interventoría no reñían con dicha iniciativa de la Fundación, sino que
ambas se debían coordinar y complementar, en la medida que la contratista debía
ajustarse a la verificación de los requerimientos de orden técnico y de calidad que
le correspondía examinar a la interventoría, sin perjuicio de que podía manifestar
por escrito su desacuerdo, expresando sus razones técnicas de forma sopesada y
justificada.
72. En el numeral 19 de los términos de referencia41, se estipuló que la contratista
se comprometía a suministrar oportunamente todos los materiales requeridos para
37 Funciones de la interventoría, en los términos de la convocatoria 002 de 2009, que dio lugar a la adjudicación
del contrato No. 62 de 2009 al consorcio Arquitectura en Tierra (fl.286, c.1).
38 Fl. 254, c.1.
39 En el numeral 15 de la convocatoria pública 01 de 2009 se estableció:
“15. Interventoría de los trabajos
La CPREA ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un
interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el
contratista. El interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del contrato, para lo cual podrá en
cualquier momento, exigir al contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del mismo,
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo
(…)
Así mismo el interventor está autorizado para ordenar el contratista la corrección, en el menor tiempo posible,
de los desajustes que se pudieran presentar y determinar los mecanismos pertinentes para prever o solucionar
rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría; no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario,
responderá solidariamente con el interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para
CPREA.
La CPREA podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Interventor, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamos o ampliación del plazo
(…)
El contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por la CPREA
o la interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del contratista ni su autoridad
en la dirección de la obra” (fls. 114 y 115, c.1.).
40 En los términos de la convocatoria pública 001 de 2009 se previó que los “métodos para la ejecución de las
obras quedarán sujetos a la iniciativa del contratista, sujetándose al proceso constructivo indicado en esta
convocatoria [es decir, la construcción en tierra]” (Fl. 251, c.1.).
41 Numeral 19 de los términos de referencia consagró:
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la ejecución de la obra, los cuales debían adecuarse a las normas técnicas del
ICONTEC. En el marco de dicha prestación, tanto la interventoría como la
Corporación podían inspeccionar y realizar pruebas a tales elementos en cualquier
momento –durante su fabricación, embalaje, montaje y hasta su aceptación final–.
En este numeral se dispuso que en caso de que la interventoría requiriera la
especificación técnica de los materiales, la contratista estaba obligada a realizar a
su costo los ensayos necesarios. La Corporación podía rechazar los materiales o
elementos que no estuvieren conformes con las normas NTC, caso en el cual dicho
material se debía retirar y reemplazar con material aprobado, sin que esto generara
el pago de erogaciones adicionales, pues se pactó expresamente que “toda obra
rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción,
deberá ser reparada por el Contratista a su costo”42.
73. La contratista adujo que, sin el respaldo suficiente, la interventoría afirmó que
los BTC no cumplían con la NTC, que la tapia pisada no cumplía con las calidades
técnicas requeridas y que, además, le ordenó incluir recebo en la mezcla de estos
elementos lo que los hizo excesivamente húmedos e inestables. Las pruebas que
obra en el expediente muestran que la interventoría fue reiterativa en señalar que el
muestreo que realizó a las mezclas de la Fundación frente a los BTC y a la tapia
pisada no se adecuó a los requerimientos de calidad y que su recomendación
estaba dirigida a incluir una granulometría de mayor espesor para proveer
estabilidad a la obra. Si bien la Fundación expresó reparos frente a las instrucciones
impartidas en punto a la mezcla, lo cierto es que no acreditó que tales directrices
fueran erróneas o que carecieran del soporte técnico requerido.
74. Mediante comunicación CAA 084 del 30 de julio de 201043, la interventoría le
manifestó a la contratista que las muestras de los BTC elaboradas no se ceñían a
la NTC ni a los parámetros consignados en el tratado de construcción en Tierra del
CRAterre (Centro Internacional para la Construcción en Tierra). En acta No. 32 del
“19. Materiales
El contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la
construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance
normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos que el contratista
cumple en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y
para el fin al que se destine y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su
contaminación.
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La CPREA podrá rechazar los materiales o elementos
si no los encuentra conforme a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar,
reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente,
todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por
defectos de construcción, deberá ser reparada por el contratista a su costo.
En caso de que la interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de
acuerdo con las normas, el contratista está obligado a realizar su costo los ensayos necesarios, y ello no
representará ningún costo adicional para la CPREA.
(…)
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o
no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, la CPREA tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su
corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del
contratista, a la notificación por parte del interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo a
menos que se hayan subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si el contratista no removiere
tal material cuando lo solicitare la CPREA, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo o
corrección, la CPREA podrá reemplazarlo o corregirlo cómo lo estime conveniente y cargará al contratista los
costos ocasionados con tal motivo” (fls. 116 y 117, c.1).
42 Fl. 247, c.1.
43 Fl. 742, c.7
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comité de obra44 del 3 de septiembre de 2010, le manifestó que llevaría a cabo
ensayos de laboratorio respecto de los BTC y las tapias pisadas, con la advertencia
de que la contratista debía observar las condiciones técnicas aplicables.
75. En oficio CAA 111 del 15 de septiembre de 201045, la interventoría precisó
que: a) las muestras de BTC debían cumplir con la NTC 5324, el Tratado de
Construcción en Tierra Volumen 1 y la guía del CDI (Centro de Desarrollo Industrial),
b) aunque se podían producir los BTC con tierras más finas, dado el alto tráfico de
la obra por ser una edificación pública, su recomendación era utilizar una
granulometría de mayor espesor, para proveer a la obra una mejor estabilidad, c)
los ensayos realizados por iniciativa de la interventoría a las muestras de BTC y
tapia pisada demostraron una dilatación muy agresiva, comprobando las incidencias
negativas del material referido por la Fundación, por lo que su recomendación, a
efectos de contrarrestar estos efectos, era cambiar la inclusión de arena de 0.06
milímetros a una 2 milímetros, así como gravilla y piedra de mayor grosor, y d)
solicitó un informe de sismo resistencia para las tapias pisadas y el BTC que
correspondían a las normas vigentes NSR-10 y NSR-1998 y sus anexos.
76. Por medio de escrito CAA 115 del 16 de septiembre siguiente 46, la
interventoría se refirió expresamente a los resultados de los ensayos de laboratorio
que se realizaron en virtud de su iniciativa así: a) las muestras de BTC de la
interventoría fueron las que pasaron la prueba de rompimiento a compresión y se
enmarcan en la norma ICONTEC 5324. Las muestras de la Fundación “no sirven,
por tanto esas mezclas no se pueden de ninguna manera tener en cuenta”, b)
tampoco se advirtió viabilidad en punto a las muestras de la Fundación de la tapia
pisada, c) en virtud de lo anterior, detalló la forma en que debían realizarse las
mezclas de los BTC y la tapia pisada, en atención a sus recomendaciones y las
muestras aprobadas por los ensayos de laboratorio.
77. En respuesta a lo anterior, por medio de escrito del 21 de septiembre de
201047, la Fundación sostuvo que los resultados válidos correspondían a más
muestras de las referidas por la interventoría, al señalar que “aquellas que nosotros
hicimos de manera ‘conjunta’ con la interventoría en sitio (prueba 6 y 7) también
cumplen”. Respecto de la mezcla de tapia pisada, reseñó que la única muestra que
tuvo agregado de gravilla fue la realizada por la residente de interventoría, es decir,
la última, por lo cual se debió haber procedido a agregar la grava también a las otras
mezclas, pues ese era el propósito de verificación en torno a la tapia pisada.
78. No obra prueba en el expediente que dé cuenta que la interventoría hubiere
dado respuesta a los reparos de la Fundación, tampoco, como se verá adelante,
existe una prueba técnica que permita establecer el acierto de tales reparos, y
aunque está acreditado que en comité de obra del 22 de octubre de 2010 48 se
definió que la contratista realizaría la tapia pisada y los BTC con la fórmula que
propuso, lo cierto es que no es posible establecer la razón por la cual se llegó a este
44 Fls. 760 y 761, c.7
45 Fls. 685 a 687, c.1.
46 Fls. 688 a 689, c.1.
47 Fls. 711, c.7.
48 Acta de comité de obra No. 43, Fls. 712 y 713, c.7.
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acuerdo, pero sí que se hizo bajo la condición de que se observarían las condiciones
de calidad requeridas, las cuales estarían sujetas a verificación de la interventoría,
en tanto la aprobación final de la construcción dependía de su sujeción a los
requisitos de calidad, luego se ratificó que no se cumplieron.
79. Aunque la Sala mira con extrañeza que pese a los reparos que la
interventoría planteó frente a la calidad de las mezclas de la Fundación, al final
convino con ella para que las utilizara, lo cierto es que esto no conduce a concluir
que los requerimientos que hizo previamente en torno a esta materia hubieren sido
caprichosos e infundados, pues además de que se desconoce la razón por la cual
se llegó a ese acuerdo –condicionado a que se realizaran las verificaciones de
calidad pertinentes por parte de la interventoría–, las pruebas que obran en el
plenario dan cuenta de que aquéllos estaban justificados y se ratificaron con
posterioridad al acuerdo de las partes de utilizar las mezclas propuestas por la
contratista, la cual no probó técnicamente lo contrario.
80. La firma EVALTEC realizó los ensayos a las muestras49 enviadas por
iniciativa de la interventoría, cuyos resultados entregó a través del escrito AC6127-
1183-2010 fechado el 14 de diciembre de 201050, en donde señaló que sometió los
BTC a la verificación del cumplimiento de la NTC 5324. Para lo cual, examinó las
características geométricas y dimensiones de los mismos y su resistencia a la
abrasión y a la compresión seca, respecto del suelo fino granular (mezcla para tapia
pisada) y utilizó el método para análisis por tamizado de los agregados finos y
gruesos, así como el método para determinar por lavado el material que pasa el
tamiz, y en punto a los cilindros suelo cemento valoró su resistencia a la compresión.
Con base en las conclusiones técnicas de estos ensayos la interventoría coligió que
las muestras estudiadas no acataban las condiciones técnicas que debían observar.
81. En oficio CAA 203 del 24 de diciembre de 201051, la interventoría le puso de
presente a la contratista que: a) los requerimientos en torno a los BTC se ajustaban
a la norma NTC 5324, que exigían unas condiciones especiales que la Fundación
incumplió, en virtud de los ensayos efectuados, b) la interventoría realizó 10
muestras aleatorias de los BTC, pese a que ello le correspondía efectuarlo a la
contratista. En los términos de la norma ICONTEC, la Fundación debía hacer el
muestreo de, al menos, 54 bloques, dado que produjo 27.000 unidades, y c) los
ensayos realizados por EVALTEC fueron ejecutados en aplicación de la NTC 5324,
a diferencia del laboratorio contratado por la Fundación que se basó en una norma
de bloques de concreto.
82. Lo reseñado muestra que, antes y después del comité de obra del 22 de
octubre de 2010, la interventoría encontró falencias de calidad frente a las muestras
de la contratista, al punto que, en septiembre de 2010 y por su iniciativa –según lo
autorizaban las estipulaciones del contrato– se efectuaron ensayos de laboratorio
que evidenciaron una dilatación muy agresiva, lo que imponía la necesidad de
aumentar el grosor en la granulometría de la mezcla (al incluir arena, gravilla y
49 “Bloques de suelo cemento, cilindros de suelo cemento, limo arcillozo color rojizo y limo arenoso color rojizo”.
50 Fls. 690 a 700, c.1.
51 Fls. 737 a 740, c.7.
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piedras de mayor espesor). Aunque la contratista aseveró que sus mezclas sí
observaron los lineamientos de calidad, lo cierto es que no razonó ni aportó insumo
técnico alguno que contradijera los asertos de la interventoría.
83. Lo que evidencian las piezas probatorias fechadas con posterioridad al 22 de
octubre de 2010, en específico, el oficio CAA 203 del 24 de diciembre de 2010, es
que pese a la autorización en el uso de la mezcla de la Fundación, los ensayos de
laboratorio ulteriores –los del 14 de diciembre de ese año, plasmados en el escrito
AC6127-1183-2010 de EVALTEC dirigido al consorcio interventor52– ratificaron que
la mezcla de la contratista no se acompasó a los lineamientos de calidad que debía
observar, conclusión que no logró desvirtuar la demandante en este proceso por las
razones que se pasan a explicar.
84. La contratista respaldó los fundamentos de sus reparos en los resultados que
habrían arrojado las pruebas de laboratorio realizadas por la UIS respecto de sus
mezclas. No es posible establecer el acierto de su dicho con base en esos
resultados porque, además de que no se aportaron al proceso, se halla razón a los
argumentos que expresó la interventoría para no tenerlos en cuenta.
85. En el oficio CAA 092 del 10 de agosto de 201053, la interventoría rechazó los
ensayos de laboratorio realizados por la UIS por solicitud de la contratista, con
fundamento en que no se podía establecer si se tomaron las muestras de esos
estudios en lugares aledaños a la construcción y en presencia del consorcio
interventor, lo cual impedía la validación de la calidad de la mezcla y, por tanto, la
iniciación de las labores de mampostería. En específico, afirmó (se transcribe
literalmente, incluso, con errores):
“Las muestras se deben hacer en presencia de la interventoría, con la mezcla
de antemano aprobada por nosotros y fallado no a 800 kilómetros de distancia
sino en lugares aledaños a la construcción (Medellín), que cuenta con un sin
número de posibilidades para hacerlo. Se debe hacer con las tierras del lugar
y se sacaran muestras aleatorias para su fallo correspondiente. Esto implica
que el ítem mampostería no se le podrá dar inicio hasta tanto no este todo
este tema en orden”54.
86. Según consta en acta No. 41 del comité de obra55 del 15 de octubre de 2010,
la Fundación afirmó que su retraso en obra se produjo por las órdenes de la
interventoría que la obligaron a elaborar los BTC y la tapia pisada con un diseño de
mezcla que no funcionó, pese a que los ensayos de laboratorio de la UIS daban
cuenta de la viabilidad de la mezcla propuesta por ella. Frente a esto, la interventoría
insistió en que no aceptó los resultados de laboratorio proferidos en Bucaramanga
porque debían provenir directamente del material obrante en el terreno de la obra,
con su verificación y constatación.
87. La Fundación sostiene que el hecho de que las muestras no fueron tomadas
en presencia de la interventoría y que las pruebas se hubieren llevado a cabo en un
52 Fls. 690 a 700, c.1.
53 Fls. 683 a 684, c1
54 Ibídem.
55 Fl. 757, c.7.
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lugar distante al del proyecto, ubicado a 800 km de distancia, es irrelevante y que,
por ello la interventoría y la Corporación debieron avalar los resultados de
laboratorio obtenidos por la UIS para la ejecución de la obra. La Sala no halla
asidero a este argumento por las razones que se pasan a exponer.
88. De conformidad con el numeral 17 de los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 200956, la contratista era responsable de la calidad de
la obra, para lo cual debía realizar y contemplar dentro de sus costos “las pruebas
de campo y los ensayos de laboratorio necesarios”57 que garantizaran “las
especificaciones técnicas de construcción y las normas legales vigentes de
protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los
recursos naturales”58, es decir, que la realización de las pruebas de laboratorio era
una estipulación que tenía por objeto demostrar la calidad de la construcción.
89. Dado que el objeto de las pruebas de laboratorio era la comprobación de la
calidad de los materiales a utilizar (la mezcla de BTC y tapia pisada del contratista)
a efectos de verificar la corrección en las técnicas de construcción, era natural y
apenas razonable que la toma de las muestras que serían examinadas se realizara
con presencia de la interventoría; ello no constituye un criterio caprichoso o carente
de sentido, sino una directriz idónea a fin de que el sujeto encargado de la vigilancia
técnica pudiese atestiguar que las pruebas se basaron en los insumos con los que,
a la postre, se efectuaría la obra, pues los materiales que se debían usar para ésta
debían provenir del lugar de la construcción o cercanos a éste.
90. Se añade que a pesar de que en los términos de referencia de la convocatoria
pública no se estableció la escogencia de un laboratorio para realizar las pruebas
en atención a su cercanía con el proyecto –solo se estipuló la obligación a cargo de
la contratista de realizar los ensayos y mediciones de las especificaciones técnicas–
, en estos lineamientos también se estableció que la contratista debía observar lo
consagrado en las NTC del ICONTEC en punto a los materiales, normativa que sí
fijó un tratamiento particular sobre la ejecución de los ensayos de laboratorio.
56 En el numeral 17 de los términos de referencia se indicó:
“17. Autocontrol de calidad
El contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el proponente preverá en sus costos que
durante la ejecución del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio para realizar los ensayos y las
mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción y las normas legales vigentes de protección
ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. Para ello realizará
las pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo ambiental
del proyecto, y entregará a la interventoría los resultados de los mismos dentro de los 2 días hábiles siguientes
a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos
de la normatividad vigente. La verificación de la interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por
la calidad de la obra.
(…)
La CPREA podrá rechazar la obra ejecutada o parte de ella por deficiencias en los materiales o elementos
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin
perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministros se efectuó.
Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por
deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá
ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista, quedando obligado a retirar del sitio los
materiales o elementos defectuosos. La CPREA también podrá retirar los materiales y elementos y
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al contratista”
(fls. 115 y 116, c.1).
57 Fl. 246, c.1.
58 Ibidem.
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91. La NTC 5324 de 200459, reconocida por ambas partes como contenedora de
los lineamientos técnicos de los BTC, establece en su anexo B que “las
verificaciones y ensayos son efectuadas en un laboratorio concertado por el
proveedor y el comprador”60, en donde “las fechas deben ser fijadas de mutuo
acuerdo entre las partes. Cada una de las partes tiene derecho a estar
representada”61, lo cual evidencia que sí se halla razón a los reparos de la
interventoría acogidos por la Corporación, en punto a la escogencia del laboratorio,
porque el de la UIS no fue concertado entre las partes y tampoco la contratante o la
interventoría estuvieron representadas cuando se tomaron las muestras de los
ensayos realizados ante esa universidad, ni cuando las pruebas se realizaron62.
92. En este escenario y más allá de que a la tapia pisada se le aplicaran o no las
previsiones de la NTC63, lo cierto es que para verificar sus condiciones de calidad –
porque esta técnica debía verificarse–, era más que comprensible que ambas partes
y la interventoría refrendaran la fuente de la muestra a evaluar, comoquiera que no
resultaba en un aspecto menor, sino en uno de cardinal importancia, en la medida
que los métodos constructivos de BTC y tapia pisada se basan en la utilización de
la tierra del lugar de la obra, elemento capital en que se basó el contrato examinado.
93. Las conclusiones de la interventoría tampoco se pueden desacreditar con el
concepto técnico rendido por el ingeniero civil José Ricardo Martínez Vargas, de
fecha del 6 de mayo de 201164, que la Fundación presentó a la contratante y aportó
al proceso con su demanda65. Al tratarse de un documento declarativo, se tiene es
viable apreciar su contenido, dado que la parte contraria no solicitó su ratificación –
artículo 277 del C.P.C.66–; no obstante, del examen del mismo no es dable atribuirle
59 Esta norma, en los términos de su objeto, “define las características generales que deben cumplir los bloques
macizos de suelo para muros y divisiones. Describe los ensayos propios para determinar dichas características”.
Asimismo, establece que los bloques de suelo cemento (BSC) “se obtienen por compresión estática o dinámica
del suelo en un estado húmedo, seguido de un desmolde inmediato. Estos bloques son generalmente instalados
con juntas de mortero, que sirven para la construcción de muros y divisiones”
60 Consultada en: https://wdn2.ipublishcentral.com//hipertexto500148/viewinsidehtml/501383631518827
61 Ibidem.
62 En oficio CAA 092 del 10 de agosto de 2010, la interventoría puso de presente que rechazaba los ensayos
practicados ante la Universidad de Santander, porque “las muestras se deben hacer en presencia de la
interventoría” (Fls. 683 a 684, c.1.). En acta No. 41 del Comité de obra, fechada el 15 de octubre de 2010, el
consorcio Arquitectura en Tierra precisó que no aceptó los ensayos de la UIS, pues los bloques debían “ser
elaborados en la obra con el material de la obra para que puedan ser verificados por la interventoría” (fl. 757,
c.7).
63 En punto a la tapia pisada la Fundación es expresa en aludir, en su demanda, que no tiene una regulación
especial en el ordenamiento jurídico colombiano.
64Fls. 86 a 94, c.1.
65 Dicho insumo se refiere a un experticio emitido por un profesional especializado, regulado en el inciso tercero
del artículo 183 del CPC –normativa que se aplica por ser la vigente al momento de la presentación de la
demanda, pues fue la considerada por las partes al momento de aportar los medios demostrativos soporte de
sus pretensiones–. Su valoración dista de las normas previstas para los dictámenes periciales –los artículos
233 a 242 del CPC–, dado que no se practican en el curso de un proceso judicial, ni en virtud de la orden de
una autoridad jurisdiccional, ni bajo los lineamientos de contradicción de una experticia rendida por un auxiliar
de justicia, sino que se trata de una herramienta probatoria que aporta directamente la parte interesada, en
atención al encargo que realice ante el profesional que estime adecuado, y que se debe incorporar en las
oportunidades previstas para las pruebas documentales para que su aporte resulte válido, cuya apreciación se
realiza según las reglas previstas para la valoración de estos últimos insumos –los documentales–, es decir, en
aplicación de la sana crítica, en conjunto con las demás piezas demostrativas , previa constatación de la claridad
y soporte de los conocimientos especializados que se expresan en estos documentos. (inciso declarado
exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-798/2003)
66 ARTÍCULO 277. DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS. Salvo disposición en contrario los
documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez.
1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el
artículo 252.
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el mérito probatorio que la Fundación le pretende otorgar, esto es, constituirlo como
un medio suficiente para refutar los asertos técnicos esgrimidos por la interventoría,
toda vez que no se dilucida el respaldo y comprobación requeridas para tener como
ciertas las conclusiones allí precisadas.
94. En primer lugar, no se acreditaron las calidades profesionales con que el
referido sujeto adujo actuar, es decir, no presentó el soporte de sus títulos
académicos en ingeniería civil ni el magíster en estructuras, tampoco respaldó la
experiencia profesional que detalló en su currículum. Además, emitió su criterio
profesional sin un conocimiento cierto y de primera mano de la obra respecto de la
cual se pronunció, toda vez que no tuvo acceso a la construcción, sino que sus
conclusiones las basó en la observancia de la periferia de la obra y sin haberla
examinado directamente, ni mucho haber efectuado pruebas a la calidad y
estabilidad de la misma. En efecto, manifestó:
“Al no tener acceso hice un recorrido por la periferia del cerramiento desde
donde pude tomar algunas fotografías y hacerme una idea de lo que es la
construcción en cuanto a la estructura de madera para la cubierta y los
muros de tapia pisada y ver una gran cantidad de bloques de tierra
comprimida que se encuentran almacenados al interior de la obra. De esta
manera y contando con la información existente en los documentos que me
fueron entregados confirmo el presente concepto técnico.
De otra parte tuve la oportunidad de ver y palpar dos tipos de bloques de
tierra comprimida que estaban dentro del campamento que está frente a la
obra y que fueron acopiados del proceso de producción”67.
95. A pesar de no poder efectuar una valoración directa de la obra, emitió sus
conclusiones en el sentido de advertir que el material de los BTC hechos por la
Fundación sí era adecuado para efectuar la construcción, y que los muros de tapia
pisada lineales funcionaban bien y los construidos en L contaban con un amplio
factor de seguridad, por lo que no advertía razón técnica para que la obra estuviera
paralizada y no se hubiere terminado.
96. Como fundamento de sus asertos, refirió que: (i) luego de observar los muros
de tapia pisada, advirtió que los que presentaban fisuras eran los del mercado
campesino 1 y que los elementos de madera verticales eran los que provocaban las
grietas en el proceso de secado de los mismos, “la madera se ve apretada
produciendo tensión en planos radiales”, por lo que los muros que tienen esos
elementos en madera debían ser demolidos, pero los demás muros (los que no
tenían elementos de madera) eran resistentes y funcionaban adecuadamente; (ii)
según la inspección visual que realizó a los BTC, pudo ver dos tipos, uno de textura
fina y otro con porosidad, en los últimos señaló que se notaba la presencia de gravas
que no permitían la estabilidad de las aristas, pues la esquina detrás de éstas no
quedaba bien compactada; y (iii) en cuanto al análisis de humedad del sitio y el
coeficiente de abrasión requerida para los bloques, con base en los resultados de
laboratorio de EVALTEC, infirió que los BTC “cumplen en por lo menos lo exigido y
2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su
contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación.
67 Fl. 86, c.1.
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hasta cuatro veces y media más de lo requerido [en punto a los bloques BSC20,
según la NTC 5324]. Este dato es importante puesto que el material hecho por el
contratista es óptimo para las condiciones abrasivas a las que será expuesto”68.
97. El aludido concepto técnico no esboza unas conclusiones debidamente
soportadas para estimarlo como un insumo que desestime las directrices de la
interventoría, en tanto derivó de unas observaciones a la distancia de las obras
realizadas, no se examinó los elementos construidos y, por ende, no tuvo la
oportunidad de realizar la valoración física frente a éstos. Una llana observación o
la percepción superficial de los elementos en obra no permitía constatar las técnicas
constructivas, ni conduce a un análisis sopesado y soportado respecto del rigor
constructivo con que debieron ser efectuados los BTC y tapia pisada.
98. El señor Martínez Vargas se limitó a indicar que de las pruebas efectuadas
ante EVALTEC (en diciembre de 2010) se evidenció que los BTC de la Fundación
sí cumplían los requerimientos de la NTC 5324; sin embargo, sus afirmaciones
carecen de un desarrollo suficiente, pues no explicó tales resultados de los ensayos
de laboratorio, ni los contrastó con el dicho de la interventoría, para precisar por qué
la interpretación de aquella resultó errónea de cara a los balances técnicos
consignados por EVALTEC.
99. Así, salta a la vista que los asertos plasmados en el concepto en mención no
objetan las razones de la interventoría en punto a sus conclusiones y
recomendaciones, dado que no refutan la valoración de las muestras que ésta
efectuó, ni aclara qué muestras de la contratista sí resultaban viables; se trata de
unas conclusiones generales que no desdicen con suficiencia las deducciones del
consorcio interventor; por ende, aun si se pasara por alto que quien lo rindió no
acreditó tener los conocimientos técnicos para dar cuenta de su dicho, lo cierto es
que tal concepto no resultaría en una prueba idónea para debatir las
consideraciones que la interventoría esgrimió en desarrollo de la obra.
100. En cuanto al reparo que formuló la Fundación respecto de que la interventoría
no podía basar sus conclusiones en el concepto técnico rendido por el ingeniero
civil Santiago Ribero Bolaños69, esto es, el documento del 21 de enero de 2011,
porque entre ese profesional y la contratista estaba vigente un proceso judicial de
carácter laboral, la Sala advierte que, si bien está acreditado que aquél fue
sancionado disciplinariamente por esa conducta al haber transgredido el régimen
disciplinario de su profesión70, lo cierto es que esto por sí mismo no conduce a
desvirtuar las conclusiones de la interventoría, pues, como ya se analizó, a ellas
había arribado mucho antes de que se rindiera el referido concepto que
posteriormente las confirmó, por lo cual, aun haciéndolo de lado, no varían tales
deducciones.
68 Ibidem.
69 Fls. 725 a 736, c.7.
70 A través de Resolución No. 70 del 8 de agosto de 2013, el Consejo Nacional de Ingeniería Seccional Antioquia
declare disciplinariamente responsable al ingeniero por esta conducta y le impuso la sanción de suspensión de
la matricula profesional por 18 meses. Posteriormente, a través de Resolución No. 382 del 15 de abril de 2015
cambió la sanción por una amonestación escrita (Fls. 1889 a 1905 y 1922 a 1934, c. 3).
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101. Los análisis acabados de realizar impiden concluir que la orden de la
interventoría de introducir recebo en la mezcla produjo excesiva humedad a los
BTC, generando defectos en la técnica constructiva que posteriormente le fueron
endilgados, pues no es posible establecer con certeza que esa directriz fuera
técnicamente inadecuada y hubiere generado tales consecuencias.
102. Se encuentra que en escrito CAA 119 del 20 de septiembre de 2010 71, la
interventoría le manifestó a la contratista que los BTC elaborados no cumplían con
la recomendación de adicionarles gravilla, razón por la cual manifestó: “… NO
SIRVEN Y NO LOS APROBAMOS”. Luego, al día siguiente, en oficio referenciado
como respuesta al CAA 11972, la Fundación aludió que desde el 17 de septiembre
la interventoría constató que la grava fina estaba afectando el bloque, por lo que
aprobó utilizar el recebo en la fórmula aprobada.
103. Si bien los referidos oficios dan cuenta de la instrucción de la interventoría de
agregar gravilla a la mezcla, lo cierto es que no conducen a evidenciar que su
inclusión –o la de recebo– en la mezcla produjo excesiva humedad a los BTC,
generando defectos en la técnica de calidad que, a la postre, tuviese que reparar la
contratista. El expediente carece de una prueba técnica que acredite las secuelas
esgrimidas por la Fundación y tampoco se demostró, mediante algún otro medio,
que las directivas impartidas fueran incorrectas.
104. En relación con la tapia pisada, la Fundación esbozó un reparo adicional,
consistente en que la falta de entendimiento de la interventoría respecto del
comportamiento de los materiales fue lo que generó la fisura vertical en el mercado
campesino 1, dada la orden de refuerzo de madera dispuesta por aquella, que, a la
postre, habría sido la causa que condujo a su demolición, por la mala calidad de la
mezcla y el deficiente diseño estructural ordenados por aquélla.
105. En punto a la mezcla, como se señaló con precedencia, la contratista no
demostró la incorrección de las órdenes dadas por la interventoría en este punto.
Frente a la instrucción de agregar refuerzos en madera a la tapia pisada, en el acta
No. 44 del comité de obra del 29 de octubre de 201073, la interventoría consignó que
la Fundación cambió el sistema constructivo al suprimir la colocación de los colmillos
o maderas que hacían un soporte estructural, pese a que dicho ajuste había sido
presentado por ella misma y avalado por la interventoría.
106. De conformidad con el acta No. 47 del comité de obra del 26 de noviembre
de ese año74, luego de que se advirtieran las dificultades presentadas con los
apoyos en madera, la contratista manifestó que incurrió en un error constructivo
frente a las tapias, “si hay que tumbar el resto se tumbará. La mala ejecución de las
obras no es mala fe, es un procedimiento mal ejecutado, que el contratista lo
reconoce, que es un error”. La Corporación señaló que en el salón de danzas la
Fundación puso las maderas para hacer creer que las instaló conforme al diseño
71 Fls. 707 a 708, c.7.
72 Fls. 709 a 710, c.7.
73 Fl. 715, c.7.
74 Fl. 763, c.7.
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aprobado. Al respecto, la interventoría indicó que la orden de “demolición de las
tapias pisadas del mercado 2 y de Danzas y la corrección de las tapias que están
fisuradas en el mercado 1, fisuras nuevamente se explica debido a la cal aplicada
en las juntas de los tapiales”. Luego, en oficio CAA 203 del 24 de diciembre de
201075, la interventoría le reiteró a la contratista que los colmillos de las tapias fueron
mal instalados, evidenciando la falta rigor de procedimientos de obra por parte de la
Fundación.
107. Las piezas documentales referidas dan cuenta de que las fisuras advertidas
en las tapias pisadas se produjeron por una mala técnica constructiva de la
Fundación, cuyos efectos (lo cual incluye la demolición) le corresponde asumir a
ésta, en los términos del numeral 17 de los términos de referencia, que estableció
que “toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos
empleados, en la mano de obra, o por deficiencia en los equipos en los equipos,
maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá
ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista, quedando obligado
retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos”76.
108. Lo expuesto pone en evidencia que la Fundación no probó que las órdenes
e instrucciones de la interventoría desconocieran los requerimientos técnicos y de
calidad en que debían enmarcarse, ni que hubiere obstaculizado injustificadamente
el desarrollo de las mezclas de BTC y tapia pisada, por lo que no prosperan las
censuras que la contratista formuló en relación con estos dos aspectos.
109. Pasa la Sala a analizar el tema concerniente a los techos verdes. La
contratista señaló que a través de oficio CCA 178 de noviembre 29 de 2010, la
interventoría suspendió su ejecución en desconocimiento del buen funcionamiento
de éstos en el módulo demostrativo, es decir, sin un argumento sustentado.
110. En el numeral 19 de los términos de referencia77 –sobre la calidad y
verificación de los materiales– se estableció que la interventoría podía requerir la
75 Fls. 737 a 740, c.7.
76 Fl. 116, c.1.
77 “19. Materiales
El contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la
construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance
normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos que el contratista
cumple en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y
para el fin al que se destine y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su
contaminación.
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La CPREA podrá rechazar los materiales o elementos
si no los encuentra conforme a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar,
reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente,
todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por
defectos de construcción, deberá ser reparada por el contratista a su costo.
En caso de que la interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de
acuerdo con las normas, el contratista está obligado a realizar su costo los ensayos necesarios, y ello no
representará ningún costo adicional para la CPREA.
(…)
En caso de qué cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o
no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, la CPREA tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su
corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del
contratista, a la notificación por parte del interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo a
menos que se hayan subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si el contratista no removiere
tal material cuando lo solicitare la CPREA, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo o
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verificación de las especificaciones técnicas de los materiales y, en caso de que un
material resultare defectuoso o no cumpliere con los requisitos de calidad, la
Corporación tenía derecho a rechazarlo o exigir su corrección. Los insumos
rechazados debían ser retirados y corregidos, evento en el cual no podían ser
presentados nuevamente, a menos que se hubiere subsanado el motivo de rechazo.
111. La Sala encuentra que a través del referido oficio78, la interventoría manifestó
a la Fundación que aún no había enviado la muestra de techos verdes a la que se
había comprometido hacía 4 semanas para su aprobación en los comités de obra
No. 42 y 43, y tampoco había recibido ningún detalle constructivo sobre éstos, por
lo que no se podían “reiniciar estos trabajos hasta tanto el diseño, sus componentes
y la respectiva aprobación están (sic) hechos”, sumada a la entrega, por parte de la
contratista, de “las especificaciones calidades y respectivas garantías de los
proveedores antes de iniciar cualquier labor al respecto”.
112. Posteriormente, a través del oficio CAA 180 del 1 de diciembre de 201079, la
interventoría remitió a la Fundación las recomendaciones del proveedor de insumos
para el techo verde, que en este caso era SIKA, para que las siguiera en punto a la
utilización y correcta instalación del insumo. Luego, mediante CAA 182 del 7 de
diciembre siguiente80, se refirió a las especificaciones de calidad y garantía
reseñados por SIKA, así como a la funcionalidad y operación del geotextil Sika PP
1800 y la lámina drenante Sika 32 T, para referir que la comunicación de este
proveedor no era concluyente como certificación81 en punto a las funcionalidades
requeridas para evitar el deslizamiento de la membrana impermeabilizante a
implementar en los techos, ni como drenaje de las aguas de escorrentía. Tampoco
otorgaba garantía de adaptación de los productos para un uso particular o para
alguna obligación que surgiera de relaciones legales, en virtud de lo cual coligió que
la propuesta del techo verde no funcionaba con la utilización de los insumos de
SIKA, por lo cual requirió a la Fundación para que brindara una alternativa a estos
materiales y elementos, en el comité a efectuarse el 10 diciembre siguiente.
corrección, la CPREA podrá reemplazarlo o corregirlo cómo lo estime conveniente y cargará al contratista los
costos ocasionados con tal motivo” (fls. 116 y 117, c.1).
78 Fl. 719 c. 7
79 Fl. 720, c.7.
80 Fls. 721 y 722, c.7.
81 A efectos de dilucidar este aserto, se trae de presente, in extenso, el contenido de este oficio:
“Una vez revisada la documentación enviada por la doctora … asesor técnico de SIKA COLOMBIA S.A.; me
permito hacer las siguientes consideraciones.
En el segundo punto, donde habla del uso del geotextil Sika PP 1800; quiero preguntarle: ‘cuáles son las
funciones que cumple y cuáles son los problemas que acarrearía omitir su uso. (Evitar el punzonamiento de la
membrana), el coeficiente de rozamiento del soporte para evitar el deslizamiento de la membrana
impermeabilizante por esfuerzos paralelos a la pendiente?’
En el tercer y último punto, donde habla de la lámina Sika drenante 32T, menciona el traslapo de sus bordes
pero no especifica si éste se debe realizar de manera que recojan las aguas de escorrentía o las ayude a
evacuar. Igualmente no manifiesta cada cuanto se debe realizar dicho traslapo, puesto que los ensayos
realizados en ahora, no desempeña la función de drenaje puesto que las aguas de escorrentía no fluyen entre
las protuberancia de la lámina 32 T la membrana Sikaplan 12 R; sino por encima de la lámina drenante.
Finalmente, en las normas generales sobre la responsabilidad legal y garantía de los productos Sika; su
concepto no es concluyente como certificación, puesto que no se da garantía respecto a la comercialización,
adaptación para un uso particular o para alguna obligación que surja de relaciones legales inferida de la
información consignada en el documento.
Entonces por lo expuesto anteriormente y por la no claridad de la utilización del sistema planteado, que la
propuesta del techo verde no funciona como tal. Esperamos una alternativa diferente y una respuesta este
comunicado en el próximo comité del día viernes 10 de diciembre”.
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113. En escrito del 15 de diciembre de 201082, la Fundación manifestó a la
interventoría que los diseños de los techos verdes estaban basados en el módulo
demostrativo aprobado, que tenía 18 meses de construido con buen
funcionamiento, y que no era justificable la negativa de la propuesta que había
hecho en el sentido de instalar estos mismos productos con la asesoría y respaldo
de Sika Colombia S.A. No obra prueba en el expediente que conduzca a establecer
que la contratista presentara alternativas como le solicitó la entidad, tampoco que,
fuera del argumento de que el módulo demostrativo funcionaba correctamente hacía
18 meses, presentara razones técnicas que aclararan y resolvieran las dudas de la
interventoría respecto de la funcionalidad de los materiales de los techos verdes.
114. Lo anterior pone en evidencia que, pese a las dudas que surgieron en punto
a aspectos técnicos de los techos verdes (las funcionalidades de los materiales a
implementar en éstos, así como su garantía de calidad), en virtud de las cuales la
interventoría pidió a la Fundación la utilización de insumos alternos, ésta no las
resolvió y tampoco demostró razones que invalidaran o debatieran los
cuestionamientos elevados por la interventoría en punto a los requerimientos de
calidad. A lo que se añade que las fotografías que trajo al proceso83 no acreditan el
buen funcionamiento del módulo demostrativo y, por tanto, tampoco que los
requerimientos de la entidad en este punto fueran infundados, puesto que, a partir
de ellas, ni siquiera es posible determinar que las imágenes capturadas
correspondieran a tales techos, menos que, de aceptar que lo fueran, funcionaran
correctamente84.
115. La Fundación arguyó que, como respuesta a los requerimientos de la
interventoría, propuso el cambio de madera tipo B a tipo A, sin que el consorcio
interventor se pronunciara sobre su proposición. Además de que no hay prueba de
que se hubiere planteado esta propuesta, de lo que da cuenta el expediente es que
la orden de cese de estos trabajos devino de la falta de presentación de diseños de
los techos y de sus componentes, así como de la falta de entrega de las
especificaciones de calidad y garantías de los proveedores, respecto de las cuales,
luego, la Corporación manifestó reparos en cuanto a los elementos suministrados
por el proveedor SIKA, sin que sea posible establecer que tales aspectos tuvieran
relación o se hubieren podido superar con el cambio del tipo de madera, lo cual no
se probó.
116. En su libelo, la Fundación también anotó que la Corporación no podía
desconocer los diseños de los techos verdes, pues ello conduciría a omitir la
82 Fls. 723 y 724 c.7.
83 Fl. 778, c.7.
84 Las fotografías constituyen un medio documental de carácter representativo respecto del cual, en los términos
del artículo 277 del C. de P.C., se debe verificar su autenticidad, a efectos de que puedan ser estimadas por el
juez; no obstante, en el sub examine no se advierte la configuración de alguno de los supuestos que determinan
su autenticidad, previstos en el artículo 252 del C. de P.C., en tanto que no se vislumbra, mediante la confesión
de la parte contraria o de testigos presentes en su creación, que la imagen corresponda al evento o circunstancia
referidos por quien la aporta, es decir, no se validó un reconocimiento de éstos de cara de quienes participaron
en su producción, estuvieron presentes en ésta o conocen que lo allí esbozado sí corresponde con lo que se le
aduce como representativo, por lo cual no hay lugar a tenerlas como plena prueba de lo que dicen evidenciar.
La contratista no aportó pruebas adicionales que ratifiquen o complementen lo representado en éstas, por lo
que tampoco hay lugar a tenerlas, al menos, como medios indiciarios, ni demostró con otros medios probatorios
que el módulo demostrativo sí funcionara, en los términos que reseñó en su demanda, por lo que el expediente
carece de evidencias que den fe de los asertos de la Fundación.
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aprobación que la misma contratante profirió en punto a éstos y que dio lugar a la
elaboración del módulo demostrativo, con la utilización de los insumos SIKA. Vale
resaltar que el argumento referente a la presunta funcionalidad del módulo
demostrativo no es adecuado para desconocer el rechazo que la interventoría
esbozó frente a los elementos de construcción de los techos verdes, por cuanto la
Fundación no acreditó esa decisión de aprobación del módulo demostrativo en que
basó su censura y, en todo caso, en los términos de referencia numeral 17 85, se
previó que la autorización y verificación de prototipos por parte de la contratante no
constituía un impedimento para rechazar la obra por deficiencias en los materiales
o elementos empleados, situación que conduce a no tener como prósperos los
reparos que formuló bajo este aspecto.
117. Finalmente, en torno a los BTC, la tapia pisada y los techos verdes, advierte
la Sala que, aunque el a quo decretó el dictamen que la Fundación pidió relativo a
la calidad de “los bloques de tierra compactada, la tapia pisada, las estructuras de
madera y la calidad de la construcción de las obras desarrolladas por la
FUNDACIÓN TIERRA VIVA”, esta prueba no se practicó, porque la contratista no
pagó los gastos de la pericia. En varios proveídos se requirió a la parte interesada
para que cancelara sus expensas, el último data del 10 de octubre de 2018, pero la
Fundación no se allanó a dicha carga procesal, ni adujo razón alguna que le hubiera
impedido cumplir con dicha erogación, ni tampoco insistió en su práctica en segundo
grado. Circunstancia que ratifica la ausencia de medios demostrativos que
desvirtúen la pertinencia o idoneidad de las órdenes dadas por la interventoría, en
punto a los métodos de construcción en tierra aplicados, puesto que, se insiste, ni
en desarrollo del contrato ni en sede judicial la Fundación aportó algún elemento de
comprobación y soporte de sus reparos.
118. Lo esgrimido con precedencia es suficiente para descartar que los
requerimientos que la interventoría le hizo a la Fundación hubieren sido
injustificados o hubieren estado direccionados a desacreditarla por ser su
competencia en el mercado de construcción en tierra (implementación de las
técnicas de bahareque, tapia pisada y BTC). Los insumos probatorios antes
referidos dan cuenta de que Interventoría se basó en pruebas y normas técnicas
para emitir las instrucciones y directrices que impartió a la Fundación, sin que esta
última lograra refutar tales órdenes por contravenir los lineamientos técnicos y de
calidad relativos a los métodos de construcción en tierra.
119. Por otra parte, la Fundación reseñó que la Corporación le impidió cumplir el
contrato, al indicarle que se había terminado el 23 de diciembre de 2010. Para la
contratista ello no aconteció, dado que el negocio se encontraba suspendido por las
órdenes dadas por la contratante. En el transcurso del contrato, la Corporación sí
paralizó el avance de las actividades relacionadas con los BTC, la tapia pisada 86 y
los techos verdes87 a fin de verificar sus condiciones técnicas y de calidad; sin
85 “La CPREA podrá rechazar la obra ejecutada o parte de ella por deficiencias en los materiales o elementos
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin
perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministros se efectuó”.
86 El cese en la elaboración de los BTC y la tapia pisada superó con el acta del 22 de octubre de 2010, fls. 712
y 713, c.7.
87 Se suspendió su ejecución, según el CAA 178 del 29 de noviembre de 2010, fl. 719 c. 7.
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embargo, las partes no acordaron que por esto se suspendiera el plazo pactado
para la ejecución del contrato, el cual, por tanto, siguió corriendo pese a tales
determinaciones de la contratante; de modo que sí terminó el 23 de diciembre 2010
por vencimiento del plazo, tal como se plasmó en el acta final de obra, suscrita el
23 de enero de 201188.
120. Añade la Sala que pese a que se suspendieron las actividades de
mampostería en BTC, tapia pisada y las cubiertas en techos verdes, dicha orden de
cese no perduró hasta la culminación del contrato, como se evidenció en punto a
los BTC y la tapia pisada, y en todo caso, éstas no eran las únicas actividades que
la contratista estaba llamada a ejecutar, por cuanto pudo continuar con el desarrollo
de otras labores que le correspondían, como lo eran, las instalaciones
hidrosanitarias, eléctricas y de comunicaciones, así como la carpintería metálica y
de madera y el urbanismo.
121. La Fundación refirió que se presentaron otros eventos que le impidieron
cumplir el objeto en el plazo inicialmente previsto y que la entidad no reconoció los
mayores tiempos que le implicaron esas circunstancias.
122. El acta de inicio del contrato se suscribió el 7 de enero de 201089, razón por
la cual el término de ejecución de 10 meses se extendía inicialmente hasta el 7 de
noviembre de ese año; no obstante, fue prorrogado en 45 días calendario, a partir
del 8 de noviembre de 2010, a través de la ampliación 01 al contrato No. 60 de
200990, suscrita el 5 de noviembre de 2010, extendiéndose dicho término hasta el
23 de diciembre de 2010. Como sustento del acuerdo de adición del plazo negocial,
se manifestó (se transcribe in extenso dada su relación con el sub examine):
“Dicha ampliación del plazo se justifica en que, por aspectos ajenos a la
programación proyectada para la ejecución de las obras de construcción, las
obras han sufrido los siguientes atrasos:
• Por cambio en los diseños de cimentación: 14 días calendario de atraso.
• La asonada en el mes de mayo de 2010: tomo 7 días calendario
• El cambio en los diseños del edificio del mercado campesino: significó 19
días calendario de atraso.
• Por último, el retraso en la entrega del lote para la iniciación del edificio
del Cedezo: tomó 5 días calendario.
Por lo anterior, es necesario ampliar el plazo del contrato No. 060 de 2009
en cuarenta y cinco (45) días calendario, a fin de que el contratista concluya
las obras objeto del mismo”91.
123. El clausulado de dicha prórroga fue estipulado en los siguientes términos:
“CLÁUSULA PRIMERA: Ampliar en CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
CALENDARIO contados a partir del 8 de noviembre de 2010, el término de
duración del contrato No. 060 de 2009.
88 Fls. 1207 a 1211, c.2.
89 Fl. 204 c.1.
90 Fls.1176 a 1178, c,2.
91 Fl. 1177, c.2.
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CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA deberá ampliar las garantías
constituidas para amparar el contrato no. 060 de 2009, en los términos de la
presente ampliación.
CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato 060 de 2009, que
no son modificadas mediante el presente documento conservan su plena
vigencia”92.
124. Los fundamentos de la ampliación del contrato permiten dilucidar que el
alcance de las negociaciones tuvo por objeto atender las circunstancias que,
ocurridas previamente, afectaron la ejecución de la programación de la obra; no
obstante, la Fundación refirió que la contratante no reconoció la verdadera extensión
de los atrasos en obra que produjeron las causas mencionadas, por cuanto: a) el
cambio en la cimentación por orden de la interventoría sin los estudios requeridos
produjo una demora de 52 días y no de 14 como señaló en el pacto de ampliación
del plazo, b) el rediseño del mercado campesino generó un retardo en la ejecución
de 45 días, más no de 19 días, como se reconoció en la prórroga, y c) la no entrega
del predio para el CEDEZO en el plazo previsto ocasionó una tardanza de 11 días,
no de 5 días como se consideró en el acuerdo modificatorio.
125. La ampliación del pacto denota que las partes sí advirtieron la ocurrencia de
tales sucesos, con el reconocimiento de unos días de tardanza particulares para
cada circunstancia. La Fundación suscribió la prórroga en señal de acuerdo con los
tiempos estimados para superar las circunstancias que motivaron la prórroga del
plazo, por lo cual resulta contrario al principio de normatividad de los contratos y a
la buena fe contractual que debe guiar su conducta que ahora pretenda desconocer
ese convenio para señalar que los tiempos reconocidos en esa negociación fueron
insuficientes y que esta fue una de las causas que le impidieron ejecutar sus
obligaciones dentro de los tiempos estipulados.
126. Se añade a lo anterior que la contratista no acreditó esos mayores tiempos o
retrasos adicionales que produjeron los eventos en mención y su incidencia de cara
al incumplimiento del objeto, comoquiera que se ciñó a aducir que el retraso de sus
labores se prolongó por un mayor tiempo, sin demostrar su dicho; por ende y ante
la falta de probanza de ese mayor transcurso del tiempo y sus repercusiones frente
al alcance del objeto convenido, no prosperan las peticiones sustentadas en esos
razonamientos.
127. En línea con lo acabado de razonar, para la Sala es claro que en relación con
los BTC, la tapia pisada, los techos verdes, el cambio en los diseños de cimentación,
el rediseño del mercado campesino y la demora en la entrega del predio para
construir el Cedezo no se configuraron los eventos de incumplimiento que la
Fundación atribuyó a la Corporación y, por tanto, tampoco que aquellos le hubieren
impedido cumplir con el objeto pactado en el tiempo estipulado; por el contrario, las
piezas probatorias son contundentes en acreditar que la razón por la que no se
alcanzó la totalidad del objeto contractual93 se debió a las inobservancias de la
92 Fl. 1178, c.2.
93 En el acta final de obra, suscrita el 23 de enero de 2011, se indicó que la contratista dejó de ejecutar el 21,08%
del negocio jurídico (Fls. 1207 a 1211, c.2).
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contratista, en punto a la falta de observancia de los requisitos técnicos y de calidad
de los métodos de construcción en tierra, lo que conduce, de una parte, a negar las
pretensiones de incumplimiento formuladas por la Fundación a través de la
demanda principal y, de otra, a declarar el incumplimiento del contrato No. 60 de
2009 por parte de la contratista, como fue solicitado por la Corporación mediante la
demanda de reconvención, en tanto aquélla no probó que los sucesos aludidos
como desencadenantes de un mayor plazo le hubieren impedido observar las
prestaciones a las que se ató con la suscripción del negocio jurídico.
128. Antes de pronunciarse en relación con las pretensiones consecuenciales de
la demanda de reconvención, la Sala analizará si la pretensión de incumplimiento
que formuló la Fundación con base en que la Corporación no le pagó obras que sí
ejecutó, está llamada a prosperar. Se advierte en este punto que el hecho de que la
contratista no hubiere ejecutado en su totalidad el contrato, no supone que no pueda
reclamar el pago de las obras que sí realizó –o que la Corporación pueda hacerse
a ellas sin pagar la remuneración correspondiente–; sin embargo, para acceder a
ello resulta imprescindible que se demuestre que la obligación por cuyo pago se
reclama se cumplió a cabalidad y que, pese a no haberse completado el objeto
pactado, la prestación aducida le resultó útil a la contratante.
129. Se encuentra acreditado en el proceso que la Fundación ejecutó el 78.92%94;
sin embargo, no es posible establecer con certeza si dentro de ese porcentaje se
encuentran incluidas las obras cuyos pagos reclama, lo cual impide que se acceda
a su reconocimiento, en la medida que no es posible establecer que se hubieren
cumplido debidamente, que la entidad las hubiere recibido a satisfacción y que, pese
a que el objeto no se completó, hubieren sido útiles para la Corporación. Incluso, si
la Sala pasara por alto lo anterior, no habría lugar a acceder a estas pretensiones
por las razones que se pasan a explicar:
130. La Fundación pidió que se reconocieran las mayores erogaciones en que
incurrió en el cambio en los diseños de cimentación, por el monto de $650’667.290,
en tanto la interventoría, sin estudios de suelos ni estructuras de apoyos y obviando
los diseños entregados por la contratante, exigió el cambio del soporte estructural
de zapatas –como se planteó originalmente– por pilas, lo que le generó ese mayor
valor.
131. De conformidad con el numeral 12 de los términos de referencia, la
interventoría podía ordenar los cambios que se consideraran necesarios durante la
ejecución de la obra, “tanto en los planos como las especificaciones, previa consulta
con los proyectistas”95. En este caso confluyeron las calidades de proyectista y
contratista de obra en la Fundación, por cuanto esta última, además de suscribir el
negocio en estudio, celebró el contrato de consultoría No. 56 de 2008 96 para la
elaboración del proyecto arquitectónico de la centralidad del mazo, en virtud del cual
le correspondía entregar los diseños arquitectónicos, estudios de suelos, diseños
94 En el acta final de obra del 23 de enero de 2011 se indicó como porcentaje no ejecutado del contrato el
21,08% (fls. 1207 a 1211 c.2).
95 Fl. 245, c.1.
96 Fls. 219 a 224, c.1.
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estructurales, análisis y diseño del material de tierra para la construcción, diseños
de acueducto y alcantarillado y diseño eléctrico. Con la inclusión de la
infraestructura básica concerniente a la escuela de artes y oficios, casa del silletero,
Cedezo, restaurante y mercado principal.
132. De conformidad con la declaración rendida por la arquitecta Beatriz Helena
Ramírez97 –integrante del consorcio interventor–, desde el inicio de la ejecución de
la obra se advirtieron los defectos en el diseño de cimentación debido a que no se
tuvo en cuenta la mala estabilidad de la zona donde se adelantaban las
construcciones; sin embargo, precisó que el rediseño no consistió en cambiar las
zapatas por pilas, sino en aclarar la profundidad a la cual se debían ubicar las pilas
de concreto. Lo dicho por esta persona halla respaldo en las pruebas documentales
obrantes en el plenario.
133. Según consta en el acta No. 6 de comité de obra del 12 de febrero de 201098,
fue el propio ingeniero de suelos de la contratista –Carlos Vásquez– el que, al
constatar que la recomendación del estudio de suelos de hacer pilotes no fue
incluida en los planos estructurales, en las cantidades obra ni en el presupuesto,
recomendó rediseñar la cimentación para optimizar los diseños de las zapatas y el
mejoramiento del terreno con pilas en concreto; sin embargo, en su recomendación
no definió las profundidades de las pilas, razón por la cual la interventoría solicitó
un nuevo estudio de suelos, para lo que se contrató al Ingeniero Gonzalo Jiménez
–como se advierte del acta No.8 del Comité de obra del 5 de marzo de 2010 99–
quien afirmó que para el rediseño estructural se debían incluir pilas de concreto
reforzado de hasta 9 metros de profundidad, lo cual generaba un cambio en el
diseño arquitectónico, por la modificación en las excavaciones a ejecutar.
134. De conformidad con el contenido del acta No. 8 del comité de obra del 5 de
marzo de 2010100, la interventoría no aceptó los ajustes económicos aducidos por
la contratista frente a las órdenes de cambios en la cimentación, porque las
correcciones necesarias derivaron de un error del contratista, que era el mismo
diseñador, al no tener en cuenta la cimentación en pilas de concreto ciclópeo que
fueron recomendadas, inclusive, por el estudio de suelos original.
135. La Fundación no demostró que lo consignado en las actas de comité de obra
no correspondiera a la realidad contractual, esto es, que en su calidad de diseñador
omitió la elaboración de la cimentación conforme al estudio de suelos, por tanto,
tampoco es posible sostener que la instrucción de construir unas pilas a 9 metros
de profundidad fuera arbitraria e injustificada. Lo que muestra el expediente es que
los mayores costos en los que la Fundación pudo haber incurrido en esa actividad
le son atribuibles, por tanto, aún si se tuviera establecido que la entidad recibió esta
obra a satisfacción, lo cierto es que no podía hacerse un reconocimiento por ese
concepto a su favor.
97 Declaración visible a fls. 1930 a 1935, c.3.
98 Fls. 472 a 474, c.1.
99 Fls. 475 a 477, c.1.
100 Fls. 475 a 477, c.1.
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136. La demandante también aludió que se rediseñó el mercado campesino, sin
que la contratante pagara la obra adicional que ello implicó, por valor de
$20’000.000. Tampoco sería posible acceder a esta petición. Como se explicó en el
acápite que desarrolló la tapia pisada, la Corporación ordenó la demolición del
mercado campesino por falta de calidad de la obra ejecutada, escenario que de
conformidad con el numeral 17 de los términos de referencia101, daba lugar a la
demolición de la obra por cuenta del contratista, lo que le impide acceder a un
reconocimiento económico por el valor adicional que reclama, pues, de haberse
causado, le sería imputable.
137. Adicionalmente, la contratista pidió que se reconocieran las mayores
cantidades de obra y obras adicionales derivadas del rediseño de la cimentación,
movimiento de agua y rediseño del tanque de agua, pues en el proyecto de acta de
compensación de obra 001 la contratante propuso su pago, sin que la contratista
aceptara la compensación realizada.
138. Milita en el expediente el proyecto de acta de compensación de obras No.
01102, frente al cual se pronunció la contratista en el escrito del 18 de noviembre de
2010103 para solicitar que: (i) se tuviera en cuenta el cerramiento en lona plástica,
(ii) se incluyera el valor de la poli sombra y el techo del restaurante, (iii) se hiciera el
reconocimiento de la impermeabilización de los tanques aéreos, toda vez que tiene
un costo distinto a la impermeabilización de los tanques enterrados, (iv) se
accediera al pago de los costos incurridos en los errores de fabricación de los BTC,
(v) se reconocieran los materiales utilizados en la fabricación de los techos verdes,
ya que invirtió $319’875.875 en la compra de madera, pero solo le reconocieron
$62’132.226 (del acta No. 8), quedando un saldo por ese ítem de $257’743.649 y
(vi) se reconociera del valor del mercado 1 y 2, que tenía un avance del 92%.
139. Frente a los pedimentos de reconocimiento de la lona plástica, la polisombra,
el techo del restaurante y la impermeabilización de los tanques aéreos, la contratista
se limitó a aportar los formatos de APU de cada uno de estos ítems 104, porque no
estaba conforme con la cuantificación que de éstos se señaló en el proyecto de
acta, pero no demostró su efectiva ejecución y la incorrección de los costos
propuestos en al acta, por lo que no procede su reconocimiento.
140. En la demanda, la contratista señaló que no aceptó el pago de las actividades
de movimiento de agua y rediseño del tanque de agua en los términos planteados
por la contratante; sin embargo, en el plenario no se halla un insumo que contradiga
la propuesta contenida en el proyecto de acta de compensación –en el documento
de expresión de inconformidad al proyecto de compensación no se encuentran
reparos sobre este tema–, ni en el libelo se explicó reproche en punto a la ejecución
101 Fl. 247, c.1.
102 Fls. 491 a 501, c.1
103 Este escrito de inconformidad fue aportado de forma incompleta al sub examine, dado que salta del numeral
1.2. al 8 (fls. 506 a 516, c.1).
104 Fls. 509 a 514, c.1.
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y falta de reconocimiento de estas actividades, tampoco se observan insumos que
den cuenta de su efectiva ejecución105 y costo.
141. En punto al pago de los montos derivados de la corrección y aplicación de la
mezcla de los BTC según las directrices de la interventoría, como ya se vio, la
Fundación no probó la impertinencia de las órdenes de esta última en este punto y,
en todo caso, frente a los materiales de la obra, el numeral 19 de los términos de
referencia estableció que la Corporación tenía el derecho a rechazar o exigir la
corrección de cualquier material que resultare defectuoso por la mala calidad, cuya
remoción y corrección estaba a cargo del contratista y, en el evento que este último
no lo efectuara, la Corporación tenía la atribución de reemplazar o corregir el
material, según lo estimara conveniente, cargando “al contratista los costos
ocasionados con tal motivo”106; por ende y dado que las correcciones en punto a los
BTC y los mayores costos que éstos supuestamente implicaron están atados a las
propias inobservancias de la contratista, no se accede a pago alguno por este
aspecto.
142. Sobre el reconocimiento de los materiales utilizados en la fabricación de los
techos verdes, la Fundación no acreditó que hubiere ejecutado correctamente estas
estructuras –en el porcentaje que alude– y tampoco se demostró el monto de los
elementos que habría utilizado para ello. Con todo, los techos que la Fundación
afirmó elaborar no fueron recibidos a satisfacción por la Corporación, comoquiera
que no se ciñeron a las instrucciones técnicas impartidas por la interventoría.
143. Tampoco procede el reconocimiento de los supuestos mayores costos
incurridos en el mercado 1 y 2, pues, como ya se analizó, las ordenes de corrección
de éstos derivaron del propio incumplimiento de la Fundación en la implementación
del método constructivo (tapia pisada), de modo que no resultaron en un provecho
o beneficio para la contratante, puesto que ni siquiera fueron recibidas por ésta.
144. En este sentido, incluso si se admitiera que el mayor valor de las obras por
cuyo pago reclama sí hubieren sido recibidas a satisfacción por la entidad y que,
pese a que no se completó el objeto pactado, le hubieren sido útiles, lo cierto es que
no habría lugar a acceder a ello, pues, la mayoría de los costos que reclama tuvo
origen en el incumplimiento de la propia Fundación y, en todo caso, no se acreditó
su efectiva causación en el asunto de la referencia.
145. Finalmente, en el numeral 5 del acápite de “Pretensiones declarativas
principales” la Fundación solicitó que se declare que el acaecimiento de
circunstancias no previstas al momento de la celebración del contrato “acaecidas
por fuerza mayor” afectaron las condiciones económicas del negocio jurídico. De
manera consecuencial, en el numeral 7 pidió que se declare la responsabilidad de
las demandadas por los perjuicios ocasionados por la “alteración de la ecuación
económica del contrato”.
105 Su supuesta falta de reconocimiento solo fue esbozada en el libelo, en el documento censura al proyecto de
compensación no aparece un reparo preciso de cara a estas actividades (fls. 506 a 516 cdno 1)
106 Fl. 1374, c.2.
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146. Como fundamento de estas pretensiones se refirió al ataque de la comunidad
contra la obra, al incendiar el campamento de los trabajadores, el almacén general,
las tuberías hidrosanitarias y eléctricas, dañar los baños portátiles, el cerramiento
perimetral y hurtar las instalaciones eléctricas provisionales, lo que le habría
producido detrimentos en la cuantía de $130’000.000, así como al aumento de la
pluviosidad en el país, lo cual le habría generado un incremento de costos en la
ejecución del contrato.
147. La Ley 80 de 1993 consagra la figura del restablecimiento del equilibrio del
contratista como un mecanismo dirigido a garantizar la satisfacción de la necesidad
pública que se pretende atender a través de la contratación estatal, el cual se
expresa en el derecho del contratista de mantener la equivalencia entre sus
derechos y obligaciones pensada al momento de presentar su propuesta o de
contratar, según el caso, de manera tal que si el cumplimiento de sus débitos
negociales se torna excesivamente oneroso, no se paralice la realización del objeto
pactado.
148. No existe en el derecho común un precepto normativo como el anterior, por
tanto, en los contratos estatales sometidos a esa regulación no resulta aplicable tal
figura, propia del derecho público107. Se precisa que la acción de revisión judicial,
consagrada en el artículo 868 del C. Co.108, no es equiparable a la figura del
restablecimiento del equilibrio económico del contrato consagrada en la Ley 80 de
1993, pues no está guiada por sus mismos fines y, además, no consagra una
obligación del contratante de recomponer el balance negocial, lo que establece es
que, “ante la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas o
imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva,
periódica o diferida, que alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento
a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa,
podrá ésta pedir su revisión” (énfasis agregado). Está en manos del juez definir si
procede ordenar los reajustes que “la equidad” indique o si, ante esa imposibilidad,
se deba terminar el contrato.
149. Como se observa, lo previsto en la norma mercantil no se asimila a lo
estipulado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –
EGCAP– respecto de la alteración del equilibrio económico del contrato, pues no
impone a ninguna de las partes la obligación de restablecer el sinalagma
prestacional en caso de que se modifique, sino que da a la afectada la posibilidad
de acudir al juez para que –de cara al cumplimiento de prestaciones futuras– revise
las condiciones inicialmente pactadas frente a la ocurrencia de las mencionadas
circunstancias y determine, con criterios de equidad, la necesidad o no de realizar
ajustes que permitan continuar con la ejecución del negocio jurídico o la de declarar
107 Al respecto, ver, entre otros, Exp. 47068, Subsección B, C.P. Martín Bermúdez Muñoz, Exp. 58235,
Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata y Exp. 58.485, Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
108 “ARTÍCULO 868. <REVISIÓN DEL CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS>. Cuando
circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de
ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una
de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá́ esta pedir su revisión.
El juez procederá́ a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es
posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”.
solicite del juez la revisión del contrato con miras a que, con base en la equidad, se reajusten las prestaciones
futuras que se han hecho excesivamente onerosas o que se termine el contrato”
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su terminación109. En el derecho público, la reclamación del restablecimiento del
equilibrio económico del contrato puede pedirse incluso después de finalizada su
ejecución, dado que su objeto es garantizar la continuidad del contrato. Mientras
que en el derecho privado la posibilidad de pedir la revisión del contrato debe
hacerse antes del momento de la exigibilidad o cumplimiento de las respectivas
obligaciones110.
150. Como el contrato No. 60 de 2009 estaba sujeto a las previsiones del derecho
privado, aún de haberse acreditado que el equilibrio económico se hubiere alterado
por circunstancias imprevistas al momento de su celebración, lo cierto es que no
por ello surgiría, per se, en cabeza de la contratante, la obligación de recomponer
la ecuación, pues no existe una norma legal que así se lo imponga, a lo que se
agrega que las partes tampoco pactaron una obligación en ese sentido y, además,
tratándose de un contratista incumplido, no podría reclamar el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato bajo la égida de esa normativa, en la medida que
el restablecimiento se justifica si el contratista ha soportado la obligación de prestar
el servicio o ejecutar la obra, pese a la mayor onerosidad, en procura de la
satisfacción de la necesidad pública que se pretendía satisfacer con la
contratación111.
151. Se añade a lo anterior que el asunto no podría resolverse dando aplicación
al referido artículo 868 del C. Co, en la medida que, como se mencionó, el
presupuesto para que la acción de revisión proceda es que la obligación que se
torne excesivamente onerosa no se hubiere cumplido aún. En este caso, cuando se
presentó la demanda el contrato ya había culminado.
109 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2022, Exp. 58.485,
Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
110 En reciente sentencia del 12 de julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicado:
SC1360-2024, puso de presente que la teoría rebus sic stantibus buscó dar una solución a aquellos eventos en
los cuales la satisfacción de las prestaciones acordadas se torna muy gravosa para el deudor, sin que se
convierta en imposible de ejecutar. Sin embargo, señaló que el tratamiento de esas circunstancias
sobrevinientes difiere mucho entre los ordenamientos jurídicos de la contratación pública y privada, puesto que
en el derecho público, a fin de garantizar los fines estatales y necesidades sociales, el contratista está obligado
por convenido, aunque ello le acarree mayores costos; y, como contraprestación, surge para el Estado el deber
de restablecer el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida, mediante el pago
de una suma adicional a la convenida o, si no acontece acuerdo sobre este punto, a través de una reclamación
judicial, con miras a que se verifiquen los supuestos del desequilibrio económico del contrato.
A su turno, en el derecho común la simetría de las prestaciones está dada por criterios esencialmente subjetivos,
junto con la relevancia de salvaguardar la fuerza obligatoria de lo pactado en un contrato válido, lo que supone
la desconfianza en la posibilidad de alterar el contenido de un acuerdo de voluntades sin la aquiescencia de
todos quienes lo celebraron y que da lugar a la acción de revisión no de índole reparativa, sino como un
instrumento para reequilibrar las prestaciones de las partes hacia el futuro, o si esto no es posible, resolver el
contrato.
En efecto, dicha Corporación manifestó:
“2.4.4. En suma, es evidente que el enfoque de la contratación privada difiere enormemente de aquel que
gobierna los contratos estatales sometidos al EGCAP. Mientras que el segundo privilegia la paridad absoluta
de las prestaciones de las partes, en el marco de una conmutatividad objetiva, el primero busca resguardar, en
la medida de lo posible y de lo razonable, la integridad del contrato, y la fuerza vinculante del equilibrio
económico subjetivo que diseñaron y aceptaron los propios estipulantes al momento de celebrar el respectivo
negocio jurídico. La manifestación práctica más relevante de esa divergencia se da en el propósito de la acción
judicial que puede ejercitar el contratante afectado: en el régimen de contratación estatal, le es lícito pedir una
compensación por las prestaciones ejecutadas, lo que, incluso, permitiría que se discuta el desequilibrio
económico de un contrato liquidado. En cambio, el Derecho Privado solo habilita el reajuste del pacto, o su
resolución, en ambos casos con efectos ex nunc –hacia el futuro–; de ahí que, extinguido el vínculo jurídico
entre los contratantes, el cambio sobreviniente de circunstancias pierde su razón de ser”.
111 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, Exp. 39.249, C.P.
José Roberto Sáchica.
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152. En cualquier caso, la Fundación no acreditó los mayores costos o excesiva
onerosidad en que habría incurrido con ocasión de las circunstancias que refirió
como sobrevenidas e imprevisibles, como pasa a verse.
153. En punto al aumento de forma imprevista la pluviosidad del país, lo cual,
según la Fundación, adicionó en el doble el tiempo de transporte de carga e hizo
disminuir el suministro de madera, generó el incremento en el costo de transporte
de los trabajadores por el mal estado de las vías y el retraso en el ensamblaje de
cubiertas, instalación de cerchas, sistema eléctrico en los techos y de mantos, se
encuentra que mediante el Decreto 4580 de 2010 el Gobierno Nacional declaró el
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional
por el término de treinta (30) días, contados a partir del 7 de diciembre de ese año
–fecha de expedición de dicho acto–, con el fin de conjurar la grave calamidad
pública e impedir la extensión de sus efectos. Este decreto se fundamentó en la
ocurrencia del fenómeno de La Niña que, se agudizó en todo el país en noviembre
de 2010 y constituyó “un desastre natural de dimensiones extraordinarias e
imprevisibles”.
154. No obstante, en el proceso no se acreditaron los mayores costos en que
habría incurrido la contratista por: (i) los derrumbes en las vías de acceso –
derrumbes que tampoco acreditó–, (ii) las demoras del contratista en la adquisición
de equipos y elementos –hecho que tampoco demostró–, (iii) las huelgas de
trabajadores por el incumplimiento del contratista –lo que tampoco probó–. La
contratista omitió aportar los insumos que demostraran al supuesto aumento en el
precio del transporte de los trabajadores y los efectos económicos del retraso en el
ensamblaje de varios elementos de la obra, con ocasión del aumento de las lluvias,
de modo que no probó el daño que, supuestamente, le produjo el aumento de
pluviosidad en el país.
155. En lo que concierne al ataque que la comunidad perpetró en la obra, la
contratista señaló que se le causaron perjuicios que tasó en la cifra de
$130’000.000. En el expediente está probado que el suceso ocurrió, comoquiera
que las partes expresamente lo reconocieron en las motivaciones de la ampliación
del contrato, al señalar que produjo 7 días calendario de retraso en la obra. Más allá
de lo que se pudiera determinar en cuanto a que la Corporación debiera o no
responder por sus consecuencias al ser un hecho causado por un tercero e, incluso,
de lo que se pudiera precisar en cuanto a si es un aspecto que pueda o no ser
encausado como una alteración del equilibrio económico del contrato, lo cierto es
que la Fundación no demostró los mayores costos en que dijo haber incurrido por
esta causa.
156. La contratista aportó el listado del personal que supuestamente habría
renunciado con ocasión del mencionado evento, así como la liquidación de las
acreencias laborales que a cada trabajador le correspondió, junto con los contratos
laborales del nuevo personal que ingresó a efectos de reemplazar a quienes
renunciaron112. Esos documentos se limitan a probar esos cambios en el personal
112 Fls. 536 a 596, c.1.
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de la obra, pero en nada demuestran la generación de mayores costos a cargo de
la contratista, comoquiera que se circunscriben a demostrar el finiquito de las
relaciones laborales y el inicio de otras nuevas, sin que ello, per se, denote una
erogación adicional que no tuviere que asumir, pues a cargo del contratista estaba
el cubrimiento de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales con sus
trabajadores y los aportes al sistema de seguridad social de social de éstos113.
157. Junto con las anteriores piezas documentales, la contratista allegó varias
facturas de herramientas y equipos de obra114, donde aparece como compradora.
Estos documentos son insuficientes para acreditar los perjuicios que reclama dado
que algunas de éstas sones ilegibles, otras tienen fechas posteriores al 11 de junio
de 2010 cuando se presentó el hecho y respecto de las demás, aunque se refieren
a bienes que se utilizan en obras, lo cierto es que no es posible determinar con
certeza que dichos elementos hubieren sido los que se afirmó que se destruyeron
en el incendio. La Fundación no detalló qué elementos habrían sido dañados –en la
demanda se limitó a hacer una enunciación general de los bienes–, tampoco obra
un inventario de los elementos instalados en obra que permita contrastar los
elementos maltratados e incendiados; por consiguiente, no hay insumos que
permitan, al menos cuantificar, los perjuicios que dijo le fueron irrogados.
158. Como consecuencia de todo lo expuesto, no hay lugar a acceder a los
reconocimientos económicos pedidos por la Fundación.
159. En este punto de la providencia la Sala considera pertinente advertir que si
bien la Fundación presentó sus pretensiones relativas al incumplimiento y a la
alteración del equilibrio económico del contrato y sus consecuenciales como
principales y subsidiarias, lo cierto es que las segundas reprodujeron de manera
literal las primeras, es decir, que en verdad no corresponden a pedimentos que ante
la negativa de acceder a los principales impongan estudiar unos segundos de
contenido y naturaleza diferente. El único elemento diferencial entre unas y otras
gravita en la pretensión tendiente a que se declare que entre el Municipio y la
Corporación medio una relación de mandato que autoriza a la demandante a
reclamar directamente del Municipio la indemnización de daños y perjuicio
deprecada, pretensión se sustituye en la subsidiaria bajo una alegada comunidad
de bienes entre esos mismo sujetos, asuntos que la Sala no estudiará ante la
negativa a acceder a las pretensiones declarativas de incumplimiento y condena.
160. Dado que, como ya se anticipó, prospera la pretensión de incumplimiento
propuesta por la Corporación en su demanda de reconvención, la Sala procede a
pronunciarse respecto de los pedimentos consecuenciales que planteó la
contratante.
161. En la sentencia recurrida el Tribunal concluyó que los perjuicios sufridos por
la Corporación fueron cubiertos con la cláusula penal que se hizo efectiva a través
de la liquidación bilateral del 28 de febrero de 2011 por un monto de $323’521.194.
También arguyó que, aunque la contratante aseveró que tenía un saldo a su favor
113 Cláusulas undécimas y duodécimas del contrato No. 60 de 2009.
114 Fls. 620 a 682, c.1.
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por los costos de corrección de la obra, los techos de madera, los ensayos de
laboratorios, el servicio de vigilancia y los servicios públicos, no obra prueba del
pago de estos emolumentos. El a quo razonó que no se demostró afectación alguna
al good will. En su apelación, la Corporación aseveró que no asistía razón al Tribunal
porque en el plenario no obra prueba alguna del pago de las acreencias plasmadas
en el acto de liquidación del contrato.
162. Lo primero que debe reiterarse es que no se consolidó una liquidación de
mutuo acuerdo, de manera que queda sin soporte el razonamiento del a quo
consistente en que los perjuicios irrogados a la Corporación quedaron cubiertos con
la cláusula penal que se incluyó en el proyecto de balance de cuentas.
163. En el contrato No. 060 de 2009 las partes pactaron una cláusula penal como
una típica sanción a los incumplimientos de la contratista –no una tasación
anticipada de perjuicios–, sin que su estipulación implicara una potestad
convencional que no hiciera necesaria la intervención judicial para establecer la
realización del hecho que daba lugar a que dicha pena se causara –el
incumplimiento de la Fundación–:
“CLÁUSULA NOVENA. - SANCIÓN PENAL PECUNIARIA. En caso de
incumplimiento parcial o total del CONTRATISTA de una de las obligaciones
derivadas del presente contrato, éste pagará a la CORPORACIÓN, una suma
de dinero equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del mismo,
a título de pena sancionatoria derivada de dicho incumplimiento, sin perjuicio
de las demás opciones o alternativas que tengan la CORPORACIÓN frente
al incumplimiento, por tal motivo se podrá acumular esta pena con la
resolución o terminación del contrato, con el cumplimiento forzoso de la
obligación o con la indemnización de los perjuicios propiamente dicha. Este
contrato presta mérito ejecutivo en los términos de la ley, y desde ahora el
CONTRATISTA renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial de
constitución en mora”115 (se subraya).
164. La lectura de la anterior previsión negocial permite observar que las partes
estipularon una pena por el incumplimiento de las obligaciones del contrato
equivalente al 50% de su valor total y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1600
del Código Civil116, acordaron que a ésta se podía acumular el cobro de los
perjuicios que tal inobservancia pudiera causar a la Corporación, lo que denota que
dicha cláusula no se pactó como una tasación anticipada de perjuicios, sino como
una “pena sancionatoria”. Asimismo, la intención de las partes no comprendió la
facultad en favor de la Corporación para exigir su pago de manera directa sin la
intervención de un juez.
165. Las partes no acordaron que la contratante podía definir unilateralmente el
incumplimiento de las obligaciones de la contratista y que, como consecuencia de
ello, pudiera hacer efectiva la cláusula penal pactada, tampoco se la habilitó para
deducir el valor de la cláusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que
la Fundación le adeudara.
115 Fls. 850 y 851, c.7.
116 ARTICULO 1600. PENA E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS. No podrá pedirse a la vez la pena y la
indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio
del acreedor pedir la indemnización o la pena.
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166. Que se hubiese estipulado que el contrato presta mérito ejecutivo “en los
términos de la ley” y que el contratista renuncia a ser requerido judicial o
extrajudicialmente para constituirse en mora, no hace suponer una habilitación de
la entidad para determinar el incumplimiento de las obligaciones de la Fundación
como presupuesto para hacer efectiva la cláusula penal. En los términos del 422 del
Código General del proceso117, para demandar ejecutivamente una obligación ésta
debe ser expresa, clara y exigible y constar en un documento que provenga del
deudor o su causante y constituya plena prueba en su contra. El contrato, por sí
solo, resultaría insuficiente para determinar el incumplimiento del contratista y, por
ende, para constituir título ejecutivo en su contra en relación con la sanción
pecuniaria pactada en caso de incurrir en inobservancia de sus obligaciones.
167. Si bien se ha admitido que las partes de un contrato estatal sometido al
derecho común pueden pactar facultades unilaterales, también se ha precisado que
tal voluntad debe ser clara y específica, es decir, que pueda deducirse sin equívocos
de las cláusulas pactadas por ellas.
168. Por las razones acabadas de mencionar no se encuentra que en el contrato
No. 060 de 2009 se hubiere estipulado un pacto tendiente a que la Corporación
pudiere hacer efectiva la cláusula penal pactada de manera unilateral, por lo cual se
concluye que para ello era necesario que acudiera al juez del contrato y que,
además de pretender que se declarara el incumplimiento de su contratista, solicitara
específicamente que se hiciera efectiva dicha estipulación.
169. En la demanda de reconvención la Corporación no pidió que se hiciera
efectiva la sanción pecuniaria pactada en la cláusula penal, sino que se
reconocieran y pagaran los perjuicios que le fueron causados por el incumplimiento
de las obligaciones de la Fundación, por lo cual, en atención al principio de
congruencia, la Sala se limitará a este último aspecto.
170. Antes de proceder con ese análisis, la Sala estima pertinente precisar que,
como no hubo acuerdo de liquidación bilateral, tampoco es posible acceder al
pedimento de la Corporación planteado en la apelación en cuanto a que se
reconozca a su favor las sumas determinadas en ese proyecto de balance final del
contrato, lo cual, además, no se ajusta a lo que pidió en su demanda de
reconvención. Sin embargo, esto no impide que se analicen las pretensiones
consecuenciales como fueron planteadas en dicha demanda, puesto que, pese a la
imprecisión cometida en la impugnación, es claro que lo que persigue la contratante
es el pago de los perjuicios que le fueron causados como consecuencia del
incumplimiento de la Fundación, aspecto que fue discutido a lo largo del proceso.
171. La Corporación estimó el daño emergente en el monto de $946’837.689,
integrado por las sumas que tuvo que asumir para dar cumplimiento al objeto dejado
de ejecutar por la Fundación. Explicó que, para el efecto, suscribió el contrato 10 de
2011, por valor de $604’033.689, el cual fue adicionado por $282’000.000; así como
el contrato 11 de 2011 de interventoría al contrato 10 ya referido, por el precio de
117 Lo mismo que en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil que era la normativa vigente
para el momento de celebración del contrato.
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$42’804.000, adicionado en $18’000.000, negocios cuya sumatoria ascendió a la
cifra referida con antelación. Además, solicitó el reconocimiento de los perjuicios
que se le irrogaron por el daño a su good will, en la cuantía equivalente a 100 smlmv.
172. Como fundamento de la pretensión de daño emergente, ya detallada, la
Corporación aportó los contratos que tuvo que suscribir para corregir y completar la
obra sobre la que recayó el objeto del contrato No. 60 de 2009 que suscribió con la
Fundación.
173. El contrato 10 de 2011118 lo suscribió con Pórticos Ingenieros Civiles S.A. con
el objeto de “realizar la construcción de las obras de corrección y terminación de las
edificaciones, espacio público y obras complementarias del Núcleo Mazo, ubicado
en el Parque Regional Ecoturístico Arví, corregimiento de Santa Elena – Municipio
de Medellín, por el sistema de administración delegada, de acuerdo con las
especificaciones y condiciones que se señalan en los términos de referencia de la
Convocatoria Pública No. 004 de 2011 y sus adendas y en la propuesta presentada
por el CONTRATISTA y aceptada por la CORPORACIÓN”, por el precio de
$587’243.220 y un plazo de cuatro (4) meses, contabilizado a partir de su acta de
inicio firmada el 11 de julio de 2011119.
174. Se especificó que el contratista debía terminar las obras relativas a: a) la
estructura en madera para finalizar el edificio de Artes y Oficios; b) la cubierta en
teja de barro; c) mampostería: tapia pisada del total de las edificaciones,
mampostería en ladrillo y en bloque de concreto; d) pisos en concreto pulido de
todas las edificaciones, excepto el edificio de danzas; e) puertas y ventanas en su
totalidad; f) instalaciones sanitarias, eléctricas y comunicaciones de todos los
edificios; g) urbanismos: tapas de sumideros, andenes con líneas táctiles e
iluminación pública; y h) baños privados y públicos.
175. A su vez, allegó la “Adición y ampliación 01 al contrato Nro. 010 de 2011”120,
sustentada en que solo hasta la ejecución de dicho negocio jurídico el nuevo
contratista pudo verificar el estado de las “obras inconclusas”121, relativas a “1.
Rehacer el filtro alrededor de la zona de baños … y 2. Estabilización de la estructura
en madera de todas las edificaciones, puesto que sólo en el momento de iniciar las
actividades relacionadas con estas estructuras, se pudo constatar que era necesario
realizar este ajuste para garantizar su estabilidad y capacidad de soporte”, cambios
que condujeron a que el presupuesto inicial no cubriera varias actividades y que se
tuviese que adicionar por el monto de $282’000.000, a efectos de que el contratista
entregara terminadas las obras del Cedezo, el salón comunitario y los mercados
campesinos 1 y 2.
176. Se halla también demostrado que se suscribió el contrato No. 11 de 2011122,
que tuvo por objeto realizar la interventoría del contrato No. 10 de ese año, cuyo
118 Fls. 1312 a 1321, c.2.
119 Fl. 1322, c.2.
120 A través de este pacto también se amplió el plazo del contrato en 45 días calendario. Fls. 1323 a 1326, c.2.
121 “Las obras adicionales que se debieron realizar para garantizar la correcta terminación de las obras objeto
del contrato No. 010 de 11 y que no era posible identificar, sino hasta que el nuevo contratista en campo
verificara el estado de las obras inconclusas, son las siguientes: (…)” (énfasis agregado). Fl. 1324, c.2.
122 Fls. 1327 a 1334, c.2.
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valor se pactó en la suma de $42’804.000 bajo la modalidad de precio global no
reajustable, así como la “Adición y Ampliación 01 al contrato Nro. 011 de 2011”, por
el monto de $18’000.000123, que se hizo en razón de la ampliación del plazo del
contrato 010 de 2011. En total la suma de $60’804.000.
177. La Sala encuentra acreditado que se consolidó un daño en contra de la
Corporación, ya que para la finalización de las obras dejadas de ejecutar por causas
atribuibles a la Fundación, la contratante tuvo que destinar mayores recursos de los
que había dispuesto inicialmente, en la medida que, además de emplear dineros
para completar el objeto pactado –lo que se observa que se cubrió con el saldo que
no se canceló a la Fundación en función del porcentaje de obra que no ejecutó–,
tuvo que utilizar otros más para corregir los defectos constructivos que se hallaron
respecto de las obras inconclusas, para lo cual fue necesario también que asumiera
costos adicionales por concepto de interventoría. El perjuicio corresponde entonces
a las mayores sumas que tuvo que destinar para culminar la obra del núcleo mazo,
cuyo monto se pasa a determinar.
178. Se encuentra acreditado que, ante la falta de terminación de la obra, la
contratante no pagó a la Fundación el valor total que se había previsto para su
ejecución. En el acta final de obra No. 60 de 2009, suscrita el 23 de enero de 2011124
–cuyo contenido no fue refutado a través de otros medios probatorios– se consignó
que la Fundación dejó de ejecutar el 21,08% del objeto convenido, porcentaje que,
según ese mismo documento, correspondía a la cifra de $646’961.125. Por lo cual,
en los términos de dicha acta, del valor total acordado –$3.069’461.044–, la
Corporación solo le canceló la suma de $2.422’499.919. Lo que evidencia que la
contratante contaba, justamente, con ese saldo de $646’961.125, para completar y
corregir la obra que la Fundación no cumplió.
179. El valor de $646’961.125 no puede ser considerado como un perjuicio, en la
medida que ese monto siempre estuvo dispuesto para la construcción de las obras.
Se precisa que la demandante en reconvención no alegó ni probó la existencia de
un daño emergente por la demora en la finalización de las obras, sino que lo
concretó en el costo en el que tuvo que incurrir para cumplir el objeto pactado.
180. La sumatoria de los valores del contrato No. 10 de 2011–$587’243.220– y su
adición –$282’000.000–, así como de los costos de interventoría –$60’804.000–
corresponde al monto de $930’047.220, el cual no alcanza a ser cubierto por el saldo
que tenía disponible la contratante para la culminación de las obras –$646’961.125–
, lo que evidencia la existencia del daño en una suma equivalente a $283’086.095,
que es la que corresponde a la diferencia de lo que inicialmente contempló la
Corporación para la ejecución de la obra y la que finalmente tuvo que destinar para
ello en razón de los incumplimientos de la Fundación.
123 La adición en el precio tuvo origen en la constatación del estado de obras dejadas por la Fundación, la cual
solo se pudo verificar cuando el nuevo contratista efectuó el examen directo en la obra, en virtud del cual
constató que era necesario rehacer el filtro de la zona de baños, estabilizar la estructura de madera de todas
las edificaciones (fl. 1324, c.2)
124 Fls. 1207 a 1211, c.2.
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181. Si bien la Fundación arguyó que con el contrato No. 10 de 2011 la
Corporación desconoció y desnaturalizó las técnicas de construcción en tierra, lo
cierto es que no probó tales manifestaciones en el proceso y los efectos de las
mismas de cara al reconocimiento o no de los mayores costos en que incurrió la
Corporación para corregir y completar la obra dejada de ejecutar por la contratista.
182. Bajo el anterior panorama, el daño emergente que se reconocerá a favor de
la contratante asciende a la cifra de $283’086.095, monto que se actualiza utilizando
los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para ello se tendrá
en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha en que se cumplió el término
con que se contaba para liquidar el contrato –25 de junio de 2011125– y que el índice
final corresponde a la fecha de esta providencia, con base en la siguiente fórmula
(donde Vp corresponde al valor presente y Vh al valor histórico o inicial):
283.086.095 x Índice final
Vp= ----------------------
Índice inicial
283.086.095 x 143,67
Vp= ----------------------------------
75,31
Vp= $540’047.527,13
183. Por consiguiente, en razón del incumplimiento contractual en que incurrió la
Fundación Tierra Viva, le corresponde a esta última pagar, por concepto de daño
emergente, la suma de quinientos cuarenta millones cuarenta y siete mil quinientos
veintisiete pesos con trece centavos ($540’047.527,13) a favor de la Corporación
Parque Arví.
184. La Sala no reconocerá el valor que la Corporación reclama por concepto de
afectación de su good Will. Es aceptado que ese concepto corresponde a un bien o
a un activo intangible susceptible de apropiación patrimonial que, por tanto, puede
sufrir menoscabo como consecuencia de un hecho dañoso imputable a un tercero,
cuya reparación procede siempre que el daño sea cierto, sea personal y que haya
sido consecuencia directa de la conducta antijurídica imputable al tercero126. No
obra prueba en el proceso del valor patrimonial que tendría ese bien que dice poseer
la contratante, menos de la afectación que a ese nivel pudo haber sufrido por el
hecho de que las obras no hubieren culminado en los tiempos inicialmente previstos,
por lo cual, al no existir prueba del daño, no es posible acceder a este
reconocimiento.
185. En virtud de todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera
instancia en tanto declarará el incumplimiento contractual por parte de la Fundación
125 Como el plazo del negocio culminó el 23 de diciembre de 2010, los 4 meses estipulados para su liquidación
bilateral acontecieron del 24 de diciembre de 2010 al 24 de abril de 2011 y los 2 meses convenidos para el
finiquito unilateral corrieron del 25 de abril al 25 de junio de 2011.
126 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 5 de marzo de 2021, expediente: 39.249.
y del 11 de octubre de 2021, expediente: 53.479, Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
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y, consecuencialmente, la condenará a pagar los perjuicios que por daño emergente
resultaron acreditados. En lo demás se confirmará la decisión recurrida.
Costas
186. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley
446 de 1998.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta, el 11 de diciembre de 2020 y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda principal, formulada por
la FUNDACIÓN TIERRA VIVA en contra de la CORPORACIÓN PARQUE
ARVÍ.
SEGUNDO: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO del contrato No. 60 de 2009
por parte de la FUNDACIÓN TIERRA VIVA, en atención a lo señalado en la
demanda de reconvención.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a
la FUNDACIÓN TIERRA VIVA a pagar a favor de la CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ la suma de quinientos cuarenta millones cuarenta y siete mil
quinientos veintisiete pesos con trece centavos ($540’047.527,13), a título de
daño emergente.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de reconvención.
QUINTO: Sin condena en costas.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas por la segunda instancia.
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Acción: Controversias contractuales
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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