Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00233-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00233-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2012-00233-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
2 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 050012331000201200233-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
TESIS: CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 16 de noviembre de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia1, por medio de
la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1.- El señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, por intermedio
de apoderado, promovió demanda contra la CORPORACIÓN
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 05001-23-31-000-2012-00233-01
Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
-CORANTIOQUIA- 2 , con el fin de que se realizaran las siguientes
declaraciones:
“[…] 1. Que es nula la Resolución 130CA1103-6609 del
3 de marzo de 2011, por medio de la cual se negó la
licencia ambiental al señor Carlos Alberto Uribe Mejía,
para el desarrollo del proyecto "HIDROELÉCTRICO
QUEBRADA VEQUEDO", con aguas a derivar de la
quebrada Vequedo, ubicada en las veredas
Manzanares y Chirapotó en los Municipios de
Valparaíso y Caramanta, Departamento de Antioquia.
2. Que es nula la Resolución 130CA-1108-6861 del 4
de agosto de 2011, que resolvió confirmar en todas y
cada una de sus partes la Resolución 130CA-6350 del
23 de septiembre de 2010 (sic).
3. Que como consecuencia de la anterior declaración y
a título de restablecimiento del derecho, se ordene el
pago de la suma de mil cuatrocientos ochenta y cinco
millones de pesos ($1.485.000.000), o la suma que
resulte acreditada en el proceso, valor que
corresponde al valor presente neto del flujo de caja
libre operativo que este tipo de proyectos puede
generar de conformidad con las inversiones, ingresos y
costos operativos esperados.
4. Que sobre estos valores se reconozcan los intereses
corrientes y moratorios de conformidad con lo
establecido en los artículos 863 y 864 del Estatuto
Tributario.
5. Que en caso no accederse a la anterior petición,
dicha suma deberá restituirse actualizada, de
conformidad con lo previsto en el art. 178 del C.C.A.”
2
En adelante CORANTIOQUIA.
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I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala extrae los
siguientes:
1.- Mediante escrito de 21 de febrero de 2008, el señor CARLOS
ALBERTO URIBE MEJÍA solicitó el otorgamiento de una concesión
de aguas sobre la cuenca de la Quebrada Vequedo, ubicada en los
municipios de Valparaíso y Caramanta en el Departamento de
Antioquia-, cuya finalidad era el desarrollo de un proyecto de
generación hidroeléctrica.
2.- CORANTIOQUIA -Dirección Territorial Cartama- a través del acto
núm. 130CA7364 de 24 de abril de 2008, admitió la solicitud de
concesión de aguas efectuada.
3.- Posteriormente, dicho ente mediante acto administrativo núm.
130CA-7791 de 25 de noviembre de 2008 requirió al señor
URIBE MEJÍA para que aportara información relacionada con la
concesión de aguas, a lo cual el demandante dio respuesta,
mediante comunicación de fecha 11 de septiembre de 2008, y
anexó un estudio de prefactibilidad para el desarrollo hidroeléctrico
de la Quebrada Vequedo.
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4.- La Dirección Territorial Cartama de CORANTIOQUIA, mediante
acto administrativo núm. 130CA-5638 de 17 de junio de 2009,
ordenó el archivo de la solicitud del señor CARLOS ALBERTO
URIBE MEJÍA, por considerar que el proyecto, al requerir el
trasvase de una cuenca a otra (de la quebrada Vequedo a la cuenca
del río Cauca), necesitaba tramitar licencia ambiental.
Contra dicha decisión el actor interpuso recurso de reposición, para
señalar que inicialmente solicitó licencia ambiental única, trámite
que fue modificado por instrucción del director de CORANTIOQUIA.
5.- El 13 de agosto de 2009, mediante acto administrativo núm.
130CA-5702, la entidad demandada resolvió el recurso de
reposición y entre lo decidido ordenó la apertura del trámite de
licencia ambiental para el proyecto de generación hidroeléctrica de
la Quebrada Vequedo.
6.- Con fundamento en lo anterior, el señor URIBE MEJÍA el 30 de
octubre de 2009 radicó ante CORANTIOQUIA los formularios
requeridos para la solicitud de licencia ambiental y los demás
requisitos exigidos para el inicio de dicho trámite, siendo admitidos
por la Corporación mediante el acto administrativo núm. 130CA-
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8956 de 13 de noviembre de 2009, en el cual se ordenó el inicio
del trámite de licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico
Quebrada Vequedo.
7.- El 14 de diciembre de 2009, el ingeniero civil de
CORANTIOQUIA, mediante Informe Técnico núm. 130CA-12507,
luego de evaluar el estudio de impacto ambiental entregó concepto
favorable para conceder la licencia ambiental requerida.
8.- No obstante lo anterior, el 29 de abril de 2010, mediante
Informe Técnico No. 130CA-13080 rendido por el equipo técnico
interdisciplinario designado por CORANTIOQUIA, se concluyó que,
según la reevaluación efectuada al estudio de impacto ambiental,
este arrojó como resultado una calificación de “66.7” “aceptado con
condiciones”, por lo que era recomendable requerir información
adicional al peticionario para poder conceptuar en forma definitiva
acerca de la licencia ambiental solicitada.
Por este motivo, mediante acto administrativo núm. 130CA-
9330 del mismo 29 de abril de 2010, el señor CARLOS
ALBERTO URIBE MEJIA fue convocado nuevamente para atender
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los requerimientos técnicos efectuados por el equipo especializado
designado y realizar los ajustes al Estudio de Impacto Ambiental.
9.- El 3 de diciembre de 2010, el accionante aportó la
documentación solicitada e hizo entrega del Estudio de Impacto
Ambiental para el proyecto, en una segunda versión en la que
solicitó como caudal de diseño 0.711 m3/s, con la identificación de
un caudal medio de 0.618 m3/s, en la cota 1180 msnm.
10.- El 7 de enero de 2011, una vez se analizó la documentación
presentada por el señor URIBE MEJÍA y el Estudio de Impacto
Ambiental presentado, el equipo técnico interdisciplinario concluyó,
en el Informe Técnico núm. 4176, que si bien este último cumplía
con la mayoría de los requerimientos efectuados por la Corporación
no existía disponibilidad del recurso hídrico para dicha solicitud en
los términos presentados, razón por la que no era viable otorgar la
concesión de aguas y, por ende, la licencia ambiental tramitada.
11.- Con fundamento en el informe técnico anteriormente referido,
el director de la Territorial de Cartama de CORANTIOQUIA,
mediante Resolución núm. 130CA-1103-6609 de 3 de marzo
de 2011 negó la licencia ambiental requerida por ser inviable
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ambientalmente, ya que el caudal que solicitó el demandante para
el proyecto excedía el caudal de la cuenca, decisión recurrida por el
accionante dentro del término legal.
12.- Finalmente, el 4 de agosto de 2011 a través de la
Resolución No. 130CA-1108-6861, el director de la Territorial
Cartama de CORANTIOQUIA- no repuso la decisión y confirmó la
Resolución inicial núm. 130CA- 1103-6609 de 3 de marzo de
2011, por las mismas razones expresadas y en virtud de que el
caudal disponible, determinado por el sistema de administración del
recurso hídrico denominado “Duberdicus”, implicaba una variación
del proyecto en todas sus condiciones técnicas que debían ser
reevaluadas por el usuario para su construcción, lo que implicaba
una nueva solicitud.
13.- Indicó que con la decisión denegatoria de CORANTIOQUIA le
impidió la generación e ingreso a la región de una suma cercana a
los $11.000.000.000, en una zona con una economía precaria que
requería de recursos propios alternos de manera urgente, lo que
además de atentar contra el patrimonio de la Corporación
Autónoma al obstruirse la posibilidad de obtenerlos, generó sendos
perjuicios al demandante que deben ser indemnizados.
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I.3.- Fundamentos de derecho
Como sustento de sus pretensiones, el demandante adujo que los
actos acusados vulneraron los artículos 85 del Código Contencioso
Administrativo; 9°, 17 y 20 del Decreto 1220 de 2005; 36, 54, 62,
73, 183 la Ley 99 de 1993; y el Decreto 1541 de 1978.
Como concepto de la violación el accionante afirmó que
CORANTIOQUIA, con la expedición de los actos acusados, incurrió
en falsa motivación puesto que no existía respaldo legal suficiente
para negar la concesión hídrica, toda vez que no se aportó ningún
fundamento técnico o jurídico que realmente soportara la decisión
allí adoptada.
Indicó que los análisis realizados por la Corporación Autónoma
coinciden con los que él mismo aportó con la solicitud, confirmando
que el proyecto formulado sí era apto para la concesión.
Agregó que la argumentación esgrimida por CORANTIOQUIA en los
actos administrativos carecía de sentido, habida cuenta que no era
comprensible la decisión denegatoria por la presunta inexistencia
del recurso hídrico cuando la solicitud presentada requería una
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disponibilidad de entre 556 l/s hasta 711 l/s, según las condiciones
de operación, y el caudal promedio de la Quebrada Vequedo
definido correspondía a 618 l/s.
Insistió en que no existía mayor diferencia entre el caudal solicitado
y el disponible establecido por el equipo técnico interdisciplinario de
CORANTIOQUIA, además de que dicho indicador solo se utilizaba
“para fines de diseño de las obras de captación y generación, pero
finalmente el caudal que se utilice para la generación es el que
resulte de disminuir de la fuente el caudal ecológico y las
concesiones dadas para otros usos que tienen prioridad’’, por lo que
no había lugar a la negativa frente a la licencia ambiental solicitada.
Finalmente, el demandante señaló que los actos administrativos se
encontraban incursos en desviación de poder, toda vez que con las
decisiones acusadas la autoridad ambiental persiguió un fin
diferente al señalado en la norma respecto de la potestad ejercida,
ya que CORANTIOQUIA reconoció en diferentes instrumentos la
ausencia de afectación a los recursos naturales y la inexistencia de
actividades con prelación sobre el uso solicitado.
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Afirmó que negar la licencia solicitada por una diferencia en los
caudales inferior al 1%, desconoció los criterios técnicos y
científicos aplicables que admitían desviaciones hasta del 13%, lo
que evidencia la existencia de razones ocultas en la decisión
adoptada, ajenas al interés de la comunidad.
Precisó que el caudal de diseño sólo se utilizaba para efectos de los
diseños necesarios para acometer su ejecución, por lo que la
negativa, fundamentada en la necesidad de optimizar el diseño,
explica las razones ocultas de la entidad no precisadas en los actos
administrativos demandados.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- CORANTIOQUIA por intermedio de apoderado judicial,
contestó oportunamente la demanda3 y se opuso a las pretensiones
formuladas en la misma bajo los argumentos que se exponen a
continuación:
Afirmó que, de acuerdo con los decretos 2811 de 1974 y 1541 de
1978, los actos demandados no están viciados por falsa motivación
debido a que la decisión de negar la concesión del recurso hídrico
3
Folios 269 a 289 c. 1.
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se fundamentó en los informes técnicos elaborados por
profesionales del área que indicaron la inviabilidad de la licencia
solicitada por la falta de capacidad de la cuenca para abastecer el
proyecto formulado.
Precisó que en este sentido la falsa motivación invocada como
causal de nulidad por el demandante no se encontraba
demostrada, por lo que no cumplió con la carga probatoria que le
asistía al respecto.
En cuanto al cargo de desviación de poder, sostuvo que las razones
que fundamentaron la negativa de la concesión correspondieron
exclusivamente a la protección de los recursos naturales, el interés
social y la utilidad pública, de cuya defensa y protección se
encuentra encargada, sin que la parte demandante probara lo
contrario.
Indicó que no podía desconocerse que desde un principio la parte
actora manifestó que para operar el proyecto formulado y los
equipos que pretendía instalar, iba a requerir “la totalidad del
caudal”, por lo que solicito, que una vez concedida la licencia se
declarara su agotamiento.
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Bajo dicha petición CORANTIOQUIA procedió a evaluar el estudio
de impacto ambiental con aplicación del sistema “DUBERDICUS”,
metodología que al ser aplicada permitió advertir que el caudal de
diseño requerido para el proyecto era mayor al del caudal promedio
anual estimado de la cuenca, como consecuencia de lo cual se
tenía que la quebrada Vequedo, que discurre por varios municipios
del departamento de Antioquia, no tenía disponibilidad suficiente
para su abastecimiento, lo que identificaba que no era viable
otorgar la licencia ambiental solicitada.
Además, argumentó que pese a que el demandante afirmaba que
los cálculos en materia de hidrología podían presentar desviaciones
hasta del 13%, los promedios para realizar esta clase de cálculos
son ficciones estadísticas más no realidades físicas, por lo que la
disponibilidad del agua como recurso hídrico depende de muchos
factores y, ante un peligro grave o irreversible, frente al deber de
garantizar de manera permanente la disponibilidad del recurso para
las generaciones presentes y futuras, le correspondía a
CORANTIOQUIA adoptar la decisión que permitiera el cumplimiento
de tales postulados ambientales.
Precisó que la norma ambiental aplicable indicaba que la autoridad
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ambiental administradora del recurso hídrico en una zona podía
negar las peticiones de concesión, entre otras razones, por
insuficiencia del caudal existente para abastecer las necesidades
planteadas por el peticionario en su solicitud, lo que ocurrió en este
caso.
Propuso como excepciones las que denominó “falta de causa para
pedir” y la legalidad de los actos demandados.
I.4.2.- La ex directora de CORANTIOQUIA, Mónica María Ocampo
Restrepo, actuando en nombre propio, contestó oportunamente la
demanda 4 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte
demandante con fundamento en la legalidad de la actuación y el
cabal cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley y la
Constitución como autoridad ambiental.
Señaló que su actuación administrativa en representación de la
Territorial Cartama de CORANTIOQUIA, siempre se sujetó a la
legislación ambiental vigente y a los informes técnicos existentes,
por lo que deslegitimó las apreciaciones de la parte actora en
procura de la obtención de la licencia solicitada, calificándolas como
alejadas de la realidad además de temerarias.
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Folios 238 a 249 c. 1.
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II-. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 16
de noviembre de 20165, denegó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de la decisión, manifestó que de conformidad
con las pruebas documentales aportadas y los testimonios
recaudados se concluyó que no podía otorgarse una concesión de
aguas cuando se desconocía el caudal mínimo permitido por la
Corporación encargada de administrar los recursos naturales, pues
la inobservancia de dichos parámetros podría generar afectaciones
sobre el ecosistema y la disponibilidad del recurso hídrico, razón
por la que las decisiones adoptadas por la autoridad ambiental, al
perseguir dicho fin superior, se encontraron ajustadas a la
legalidad.
Afirmó que la negativa frente a la solicitud de licencia ambiental
solicitada por el señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA tuvo
origen en la insuficiencia del recurso hídrico en la Quebrada
Vequedo para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.
5
Folio 707 a 719 c. 2.
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Destacó que aunque en el trámite administrativo el accionante se
acogió al caudal determinado por CORANTIOQUIA no realizó las
acciones necesarias para presentar una nueva propuesta con
fundamento en el recurso disponible.
III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la actora presentó oportunamente escrito de
apelación 6 , en el que solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia y reiteró la vocación de prosperidad de las
pretensiones formuladas respecto de los actos acusados. Como
sustento del recurso expuso los siguientes argumentos:
Manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por el a quo, al
considerar que CORANTIOQUIA sí incurrió en falsa motivación y
desviación de poder al expedir las resoluciones demandadas.
Resaltó que las pruebas aportadas al proceso permitían evidenciar
que las resoluciones demandadas no tuvieron en cuenta la realidad
técnica del proyecto y desconocieron los conceptos técnicos
favorables de la propia entidad, que habilitaban la viabilidad de
6
Folio 720 a 749 C. 2.
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otorgar la licencia ambiental solicitada, además del establecimiento
del caudal medio requerido.
Afirmó que existió un error en la argumentación esgrimida en los
actos demandados, originado en la diferencia conceptual entre el
caudal medio de una fuente y el caudal de diseño, desconociendo
que este último puede ser superior dentro de un proyecto
hidroeléctrico. Como prueba del anterior argumento citó las
declaraciones de los señores Juan Carlos Correa Jaramillo y
Santiago Gómez Fernández, especialistas en la materia.
Insistió en que la falsa motivación se encontraba sustentada en una
decisión denegatoria de la licencia ambiental, fundamentada en la
comparación de dos conceptos que no son equivalentes sino
complementarios, por lo que no podía ser rechazada la licencia.
Con apoyo en los mismos testimonios, insistió en que la diferencia
de litros entre el caudal medio o promedio calculado por el señor
Carlos Alberto Uribe Mejía en 0,618 m3/s, y el obtenido por la
entidad demandada que correspondía a 0,621 m3/s, conforme al
Informe Técnico 130CA 12507, no podía generar la negativa frente
a la licencia ambiental porque el uso de diversos métodos de
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cálculo hidrológico no permitía resultados exactos o uniformes, lo
que dependía de si la cuenca se encuentra instrumentada, de la
longitud de los registros y del número y distribución de las
estaciones de medición, por lo que existía en materia de hidrología
un error típico admisible del 5%, lo que, como en este caso, se
encontraba dentro del rango de tolerancia en la evaluación de un
proyecto.
Concluyó que la diferencia de tres litros existentes entre el caudal
medio determinado en el Estudio de Impacto Ambiental y el
calculado por la entidad, no podía generar razonablemente la
negativa frente a la solicitud de licencia ambiental tramitada, ya
que era mínimo y se encontraba dentro del margen de tolerancia
admisible por la diferencia de sistemas que se utilizan en hidrología.
Descartó que al acogerse al caudal disponible establecido por la
entidad resultara necesario efectuar un nuevo estudio y la
adecuación de obras, pues el proyecto formulado admitía rangos
entre los valores del caudal de entre el 10 y el 15%, lo que
significaba que, un cambio de caudal, por tratarse de caudales
bajos “no modificaba geométricamente el diámetro comercial a
utilizar para la obra”, por lo que sí era posible tal solicitud
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subsidiaria, además de que, en todo caso, debía respetarse el
caudal ecológico.
Señaló que CORANTIOQUIA no realizó un análisis objetivo de la
propuesta y presentó argumentos contrarios a la temática que se
debía abordar para tomar la decisión, por lo que calificó lo resuelto
por la autoridad ambiental como un “exabrupto técnico y
conceptual’’ que obedecía a un desconocimiento evidente de los
asuntos hídricos.
Afirmó, además, que los pronunciamientos de la entidad
demandada en cuanto al cálculo de riesgos por parte de los
inversionistas o desarrolladores y el uso de metodologías de poca
aceptación en la industria como el método “Duberdicus”, buscaban
desviar la atención respecto de los verdaderos motivos para negar
la licencia, a fin de limitar y perjudicar al accionante por los
múltiples trámites de concesión de aguas que adelantó ante la
misma Corporación, como se deduce de las declaraciones rendidas
por los funcionarios Enrique Vanegas e Isneide Bermúdez.
En cuanto al cargo de desviación de poder, arguyó que la entidad
accionada utilizó su poder como autoridad ambiental con un fin
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distinto de aquel para el que le fue otorgado, pues pese a reconocer
la inexistencia de afectación ambiental y la aprobación del estudio
de impacto ambiental, decidió negar la licencia sin fundamento
legal para ello con el único ánimo de afectar los intereses del
proponente del proyecto hidroeléctrico.
Finalmente, resaltó que al cumplir con los requisitos legales para la
licencia ambiental consolidó una expectativa legítima respecto de su
otorgamiento, que fue desconocida al adoptarse una decisión
contraria a lo consignado en los conceptos de la misma entidad y a
la realidad técnica del proyecto.
Insistió en que la actuación de la entidad le generó perjuicios por
valor de $1.450.000.000, que arrojó el flujo de caja del proyecto,
valor que se dejó de recibir por una decisión subjetiva y carente de
sustento técnico y jurídico, argumento que soportó en el contenido
de las declaraciones recaudadas a lo largo del proceso, y, en cuanto
al costo estimado, en el dictamen pericial rendido en materia
financiera y de proyectos.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
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La parte demandada y el Ministerio Público acudieron
oportunamente a presentar alegatos de conclusión, 7 en cuyos
escritos, de manera uniforme, defendieron la decisión adoptada por
el Tribunal de instancia. Solicitaron su confirmación al considerar
que la parte demandante no cumplió con los requisitos necesarios
para el otorgamiento de la licencia ambiental requerida, además de
no demostrar la ilegalidad de los actos acusados.
La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. ACTOS ACUSADOS
La parte actora demandó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
i) Resolución núm. 130CA1103-6609 de 3 de marzo de
20118 , por medio de la cual el director Territorial Cartama de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, negó la
licencia ambiental solicitada por el señor CARLOS ALBERTO URIBE
MEJÍA, para el desarrollo del proyecto "HIDROELÉCTRICO
7
Folios 8 y 27 c. ppal.
8
Folios 3 y 4 c. ppal.
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Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
QUEBRADA VEQUEDO", por ausencia del recurso hídrico suficiente
para el adelantamiento del proyecto.
ii) Resolución núm. 130CA-1108-6861 de 4 de agosto de
20119, por medio de la cual, el mismo funcionario en respuesta al
recurso de reposición interpuesto por el solicitante, resolvió
“confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución
130CA1103-6609 del 3 de marzo de 2011”, quedando en firme
la negativa frente a la licencia ambiental tramitada por el señor
CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA para el desarrollo del proyecto
"HIDROELÉCTRICO QUEBRADA VEQUEDO".
V.2. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER
Corresponde a la Sala establecer sí en el presente caso las
resoluciones que denegaron la licencia ambiental solicitada por el
demandante se encuentran viciadas de nulidad por falsa
motivación y desviación de poder, o si, por el contrario, como
lo señaló el a quo, la actuación adelantada por CORANTIOQUIA se
ajustó a la legalidad.
9
Folios 5 y 7 c. ppal.
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Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
En este sentido debe resolverse si la motivación esgrimida por
CORANTIOQUIA en los actos administrativos acusados se
encuentra alejada de la realidad por la existencia del recurso
hídrico suficiente para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico
Quebrada Vequedo o, como lo afirma el demandante en su recurso,
por encontrarse obligada legalmente al otorgamiento de la licencia
ambiental con el caudal existente o disponible determinado por el
cuerpo técnico a su cargo.
Además de lo anterior, deberá determinarse si a partir de las
declaraciones y demás pruebas recaudadas a lo largo del proceso,
se encuentra demostrado que al negar la licencia ambiental en
comento CORANTIOQUIA actuó con un fin diferente al establecido
en la norma, como lo aduce el demandante, al otorgarle tal
facultad como autoridad ambiental.
V.3. CASO CONCRETO
V.3.1.- Para resolver el problema jurídico planteado, a partir de las
pruebas allegadas al expediente, la Sala procede a sintetizar la
actuación adelantada por el señor CARLOS ALBERTO URIBE
MEJÍA en procura de la obtención de una licencia ambiental para el
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adelantamiento del Proyecto Hidroeléctrico Quebrada Vequedo, que
finalizó con la expedición de las resoluciones núms. 130CA1103-
6609 de 3 de marzo de 2011 y 130CA-1108-6861 de 4 de
agosto de 2011, expedidas por el director Territorial Cartama de
CORANTIOQUIA, por medio de las cuales se negó y confirmó dicha
solicitud, respectivamente.
V.3.2.- Al respecto, se encuentra probado en el expediente lo
siguiente:
V.3.2.1.- Que el señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA,
mediante escrito de 21 de febrero de 2008 10 , radicó ante
CORANTIOQUIA solicitud de “Licencia Ambiental Única” para el
desarrollo de un proyecto de generación hidroeléctrica con aguas
derivadas de la Quebrada Vequedo, ubicada en las veredas
Manzanares y Chirapotó en los Municipios de Valparaíso y
Caramanta, del departamento de Antioquia, correspondiéndole a
dicho trámite el núm. CA1-08-50.
3.2.2.- Que el 24 de abril de 2008, a través del acto
administrativo núm. 130CA7364, expedido por CORANTIOQUIA,
se dio inicio al trámite solicitado, pero como “concesión de
10
Folio 9 a 14 c. ppal.
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aguas” de acuerdo con las características particulares del
proyecto: “generación de 3.3 MW de potencia eléctrica, entre
las cotas 1.200 y 630 m.s.n.m., con un consumo total o
requerimiento total de agua para el proyecto de CERO
PUNTO SIETE (0.7) m3/s” 11 . Este valor para la entidad, en
principio, representó de acuerdo con la normatividad vigente, que
el proyecto no requería licencia ambiental al no superar los “10
MW”.
V.3.2.3.- Que mediante acto administrativo núm. 130CA-7791
de 25 de noviembre de 2008,12 se señaló que una vez revisada
técnicamente la información allegada por el señor CARLOS
ALBERTO URIBE MEJÍA, se advertían sendas falencias en el
proyecto que impedían su adecuado análisis, lo que CORANTIOQUIA
precisó en los siguientes términos, con fundamento en el informe
técnico respectivo:
“[…] En el oficio no es claro si el proyecto requiere de subestación,
interconexión al sistema de trasmisión y/o distribución local
(localización geográfica de los componentes de generación y
transmisión), ni tampoco si es autogeneración (consumo propio).
Una vez revisada la información relacionada con la solicitud del
asunto, se considera que con la información entregada por el
solicitante no es posible definir el tipo de permiso y la
11
Folio 12 c. ppal.
12
Folio 16 y 17 ibidem
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competencia del mismo y es por tanto necesario complementar la
información básica del proyecto en los siguientes aspectos:
1. Objeto de la generación (autoconsumo, distribución local o
nacional)
2. Localización geográfica de los componentes de generación
(casa de máquinas, tipo y sitio de descarga), de transmisión y de
interconexión (en caso de requerirla).
3. Caudal de diseño (m3/s).
4. Longitud de tramo seco (m).
5. Cota de generación (msnm).
6. Eficiencia del sistema de generación.
7. Tipo de turbinas a utilizar.
8. Qué tipo de obra de captación requiere (Transversal o Lateral).
9. Definir: Tendido de líneas del sistema de transmisión (Nacional
o Local), si requiere de subestación, a qué tensión (Kv).
10. Si el proyecto hidroeléctrico es aplicable a las resoluciones de
la CREG No. 84 de 1996 y 86 de 1996.
11. Vías de acceso.”
Por lo anterior, se requirió al solicitante para que allegara dicha
información en el término perentorio de dos meses.
V.3.2.4.- Que, en escrito del 11 de septiembre de 2008, el
accionante dio respuesta al requerimiento, anexando además un
Estudio de Prefactibilidad y Plan de Manejo Ambiental para el
desarrollo hidroeléctrico de la Quebrada Vequedo13.
13
Folio 70 c. ppal.
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V.3.2.5.- Que por acto administrativo núm. 130CA-5638 de 17
de junio de 2009, 14 se evaluó la información allegada,
advirtiéndose de la misma que no se dio cumplimiento en el punto
6° anteriormente requerido, además de observarse en su contenido
faltantes relacionados con la realización del “mapa de precipitación
o mapa evapotranspiración”, el “análisis de aplicabilidad de la
metodología utilizada”, el “método de transferencia de información
respecto de las otras cuencas” en las que se fundamentó y “la
calidad de la información de las estaciones de precipitación
analizadas”, entre otros aspectos, que condujeron a la entidad a
concluir respecto de la solicitud y los documentos aportados por el
señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA que:
“[…] El estudio de caudales medios de la quebrada Vequedo
no es confiable en sus resultados y no demuestra que la
cuenca de la quebrada Vequedo posee la suficiente
disponibilidad hídrica para que sea otorgable el caudal que
el señor Carlos Alberto Uribe Mejía requiere para el desarrollo del
proyecto Hidroelectrico Vequedo. (…)
De la información suministrada en los Oficios 130CA9167 del 15
de enero de 2009 y 130CA95-884 del 6 de mayo de 2009, se
concluye que el proyecto Hidroeléctrico Vequedo requiere un
transvase de agua de la cuenca de la quebrada Vequedo de
la cota 1.180 msnm a la cuenca del rio Cauca en la cota 640
msnm aproximadamente en cantidad de 0.711 m3/s y
según el Decreto 1220 de 2005 artículo 9 literal 15, aunque
un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico sea menor
de 10 MW, requiere de licencia ambiental si el proyecto
involucra un trasvase de una cuenca a otra con corrientes
de agua iguales o inferiores a 2 m3/2 durante los periodos
14
Folios 73 y 74 c. ppal.
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de mínimo caudal. Este es el caso del Proyecto Hidroelectrico
Quebrada Vequedo y por tanto requiere de licencia ambiental.”
(Resaltado fuera de texto)
V.3.2.6.- Que al evidenciarse técnicamente en la documentación
presentada la necesidad del transvase de cuenca de la
Quebrada Vequedo al Río Cauca, CORANTIOQUÍA advirtió que,
conforme al Decreto 1220 de 2005, para el adelantamiento del
proyecto en esas condiciones sí era necesaria la obtención de una
licencia ambiental, razón por la que indicó que el solicitante debía
iniciar dicho trámite, ordenando a su vez el archivo de la solicitud
de concesión de aguas fallidamente gestionada.
V.3.2.7.- Que, adicionalmente, en dicha resolución la entidad
advirtió al señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA que hasta el
momento no le había sido requerido Plan de Manejo Ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución núm. 10842 de
24 de noviembre de 2008, expedida por CORANTIOQUIA, norma
que establecía el procedimiento y los criterios corporativos para la
expedición de “permisos, autorizaciones y concesiones para
proyectos de generación hidroeléctrica”.
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V.3.2.8.- Que mediante acto administrativo núm. 130CA-5702
de 13 de agosto de 2009,15 CORANTIOQUIA resolvió el recurso
de reposición interpuesto por el actor, en el que modificó la
anterior decisión y ordenó la apertura del trámite de licencia
ambiental para el proyecto de generación hidroeléctrica
referido, y dispuso incluir en el mismo los documentos allegados
con el radicado inicial núm. CA1-08-50.
V.3.2.9.- Que el 30 de octubre de 2009 el solicitante radicó ante
CORANTIOQUIA los formularios establecidos como requisito para el
inicio del trámite de licencia ambiental16.
V.3.2.10.- Que mediante acto administrativo núm. 130CA-
8956 de 13 de noviembre de 2009, se ordenó formalmente el
inicio del trámite de licencia ambiental para el proyecto
hidroeléctrico Quebrada Vequedo, al cual el solicitante anexó:
• Solicitud de concesión de aguas.
• Solicitud de permiso de vertimientos para aguas industriales
para cada una de las cuencas utilizadas.
• Estudio de Impacto Ambiental, con dos tomos, en el que se
resume el proyecto así:
15
Folio 113 c. ppal.
16
Folio 116 a 123 c. ppal.
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“El proyecto hidroeléctrico de la Quebrada Vequedo pretende
generar 2.94 MV con captación a filo de agua en la cota
1.180 m.s.n.m., conducción por tubería enterrada de 2.300
m en proyección horizontal y generación en una casa de
máquinas superficial en la cota 640 msnm. El proyecto tiene
un caudal de diseño de 0.711 m3/s (115% del caudal medio
multianual que es igual a 0.618 m3/s, un caudal ecológico
equivalente (10% del caudal medio multianual) a 0.062
m3/s y una energía media anual para el mercado de 15.55
GW/h.”
V.3.2.11.- Que mediante Informe Técnico núm. 130CA-12507
de 14 de diciembre de 2009, uno de los ingenieros de
CORANTIOQUIA evaluó el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Hidroeléctrico Quebrada Vequedo presentado, análisis
que, en principio, arrojó como resultado concepto favorable para la
licencia ambiental solicitada. No obstante, en su parte final éste
precisó lo siguiente:
“Se recomienda a la Oficina Jurídica de la territorial asignar al
respectivo funcionario la evaluación del componente
geológico y del componente biótico del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto hidroeléctrico de la quebrada
Vequedo.
Nota: El presente informe no constituye decisión de fondo
frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión o
licencia ambiental requerido; por lo tanto, la
implementación de obras o actividades en él
recomendadas, no podrá realizarse hasta tanto no se haya
expedido el respectivo acto administrativo.”
Como puede observarse de la transcripción de la anterior anotación
efectuada en dicho documento, este corresponde a un informe
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técnico parcial, toda vez que remite a la Oficina Jurídica de
CORANTIOQUIA a fin de que se designe a los funcionarios
competentes para evaluar los otros componentes necesarios para
decisión final, esto es, el componente geológico y el biótico del
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el señor CARLOS
ALBERTO URIBE MEJIA como solicitante de la licencia ambiental
del Proyecto Hidroeléctrico Quebrada Vequedo.
V.3.2.12.- Que mediante Acto Administrativo núm. 9330 de 29
de abril de 2010,17 previa selección de un equipo interdisciplinario
y de la evaluación completa por ellos del Estudio de Impacto
Ambiental presentado, -esta vez con fundamento en las
resoluciones Corporativas de CORANTIOQUIA para la expedición de
licencias ambientales en “proyectos de generación hidroeléctrica”18
y con aplicación de la metodología “DUBERDICUS” adoptada por la
entidad para la “administración de la demanda hídrica en su
jurisdicción” mediante Resolución 10242 de 21 de mayo de 2008-,
se estableció como calificación del Estudio un valor de “66.7”
“ACEPTADO CON CONDICIONES” y se determinó al respecto que:
“[…] i) Existían inconsistencias entre el informe técnico
inicialmente presentado bajo el núm. 130CA-12507 de 14
17
Folios 144 a 150 c. ppal.
18
Resoluciones Nos. 10974 de diciembre 22 de 2008, 10842 del 24 de noviembre de 2008 y
Memorando No. 040-992 del 4 de marzo de 2009. Informe Técnico No. 13080 del 29 de abril de
2010, folio 477 c. ppal.
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de diciembre de 2009 (que no incluía el componente
geológico ni biótico) y el efectuado de manera completa
por el equipo interdisciplinario en mención.
ii) Que en el primer informe existieron sendos errores al
evaluar la propuesta y el Estudio de Impacto Ambiental, -
en adelante EIA-, de manera incompleta, sin aplicar las
normas corporativas ni el método de evaluación
establecido por la entidad denominado “DUVERDICUS”,
además de conceptuarse prematuramente sobre la
viabilidad ambiental del proyecto sin tener integrados la
totalidad de componentes del EIA como lo eran los
componentes geológico y biótico.
iii) Que dados los errores advertidos resultaba necesario
requerir al solicitante la complementación de la
información existente para poder expedir un concepto
definitivo […]”
V.3.2.13.- Que, con fundamento en lo anterior, se requirió
nuevamente al señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA a fin de
que, en un plazo de dos meses, ajustara el EIA en alrededor de 27
puntos que presentaban déficit o imprecisiones en la información,
relacionados entre muchos otros con la complementación del
estudio hidrológico efectuado, a fin de poder adoptar una decisión
final con los datos recaudados.
En cuanto a este último aspecto, en materia del estudio hidrológico
le fue solicitado puntualmente “presen[tar] los caudales máximos y
mínimos mensuales multianuales de las fuentes a intervenir, en
especial para la quebrada Vequedo”, las “predicciones para el
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escenario más crítico relacionado con los impactos hacia el recurso
hídrico” y el establecimiento de la “probabilidad de su ocurrencia
sobre el ambiente y/o su nivel de incertidumbre”.
V.3.2.14.- Que allegada la documentación anterior, CORANTIOQUIA
profirió la Resolución núm. 130CA1103-6609 de 3 de marzo
de 201119 , en la que, con apoyo en el Informe Técnico núm.
130CA-14176 de 7 de enero de 2011 20 , emanado del equipo
interdisciplinario conformado y en el que se analizó la información
entregada, procedió a negar la licencia ambiental solicitada por el
señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA para el desarrollo del
proyecto "HIDROELÉCTRICO QUEBRADA VEQUEDO", en los
siguientes términos:
“[…] RESOLUCIÓN No. 130CA- 03 DE MARZO DE 2011
"POR LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA AMBIENTAL"
El Director Territorial Cartama de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, en uso de la delegación de
funciones conferidas en la Resolución 2631 del 28 de agosto de
1998 y,
CONSIDERANDO
Que mediante acto administrativo número 130CA-8956 del 13 de
noviembre de 2009 se decide Admitir e Iniciar el trámite tendiente
a la obtención de una Licencia Ambiental, de conformidad con el
Decreto 1220 de 2005, en concordancia con el artículo 70 de la ley
99 de 1993, a nombre del señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJIA.
identificado con la cédula de ciudadanía …, para el proyecto
19
Folios 3 y 4 c. ppal.
20
Folio 170 a 176 ibidem
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"Hidroeléctrico quebrada Vequedo", ubicado en las veredas
Manzanares y Chirapotó, en jurisdicción de los municipios de
Valparaiso y Caramanta, Departamento de Antioquia. […]
Que el día 03 de diciembre de 2010, con radicado interno número
130CA1012- 2029, el peticionario CARLOS ALBERTO URIBE
MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía …, da respuesta a
los requerimientos realizados por la Corporación a través del acto
130CA-9330 del 29/04/10.
Que por medio del memorando 130CA-608 del 13 de diciembre de
2010, se conforma el equipo de trabajo, para el proyecto
hidroeléctrico radicado bajo el actual expediente CA3-09-5, y se
procede al estudio de las diligencias.
Que la evaluación técnica al complemento presentado por el
usuario se realiza a través del Informe radicado con el
número 130CA-14176 del 07/01/2011, en el informe se
concluye en forma taxativa:
"CONCLUSIONES. Calificación obtenida por el equipo técnico
interdisciplinario de evaluación es de 69.2 (ACEPTADO CON
CONDICIONES), con la herramienta de evaluación del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MA VDT.
Si bien el complemento del EIA satisface en su mayoría con los
requerimientos hechos por la Corporación, el caudal promedio
multianual realizado con las diferentes metodologías es de 0.618
m3/s, menos el caudal ecológico que es de 0.062 m3/s, y el solicitado
por el usuario es de 0.711 m3/s, es así que NO existe
disponibilidad del recurso hídrico para dicha solicitud. El criterio
utilizado en la Corporación con el aplicativo Duberdicus, es el de
conceder agua con el caudal medio o en su defecto por debajo del
mismo; por lo que técnicamente no es viable otorgar esta concesión
de aguas y por ende la Licencia Ambiental".
[…] Que el equipo evaluador aplicó la metodología y/o herramienta
de orden técnico-jurídica, establecida por el Ministerio del
Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, para la evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental, Resolución número 1552 del 20 de
octubre de 2.005, dando cumplimiento a lo consagrado en el
artículo 12 del Decreto 1220 de 2.005.
Que igualmente el equipo evaluador, aplicó y/o utilizó la
metodología y/o herramienta de orden técnico-jurídica, establecida
por la Corporación, denominada "Duberdicus"; resolución
Corporativa número 10242 del 21 de mayo de 2.008, "Por medio
de la cual se adopta una metodología para la administración de la
demanda hídrica en la jurisdicción".
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Que la magnitud del actual proyecto amerita un análisis
concienzudo en cuanto al uso de caudales, el tema más frágil y de
mayor atención, pues es evidente que la generación de energía,
tema central de la actual Licencia, tiene como eje vertical el uso del
recurso agua; si al aplicar las metodologías establecidas para
determinar el recurso agua disponible, este no es suficiente, mal
haría esta Corporación en proceder a ajustar los caudales a las
necesidades del usuario y desviarse de la petición inicial que se
supone el usuario estudio previamente y con base en el cual
presento el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.
Que de acuerdo a Ley Colombiana, Decreto 1220 de 2005; artículo
3. “La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables, que sean
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo
estudio de impacto ambiental (Subrayado fuera de texto). De
acuerdo a lo antes expuesto el usuario no cumplió con dichos
postulados y por esta situación la decisión que ahora se deriva.
Que la actual decisión, tiene como base fundamental, además del
Decreto 1220 de 2005; los postulados Constitucionales
Colombianos, a partir del concepto de constitución ecológica del
año 1.991. “La Constitución se transforma pues en un programa.
El legislador no es un instrumento de una acción política libre
dentro de unos límites negativos que la Constitución impone, sino
que él desarrolla al programa que la Constitución contiene. La
Constitución es el programa de lo que el Estado debe hacer aquí y
ahora, para crear condiciones sociales más justas y libres (o sea lo
que llama Schneider, el "Mito Concreto"). Y para ello en el artículo
80, se cita con claridad la función estatal de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución…
Que al haberse reunidos los requisitos técnicos y legales, Decreto
1220 de 2005, en concordancia con la resolución Corporativa
número 10842 del 24 de noviembre de 2.00821 se procede a
tomar la siguiente decisión.
21
Se precisa que esta Resolución fue parcialmente anulada por esta Sección bajo la siguiente
decisión: “DECLARAR la nulidad de los numerales 3.1. contenidos en los documentos titulados
“Criterios corporativos para la expedición de permisos, autorizaciones y concesiones de proyectos de
generación hidroeléctrica”, adoptados en las Resoluciones 10842 de 24 de noviembre de 2008
y 14059 de 22 de septiembre de 2010, expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, Corantioquia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2012-00233-01
Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
Que en mérito de lo expuesto, el Director de la Dirección Territorial
Cartama,
RESUELVE
ARTİCULO 1°: Negar la LICENCIA AMBIENTAL, a nombre del
señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA, identificado con la cédula
de ciudadanía ..., para el proyecto "Hidroeléctrico quebrada
Vequedo", ubicado en las veredas Manzanares y Chirapotó, en
jurisdicción de los municipios de Valparaiso y Caramanta,
Departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
inicial de esta providencia, en forma especial, debido a que al
aplicar las herramientas de orden técnico-legales, establecidas por
la Corporación; estas arrojan información que lleva a la conclusión
clara y precisa que el proyecto en las condiciones solicitadas por el
usuario no es viable ambientalmente.
ARTICULO 2°. Contra la presente Resolución procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, que deberá de interponerse
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación, ante el Director de la Territorial Cartama de la
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 y
siguientes del Código Contencioso Administrativo.
ARTİCULO 3: Notifíquese la presente decisión, en los términos de
los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, al
señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA, identificado con la cédula
de ciudadanía […].
ARTÍCULO 4°: La presente actuación se publicará en el Boletín de
la Corporación, de conformidad con los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo, según el caso.
NOTIFİQUESE, PUBLİQUESE Y CUMPLASE
JAMES GALLEGO ALZATE
Director Territorial Cartama”
V.3.2.15.- Que, en respuesta del recurso de reposición interpuesto
por el demandante contra la anterior decisión, se expidió la
Resolución núm. 130CA-1108-6861 de 4 de agosto de 2011,
Primera. Sentencia de 5 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 11001-0324-000-2012-00210-00.
Acción de Nulidad. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2012-00233-01
Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
que con apoyo en el Informe Técnico núm. 130AS 11079273
de 6 de julio de 2011, en la que confirmó en todas sus partes la
negativa frente a la licencia ambiental, en los siguientes términos:
“[…] Una vez revisado el recurso de reposición interpuesto por
el señor Carlos Alberto Uribe Mejía en contra de la Resolución
No. 130CA-1103-6609 del 03 de Marzo del 2011, se
considera que técnicamente no es aceptable la
revocatoria de dicha resolución, pues no presenta una
justificación técnica para acceder al caudal obtenido por
Duberdicus, ni es una solicitud formal de modificación
de la licencia ambiental inicial del proyecto; pues el
mismo se da por una evaluación de la Corporación y
esta solicitud no es procedente de otorgar por parte de
la Corporación (el peticionario se acoge al caudal de
Duberdicus); pues con ello se estaría cambiando la
solicitud inicial de Licencia Ambiental (caudales, potencia,
etc.).
Se considera que esta sería una nueva solicitud para lo cual se
debe realizar todos los análisis de oferta y demanda por un
profesional en la materia, estimando y realizando los estudios
técnicos y evaluación de caudales (rendimientos, balance
hídrico, comportamiento de la cuenca etc.).
Corantioquia realizó una evaluación por la metodología
Duberdicus para la cota 1.180 msnm y no en la cota 1.080
msnm, como se transcribe en los diferentes oficios y en
recurso de reposición [del solicitante] lo cual demuestra
claramente que no se ha realizado un análisis técnico
profundo para la nueva solicitud, y solo se hace la petición de
acogerse a dicho caudal, lo que demuestra la falta de seriedad
para el proyecto, donde lo que se quiere es tener una
concesión de aguas, pues por lo notado no se tiene unos
diseños preliminares de obras para el proyecto.
Los propietarios de los proyectos interesados en utilizar los
recursos naturales son quienes tienen la obligación de
presentar las propuestas claras, coherentes y precisas ante la
Corporación para con ello decidir al respecto; y no la
Corporación la que decida o no, para esta solicitud de que
hace el peticionario de acogerse al caudal obtenido por
Duberdicus."
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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2012-00233-01
Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
Que procede esta oficina a realizar un análisis
complementario y desde el punto de vista jurídico a lo
expresado por el recurrente en los siguientes términos:
"[Texto del Recurso:] Tal como se expuso en escrito del 4 de
febrero de 2011 con radicado 1102-259 el cual no fue valorado y
por el contrario, fue desconocido de plano en la actuación
administrativa recurrida, se exponía a la autoridad ambiental que
en la solicitud, se proponía la captación con un caudal de diseño de
0.711 m3/seg para la instalación de 2.94 MW, tendiendo en cuenta
condiciones de verano severo, a partir de un caudal medio de
0.618 m3/seg. En la cota 1080 msnm. Lo anterior significaba que
la petición base del usuario es la que corresponde al caudal medio
y, se plantea un aprovechamiento de caudales de invierno que
optimizaría la eficiencia del sistema hidroeléctrico, de un 15%
adicional al caudal medio, respetando siempre el caudal ecológico
que el peticionario ha estimado en 0.62 m3/seg."
➢ No es posible para la autoridad ambiental, depender de la
forma en que los usuarios ajusten sus proyectos a los caudales
existentes o declarados así por la Corporación en sus informes; mal
haría esta autoridad en otorgar el uso de los recursos sin la
presentación de estudios previos que como lo exigen las normas
ambientales garanticen su uso en forma racional, y sin detrimento
de los demás recursos naturales existentes en la zona.
"[Texto del Recurso:] Como aspecto adicional y trascendental
dentro del trámite de interés, se debe precisar que CORANTIOQUIA
se abstuvo de valorar la intervención del solicitante en fecha del 4
de febrero de 2011, donde en forma expresa y concreta se le
informaba a la autoridad ambiental que modificaba el caudal
inicialmente solicitado, acogiéndose a los cálculos de caudal
adelantada bajo la metodología utilizada por CORANTIOQUIA. Dicha
solicitud no podía ser ignorada por la autoridad ambiental, por el
contrario, era y es su deber valorarla en debida forma, máxime que
la norma que regla el procedimiento de Licencia Ambiental, permite
al peticionario intervenir en dicha fase procesal, según se
desprende de lo dispuesto en el Decreto 2820 de 2010, que en su
artículo 25 dispone: ..."
➢ Complementando la respuesta anterior, en forma
respetuosa se le recuerda al usuario que la normatividad ambiental
aplicable al caso que nos ocupa es el Decreto 1220 de 2005; y no
el Decreto 2820 de 2010 como él lo expresa; lo anterior, con
fundamento en el Titulo VIII, DISPOSICIONES FINALES, artículo
51, numeral 1, Régimen de Transición del Decreto 2820. "Los
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la
obtención de una Licencia Ambiental o el establecimiento de un
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Plan de Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese
momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la
misma..."
"[Texto del Recurso:] Como se podrá apreciar, el Auto que declaró
reunida la información, No. 130CA- 1021016, es del 15 de febrero
de 2011 y el escrito donde se informó a CORANTIOQUIA, el cambio
de caudal solicitado se radicó ante la autoridad ambiental el 4 de
febrero de 2011, con radicado 1102 259, correspondiéndole a
CORANTIOQUIA el valorar si la información aportada implicaba una
nueva visita de evaluación o un nuevo requerimiento, situación que
fue ignorada, configurándose una violación expresa al derecho
constitucional del DEBIDO PROCESO.”
➢ La apreciación sobre la presunta violación al Debido
Proceso, articulo 29 de nuestra Constitución Política, es errónea,
situación que se explica a continuación: el "Debido Proceso",
aplicable al caso que nos ocupa hace relación al procedimiento
establecido en forma taxativa en el Decreto 1220 de 2005,
exactamente en el artículo 22, norma a la que se le dio estricto
cumplimiento: una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental
por parte del usuario, se procede a su revisión, y se hace necesario
solicitar complemento. De acuerdo al numeral 3 del artículo 22.
Decreto 1220 de 2005, allegada la información requerida la
autoridad ambiental puede solicitar información adicional a otras
autoridades, situación que no se requirió. Seguidamente el numeral
4, articulo 22, Decreto 1220 de 2005: faculta a la autoridad
ambiental para expedir "el auto de trámite que declare reunida
toda la información requerida para decidir". Nótese que la decisión
es de trámite, sencillamente impulsa el proceso, la norma no hace
alusión como lo pretende hacer ver el recurrente a la necesidad de
estudiar todos y cada uno de los oficios que remita el usuario,
modificando su petición inicial.
Que una vez expuesta la parte técnica, y realizado el análisis
jurídico del actual procedimiento, se puede colegir que se ha dado
cumplimiento a las normas ambientales aplicables al actual trámite
de Licencia Ambiental, incluido el cumplimiento al Debido Proceso,
Ley 99 de 1.993, Decreto 1220 de 2005, articulo 29 de nuestra
Constitución política, y acuerdo a lo expuesto se procede a
confirmar la decisión tomada en la providencia recurrida.
Que en mérito de lo expuesto, la Directora de la Territorial
Cartama,
RESUELVE
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Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
ARTICULO 1°: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la
resolución número 130CA1103-6609 del 03 de marzo de 2011, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
ARTICULO 2°: Una vez notificada la presente providencia,
procédase al archivo definitivo de las actuales diligencias, radicadas
bajo el número CA3-2009-5 […]”.
V.3.3.- De lo expuesto en los actos administrativos demandados,
anteriormente transcritos, se observa que la motivación
fundamental de CORANTIOQUIA para negar la licencia ambiental
solicitada por el señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA consistió
en la ausencia de disponibilidad del recurso hídrico para la
implementación del Proyecto Hidroeléctrico de la Quebrada
Vequedo formulado, conclusión a la que se llegó luego de la
evaluación técnica del Estudio de Impacto Ambiental presentado
por el solicitante, por un equipo interdisciplinario conformado para
tales efectos y de la información de complementación
posteriormente requerida por la entidad con fundamento en
evaluaciones preliminares que determinaron un déficit en la
información allegada y la ausencia de la información necesaria para
efectuar un adecuado examen del EIA.
V.3.4.- La motivación esgrimida se sintetiza en los siguientes
puntos:
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i) Que pese a la calificación 69.2 “aceptado con condiciones”,
obtenida en la evaluación técnica especializada efectuada al EIA por
el equipo interdisciplinario y a que el mismo en su última
complementación satisfacía en su mayoría los requerimientos
hechos por la Corporación, al aplicar la herramienta técnica
DUBERDICUS adoptada por la entidad para la administración del
recurso hídrico en su jurisdicción, se logró determinar que no se
disponía del caudal de 0711 m3/s solicitado por el señor URIBE
MEJIA en el mismo para el adelantamiento del proyecto.
ii) Que para llegar a dicha conclusión, luego de recaudar toda la
información del proyecto, se aplicaron los instrumentos de
evaluación técnico-jurídica establecida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, determinada por la
Resolución núm. 1552 de 20 de octubre de 2005, en desarrollo del
artículo 12 del Decreto 1220 de 2005.
iii) Que debido a la magnitud del proyecto hidroeléctrico formulado,
el análisis del uso de caudales debía ser minucioso por tratarse de
un tema frágil que requería la mayor atención dado que la
generación de energía tenía como eje vertical el uso del recurso
“agua”.
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iv) Que si la aplicación de las metodologías establecidas para la
determinación del recurso agua disponible, -en este caso la
herramienta Duberdicus-, arrojaba que el recurso no era suficiente,
la Corporación mal haría en otorgar la licencia ambiental y ajustar
los caudales a las necesidades de los interesados desviándose de lo
solicitado con fundamento en unos estudios previos por él
efectuados.
V.3.5.- Bajo las anteriores consideraciones se determinó que el
proyecto no era viable ambientalmente, no por la ausencia de
planificación del mismo en materia ambiental en cuanto a la
prevención, control, reducción o mitigación del impacto ambiental,
como lo pone de presente el demandante para afirmar la aptitud
del mismo apoyado en conceptos técnicos precedentes que así lo
señalaban en cuanto a la evaluación parcial de estos aspectos
(supra párr. 3.2.10), sino por otro aspecto relevante y de mayor
importancia, consistente en la necesaria y suficiente disponibilidad
del recurso hídrico para el adelantamiento del proyecto
hidroeléctrico por tratarse del eje fundamental de éste.
V.3.6.- En este sentido, debe señalarse que la solicitud de licencia
ambiental del accionante se encuentra regida por la normatividad
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ambiental vigente para el momento en que radicó de manera
ajustada y completa los formularios necesarios para su trámite, lo
cual, de acuerdo con las pruebas aportadas ocurrió el 30 de
octubre de 2009 (ver supra párrafo. 3.2.9).
V.3.6.1.- En este punto debe anotarse que si bien, inicialmente, el
demandante solicitó “licencia ambiental única” para el desarrollo del
Proyecto Hidroeléctrico mediante escrito radicado el 21 de febrero
de 2008 (supra párrafo. 3.2.1.), lo cierto es que, en ausencia de la
información clara y detallada de los diversos aspectos implicados en
el mismo, -entre ellos la necesidad del transvase de cuenca de
la Quebrada Vequedo al Rio Cauca-, se le dio trámite como
“concesión de aguas”, conforme lo ordenaba la norma por tratarse
de un aprovechamiento inferior a 10 MW.
V.3.6.2.- Sin embargo, posteriormente, al realizarse el estudio de
las modificaciones efectuadas a la solicitud inicial y la
documentación e información allegada por requerimiento de la
entidad, CORANTIOQUIA al verificar que en el desarrollo del
proyecto hidroeléctrico se encontraba implicado un transvase de
cuenca (supra párr. 3.2.3, 3.2.5.), advirtió que el proyecto sí
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requería licencia ambiental, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1220 de 200522 que dispone al respecto:
“ARTÍCULO 9o. COMPETENCIA DE LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental
para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:
15. Los proyectos que requieran transvase de una cuenca a
otra de corrientes de agua igual o inferior a 2 m3/segundo
durante los períodos de mínimo caudal.” (Se resalta)
V.3.6.3.- Por lo anterior, mediante acto administrativo núm.
130CA-5638 de 17 de junio de 2009 se informó al demandante
la necesidad de adelantar el trámite de licencia ambiental, lo que
implicaba el diligenciamiento de los formularios necesarios para tal
efecto en la medida en que su aprobación integraba además la
expedición por parte de CORANTIOQUIA de la totalidad de permisos
inherentes al proyecto (permiso de concesión de aguas
superficiales, permiso de vertimientos, de residuos, entre otros),
formularios que en el presente caso fueron diligenciados y
radicados por el señor URIBE MEJÍA ante la entidad el 30 de
octubre de 2009, según se observa de las pruebas que
acompañan el expediente, atrás relacionadas (párrafos. 3.2.9).
22
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.”
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V.3.7.- Ahora bien, precisados los diversos aspectos que
condujeron al reinicio del trámite y la fecha real de radicación de la
solicitud de licencia ambiental por parte del demandante por el
cumplimiento del lleno de requisitos establecidos para ello, se
procede a examinar la normatividad que reguló el procedimiento
adelantado, a fin de determinar la legalidad de la actuación de
Corantioquia, dejando claro que en el presente caso, contrario a lo
expuesto por el demandante, el Decreto 2820 de 2010 no
resulta aplicable al asunto bajo examen, toda vez que éste
era aplicable únicamente los trámites ambientales iniciados
a partir de su vigencia ocurrida el 5 de agosto de 2010 23,
razón por la que el ordenamiento que gobierna la solicitud de
licencia ambiental elevada por el señor URIBE MEJÍA el 30 de
octubre de 2009, es el decreto que le precedió, esto es, el Decreto
1220 de 2005 que reglamentó en su momento la Ley 99 de 1993
en materia de licencias ambientales.
V.3.8.- Como lo ha señalado en diferentes oportunidades esta
Corporación24, la licencia ambiental, establecida por primera vez en
el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 25, es un instrumento para la
23
Diario Oficial No. 47.792 de 5 de agosto de 2010
24
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 25 de enero de 2019 proferida dentro del
expediente No. 85001-23-33-000-2014-00218-02(AP), M.P. Oswaldo Giraldo López.
25
“Artículo 50. De la licencia ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento
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planificación, control y habilitación de aquellas actividades que
pueden producir afectaciones o modificaciones considerables al
medio ambiente y los recursos naturales. Lo anterior implica para el
beneficiario el cumplimiento irrestricto de ciertas condiciones,
límites y requisitos dirigidos a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los efectos o impactos que puedan generarse en la
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo
de actividades26.
V.3.9.- Al respecto, el Decreto 1220 de 2005, anteriormente
citado, definió el concepto y alcance de la licencia ambiental, así:
“[…] ARTÍCULO 3o. CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta
al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad
autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables, que sean
por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada”.
26
Artículo 49. De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.
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necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación
del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad
requerirá más de una licencia ambiental.”
V.3.10.- Para el inicio del trámite de licencia ambiental el artículo
24 de la norma en cita, estableció que el interesado debería
diligenciar para ello el Formato Único Nacional de Solicitud de
Licencia Ambiental, con la información que se relaciona a
continuación:
“[…] Artículo 24. El Formato Único Nacional de Solicitud de
Licencia Ambiental a que se refiere el artículo 22, contendrá los
datos del solicitante, la relación de los recursos naturales
renovables que requiere utilizar para el desarrollo del
proyecto, la manifestación de afectación o no al Sistema de
Parques Nacionales Naturales, sus zonas de amortiguación,
cuando estas estén definidas, o a otras áreas de manejo especial.
Adicionalmente deberá anexar la siguiente documentación:
a) Plano de localización del proyecto, obra o actividad, en base
cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC;
b) Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de
apoderado.
c) Certificado de existencia y representación legal para el caso de
persona jurídica;
d) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que
incluya por lo menos su localización, dimensión y costo estimado
de inversión y operación;
e) Descripción de las características ambientales generales del
área de localización del proyecto, obra o actividad;
f) Información sobre la presencia de comunidades localizadas en
el área de influencia directa del proyecto, obra o actividad
propuesta;
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g) Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre
comunidades indígenas y/o negras tradicionales;
h) Autoliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago por
los servicios de evaluación de la licencia ambiental, para las
solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial;
i) El estudio de impacto ambiental en original y medio
magnético.” (Se resalta)
De la norma transcrita resulta claro que corresponde al solicitante
definir “los recursos naturales renovables que requiere utilizar
para el desarrollo del proyecto”, por lo que desde ya se advierte
que la carga de establecer y definir dicho aspecto es de este último
y no de la autoridad ambiental, la que únicamente se encuentra
facultada para evaluar la solicitud en los términos propuestos por el
interesado y, conforme a los instrumentos de evaluación
preexistentes, establecer si debe concederse o no la licencia
ambiental.
V.3.11.- Por su parte, el artículo 20 ibidem, estableció la
obligatoriedad del Estudio de Impacto Ambiental como instrumento
básico para la evaluación y toma de decisiones en torno a la licencia
ambiental, señalando como requisitos para su presentación los
siguientes:
“[…] Artículo 20. Del Estudio de Impacto Ambiental. El
estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la
toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que
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requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que
se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este
reglamento. Este estudio deberá corresponder en su contenido y
profundidad a las características y entorno del proyecto, obra o
actividad, e incluir lo siguiente:
1. Objeto y alcance del estudio.
2. Un resumen ejecutivo de su contenido.
3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del
proyecto, obra o actividad.
4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá:
localización, etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma
de ejecución, procesos, identificación y estimación básica de los
insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos
inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de
control.
5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los
usos del suelo establecidos en el POT.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de
2003.
6. La información sobre los recursos naturales renovables
que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el
desarrollo del proyecto, obra o actividad.
7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos
utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o actividad.
8. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico,
abiótico, socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el
proyecto, obra o actividad.
9. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que
puedan ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles
pueden prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse.
10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra
o actividad que deberá contener lo siguiente:
a) Las medidas de prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos ambientales negativos que pueda
ocasionar el proyecto, obra o actividad en el medio ambiente y/o
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a las comunidades durante las fases de construcción, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del
proyecto obra o actividad;
b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el
fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones
ambientales durante la implementación del Plan de Manejo
Ambiental, y verificar el cumplimiento de los estándares de
calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. Asimismo,
evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto
del proyecto, obra o actividad, la eficiencia y eficacia de las
medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de las
medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en
particular;
c) El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de
prevención y atención de las emergencias que se puedan
ocasionar durante la vida del proyecto, obra o actividad;
d) Los costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el
costo total del proyecto obra o actividad y cronograma de
ejecución del Plan de Manejo.
V.3.12.- A efectos de resolver la presente controversia se tiene que
el Decreto, en su artículo 13 estableció como requisito para la
presentación del Estudio de Impacto Ambiental su elaboración “con
base en los términos de referencia que sean expedidos por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La
autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las
particularidades del proyecto, obra o actividad”.
Los denominados “Términos de Referencia” a la luz de la norma
citada, constituyen lineamientos generales para la adecuada
elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser
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entregados a la autoridad ambiental para su evaluación, por lo que
el solicitante de la licencia debe observar los términos y parámetros
allí establecidos.
Adicionalmente, se habilita a las autoridades ambientales
competentes en cada jurisdicción, en este caso a las Corporaciones
Autónomas Regionales, para adaptar los términos de referencia
establecidos por el Ministerio a las particularidades del proyecto,
obra o actividad.
Es oportuno señalar que CORANTIOQUIA, también invocó como
fundamento normativo la Resolución núm. 10842 de 24 de
noviembre de 200827, la que fue anulada parcialmente por esta
Sección28; sin embargo, tal declaratoria no afecta la legalidad de los
actos acusados.
Lo anterior, por cuanto: i) ningún reproche realizó la parte actora
frente al requisito exigido en tal resolución y que fue lo que motivó
la nulidad 29 ; ii) la razón que indicó la entidad para explicar la
27
“POR EL (sic) CUAL SE ADOPTAN CRITERIOS CORPORATIVOS PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE PROYECTOS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA”. Resolución
visible a folio 339 a 376 C. ppal.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 5 de
septiembre de 2024. Radicación núm.: 11001-0324-000-2012-00210-00. Acción de Nulidad. C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
29
La sentencia anulatoria recayó en el “permiso de estudio” como prerrequisito obligatorio para el
otorgamiento de licencias ambientales y concesiones de aguas en proyectos hidroeléctricos y la
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Actor: CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA
negativa de conceder la licencia ambiental se sustentó en la
insuficiencia del recurso hídrico, no en el incumplimiento del
referido prerrequisito; iii) la mención en los actos acusados como
norma sustento de la competencia de la entidad para resolver la
solicitud del señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA, obedeció a
que se encontraba en vigor para la época de su expedición y; iv) al
no ser controvertidos los actos acusados por el desacuerdo con el
“permiso de estudio” previsto en la resolución anulada, torna en
innecesario el examen de los efectos de tal declaratoria frente al
caso particular, se insiste, por no haber sido debatido.
Ahora bien, en cuanto a la evaluación del estudio de impacto
ambiental, los artículos 15, 21 y 23 del Decreto 1220 de 2005
señalan que ésta se debe efectuar de acuerdo con los criterios
generales definidos en el Manual de Evaluación expedido por el
Ministerio de Medio Ambiente, en este caso adoptado mediante la
Resolución 1552 de 2005, “Por la cual se adoptan los manuales
para evaluación de estudios ambientales y de seguimiento
ambiental de proyectos y se toman otras determinaciones”,
ausencia de competencia de la autoridad para fijarlo. Así lo dispuso el fallo anulatorio: “86. En efecto,
según lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las corporaciones autónomas
regionales están facultadas para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones o licencias
ambientales. Sin embargo, la misma ley no les otorgó la atribución para reglamentar los
permisos de estudio, y mucho menos para disponer que dicho permiso de estudio “[…] se
constituye en un prerrequisito para la obtención de la concesión de aguas o licencia
ambiental, según el caso” […]”.
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que, como puede observarse de la documentación allegada, se tuvo
en cuenta para la evacuación del EIA presentado por el accionante,
como se extrae de las consideraciones técnicas esgrimidas en el
Informe Técnico núm. 13080, en el acto administrativo núm. 130CA
9330 ambos de 20 de abril de 2010 y en el Informe Técnico final
núm. 14176 de 7 de enero de 2011 30 , expedidos por
CORANTIOQUIA (supra párrafo. 3.2.11 y 3.2.13).
De lo anterior, se extrae que el Estudio de Impacto Ambiental es
evaluado de acuerdo con los parámetros establecidos para el efecto
por el Ministerio de Ambiente y con observancia de los términos de
referencia establecidos por éste y/o por la autoridad ambiental
respectiva respecto de la actividad a licenciarse (minera,
generación hidroeléctrica, portuaria, entre otros), con el fin de
establecer: i) la suficiencia de la información aportada y, ii) si se
cumple con la finalidad de protección ambiental inherente a este
instrumento en cuanto a las medidas adecuadas para la mitigación,
corrección, prevención y/o compensación de los impactos
ambientales identificados, entre otros31.
30
Folios 144, 170 y 475 del c. ppal.
31
Artículo 21. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Para la
revisión y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental competente deberá
verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los artículos 13 y 20 del presente
decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los
impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo
ambiental correspondientes. De igual manera, se debe evaluar y verificar que el Plan de Manejo
Ambiental presentó las medidas adecuadas para la mitigación, corrección, prevención y/o
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Ahora, en tratándose del uso de recursos naturales, cuya
naturaleza es de utilidad pública e interés social, debe verificarse la
suficiencia para garantizar el abastecimiento y las prioridades
previstas en la norma ambiental para su aprovechamiento,
conforme lo establece el Decreto Ley 2811 de 197432, al señalar en
el artículo 9° que:
“[…] El uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes
principios:
a). Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben
ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo
aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y
de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;
b). Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en
cuanto sea posible, no interfieran entre sí.
c). La utilización de los elementos ambientales o de los recursos
naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés
general de la comunidad o el derecho de terceros;
d). Los diversos usos que pueda tener un recurso natural
estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los
principios enunciados en los ordinales precedentes.
e). Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar
por encima de los límites permisibles que, al alterar las
calidades físicas, químicas o biológicas naturales
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos
compensación de los impactos ambientales identificados, así como los recursos (técnicos y
financieros) requeridos; presente un plan de contingencia consistente con el análisis de riesgos y
vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y presento un plan de monitoreo con indicadores que
faciliten la verificación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales.
32
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”
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recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en
cuanto ésta convenga al interés público.
f). La planeación del manejo de los recursos naturales
renovables y de los elementos ambientales debe hacerse
en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo
equilibrado urbano y rural. (…) (Se resalta)
En este sentido, el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo
48 definió que para establecer las prioridades en la
administración, aprovechamiento y uso de los recursos naturales se
tendrán en cuenta: i) la conveniencia de la preservación ambiental;
ii) la necesidad de mantener suficientes reservas de recursos cuya
escasez fuere o pudiere llegar a ser crítica; y iii) la circunstancia de
los beneficios y costos económicos y sociales de cada proyecto.
Además de los parámetros anteriores, se estableció en el artículo
49 del mismo ordenamiento que al determinar las prioridades en el
uso de los recursos naturales se debería tener en cuenta la
necesidad de atender “la subsistencia de los moradores de la región
y a su desarrollo económico y social”.
Asimismo, en los artículos 170 y 171 siguientes, se señaló que
las personas naturales o jurídicas que desearan generar energía
hidráulica, cinética o eléctrica, deberían solicitar concesión, para lo
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cual la autoridad ambiental tendría en cuenta “los indispensables
factores de índole ecológica, económica y social” y aplicaría para
tales efectos las normas sobre concesiones de aguas.
En este sentido, el Decreto 1541 de 1978, que reglamentó las
normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados,
instituyó en el artículo 2° que “la preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social”, y en su artículo 37
estableció que “el suministro de aguas para satisfacer concesiones
está sujeto a la disponibilidad del recurso, por lo tanto, el Estado no
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el
caudal concedido”.
Finalmente, en el artículo 41 de dicho ordenamiento se reglamentó
el orden de prioridades para el uso y administración del recurso
hídrico, así:
“[…] Artículo 41°.- Para otorgar concesiones de aguas se
tendrán en cuenta el siguiente orden de prioridades:
a. Utilización para el consumo humano, colectivo o
comunitario, sea urbano o rural;
b. Utilización para necesidades domésticas individuales;
c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la
acuicultura y la pesca;
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la
acuicultura y la pesca;
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e. Generación de energía hidroeléctrica;
f. Usos industriales o manufactureros;
g. Usos mineros;
h. Usos recreativos comunitarios,
i. Usos recreativos individuales.” (Se resalta)
Ahora, de conformidad con los artículos 42 y 43 33 ibidem, la
autoridad ambiental en el manejo del orden de prelaciones de cara
a una concesión debe tener en cuenta “la necesidad de
mantener reservas suficientes del recurso hídrico”,
estableciéndose además que “el uso doméstico tendrá siempre
prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre los
individuales, y los de los habitantes de una región sobre los
de fuera de ella”.
Finalmente, el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978 señaló que
toda concesión requería para obtener su beneficio, el de
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en el
respectivo acto administrativo, de modo que cualquier modificación
debería ser solicitada previamente a la autoridad ambiental
comprobando la necesidad de la reforma.
33
Artículo 42°.- El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena,
podrá variar el orden de prelaciones establecido en el artículo anterior atendiendo a las necesidades
económico-sociales de la región, y de acuerdo con los siguientes factores: a. El régimen de lluvia,
temperatura y evaporación; b. La demanda de agua presente y proyectada en los sectores que
conforman la región; c. Los planes de desarrollo económico y social aprobados por la autoridad
competente; d. La preservación del ambiente, e. La necesidad de mantener reservas suficientes
del recurso hídrico.
Artículo 43°.- El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre
los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella.
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De lo anteriormente expuesto, se concluye que la licencia ambiental
y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para su
otorgamiento, no solo constituye un instrumento de planificación,
control y habilitación de las actividades que puedan generar
afectaciones o modificaciones al medio ambiente o los recursos
naturales, sino que materializa en el estudio de su viabilidad el
principio de prevención, toda vez que a partir del conocimiento
previo de los impactos ambientales, sociales o económicos que
pueda generar una actividad permite la adecuada gestión y
administración de los recursos naturales de modo que se garantice
su disponibilidad y el acceso a los mismos de los individuos o
comunidades que así lo requieran.
A partir de lo anterior y en ausencia de pruebas técnicas que
permitan establecer lo contrario, concluye la Sala que la
argumentación esgrimida en los actos administrativos acusados
para negar la licencia ambiental solicitada se encuentra ajustada a
derecho.
Lo anterior, por cuanto del análisis normativo precedente, para el
otorgamiento de la licencia ambiental para el desarrollo de un
proyecto de generación hidroeléctrica, que implica el uso del
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recurso agua, la autoridad ambiental competente debe verificar la
disponibilidad y suficiencia del recurso hídrico para atender el orden
de prioridades o prelación establecido en el ordenamiento
ambiental, verificando no solo la existencia del caudal suficiente
para el desarrollo del proyecto a licenciar, sino la necesidad de
garantizar en el presente y futuro su acceso por parte de la
comunidad para fines domésticos o agropecuarios a partir del
análisis técnico del EIA a través de los instrumentos legalmente
establecidos para ello.
En este sentido se tiene que la garantía del recurso hídrico para la
preservación del medio ambiente y el desarrollo de las
comunidades constituye una prioridad en el uso, manejo y
administración de dicho recurso por parte de las autoridades
ambientales, en el que, al advertirse el riesgo respecto de su
abastecimiento en función de la demanda presente o proyectada al
futuro, debe prevalecer la garantía del mismo para el consumo
humano, colectivo o comunitario junto con los usos agropecuarios,
como lo establece el Decreto 1541 de 1978.
Ahora, si bien afirma la apelante que la entidad accionada podía o
se encontraba facultada para otorgar la licencia solicitada con el
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caudal libre o disponible determinado por el equipo técnico
interdisciplinario de CORANTIOQUIA, lo cierto es que, de acuerdo
con la normatividad citada -artículos 24 del Decreto 1220 de 2005-,
corresponde a la parte solicitante establecer los recursos naturales
renovables que requiere utilizar para el desarrollo del proyecto, sin
que exista una norma que autorice o faculte a la autoridad
ambiental la adecuación del caudal, ni la modificación oficiosa o
subsidiaria de la solicitud elevada por el interesado.
A esta conclusión se arriba porque de conformidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 1220 de 2005 es carga del
interesado para acceder al otorgamiento de una licencia ambiental
ser preciso en su solicitud, de manera que CORANTIOQUIA no se
encontraba obligada a atender la petición subsidiaria que el
demandante formuló una vez negada la licencia a partir de un
caudal solicitado en 0.711 m3/s, como se evidencia en la
descripción del EIA (supra párrafo 3.2.10).
“[…] El proyecto hidroeléctrico de la Quebrada Vequedo
pretende generar 2.94 MV con captación a filo de agua en la
cota 1.180 m.s.n.m., conducción por tubería enterrada de
2.300 m en proyección horizontal y generación en una casa
de máquinas superficial en la cota 640 msnm. El proyecto
tiene un caudal de diseño de 0.711 m3/s (115% del caudal
medio multianual que es igual a 0.618 m3/s, un caudal
ecológico equivalente (10% del caudal medio multianual) a
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0.062 m3/s y una energía media anual para el mercado de
15.55 GW/h.”
Adicionalmente, debe señalarse que la norma que regula el
procedimiento de otorgamiento de licencia ambiental establece,
imperativamente, que el EIA debe observar los términos de
referencia establecidos por el Ministerio o la autoridad
ambiental y comprender la totalidad de aspectos e información del
proyecto a evaluar, previamente establecida en los instrumentos
técnicos correspondientes.
En este punto, debe anotarse que del examen de la actuación
adelantada, y contrario a lo esgrimido por el recurrente, se observa
que en reiteradas oportunidades e incluso desde el tramite inicial de
concesión de aguas adelantado y los Informes Técnicos efectuados,
-que sustentaron cada una de las decisiones adoptadas-, se advirtió
la existencia de inconsistencias o faltantes en la información
presentada, en la sustentación y fuentes de la misma,
particularmente en la determinación de caudales como se observa
en las consideraciones contenidas en el acto administrativo núm.
130CA-5638 de 17 de junio de 2009 (supra párrafo 3.2.5.)34, lo
34
Acto administrativo No. 130CA-5638 del 17 de junio de 2009 “El estudio de caudales medios de la
quebrada Vequedo no es confiable en sus resultados y no demuestra que la cuenca de la quebrada
Vequedo posee la suficiente disponibilidad hídrica para que sea otorgable el caudal que el señor
Carlos Alberto Uribe Mejía requiere para el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico Vequedo. (…)
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que finalmente condujo a la negativa de la solicitud de licencia
ambiental formulada al determinarse, luego de la evaluación del
estudio a través de los Informes Técnicos núms. 14176 de 7 de
enero de 2011 y 130AS 1107 9273 de 6 de julio de 2011, con las
metodologías e instrumentos previamente establecidos por la
Corporación y la ausencia de recurso hídrico para el adelantamiento
del proyecto.
Ahora, si bien la parte actora afirma que la entidad procedió en
contravía del acto propio, lo que fundamenta en la viabilidad
ambiental que prematuramente fue establecida por uno de los
ingenieros adscritos a CORANTIOQUIA en el Informe Técnico
núm. 130CA-12507 de 14 de diciembre de 2009 (supra párrafo
3.2.10), es claro para la Sala que el concepto en mención no
ostentaba un carácter definitivo y constituyó una evaluación
parcial o preliminar del EIA, toda vez que allí no fueron
abarcados la totalidad de componentes de evaluación de Estudio, lo
que generó precisamente, que en la parte final del mismo se
requiriera la designación de los funcionarios necesarios para
adelantar la evaluación del componente geológico y biótico del
Estudio, tal como se señala en su parte final.
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Así las cosas, concluye la Sala que las resoluciones por medio de las
cuales CORANTIOQUIA denegó la licencia ambiental solicitada por el
señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA para el desarrollo de un
Proyecto Hidroeléctrico en la Quebrada Vequedo, observaron la
normatividad aplicable para tal efecto y contaron con el soporte y
sustento técnico necesario para adoptar la decisión, emanado de un
equipo interdisciplinario 35 , ajustándose a la metodología e
instrumentos técnicos adoptados previamente por el Ministerio y la
institución, entre ellos:
i) La Resolución 1552 de 2005;
ii) La Resolución 10842 del 24 de noviembre de 2008, por la
cual se adoptaron los Criterios Corporativos para la expedición;
y
iii) El modelo Duberdicus diseñado y adoptado por
CORANTIOQUIA mediante la Resolución núm. 10242 de 21 de
mayo de 2008, para la Administración de la demanda del
Recurso Hídrico Superficial en la Jurisdicción de Corantioquia
(SGDH-Duberdicus).
En consonancia con lo anterior, también se aplicaron las normas
ambientales que establecen expresamente que sin suficiencia del
recurso hídrico no puede otorgarse licencia ambiental, ni realizarse
la concesión de aguas inherente a ella, -Decretos 2811 de 1974 y
1541 de 1978-. Además, que en la evaluación de la concesión o
licencia respectiva debe verificarse la disponibilidad presente y
35
Compuesto por 6 profesionales de la institución, entre estos, un ingeniero ambiental, un ingeniero
geólogo, un ingeniero civil, otro forestal, una socióloga y una bióloga.
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futura del recurso para la satisfacción de las necesidades del mismo
en los órdenes de prelación o prioridad allí establecidos, lo que
constituye otra variable de primordial importancia en la evaluación
de los proyectos y el EIA respectivo.
Ahora, no advierte la Sala que en el plenario exista prueba de que,
contrario a lo determinado por la entidad a través de los métodos
reseñados, existiera recurso disponible para el otorgamiento de la
licencia solicitada.
En el proceso es escaso el material probatorio eficaz dirigido a la
demostración de dicho punto del litigio; además de la actuación
administrativa, anteriormente analizada, únicamente se
concretaron al respecto las pruebas testimoniales de quienes
elaboraron para el demandante el Estudio de Impacto Ambiental y
la determinación de caudales o estudio hidrológico. También el
interrogatorio de parte del señor CARLOS ALBERTO URIBE
MEJÍA, quien precisó los diferentes aspectos técnicos del proyecto
Vequedo y reiteró el contenido de la demanda en aras de la
prosperidad de sus pretensiones. Sin embargo, no resultan
suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara
los actos acusados.
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En efecto, tales declaraciones si bien provienen de especialistas en
materia ambiental, con amplia trayectoria en el ramo-, conforme a
las cuales el cálculo del caudal de diseño formulado no era óbice
para la concesión de la licencia en un caudal inferior al mismo, toda
vez que éste se establecía para el desarrollo de las obras, razón por
la que bien podía ser superior al disponible para su ejecución,
carecen de la fuerza probatoria necesaria para enervar el contenido
de los Informes Técnicos obrantes en el expediente, pues, como ya
se señaló, éstos fueron igualmente rendidos por un equipo
interdisciplinario de especialistas en los diferentes aspectos y
componentes de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental,
amén de que no descarta el orden de prioridades que debe tener en
cuenta la autoridad ambiental al momento de conceder una
licencia.
Al dicho de los testigos se contrapone el contenido de las
declaraciones de los ingenieros que participaron en la evaluación
técnica del proyecto y el EIA, los señores ENRIQUE VANEGAS
OSPINO y OSCAR MEJÍA36, quienes reiteraron en sus declaraciones
que el proyecto presentaba sendas falencias desde el momento de
su formulación, además de las inconsistencias al solicitarse un
36
Folios 529 a 536 c. ppal.
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caudal superior al disponible e incluso la totalidad del caudal,
precisando al respecto que pese a haberse advertido en principio
alguna viabilidad ambiental en el proyecto, la determinación del
déficit del recurso hídrico para atender la propuesta en los términos
solicitados, imponía de manera determinante la negativa frente a la
licencia ambiental, dada la necesidad de garantizar la disponibilidad
del recurso y las implicaciones de ello en el ecosistema.
Ahora, no obran en el plenario otras pruebas conducentes que
sustenten las pretensiones de la parte actora, pues los restantes
testimonios solicitados por la parte demandante 37 , así como el
dictamen pericial practicado 38 , se relacionan puntualmente con
aspectos financieros y económicos del proyecto, dirigidos a
determinar no su viabilidad ambiental, -tema que nos ocupa-, sino
los costos, inversión, análisis de la proyección económica y
utilidades que fueron calculadas para la realización del proyecto, es
decir su viabilidad financiera en aras de establecer los perjuicios de
índole económico generados con la negativa frente a la licencia
ambiental requerida para su adelantamiento, aspectos probatorios
que únicamente resultan relevantes para la hora de determinar los
perjuicios reclamados, lo que no ocurre en el presente caso en el
37
Folios 517 y 519 c. ppal.
38
Folio 632 c. 2 y siguientes.
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que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
acusados.
Se concluye entonces que en el presente asunto no existe una
prueba específica que desvirtué de manera eficaz y contundente el
contenido de los Informes Técnicos que sustentaron la decisión y la
argumentación esgrimida en los mismos actos administrativos en
relación con la ausencia de recurso hídrico para el adelantamiento
del Proyecto Hidroeléctrico quebrada Vequedo, en los términos
solicitados por el demandante ante CORANTIOQUIA,
fundamentación que se encuentra amparada legalmente en el
contenido de los decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978.
Si bien la parte demandante solicitó como prueba un dictamen
pericial rendido por un experto en aprovechamiento en recursos
hidráulicos39, la etapa probatoria transcurrió sin que se lograra su
práctica, y se cerró mediante auto de 24 de septiembre de 201440,
sin que la parte interesada insistiera en la misma o recurriera dicha
providencia a fin de que se llevara a cabo su efectivo recaudo.
39
Folios 536 y 537 c. ppal.
40
Folio 654 c. ppal.
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Ahora bien, a lo largo del proceso e incluso en las declaraciones e
interrogatorio que se llevaron a cabo, a solicitud de la parte
demandante, se insistió en la imposibilidad técnica de que los
métodos hidrológicos resultaran exactos en el cálculo de los
caudales necesarios para determinar la disponibilidad del recurso
hídrico para el adelantamiento del proyecto, imprecisión a la que
atribuyen la negativa frente a la licencia ambiental solicitada.
Al respecto, también se censura el método “DUBERDICUS” utilizado
por la entidad en la determinación de caudales y en la verificación
de la disponibilidad del recurso, al considerar que era cuestionable
e impreciso, además de ser de poca aceptación en el medio.
En este punto, debe señalarse que dicho sistema, al ser diseñado y
adoptado por la entidad mediante acto administrativo, no puede ser
cuestionado en el presente caso sino a partir del control de la
resolución que estableció su implementación, o a partir de la
demostración técnica especializada suficiente que acredite o
evidencie las imprecisiones que surgen en su implementación o la
falta de confiabilidad en cuanto a los resultados arrojados, lo que
no ocurrió en el presente caso, pues su utilización se encuentra
amparada por la presunción de legalidad de la Resolución núm.
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10242 de 21 de mayo de 200841, que no fue controvertida como
pretensión en el petitum ni se solicitó su inaplicación, y tampoco se
allegó prueba técnica idónea e imparcial que desvirtúe su
contenido.
De lo anteriormente expuesto, se concluye que del acervo
probatorio existente en el expediente no surge la falsa motivación
predicada por la parte demandante contra los actos acusados, pues,
contrario a sus afirmaciones, no se advierte que CORANTIOQUIA
haya desconocido la realidad del proyecto, haya procedido contra
acto propio, se hayan desconocido las normas en que debía
fundarse o resulte contraria a los hechos que dieron lugar a la
actuación.
En contravía de lo afirmado por la parte recurrente, lo que se
observa es que desde un principio la formulación de la solicitud y
posteriormente el EIA requirieron sendos ajustes en procura de
reflejar la totalidad de aspectos necesarios para su evaluación y
posterior licenciamiento, lo que se extrae claramente del decurso
de la actuación administrativa atrás reseñada y de las declaraciones
de los funcionarios de CORANTIOQUIA, llamados al proceso,
41
Folio 260 y 261 c. ppal.
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particularmente del testimonio de la señora ISNEIDE MARÍA
BERMUDEZ VANEGAS 42 , profesional especializado de la Territorial
Cartama de CORANTIOQUIA, quien al respecto precisó lo siguiente:
“(…) PREGUNTADO: Manifiesta el demandante en su declaración
que la concesión de aguas es parte integrante del trámite de
licencia ambiental, que por este motivo solicitó las dos cosas tanto
concesión de aguas y licencia ambiental, es esto pertinente?
CONTESTÓ: Como lo dije al principio fueron muchas las
solicitudes que el doctor Carlos Uribe presentó y en realidad a las
solicitudes les faltaba mucha información, mucha claridad,
muchos ajustes técnicos, muchos ajustes jurídicos, inicialmente el
presenta un trámite de solicitud de licencia ambiental y en ese
trámite van inmersos todos los permisos requeridos para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales renovables, desde
principio el doctor Carlos Uribe presenta equívocamente la
solicitud, porque presenta un trámite de solicitud de licencia con el
objetivo de generar 2.94 megavatios, lógicamente anexa el
formulario de concesión de aguas, en ese momento la
corporación le admite solicitud de concesión de aguas porque el
decreto 1541 de 1978 y el decreto 1220 de 2005 eran claros, que
para generar entre uno y 10 megavatios el trámite era de
concesión de aguas y no de licencias como él lo presenta, que
sucede? Que en el proyecto no conocía que había un trasvase y
al atenderse la concesión de aguas en el recorrido de campo al
detectar el trasvase el trámite cambia a licencia ambiental, se
archiva la concesión de aguas y el usuario o sea el doctor Carlos
Uribe presenta el trámite de licencia ambiental y la Corporación le
da el trámite o debido proceso del Decreto 1220 de 2005 como
licencia ambiental donde él debe presentar todos y cada uno de
los formularios para el uso de los recursos. (…) PREGUNTADO:
¿Cuál fue la causa o causas específicas que originaron la
negatoria de las licencias? CONTESTO: Fueron varias, una de
ellas y la transversal al proyecto fue el uso y aprovechamiento del
recurso agua que para los profesionales técnicos el usuario no
cumplió con los requisitos exigidos para hacer viable
ambientalmente el proyecto, en conclusión, la ausencia del caudal
requerido para el adecuado funcionamiento ambiental del
proyecto. (…) PREGUNTADO: ¿Para efectos de claridad del
despacho afirmó usted en el cuestionario que el proyecto
42
Folio 529 c. ppal.
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presentado por el doctor Carlos Uribe acaecía de falencias,
sírvase manifestar si estas fueron o no ajustadas dentro del
trámite? CONTESTO: Las falencias formales fueron subsanadas
en la medida en que se le daba la oportunidad de acuerdo al
debido proceso del decreto 1220 de 2005, las falencias
sustanciales y de fondo no fueron subsanadas y por eso la
decisión de negar la licencia. (…)”
Tampoco se encuentra demostrado en el proceso que en el
desarrollo de la actuación administrativa, la expedición de los
Informes Técnicos y la final decisión adoptada por la entidad, haya
existido una finalidad subjetiva, desviada o torticera en la
proyección de la decisión que configure la desviación de poder
afirmada por el señor CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA, pues lo
que aparece probado es el adelantamiento de un procedimiento
administrativo ambiental con sendas garantías para el solicitante
pese a las debilidades de la propuesta y los faltantes e
imprecisiones advertidos en la misma, la aplicación de la
normatividad vigente en la materia y los diferentes métodos tanto
de administración del recurso hídrico como de evaluación del EIA
bajo parámetros técnicos y jurídicos previamente adoptados por las
autoridades ambientales -Ministerio de Ambiente y
CORANTIOQUIA- y la observancia de los Informes Técnicos
especializados emanados del personal calificado para ello.
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Al respecto, como sustento del cargo de desviación de poder,
afirma el demandante que la decisión denegatoria de la licencia
ambiental se adoptó de manera caprichosa y contraevidente frente
a la realidad del proyecto, aspecto que, como quedó expuesto, se
encuentra desvirtuado a la luz de la normatividad aplicable y el
contenido de los informes técnicos allegados, los cuales no fueron
enervados. Además, en cuanto al señalamiento acerca de que de la
declaración del ingeniero ENRIQUE VANEGAS OSPINO, funcionario
de CORANTIOQUIA, se extraía que la finalidad de la entidad era
limitar su acción por las múltiples solicitudes formuladas, se tiene
que el deponente señaló:
“(…) PREGUNTADO: ¿Indíquele al despacho por qué conoce
usted de la solicitud hecha a Corantioquia por parte del
demandante? CONTESTÓ: Me desempeñaba como profesional
especializado en la subdirección de regionalización y fui el
encargado de capacitar a los grupos evaluadores de estudios
ambientales entre los que estuvieron el equipo del proyecto
Vequedo, así mismo en el año 2008 se realizó un estudio para
determinar cuáles eran los usuarios que estaban demandando
mayoría de los tramites hidroeléctricos PCH, entre los que se
determinó un alto porcentaje de estos trámites que estaban o
habían solicitados por 2 usuarios entre los que se encontraba el
señor Carlos Uribe. PREGUNTADO: ¿Sabe usted lo que motivo
la creación de esos equipos de evaluación de licencias
ambientales y el de la metodología duberdicus
particularmente? CONTESTÓ: Principalmente lo motiva es la
necesidad de darle una seguridad técnica y jurídica al
procedimiento de otorgamiento de las licencias, en especial de
las licencias ambientales y esto relacionado también por la alta
repetición o de múltiples solicitudes por un solo usuario, por
ejemplo en el caso del señor Uribe existían algo más de 50
trámites y de un señor de apellido Levi alrededor de 30 y
ICATER alrededor de 17 y hidroturbinas delta creo que 4 o 5,
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solicitudes estas que no estaban cumpliendo inicialmente con
la resolución del ministerio 1552 de 2005, la cual aporta el
testigo en 2 folios, y que se buscaba entonces que con la
creación de equipos interdisciplinarios para la evaluación de
estos proyectos, conjuntamente con la aplicación de la
metodología Duberdicus para la determinación de caudales,
permitiera el otorgamiento, la negación o la solicitud de
aspectos incompletos siempre que estuvieran en el tiempo y en
la oportunidad según el procedimiento de la norma.
PREGUNTADO: ¿El demandante manifiesta en su declaración
que los estudios técnicos arrojaron un caudal medio de 621
litros por segundo y los elaborados segundo y los elaborados
por la corporación utilizando la metodología Duberdicus arrojan
un resultado de 618 litros por segundo, esto es Cierto o no y
que trascendencia tiene para un proyecto diferencia en caso de
ser cierto obviamente? CONTESTÓ: Si es cierto, y la
trascendencia radica que aunque el estudio ambiental haya
demostrado alguna viabilidad ambiental del proyecto al ser la
concesión de aguas lo que permite la operatividad o no del
proyecto no sería posible otorgarlos según las directrices de la
corporación que están dadas por resolución que adoptó la
metodología Duberdicus PREGUNTADO: CORANTIOQUIA como
autoridad ambiental está en la obligación de aceptar proyectos
que sobrepasan el caudal medio registrado por la metodología
que aplica la entidad? CONTESTÓ: No, la corporación no está
obligado a aceptar. PREGUNTADO: El demandante manifiesta
que CORANTIOQUIA conforma grupos de evaluación de
proyectos y que precisamente uno de esos grupos calificó la
Solicitud con un 69.2 puntos, suficientes para proceder al
otorgamiento de la licencia, manifieste al despacho si una alta
calificación en estas evaluaciones es suficiente para proceder al
Otorgamiento de la licencia? CONTESTÓ: Según la metodología
de evaluación de estudios ambientales del ministerio las
calificaciones darán lugar a la no aceptación del estudio
ambiental o aceptado con condiciones, sin embargo cualquiera
de estas dos condiciones por si mismas no darán lugar a
otorgar de manera directa ya que este puntaje hace referencia
principalmente a la calidad del estudio y si hay suficiente
información para la toma de decisión final la cual puede verse
afectada por situaciones tales como respuestas negativas de
otras instituciones o entidades, la imposibilidad de otorgar un
recurso o por su disponibilidad o por su conservación o
protección o por incompatibilidades etc, en conclusión aunque
la calificación hubiera sido del 100% existen elementos que a
juicio de la corporación no permiten otorgar la licencia será
negada. PREGUNTADO: Cual sería el efecto para esta fuente
hídrica en particular, ¿la quebrada Vequedo de aceptar lo que
el demandante indica en su solicitud requiriendo la totalidad
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del caudal y la declaración de su agotamiento? CONTESTÓ: No
solo en este caso sino en cualquier quebrada o rio. el hecho de
hacer uso de la totalidad de un caudal tiene implicaciones de
pérdida de capacidad de dilución de carga contaminante, y la
afectación a los ecosistemas que dependen de los pulsos de los
eventos extremos (estiaje) y a los excesos de lluvias o
máximos caudales ya que existen no solamente especímenes y
organismos que dependen de estas lecturas de sentir estos
pulsos de altas y bajas para empezar su proceso de
reproducción. PREGUNTADO: Puede la corporación así sea bajo
la solicitud y aquiescencia del peticionario cambiar las
condiciones de la solicitud original presentada por un usuario?.
CONTESTÓ: En general tendría que decir que no, obviamente
porque es importante manifestar bajo en qué condiciones se
solicita dicho cambio, si embargo tratándose de PCH, por ser
un proyecto que requiere estudios por parte del peticionario, la
corporación no puede imponer o modificar de oficio o porque le
nazca cualquiera de las condiciones del proyecto, esto incluye
las cotas de captación, los caudales, los equipos, tas vías.
cualquiera de estas cosas no puede ser cambiadas a mutuo
propio PREGUNTADO: El caudal de la quebrada Vequedo era
suficiente o no para cumplir con los requerimientos del
proyecto hídrico. CONTESTÓ; No, por lo establecido por
Duberdicus. PREGUNTADO: ¿Sabe usted si existe alguna norma
que obligue a la entidad ambiental Corantioquia a aceptar
proyectos que sobrepasan los caudales que registra la
metodología que en su momento acoja la corporación?
CONTESTÓ: No, no existe ninguna norma. (…)”.
Del análisis de la declaración rendida por el ingeniero VANEGAS
OSPINO, no surge para la Sala que la motivación para denegar la
licencia se fundara en las múltiples peticiones del señor URIBE
MEJIA ante CORANTIOQUIA o la necesidad de limitarlas. En este
sentido, el ingeniero Vanegas puntualiza que frente a las múltiples
solicitudes en curso fue designado para capacitar a los equipos
evaluadores a fin de garantizar un adecuado estudio de las mismas
a partir de la metodología existente y de la aplicación del
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instrumento Duberdicus, sin que de ello surja la lectura de un fin
alejado de los parámetros legales para el ejercicio de la facultades
otorgadas a CORANTIOQUIA en materia de concesión de licencias
ambientales, pues inclusive reafirma que en el presente caso la
aplicación de las metodologías existentes para la evaluación del
proyecto arrojaron la ausencia de recurso hídrico suficiente para
ello, precisando las incidencias negativas derivadas de otorgar una
licencia para el desarrollo hidroeléctrico en tales condiciones.
De lo expuesto, surge con claridad para la Sala que en el presente
caso la parte demandante no logró acreditar que las resoluciones
núms. 130CA1103-6609 de 3 de marzo de 2011 y 130CA-1108-
6861 de 4 de agosto de 2011, por medio de las cuales el director
Territorial Cartama de la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia denegó la licencia ambiental solicitada por el señor
CARLOS ALBERTO URIBE MEJÍA para el desarrollo del Proyecto
Hidroeléctrico QUEBRADA VEQUEDO, se encontraran incursas en los
vicios de falsa motivación y desviación de poder endilgados, por lo
que se mantiene incólume la presunción de legalidad que las
ampara, razón suficiente para CONFIRMAR la decisión adoptada
por el a quo que arribó a la misma conclusión, por las razones
expuestas en esta providencia.
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Ahora, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta
asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la
actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Antioquia el 16 de noviembre de 2016, que
DENEGÓ las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriado este proveído.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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